Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.
Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.
No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.
Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.
El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.
Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual «los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla» que «suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias» y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, «contribuyen a aumentar la brecha digital».
No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,
El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: «Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa«.
Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.
Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.
Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.
El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.
El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.
Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.
Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han
mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.
Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.
La COVI-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está causando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.
Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además, se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.
La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.
Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.
Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).
Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.
Efectivamente, las derechas- con su estilo bronco y tabernario- están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.
La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).
La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.
Como es de sobra conocido, Largo Caballero es Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó confinado en el campo de concentración Sachsenhausen – Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.
Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.
Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior. Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley.
No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.
Antón Saracíbar
* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.
Durante años, muchos han dicho que teníamos «la mejor sanidad del mundo, pero ahora, nos encontramos en Cataluña un sistema colapsado, y no como consecuencia de la Covid-19, sino que en la última década, los recortes en el servicio público de salud por parte de la Generalitat hace tiempo que viene dando síntomas de su situación límite: aumento de las listas de espera para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, y la falta de camas hospitalarias.
Las políticas de salud de Mas, Puigdemont y Torra han agravado el problema
De los 9.875,81 millones de euros del 2010 destinados a la salud de 7,46 millones de personas en el último presupuesto del Gobierno Montilla (PSC), hemos llegado a los 8.876 millones de euros de 2020 destinados a la salud de 7, 72 millones de personas en los últimos presupuestos de JxCat y ERC. Un millón de euros menos para atender a una población que ha aumentado en 260.000 personas. De una inversión en salud de 1323 € por persona, hemos pasado a 1.148 € por persona. En 10 años el gasto de la Generalitat ha bajado un 27%. Según el sindicato «Médicos de Cataluña» si tenemos en cuenta la inflación el presupuesto de salud de la Generalitat es de 1685 millones menos que hace 10 años, y tenemos 920 facultativos menos a la atención primaria.
A finales de enero de 2020, el «Círculo de Salud» hizo público un estudio «la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza» que concluye en la necesidad de que los presupuestos de la Generalidad DEBERIAN de experimentar un incremento en más de 5.000 millones € cada año para equiparar el gasto en salud pública de sistemas de salud homologables.
La privatización de la atención sanitaria
El 76% de los hospitales y el 56% de camas hospitalarias en Cataluña son gestionadas por empresarios privados:
• El 42% del total de camas hospitalarias de Cataluña son propiedad del grupo Quirónsalud.
• Cataluña se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.
Las listas de espera desbordadas
Para hacer frente a la Covid, con un sistema sanitario absolutamente insuficiente, se han anulado intervenciones quirúrgicas y se ha abandonado a muchos pacientes. Los oncólogos denuncian que el diagnóstico de cánceres ha disminuido en estos meses un 25%. Evidentemente, no son los procesos oncológicos los que han disminuido, es la falta de asistencia médica que hace que una cuarta parte de los cánceres no se diagnostiquen a tiempo. La demora en visitas al especialista, pruebas y operaciones incluidas las oncológicas han aumentado dramáticamente
La atención primaria
La atención primaria es la pieza básica y no ha tenido ningún momento de descanso desde la primera ola de la Covid-19. Ahora, desde atención primaria atiende residencias, domicilios y se hace vigilancia epidemiológica con las PCR. Se necesitan manos, recursos tecnológicos y espacios. Los profesionales no pueden más, y las bajas entre los profesionales han pasado del 3% al 10%.
Ante la falta de atención en los CAP, muchas personas optan por automedicarse y los enfermos crónicos han dejado de ser seguidos por sus médicos de familia.
Los médicos de familia se han visto forzados a hacer una bolsa común de enfermos a los que llamar si se han solicitado consultas, sin tener en cuenta si son o no personas adscritas a sus listas de pacientes.
Tampoco se dan horas de visitas que no estén relacionadas con el covid-19 y solo se atienden las visitas urgentes, en ciertos CAP.
Las visitas a enfermos crónicos se anulan y se hacen por teléfono, el cual hay que llevar siempre encima porque si te llaman y no lo coges se corre el riesgo de perder esa visita o que se aplace para cuando el facultativo tenga tiempo.
La responsabilidad política es del Govern de la Generalitat y no es casual, ya que mientras la atención primaria en Catalunya se «degrada», las mútuas tienen cada vez más clientes. Los que pueden pagar, hacen el esfuerzo y pagan mútua y los que no, no.
La salud mental:
Los recursos de salud mental en el Baix Penedès son insuficientes. Los profesionales del sector alertan cada año de la necesidad de aumentar recursos y dispositivos de salud mental en un territorio que ha crecido de población pero que cuenta con menos recursos.
Hay menos recursos materiales, menos servicios y menos accesibilidad.
Los últimos años han aumentado las listas de espera quirúrgicas, las listas para visitas al especialista y también las pruebas diagnósticas, pero, por otro lado, los recortes en infraestructuras sanitarias han colapsado algunos servicios sanitarios. Desde el 2010 vemos con preocupación la reducción de los servicios de urgencias y atención continua en muchos centros catalanes, el cierre de 1.250 camas de hospitalización, la reducción del servicio de ambulancias, y el cierre de plantas hospitalarias.
Pero no solo se malogran recursos y servicios en la sanidad pública catalana, que repercuten directamente en la atención sanitaria hacia los pacientes, sino que en su cruzada por desmantelar todo aquello que es público, la consejería de Salud pretende comercializar con los datos de los pacientes de la sanidad pública vendiéndolos a empresas privadas con una finalidad, en principio, científica.
Hace falta un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública
Para sacar a la Atención Primaria del colapso en el que se encuentra, mejorar la salud mental, y que tengamos profesionales y camas suficientes; para poder atender a todos los usuarios, incluídos los que se han dejado atrás; para todo ello: solo hay una salida, y es un presupuesto de urgència para recuperar todo lo perdido por los recortes.
Dinero hay: Las grandes fortunas han aumentado su patrimonio un 73% según la encuesta del Banco de España, en marzo de este año.
Si no se aumenta el presupuesto en sanidad serà solamente porque se quiere seguir priorizando la sanidad privada, como es el caso de Catalunya desde hace una dècada.
La actualidad sobre nuestra Memoria Histórica no es la nueva ley en ciernes, que avanza en la recuperación de la verdad y el reconocimiento a quienes lucharon en defensa la República, el orden constitucional democráticamente decidido por los pueblos del Estado español. Defendieron, con su vida, una experiencia de libertad y de avance social contra el fascismo. Es, tristemente, la ola de revisionismo histórico que de vez en cuando llega a nuestras orillas. Habíamos oído hablar del holocausto; aquí asistimos al negacionismo del franquismo y sus crímenes. No es nada nuevo, ni será la última vez, y sin embargo no solo sigue llenándonos de dolor e indignidad.
Si, nos sorprende, y lo hace porque entre otros motivos no parece suficiente el nivel de la investigación científica sobre esta materia, el rigor histórico y la seriedad de los historiadores reconocidos, (Tuñon de Lara, Fontana, Viñas, Moradielos, Casanovas, Pérez, Aróstegui, Preston, Juliá, Tusell, Junco, Zugazagoitia, y todos los firmantes de la carta… y etc, etc, etc… ).
Que aún sea posible divulgar patrañas, noticias falsas, tergiversaciones, y revisionismos baratos, junto a la resistencia a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, solo demuestra que el franquismo y los franquistas siguen entre nosotros, y lo que es peor; en las instituciones y en centros de poder político, social, económico y mediático.
Se escribe mucho y muy bien, y así lo leemos, creemos también que su difusión es algo común y corriente, y consideramos que la mayoría de personas con inquietudes tiene conocimiento de ello, pero parece que algo falla. Es seguro que hay muchos factores que favorecen esto, pero creo que algunos son fundamentales.
Si prestamos atención a los contenidos de los planes de educación desde hace ya bastantes años años, vemos como con cierta frecuencia adolecen de contenidos completos, o no se llega a su estudio por situarse al final de los ciclos formativos garantizando que el alumno adquiere un conocimiento claro, y no difuso, de la historia contemporánea de nuestro país.
Igualmente, los medios de comunicación, para no «aburrir», simplifican, resumen, se emplean a fondo con los eufemismos o recurren a tertulianos en vez de profesionales. Es decir, salvo la prensa especializada, bibliografía e historiografía, o círculos sociales diversos, lo que nos llega sobre el análisis de la historia es genérico, banal y tendencioso.
Ya sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero también esto debía corregirlo la transición de la dictadura a la democracia. Es la consecuencia evidente de la dejadez educativa de los gobiernos progresistas habidos hasta 2018, de medios de comunicación poco serios o simples transmisores propagandísticos de la ideología del movimiento disfrazada de demócrata, es el revisionismo interesado en lavar la cara a dictaduras, crímenes contra la humanidad, y demás fascismos mediante desinformación, noticias falsas. Y ahora, ante la falta de argumentos, como siempre, recurren a la barbarie y el destrozo o utilizan las instituciones: como es el caso de la alcaldía de Madrid, para borrar y mancillar la historia a las Trece Rosas, los miles de fusilados en las tapias de los cementerios y en las cunetas o de líderes de la clase trabajadora en su tiempo, como Largo Caballero e Indalecio Prieto.
No es un mal de ahora, ni desconocido, pero si se permite que «progrese», lleva a las consecuencias conocidas: VOX, TRUMP, ORBAN, etc… Ya no es necesario dar un golpe de estado para fulminar una democracia, solo hace falta socavar los fundamentos democráticos y constituir democracias falsarias, iliberales:
«… El término “democracias iliberales” se viene utilizando para designar a aquellos sistemas políticos que son formalmente democráticos, pero que erosionan las instituciones y valores sin los cuales no existe una democracia robusta… «
D. Inerarity.
La defensa de estas ideas en el Parlamento es fundamental, es ahí donde luchar y pelear, es donde podemos defender la verdad y la historia, mediante la palabra, y mediante la elaboración de leyes para mejorar nuestra Educación Pública, exigir a los medios de comunicación seriedad y rigor. Debemos defender la profundización en nuestra MEMORIA HISTÓRICA, evitando esas terribles consecuencias, ese nuevo golpismo difuminado en posverdades y banalidad.
El poder judicial viene tan contaminado por el régimen franquista como el resto de las instituciones, si no más. Baste recordar que diez de los dieciséis jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.
Esos que andan mal de memoria histórica, dirán que de aquello hace mucho tiempo: exactamente la Audiencia Nacional se constituyó el 4 de enero de 1977, mismo día en que se suprimía el TOP, vamos que le cambiaron el rótulo y poco más. Pero el paso del tiempo no ha impedido que jueces y juezas con tufo franquista continúen accediendo a las más altas magistraturas de la Justicia. Es el caso de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien entre 2011 y 2017 presidió el Tribunal Constitucional, siendo afiliado del PP: hijo de Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, que se presentó junto a Blas Piñar, en la lista de Fuerza Nueva, a las elecciones generales de 1977, y hermano de Diego Pérez de los Cobos Orihuel, el coronel de la Guardia Civil que fue recientemente destituido, tímidamente, por el Ministro de Interior, el mismo que dirigió la brutal represión en Cataluña el 1 de octubre de 2017. No juzgo a los hijos por lo que fue el padre, ni al padre por lo que son los hijos, pero, el árbol genealógico orienta sobre el perfil de los sujetos que ocupan las instituciones.
Entre otros muchos casos, también es llamativo el de la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la jueza Concepción Espejel Jorquera. Esta jueza fue condecorada por María Dolores de Cospedal, en 2014, siendo presidenta de la Junta de Castilla La Mancha. “Cospejel”, como al parecer llaman a la susodicha jueza en círculos judiciales, fue apartada del caso Gürtel por los propios magistrados de la Audiencia Nacional: por sus evidentes vínculos con el PP. Quién desee conocer más, sobre de esta señora jueza, le sugiero que lea sobre caso “Bar Chinaski”, en el que minimizó el apuñalamiento cometido por el jefe Falange a un joven en Guadalajara. O el caso “Incendio de Riba de Saelices”, un caso de libro sobre cómo la justicia se pone al servicio de los intereses de un partido político; o casualidad, del PP. Podría continuar a lo largo de hojas y hojas poniendo ejemplos, pero no es la intención de este artículo hacer un censo de los jueces y juezas al servicio de la derecha.
Estos datos, constatables, deben servir sencillamente para entender por qué el PP bloquea y obstaculiza cualquier acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho siempre que ha estado en la oposición, pero hoy lo hace de forma bochornosa: o al menos debería abochornar a quienes tan escandalizados se muestran por la propuesta del Gobierno, esa que el presidente, Pedro Sánchez, ha puesto en “stand by” para ver hasta dónde llega el “hasta aquí hemos llegado” del señor Casado.
Comienza el artículo 117.1 de la Constitución diciendo: “La justicia emana del pueblo…” y yo me pregunto ¿dónde interviene el pueblo en la elección de los jueces? Claro que el Artº. 14 comienza diciendo: “Los españoles son iguales ante la ley…”. En fin.
El escándalo se ha montado en el momento en el que el Gobierno ha decidido proponer una reforma del Artº. 122.3 para cambiar de tres quintos a la mitad más uno, tanto en el Congreso como el Senado, la mayoría necesaria para elegir a ocho sobre veinte miembros que componen el CGPJ; cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Una reforma que pretende desbloquear la situación que genera el PP con su boicot y que tiene como efecto que el Gobierno de los Jueces lleve 7 años en mandato (2 fuera de su periodo legítimo). Cuando se reformó el artículo 135.3 de esta misma Constitución, los hoy escandalizados, no se alarmaron un ápice, muy al contrario, fueron compresivos y apoyaron, a pesar de que aquella reforma condicionaba severamente nuestro gasto público: sanidad, educación, etc. ¿Recuerdan?
Coincido con lo expresado en algunas editoriales de Tribuna Socialista y en no pocos artículos publicados en esta revista política: “hay que reformar la Constitución en muchos de sus aspectos, y la Justicia es uno de ellos”. El desprestigio de este poder del Estado es galopante, no tanto por la actual polvareda o por lo que digan los medios de comunicación en liza ideológica, sino por las consecuencias que la falta de independencia judicial tiene en las sentencias, algo que vemos cada vez con mayor frecuencia. Sentencias por las que supura la ley, sí, pero la del embudo.
No tengo una fórmula para resolver el problema, para eso están los bien pagados altos funcionarios del Estado y/o las eminencias sobre la materia que trabajan en las universidades públicas de este país, sobre cuyos argumentos técnicos debieran fundamentarse los partidos políticos: único poder que emana del pueblo. Sin duda, lo que es evidente es que se necesita democratizar la vía por la que los jueces llegan a los altos tribunales y al Gobierno de los jueces. Democratizar comenzando por la igualdad de oportunidades para los y las aspirantes a juez/jueza. Insisto en que no sé cómo resolver el problema, pero sí sé que el corporativismo (la elección 100% entre jueces) no solo no es la solución, sino que agravaría el problema. La primera piedra para la construcción de la democracia en el poder judicial es romper el desequilibrio en la extracción de clase social de la que proceden los jueces: no todas las personas que están capacitadas y deciden afrontar la oposición a juez o fiscal tienen posibilidades económicas para hacerlo.
La tensión política se respira con cada tema que aparece ante la opinión pública, la puesta en práctica del estado de alarma, junto a las medidas contradictorias de las diferentes comunidades autónomas, con la de Madrid a la cabeza del disloque, no solo no son entendidas por una parte importante de los ciudadanos, son contestadas con manifestaciones de protesta, como es el caso del cierre de la hostelería, los taxistas en Cataluña o los vecinos madrileños.
Pero no son solo las medidas “anti pandemia” lo que crea inseguridad desconfianza y desorientación.
Los hospitales están en riesgo del colapso, los profesionales no dejan de denunciar las carencias y de apuntar las necesidades. Los médicos y enfermeras contratados, desde la supresión del primer confinamiento hasta ahora, son absolutamente insuficientes y sus condiciones de trabajo no han mejorado. Solo los médicos interinos y residentes (MIR) han conseguido algunas mejoras con su movilización, lo que demuestra una vez más que solo la movilización es la herramienta válida para dar soluciones a las necesidades, aunque sea de forma parcial. La verdadera alarma social es saber que las UCIs están al 80% de ocupación y que los hospitales están a punto de colapsar y no hay un plan urgente y claro para evitarlo.
El día 27 se ha publicado la encuesta de población activa (EPA), los datos de desempleo que arroja son muy alarmantes: sitúa en más de 16% la cifra de desempleados, dejando claro que no se ha recuperado ni el 50% del empleo que se perdió durante el confinamiento del mes de marzo, la cifra no incluye a los afectados por ERTE que, aunque llevan meses sin trabajar, no contabilizan como parados. Algunos dirán que hemos tenido cifras peores, pero la perspectiva a corto y medio plazo no es de mejora sino que todo apunta a empeorar: un buen número de empresas están anunciando que presentaran EREs y cesarán en su actividad.
Las universidades cobran las matriculas para impartir clases presenciales pero en la práctica se convierten todas las clases en telemáticas, en Cataluña hay 68.000 alumnos y 3.000 profesores confinados y en bachillerato aumentan las clases telemáticas.
Los obstáculos por parte del PP, para renovar la cúpula del poder judicial, cuando están próximos a abrirse los juicios sobre corrupción que afectan directamente al Partido de Casado, explican el interés de este partido para que no se cambie a ningún componente de ese organismo que pueda “desentonar”.
La absolución del jefe de los Mossos de Escuadra de las acusaciones por su intervención en el referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, entra en contradicción con la sentencia a los políticos catalanes y a los dirigente de asociaciones que convocaron concentración ante la Conselleria de Economía de la Generalitat el día que la Guardia Civil registraba las oficinas de este organismo. Desmiente al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, al señalar que sus acusaciones carecen de fundamento, la sentencia reafirma a los Mossos como policía subsidiaria del Estado y critica a Rajoy por haber dejado que se celebrase el referéndum y no aplicar el Artículo 155 para impedirlo, mostrando de esta forma la intromisión de la judicatura en temas políticos que no son de su competencia.
Mientras se escribe esta editorial se hace pública la noticia de que la fiscalía no recurrirá la sentencia, luego ya es firme y podrá ser utilizada por el Gobierno central para gestionar la tramitación de indultos o amnistía para el resto de políticos condenados en un juicio sobre el que esta sentencia arroja más dudas.
La moción de censura ha dejado a Vox aislado en las cortes al mismo tiempo que ha reforzado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que explica el giro del Partido de Inés Arrimadas, abriendo las puertas al pacto de Presupuestos, en su competencia con el PP por ver quién es más obediente a los dictados de los organismos internacionales.
En los próximos días conoceremos si hay los acuerdos suficientes en las Cortes para aprobar los presupuestos que marcaran la actuación del Gobierno en lo inmediato. Lo que está claro es que a la mayoría social, tras dos años y medio de la Moción de censura victoriosa que saco al PP de Moncloa –por sus corruptelas-, las soluciones nos llegan con cuentagotas: de las reformas laborales solo se ha derogado el despido por estar de baja, de las reformas de pensiones solo queda resuelto la vinculación de la revalorización al IPC y de la batería de leyes regresivas que nos dejó Rajoy, está en trámite la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.
Es urgente dotar a la sanidad pública de medios suficientes, tanto humanos como materiales, la enseñanza pública de todos los niveles debe contar con todas las garantías para que se pueda seguir impartiendo sin poner en peligro ni a los profesionales ni a los alumnos. Somos los socialistas quienes debemos garantizar unos presupuestos que cubran todas las necesidades de la mayoría social.
Primer Secretario Agrupación PSC de Banyeres del Penedès, y trabajador afectado por el cierre del horno de Saint Gobain Glass. una empresa ubicada en el Penedès y dedicada a la fabricación de vidrio para el sector de la construcción y el sector de la automoción. Actualmente da trabajo a 120 trabajadores directos, y el doble de indirectos. Durante el periodo de negociación del expediente de regulación, la lucha de los trabajadores por mantener el empleo, llevó a que todo el sector empresarial y dirigentes autonómicos como el Presidente de Euskadi y de Catalunya presionaran para que se alcanzara un acuerdo. Pregunta: ¿Cómo ha sido la evolución del empleo en Saint Gobain en el Baix Penedès en los últimos 25 años?. Antes, Cristalería Española había sido un referente de empleo para la comarca, ¿no es así?
Sí, Saint-Gobain ha sido referente industrial en el Baix Penedès. Todos el mundo queríamos trabajar en Cristalería L’Arboç. Personalmente, me he criado en ambiente Saint-Gobain, donde mi padre, vecinos y amigos trabajaban y trabajan en Cristalería. Siempre ha sido una línea a seguir.
Pregunta: ¿¿Cómo se produce el aviso de cierre? ¿era algo esperado??
El aviso de cierre fue de repente, nadie se imaginába que fuera en este momento. Nunca me hubiese esperado que una empresa como Saint-Gobain, por su buena imagen y por el buen trato que siempre ha tenido con sus trabajadores, fuese de esta manera, a las bravas (sin ninguna explicación, ni previsión, ni hoja de ruta para el cierre).
Es verdad, que siempre se hablaba de que no harían el próximo horno, que no salía en los presupuestos de la compañía, pero aun veíamos el debate del nuevo horno lejos, a éste le quedaba como mínimo 2 años de vida.
No sé, esperaba que nos hubiesen tratado como personas adultas y el cierre de la planta de Glass se hubiera comunicado y explicado, como manda la gravedad del asunto. No como lo hicieron, que vas un día a trabajar normal y te comunican que en octubre es el último mes que trabajas en Saint-Gobain. En fin…
Pregunta: ¿Qué acciones se llevaron a cabo por parte de los trabajadores para evitar el cierre?
Los primeros días, estábamos todos como que no nos lo creíamos, pregúntandonos a nosotros mismos si era real lo que nos estaba pasando. Cuando ya íbamos asumiendo la noticia, pues a la lucha, a intentar como fuese evitar el cierre de Glass.
Nuestro primer objetivo era luchar para que se hiciera un horno nuevo. Enseguida el comité convocó una asamblea para comunicar la decisión de la empresa y decidir las medidas de presión.
Lo primero que se decidió fue la huelga indefinida de 8 horas, tanto por trabajadores de Glass como por los compañeros de Sekurit, que personalmente les agradezco el apoyo a Glass.
Se sumaron reuniones con la clase política y visita al Parlament, donde recibieron a comité. El apoyo de todos los Alcaldes de la comarca y en especial los de L’Arboç y Banyeres del Penedès. También se convocaron varías movilizaciones y cortes de carreteras, sobre todo la N-340. Y mucha difusión, tanto en RRSS como los medios.
Pregunta: Vuestra lucha ha aparecido en todos los medios de comunicación. ¿Qué pensabais cuando veiais que vuestras acciones tenían impacto mediático?
Era unos de los objetivos, darle voz a la lucha. Cuando veía que salíamos por los medios, es que íbamos por el buen camino. Eché de menos saltar a los medios nacionales.
Pregunta: ¿Os habeis sentido arropados por los partidos políticos?
No por todos, faltaron algunos, que fueron PP y C’s. El resto nos recibieron, escucharon y comprendían nuestra lucha. Personalmente, los compañeros y compañeras del PSC estuvieron muy pendientes y encima del tema, hasta lo llevaron a Europa. Todos los partidos políticos de la comarca, también estuvieron apoyando 100%. En definitiva, sí nos sentimos arropados por la clase política.
Pregunta: ¿Y por los sindicatos? ¿Crees que la lucha empresa a empresa es más efectiva que una movilización general de todo el sector?
Sí, con los sindicatos 100%. La verdad que son el primer dique de contención en un conflicto laboral.
La movilización general de todo el sector es más fuerte y lo sabe el empresario, pero divide y vencerás.
Pregunta: ¿Por qué crees que no se ha producido esa movilización general de todo el sector?
Por lo que comento antes, divide y vencerás. Ya lo tienen estudiado y los movimientos que hacen no son por casualidad. Van cerrando empresas, gota a gota, primero Nissan, luego Saint-Gobain y mañana Robert Bosch. Así nos tienen divididos, mientras los empresarios sí que van a una, al cierre. Tienen mucho poder y controlan todo y siempre tienen el viento a favor.
Pregunta: ¿Dicen que durante la huelga hubo un bloqueo de los suministros que puso en riesgo el abastecimiento de algunas empresas importantes de la automoción. ¿Cómo fue eso?
La empresa, como se esperaba, después de comunicar que cerraba Glass sabía que habrían movilizaciones por parte de los trabajadores. Empezó a hacer stock de piezas y a almacenarlas en unas naves de Bellvei.
Nosotros cambiamos la estrategia y fuimos a presionar a esas naves. La sorpresa fue que no tenía vado y aparcando dos coches en cada puerta, sólo dos, bloqueábamos la salida de piezas a las fábricas de coches.
Un acto legal, le rompía los esquemas de la empresa. Nunca se hubiesen pensado ese jaque mate. Con este hecho se empezó a presionar, de verdad, a la empresa.
Estábamos paralizando el 10% del PIB español.
Pregunta: Hubo amenazas de intervención de las brigadas antidisturbios de los Mossos d’Esquadra para liberar el abastecimiento de esas multinacionales. ¿Es cierto?
Hace falta decir que los primeros días de estar bloqueando las naves de Bellvei, llamaban a los Mossos y en todas las ocasiones decían que estábamos bien aparcados y no podían denunciarnos ni hacer nada.
Después de unos días ya empezaron a aparecer las brigadas antidisturbios y cambiaron el discurso (se notó la intervención de la poderosa Saint-Gobain).
Cuando nos visitaban las furgonetas de los antidisturbios, hasta 8 en una ocasión, no lo entendíamos, ¡¡¡por dos coches bien aparcados!!!
Era algo surrealista, pero el poder es el poder y Saint-Gobain es un monstruo y le estábamos haciendo pupa. Y encima el comité denunció a la Conselleria de Interior, por vulnerar el derecho a huelga.
Pregunta: ¿Cómo sentó la intervención del Conseller Ramón Tremosa presionando para abandonarais la lucha?
Fatal, pero los que seguimos la política y sabemos cual es su ideología, no me sorprendió.
Pregunta: Finalmente, llegastais a un acuerdo, que fue aprobado por la asamblea. El horno al final, se cierra. A tiro pasado, ¿fue un acuerdo tomado en libertad? ¿Había alguna otra alternativa?
Cuando una empresa como Saint-Gobain, toman este tipo de decisiones, es muy difícil darles la vuelta y hacerles reconsiderar sus decisiones, y más desde la lucha obrera. Nuestra reivindicación siempre fue el no al cierre del horno, todo lo que estuviera fuera de eso, era perder. La presión que había era muy grande, los Mossos, Consellers y hasta presidentes de CCAA.
Pregunta: ¿Crees que la multinacionales operan con impunidad, decidiendo sobre el futuro de los trabajadores y de comarcas enteras?
Sí, totalmente. Muchos políticos se volcaron por la causa y no consiguieron absolutamente nada, y teniendo en cuenta lo realmente mal que está la comarca desde hace ya muchos años. Imaginad la fuerza que tienen las multinacionales..
Pregunta: Después de llegar un acuerdo, otras empresas del entorno más inmediato también se han visto afectadas por los planes de reestructuración de Saint Gobain. ¿No creeis que Saint Gobain está cerrando todo «poco a poco», para limitar las luchas de los trabajadores?
Exacto, lo comento antes. Saint-Gobain tiene unos 500 trabajadores directos y muchos más indirectos en varios centros de la comarca, ¿te imaginas que lo hubiese hecho todo de golpe? El conflicto hubiera sido más gordo.
Pregunta: Por cierto, ¿a dónde, y en qué condiciones se lleva Saint Gobain la producción? Se decía que a Egipto porque allí no hay tantas normativas medioambientales ni en seguridad. ¿Es así?
Sí, es así. Se llevan la producción a países que muchos de ellos no cumplen ni los derechos humanos. No se puede competir con esos países. Mientras que en la UE, se piden ciertas normativas, se pagan impuestos y hay unos derechos dignos para los y las trabajadoras, en otros países no hay ni se le espera nada de esto. Las reglas de juego no son iguales y se aprovechan. En fin. También se les deja hacer.
Pregunta: Uno de los aspectos más negativos de la última reforma laboral de Rajoy fue la eliminación de la autorización de la administración en la tramitación de expedientes. ¿de qué forma os ha afectado?
En todo, cada día las empresas lo tienen más fácil y barato echar a trabajadores y cerrar empresas.
Pregunta: ¿crees que es urgente derogar las reformas laborales para recuperar derechos? ¿por qué espera tanto el gobierno de progreso para hacerlo?
Sí, es muy urgente derogar ciertos artículos de la reforma laboral. Para derogar alguna ley o artículo hay que presentar otra, no puede haber un vacío, y si queremos que salga de una mesa social, no tiene que ser ni rápido ni fácil. El error fue pensar que iba a ser rápido.
El 9 de Octubre dieron comienzo los paros en la Estiba Portuaria de Bilbao. Las condiciones cada vez son más precarias entre los trabajadores eventuales. El que la empresa que gestiona la estiba y desestiba del Puerto de Bilbao priorice la eventualidad y la patronal portuaria se niegue a atender las peticiones de los trabajadores ha llevado a movilizarse, no sólo a estibadores y eventuales, sino al conjunto de los trabajadores del Puerto de Bilbao. Hemos entrevistado a José Luis García, trabajador de la Autoridad Portuaria de Bilbao que está apoyando estas movilizaciones.
1 – A modo de introducción, podrías comentar los últimos logros conseguidos por los estibadores del puerto de Bilbao antes de la actual lucha por los puestos de trabajo de los estibadores eventuales.
Fue en el año 1986, cuando después de más de 50 días de huelga en el puerto de Bilbao, se crearon las bases del sistema de estiba bajo el que se ha venido trabajando los últimos 35 años, un sistema que ha garantizado unas buenas condiciones de trabajo y salariales para los estibadores portuarios, y además una reposición progresiva de los censos de trabajadores, que ha contribuido a la paz social y ha ayudado al desarrollo del puerto de Bilbao.
Entrados en el siglo XXI, los estibadores portuarios han sufrido diversos ataques a través de reformas legales con el único objetivo de intentar desmontar las conquistas sociales logradas con la lucha obrera, todo ello circunscrito en una estrategia y labor de desgaste continuado, que culminan con la situación de grave conflicto que actualmente se vive en el Puerto de Bilbao. Resumiendo: estas últimas 2 décadas están más asociadas a una historia de resistencia obrera a esa estrategia político – empresarial, que a la de grandes logros sociales y laborales conseguidos.
Se podría hablar de pequeñas victorias, como fue el evitar un ERE en 2009 o paralizar un rebaja salarial muy sensible que la mayoría sindical existente en su momento ya tenía acordada con las Patronales. Frente a ese atropello, el resto de organizaciones sindicales se opuso frontalmente y mediante un plante de la mitad de la plantilla, que se declaró en huelga sin convocatoria previa, la agresión en materia salarial se pudo evitar. Aquellos que plantaron cara a este atropello fueron sancionados con 5 días de empleo y sueldo, pero el objetivo que se perseguía, que era la paralización de una devaluación de los salarios, se consiguió.
También se consiguió la readmisión de un compañero que había sido despedido injusta e injustificadamente y que pertenecía al personal de oficinas. La plantilla estibadora portuaria se movilizó a su favor: se realizaron algunos días de huelga y se obligó a la empresa a rectificar su decisión inicial.
La gran derrota fue, sin embargo, cuando no se pudo evitar la privatización de la Sociedad de Estiba en 2008. Entonces, la organización sindical Coordinadora, mayoritaria representativamente en el Estado y en el Puerto de Bilbao, exigió que se cumpliera una ley aprobada en 2005 que transformaba las sociedades estatales de carácter semipúblico (51% capital Autoridad Portuaria de Bilbao y 49% capital Empresas Estibadoras), en empresas privadas gestionadas y controladas en su totalidad por las empresas estibadoras. En Bilbao, el resto de organizaciones sindicales se opuso al desmantelamiento y desaparición del carácter público de la Sociedad Pública de Estiba/Desestiba, y para ello se convocaron huelgas contra esa privatización, sin poder lograr pararla. Probablemente, la situación actual en la que hoy se encuentran los estibadores portuarios pueda obedecer en parte a aquella errónea decisión que adoptó el sindicato mayoritario.
2 – Cómo se llega a 12 años de temporalidad en la estiba del puerto de Bilbao, ¿es algo habitual en los puertos españoles y en el resto del mundo? Y qué porcentaje suponen los temporales respecto del total.
Históricamente, el trabajo de los estibadores portuarios ha tenido un alto componente de temporalidad. La irregularidad en las escalas de los barcos en puerto hace que la necesidad de mano de obra para cargar y descargar los mismos fluctúe sensiblemente de un día para otro. Este hecho no es algo exclusivo en el Estado español. En la mayoría de los puertos existen modelos mixtos que combinan los empleos estables con los trabajadores casuales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Convenio 137, firmado por España en el año 1975, puso de manifiesto esta singularidad y buscó la forma de proteger a los estibadores, mediante el compromiso de los países firmantes de asegurar unos ingresos mínimos a estos trabajadores, a través de la creación de censos exclusivos de estibadores profesionales.
En el puerto de Bilbao, desde que en los años 80 se creó la Sociedad Pública Estatal de Estiba y Desestiba, que posteriormente en el año 2008 fue privatizada, la mayoría del censo disponía de contrato de trabajo indefinido y eran asignados a las diferentes empresas estibadoras, en función de las necesidades diarias mediante un sistema rotacional.
Cuando la necesidad de mano de obra, en puntas de trabajo, rebasaba la capacidad de la Sociedad de Estiba se recurría a trabajadores casuales, de una forma desordenada. La aparición en escena de las Empresas de Trabajo Temporal y su regulación legal, generó una bolsa de trabajo gestionada por una empresa de trabajo temporal que se encarga de gestionar la misma y poner estos trabajadores a disposición de las empresas estibadoras cuando se agota el censo del personal fijo que conforma la Sociedad de Estiba.
Es concretamente en el año 1995, cuando se firma un acuerdo entre las empresas estibadoras y la mayoría de la representación sindical, entre la que se encontraba UGT, donde se regulaba el funcionamiento de esa bolsa de trabajo, y se establecían unas condiciones para que en función de la actividad, parte de esos trabajadores eventuales, pasaran a formar parte de la Sociedad de Estiba con contrato indefinido. De esa forma se garantizaba la reposición del censo de trabajadores fijos a través de estos trabajadores eventuales con experiencia en la profesión.
Este sistema ha funcionado hasta el año 2008, momento en que se produjo la última entrada de trabajadores fijos en la Sociedad de Estiba del Puerto de Bilbao, y a pesar de que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente, una vez superada la última crisis económica, y que se ha jubilado un 20% de la plantilla desde entonces, las empresas Estibadoras que gestionan la Sociedad de Estiba y Desestiba se niegan a regularizar la situación de estos aproximadamente 100 trabajadores eventuales que llevan más de 12 años en dicha situación, aún y cuando el trabajo habitual del puerto sobrepasa como mucho la capacidad operativa de la plantilla actual. Desde el año 1995 jamás había existido un periodo tan prolongado de trabajadores en una situación de eventualidad continuada.
3 – Cómo es la situación laboral de un estibador eventual en el día a día en el puerto de Bilbao respecto a la de un fijo.
Un estibador portuario fijo tiene el salario base asegurado, pudiendo variar en función de los diversos pluses que perciba por trabajar en jornadas nocturnas, en fines de semana y festivos, o por hacer turnos dobles cuando la carga de trabajo así lo exige, todo ello contemplado en el vigente convenio colectivo.
Por su parte un trabajador eventual no tiene ningún ingreso asegurado, y su salario dependerá de la cantidad de días que trabaje cada mes. No dispone de contrato continuado, y sólo firma un contrato por jornada, el día que se le necesita, siendo despedido y finiquitado al acabar dicha jornada. Para que un trabajador eventual sea contratado, antes tienen que haber salido a trabajar todos los fijos ese mismo día.
Tanto el estibador fijo, como el eventual, desconocen hasta las 19:00 horas del día anterior, o incluso hasta la mañana del mismo día, si ese día va a trabajar, en qué turno lo va a hacer, y en qué tipo de tarea o especialidad. Así que el trabajador debe a priori tener plena disponibilidad para trabajar al día siguiente en cualquier horario que sea requerido, día o noche, laborable o festivo, por lo que su conciliación entre vida familiar – social y laboral es ciertamente complicada, sino imposible. Además, la disponibilidad del estibador portuario eventual, ni siquiera se ve compensada por un salario mínimo de disponibilidad o por una garantía salarial, y si no es llamado no tendrá ningún ingreso. Tampoco puede compatibilizar el trabajo de estibador portuario con otros trabajos, puesto que, de ser requerido en labores portuarias, no puede negarse. De lo contrario prescindirán de él en el futuro.
4 – El 20 de octubre, tras 12 días de huelga, la empresa Bilboestiba decide no volver a llamar a 100 eventuales, ¿es un puñetazo en la mesa de negociaciones, su forma de sacar pecho? ¿hasta dónde podéis llevar la huelga? ¿cuánto tiempo se puede mantener el órdago de cerrar el puerto de Bilbao?
El dejar de llamar a los estibadores portuarios eventuales es una represalia por la total adhesión a la huelga que han ejercido estos junto con los estibadores fijos. El sistema de trabajo rotatorio de la estiba hace que todos se conozcan, eventuales y fijos y que se haya compartido manos de trabajo en centenares de ocasiones, teniendo en cuenta que llevan todos al menos 12 años en el puerto, y que el 95% de los estibadores fijos ha pasado antes por las ETT, por lo que también han sido eventuales.
Una de las exigencias de los estibadores portuarios en la negociación, es que se garantice empleo de calidad y estable a los más de 100 eventuales de la bolsa de trabajo, dotándoles de contratos dignos, para de esa manera paralizar de una vez por todas la perpetuidad de una eventualidad indefinida. Se solicita que esos contratos eventuales se transformen en contratos fijos y hay fórmulas viables que lo posibilitan, pero la alternativa que plantean las Patronales Portuarias Estibadoras es seguir ofreciendo a los trabajadores estibadores portuarios eventuales más empleabilidad, pero sin compromisos de contratación estable, a la vez de buscar el rebajar sus retribuciones salariales hasta un 40%.
El ataque a los trabajadores portuarios eventuales ha provocado que todos los estibadores se unan aún más, es decir, el efecto contrario que perseguían las empresas, cuyo objetivo era el de enfrentar a unos colectivos frente otros, tratando de crear rencillas y desunión.
La única salida a las convocatorias de huelgas planteadas es la negociación, no hay otra. No es entendible por las Organizaciones Sindicales convocantes de los paros y huelgas que las empresas a través de los medios de comunicación apelen y hagan llamamientos a la negociación como la fórmula para solucionar el conflicto en el que se está inmerso y, por otro lado, recurran a la descalificación de los estibadores portuarios, tildándolos de mafiosos y de querer mantener unos “privilegios” laborales logrados y conquistados a través de la lucha obrera. Las Patronales Estibadoras Portuarias, dentro de esta espiral de provocación y agresión continuada, no escatiman en recursos para causar el mayor daño posible a los trabajadores estibadores portuarios eventuales, y si es necesario, tal y como está sucediendo, recurren al uso de esquiroles de otras empresas de trabajo temporal para realizar sus labores.
Desgraciadamente, en estos momentos, y vistas las continuas agresiones y provocaciones de una parte hacia la otra, es decir, de las Patronales Estibadoras Portuarias contra los estibadores portuarios fijos y temporales, no se vislumbra una solución cercana, y de momento la convocatoria de huelga alcanza hasta el 9 de noviembre.
Tribuna Socialista 
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