La tensión política se respira con cada tema que aparece ante la opinión pública, la puesta en práctica del estado de alarma, junto a las medidas contradictorias de las diferentes comunidades autónomas, con la de Madrid a la cabeza del disloque, no solo no son entendidas por una parte importante de los ciudadanos, son contestadas con manifestaciones de protesta, como es el caso del cierre de la hostelería, los taxistas en Cataluña o los vecinos madrileños.
Pero no son solo las medidas “anti pandemia” lo que crea inseguridad desconfianza y desorientación.
Los hospitales están en riesgo del colapso, los profesionales no dejan de denunciar las carencias y de apuntar las necesidades. Los médicos y enfermeras contratados, desde la supresión del primer confinamiento hasta ahora, son absolutamente insuficientes y sus condiciones de trabajo no han mejorado. Solo los médicos interinos y residentes (MIR) han conseguido algunas mejoras con su movilización, lo que demuestra una vez más que solo la movilización es la herramienta válida para dar soluciones a las necesidades, aunque sea de forma parcial. La verdadera alarma social es saber que las UCIs están al 80% de ocupación y que los hospitales están a punto de colapsar y no hay un plan urgente y claro para evitarlo.
El día 27 se ha publicado la encuesta de población activa (EPA), los datos de desempleo que arroja son muy alarmantes: sitúa en más de 16% la cifra de desempleados, dejando claro que no se ha recuperado ni el 50% del empleo que se perdió durante el confinamiento del mes de marzo, la cifra no incluye a los afectados por ERTE que, aunque llevan meses sin trabajar, no contabilizan como parados. Algunos dirán que hemos tenido cifras peores, pero la perspectiva a corto y medio plazo no es de mejora sino que todo apunta a empeorar: un buen número de empresas están anunciando que presentaran EREs y cesarán en su actividad.
Las universidades cobran las matriculas para impartir clases presenciales pero en la práctica se convierten todas las clases en telemáticas, en Cataluña hay 68.000 alumnos y 3.000 profesores confinados y en bachillerato aumentan las clases telemáticas.
Los obstáculos por parte del PP, para renovar la cúpula del poder judicial, cuando están próximos a abrirse los juicios sobre corrupción que afectan directamente al Partido de Casado, explican el interés de este partido para que no se cambie a ningún componente de ese organismo que pueda “desentonar”.
La absolución del jefe de los Mossos de Escuadra de las acusaciones por su intervención en el referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, entra en contradicción con la sentencia a los políticos catalanes y a los dirigente de asociaciones que convocaron concentración ante la Conselleria de Economía de la Generalitat el día que la Guardia Civil registraba las oficinas de este organismo. Desmiente al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, al señalar que sus acusaciones carecen de fundamento, la sentencia reafirma a los Mossos como policía subsidiaria del Estado y critica a Rajoy por haber dejado que se celebrase el referéndum y no aplicar el Artículo 155 para impedirlo, mostrando de esta forma la intromisión de la judicatura en temas políticos que no son de su competencia.
Mientras se escribe esta editorial se hace pública la noticia de que la fiscalía no recurrirá la sentencia, luego ya es firme y podrá ser utilizada por el Gobierno central para gestionar la tramitación de indultos o amnistía para el resto de políticos condenados en un juicio sobre el que esta sentencia arroja más dudas.
La moción de censura ha dejado a Vox aislado en las cortes al mismo tiempo que ha reforzado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que explica el giro del Partido de Inés Arrimadas, abriendo las puertas al pacto de Presupuestos, en su competencia con el PP por ver quién es más obediente a los dictados de los organismos internacionales.
En los próximos días conoceremos si hay los acuerdos suficientes en las Cortes para aprobar los presupuestos que marcaran la actuación del Gobierno en lo inmediato. Lo que está claro es que a la mayoría social, tras dos años y medio de la Moción de censura victoriosa que saco al PP de Moncloa –por sus corruptelas-, las soluciones nos llegan con cuentagotas: de las reformas laborales solo se ha derogado el despido por estar de baja, de las reformas de pensiones solo queda resuelto la vinculación de la revalorización al IPC y de la batería de leyes regresivas que nos dejó Rajoy, está en trámite la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.
Es urgente dotar a la sanidad pública de medios suficientes, tanto humanos como materiales, la enseñanza pública de todos los niveles debe contar con todas las garantías para que se pueda seguir impartiendo sin poner en peligro ni a los profesionales ni a los alumnos. Somos los socialistas quienes debemos garantizar unos presupuestos que cubran todas las necesidades de la mayoría social.
El Comité de Redacción
Tribuna Socialista 