El poder judicial viene tan contaminado por el régimen franquista como el resto de las instituciones, si no más. Baste recordar que diez de los dieciséis jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.
Esos que andan mal de memoria histórica, dirán que de aquello hace mucho tiempo: exactamente la Audiencia Nacional se constituyó el 4 de enero de 1977, mismo día en que se suprimía el TOP, vamos que le cambiaron el rótulo y poco más. Pero el paso del tiempo no ha impedido que jueces y juezas con tufo franquista continúen accediendo a las más altas magistraturas de la Justicia. Es el caso de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien entre 2011 y 2017 presidió el Tribunal Constitucional, siendo afiliado del PP: hijo de Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, que se presentó junto a Blas Piñar, en la lista de Fuerza Nueva, a las elecciones generales de 1977, y hermano de Diego Pérez de los Cobos Orihuel, el coronel de la Guardia Civil que fue recientemente destituido, tímidamente, por el Ministro de Interior, el mismo que dirigió la brutal represión en Cataluña el 1 de octubre de 2017. No juzgo a los hijos por lo que fue el padre, ni al padre por lo que son los hijos, pero, el árbol genealógico orienta sobre el perfil de los sujetos que ocupan las instituciones.
Entre otros muchos casos, también es llamativo el de la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la jueza Concepción Espejel Jorquera. Esta jueza fue condecorada por María Dolores de Cospedal, en 2014, siendo presidenta de la Junta de Castilla La Mancha. “Cospejel”, como al parecer llaman a la susodicha jueza en círculos judiciales, fue apartada del caso Gürtel por los propios magistrados de la Audiencia Nacional: por sus evidentes vínculos con el PP. Quién desee conocer más, sobre de esta señora jueza, le sugiero que lea sobre caso “Bar Chinaski”, en el que minimizó el apuñalamiento cometido por el jefe Falange a un joven en Guadalajara. O el caso “Incendio de Riba de Saelices”, un caso de libro sobre cómo la justicia se pone al servicio de los intereses de un partido político; o casualidad, del PP. Podría continuar a lo largo de hojas y hojas poniendo ejemplos, pero no es la intención de este artículo hacer un censo de los jueces y juezas al servicio de la derecha.
Estos datos, constatables, deben servir sencillamente para entender por qué el PP bloquea y obstaculiza cualquier acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho siempre que ha estado en la oposición, pero hoy lo hace de forma bochornosa: o al menos debería abochornar a quienes tan escandalizados se muestran por la propuesta del Gobierno, esa que el presidente, Pedro Sánchez, ha puesto en “stand by” para ver hasta dónde llega el “hasta aquí hemos llegado” del señor Casado.
Comienza el artículo 117.1 de la Constitución diciendo: “La justicia emana del pueblo…” y yo me pregunto ¿dónde interviene el pueblo en la elección de los jueces? Claro que el Artº. 14 comienza diciendo: “Los españoles son iguales ante la ley…”. En fin.
El escándalo se ha montado en el momento en el que el Gobierno ha decidido proponer una reforma del Artº. 122.3 para cambiar de tres quintos a la mitad más uno, tanto en el Congreso como el Senado, la mayoría necesaria para elegir a ocho sobre veinte miembros que componen el CGPJ; cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Una reforma que pretende desbloquear la situación que genera el PP con su boicot y que tiene como efecto que el Gobierno de los Jueces lleve 7 años en mandato (2 fuera de su periodo legítimo). Cuando se reformó el artículo 135.3 de esta misma Constitución, los hoy escandalizados, no se alarmaron un ápice, muy al contrario, fueron compresivos y apoyaron, a pesar de que aquella reforma condicionaba severamente nuestro gasto público: sanidad, educación, etc. ¿Recuerdan?
Coincido con lo expresado en algunas editoriales de Tribuna Socialista y en no pocos artículos publicados en esta revista política: “hay que reformar la Constitución en muchos de sus aspectos, y la Justicia es uno de ellos”. El desprestigio de este poder del Estado es galopante, no tanto por la actual polvareda o por lo que digan los medios de comunicación en liza ideológica, sino por las consecuencias que la falta de independencia judicial tiene en las sentencias, algo que vemos cada vez con mayor frecuencia. Sentencias por las que supura la ley, sí, pero la del embudo.
No tengo una fórmula para resolver el problema, para eso están los bien pagados altos funcionarios del Estado y/o las eminencias sobre la materia que trabajan en las universidades públicas de este país, sobre cuyos argumentos técnicos debieran fundamentarse los partidos políticos: único poder que emana del pueblo. Sin duda, lo que es evidente es que se necesita democratizar la vía por la que los jueces llegan a los altos tribunales y al Gobierno de los jueces. Democratizar comenzando por la igualdad de oportunidades para los y las aspirantes a juez/jueza. Insisto en que no sé cómo resolver el problema, pero sí sé que el corporativismo (la elección 100% entre jueces) no solo no es la solución, sino que agravaría el problema. La primera piedra para la construcción de la democracia en el poder judicial es romper el desequilibrio en la extracción de clase social de la que proceden los jueces: no todas las personas que están capacitadas y deciden afrontar la oposición a juez o fiscal tienen posibilidades económicas para hacerlo.
Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de TS
Tribuna Socialista 