Mes: enero 2017

El debate entre si lo público o lo privado es más o menos eficaz, incluso eficiente, es un viejo debate en el que la concepción ideológica marca la diferencia. Para un defensor de la iniciativa privada siempre será mejor externalizar servicios y descargar a la Administración, mientras que para alguien convencido de la necesidad de lo público siempre será mejor que la Administración preste el servicio de forma directa.

Probablemente, desde un planteamiento técnico existan ventajas y desventajas en ambos planteamientos, pros y contras. Por tanto, comienzo por decir que dependerá de qué servicios o sectores de la actividad y de qué objetivos y qué eficacia se busque: social o económica, incluso un equilibrio entre ambas.

El planteamiento sirve tanto para la Administración Central, la autonómica o la municipal, pues hay sectores de la actividad que comenzaron a externalizarse en la década de los 80 del pasado siglo que se producen en todos los ámbitos; un ejemplo claro es la limpieza de las dependencias públicas: de igual modo hay que limpiar un colegio, una universidad, los locales de una junta municipal o la sede del Ministerio de Defensa.

Desde un punto de vista económico, “a priori”, no parece que externalizar un servicio sea rentable, pues la empresa encargada de prestar el servicio, como todas las empresas que desarrollan una actividad económica, buscan obtener un beneficio. Por tanto, ese margen de beneficio vendría a sumarse al coste de la prestación del servicio. Esto que parece tan obvio es el factor que ha desencadenado la situación que vive la limpieza de las calles del municipio de Madrid, o la de los hospitales de la Comunidad, aunque en dependencias cerradas los efectos sean menos visibles.

El factor económico en un escenario de crisis como el que sufrimos desde al menos 2008, llevó a los gobiernos, particularmente del Partido Popular, a someter los pliegos de condiciones con las empresas a una auténtica “subasta al peor postor”, es decir se viene otorgando el contrato a la empresa que por menor importe puja. De tal manera que nos hemos encontrado con cuantías para prestar el servicio (la cantidad que el empresario pide, y recibe de la Administración por prestar el servicio) inferiores a la masa salarial incluyendo las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública; una auténtica temeridad.

Esta situación llegó a su punto más aberrante en el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de la Alcaldesa Ana Botella (2011-2015), cuando la diferencia entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo ofertado por la empresa adjudicataria se ha zanjado con despidos colectivos (EREs) y/o despidos temporales (ERTEs).

En el ejemplo aludido, la reducción de costes por el servicio de limpieza estuvo en torno a un 20% para la arcas del Ayuntamiento, sin embargo el deterioro del servicio es evidente, además del tremendo coste económico para los trabajadores y trabajadoras. La eficacia social saltó por los aires, en aras de reducir costes por parte de la Administración y el mantener el beneficio por parte empresarial.

Está claro que los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios dignos, prestados en condiciones dignas.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se ha abierto en muchos municipios el debate sobre Remunicipalización de servicios como la seguridad privada, la limpieza, los “Call Center”, etc.

 

Es evidente que a la vista de los resultados, teóricos y prácticos, en el ejemplo conocido de la limpieza de jardines y calles de Madrid Capital bien merecería la pena remunicipalizar dicho servicio, sacrificando el beneficio empresarial en lugar del empleo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía.

Dejando claro que no está en discusión la capacidad de los ayuntamientos, dentro de su autonomía, a municipalizar, externalizar o remunicipalizar servicios, nos encontramos con otro factor que también hay que tener presente, como es el jurídico, más concretamente el jurídico laboral. Pues son muchas las incertidumbres laborales que se abren ante la remunicipalización de un servicio público: ¿cabe la subrogación de los trabajadores que prestan el servicio? ¿en qué condiciones pasarían los trabajadores y trabajadoras contratados por una empresa privada a depender de un organismo público?

A la primera cuestión, y atendiendo al Informe del profesor Juan Carlos García Quiñones, de la Universidad Complutense de Madrid, de noviembre de 2015, solicitado por la UGT, “Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización de servicios”, queda claro que sí cabe la subrogación en base a lo expuesto en el apartado v) de las conclusiones del mencionado informe, apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo:

“Una conclusión, en orden a la existencia de una transmisión de empresa, con la entrada en juego del régimen jurídico dispuesto en el artículo 44 del E.T. que entendemos debería defenderse desde el interés sindical, también, en el caso de implementarse un hipotético proceso de remunicipalización de servicios,…”

El problema es que la subrogación recogida en el Artº. 44 del Estatuto de los trabajadores se enfrenta a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual debe garantizarse la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procesos selectivos transparentes, aspecto este último también abordado por el profesor García Quiñones en el informe antes aludido, en cuyo punto 5.1 En relación con el acceso al empleo público dice:

“…para el acceso al empleo público por cualquier modalidad contractual sometida al régimen laboral, deben respetarse los mismos principios que si se accede a la función pública, por alusión a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con el deber, además, de garantizar la publicidad de las convocatorias y de sus bases,…”.

Desde mi punto de vista, debe primar, por encima de todo, la garantía del empleo y el respeto de las condiciones sociales y salariales de los trabajadores afectados por la remunicipalización. Pues se produciría un rotundo fracaso si con la pretensión de aplicar el concepto de gestión directa de los servicios públicos, y tras criticar los efectos nocivos para el empleo y los salarios por la vía de la gestión indirecta, la consecuencia fuese la pérdida del puesto de trabajo de los actuales trabajadores de esos servicios, aunque estos tendrían la oportunidad de concurrir a las plazas que la Administración convocase para cubrir las plazas de empleo público; sea como funcionario sea como personal laboral.

Por otra parte, los trabajadores de las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas condiciones salariales sujetas a convenios colectivos, los cuales gracias al trabajo sindical, a lo largo de los años, han ido acumulando avances y mejoras que tiene como resultado una mejor retribución que la existen en el ámbito municipal. Con lo que además del riesgo de la pérdida del puesto de trabajo, hay que calcular la pérdida de poder adquisitivo que podría devenirse de una hipotética remunicipalización.

Existe la experiencia, quizás la más equilibrada, de las empresas de carácter privado pero de propiedad 100% públicas; un ejemplo cercano lo tenemos en el municipio madrileño de Alcobendas, donde la empresa Seromal S.A (Sociedad Anónima municipal de construcciones y conservación de Alcobendas), presta servicio de reparación de calles y dependencias municipales, limpiezas de las dependencias públicas y jardines, sin que intermedie la iniciativa privada y sin que los trabajadores y trabajadoras sean plantilla directa del consistorio.

En todo caso, la remunicipalización es una cuestión compleja, difícil de aplicar si se pretende dar satisfacción a todas las partes.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Arganzuela PSM-PSOE

El Instituto Nacional de estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2.016 en el 1,6%. Este inesperado incremento rompe la senda descendente de los precios en los últimos cuatro años superando claramente la media europea, aleja el riesgo de una caída generalizada de los precios (deflación) y confirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, además de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Debemos recordar que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos- hasta diciembre de 2.016- se situó en el 1,06%, lo que significa, según UGT, que los salarios perdieron en concreto medio punto de su poder adquisitivo.

Estos datos y la previsión de inflación del gobierno para el año 2.017 (en torno al 1,5%) descalifican la actitud de la CEOE- CEPYME y, particularmente, su oferta de crecimiento de los salarios para este año: “desde el 0% hasta el 1,5%”. Lo más grave es que los pensionistas también perderán poder adquisitivo en el presente año; en este caso perderán como mínimo el 1,3%, dado que el aumento para este año de las pensiones se ha situado en el 0,25%, así como, previsiblemente, los empleados públicos si no se modifican al alza sus retribuciones en el proyecto en discusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE- 2.017). Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos mantengan con firmeza la defensa de sus reivindicaciones que contemplan un moderado incremento de los salarios entre el 1,8% y el 3% para el presente año (en Alemania reivindican subidas del 4,5% al 6%) y sigan exigiendo el incremento de la cuantía de las pensiones, así como de las retribuciones de los empleados públicos.

En concreto, los sindicatos no sólo pretenden aumentar el poder adquisitivo de los salarios en este año; también pretenden recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios (9,4 puntos entre los años 2.008 y 2.014), así como recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por el aumento de la productividad, al margen de su aspiración a converger en salarios con la UE. Resulta evidente que, con estas cifras y porcentajes, el crecimiento y la recuperación económica esgrimida por el gobierno no llega de ninguna manera a los trabajadores (y menos a los más vulnerables), ni tampoco a los pensionistas y empleados públicos.

Por eso resulta comprensible la actitud sindical y, por el contrario, lamentable y cicatera la actitud de algunos empresarios. La CEOE-CEPYME sigue esperando que el gobierno resuelva sus problemas y, en coherencia con ello, no tienen ninguna urgencia en defender la autonomía de las partes y el diálogo social con los sindicatos. Eso explica que siga defendiendo que la totalidad de los beneficios obtenidos- por el aumento de la productividad en las empresas- vayan a parar exclusivamente a manos de los empresarios, lo que les permitirá mantener su actual (y favorable) participación en la renta nacional. También explica el retraso de las negociaciones para acordar con los sindicatos una referencia para negociar los convenios colectivos del presente año y su oposición crítica a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido en los años más duros de la crisis o que aumente el SMI, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la prestación por desempleo y la dependencia para nuestros mayores. En este contexto, y si nadie lo remedia, el choque de trenes resultará inevitable y la negociación colectiva en sectores y empresas, muy condicionada por la reforma laboral, se llevará a cabo sin una referencia salarial a nivel del Estado.

En este caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil (aunque se fortalecerá el músculo sindical en las empresas) ante una relación de fuerzas muy desfavorable por la fuerte oposición que ejerce el poder económico y financiero a sus reivindicaciones, así como por los poderes fácticos y el propio gobierno (la reciente, absurda y exagerada sobreactuación de la policía en Asturias es un ejemplo significativo) y, desde luego, por su propia debilidad orgánica y sus carencias y limitaciones en cuanto a su capacidad para movilizar a los trabajadores en torno a la negociación colectiva.

Como consecuencia, y si esta circunstancia se confirma, la nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pensiones, prestación por desempleo y dependencia tendrán una repercusión muy negativa en la problemática social, pero también en el crecimiento económico, el consumo interno y, lo que es más importante, en el empleo (el incremento salarial que proponen los sindicatos en absoluto es incompatible con el empleo). Efectivamente, el desempleo actual corre el riesgo de que se consolide en los próximos años, sobre todo cuando todo indica que el crecimiento económico en la UE se ralentizará en 2.017 al verse afectado por el Brexit, el precio del petróleo, el tipo de cambio, el estancamiento de la competitividad y el previsible empeoramiento del comercio internacional (efecto Trump y auge de los ultra populismos). No debemos olvidar que en 2.015 la UE soportaba 22,9 millones de desempleados, de los cuales 10,9 eran parados de larga duración (al margen del terrible desempleo juvenil) y que, a este ritmo, para volver a las cifras de paro anteriores a la crisis, necesitaríamos nada menos que 7 años más, sin mencionar el dramático desempleo y la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE.

Además del actual desempleo, preocupa mucho la grave crisis estructural relacionada con el incierto futuro del empleo. Según un estudio de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC- UGT), los procesos ya comenzados de automatización destruirán millones de empleos en el mundo en los próximos años. España es uno de los países peor parados en las proyecciones de la UE, junto a Austria y Alemania, y afectará a más de dos millones de puestos de trabajo de los existentes en la actualidad (12%). Esto se producirá no sólo en el sector industrial (el grado de robotización alcanza el 100% en algunas áreas de fábrica y sectores: por ejemplo el automóvil) sino también en el sector servicios y, en concreto, en tareas administrativas e, incluso, en el sector financiero. A pesar de estas cifras negativas, no faltan informes que hablan del potencial de la Revolución 4.0 en la creación de empleo. Según Randstad Research, la digitalización y la robotización crearán 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco años de los que 390.000 serán puramente STEM, término en inglés que hace referencia a las especialidades que tienen relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En concreto, serán beneficiados los trabajadores del Big Data (almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos); Cloud Computing (información en la nube); seguridad informática; mantenimiento de redes; diseño de aplicación de móviles; e ingeniería robótica inteligente con tasas de paro Cero y que seguirán siendo los más demandados. En relación con este asunto es muy ilustrativo que la Asociación Española de Robótica (AER) haya llegado a incorporar a su imagen pública el lema por demás positivo: Robots, ¡Create Jobs! (Robots, ¡cread empleo!). En resumen, y examinando la velocidad de estos cambios, resulta relevante que el Instituto McKinsey haya llegado a la conclusión de que la revolución de la información de hoy es 10 veces más rápida que la primera revolución industrial.

Ello nos lleva a la conclusión de que la rápida transformación de nuestras economías desafiará también el futuro del trabajo, lo que obligará a los interlocutores sociales a repensar su actividad  y a los sindicatos en particular a examinar su relación con unos trabajadores- dentro y fuera de los centros de trabajo- más flexibles, dispersos, digitalizados y sobre todo muy cualificados, al margen de que el 45% de los asalariados en la UE (en España el 35%) responden al perfil de técnicos, cuadros, mandos intermedios y directivos. Es comprensible que la UTC-UGT insista en que debemos responder a estos múltiples desafíos y amenazas, algunas ya presentes en la actualidad: destrucción de empleos debido a la robotización; aumento del trabajo sin horas fijas (contrato a cero horas); pérdida del control por `parte de los trabajadores al convertirse en simples herramientas de una máquina; alta precarización de los trabajos; dependencia de los servidores informáticos y proveedores de datos; debilitamiento del derecho del trabajo y de los sindicatos; combate a la centralidad del trabajo; incremento del autoempleo; aumento de las desigualdades; estancamiento de los salarios… Esta nueva realidad terminará también por abrir un debate (inevitable) sobre la reducción del tiempo de trabajo, el ocio y la cultura en un mundo nuevo y apasionante que, por sí solo, merece un comentario monográfico aparte.

En todo caso, para responder a estos retos en un mundo globalizado es necesario recuperar el internacionalismo sindical en contraposición con el capital globalizado, transformar a fondo nuestro modelo productivo y avanzar hacia la transformación de la industria, los procesos formativos y la cultura, con el propósito de que los trabajadores estén preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Debemos recordar que el 16,1% del PIB que representa la industria en España está muy por debajo del 40% alcanzado en la década de los ochenta y lejos también del 20% fijado por la Comisión Europea para el año 2.020.

Ofrecer alternativas a estos fenómenos inexorables requerirá el concurso de todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, universidad y expertos de todo tipo. El objetivo no puede ser otro que situar a España a la cabeza de la UE, de acuerdo con su PIB, lo que sólo será posible compitiendo a base de inversión tecnológica, conocimiento, cualificación, innovación y empleos de calidad contrastada y con derechos. En este papel resultan decisivos para bien y para mal los empresarios (consolidar el tejido empresarial); por lo tanto deben trabajar con altura de miras y abandonar la tentación de obtener beneficios a corto plazo a base de practicar el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además, deben asumir con todas las consecuencias el concepto de responsabilidad social en las empresas.

Por su parte, y en este escenario, el gobierno debe poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo (jóvenes y parados de larga duración), fomentar el cambio y la inversión productiva y apostar por el conocimiento y el diálogo con los interlocutores sociales, dando por hecho que en esta tarea tendrá el apoyo y el compromiso ilusionante de todos. Estas consideraciones desbordan el marco mediocre y sin alternativas que nos ofrece en estos momentos el gobierno Rajoy, incapaz de encabezar en la UE la lucha contra el desempleo. Tampoco la oposición política está a la altura de las circunstancias, al estar muy condicionada por una discusión agotadora sobre sus problemas internos y de liderazgo- que nadie sigue ni a nadie importa-, al margen de una realidad social tozuda y muy marcada por el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso, el Banco de España reconoce esta intolerable y grave situación sin respuesta conocida y creíble…

Antón Saracíbar

Cuando los y las militantes del Partido Socialista Obrero Español hemos secundado a Pedro Sánchez en el No es NO era para decir No a un Gobierno del Partido Popular que pretende continuar con su política de empobrecimiento de los asalariados, de deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas, de negar un futuro digno para la juventud, de ruina para los autónomos, una política de ataque constante a la clase trabajadora y a sus organizaciones.

Decíamos No a mantener la reforma laboral. No queremos maquillajes que permitan mantener los daños fundamentales de un cambio legal lesivo para los trabajadores; hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para echar atrás la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial; queremos derogar esas reformas para recuperar el principio de ultractividad de los convenios, para evitar que las patronales mantengan convenios paralizados durante años y años provocando la decadencia y deterioro de las condiciones de trabajo. De igual manera hay que derogar las facilidades contractuales, que llevan a que se tengan que celebrar 20 millones de contratos para que se genere ½ millón de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

Decíamos y decimos No a las tarifas planas y al conjunto de bonificaciones de la Seguridad Social a los empresarios, porque están llevando premeditadamente a la bancarrota al Sistema Público de Pensiones.

Decíamos No porque no estamos de acuerdo con los pretendidos copagos farmacéuticos que propone el PP.

El PSOE no puede ser la coartada permanente del Gobierno del Sr. Rajoy, para mantener la ley Mordaza a base de pequeñas concesiones a la galería. Ahí continua el Artº. 315.3 del Código Penal, mediante el cual continúan amenazados de cárcel casi 300 trabajadores por haber ejercido su derecho a la huelga. Es una manera directa de criminalizar un derecho constitucional.

El PSOE no puede continuar dando cobertura al PP en relación con el conflicto provocado tanto por el nacionalismo catalán como por el nacionalismo españolista. No podemos continuar “mareando la perdiz”, con juegos semánticos para que nada cambie.

Pedro Sánchez fue en 2014 una de las dos alternativas del viejo aparato. El mismo aparato que dejó inmediatamente de confiar en él por criticar el Artº 135.3 de la Constitución. Ese aparato que una vez más ha salido a defender a las instituciones del Estado, “costase lo que costase al Partido”; olvidando que la misión histórica del PSOE es velar por los intereses de la mayoría social desfavorecida.

Ante la rebelión democrática de las bases militantes, organizándose en plataformas, se viene a dinamitar este movimiento que representa ese NO es NO al Gobierno del PP y sus políticas, se “dinamita” el movimiento ilusionante generado tanto dentro como fuera del Partido.

No se trata por tanto de posiciones personales en torno a este o aquel candidato. Es una cuestión de posición política: es la necesidad de recuperar el partido para el socialismo, desde posiciones políticas socialistas y no de acompañamiento de las políticas del PP.

Comité de Redacción