POR UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS:

NO AL PACTO CON C’S, NO A LA RENUNCIA AL PROGRAMA SOCIALISTA.

Durante las últimas horas el acuerdo de gobierno alcanzado con C’s ha sido objeto de debate en muchas agrupaciones socialistas. Incluso las opiniones favorables al pacto, lo defienden como “un mal menor” y el “único pacto posible aunque no el deseable, dada la actitud de Podemos”.

Los defensores del pacto sitúan el acuerdo como un “leve avance” respecto a la situación actual, si bien se reconoce la renuncia de gran parte del programa socialista, justificando dicha renuncia a que “en una negociación siempre se quedan cosas por el camino”. ¿Tantas?. Otras de las líneas argumentales que están cobrando más fuerza para defender el pacto con C’s es que “Podemos” ha hecho todo lo posible por excluirse de cualquier pacto con el PSOE, al imponer vetos y trazar líneas rojas como el referéndum en Catalunya, o que “apoyar este pacto es dar un voto de confianza a Pedro Sánchez porque si no Susana Díaz puede ser aún peor”.

Muchos militantes, en cambio, coincidentes con la línea editorial de Tribuna Socialista, defendemos que es necesario impulsar una nueva ronda de negociaciones con las fuerzas políticas de izquierdas hasta alcanzar un acuerdo que dé respuesta satisfactoria a las demandas de la mayoría social , puesto que el pacto alcanzado con C’s no solo no es útil para resolver los problemas de la mayoría social, sino porque, además, el acuerdo significa la renuncia formal a partes fundamentales del programa socialista, que queda excesivamente diluído,como bien señala la viceprimer secretaria del PSC Núria Parlón en declaraciones a la Agencia EFE, dejando al partido socialista en una posición de debilidad, y abriendo la puerta al pacto con el PP teniendo como fuerza de “enganche” a la formación de Albert Rivera. Yendo un paso más allá, en el caso de que no se pudiera realizar la investidura de Pedro como Presidente, el escenario de unas nuevas elecciones generales sitúa al PSOE en un punto de partida peor de que teníamos el 20-D.

El acuerdo resulta una temeridad al situar al PSOE en una posición de debilidad teniendo en cuenta que venimos de un mal resultado electoral por haber perdido gran parte de nuestra conexión con nuestro voto natural; el de la clase trabajadora, la mayoría social, precisamente por la renuncia paulatina a las políticas propias de nuestro Partido y nuestra historia.

Es una temeridad, máxime cuando desde la Comisión Europea se está instando al Gobierno español a que tome medidas de “mano dura con el déficit autonómico y con más ajustes laborales”.

Desde Tribuna Socialista hemos defendido hasta la saciedad la necesidad de un pacto de izquierdas, un cambio radical de rumbo en las políticas que hasta ahora ha aplicado el PP. Ese cambio de rumbo no se produce en los temas fundamentales que hemos llevado los socialistas en el programa. Por citar sólo 4 cuestiones básicas:

·        La derogación de la ley Wert se ha convertido en una modificación “light” de la ley.

·        La derogación de la Ley Mordaza se ha convertido en una modificación “light” de la ley mordaza.

·        La derogación de la reforma laboral se ha convertido en algunas modificaciones de menor calado, pero introduce una versión “estéticamente mejorada” del contrato único propuesto por C’S a propuesta de la patronal, bajo el pseudónimo de “contrato estable con indemnizaciones crecientes”, que no pone coto a la precariedad laboral del mercado de trabajo, y que incluso precariza aún más los contratos temporales, cuya indemnización en caso de despido, aún baja más.

·         Tampoco se repone el equilibrio previo a la reforma de 2012 en materia de negociación colectiva, pues continúa dándose la preponderancia a los convenios de empresa, salvo en salario base y jornada.

El texto, además, niega explícitamente la posibilidad, anhelada por muchos socialistas, de abrir la puerta a un proceso constituyente que por un lado sirva para garantizar los derechos básicos de las personas, y que por otro lado, aborde una reforma federal del Estado que pueda ofrecer una alternativa al actual y obsoleto marco de relaciones entre los pueblos de España, y que incluya el ejercicio real del derecho a decidir, garantizando, de esta manera, la libre relación entre los pueblos del estado español.

Las preguntas que muchos socialistas nos hacemos es si la aplicación de este acuerdo con C’s ¿va a significar un avance significativo para la gente más necesitada?. ¿Se van a crear más puestos de trabajo? ¿Va a posibilitar una reforma constitucional de verdad? ¿Va a posibilitar una mejora en las relaciones entre los pueblos? . La respuesta es claramente NO. Incluso los defensores más acérrimos del acuerdo sitúan su defensa, no en terreno del avance social (porque no existe), sino en la línea de que es un punto de partida para luego girar hacia la izquierda. ¿por qué no se explicita directamente en qué se basa ese supuesto e hipotético giro?.

En la carta remitida a Pedro Sánchez pedíamos que ningún pacto con la derecha, no por una cuestión ideológica o de principios (que también). No por una cuestión de vetos o líneas rojas,  sino por una mera cuestión de responsabilidad hacia los electores que nos han depositado su confianza para aplicar un programa que ahora se diluye como un azucarillo en el agua.

No defendemos la actitud, en ocasiones altiva e impositiva de Podemos. Tampoco ayudan las declaraciones de la vieja guardia de nuestro partido, pero a pesar de todo ello, estamos firmemente convencidos de que prescindiendo de las particularidades personalistas, y de la excesiva mediatización de la política, los ejes programáticos de PSOE, Podemos,  IU, Compromís y ERC pueden confluir en un pacto de izquierdas que permita un gobierno que lleve a cabo las políticas que la mayoría social necesita y que no signifique una renuncia al programa socialista.

El sábado 27 de febrero votando No al acuerdo con C’S votamos Sí a la defensa de un Programa socialista.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

Han pasado más de dos meses desde el 20D y desde Tribuna Socialista nos reafirmamos en la urgencia y en la necesidad de un gobierno de izquierdas, tal y como expresaron en la carta dirigida a Pedro Sánchez más de un millar de afiliados, afiliadas y simpatizantes de nuestro partido.

Un gobierno de izquierdas que tome medidas de urgencia es una necesidad y debe situarse por encima de los movimientos tácticos y estratégicos de unos y otros. La aritmética parlamentaria debe utilizarse para hacer posible ese gobierno; tome la forma de un acuerdo de investidura, de Gobierno y/o de legislatura.

Los militantes socialistas hemos manifestado en diferentes ocasiones y por diferentes medios la necesidad de que nuestro partido lidere un giro a la izquierda de las políticas proponiendo medidas que den satisfacción a las demandas que la mayoría social reclama.

Nada justificaría un pacto con la derecha; sea PP o Ciudadanos, puesto que lo que la mayoría social reclama no es un cambio de actores para representar la misma obra, sino un cambio de guión.

Un pacto con la derecha, de llevarse a cabo, tendría como objetivo continuar con las mismas políticas a las que nos ha sometido el PP, posiblemente a otro ritmo, explicadas de otra forma, pero las mismas políticas.

¿Acaso los 15 millones de votos del 20-D, expresados a través de distintas siglas, no han exigido un cambio y poner punto final a los planes de austeridad impuestos por PP?

Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos eludir. Ni el referéndum demandado por el pueblo de Cataluña debería ser un obstáculo, ni la legalidad vigente un impedimento.

Ahora es urgente echar al PP del gobierno, porque dos meses después de que la mayoría social decidiera no darle apoyo mayoritario, el gobierno en funciones sigue insistiendo en la provocación y el desafío a la sociedad con sus leyes, resoluciones y peticiones al Tribunal Constitucional. Es necesario pararlo.

Es necesario un gobierno de izquierdas ya. Hay que empezar a legislar a favor de la mayoría.

Las medidas urgentes contra el paro deben ocupar un lugar prioritario. El desempleo en nuestro país es insoportable, (ver datos en artículo de Anton Saracíbar en este mismo número). Es necesario un plan urgente en defensa de la industria que impida el crecimiento del desempleo y convocar plazas en la Administración Pública para garantizar todos los servicios públicos y su calidad. Es necesario derogar la reforma laboral, la ley Wert y la ley Mordaza, entre otras medidas legislativas.

Un gobierno de izquierdas debe ser capaz de garantizar la convivencia entre los distintos pueblos del estado español, en el que cada pueblo se sienta libremente asociado y en el que la contribución al mantenimiento del estado de bienestar y el avance en derechos y libertades sea un compromiso ineludible.

Desde Tribuna Socialista entendemos que el actual marco constitucional está agotado; es un obstáculo para las soluciones que la mayoría social requiere en estos momentos. Apostamos por abrir un periodo constituyente que dé paso a una República Federal. La “Transición” ha cumplido su cometido y ha caducado, y por ello, proponemos abordar la siguiente pregunta, ¿acaso no es el momento de iniciar el camino en ese sentido?.

Comité de Redacción Tribuna Socialista.

Quedan centenares de sindicalistas encausados por huelgas. Derogación ya del art 315.3 del Código Penal.

 El ataque sufrido durante los últimos años a los derechos y libertades de los trabajadores ha sido constante y brutal. La criminalización del derecho a la Huelga, sostenida en virtud de la aplicación del art 315.3 del Código Penal ha llevado a más de 300 sindicalistas ante los tribunales, amenazados de prisión.  El objetivo no es otro que desarticular las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras y provocar la rendición de quien ose protestar ante las salvajes medidas empresariales que recortan nuestros derechos o nos impiden ejercer el derecho al trabajo, dejándonos en muchas ocasiones, sin el más elemental medio para sobrevivir como es el salario.

En números anteriores de TS hemos hecho mención y hemos participado de los distintos encuentros organizados por la Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados por haber participado en piquetes en la última Huelga General. El combate llevado a cabo ha conllevado diversas acciones de protesta y de sensibilización social sobre una cuestión que ha de ser considerada un principio democrático: el derecho de huelga y el derecho al conflicto colectivo.

La unidad sindical ha sido fundamental: Actos y comunicados de protesta ante tan tamaña injusticia emitida por los sindicatos de clase, numerosas movilizaciones sindicales, comunicados de apoyo y solidaridad de sindicatos a nivel internacional, y la constitución de una comisión de abogados laboralistas de CCOO y UGT, para trabajar conjuntamente por la derogación del art 315.3 del código penal a raíz de la convocatoria realizada por la comisión internacional antes citada. Todo ello ha contribuído de manera decisiva a crear la conciencia y alarma social sobre la represión del derecho de huelga que se vive en nuestro país.

Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con los sindicalistas encausados y animamos a seguir en la lucha hasta la completa derogación de una ley injusta que relega la defensa de los derechos de la clase trabajadora al ostracismo, calificándolos de delito.

La absolución de “los 8 de Airbus” y los “3 de El Vendrell” son una gran noticia, pero la fundamentación jurídica en la inexistencia de pruebas, y la ausencia de una auténtica valoración jurídica de que la huelga es un derecho que se ejerce en defensa de derechos democráticos como el derecho al trabajo, los salarios o las condiciones de trabajo, nos sigue dejando a todos los trabajadores y trabajadoras en manos de la valoración de un juez.

Una justicia verdaderamente democrática pasa por considerar la huelga como un derecho y no como un delito, y toda vez que el juez (en la causa contra los ocho de Airbus), reconoce que uno de los policías produjo una detonación (por la que se le abrió un expediente disciplinario) y que los encausados intentaron mediar ante el conflicto generado por el policía, no hay razón para que se les absuelva “por falta de pruebas”, sino que la sentencia debió ser absolutoria porque el piquete estaba realizando sus funciones, las relacionadas con la gestión del conflicto colectivo y de representación de los trabajadores, y en modo alguno eso puede ser considerado un delito.

Insistimos en que, aunque los “Ocho de Airbus” y los “Tres de El Vendrell” sean absueltos, el yugo sigue pendiendo de las cabezas de otros centenares de trabajadores acusados de similares acciones reivindicativas, y lo seguirá haciendo sobre éstos y los millones de trabajadores de este país hasta que no se derogue el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes ejercen funciones informativas y reivindicativas defendiendo los derechos de los trabajadores.

Esta semana, miles de trabajadores y trabajadoras en toda España, siguen sus luchas y reivindicaciones: en las cajas de ahorro de todo el país, en los transportes públicos del área metropolitana de Barcelona, y en tantas otras empresas que encuentran en la huelga la única salida viable para hacer valer sus derechos atentados por los intereses empresariales y de mercado.

La amenaza constante al derecho de huelga vulnera los principios democráticos más elementales, y esa es una de las razones por las que el PSOE debe liderar un gran pacto de izquierdas que lleve a la derogación del art 315.3..

Huelga no es delito. La lucha, sindical y política debe seguir hasta la derogación del 315.3 del Código Penal.

Baltasar Santos Fernández

Conmemoración de los hechos del 1937

Por Antonio Herranz Rojas

Este 7 de febrero del 2016 se celebró en El Peñón del Cuervo, Málaga, los terribles acontecimientos de febrero 1937 que supuso el éxodo masivo de la población que resistía ante el avance de las tropas rebeldes a la Republica y a una de las represiones más dura de la Guerra civil. Le damos la palabra a Fernández Martín & Brenes Sánchez que acaban de terminar un excelente libro sobre este tema, iluminando con nuevos datos, recogidos con absoluto rigor científico, a estos sombríos, terribles y poco conocidos eventos.

Nosotros, militantes socialistas de izquierda sabemos que la historia se repite y que la población civil, y en particular mujeres y niños, siguen sufriendo los estragos de la guerra. Para nosotros, militantes socialistas de izquierda, la lucha por la igualdad, por la satisfacción de las reivindicaciones, pasa por un cambio de régimen, por nuevas instituciones democráticas… en otras palabras, por la apertura de un proceso constituyente, por la república y por un verdadero programa socialista.

No podemos reducir el homenaje a los que cayeron y sufrieron el golpe de estado a una simple conmemoración. El mejor homenaje será seguir luchando por lo que tantos murieron: La Republica.

Antonio Herranz Rojas

La Crisis Humanitaria española de 1937

Por Fernández Martín & Brenes Sánchez

Dentro de unos meses se cumplirán ochenta años del cruento ataque que por tierra mar y aire aplicaron las fuerzas franquistas, en estrecha cooperación con sus aliados alemanes e italianos, a la población civil que huía en dirección Almería. Militares y población civil, hombres, mujeres y niños, buscaron de manera desesperada refugio en zona gubernamental desde diferentes puntos de Andalucía occidental, principalmente de la provincia de Málaga, pero también con itinerarios previos que incluyeron comarcas que iban desde el Campo de Gibraltar, o las provincias de Granada, Córdoba y Sevilla.

Lo ocurrido en esta carretera, N-340, dejó una marca indeleble en la memoria de los supervivientes. Una crisis humanitaria que es muy superior a los 150.000 que se había dado por válida hasta ahora; sin embargo, los documentos inéditos que serán publicados por Andrés Fernández Martín y Maribel Brenes Sánchez en el libro «1937. Éxodo Málaga Almería» de Aratispi Editores, con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Memoria Democrática, arrojan la elevada cifra de 300.000 personas cuando se inició la desbandada.

«El domingo el Gobernador tuvo que taponar las carreteras para evitar la huida de la población que salía aterrada de Málaga.

En el Cuartel de Azaña, dicho domingo fue arrollado el Capitán de Cuartel que no pudo impedir la fuga de milicianos que rompieron los carnets, arrojaron uniformes y armas.

En general en Málaga la aglomeración es enorme, todas las iglesias están habilitadas para refugio.»

Una carretera repleta de mujeres solas, otras embarazadas, algunas enfermas, pero la mayor parte de ellas con niños pequeños agarrados a sus faldas o en brazos.

Una carretera en la que niñas de apenas 10 años, se convirtieron en mujeres de la noche a la mañana bajo el bombardeo constante por mar y aire, tratando de llegar sanas y salvas a sitio seguro con los hermanos menores a su cargo.

Poniendo voz a lo descrito por el Capitán de Carabineros Federico Angulo, que estando en Almería y enterado de lo que estaba sucediendo, donde la población civil había marchado sin responder a una evacuación ordenada, decidido a llegar a Málaga acompañado de compañeros voluntarios, describió con las siguientes palabras lo que sus ojos vieron al llegar a Adra:

«El espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra, es algo que no encuentro palabras con que explicarlo. La peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería a pie, es algo que no tiene precedentes en la historia de las evacuaciones de la guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos y con los pies enormemente desfigurados y llenos de llagas, caras famélicas…»

Como refleja esta declaración, la cifra inicial de 300.000 personas había descendido a 200.000 a la altura de Adra.

Una vez pudieron avanzar, llegaron hasta Motril donde ya les fue imposible continuar hasta Málaga:

«En las proximidades de Motril los coches tuvieron que aminorar la marcha y avanzar lentamente, abriéndose paso por entre una masa humana que llenaba la carretera. Pero aún nos estaba reservado un espectáculo más lamentable.

A la entrada misma de Motril, sobre un puente que comunica dicho pueblo con la carretera de Almería, un amasijo de hombres, mujeres, niños, soldados, milicianos, etc., pugnaba por abrirse paso a codazos y golpes de fusil para llegar antes que los demás al espacio libre del camino. Detrás, una doble o triple hilera de camiones, ómnibus y autos ligeros empujaban aquel tapón de carne que obstruía el puente.

Los gritos…, las imprecaciones más bárbaras…, los ¡ay! de los estrujados…, el llanto de los niños… contribuían a hacer mayor el desconcierto.»

Las palabras del Capitán Angulo hablan por sí solas; niños perdidos por el camino, hermanos, padres, madres y abuelos muertos a lo largo de la carretera por hambre, frío, y/o destrozados por las bombas de 24 kg que les arrojaban desde el aire, serán el motivo por el que las familias queden separadas para siempre.

En este sentido, esta investigación constituye un valioso complemento a las historias personales y relatos de vida de los protagonistas, con un riguroso estudio desde el punto de vista documental de lo sucedido en la «carretera de la muerte» antes, durante y después del ataque. El libro se estructura en varios capítulos; los tres primeros desarrollan la ofensiva contra Málaga desde finales de diciembre de 1936 hasta el día 10 de febrero de 1937, fecha en que se establece el frente en Motril hasta final de la contienda. Un cuarto capítulo está dedicado a los niños (hoy abuelos, de los que van quedando cada vez menos) como verdaderos protagonistas de este cruel episodio, incluido un testimonio de una niña que, jugando en la calle, narra la visión de la llegada de este éxodo a su pueblo. El quinto trata de los refugiados en la ciudad de Almería, donde se expone el censo realizado por el Gobierno Civil almeriense, para los más de 10.000 que se quedaron viviendo en la ciudad, y también los ingresos realizados en el Hospital de Almería, consecuencia de estos acontecimientos. Para finalizar, hemos realizado algunas consideraciones sobre las pérdidas materiales como consecuencia de la batalla de Málaga, donde se tratan los proyectos para reparación de carreteras y casillas de peones camineros.

Nos gustaría resaltar la idea de que la historia no se investiga, se investiga para hacer Historia, empleando fuentes primarias, especialmente documentos textuales, gráficos y fotográficos, y para este episodio, han sido imprescindibles las fuentes orales. La apertura de muchos archivos, con la recuperación implícita de documentos, nos ha permitido conocer momentos históricos difíciles, como lo es el «Éxodo de Málaga Almería». Sobre este acontecimiento se ha vertido mucha tinta y se ha escrito de manera diferente, es por ello que los historiadores formulamos preguntas en torno al pasado en general, y en este trabajo, en particular, donde los interrogantes sin respuesta vuelven a aflorar a la superficie una y otra vez.

Fernández Martín & Brenes Sánchez

Este libro verá la luz a mediados de marzo y podrá adquirirse en las librerías de Málaga, Granada y Almería o bien a través de contacto por:

 E-mail:  aratispipatrimonio@gmail.com

Web: http://www.aratispi.com/category/ediciones

 

 

Clica sobre la imagen para acceder a la entrevista.

Tribuna Socialista ha realizado para este número 64 de TS una video entrevista a la primera mujer que liderará la UGT de Andalucía en sus 125 años de historia.

La entrevista explora la opinión de esta representante sindical sobre aspectos tan relevantes para los socialistas como son la actual coyuntura política en el país, la necesidad de un pacto de izquierdas, las expectativas de la clase trabajadora ante el próximo 42º congreso confederal de UGT, la necesidad de derogación del art 315.3 del código penal, la valoración sobre la controvertida posición de Felipe González y Susana Díaz sobre las políticas de pactos, la posición sobre si es necesario un nuevo Estatuto de los trabajadores o derogar las contrarreformas que han devaluado el actual, las relaciones partido-sindicato…. entre otras muchas cuestiones de completa actualidad y relevancia.

Para completar la entrevista, el compañero Manuel Peñalosa, miembro del Comité de Redacción de TS, corresponsal de TS en Andalucía, y a la postre, autor material de la entrevista, nos da a conocer la trayectoria de esta sindicalista que lidera una federación tan importante y representativa como la UGT de Andalucía.

No podemos acabar esta pequeña introducción a la entrevista sin agradecer y reconocer el esfuerzo desinteresado de la compañera Miriam Lorenzo, periodista del gabinete de prensa de UGT-A y antes, reportera de CNN+ hasta su cierre, como realizadora y montadora de este documento.

 

Las conversaciones acaecidas en los últimos días en torno a la nominación de Pedro Sánchez, como candidato a formar gobierno, han suscitado fuertes expectativas y generado una gran repercusión en los medios de comunicación. Por otra parte, han tenido la virtud de acrecentar la ceremonia de la confusión instalada en el PP y de impulsar una nueva forma de hacer política, en coherencia con la nueva relación de fuerzas existente en el Parlamento, además de situar a Pedro Sánchez en el centro del tablero político. Como todo el mundo ha podido observar, la corrupta financiación del PP ha terminado, por el momento, con las escasas posibilidades de que Rajoy pueda gobernar de nuevo y ha convencido a la UE de la inviabilidad del proyecto del PP hipotecado por gravísimos escándalos no homologables por esas latitudes.

A pesar de todo ello, algunos todavía defienden la gran coalición (PP-PSOE-Ciudadanos) y otros se pronuncian por la abstención del PSOE para facilitar el gobierno del PP (con el apoyo de Ciudadanos), sin descartar ninguno de ellos la celebración de nuevas elecciones. Son pocos, pero muy poderosos, los que así opinan, y no dudan en utilizar los pronunciamientos de la UE, los resortes del poder político y económico, las estadísticas y encuestas (manipuladas) y el poder mediático afín para defender sus intereses ocultos. Sin embargo, que nadie se llame a engaño- como ya ocurre en algunas CCAA-, los ciudadanos más conscientes defienden un gobierno progresista con Podemos e IU (otras alternativas no son realistas) que, a su vez, trabajen para conseguir también el apoyo (o la abstención) del resto de los partidos (sobre todo de Ciudadanos) e, incluso, de los de marcado carácter nacionalista, tanto en el debate de investidura como, posteriormente, en el ejercicio de gobierno.

Todo ello resulta comprensible a estas alturas, sobre todo después de la renuncia de Rajoy y de que la gran mayoría de los politólogos, expertos y ciudadanos en general admiten que en el 20-D se votó al espacio de centro izquierda y no a pactos en abstracto sin ninguna base ni fundamento, como si fuera posible olvidar e “indultar” al PP ante hechos de corrupción verdaderamente escandalosos. Por otra parte, no debemos olvidar que el PSOE, Podemos e IU suman más de 11 millones de votos y que, por lo tanto, tienen la legitimidad que les han otorgado las urnas para intentar formar un gobierno de cambio que tenga en cuenta, sobre todo, a los más desfavorecidos por la crisis, al margen de las dificultades y de los inciertos resultados.

Son argumentos poderosos para intentar configurar un programa de gobierno progresista que responda a los problemas reales que más preocupan a los ciudadanos. Según la resolución del Comité Federal del PSOE, el posible Acuerdo debe ser votado por todos los afiliados y posteriormente ratificado por el Comité Federal. Nada que objetar a que voten los militantes y tampoco a que el Comité Federal ratifique el Acuerdo; una decisión que, en todo caso, resulta innecesaria después de que hayan hablado los militantes. Lo más llamativo de esta resolución es que se presentó al Comité Federal con el objeto de fortalecer a Pedro Sánchez en las conversaciones y frenar la contestación interna, cuando eso se podría haber evitado si el Comité Federal hubiera apoyado sin reservas a Pedro Sánchez en esta difícil coyuntura política, cosa que no ocurrió por la presión radical, bochornosa y estrafalaria- en contra de pactar con Podemos- de algunos ex dirigentes con experiencia institucional y de gobierno. Lo más grave de todo ello es que la fecha de convocatoria del Congreso del PSOE ha añadido incertidumbre a la compleja situación orgánica, cuando lo que este País necesita es garantizar la gobernabilidad y abordar los problemas económicos y sociales que preocupan a los ciudadanos sin tener que celebrar necesariamente unas nuevas elecciones generales. En todo caso, estas circunstancias obligarán a supeditar la celebración del Congreso al calendario de investidura- como ha venido proponiendo la comisión ejecutiva federal-, lo que debería consolidar a Pedro Sánchez como secretario general en su pugna con otras propuestas y posiciones, siempre y cuando aguante la fuerte presión, no defraude las expectativas y consiga lo que se propone: “formar un gobierno progresista y reformista, pero nunca a cualquier precio”.

En el marco de las múltiples conversaciones que se están celebrando, el PSOE está trasladando a todos los ciudadanos la certeza de que dentro de nuestra democracia es posible resolver sus problemas y que lo fundamental y prioritario es acordar un programa de gobierno que responda a la pregunta obligada de los ciudadanos: ¿Gobernar para qué? En este sentido, debemos recordar que los problemas que más preocupan a los ciudadanos son superar las secuelas que ha dejado la crisis (la desigualdad y pobreza), recuperar los derechos perdidos y en tercer lugar avanzar decididamente en la creación de empleo. La última Encuesta de Población Activa (EPA-2015-IV trimestre), así como los datos de paro registrado del mes de enero en las oficinas públicas de empleo y, sobre todo, la disminución de los afiliados a la Seguridad Social (308.966 menos, al pasar de una media de 17.326.280, en 2011, a 17.017.314 de media en 2015) confirman la gravedad del problema y demuestran que la legislatura del PP ha sido una legislatura perdida para el empleo (el número de trabajadores activos en la actualidad es menor que el existente al comienzo de la legislatura: concretamente 153.200 menos) y para resolver los problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (Alberto Pérez, Fundación Altedia Creade).

Efectivamente, La última EPA contempla casi 4,8 millones de trabajadores en paro (20,9%) y la contratación temporal alcanza el 25,66%, a lo que hay que añadir el aumento y consolidación del trabajo a tiempo parcial, que se sitúa en 2.843.700 personas (15,72%), de las cuales el 62% preferirían un empleo a jornada completa.  La situación se agrava al aumentar el paro de larga duración (59,5% del total de los desempleados) y caer en picado la cobertura del desempleo (solamente cubre al 45% de los desempleados EPA), lo que conduce a que 1.556.600 hogares tengan todos sus miembros activos en paro, de los que, según CCOO, 712.000 hogares no tienen ningún ingreso laboral (ni salario, pensión, prestación o subsidio). Además, según UGT, los salarios se han reducido considerablemente (el 46,6% cobran menos de mil euros) y, como consecuencia, han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza y exclusión social, que se sitúa en casi el 30% de la población en nuestro país (“emergencia social”). Unos datos, en todo caso matizados por la población desanimada y por la emigración económica de nuestros jóvenes en busca de un empleo que nuestra sociedad les niega.

Por eso, y en coherencia con ello, en esta nueva etapa se debe impulsar el cambio de la política económica y social y de nuestro modelo productivo que son los principales causantes de la actual situación. En concreto, el principal reto de Pedro Sánchez debe ser abordar el problema del desempleo, la precariedad y los bajos salarios en su intento de formar gobierno. Para ello no podrá contar con el PP (el partido de la desregulación laboral, la devaluación salarial y las radicales políticas de austeridad), condenado a la oposición y a la reforma de sus estructuras financieras y organizativas (regeneración interna). Con Ciudadanos, el PSOE debe negociar, en el peor de los casos, la abstención, a cambio de participar con sus propuestas en la lucha contra la corrupción, la ley electoral y la reforma de la Constitución, entre otras políticas.

Finalmente, con Podemos e IU, el PSOE debe aspirar a llegar a un Acuerdo de progreso para la próxima legislatura, principalmente en torno a las políticas económicas y sociales. Ello requiere de entrada negociar con las autoridades europeas un déficit público razonable para los próximos años, aumentar los ingresos fiscales (progresividad y lucha contra el fraude) y acordar una política económica sostenible en términos sociales y medioambientales que tenga como prioridad el empleo de calidad y con derechos (“Plan de choque”), a la espera de que la UE se comporte con el nuevo gobierno como se ha comportado en el pasado año (electoral) con el gobierno Rajoy.

En el marco de ese Acuerdo, otros asuntos de máximo relieve se refieren en concreto: a derogar la reforma laboral, aumentar el SMI, impulsar el diálogo social, mejorar la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), eliminar el copago sanitario a los pensionistas, impulsar una renta mínima para las familias en dificultades, recuperar la financiación de los servicios públicos (sanidad y educación), apostar por una política industrial y energética…

En todo caso, el Acuerdo debe ser la base programática de un hipotético gobierno de coalición y, desde luego, debe nacer con la voluntad de aceptar las enmiendas razonables de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en el ejercicio de gobierno. La lealtad, el rigor de las propuestas, la generosidad y la altura de miras deben presidir las conversaciones. Por lo tanto, sobran los planteamientos maximalistas, las tácticas dilatorias encaminadas a celebrar unas nuevas elecciones generales y, por supuesto, sobreactuaciones irracionales. De esto último se ha hecho gala últimamente…

Esperemos que nadie se equivoque y que se cumplan las expectativas generadas para no rearmar todavía más a los que no quieren el Acuerdo. Los ciudadanos esperan con mucha ilusión y esperanza que todos antepongan el interés general a los intereses legítimos de partido…

Antón Saracíbar

Han pasado más de dos meses desde el 20D y desde Tribuna Socialista nos reafirmamos en la urgencia y en la necesidad de un gobierno de izquierdas, tal y como expresaron en la carta dirigida a Pedro Sánchez más de un millar de afiliados, afiliadas y simpatizantes de nuestro partido.

Un gobierno de izquierdas que tome medidas de urgencia es una necesidad y debe situarse por encima de los movimientos tácticos y estratégicos de unos y otros. La aritmética parlamentaria debe utilizarse para hacer posible ese gobierno; tome la forma de un acuerdo de investidura, de Gobierno y/o de legislatura.

Los militantes socialistas hemos manifestado en diferentes ocasiones y por diferentes medios la necesidad de que nuestro partido lidere un giro a la izquierda de las políticas proponiendo medidas que den satisfacción a las demandas que la mayoría social reclama.

Nada justificaría un pacto con la derecha; sea PP o Ciudadanos, puesto que lo que la mayoría social reclama no es un cambio de actores para representar la misma obra, sino un cambio de guión.

Un pacto con la derecha, de llevarse a cabo, tendría como objetivo continuar con las mismas políticas a las que nos ha sometido el PP, posiblemente a otro ritmo, explicadas de otra forma, pero las mismas políticas.

¿Acaso los 15 millones de votos del 20-D, expresados a través de distintas siglas, no han exigido un cambio y poner punto final a los planes de austeridad impuestos por PP?

Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos eludir. Ni el referéndum demandado por el pueblo de Cataluña debería ser un obstáculo, ni la legalidad vigente un impedimento.

Ahora es urgente echar al PP del gobierno, porque dos meses después de que la mayoría social decidiera no darle apoyo mayoritario, el gobierno en funciones sigue insistiendo en la provocación y el desafío a la sociedad con sus leyes, resoluciones y peticiones al Tribunal Constitucional. Es necesario pararlo.

Es necesario un gobierno de izquierdas ya. Hay que empezar a legislar a favor de la mayoría.

Las medidas urgentes contra el paro deben ocupar un lugar prioritario. El desempleo en nuestro país es insoportable, (ver datos en artículo de Anton Saracíbar en este mismo número). Es necesario un plan urgente en defensa de la industria que impida el crecimiento del desempleo y convocar plazas en la Administración Pública para garantizar todos los servicios públicos y su calidad. Es necesario derogar la reforma laboral, la ley Wert y la ley Mordaza, entre otras medidas legislativas.

Un gobierno de izquierdas debe ser capaz de garantizar la convivencia entre los distintos pueblos del estado español, en el que cada pueblo se sienta libremente asociado y en el que la contribución al mantenimiento del estado de bienestar y el avance en derechos y libertades sea un compromiso ineludible.

Desde Tribuna Socialista entendemos que el actual marco constitucional está agotado; es un obstáculo para las soluciones que la mayoría social requiere en estos momentos. Apostamos por abrir un periodo constituyente que dé paso a una República Federal. La “Transición” ha cumplido su cometido y ha caducado, y por ello, proponemos abordar la siguiente pregunta, ¿acaso no es el momento de iniciar el camino en ese sentido?.

Comité de Redacción Tribuna Socialista.

Como muy bien decía el compañero Sebastián Moreno, en el artículo publicado en la Tribuna Socialista número 60 del mes de noviembre pasado, sobre la situación del Convenio Colectivo Sectorial de Cajas de Ahorro: “nunca tienen suficiente”.

La Patronal del sector lleva más de un año dejando pasar el tiempo para beneficiarse de uno de los regalos más perniciosos contra los trabajadores que contenía la reforma laboral de 2012; el vencimiento de la ultraactividad del Convenio, en este caso previsto para junio del presente año.

En general, las cajas de ahorro han sido regaladas al sector bancario privado; bien de forma directa, como el caso de la CAM vendida por 1 € a Banco Sabadell, bien de forma indirecta pues el negocio que tenían muchas cajas ha migrado a otras entidades, principalmente a bancos. Este proceso no ha terminado, pues está anunciado un nuevo proceso de concentración del sector financiero (bancos y cajas). Hasta aquí, el proceso de concentración financiera ha costado a las arcas del Estado unos 60.000 millones de euros en efectivo, a lo que hay que sumar 90.000 millones de euros más en riesgo asumido por el Estado en forma de avales y otros mecanismos para el saneamiento de las entidades.

Esta sangría de dinero la han sufrido los trabajadores del sector financiero, como contribuyentes que son. Pero además la han sufrido con la pérdida de más de 52.000 puestos de trabajo a través de los expedientes de regulación de empleo, procesos de jubilaciones, etc., consecuencia directa de las fusiones de las entidades y de las miles de oficinas que se han cerrado en todo el territorio estatal.

Como quiera que la avaricia no tiene fin, “hasta que se rompe el saco”, los miembros de los consejos de administración han mandatado a los negociadores de la patronal, para que continúen cargando el coste de sus desmanes sobre las nóminas de los trabajadores y trabajadoras. Para ello, pretenden:

• Minimizar los costes laborales, traspasando conceptos del salario a variable. Quieren que el riesgo empresarial lo asuman los trabajadores, pues dicen que el salario tiene que estar en función de los beneficios.

• Eliminar la antigüedad, dejando de valorar la experiencia y el “saber hacer” acumulado, como si el patrimonio empresarial no se acumulase con el paso del tiempo.

• Desregular el horario y la jornada. Quieren dar servicio 24 horas al día, los 365 días del año, pero con la misma plantilla; sabiendo que por la vía de las horas no pagadas (prolongación de jornada) se ahorran 14.000 empleos en toda España.

Todo porque dicen que los márgenes han caído. Cómo no habrían de caer, si han abandonado la banca tradicional, la de dar préstamo y crédito a las empresas y las familias, la de las inversiones productivas, para refugiarse en la compra de deuda pública y otras inversiones especulativas.

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras del sector van a continuar defendiendo sus condiciones de vida y trabajo, para lo que están llamados/as a Concentraciones el miércoles día 24, a las 17.30, en: A Coruña, Barcelona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza, ante las sedes principales de: Abanca, Bankia, BMN, Caixabank, Cajastur, Ibercaja y Unicaja.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario General de FeS-UGT-Madrid