Quedan centenares de sindicalistas encausados por huelgas. Derogación ya del art 315.3 del Código Penal.
El ataque sufrido durante los últimos años a los derechos y libertades de los trabajadores ha sido constante y brutal. La criminalización del derecho a la Huelga, sostenida en virtud de la aplicación del art 315.3 del Código Penal ha llevado a más de 300 sindicalistas ante los tribunales, amenazados de prisión. El objetivo no es otro que desarticular las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras y provocar la rendición de quien ose protestar ante las salvajes medidas empresariales que recortan nuestros derechos o nos impiden ejercer el derecho al trabajo, dejándonos en muchas ocasiones, sin el más elemental medio para sobrevivir como es el salario.
En números anteriores de TS hemos hecho mención y hemos participado de los distintos encuentros organizados por la Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados por haber participado en piquetes en la última Huelga General. El combate llevado a cabo ha conllevado diversas acciones de protesta y de sensibilización social sobre una cuestión que ha de ser considerada un principio democrático: el derecho de huelga y el derecho al conflicto colectivo.
La unidad sindical ha sido fundamental: Actos y comunicados de protesta ante tan tamaña injusticia emitida por los sindicatos de clase, numerosas movilizaciones sindicales, comunicados de apoyo y solidaridad de sindicatos a nivel internacional, y la constitución de una comisión de abogados laboralistas de CCOO y UGT, para trabajar conjuntamente por la derogación del art 315.3 del código penal a raíz de la convocatoria realizada por la comisión internacional antes citada. Todo ello ha contribuído de manera decisiva a crear la conciencia y alarma social sobre la represión del derecho de huelga que se vive en nuestro país.
Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con los sindicalistas encausados y animamos a seguir en la lucha hasta la completa derogación de una ley injusta que relega la defensa de los derechos de la clase trabajadora al ostracismo, calificándolos de delito.
La absolución de “los 8 de Airbus” y los “3 de El Vendrell” son una gran noticia, pero la fundamentación jurídica en la inexistencia de pruebas, y la ausencia de una auténtica valoración jurídica de que la huelga es un derecho que se ejerce en defensa de derechos democráticos como el derecho al trabajo, los salarios o las condiciones de trabajo, nos sigue dejando a todos los trabajadores y trabajadoras en manos de la valoración de un juez.
Una justicia verdaderamente democrática pasa por considerar la huelga como un derecho y no como un delito, y toda vez que el juez (en la causa contra los ocho de Airbus), reconoce que uno de los policías produjo una detonación (por la que se le abrió un expediente disciplinario) y que los encausados intentaron mediar ante el conflicto generado por el policía, no hay razón para que se les absuelva “por falta de pruebas”, sino que la sentencia debió ser absolutoria porque el piquete estaba realizando sus funciones, las relacionadas con la gestión del conflicto colectivo y de representación de los trabajadores, y en modo alguno eso puede ser considerado un delito.
Insistimos en que, aunque los “Ocho de Airbus” y los “Tres de El Vendrell” sean absueltos, el yugo sigue pendiendo de las cabezas de otros centenares de trabajadores acusados de similares acciones reivindicativas, y lo seguirá haciendo sobre éstos y los millones de trabajadores de este país hasta que no se derogue el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes ejercen funciones informativas y reivindicativas defendiendo los derechos de los trabajadores.
Esta semana, miles de trabajadores y trabajadoras en toda España, siguen sus luchas y reivindicaciones: en las cajas de ahorro de todo el país, en los transportes públicos del área metropolitana de Barcelona, y en tantas otras empresas que encuentran en la huelga la única salida viable para hacer valer sus derechos atentados por los intereses empresariales y de mercado.
La amenaza constante al derecho de huelga vulnera los principios democráticos más elementales, y esa es una de las razones por las que el PSOE debe liderar un gran pacto de izquierdas que lleve a la derogación del art 315.3..
Huelga no es delito. La lucha, sindical y política debe seguir hasta la derogación del 315.3 del Código Penal.
Baltasar Santos Fernández
Tribuna Socialista 