La Salud Laboral es indisociable de la Salud Pública

Este 28 de abril nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública, como no se recordaba desde hace más de un siglo por ello elegido el lema elegido por UGT y CCOO “Paremos la Pandemia en el Trabajo” cobra plena actualidad este año.

Pero este año tiene muchas diferencias con otros en los que se reivindicaba poner en los primeros puestos  de la agenda de la clase política la prevención de riesgos laborales, se pedía acabar con la siniestralidad laboral, entre otras reivindicaciones…Este e 28 de abril, el de la crisis sanitaria mundial rinde  homenaje a las víctimas del #Covid19 , pero también  a las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han combatido la pandemia en primera línea y es que  los trabajadores y trabajadoras  de los servicios esenciales han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

Y es que si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia a la que nos enfrentamos, es que la Salud Laboral es indisociable de la salud pública; ha revelado el error de las políticas que han priorizado los beneficios empresariales sobre derechos prioritarios como es la Salud y el Trabajo digno.

A pesar de los avisos de que las políticas de austeridad impuestas por el PP,  diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la Sanidad Pública, ha tenido que venir una pandemia de estas características para que todo quede visible a los ojos de la sociedad.

Desde 2008, se redujeron las inversiones en Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y las políticas públicas activas en materia preventiva, 2012 y la reforma laboral del PP dejaron la prevención muerta, la excusa de la crisis valía para todo.

La consecuencia de los recortes, ha dejado mayor precariedad laboral, y un repunte de los accidentes de trabajo que cada año va en aumento.

La siniestralidad laboral mata, esto es así de claro y además produce accidentes que deja con secuela a las trabajadoras y los trabajadores para toda su vida.

Este 28 de abril Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es el momento de ser rotundos y afirmar que “no se puede mercantilizar la Salud Pública, ni la Salud Laboral. Hay que garantizar que este derecho sea prioritario y que llegue a todo el mundo.

Y es que desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace más de  25 años, se ha desvirtuado la prevención y en muchos casos se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, ello ha hecho que los servicios de prevención, en muchos casos parecieran ausentes y en un caso tan grave como el actual,  mostraran sus  limitaciones.

En una crisis sanitaria sin precedente en nuestra historia moderna, nos encontramos con que los servicios de prevención ajenos prácticamente han desaparecido y algunos han solicitado ERTEs para parte de sus plantillas, mientras, ofrecían test de COVID-19 a sus clientes.

Otra de las grandes ausencias inexplicable durante esta pandemia, han sido las Instituciones públicas en el ámbito laboral.

Este 28 de abril Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo  debe servir además de para marcar errores para intentar poner el dedo en la llaga de la situación de la Salud Laboral en nuestro país.

Es necesaria una mayor coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Trabajo tanto en la Administración General del Estado como en las CCAA y Ayuntamientos.

Es inadmisible  la reducción que se hizo de la plantilla del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy necesario ahora para liderar la prevención ante esta pandemia.

Son necesarios más  Inspectores de Trabajo, pues  España  tiene la ratio más baja de Europa.

Es fundamental  para afrontar esta crisis sanitaria y velar por la seguridad y salud de las personas trabajadoras, apostar por la prevención y cumplir con la normativa marcada por las autoridades sanitarias, usando los Equipos de Protección Individual ( EPI) en los centros de trabajo para evitar accidentes  y contagios.

Es imprescindible el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

En este 28 de abril tan especial, es importante señalar la labor de los sindicatos y sobretodo   destacar  la inestimable labor  que están llevando a cabo los miles de Delegados y Delegadas de prevención y los Comités de Seguridad y Salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para cuidar de todxs y que en momentos como el actual, se han convertido en verdaderos héroes a los que sin embargo, no se les aplaude desde los balcones y es que el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha puesto  el acento en una situación que más pronto que tarde tendremos que afrontar, los sindicalista de este país hacen una labor esencial  y los liberados sindicales,( esos tan denostados que han sido los primeros en volver a sus puestos de trabajo antes incluso de que se declarara el estado de alarma)  realizan sus trabajos en sus centros de trabajo y luego siguen atendiendo a sus compañeros y compañeras durante 24 horas al día; en definitiva, es fundamental cambiar la visión de lo sindicatos y los sindicalistas que durante todo el mandato popular han venido sufriendo campañas de acoso insoportables.

Lo que sí está claro es  que tras el covid-19, debe configurarse un mundo más justo y solidario, donde la Salud y la Seguridad de las personas se conviertan en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas, no podemos consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, la Salud y la Vida.

 María Iglesias Domínguez- Periodista- Redacción Tribuna Socialista

Basta de Negocios con la Sanidad

El pelotazo de la Sanidad privada en Catalunya y en todo el estado sigue haciendo su agosto en plena pandemia del COVID_19. La actual pesadilla que vivimos los catalanes y catalanas es consecuencia directa de años de recortes en sanidad y en servicios públicos.

El President Quim Torra, abonará a cargo de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya a los hospitales privados y concertados que funcionan fuera de la red sanitaria pública más de 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La cifra llama poderosamente la atención, ya que según la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) los costes de hospitalización por enfermo de coronavirus oscilan entre 250 euros diarios en caso de hospitalización normal y hasta 750 euros en caso de internamiento en UCI (unidades de cuidados intensivos).

Según el director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Lluís Monset, el tratamiento “son poco más de 1.000€ al día”. Haciendo las cuentas, el coste de atención a un enfermo que está 21 días internado en UCI podría alcanzar la cifra de 21.000 €, lejos de los 43000 €.

El modelo de salud catalán preveía hasta ahora un coste por enfermo de 23000 € cuando se derivaban pacientes de la sanidad pública a la concertada.  La crisis del Covid_19 en Catalunya quasi duplica esa cantidad. Un gran negocio para la sanidad privada por decisión directa del President de la Generalitat, que con una mano exige más dinero del Estado (es decir, del dinero de todos) y con la otra mano transfiere el dinero a la sanidad privada.  El zorro al cuidado de las gallinas.

Una aclaración posterior de los técnicos y asesores de Torra ha puesto de manifiesto que  “Únicamente se obligará a los hospitales privados a devolver dinero si han obtenido un beneficio excesivo (…) se devolverán si estos son superiores a lo razonable”. El cinismo es completo. ¿qué es un beneficio razonable?

La derecha catalana y la escabechina a la sanidad pública

Los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Govern del derechista Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

El Institut Català de la Salut (ICS) ha pasado de 6.600 facultativos a 5.700.  De 2010 a 2017, la derecha catalana ha recortado 1.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública.

A finales de enero de 2020, cuando todavía observábamos como algo ajeno a nosotros la pandemia, el “Círculo de Salud” publicó un estudio “la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza”. Dicho estudio concluye que el presupuesto para el gasto sanitario público en Catalunya se tendría que incrementar en más de 5.000 millones de euros cada año para equipararse al gasto de salud público de países con sistemas de salud homologables.

Aunque desde el gobierno de la Generalitat se anunció a bombo y platillo que los nuevos presupuestos de la Generalitat revertían los recortes en sanidad, desde el sindicato “Metges de Catalunya” se dice que “En el año 2010 teníamos un presupuesto para sanidad de 9.875 millones de euros, y en 2020, dispondremos de 86 millones menos. sin contar una inflación del 16,3% en Catalunya, que se debe restar a las cuentas, siendo que de esta manera el presupuesto real es de aproximadamente 8.190 millones de euros, es decir 1.685 millones de euros menos en 10 años.

Eso sí, la sanidad privada ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados:

  • El 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.
  • Catalunya se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privades.

La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados por JxCat y ERC con los Comuns, presentados como un gran avance, solo destinan 913 millones a incrementar la dotación de los hospitales públicos, lo cual, según Metges de Catalunya “no permite recuperar los niveles de gasto del ejercicio de 2010, previo a los recortes, y continúa alimentando la infrafinanciación crónica del sistema”.

¿Y el caso de las residencias de gente mayor?

Lo mismo ocurre con las plazas de residencia, que se han convertido en verdaderos “mortuorios” para nuestros abuelos.  En 2016, de 57.000 plazas de residencia en Catalunya, solo 5.000 (9%) eran gestionadas directamente por la Generalitat, según datos de la propia patronal del sector.

En muchos de estos centros los ancianos se contagian y no hay medios para atenderles, ni a ellos ni a sus cuidadores y cuidadoras. Faltan mascarillas, no se hacen test al personal ni a los demás ancianos salvo que muestren síntomas graves, permitiendo que siga el contagio.

Por poner solo un ejemplo. un conocido y prestigioso centro privado de la comarca del Baix Penedès, integrado en la ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española),  cuyo origen se remonta a 1941. Nace como centro de pacientes agudos, pero amplia su cobertura asistencial a los pacientes crónicos en el año 1983, con su incorporación al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya. Se convierte así en centro proveedor del CatSalut y es nombrado Centro Sociosanitario de referencia de la Comarca del Baix Penedès, con un pabellón y 120 camas sociosanitarias, además de las 24 camas de Residencia Asistida, también concertadas con el ICASS.

Durante el inicio de la crisis del COVID-19, la dirección del centro prohibió a algunos trabajadores llevar mascarilla para no crear alarma social. Más adelante, cuando las mascarillas se hicieron obligatorias, dan una mascarilla por semana al personal. Algún enfermero había comunicado que su pareja había dado positivo por COVID_19, pero sin embargo, la dirección obligó al trabajador a seguir trabajando, sin hacerle prueba alguna, y asumiendo el riesgo de contagio a compañeros y pacientes.  Según fuentes de trabajadores a los que hemos tenido acceso, la mayoría de personal sanitario ha sido contagiado, y del centro sociosanitario, en el que existen 120 camas, al menos 80 ancianos han sido contagiados, y han muerto, al menos, 60 personas entre los meses de marzo y abril, cifra muy superior a la de otros años por la misma fecha. No existent datos oficiales al respecto, o de existir están en un cajón del departamento de salud.

A gran parte del personal, sanitario y no sanitario, se les ha obligado a hacer uso de sus vacaciones para hacer rotar al personal, algo expresamente prohibido por la legislación laboral. Algunos de los trabajadores contagiados han retornado al trabajo activo después de superar los síntomas de la enfermedad, sin hacerles ninguna nueva prueba de detección del virus.

Según comentan algunos familiares en redes sociales, la mezquindad roza lo inimaginable, cuando se discrimina a los pacientes que son atendidos en virtud del régimen de concertación. A estos pacientes no se les da merienda, mientras que a los privados sí. ¡Negarle la merienda a un abuelo!.

El último gran escándalo ha saltado a los medios de comunicación estatales el 20 de abril, cuando una familiar de un abuelo hospitalizado fallece dos días después de habérsele dado el alta médica. El paciente en cuestión era residente de otra residencia de la comarca, se contagió por coronavirus, y fue llevado al hospital del Vendrell. Superada la enfermedad, el Hospital del vendrell deriva al paciente a este centro privado para pasar la cuarentena. Es ingresado en la sección de agudos (no de residencia). Según el familiar, el abuelo es ingresado el 2 de abril y desde entonces permaneció encamado hasta el alta de la policlínica el 17 de abril. En esa fecha, el paciente, ya con el alta médica, es derivado a su residencia de origen, quienes alertan a los familiares de las llagas y necrosis con que el paciente llega a la residencia, signo de no habérsele practicado los cambios posturales exigidos en estos casos. El paciente fallece 2 días después por una infección de orina. Fuentes profesionales a las que hemos accedido dicen que las llagas y necrosis pueden causar asepsis, infección en la sangre, y causar complicaciones como las que han acabado con la vida de este usuario. Venció el coronavirus pero no resistió la desatención sufrida en un centro privado.

Este es el tipo de centros privados con los que el Govern de Quim Torra hace negocios. Mientras tanto, la Consellera de Salut, Alba Vergés, ha recomendado limitar “el esfuerzo terapéutico” de los pacientes mayores de 80 años con coronavirus Covid-19 y proceder a tratamientos de confort (morfina). Si tienes más de 80 años, la sanidad no hará por ti más que sedarte. ¿Es esto lo que merecen todos esos abuelos que han sido el soporte económico de miles de familias durante la anterior crisis económica?.

Sin duda, la izquierda política y social tiene que reaccionar ante este atropello.

Tenemos que recuperar los hospitales y residencias para el sistema público.

La rápida propagación y las muertes causadas por el SARS-CoV2 en Catalunya son consecuencia directa de las privatizaciones y recortes masivos en la red pública de hospitales, centros de atención a mayores y otros servicios sociales realizados por los representantes políticos de la derecha catalana. La falta de voluntad de Torra y su Gobierno para dotar a la sanidad pública de recursos suficientes y enfrentarse a sus colegas empresarios de la privada es más que evidente.

No vale excusarse, como suele hacer el President Torra, en la falta de competencias de la Generalitat, ni en el “España nos roba”, ni la eterna promesa de que cuando alcancemos la independencia nos sobrarán hospitales. Ya está bien de mentiras. Para entregar todas esas clínicas, hospitales y residencias de ancianos a sus amigos de la burguesía catalana no le han faltado competencias.

Y cuando a finales de 2018 los médicos fueron a la huelga exigiendo más medios y personal, la respuesta de los gobiernos de CiU y JxCat-ERC fue enviar los Mossos d’Esquadra a reprimirles y negarse a tomar medidas que hoy habrían servido para afrontar la pandemia de otra manera.

Pero es que incluso el argumento de “falta de competencias” se deshace por sí solo. El pasado 15 de marzo Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma y entregaba a las Comunidades Autónomas el control de los centros privados y ponerlos al servicio de lo público.

De esta manera, la Generalitat podría haber controlado la sanidad privada, podía haberla expropiado sin indemnización, podía haber dotado la sanidad pública de los recursos humanos necesarios, abrir todas las plantas hospitalarias cerradas, comprar material médico, quirúrgico y de protección, pero nada de eso…..lo que hace en realidad es incrementar la cuenta de resultados de los empresarios del sector privado sanitario y sociosanitario, sus amigos y protegidos, entregándoles 43.000€ por cada paciente que pase por una UCI, independientemente del tiempo que permanezca ingresado en ella.

Para los pacientes menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500€ para hospitalizaciones inferiores a los 3 días, y  5.000€ a partir de los 4 días. La Generalitat también abonará 93€ por cada test PCR que realice la sanidad privada, y en centros privados como el del ejemplo, se comercializan estos tests, incluso para los trabajadores con mutua, por 150 €, eso sí, previamente tienen que pasar por consulta, y abonar la consulta médica para que el médico dictamine la necesidad de practicar la prueba. Claro que sí, negocio sin escrúpulos.

¡No, President Torra!. Así no. Deje de invertir en los negocios de sus amigos, e invierta en la sanidad pública que es de todos y todas las catalanas.

Baltasar Santos

TS Tarragona

 

Reflexiones sobre un programa para la recuperación

Los socialistas necesitamos un proyecto, un programa de actuación para ofertar a la sociedad, que nos permita afrontar la crisis sanitaria, social y económica en las mejores condiciones posibles.

La crisis del COVID-19 puede prolongarse durante un período más o menos largo con importantes consecuencias  para los trabajadores, las empresas, las familias, los jóvenes y los mayores.  Se esperan caídas del PIB en todos los países, que pueden oscilar entre 7% y el 20% dependiendo de la duración de la pandemia. China ha sufrido una importante disminución en su producción;  EEUU ha perdido la mitad de su capitalización bursátil; en Europa las perdidas también son importantes. La crisis económica provocada por la pandemia, que los expertos denominan  shock  de  la oferta y la demanda a nivel global,   tendrá un efecto de  empobrecimiento en todos los países.

Se aprecia cierta desglobalización y contracción del comercio internacional y una demanda generalizada de mayor control nacional y europeo de las cadenas de suministros, que podría derivar a un mayor proteccionismo económico.

No se espera que el consumo tenga una pronta recuperación por el empobrecimiento de los trabajadores, las clases medias y los ciudadanos en general. Las economías van salir con un endeudamiento, inevitable, pero importante, al que habrá que hacer frente.

Se ha puesto en evidencia la necesidad de destinar un montante importante de recursos a políticas, sanitarias,  sociales y empresariales. Así mismo, se refuerza la importancia de lo público, del interés colectivo por las conquistas  del estado de bienestar y de las políticas públicas, tanto para luchar contra la enfermedad, como para ofrecer un colchón para aquellos que pierden la actividad y los ingresos. También para la viabilidad de las empresas y la actividad económica lo público se ha convertido en esencial.

Por otra parte, son necesarias reformas fiscales coordinadas a nivel europeo para que los costes de esta crisis se repartan de forma equitativa.

La solidaridad europea es decisiva para frenar los efectos de la crisis, pero esta por ver si caminamos hacia una Europa de más estados, como se ha puesto de manifiesto en la política de gestión de la fronteras internas y externas, o bien, de más Europa.

De momento, contamos con el programa del Banco Central Europeo de Emergencia pandémica y nos han quitado el corsé, temporalmente, de las normas del pacto de estabilidad. Pero habría que asegurar que Alemania y Holanda no impongan de nuevo un giro hacia la austeridad.

Harán falta muchas inversiones para la reactivación económica y caminar hacia propuestas que supongan de hecho la mutualización de la deuda en la Unión Europea.

Por lo que respecta al estado español, es evidente que el modelo de crecimiento basado en el turismo low-cost vinculado a la construcción y la especulación urbanística está hundido. La actividad turística, es previsible que tenga una recuperación muy lenta. Tenemos que aprovechar la coyuntura para rediseñar nuestro modelo de crecimiento, de forma realista y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Consideramos que las inversiones en la agricultura local, puesta en relación con la reforestación de nuestros bosques y el uso de los recursos hídricos, pueden ser una buena opción. Así mismo,  la apuesta por la digilitalización de la economía y el paso a la utilización de energías renovables no contaminantes se encuentran dentro de las políticas a incentivar por la Unión Europea, Y, en todo caso, son una necesidad para evitar la degradación de la vida en nuestro planeta.

La regulación de los sectores estratégicos como las eléctricas y demás empresas energéticas es otra de las tareas pendientes.

Igualmente, es necesario el mantenimiento  y mejora de las infraestructuras hidráulicas, el buen estado del cauce de los ríos y demás actividades e inversiones que prevengan las consecuencias de danas o gotas frías para prevenir inundaciones. Las inversiones en redes locales de transporte colectivo constituyen otra opción. Tenemos la oportunidad de modernizar nuestra red de trenes de cercanías y de hacer realidad el corredor del mediterraneo.

El apoyo al crédito y la financiación de las pequeñas y mediana empresas es un tema central en cualquier programa de reactivación económica. En este campo debería considerarse la posibilidad de mantener BANKIA como entidad pública.

En el caso de las grandes empresas, si necesitan fondos públicos la administración debería quedarse con una cuota del capital social de las mismas, que garantice nuestra participación en los beneficios futuros y la recuperación de la inversión. El gobierno Alemán, nada sospechoso de izquierdista, o el norteamericano ponen estas condiciones a la hora de apoyar a sus empresas.

Por otro lado, es imprescindible  invertir en sanidad y servicios sociales,  No puede ser que la sanidad  y las residencias de la tercera edad sean un negocio para los fondos de inversión de paraísos fiscales. Para aumentar sus beneficios ahorran en costes de personal y suministros. Esta tipo de negocios se han mostrado como un riesgo para la salud. Tampoco es defendible que los trabajos, que se han manifestado como esenciales, como son los que prestan los trabajadores de comercio, los de limpieza y la atención y cuidado de las personas, sean los peor pagados y trabajen en condiciones de precariedad.

La educación  y la formación es otra área necesitada de recursos y habría que hacer una apuesta seria por la economía del conocimiento y la investigación.

Todas estas inversiones crearían empleo y mitigarán el problema del paro cuyas cifras, según la EPA del primer trimestre de 2020, están subiendo de forma alarmante.

La cooperación y la colaboración entre nuestros territorios, municipios y CCAA se hacen indispensables para articular e implementar el programa de salida de la crisis, si lo que busca una salida participativa y democrática. Por su parte, las organizaciones empresariales y los sindicatos  acercarán al terreno práctico las propuestas. Pero para que esto sea efectivo es necesario derogar toda la legislación antidemocrática sobre la negociación colectiva, la ley mordaza, la reforma laboral, etc.

Hay que aprovechar para solucionar la financiación de la CCAA y caminar hacia un estado federal que articule la cooperación y solucione el conflicto territorial desde la libertad y el acuerdo,

Garantizar una renta a los que han perdido su empleo y a los más desfavorecidos es otra de las medidas necesarias para asegurar una vida digna y estimular el consumo.

Necesitamos un nuevo contrato social si, pero uno que abra la vía hacia una reforma constitucional federal y republicana de nuestra constitución que garantice la cooperación y las libertades políticas y sindicales y la cohesión política y social.

Marta Climent.  Trinidad Piquer.

 TS Valencia


De esta crisis saldremos, pero no a costa de los de siempre

Los trabajadores y trabajadoras de: Ahorro, Banca, Consultoría, Contact Center, Cajas Rurales, Seguros, Servicios de Prevención, entre otros muchos de nuestro entorno sectorial, están sufriendo la pandemia de muchas maneras. La sufren como la población en general, confinados, pero también laboralmente. Unos, porque están siendo afectados por el desempleo, aunque sea temporal, y otros porque pertenecen a un sector de los considerados esenciales y tienen que continuar trabajando, muchas veces de cara al público; es el caso de los trabajadores y trabajadoras de la entidades financieras, prevención o seguros que realizan su labor de cara al cliente.

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, también se contagian y, lo peor de todo, también mueren; es el caso de dos trabajadores, de 49 y 52 años, del sector de Ahorro en Madrid.

Todas las estructuras sectoriales: las secciones sindicales de la UGT, los delegados y delegadas de los comités de empresa, los Sindicatos de Financiero, de Seguros y de Oficinas y todos los organismos de FeSMC-UGT, estamos trabajando a destajo desde que se decretó el Estado de Alarma. Nuestra mayor preocupación está siendo la protección de los trabajadores y que no se vulneren los derechos de los afectados por las medidas extraordinarias y de fuerza mayor. No faltan las empresas que pretenden aprovechar la situación, como si de una “barra libre” laboral se tratase.

Está siendo muy elevado el número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están presentando en sectores como el de ingenierías o Contact Center, en empresas en las que no hay representación sindical. Menos mal que la Ley obliga a informar y dar audiencia a los sindicatos más representativos –los que tenemos más de un 10% a nivel estatal: solo UGT y CCOO, y a los que tienen más del 15% en el ámbito autonómico-. De esta forma, desde el Sindicato de Oficinas de FeSMC-UGT, estamos dando cobertura a muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen comité de empresa ni delegado de personal y que no están afiliados a ningún sindicato. En el Sindicato de Oficinas, desde que se decretó el Estado de Alarma, hemos  atendido 90 comunicaciones de ERTEs, que han sido negociados por la Comisión Permanente y colaboradores de ese Sindicato federal De los llamados ERTEs de Fuerza Mayor se han hecho informes oponiéndonos a los mismos ante la Dirección  General de Trabajo, porque consideramos que la actividad que desarrollan no se ajusta a los motivos previstos por el Gobierno en su Real Decreto. Posteriormente y como consecuencia de ello, ya ha sido demandada ante la Audiencia Nacional (AN), la empresa de Contact Center, Konecta BTO.

Nos estamos encontrando con situaciones peculiares; es el caso de los trabajadores de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Algunas de estas empresas están despidiendo a los trabajadores puestos a disposición, cuando la empresa usuaria (la cliente de la ETT) presenta un ERTE para su plantilla. Mientras que los trabajadores de las empresas donde prestan servicio tienen las prestaciones reguladas en el Real Decreto 8/2020, los trabajadores en misión de la ETT no tienen esa cobertura –la más importante es la garantía de retorno al trabajo cuando el ERTE se extinga-, generándose una situación discriminatoria. A nuestro entender, deberían tener las mismas prestaciones, coberturas y garantías de empleo todos los trabajadores.

Otra vertiente laboral de esta pandemia es el teletrabajo. Muchísimos trabajadores y trabajadoras están realizando su labor desde su casa. Tenemos que decir que celebramos la medida, siempre pensando en la protección de la salud de los trabajadores y de la población en general, pues así se evitan riesgos. Del mismo modo que los ERTES son un mal menor frente la destrucción definitiva del empleo, el teletrabajo está bien siempre que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

En los sindicatos Federales de FeSMC-UGT de Financiero, Seguros y Oficinas, no menos del 50% de las plantillas están teletrabajando. Concretamente en las entidades financieras, un sector considerado esencial, la puesta en marcha de las campañas de créditos y avales ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha provocado un aluvión de trabajo que está llevando a trabajar muy por encima de la jornada laboral establecida en convenio. Algunas direcciones comerciales de bancos y cajas no se han debido enterar de que estamos afectados por una pandemia como jamás hemos vivido, y se empeñan en alcanzar los objetivos de venta que tenían fijados. El hecho de trabajar desde el domicilio particular no puede llevar a trabajar jornadas de diez o doce horas y a no respetar las fiestas y fines de semana.

Tenemos muy recientes nuevas legislaciones, como el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), por el que tanto hemos trabajado desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT, que establece el Registro de Jornada por el que se tiene que garantizar el pago o la compensación del exceso de horas trabajadas. También está el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, para la Protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales; en dicho Artº. 88 queda muy bien recogido el derecho a la desconexión.

En todo caso, la crisis vírica nos está dejando claro que hay que seguir avanzando en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay que regular, en los convenios colectivos, cómo y en qué condiciones se desempeña el teletrabajo, siempre mejorando lo que ya establece la ley. Por ejemplo, desde ya, reivindicamos que los suministros: wifi, luz, los metros cuadrados de la vivienda destinados a lugar de trabajo, etc., sean asumidos por la empresa, en la parte que corresponda, ya que son gastos que en este momento están siendo asumidos por los trabajadores. La tecnología aplicada a la producción no puede traducirse en ahorro de costes para las empresas y cargas para los trabajadores.

En este 1º de mayo virtual, que no por ello menos reivindicativo, tenemos que poner en común las reivindicaciones de los trabajadores y comprometernos a defender los derechos de nuestros representados. De esta crisis se saldrá, pero no puede ocurrir que, como en la anterior, sea a costa de ampliar la brecha salarial entre hombres y mujeres ni de los derechos de la mayoría social: asalariados, desempleados, pensionistas y jóvenes.

¡Viva el 1º de mayo 2020!

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal del Sector Financiero,

Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT

 

 

Un 1º de Mayo virtual, pero no menos reivindicativo

Por vez primera en la historia, se va a celebrar el 1º de Mayo, “Día internacional del Trabajo”, virtualmente; solo con videos, manifiestos, entradas en páginas web, blog y redes sociales. Es el cóctel de la digitalización y la pandemia del COVID-19. Pero el hecho de que nos veamos obligados, por las circunstancias, a no poder manifestarnos en la calle, no significa que este 1º de Mayo no esté cargado de reivindicaciones.

Los trabajadores de todos los sectores de actividad, sin exclusión, están exigiendo protección para el desempeño de su trabajo. Es lo mismo que venimos exigiendo desde hace muchas décadas: inversión en prevención de riesgos laborales. En esta ocasión con un motivo añadido muy concreto, como es minimizar el riesgo de contagio. La prevención de los riesgos laborales no es una cuestión menor, en enero se produjeron 56 muertes en accidente laboral, un 27,3% más que en enero de 2019. Y el año 2019 se cerró con la muerte de 605 trabajadores y trabajadoras. Lo hemos visto con la explosión vírica del coronavirus. Uno de los grandes problemas ha sido el desabastecimiento de equipos de protección, incluídos los más básicos. No hay nada que inventar, lo que hay que hacer es invertir. Este 1º de Mayo reivindicamos protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Reivindicamos empleo para todos y todas, de calidad. La tasa de paro al cierre de 2019 fue del 13,78%, es decir que 3.200.000 de trabajadores carecían de puesto de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por un ERTE, a fecha de 14 de abril publicado en la revista digital “Mercado Libre”. En julio veremos la EPA del fatídico segundo trimestre. Recodemos que el primer trimestre de 2013 –justo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP- se alcanzó la espeluznante cifra histórica de 6,2 millones de desempleados en nuestro país. Estos datos justifican el temor al desempleo, generan incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro inmediato.

La experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó en 2008, y de la que muchos y muchas de los de nuestra clase social aún no han salido, nos ha dejado la sospecha de que se pretenda que la reconstrucción económica sea pagada nuevamente por los más desfavorecidos. Aquella crisis sirvió para abaratar el despido, para devaluar los salarios y para deteriorar las condiciones de trabajo.

Esta crisis sanitaria nos está enseñando la cara más cruel del capital. Desde la derecha: política, económica y mediática, se ha presionado al Gobierno para que se reabra la actividad económica; y así se hizo desde el 13 de abril. A la vez, muchas comunidades autónomas han presionado para que las familias salgan con los niños menores de 14 años, en su afán por aparecer ante la ciudadanía como los que abren las puertas, dejando al Gobierno solo, ante el agotamiento de la ciudadanía tras siete semanas de confinamiento; así está ocurriendo desde el domingo 26 de abril. A fecha de redactar esta editorial ya se está produciendo un repunte en el número de muertos y afectados, que se mide comparando el bajón que iba produciéndose con las cifras actuales, según datos del Ministerio de Sanidad a 25 de abril. ¿Quién se hace responsable de ese plus de muertes y de esos contagios? ¿Son bajas asumibles, daños colaterales?

En la sesión de control al Gobierno, celebrada el 22 de abril, el PP pedía al Gobierno determinación. Desde Tribuna Socialista coincidimos en eso con el señor Casado, aunque solo sea en la formulación. Los trabajadores también le pedimos determinación al Gobierno. Pedimos determinación para intervenir en la sanidad privada y que se devuelva el dinero público que haya podido pagar el Govern del Sr. Torra a establecimientos privados sanitarios. Determinación para paralizar la privatización permanente que lleva a cabo la señora Ayuso en Madrid, utilizando infojob para gestionar empleo público o cadenas de comida basura para asistir a las familias en situación de pobreza. Determinación para exigir la devolución del dinero público con el que se sanearon entidades bancarias que al poco fueron entregadas a otras entidades privadas, máxime cuando nuestros bancos se dedican a sacar dinero de España en dirección a paraísos fiscales: es el caso de Caixabank que prepara la “apertura de un banco en Luxemburgo para ricos españoles”, según informa eldiario.es en su edición del 13 de abril. Determinación para dotarse de un polo de Banca Pública que canalice el crédito del ICO sin depender de las entidades financieras privadas, para que garantice los servicios bancarios básicos en todos los municipios del Estado. Determinación para depurar responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores. Determinación para municipalizar la gestión de los servicios funerarios y que la muerte deje de ser un negocio…Deternimación.

El compañero Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de no repetir lo que hizo el compañero José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Ha tomado una serie de medidas para proteger a los sectores más afectados… No es suficiente. Lo que la mayoría social reclama es un plan de emergencia que levante el país y genere masivamente empleo público, reforzando la sanidad y demás servicios públicos.  La reconstrucción no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas ni de los jóvenes de nuestro país.

La respuesta a aquellas medidas de mayo de 2010 ya la vimos en noviembre de 2011. Y lo peor es que las sufrimos en marzo de 2012 y en el mismo mes de 2013, con la violenta reforma laboral y la agresiva reforma de las pensiones, respectivamente. El Gobierno debe restaurar los derechos de los trabajadores que el PP lesionó. Derechos que son fundamentales para defendernos en esta crisis: restableciendo el principio de ultractividad de los convenios, anulando el despido barato, quitando el descuelgue empresarial en los convenios… que derogue la reforma laboral y garantice el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, apoyamos a los trabajadores de hospitales de Cataluña, de Madrid, de Galicia… que se movilizan diciendo que no son héroes sino trabajadores y que a los políticos que les llaman héroes les piden hechos: revertir los recortes de la sanidad desde 2010, de medios, de personal, y también el 5% del salario. Eso sería apoyarles y valorar su labor, lo demás son gestos y palabras huecas.

El pacto de reconstrucción debería ser posible con todas las fuerzas que representan a los trabajadores y a los pueblos del Estado español, para proteger a la mayoría, para corregir lo que se ha puesto en evidencia que no funciona, para llevar a cabo una reforma constitucional que aborde las prioridades de la mayoría. Lo que planteamos no es una quimera ni una utopía, es simplemente democracia.

¡Viva el 1º de Mayo!

Comité de Redacción de TS