Categoría: Editoriales

Editorial: No somos neutrales

Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.

No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.

Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.

La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.

Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.

A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.

No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.

Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.

Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.

Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.

La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.

La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.

Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.

Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.

Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.

Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.

No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.

En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.

Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.

Comite Redaccion Tribuna Socialista.

Editorial: ¡Alto a la Guerra social y militar!

La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.

Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.

La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:

Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).

Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la persona de (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:

“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”

A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.

Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.

La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.

Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.

Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.

La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.

El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…

La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.

Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.

Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.

Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022

Editorial: La Economía va bien, según a quién preguntes

El legítimo ejercicio de decir lo que se piensa es tan saludable como hacer deporte. Es agotador, sí, como el ejercicio físico, pero según los facultativos estimula el organismo y se duerme mejor. También se corre el riesgo de lesiones, pues siempre habrá quién nos pongan una zancadilla o la etiqueta de “enemigo”. El Comité de Redacción de Tribuna Socialista venimos practicando esta disciplina desde que iniciamos la actividad en julio de 2005, y lo hacemos como un deporte de equipo, debatiendo cada editorial que firmamos. En TS-140 queremos poner el foco en la situación económica.

El Gobierno de coalición resalta y pone en valor lo bien que va la economía: el IPC se ha moderado al 5,7% “el más bajo de Europa”; la tasa de paro es la de las más bajas desde que hay registros; la temporalidad ha caído en picado; tenemos los precios de energía, gas en particular, más bajos de la UE…

Todo eso que se dice y se publica es cierto, los datos son irrefutables. No obstante, como decía Gila: “depende de con quién lo compares”.

En relación con el IPC(1), en 2021 se impuso el IPC medio, 3,08%, para la revalorización de las pensiones y para las comparativas con el incremento salarial, cuando el IPC interanual a diciembre fue del 6,5%. Este año que ha terminado, el IPC medio se ha situado en el 8,39%, sin embargo, se toma de referencia el interanual a diciembre que ha sido del 5,7%.

Las Pensiones contributivas, que representan el 95% de todas las pensiones, se revalorizaron para 2022 con un 2,5%, cuando debieran haberse revalorizado con el 6,5%, acorde al IPC de diciembre. Por lo que las pensiones contributivas arrastran un déficit del 4%. Para 2023, la revalorización aprobada por el Gobierno para las pensiones contributivas es del 8,5%, parejo al IPC medio del año pasado, por tanto, siendo una medida positiva motivada por la movilización del movimiento de pensionistas del 15 de octubre, se arrastra una pérdida de poder de compra del 4%. Sin olvidar la pérdida de poder adquisitivo de los años en los que el PP impuso el incremento de las pensiones con un mísero 0,25% (de 2014 a 2017 ambos inclusive).

Por su parte, los salarios se incrementaron en promedio el 1,47% y el 3,24%, en 2021 y 2022 respectivamente. Esto supone una pérdida acumulada, en estos dos últimos años, del 7,54%. Comparando el incremento con el IPC de diciembre, que es el que el Gobierno está utilizando este año.

Hay que señalar, pues ahí el foco alumbra con menos intensidad, que el IPC de la cesta de la compra: Alimentación y bebidas no alcohólicas, se ha situado en el 15,7%, prácticamente tres veces el IPC interanual y el doble que el IPC medio. Esto vale para salarios y para pensiones. Para evitar este juego de IPCs; entre interanual, subyacente, medio… habría que aplicar el mismo principio que se utiliza en derecho penal: “la condición más beneficiosa”, en este caso para el ciudadano. Como veremos a continuación esta propuesta no es descabellada, a la vista de los beneficios empresariales.

Para la clase empresarial la economía va muy bien, aunque no lo reconozcan. Los beneficios de las 35 empresas que componen el Ibex, se estiman en 56.321 millones de euros, al cierre de 2022, a expensas de que las empresas hagan públicos sus beneficios al cierre del 4º trimestre de 2022. Banco Sabadell ya ha declarado que, en 2022, ha obtenido un 62% más de beneficio neto que en el ejercicio anterior.

Un dato que orienta sobre la lujuria en la que está instalado el mercado libre, libre según para quién, es la remuneración de un banquero (no confundir con un bancario) del Banco Santander que en 2021 percibió una remuneración de 14,6 millones de euros; dato aportado por la Asociación Española de Banca (AEB). Alguien puede argumentar que esto es anecdótico, pero estaría mintiendo, pues la “anécdota” beneficia, al menos, a 221 directivos del sector financiero, que cobran más de 1 millón de remuneración cada año, según la misma fuente, la AEB. Por ejemplo, la señora Botín, presidenta del Banco Santander percibió en 2021 (aún no hay datos del 2022) 12,29 millones de euros, un 23% más que antes de la pandemia. El consejero delegado del BBVA, el Sr. Álvarez tuvo una remuneración de 9,16 millones de euros y el presidente de Caixabank, el Sr. Goirigolzarri, dobló la remuneración que tenía en Bankia, al pasar de cobrar en torno a 800.000 euros al año, cuando Bankia era de propiedad pública, para percibir en 2021 1,7 millones de euros. Remuneraciones que no incluyen las aportaciones a los Fondos de Pensiones.

Estos datos son de estos años de pandemia y crisis. Datos que no permiten pensar más que el alza desmesurada de los precios tiene la finalidad única de saquear los bolsillos de la clase trabajadora para cebar las cuentas de una minoría social privilegiada. Una vergüenza, en definitiva, porque esos beneficios salen del incremento de los precios de los productos básicos.

La lujuria económica no está instalada solo en el sector financiero. Se estima que las empresas de la energía también han obtenido beneficios multimillonarios: Iberdrola 12.825 millones de euros, Repsol 6.033. O las de telecomunicaciones, como Telefónica, con un beneficio estimado de 12.815 millones de euros. Los presidentes de estas empresas obtuvieron remuneraciones estratosféricas, en 2021: el señor Galán, presidente de Iberdrola, se embolsó 13,2 millones de euros, el Sr. Brufau, presidente de Repsol, obtuvo una retribución de 2,77 millones de euros y el presidente de Telefónica, el Sr. Álvarez Pallete, percibió 1,92 millones de euros.

El Banco de España ha hecho público que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios. ¿Solo 7 veces? Teniendo en cuenta que, según el INE, el salario mediano en España en 2021, mismo año de las cifras dadas respecto a las remuneraciones de los altos directivos, fue de 1.757,4 € brutos. Según esto, los percibido por el presidente de Iberdrola supone 626 veces el salario mediano de los trabajadores y trabajadoras, y la remuneración de la señora Botín supone 583 veces dicho salario mediano.

En una cosa tiene razón la ministra Belarra, cuando llama “capitalistas despiadados” a los propietarios y directivos españoles, y pone de ejemplo a Juan Roig, presidente y propietario de Mercadona – este señor tuvo un sueldo bruto de 10,65 millones de euros en 2021-. Si tomamos el Convenio Colectivo de Mercadona, veremos que el grupo profesional mejor pagado es el de “Gerentes y Coordinadores”, con un sueldo base mensual de 1.643,35, es decir que el Sr. Roig, ese que tanto se ha ofendido por las palabras de la ministra, gana 540 veces más que la media de los mejor pagados de su empresa. En lo que no tiene tanta razón la Sra. Belarra, o habría que matizar, es en que solo señala a los capitalistas despiadados, como si hubiese un capitalismo no despiadado.

Por otra parte, en relación a los datos de empleo, es indudable que las estadísticas de temporalidad han mejorado, en el sentido de que con el cambio legal en la última reforma laboral, la que no derogó los aspectos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012; al derogar el “contrato de obra o servicio” y flexibilizar, es decir, ampliar las posibilidades de uso del “contrato fijo-discontinuo” la temporalidad ha caído de forma muy significativa, al haberse reducido un 5%, respecto a 2021.

El número de parados, con datos de la EPA a cierre del 4º trimestre de 2022, se ha situado en 3.024.000 (12,9%), lejos del 1.927.600 (8,60%) que arrojó la EPA al final de 2007, mejor dato de paro previo a la citada crisis. El empleo de los jóvenes menores de 25 años tampoco ha ido bien, pues el paro juvenil ha subido del 31,2% de 2021 al 32,3% en 2022.

Hay un dato que quizá nos dé una imagen fidedigna de la situación del empleo en nuestro país, como lo es el número de horas trabajadas semanalmente, dato que el INE desagrega por trimestres. Según esta fuente, la media de horas trabajadas semanalmente, por los y las asalariados, en 2008, fue de 547.787.300, mientras que la media de los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de 521.109.100, un 4,87% inferior al primer año de la gran crisis de lo que va de s. XX. ¿Se puede decir que hemos salido de la crisis de 2008? La mayoría de la sociedad no.

El último informe que publicó el INE, en junio de 2022, en base a los datos de 2021, el riesgo de pobreza se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

Podríamos analizar otros factores e índices, pero ya no sería una editorial sino una tesis, y no es nuestra intención desarrollar un documento excesivamente extenso. Con los datos analizados, podemos sacar al menos tres conclusiones objetivas:

  • Los salarios y las pensiones están perdiendo poder adquisitivo.
  • La inflación no se justifica, en un porcentaje muy importante, con el alza de los carburantes y/o la energía, sino con el incremento de los márgenes de beneficio de las grandes empresas y grupos empresariales.
  • Los datos estadísticos de empleo han mejorado, pero aun no se ha recuperado el nivel de empleo ni de horas trabajadas previo a la crisis económica que el mercado libre desató en 2008.

Y alguna conclusión política:

  • Están muy bien la ayudas y medidas que el Gobierno viene tomando, pero es evidente que esas medidas paliativas y transitorias no resuelven los graves problemas estructurales que generan pobreza entre las asalariados y asalariados.
  • Que no es posible hablar de pactos de rentas, no de hecho ni de derecho, con una clase empresarial avariciosa y despiadada.
  • Que es necesario defender las rentas del trabajo, no solo en el salario directo (los sueldos), también el salario diferido (las pensiones) y el salario indirecto (los servicios públicos: Sanidad, Educación y Dependencia.

Fuente: INE

Editorial: No acatar los dictámenes del TC, es defender la democracia

l jueves 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una vuelta de tuerca más a las presiones sobre el Gobierno (el Ejecutivo) y las Cortes (el Legislativo), para impedir que estas voten el cambio del sistema de renovación en el CGPJ y en el TC y seguir bloqueando ambos organismos. Impiden con un auto judicial que el poder legislativo; único poder que emana directamente del pueblo, supuestamente soberano, pueda cambiar las leyes, aunque estos cambios no sean de la conveniencia de los miembros del TC y del CGPJ.

La connivencia con el PP es tan descarada que les resulta imposible ocultarla; el TC jamás se había dado tanta prisa en admitir a trámite el recurso de Amparo de un particular o de una organización. Por contra, rechazan las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidad Podemos, el Congreso, el Senado y la Fiscalía. Esta última, solicitó la recusación de Tribiño y Narváez por tener caducado su mandato desde hace seis meses y afectarles de forma directa el cambio legal en cuestión, lo que no ha sido obstáculo para que ambos magistrados votasen en la decisión del Pleno del TC.

El Tribunal Constitucional fue creado para que hiciera de guardián de la Constitución, lo hace de forma absolutamente sesgada, pues no es para nada imparcial y hace una lectura reiteradamente favorable a los intereses del bloque conservador, representante claro de los intereses de la minoría privilegiada de la sociedad. Como garante de los intereses de esa minoría privilegiada, se pronunció a favor de reforma laboral en sus contenidos más lesivos para los trabajadores, o cuando el Parlament de Cataluña aprobaba leyes que protegían a las familias sin recursos económicos, para que las compañías eléctricas no pudiesen cortar los suministros energéticos de sus casas, declarando inconstitucionales estas medidas protectoras.

La intervención TC en el Estatuto de Cataluña se produjo después de ser aprobado por las Cortes Generales, el Parlament de Cataluña y por un referéndum pactado, demostrándose, por tanto, que no es la primera vez que el TC se inmiscuye en asuntos que no son de sus competencias y que se sitúa por encima de la soberanía popular, creando la discordia y el enfrentamiento entre pueblos, y dejando al descubierto los nudos del “atado y bien atado”.

Esta vez han ido más lejos, impidiendo que los diputados elegidos por el pueblo cumplan con las funciones que son propias de cualquier parlamento de nuestro entorno, proponer leyes debatirlas y en su caso aprobarlas es, en definitiva, legislar.

Quieren impedir que se realice la reforma del Código Penal tanto en lo que respecta a la sustitución de sus miembros que, sin duda, está más que justificada, porque necesitan tener un aparato judicial que garantice que, por encima de las decisiones democráticas, se paraliza cualquier avance social que no sea de la conveniencia de los intereses económicos de los de siempre, como cuando el Tribunal Supremo se pronunció groseramente a favor de la Banca y en contra de los ciudadanos, en el asunto de los gastos notariales de las hipotecas. Pero no interfieren en la evidente destrucción de la sanidad pública y el sistema público de pensiones, en eso sí colaboran.

La intromisión del TC en el poder legislativo ha recibido, entre otros, el calificativo de “golpe de las togas”. Un golpe que demuestra la incompatibilidad de la democracia y la judicatura que hunde sus raíces en el franquismo y pone al descubierto el verdadero carácter de esa institución que, al igual que el CGPJ es presidido por el Rey Felipe VI cada año, al inicio del año judicial y que solo obedece a la defensa de la institución monárquica. Vivimos por tanto en un sistema, que dice ser democrático, cuyo jefe del Estado es jefe a su vez de los tres ejércitos, como lo fue el Dictador durante 36 años, es inviolable e irresponsable, y, por si algo falla, está el “cortafuegos” de un Tribunal Constitucional que se sitúa por encima de los otros dos poderes del Estado, dejando la división de poderes en un chiste sin gracia.

Los hechos ocurridos durante estos días muestran que la Constitución del 78, fruto del pacto con los franquistas, no da para más; hace aguas por lo cuatro costados, grietas por las que solo supura corrupción. Una democracia que está atenazada, controlada y mutilada, no es merecedora de tal nombre, no, al menos, para resolver las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social.

Aceptar que el Congreso de los Diputados y el Senado queden cautivos del TC no solo debe ser rechazado, es intolerable, y como tal no debería ser acatada por ninguna de las cámaras de representantes con mayoría suficiente. Acatar las decisiones del TC, da alas a la derecha y los anima a continuar en sus ataques a derechos y libertades.

La gravedad de los hechos acaecidos hace necesario que las organizaciones que se reclaman de izquierdas y los sindicatos, convoquen movilizaciones masivas. Movilizaciones a la que los socialistas debemos acudir y ocupar el lugar que nos corresponde, trasladar a nuestros dirigentes que es urgente deshacerse de estos organismos para defender los derechos democráticos. El socialismo es avance social, no conservadurismo. El socialismo debe garantizar que los representantes del pueblo ejercen su mandato sin ningún obstáculo.

Ante la situación que vivimos, que se viene pudriendo desde hace mucho tiempo, el socialismo debe trabajar por la democracia plena, en el marco de la República.

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista

Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

Editorial

No es honesto guardar silencio

No podemos mirar para otro lado ni guardar silencio ante la barbarie. Tal cosa sería impropia de personas que dicen ser socialistas, progresistas, de izquierdas.
Lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes día 24 es un crimen, como los de guerra. Esta acción de la gendarmería marroquí no se puede justificar, bajo ningún concepto; por encima del respeto a la vida humana no se pueden poner las normas, las leyes ni la soberanía (en marruecos la soberanía no es precisamente del pueblo). De la misma manera que es injustificable la acción de la Guardia Civil española que, mientras los desesperados subsaharianos se amontonaban sobre las concertinas de la valla, se dedicaban a lanzarles pelotas de goma a bocajarro ¿qué acción violenta había que reprimir?, la misma violencia que ejercían los 15 muertos que el 6 de febrero de 2014 trataban de llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, que tan solo nadaban para intentar salvar su vida.
Asombra escuchar las declaraciones del Gobierno español. Del Gobierno de Marruecos, sometido por una dinastía sátrapa no sorprende, aunque han pasado una línea que nunca se debería trasgredir; por el crimen cometido y por el desenlace de esconder los cuerpos en una fosa común, sin autopsia ni identificación. ¿Dónde ha quedado el respeto a los Derechos Humanos?
Este crimen se ha cometido a las puertas temporales de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tribuna Socialista no somos neutrales ni tomamos posición por esta estructura militar que, con unas formas u otras, lleva en España, y España vinculada a ella, desde 1953, como ya explicitamos en la editorial del número 134 de Tribuna Socialista. Es un error caer en el frentismo. Nuestra posición está del lado de los pueblos; por eso exigimos la retirada inmediata del ejército de Putin de suelo ucraniano y decimos no a la Guerra, decimos no a cualquier guerra que se lleva por delante la vida de civiles y de soldados de ambos bandos, hijos de familias trabajadoras, en este caso rusos y ucranianos.
Pero la guerra contra los pueblos y los menesterosos toma muchas formas. Las “armas” económicas de los oligarcas, imperialistas y explotadores de toda laya tomaron la forma de reformas laborales en 2010 y 2012 y tuvieron como consecuencia la destrucción masiva de derechos y calidad de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país; devaluaron y precarizaron el empleo, empujando a millones de ciudadanos a las puertas de la pobreza, cuando no a la pobreza misma: recordemos que hoy el salario más frecuente en España es de 1.357 € en 14 pagas, 357 € más que el SMI. Un 32% inferior al engañoso salario medio (que se halla contando salarios como el del Gobernador del Banco de España, quien en 2021 obtuvo un sueldo anual de 214.956,01 €).
En paralelo a la Guerra en Ucrania, recorre toda Europa una ola inflacionaria provocada por la especulación de los carburantes, la energía y los alimentos, entre otros productos de primera necesidad. La reacción de los gobiernos, de todos, no ha tenido ni por asomo la contundencia que los cuerpos de represión han ejercido en la valla de Melilla. La respuesta está siendo de parches. Respuesta que eso que llaman los mercados se está tomando a risa, pues tanto las rebajas fiscales como las subvenciones del Gobierno español han aplicado a los carburantes han sido absorbidas por los oligarcas de la luz, el gas, el petróleo…
Ante esta situación, en su conjunto, es llamativo el silencio de las organizaciones que se reclaman de la izquierda; políticas y sindicales. Han puesto sordina a sus quejas. Tienen la misma actitud que Podemos, IU y el PCE (miembros también del Gobierno) que se quejan, dicen no estar de acuerdo con esto o con aquello y punto. Los derechos sociales y laboral es no se consiguieron con cortes mediáticos y declaraciones de intenciones.
Lo que está ocurriendo e muy grave.Estamos en una etapa de crecimiento armamentístico muy peligroso. Es llamativa la docilidad con la que la Unión Europea se está subordinando a los intereses de los EE.UU.; el gran beneficiario con el incremento de los presupuestos para armamento y con las restricciones a la compra de gas y petróleo a Rusia es EE.UU., quien está incrementando exponencialmente sus ventas de gas licuado a España y al resto de países de Europa. ¿Tendrá estos relación con la maniobra de la Administración Biden para que España gire en su política respecto al Sahara?
¿a quién beneficia si Argelia corta o incrementa el precio del gas que consume España?
El hecho de que el Gobierno de Rajo y en 2014 aceptase incrementar el presupuesto en defensa al 2% del PIB, compromiso que el Gobierno actual está por la labor de cumplir a rajatabla, es una bomba para los servicios públicos del Estado español, ya de por sí muy deteriorados por la crisis económica de 2008 y por la pandemia de 2020/2021.
Los ataques se anuncian últimamente, pero parece que no escuchamos: los organismos internacionales dicen que los gobiernos tienen que reducir su deuda pública y que tiene que rebajar el déficit público. Es decir, que hay que amortizar deuda y que no se pueden endeudar más para cubrir las necesidades sociales. No olivamos la reforma constitucional del Artº 135.3. Todo ello a la vez que van a duplicar el presupuesto en Defensa para alcanzar los 23.000 millones de euros (el equivalente al 2% del PIB actual), desde los 9.700 de este año.Está claro de dónde va a salir el cuadre de las cuentas: de Sanidad, de Educación, de Dependencia y de Pensiones.
Pero no están dispuestos a cuadrar las cuentas exigiendo que la banca privada devuelva los 100.000 millones de euros públicos que se le dieron (65.000 en efectivo para el saneamiento + 35.000 de la Sareb). Como se resisten a cumplir el compromiso legal de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para saldar la deuda de más de 103.000 millones con las pensiones, por el uso indebido del dinero de las pensiones para otras partidas que debieran haber sido asumidas con dinero de los impuestos.
Lo ocurrido en la Valla de Melilla nos da la pauta de hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus intereses la minoría social que dirige el mundo. La pena es que esto solo es posible por la colaboración de los dirigentes.
La emigración, en este caso africana, es producto de la destrucción de estos países llevado a cabo por las potencias imperialistas europeas y sus multinacionales que explotan las riquezas de estos países, empujando a la emigración a su juventud y utilizan después a los emigrantes como mano de obra barata y sin derechos.

Comité de Redacción

Editorial

Ni un euro para la guerra

Puede que al Gobierno le llene de orgullo albergar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Sin embargo, para las personas y organizaciones de izquierdas, que se mantiene leal a sus valores y principios, es una vergüenza y motivo de rechazo. Es por respeto a uno mismo y porque los hechos, pasados y presentes, son irrefutables. Quizá la falta de respeto a los valores y principios sea lo que esté detrás del ascenso de la derecha en el mundo; no tanto por acierto de a la derecha como por la pérdida de apoyo de la izquierda.

Rechazamos con rotundidad la invasión que la Rusia de Putin está llevando a cabo desde hace tres meses en Ucrania. En distintos actos que hemos participado en nombre de Tribuna Socialista hemos dejado claro que la acción expansionista de, carácter militar, llevada a cabo por la OTAN no justifica la acción criminal de Putin. De la misma manera que la guerra iniciada por Putin no justica la aceleración de los planes de OTAN por tomar posiciones en el este de Europa. Nuestra posición está en defensa de los pueblos; del ucraniano en primer lugar, como del ruso y de todos los pueblos del continente europeo.

No olvidamos que en septiembre de 1953, el Gobierno franquista firmó el vergonzoso “Pacto de Madrid” con la Administración de Eisenhower: los EE.UU., se comprometían a suministrar a la España de Franco material de guerra de segunda mano, concedía créditos (a devolver) al Gobierno de Franco por valor de unos 1.500 millones de $, a condición de comprar productos estadounidenses, y a cambio Franco y su Gobierno le cedían espacio en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón a los EE.UU., para que estableciese bases militares y el ejército franquista y la Guardia Civil ejercían de guardianes y protectores de dicha bases. Estos acuerdos se han ido ajustando y modificando a lo largo del tiempo, como cuando en julio de 1974 el actual Emérito suplió a Franco en funciones de jefe del Estado para ratificar estos acuerdos con la Administración Nixon.

¿Se puede decir que hoy la izquierda asume las decisiones políticas de los ilegítimos gobiernos franquistas?

La OTAN nace el 4 de abril de 1949, no por casualidad en Washinton D.C., bajo los auspicios de los EE.UU., con 10 países (hoy la conforman 30 países). Los Estados Unidos dirigen esta estructura militar que no ha parado de crecer hacia el este de Europa. Tienen en su historial la curiosa manera de “salvar vidas” bombardeando ciudades y causando miles de muertes; es el caso de la intervención de la OTAN en 1999 en la extinta Yugoslavia.

Fue el Gobierno de Calvo Sotelo quien, en mayo de 1982, hace ingresar a España en la OTAN. En la práctica, nada cambió respecto al periodo 1953/1982.

En enero de 1986, el Gobierno de Felipe González convocó un referéndum (que se celebró el 12 de marzo de 1986) para ratificar la permanencia de España en la OTAN. Un referéndum plagado de manipulación mediática, cuyo voto favorable solo obtuvo el 56,85%, con una abstención del 60%.

Nadie que se reclame de izquierdas puede asumir estos antecedentes: decisiones franquistas, decisión de un Gobierno salido de un intento de Golpe de Estado y el referéndum que avergonzó y avergüenza a tantos y tantas socialistas en el Estado español. Rechazar la OTAN es rechazar ser partícipes de una estructura militar al servicio de los intereses del mayor imperialismo del planeta, y sus consecuencias para los pueblos que componen el Estado español.

Siendo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la cumbre de la OTAN celebrada del el 4 y 5 de septiembre de 2014, en Cardif, acordaron incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, hasta 2024. Estos acuerdos fueron asumidos por el Gobierno de M. Rajoy.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2014, España destino 5.743 millones de euros a Defensa(1). El presupuesto ha crecido el 70,49% en estos 8 años, hasta los 9.791 presupuestados para este año 2022(2). El actual Gobierno ratificará, previsiblemente, el acuerdo de 2014 en la cumbre del próximo mes de junio. Esto significa que en los próximos dos años tendrán que aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido, es decir, llegar a los 24.000 millones de euros; teniendo en cuenta que el PIB español se situó en 2021 en 1,2 billones de euros.

Es políticamente importante señalar que las administraciones de Obama, Trump y Biden, mantienen exactamente la misma política expansionista y de fomento de la industria militar.

Es inaceptable este incremento en gasto militar mientras mantenemos un paro cronificado por encima de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo, mientras la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE, mientras 2021 cerró con 1.024.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras la tasa de paro juvenil está, a cierre de 2021, en el 30,7%.

No aceptamos este brutal incremento del gasto militar para mantener la política imperialista de la OTAN y los Estados Unidos, en tanto que la Sanidad, la Educación y la Dependencia públicas continúen en franco deterioro por el recorte de los presupuestos en gasto social. Recorte del gasto que ya se anuncia, en base a las llamadas del FMI y de la Comisión Europea a rebajar deuda y a que en los próximos meses volverán las reglas, suspendidas por la pandemia, de control del déficit público.

En este contexto se pide un “Pacto de Rentas” a patronal y sindicatos. A lo que la patronal exige que los salarios se incrementen por debajo del IPC, lo que equivale a continuar devaluando los salarios. A la par que desde Bruselas se indica que las pensiones no deben revalorizarse por encima del IPC; ya en 2021 se han devaluado un 4% por debajo del IPC (subieron el 2,5% frente al IPC interanual del 6,5%).

Estos planteamientos los hacen cuando las 35 empresas del IBEX han batido récord de beneficios en 2021, más de 58.000 millones de euros, y se encuentran entre las principales responsables de que la inflación esté desbocada. Estos beneficios, en el caso de las empresas de la energía, demuestran que es falso que los costes de producción de la electricidad obliguen al alza del precio de la luz. Lo que obliga a subir el precio de la luz es la presión de los inversores por incrementar el reparto de dividendos multimillonarios. Esta es la interpretación que hacen los empresarios del “Pacto de Rentas”.

Por ende, rechazamos la política de sometimiento de nuestro Gobierno a los dictados de la OTAN o, lo que es lo mismo, de los USA, consistente en incrementar los presupuestos militares en detrimento de los gastos sociales. Poco ha cambiado en este aspecto desde 1953, quizá tenga que ver con que la jefatura del Estado no ha dejado de estar en manos de un militar desde 1939.

Tribuna Socialista participará y llama a participar en el Encuentro Internacional que se prepara para el 25 de junio en Madrid, así como en la Manifestación unitaria que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del 26 de junio.

(1)https://www.defensa.com/espana/defensa-recorta-presupuesto-3-2-para-2014-gasto-defensa-espana

(2)https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

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