Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

Editorial

No es honesto guardar silencio

No podemos mirar para otro lado ni guardar silencio ante la barbarie. Tal cosa sería impropia de personas que dicen ser socialistas, progresistas, de izquierdas.
Lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes día 24 es un crimen, como los de guerra. Esta acción de la gendarmería marroquí no se puede justificar, bajo ningún concepto; por encima del respeto a la vida humana no se pueden poner las normas, las leyes ni la soberanía (en marruecos la soberanía no es precisamente del pueblo). De la misma manera que es injustificable la acción de la Guardia Civil española que, mientras los desesperados subsaharianos se amontonaban sobre las concertinas de la valla, se dedicaban a lanzarles pelotas de goma a bocajarro ¿qué acción violenta había que reprimir?, la misma violencia que ejercían los 15 muertos que el 6 de febrero de 2014 trataban de llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, que tan solo nadaban para intentar salvar su vida.
Asombra escuchar las declaraciones del Gobierno español. Del Gobierno de Marruecos, sometido por una dinastía sátrapa no sorprende, aunque han pasado una línea que nunca se debería trasgredir; por el crimen cometido y por el desenlace de esconder los cuerpos en una fosa común, sin autopsia ni identificación. ¿Dónde ha quedado el respeto a los Derechos Humanos?
Este crimen se ha cometido a las puertas temporales de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tribuna Socialista no somos neutrales ni tomamos posición por esta estructura militar que, con unas formas u otras, lleva en España, y España vinculada a ella, desde 1953, como ya explicitamos en la editorial del número 134 de Tribuna Socialista. Es un error caer en el frentismo. Nuestra posición está del lado de los pueblos; por eso exigimos la retirada inmediata del ejército de Putin de suelo ucraniano y decimos no a la Guerra, decimos no a cualquier guerra que se lleva por delante la vida de civiles y de soldados de ambos bandos, hijos de familias trabajadoras, en este caso rusos y ucranianos.
Pero la guerra contra los pueblos y los menesterosos toma muchas formas. Las “armas” económicas de los oligarcas, imperialistas y explotadores de toda laya tomaron la forma de reformas laborales en 2010 y 2012 y tuvieron como consecuencia la destrucción masiva de derechos y calidad de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país; devaluaron y precarizaron el empleo, empujando a millones de ciudadanos a las puertas de la pobreza, cuando no a la pobreza misma: recordemos que hoy el salario más frecuente en España es de 1.357 € en 14 pagas, 357 € más que el SMI. Un 32% inferior al engañoso salario medio (que se halla contando salarios como el del Gobernador del Banco de España, quien en 2021 obtuvo un sueldo anual de 214.956,01 €).
En paralelo a la Guerra en Ucrania, recorre toda Europa una ola inflacionaria provocada por la especulación de los carburantes, la energía y los alimentos, entre otros productos de primera necesidad. La reacción de los gobiernos, de todos, no ha tenido ni por asomo la contundencia que los cuerpos de represión han ejercido en la valla de Melilla. La respuesta está siendo de parches. Respuesta que eso que llaman los mercados se está tomando a risa, pues tanto las rebajas fiscales como las subvenciones del Gobierno español han aplicado a los carburantes han sido absorbidas por los oligarcas de la luz, el gas, el petróleo…
Ante esta situación, en su conjunto, es llamativo el silencio de las organizaciones que se reclaman de la izquierda; políticas y sindicales. Han puesto sordina a sus quejas. Tienen la misma actitud que Podemos, IU y el PCE (miembros también del Gobierno) que se quejan, dicen no estar de acuerdo con esto o con aquello y punto. Los derechos sociales y laboral es no se consiguieron con cortes mediáticos y declaraciones de intenciones.
Lo que está ocurriendo e muy grave.Estamos en una etapa de crecimiento armamentístico muy peligroso. Es llamativa la docilidad con la que la Unión Europea se está subordinando a los intereses de los EE.UU.; el gran beneficiario con el incremento de los presupuestos para armamento y con las restricciones a la compra de gas y petróleo a Rusia es EE.UU., quien está incrementando exponencialmente sus ventas de gas licuado a España y al resto de países de Europa. ¿Tendrá estos relación con la maniobra de la Administración Biden para que España gire en su política respecto al Sahara?
¿a quién beneficia si Argelia corta o incrementa el precio del gas que consume España?
El hecho de que el Gobierno de Rajo y en 2014 aceptase incrementar el presupuesto en defensa al 2% del PIB, compromiso que el Gobierno actual está por la labor de cumplir a rajatabla, es una bomba para los servicios públicos del Estado español, ya de por sí muy deteriorados por la crisis económica de 2008 y por la pandemia de 2020/2021.
Los ataques se anuncian últimamente, pero parece que no escuchamos: los organismos internacionales dicen que los gobiernos tienen que reducir su deuda pública y que tiene que rebajar el déficit público. Es decir, que hay que amortizar deuda y que no se pueden endeudar más para cubrir las necesidades sociales. No olivamos la reforma constitucional del Artº 135.3. Todo ello a la vez que van a duplicar el presupuesto en Defensa para alcanzar los 23.000 millones de euros (el equivalente al 2% del PIB actual), desde los 9.700 de este año.Está claro de dónde va a salir el cuadre de las cuentas: de Sanidad, de Educación, de Dependencia y de Pensiones.
Pero no están dispuestos a cuadrar las cuentas exigiendo que la banca privada devuelva los 100.000 millones de euros públicos que se le dieron (65.000 en efectivo para el saneamiento + 35.000 de la Sareb). Como se resisten a cumplir el compromiso legal de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para saldar la deuda de más de 103.000 millones con las pensiones, por el uso indebido del dinero de las pensiones para otras partidas que debieran haber sido asumidas con dinero de los impuestos.
Lo ocurrido en la Valla de Melilla nos da la pauta de hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus intereses la minoría social que dirige el mundo. La pena es que esto solo es posible por la colaboración de los dirigentes.
La emigración, en este caso africana, es producto de la destrucción de estos países llevado a cabo por las potencias imperialistas europeas y sus multinacionales que explotan las riquezas de estos países, empujando a la emigración a su juventud y utilizan después a los emigrantes como mano de obra barata y sin derechos.

Comité de Redacción

Editorial

Ni un euro para la guerra

Puede que al Gobierno le llene de orgullo albergar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Sin embargo, para las personas y organizaciones de izquierdas, que se mantiene leal a sus valores y principios, es una vergüenza y motivo de rechazo. Es por respeto a uno mismo y porque los hechos, pasados y presentes, son irrefutables. Quizá la falta de respeto a los valores y principios sea lo que esté detrás del ascenso de la derecha en el mundo; no tanto por acierto de a la derecha como por la pérdida de apoyo de la izquierda.

Rechazamos con rotundidad la invasión que la Rusia de Putin está llevando a cabo desde hace tres meses en Ucrania. En distintos actos que hemos participado en nombre de Tribuna Socialista hemos dejado claro que la acción expansionista de, carácter militar, llevada a cabo por la OTAN no justifica la acción criminal de Putin. De la misma manera que la guerra iniciada por Putin no justica la aceleración de los planes de OTAN por tomar posiciones en el este de Europa. Nuestra posición está en defensa de los pueblos; del ucraniano en primer lugar, como del ruso y de todos los pueblos del continente europeo.

No olvidamos que en septiembre de 1953, el Gobierno franquista firmó el vergonzoso “Pacto de Madrid” con la Administración de Eisenhower: los EE.UU., se comprometían a suministrar a la España de Franco material de guerra de segunda mano, concedía créditos (a devolver) al Gobierno de Franco por valor de unos 1.500 millones de $, a condición de comprar productos estadounidenses, y a cambio Franco y su Gobierno le cedían espacio en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón a los EE.UU., para que estableciese bases militares y el ejército franquista y la Guardia Civil ejercían de guardianes y protectores de dicha bases. Estos acuerdos se han ido ajustando y modificando a lo largo del tiempo, como cuando en julio de 1974 el actual Emérito suplió a Franco en funciones de jefe del Estado para ratificar estos acuerdos con la Administración Nixon.

¿Se puede decir que hoy la izquierda asume las decisiones políticas de los ilegítimos gobiernos franquistas?

La OTAN nace el 4 de abril de 1949, no por casualidad en Washinton D.C., bajo los auspicios de los EE.UU., con 10 países (hoy la conforman 30 países). Los Estados Unidos dirigen esta estructura militar que no ha parado de crecer hacia el este de Europa. Tienen en su historial la curiosa manera de “salvar vidas” bombardeando ciudades y causando miles de muertes; es el caso de la intervención de la OTAN en 1999 en la extinta Yugoslavia.

Fue el Gobierno de Calvo Sotelo quien, en mayo de 1982, hace ingresar a España en la OTAN. En la práctica, nada cambió respecto al periodo 1953/1982.

En enero de 1986, el Gobierno de Felipe González convocó un referéndum (que se celebró el 12 de marzo de 1986) para ratificar la permanencia de España en la OTAN. Un referéndum plagado de manipulación mediática, cuyo voto favorable solo obtuvo el 56,85%, con una abstención del 60%.

Nadie que se reclame de izquierdas puede asumir estos antecedentes: decisiones franquistas, decisión de un Gobierno salido de un intento de Golpe de Estado y el referéndum que avergonzó y avergüenza a tantos y tantas socialistas en el Estado español. Rechazar la OTAN es rechazar ser partícipes de una estructura militar al servicio de los intereses del mayor imperialismo del planeta, y sus consecuencias para los pueblos que componen el Estado español.

Siendo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la cumbre de la OTAN celebrada del el 4 y 5 de septiembre de 2014, en Cardif, acordaron incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, hasta 2024. Estos acuerdos fueron asumidos por el Gobierno de M. Rajoy.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2014, España destino 5.743 millones de euros a Defensa(1). El presupuesto ha crecido el 70,49% en estos 8 años, hasta los 9.791 presupuestados para este año 2022(2). El actual Gobierno ratificará, previsiblemente, el acuerdo de 2014 en la cumbre del próximo mes de junio. Esto significa que en los próximos dos años tendrán que aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido, es decir, llegar a los 24.000 millones de euros; teniendo en cuenta que el PIB español se situó en 2021 en 1,2 billones de euros.

Es políticamente importante señalar que las administraciones de Obama, Trump y Biden, mantienen exactamente la misma política expansionista y de fomento de la industria militar.

Es inaceptable este incremento en gasto militar mientras mantenemos un paro cronificado por encima de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo, mientras la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE, mientras 2021 cerró con 1.024.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras la tasa de paro juvenil está, a cierre de 2021, en el 30,7%.

No aceptamos este brutal incremento del gasto militar para mantener la política imperialista de la OTAN y los Estados Unidos, en tanto que la Sanidad, la Educación y la Dependencia públicas continúen en franco deterioro por el recorte de los presupuestos en gasto social. Recorte del gasto que ya se anuncia, en base a las llamadas del FMI y de la Comisión Europea a rebajar deuda y a que en los próximos meses volverán las reglas, suspendidas por la pandemia, de control del déficit público.

En este contexto se pide un “Pacto de Rentas” a patronal y sindicatos. A lo que la patronal exige que los salarios se incrementen por debajo del IPC, lo que equivale a continuar devaluando los salarios. A la par que desde Bruselas se indica que las pensiones no deben revalorizarse por encima del IPC; ya en 2021 se han devaluado un 4% por debajo del IPC (subieron el 2,5% frente al IPC interanual del 6,5%).

Estos planteamientos los hacen cuando las 35 empresas del IBEX han batido récord de beneficios en 2021, más de 58.000 millones de euros, y se encuentran entre las principales responsables de que la inflación esté desbocada. Estos beneficios, en el caso de las empresas de la energía, demuestran que es falso que los costes de producción de la electricidad obliguen al alza del precio de la luz. Lo que obliga a subir el precio de la luz es la presión de los inversores por incrementar el reparto de dividendos multimillonarios. Esta es la interpretación que hacen los empresarios del “Pacto de Rentas”.

Por ende, rechazamos la política de sometimiento de nuestro Gobierno a los dictados de la OTAN o, lo que es lo mismo, de los USA, consistente en incrementar los presupuestos militares en detrimento de los gastos sociales. Poco ha cambiado en este aspecto desde 1953, quizá tenga que ver con que la jefatura del Estado no ha dejado de estar en manos de un militar desde 1939.

Tribuna Socialista participará y llama a participar en el Encuentro Internacional que se prepara para el 25 de junio en Madrid, así como en la Manifestación unitaria que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del 26 de junio.

(1)https://www.defensa.com/espana/defensa-recorta-presupuesto-3-2-para-2014-gasto-defensa-espana

(2)https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

1º de mayo:

¡Subir salarios!, ¡contener precios!,¡Igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

Este 1º de mayo, los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos la oportunidad de salir a las calles a denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones, y reivindicar que se revierta la situación. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 8,4%. la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la de las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, en la actualidad la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pensiones que sufre la clase trabajadora es de un 8,35%, 7,8% y 7,3% respectivamente, con respecto al año anterior. Cabe reseñar que entre los años 2008 y 2019 la pérdida de poder de compra de los salarios ya había caído un 4,8% Los sindicatos reconocen que se está generando “un polvorín social que pone en riesgo la recuperación económica”.

Aumentar salarios y reducir los precios son necesidades urgentes, pero… ¿por qué suben los precios? La primera respuesta quizás sería La guerra de Putin. Sin embargo, el IPC del 2021 se cerró en diciembre con un aumento del 6,5%, y la invasión de Ucrania fue el 24 de febrero de 2022. Por tanto, la guerra de Putin no es la causa del aumento de los precios, es la acción especulativa del mercado lo que desboca la inflación.

Según el gabinete económico confederal de CCOO, los precios al consumo han aumentado más en España que en el resto de la Unión Europea (ver gráfico 1). La razón está en una excesiva dependencia energética del gas, y del lucrativo negocio que el sector energético supone para las multinacionales quienes actuan en régimen de oligopolio y especulan a su antojo. Quienes pagamos su “fiesta de los beneficios”, otros lo llaman “pa la saca”, somo los trabajadores, que vemos como cierran nuestras empresas, temporal o definitivamente, por no poder hacer frente al aumento de la energía y materias primas. Vemos como el empleo, sobre todo industrial, pierde peso, y vemos como los precios de nuestra cesta de la compra se disparán, mientras que con nuestros salarios y pensiones cada vez cuesta más llenar el carrito.

Gráfico 1

Los salarios no son responsables de la inflación, pero se devalúan con el incremento desmedido. El Pacto de Rentas propuesto por el gobierno y que pasa por contener salarios y precios no es ninguna solución, sino una nueva amenaza sobre los bolsillos de la mayoría social pues los salarios se moderan, pero los precios no respetan el pacto.

En relación al empleo, uno de los grandes objetivos de la última reforma laboral del gobierno PSOE-UP pactada con los sindicatos es darle la vuelta a la contratación como a un calcetín, y que los contratos indefinidos sean la norma y no la excepción del total del volumen de contratación. En este sentido, es cierto que la contratación indefinida se ha triplicado desde diciembre (ver gráfico 1), pero no es menos cierto, que en la actualidad estos contratos todavía suponen solo un 30,7% de la contratación, teniendo en cuenta que tras la eliminación del contrato de obra o servicio estos contratos se han convertido en indefinidos, con lo que no se puede hablar estrictamente de “nueva” contratación.

La renuncia a derogar la reformas laborales de Zapatero (2010) y Rajoy (2012) ha dado paso a a una “maquillada derogación” de los aspectos más lesivos de aquéllas; la reforma laboral de PSOE-UP mantiene el abaratamiento del despido, intenta poner coto al fraude en la contratación, y aunque hace aflorar contratos indefinidos, sigue manteniendo un inaceptable índice de temporalidad y no toca aspectos esenciales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores tan depauperadas por la uberización del mercado de trabajo y las reformas laborales anteriores.

Un ejemplo de la tibieza de la reforma laboral lo podemos encontrar en la feria de abril de Sevilla, en la que los caseteros profesionales (gremio) anunciaban huelga por entender que la nueva reforma laboral les impedía contratar trabajadores para que trabajaran más de 12h al día. Sin embargo, la ministra de trabajo ha aclarado que “La reforma laboral no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso”. Los caseteros han desconvocado la huelga al ver que la reforma laboral no era tan fiera como la pintaban, y que pueden seguir aplicando las mismas condiciones abusivas para lucro de sus propios bolsillos, a costa de explotar a los trabajadores.

En el 1 de mayo de 2021 los sindicatos nos convocaban bajo el lema “Ahora Toca Cumplir. Un País en deuda con sus trabajadores y trabajadoras». Hoy, un año después, los sindicatos sacan pecho de los acuerdos alcanzados en los últimos meses, como el aumento del SMI o la reforma de las pensiones, y la reforma laboral. Desde Tribuna Socialista, creemos que es absolutamente insuficiente y, aun así, nos sentimos apelados por el lema de este nuevo 1º de mayo, porque la solución, o una parte de la solución, pasa por subir salarios, contener precios y una justa redistribución de la riqueza.

Ya hemos hablado de la importancia de un aumento de los salarios, y de que el anunciado Pacto de rentas no supone ninguna solución, sino al contrario, empeoraría la situación de la clase trabajadora. Y para contener los precios no basta con subvencionar la energía ni por conseguir, durante tres meses, desvincular el precio de la electricidad del precio del gas (aunque ayudará). La lucha contra la subida de precios pasa por la independencia energética, es decir, ni depender del gas ruso, ni depender del gas argelino (en riesgo de encarecerse por el cambio de posición de España con respecto al Sáhara) ni depender del gas licuado norteamericano. Asegurar el autoabastecimiento energético en el país europeo con más horas de sol y más kilómetros de costa no es fácil, pero sí posible, si nos “independizamos” de los intereses de las multinacionales del sector, incluidas las españolas, y apostamos por un sector público energético fuerte.

Respecto a la redistribución de la riqueza, vemos como la derecha reclama bajada generalizada de impuestos, cuando en realidad lo que necesitamos es un aumento de los impuestos al capital y una mayor progresividad fiscal, para que quien más tenga más contribuya en beneficio de las rentas más bajas. Solo existe un pacto de rentas útil: el que redistribuye las rentas del capital para favorecer las rentas del trabajo.

Para acabar esta editorial, no podemos sino apelar a la unidad de la clase trabajadora, en España y en el mundo, y, por tanto, juntamente a la lucha por los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora de nuestro país, hemos de exigir el No a la guerra de la Rusia de Putin, el No a la Guerra de expansión de la OTAN y el No a la carrera armamentística que no traerá otra cosa que nuevos recortes sociales en pro del gasto público militar y destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en todos los pueblos del mundo.

Viva el 1º de mayo

¡Subir salarios!, ¡contener precios!, ¡igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

Editorial

NO A LA GUERRA

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SALARIOS, PARAR LA ESPECULACIÓN

En el momento de escribirse esta editorial la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su primer mes; en los primeros 25 días de guerra, 3,3 millones los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras el ejercito de Putin bombardea ciudades causando víctimas civiles. Las imagines retransmitidas dan cuenta de la barbarie que está viviendo la población ucraniana, en su mayoría trabajadores.

La guerra también la sufre la clase obrera rusa quien, sin duda, pagará las consecuencias de las sanciones económicas a las que está siendo sometida por parte del imperialismo americano y los gobiernos de la Unión Europea. La guerra no es de los pueblos, ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso son partidarios de la guerra y sin embargo son los principales afectados por la misma. Es difícil de calcular el coste, solo en destrucción de empleo, que supondrán las sanciones impuestas a Rusia, hay informes que lo cifran en más de un millón de empleos.

Los efectos de la guerra se hacen sentir en Europa, con matices distintos y de modo diferente a como hemos percibido las guerras que hemos venido conociendo hasta ahora. EEUU disputa con Putin, Xi Jinping y con los gobiernos de europeos el control de más cuotas de mercado, para ello, Joe Biden, impone a la UE cuál debe ser su política: Alemania tiene que renunciar al gas ruso del que depende más de la mitad del consumo alemán y obliga a aumentar el gasto armamentístico al pasar de los 57,5 millones de dólares de 2021, a los 83,5 millones de dólares en el presupuesto de 2024; España ha aumentado su gasto en defensa desde los 5.711 millones de euros de 2015 a los 9.791 presupuestados para 2022, lo que supone un incremento del 71,44% (Fuente: Ministerio de Hacienda). Aun así, no es suficiente para la industria del armamento; Rajoy se comprometió en 2014 a llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 (se estima en torno a 20.000 millones de euros). Se abre la perspectiva a aumentos escandalosos en los próximos años, pasando a ocupar una prioridad en los presupuestos, otra prioridad junto al pago de la deuda; la presidenta de Suecia, Magdalena Anderson, lo expresaba con claridad en la Cumbre Europea del pasado 10 y 11 de marzo, «me gustaría invertir más en pensiones y escuelas, pero lo he de hacer en defensa«.

Después de la pandemia la guerra. El Gobierno de España se dispone en primera línea en la aplicación de las exigencias del mercado especulativo, medidas que van a decidir en la cumbre europea de final de mes.

Atrás han quedado las promesas incumplidas de derogar las reformas laborales y la ley mordaza. Los llamados ajustes económicos afectan más a los más desfavorecidos, de tal manera que todavía no hemos salido de las medidas adoptadas por la pandemia y preparan toda una oleada de ajustes que sin duda empobrecerán más la mayoría de asalariados.

La inflación se dispara sin control y se ha situado en el 7,6%, el interanual en febrero (el IPC más alto en los últimos 34 años). Los carburantes han superado incrementos del 30%, el precio del gas está desbocado, mientras que, el pasado año, las pensiones subieron un 2% y los salarios una media del 1,47%. Por el contrario, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. La UGT denuncia que la escalada de precios es irregular y especulativa, pues el precio del Mkh se sitúa en 200€, mientras el coste de producción es de 20€ o más bajo. Ejemplo concreto de lo que denuncian los informes sobre la dinámica de rentas lo vemos en el incremento de la escandalosa remuneración del presidente de Iberdrola o de la presidenta del banco de Santander: en 2021, el señor Sánchez Galán, ha cobrado 13,2 millones de euros, un incremento del 8,23. Por su parte, la señora Botín percibió, en el mismo ejercicio económico, 11,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15%. Estos son solo dos ejemplos de cómo se explica el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, que viene produciéndose desde la crisis de 2008.

En el conflicto del transporte por carretera, en concreto, hay que decir que está siendo utilizado por la extrema derecha y no es admisible que se utilice un conflicto legítimo para hacer la política de “cuanto peor mejor” que tanto le gusta a VOX y a los salvadores de la patria. Sin embargo, no se puede deslegitimar un conflicto y a sus promotores colgándoles etiquetas. Tampoco se entiende mucho lo de las legitimidades. No estamos ante un sindicato minoritario de trabajadores que se presenta a elecciones cada cuatro años y no alcanza el 5% de representatividad. Estamos ante organizaciones patronales, con más o con menos asociados, pero la pregunta que hay que hacer a los empresarios que rechazan a la Plataforma en Defensa del Sector del Trasnporte ¿a que proceso electoral se presentan las grandes patronales, de cualquier sector de actividad?, a ninguno. Por ende, aquí lo importante es resolver el conflicto con todas las partes implicadas y que ninguna de ellas pretenda sacar réditos espurios al verdadero problema, el alza insoportable de los precios.

El giro político del PSOE hacia la derecha, operado en el 40º Congreso que se celebró en Valencia en octubre del paso año, se va plasmando en acciones de Gobierno que se hacen difíciles de entender incluso para la propia militancia. La negativa a derogar las reformas laborales, la renuncia a blindar el Sistema Público de Pensiones. O el último episodio, el cambio drástico de criterio en relación con el Sahara, en el que todo apunta a que una vez más nuestro Gobierno de España se ha plegado a los criterios estadounidenses. Solo cabe esperar que esta decisión no nos complique el suministro de gas argelino; en su cantidad y en su precio.

Tampoco nos sirve de mucho el juego del “poli bueno” al que parece estar empeñado el otro socio del Gobierno. Un gobierno es un órgano colegiado y no cuela el permanente “nosotros no”, pero solo de boquilla en los medios.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobará lo que haya establecido el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de este mes; nada bueno para la mayoría social podemos esperar de esa reunión. En las calles, carreteras, en los puertos y los campos de todo el país hay movilizaciones que expresan como la mayoría de la sociedad no puede tolerar que desprecien sus derechos y no se atiendan sus reivindicaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña han dando un claro ejemplo de ello, con la jornada exitosa de huelga del 16 de marzo, aunque esta movilización haya sido acallada en los medios de comunicación.

Desde Tribuna Socialista decimos no a la Guerra y rechazamos la rapiña que lleva a cabo un mercado infectado de especuladores, al calor del desastre. El Gobierno debe posicionarse en la defensa de los derechos de la mayoría, no en la lógica del mercado para sacrificar dichos derechos.

Editorial

Las “enfermedades” del PP son de origen genético

El PP está exteriorizando todas las patologías que sufren las instituciones del Estado. Enfermedades crónicas de origen genético; no tienen cura y la heredaron del franquismo.

La primera es la corrupción sistémica que corroe las instituciones, y al PP. Para ver la continuidad del “modus operandi” de los poderosos e instituciones de este país, antes y después de 1978, solo hay que acudir a las hemerotecas y refrescar los casos: “Barcelona Tracción” (1948/1951), “La agenda Rivara” (1958), “La quiebra de Manufactura Metálicas Madrileñas, S.A.” (años 50), “Matesa” (1969) o “Sofico” (1974). Estos ejemplos, de entre los muchos que se podrían citar, guardan toda la cadena de ADN con los Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal… La corrupción no es cosa individual, es algo colectivo: uno o una no se lo lleva si otros y otras no lo consienten.

En la locura desatada en estas semanas pasadas en el PP, parece que quienes ejercen y llevan a gala la “enfermedad” heredada de sus ancestros políticos le han dicho a Casado lo que él le dijo a Abascal: “hasta aquí hemos llegado”. Que Casado y su escudero, Teodoro “El Tosco”, hagan en ridículo ante las instituciones de la UE, no hay problema; que se peleen con Ayuso por ver en qué fecha les conviene más el congreso del PP en Madrid, vale; que en una huida hacia adelante convoquen elecciones anticipadas en territorios, comenzando por Castilla y León, pase. Pero que se persiga la corrupción, aunque sea por tacticismo, ¡Ah no, eso sí que no!

Nadie del PP se ha manifestado frente a la sede de la calle Génova por el caso “Kitchen”, en el que utilizando los medios y recursos del Ministerio de Interior se allanó el domicilio se Bércenas para eliminar pruebas de los sobres en efectivo, la contabilidad paralela y vaya usted a saber qué más de los años de Aznar y Rajoy. Esto, es sin duda alguna, mucho más grave que si Almeida, el alcalde de Madrid ha utilizado recursos y medios del Ayuntamiento para conseguir pruebas de las, presuntas, corruptelas de IDA.

Por tanto, no es por la forma por lo que se han cargado a Casado, es por haber señalado la corrupción. Esta corrupción congénita, heredada del franquismo, plantea que la solución no puede ser solo depurar a los corruptos sino la trama institucional en que se sustenta, y que coge de abajo arriba y de arriba abajo al Estado monárquico. Esto quiere decir REPÚBLICA.

Esto explica que el PP, junto a los otros formatos de la derecha: C´s y VOX, se haya erigido en defensor y máximo justificador de los “desmanes”, bonito eufemismo, del Rey Emérito.

Esto aclara, si es que no estaba claro, porque el PP dice tener contralada la sala 2ª del Tribunal Supremo, lo dice ellos, porque obstruye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o porque impone a jueces como Enrique Arnaldo en el Tribunal Supremo.

Jefatura del Estado, poder judicial y un partido político manchados por la corrupción, el abuso de poder para enriquecerse, participación en tramas sucias… de ahí que solo reconozcan como legítimo al gobierno cuando ellos gobiernan: Ejecutivo, Judicial y legislativo (aunque solos sea en parte, cuando no tiene mayoría absoluta). Es la verdadera situación de la separación de poderes, en apariencia.

Esta descripción, que nos ha facilitado el Partido que fundó el ex ministro de Franco, el que se bañó en Palomares, no puede ocultar el papel de los partidos y organizaciones de la izquierda.

Las elecciones en Castilla y León, aunque parezca que se celebraron hace mucho, resulta que fue el 13 de este mismo mes de febrero.

Los resultados de estas elecciones anticipadas por el PP, por Casado y “El Tosco”, solo fueron buenas para la extrema derecha y para algún partido regionalista. El PP sacó 55.000 votos menos que en 2019, pero gracias al aumento de la abstención ha sacado más procuradores en cortes.

La izquierda, PSOE y UP, ha tenido muy mal resultado. Los datos no admiten excusas, solo el PSOE perdió 117.000 votos y UP ha sacado la mitad de votos que cuando IU y Podemos se presentaron por separado.

Además del trasvase de votos, hay un fenómeno central: el aumento de la abstención, pues a pesar de que todos los partidos se emplearon a fondo en la participación, se produce un rechazo general a estos partidos y a unas instituciones regionales que, en Castilla y León en particular, son vistas como un artificio para cuadrar el mapa.

Cada cual podrá achacarle la derrota a quién quiera y al factor que más le convenga: a la inoportunidad del ministro Garzón en sacar el debate de las macro granjas, a que los progresistas de la España vaciada se han cansado de que les aldeanicen los pueblos, o al mal tiempo porque ese día llovía.

Desde el Comité de Tribuna Socialista pensamos que el problema está en que el Gobierno de coalición decepciona a gran parte de la clase trabajadora de nuestro país. Lo ha hecho con la reforma laboral que, sin ser negativa, deja sin tocar muchos de los aspectos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012; justo los que afectan a la protección por despido de los trabajadores y trabajadoras. Lo hace con su timorata actitud ante la Iglesia. Lo hace con inacción ante el problema de exclusión financiera que ha generado la banca privada. Lo hace cuando no defiende con contundencia y vigor la Sanidad Pública: la atención primaria y la hospitalaria. Lo hace cuando las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo. Lo hace cuando, tras inyectar ingentes cantidades de dinero en empresas privadas, como en la banca o en la industria, no solo, consiente que se destruyan puestos de trabajo por miles: ya sea vía fusiones, ya sea vía deslocalizaciones. Lo hace cuando no deroga la “Ley Mordaza”. Etc.

A la derecha no se le para diciendo “que viene la derecha”, ya sabemos que viene. A la derecha se le para atendiendo las necesidades que reclama la mayoría social, se para a la derecha no tragando con todo lo que nos imponen las instituciones económicas internacionales: FMI, BCE y la Comisión Europea (¿se acuerdan de la Troyka?).

Si el Gobierno de Coalición y los partidos que apoyan la legislatura quieren parar a la derecha más extrema, deben tomar decisiones que den satisfacción a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados y desempleadas, de los y las pensionistas, de los y las autónomos, de los y las jóvenes que no ven presente ni futuro.

Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html

Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf

Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que «en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios».


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: «Algo huele mal», decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

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