Categoría: Voz Militante

Ejército europeo ¿para qué? Federalismo, soberanía y poder democrático

Hablar de un ejército europeo exige a mi parecer ir más allá del debate superficial sobre seguridad y defensa. La cuestión central no es militar, sino política: ¿qué tipo de poder se construye en Europa y al servicio de qué intereses? En el contexto actual, la creación de un ejército propio de la Unión Europea solo puede tener sentido si forma parte de un proceso constituyente más amplio que transforme la Unión en una estructura verdaderamente democrática y federal, que responda a los intereses de la mayoría social.

Las guerras de Ucrania y Oriente Próximo han puesto de manifiesto una contradicción fundamental: La Unión Europea es un gigante económico, pero política y estratégicamente irrelevante. Su dependencia de la OTAN pone en evidencia su debilidad militar y su déficit de soberanía. Esta dependencia implica subordinación a los intereses de los USA, cuya actitud prepotente y belicista está siendo mayoritariamente rechazada por la opinión pública mundial, incluida la del papa León.

Proceso constituyente

Sin embargo, responder a esta situación con una simple integración militar sería un error. Un ejército europeo construido sobre las actuales estructuras de la Unión reproduciría las mismas lógicas tecnocráticas, intergubernamentales y poco transparentes que hoy limitan su legitimidad democrática. Por eso, la creación de un ejército común debe ir inseparablemente ligada a un proceso constituyente que redefina las bases políticas de la Unión Europa.

Este proceso constituyente implicaría, en primer lugar, una ruptura con el actual entramado institucional establecido en tratados como el Tratado de Lisboa. Dicho marco, basado en el consenso entre Estados y en una distribución compleja del poder, dificulta la toma de decisiones rápidas y, sobre todo, limita el control democrático. Para que un ejército europeo sea coherente con los intereses de la mayoría social, es imprescindible avanzar hacia una estructura federal en la que el poder emane directamente de la ciudadanía.

Gobierno europeo

Esto supone dotar al Parlamento Europeo de competencias plenas en materia de defensa, incluyendo la capacidad de autorizar o rechazar intervenciones militares bajo el mandato de Naciones Unidas, aprobar presupuestos y supervisar al poder ejecutivo. A su vez, sería necesario crear un verdadero Gobierno europeo, responsable ante el Parlamento, que asuma las funciones de política exterior y de defensa. Solo en este marco tendría sentido la existencia de un “ministerio de defensa europeo” que no responda a los intereses de los Estados más poderosos, sino al conjunto de la población representada en sus instituciones.

Esta mutación federal no debería enfocarse como una mera reorganización institucional, sino como una oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder en Europa. La Unión Europea ha sido, en gran medida, un espacio funcional a la libre circulación de capitales y a la “disciplina fiscal”, con un déficit crónico en derechos sociales. El llamado “estado del bienestar” está seriamente amenazado por la deriva armamentista de la Unión. La apertura de un proceso constituyente permitiría introducir mecanismos de redistribución, armonización fiscal y protección de derechos laborales.

Ejército europeo

En este contexto, un ejército europeo podría desempeñar un papel distinto al de las fuerzas armadas tradicionales. Su función no sería la proyección de poder imperial, sino la defensa, a las órdenes del Gobierno, de un modelo social basado en la igualdad, la democracia y la sostenibilidad. Esto exige también redefinir su doctrina: priorizar la prevención de conflictos, la seguridad humana y la cooperación internacional, en lugar de la lógica de confrontación entre bloques que rige en la OTAN.

La integración militar, además, tendría efectos económicos relevantes. Actualmente, el gasto en defensa en Europa está fragmentado, duplicado y, en muchos casos, orientado por intereses industriales privados. Iniciativas como PESCO han comenzado a coordinar esfuerzos, pero siguen operando dentro de un marco limitado. Un ejército europeo en un contexto federal permitiría planificar de manera conjunta, reducir costes y, sobre todo, someter la industria de defensa a un estricto control público.

Aquí se abre una cuestión clave: la relación entre el Estado (o en este caso, una estructura federal europea) y el complejo militar-industrial. Sin mecanismos de control democrático, existe el riesgo de que este sector capture el proceso y lo oriente hacia sus propios intereses. Por eso, la construcción de un ejército europeo debe ir acompañada de políticas que garanticen la transparencia, eliminen la influencia de los lobbies y aseguren que los recursos se destinan a fines socialmente útiles.

Otro elemento fundamental es la dimensión internacional. Un ejército europeo en un marco federal podría contribuir a redefinir el papel global de la Unión Europea. En lugar de actuar como un miembro subordinado dentro de la OTAN -en crisis terminal- podría impulsar un enfoque basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación pacifica con otros Estados. Esto no elimina las tensiones inherentes al sistema internacional, pero sí abre la posibilidad de una política exterior más coherente con los valores democráticos y progresistas.

Reflexiones finales

Es fundamental que este proyecto no se construya “desde arriba”, sino que cuente con la movilización y participación de amplios sectores ciudadanos. Un proceso constituyente europeo debería incluir mecanismos de deliberación pública, referendos y formas de democracia participativa que permitan a los pueblos de Europa decidir sobre su futuro común. Solo así se podrá dotar de legitimidad a una transformación de tal magnitud.

España, en este contexto, puede desempeñar un papel relevante. Un gobierno de coalición, de amplia base progresista, que concite el apoyo y participación de sus viejas naciones históricas, tiene la posibilidad de impulsar este debate. Defender un ejército europeo no significa aceptar sin más la lógica actual de la Unión, sino trabajar para transformarla. Esto implica tejer acuerdos con otros grupos europeos afines, buscando una amplia alianza de fuerzas democráticas; promoviendo profundas reformas de sus instituciones y, sobre todo, conectando el proyecto europeo con las demandas sociales internas.

En última instancia, la cuestión del ejército europeo remite a una pregunta más amplia: ¿puede la clase trabajadora ejercer poder en un mundo globalizado sin construir estructuras políticas a la misma escala que el capital? La respuesta es obviamente negativa. Sin instrumentos de poder supranacional, las conquistas sociales quedan expuestas a la competencia entre Estados y a las presiones de los mercados.

Por ello, la construcción de una Europa federal, democrática y social no es a mi parecer una opción, sino la respuesta concreta a una necesidad existencial, que dé sentido, propósito e identidad al proyecto europeo. En ese marco, un ejército europeo puede ser una herramienta más -no la principal, pero sí relevante- para garantizar la soberanía popular, proteger derechos y contribuir a un orden internacional más justo. Es esencial que su construcción no se separe del proyecto político progresista que le da sentido.

Sin proceso constituyente, un ejército europeo corre el riesgo de ser simplemente una nueva capa de poder al servicio de las oligarquías. Mediante tal proceso, la creación de un ejército europeo puede formar parte de una transformación más profunda: la construcción de una Europa de los pueblos, capaz de decidir su propio destino en un mundo convulso y en disputa. El desarme nuclear universal habría de ser una finalidad irrenunciable, no solo para la viabilidad de este proyecto, sino, sobre todo, para la supervivencia de nuestra especie.

No quisiera finalizar la redacción de este modesto artículo, hoy 14 de abril, aniversario de la II República española, sin recordar a mi amigo y compañero de la UMD, Fernando Reinlein (1945-2026), que hoy cumpliría 81 años.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de navío de la Armada (retirado)

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

El “Destierro” de Marcelo. Castigado por denunciar la mala alimentación

«Marcelo es residente en Colmenar Viejo. Recientemente ha sobrevivido a 25 días de huelga de hambre para pedir comida digna en la Residencia en la que habita. Hoy, la Comunidad de Madrid responde con un expediente de traslado forzoso a Collado Villalba. No es un caso aislado; es un patrón de castigo.»

Soy hija de una de las 7.291 víctimas que la gestión de Isabel Díaz Ayuso dejó atrás durante la pandemia.

Conozco bien el dolor del silencio institucional, pero lo que está ocurriendo hoy en la residencia pública de Colmenar Viejo es un paso más en la crueldad: el uso del traslado forzoso como castigo.

En enero, Marcelo, un residente de dicho centro, me contactó desesperado. Llevaba diez días en huelga de hambre. ¿Su petición? Algo tan básico como comer dignamente. Las fotografías que me envió hablaban por sí solas: patatas y frutas podridas, pescados que daban mal olor, ultra procesados constantes y raciones que apenas calman el hambre. Un maltrato nutricional en toda regla.

A pesar de que mi denuncia ante la Fiscalía de Alcobendas y el Defensor del Pueblo provocó que estas instituciones se personaran y levantaran acta de la situación, la respuesta del Gerente del AMAS fue el desprecio, intentando tildar de mentiroso a un hombre que estaba poniendo en riesgo su vida por su dignidad. Marcelo abandonó la huelga a los 25 días por salud y por consejo de quienes le queremos, creyendo que su voz había sido escuchada.

Sin embargo, la “justicia” de la Comunidad de Madrid ha llegado en marzo en forma de expediente sancionador. El castigo para Marcelo no es una mejora en su menú, sino el destierro: una orden para deslocalizar a Marcelo forzosamente a una residencia en Collado Villalba, lejos de su entorno y sus apoyos.

Este no es un caso aislado. En pocas semanas hemos asistido a tres “expulsiones” similares en Madrid: un residente en el centro Colisée Vallecas, quien denunció la situación tras quejarse de la calidad del servicio, otra residencia vinculó la expulsión a la actuación del hijo de la residente, quien repartió hojas informativas entre otros familiares para denunciar deficiencias en el centro y animar a reclamar, y ahora Marcelo. Es un patrón claro de represalias. En la Comunidad de Madrid, si denuncias el maltrato, te eliminan del mapa.

Como sociedad, no podemos permitir que las residencias sean agujeros negros de derechos, sean públicas o privadas, pero máxime sin pertenecen a la Administración. Un residente no es un preso ni un objeto a merced de la gestión pública-privada; es un ciudadano con pleno derecho a denunciar una atención deficiente sin miedo a ser represaliado.

El deterioro del modelo de cuidados es una herida abierta en nuestra democracia. Necesitamos una gestión 100% pública y de calidad donde la voz del residente sea protegida, no castigada. Seguiremos luchando para que el traslado-castigo de Marcelo no se produzca. Porque si nos callan a uno, nos silencian a todos.

M.ª Mercedes Huertas Aguilera

Activista por la dignidad en las residencias

Recordando las más de 7291 muertes en 2020

La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias, 6 años después aún no se ha terminado porque no hemos obtenido justicia.

El 11 de marzo se creó el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros: el de Sanidad y Hacienda.

Antonio Burgueño, asesor Sanitario de la Comunidad de Madrid, se reúne con Ayuso, Lasquetti y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, lo que nunca se hizo. Ayuso ha mentido a toda la población a este respecto, en varios comunicados.

El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los 4 protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia; emitidos por parte de la Comunidad de Madrid. Esos protocolos les condenaron a miles de residentes una muerte segura y cruel.

Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 Geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.

Una decisión política que no tenía sentido, puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables.

Quiero recordar esos medios, más de 1500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizar, el IFEMA -al que solo se derivaron a 23 residentes leves-, hospitales privados que solo fueron derivados si tenías seguro médico privado y a los hoteles medicalizados. Ninguno de estos recursos se utilizaron mientras nuestros familiares morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos…miles de historias a cual más cruel y dolorosa para las familias.

Cuando llegaron a las residencias la UME, Bomberos y Policía Municipal, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.

En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.

Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de Amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.

Las familias no pedimos nada raro, solo JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.

Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho JUSTICIA.

Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor HOMICIDIO de la Democracia, todo el mundo se quedó con la cifra de 7291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.

En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.

Mercedes Huertas Aguilera

Hija de una víctima.

La ultraderecha que no cesa

Son las libertades, los derechos y normas constitucionales democráticas lo que nos permite convivir en paz en esta sociedad, y en todas, y lo que evita que ésta caiga en manos de quien no los respeta.

Quien iba a pensar hace pocos años, a pesar que lo veíamos con horror en otros países como Rusia, Arabia Saudí o Sudán, que nos podía pasar a nosotros; quien podía pensarlo incluso si mirando más cerca, Francia o Polonia, democracias plenas, veíamos que podían acabar en manos de algunos personajes políticos poco respetuosos con su propia casa, y ejercer una política de mano de hierro…

Y sin embargo, aquí estamos

Curiosa ésta época, donde la ultraderecha ya no necesita dar golpes de Estado porque puede hacer las mismas barbaridades, utilizando los votos democráticos, con los mismos chivos expiatorios, inmigrantes o desafectos, y con las manidas pero muy efectivas redes sociales, propiedad de tecnofeudalistas que solo quieren siervos en vez de ciudadanos libres.

Tienen la misma intención para cualquier sociedad de cualquier país, nada que ver con la humanidad o solidaridad. Nos equivocamos cuando desde nuestra ética de respeto a los derechos humanos juzgamos sus actos como inhumanos o llenos de crueldad.

No pretenden simplemente imponer la paz tras la guerra, o por contra, establecer un gobierno autoritario, o ultraderechista como algo necesario, lógico o en respuesta a la peligrosa izquierda…

En realidad necesitan impunidad absoluta para sus negocios, para justificar el no pagar impuestos, para sortear leyes y normas que constriñen sus libertarias necesidades, expresándolo con absoluta claridad e impunidad.

«…no es política, solo son negocios»

Lo que más me llama la atención, y percibo con temor, es cómo muchos ciudadanos incluso con las rentas más bajas, por la percepción de tener pocas expectativas de mejora o de poder tener siquiera una vivienda, en vez de exigir mejoras de manera organizada se quedan en una simple queja o protesta y trasladan sus necesidades, sus preocupaciones, a esos partidos que, como hemos visto muchas veces, sólo dan voces, y ejercen violencia política y física.

Y no olvidemos la reiterada evidencia de que estos partidos dejan siempre abandonados por el camino a estos mismos ciudadanos que una vez que han cambiado su necesaria y justificada participación política de carácter democrático, por un «simple depósito» de votos en opciones de ultraderecha, «consiguen» además, que sus deseos no satisfechos se conviertan en conflictos sin solución y, por tanto, en situaciones de ruptura para nuestra democracia.

Entonces, si vemos lo evidente, si lo juzgamos tan grave, ¿por qué nos cuesta a la izquierda aunar voluntades? ¿cómo es posible que no toleremos a nuestros compañeros de viaje, a quienes miramos con más recelo que ilusión, pregonando a los cuatro vientos, como si fuera idea nuestra, que deberíamos juntarnos?

Es agotador tanto intento de conformar un grupo, que incluso manteniendo cada uno su identidad, sus ideas, acaba por no respetar a los demás, no reconocer las diferencias y no ser consciente de lo integrador que es para nuestra sociedad, poder conjuntar a personas que tienen una ideología progresista pero diversa.

A veces parecemos, una mezcla de «La vida de Brian» y «Atrapado en el tiempo»,

porque a pesar de tanta reflexión, de intentar no repetir errores, seguimos sin encontrar la solución.

Como no mirar con esperanza renovada, con respeto, y admiración a quienes intentan, desde sitios diferentes, resolver este enigma, a quienes intentan ilusionarnos y darnos esperanzas de que, al menos, «Amanece que no es poco”.

Eduardo Hernández

Militante de la UGT y del PSOE

Enfermar no puede ser un descuento en derechos

La propuesta de la CEOE, del pasado 23 de enero de 2026, de eliminar la cotización a la Seguridad Social durante las bajas médicas no es una medida técnica ni neutra: es una toma de posición ideológica. Una más. Y siempre en la misma dirección: reducir derechos cuando la clase trabajadora deja de ser rentable o suficientemente productiva para el empresario.

Bajo el argumento de aliviar cargas empresariales, la patronal plantea algo profundamente regresivo: que la enfermedad tenga consecuencias colectivas negativas, que el tiempo de baja sea también un tiempo de menor protección social para la persona trabajadora. Como si enfermar fuese una anomalía del sistema productivo y no una realidad humana inevitable, muchas veces vinculada a las propias condiciones de trabajo.

La Seguridad Social no es un gasto superfluo. Es el pilar que sostiene pensiones y prestaciones sociales (incluidas las bajas médicas) y uno de los principales mecanismos de cohesión social. Debilitarla abriendo “excepciones” en las cotizaciones supone erosionar el contrato social y el marco de las relaciones laborales por la puerta de atrás, siempre a costa de los mismos: trabajadores precarios, empleos físicamente exigentes y sectores con peor salud laboral.

El viejo mantra de que rebajar costes crea empleo vuelve a demostrar su falsedad. La precarización no ha generado trabajo digno; ha generado miedo, desigualdad y una clase trabajadora más vulnerable. Eliminar la cotización en las bajas médicas no incentiva la contratación: incentiva la desresponsabilización empresarial y traslada el riesgo al sistema público y al conjunto de la ciudadanía. Lejos de fomentar el empleo, esta medida externaliza el riesgo hacia el sistema público de Seguridad Social. El coste de las bajas (que en muchos casos están relacionadas con enfermedades profesionales, estrés laboral, sobrecarga física o precariedad) pasa a ser asumido colectivamente, mientras las empresas mantienen intactos sus beneficios y reducen sus obligaciones.

Además, se rompe un principio básico del sistema de protección social: la corresponsabilidad entre quienes generan el riesgo y quienes lo financian. Si la empresa deja de cotizar cuando una persona trabajadora enferma, se diluye el vínculo entre organización del trabajo y salud laboral, como si las bajas fuesen fenómenos aleatorios y no, en muchos casos, consecuencias directas del modelo productivo y del puesto de trabajo.

Eliminar la cotización durante las bajas médicas debilita, por tanto, el sistema público de protección social y normaliza la idea de que la enfermedad es un problema individual y no una cuestión colectiva ligada al trabajo. No se crea empleo de calidad; se abarata el incumplimiento de la responsabilidad empresarial y se traslada el coste al conjunto de la sociedad.

Por su parte, el reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, publicado este mes de febrero, ha puesto el foco en el aumento del gasto y en la necesidad de mejorar la gestión de esta prestación. Sin embargo, abordar este fenómeno exclusivamente desde la óptica del control presupuestario sería un error político y social.

El incremento de las bajas laborales no puede analizarse al margen del contexto: el envejecimiento de la población trabajadora, la precariedad, la intensificación de los ritmos productivos y el preocupante aumento de los problemas de salud mental, entre otros factores. Antes que sospechar de quienes enferman, conviene preguntarse qué está ocurriendo en nuestros centros de trabajo y en un sistema sanitario tensionado, especialmente en la atención primaria.

Desde una perspectiva progresista, la sostenibilidad del sistema no debe enfrentarse a la protección de derechos. Mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede ser positivo si el objetivo es agilizar procesos y evitar ineficiencias. Pero cualquier reforma debe partir de una premisa clara: la incapacidad temporal no es un privilegio, es un mecanismo de protección social que garantiza que nadie tenga que elegir entre su salud y su salario.

El debate no debería centrarse en endurecer controles, sino en fortalecer la prevención de riesgos laborales, invertir en salud pública y dignificar las condiciones de trabajo. Porque una sociedad que sospecha de quien enferma es una sociedad que ha perdido de vista el valor central del Estado del bienestar: cuidar a su gente.

Una sociedad decente no penaliza la enfermedad ni convierte la salud en una obligación productiva. Defender la cotización durante las bajas médicas no es radicalismo: es defender la dignidad, la solidaridad y la democracia social frente a una lógica que solo entiende de beneficios.

Jesús García Muñoz

Concejal – Portavoz PSOE de Quijorna

Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado 26 de enero

Socialdemocracia sin nostalgia ni privilegios

En política no hay nada más legítimo que el debate de ideas. Lo que resulta más discutible es el lugar desde el que se ejerce. El reciente manifiesto firmado por Jordi Sevilla y otros antiguos referentes socialistas invita a una reflexión necesaria: ¿quién puede arrogarse hoy la representación de la socialdemocracia y con qué autoridad moral?.

Muchos militantes y votantes socialistas —los que sostienen el partido con cuotas, trabajo voluntario y compromiso cotidiano— observan con desconcierto cómo determinadas voces, alejadas desde hace años de la vida orgánica y social del PSOE, reaparecen para dictar sentencias sobre la supuesta deriva del proyecto socialdemócrata. Resulta cuanto menos llamativo que esas advertencias procedan, en no pocos casos, de trayectorias profesionales desarrolladas en los consejos de administración de grandes corporaciones, especialmente del sector energético.

El fenómeno no es exclusivo de España. En buena parte de la socialdemocracia europea se repite un patrón: dirigentes que hace tiempo abandonaron la política activa, integrados plenamente en las élites económicas, reivindican una socialdemocracia cada vez más despojada de contenido material.

Una socialdemocracia de discurso, pero no siempre de hechos. Más cercana a la tertulia que a la realidad social de millones de trabajadores.

El manifiesto sostiene que las políticas del actual Gobierno estarían alimentando el auge de la extrema derecha. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que ese crecimiento no nace de un exceso de derechos sociales, sino de la frustración que generan décadas de precarización, desigualdad y desprotección. Difícilmente puede responsabilizarse de ese fenómeno a un Ejecutivo que ha impulsado la subida del salario mínimo, reforzado la negociación colectiva, protegido las pensiones y ampliado el escudo social en los momentos más duros.

Conviene recordar que la socialdemocracia no es una etiqueta estética ni un ejercicio de nostalgia.

Es una práctica política concreta. Se mide en políticas públicas, no en columnas de opinión. En decisiones que afectan a la vida real de la gente, no en diagnósticos abstractos formulados desde posiciones de evidente comodidad social.

Como advirtió Julián Besteiro, el socialismo no se define por las palabras, sino por los hechos. Y los hechos, hoy, siguen hablando de derechos laborales, servicios públicos, cohesión social y redistribución. Defender eso no es populismo ni desviación ideológica: es socialdemocracia en estado puro.

El PSOE no pertenece a camarillas ilustradas ni a salones bien alfombrados. Es un partido popular, con raíces profundas en la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo. Porque la socialdemocracia, si quiere seguir siendo útil, no puede permitirse el lujo de confundirse con el privilegio ni de hablarle al país desde la distancia.

J. Berjano,

Socialista “Chaparrilla” de la puta base

El golpe constitucional


Por Manuel Ruiz Robles

En la reciente Pascua Militar -una ceremonia anacrónica, que pone en evidencia el carácter militarista de la monarquía- el Rey ha alertado de la sensación creciente de amenaza en Europa y del riesgo de “desmantelamiento del vínculo” entre Europa y EE UU. También ha llamado a iniciar cuanto antes una verdadera “transición democrática” en Venezuela.

A mi parecer, se trata de una vergonzosa sumisión al poder del imperialismo, incluso a costa del derecho internacional, de la soberanía de la Unión Europea y de la dignidad del Estado. Una actitud incomprensible y políticamente reprobable tras los graves acontecimientos que han hecho saltar por los aires la famosa democracia americana (Tocqueville, 1805-1859), y con ello el derecho internacional.

Agresión militar a Venezuela y secuestro de su presidente

En los últimos días, la crisis desatada por la agresión militar de EE.UU. a la República Bolivariana de Venezuela, y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante incoherencia en el discurso oficial del Rey. Mientras que, en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el monarca ha sido explícito en condenar la agresión como una “inaceptable” violación del derecho internacional y ha mostrado apoyo político y moral al pueblo ucraniano, en relación con Venezuela ha optado por el silencio o la ambigüedad.

El contraste es difícil de justificar. La invasión rusa de Ucrania ha sido denunciada repetidamente por Felipe VI como un ataque flagrante a la soberanía y a la integridad territorial de un Estado soberano; un enfoque que es conforme a la defensa del derecho internacional. Sin embargo, ante el ataque militar a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, el Rey evitó mencionarlo directamente en su discurso de la Pascua Militar.

En lugar de condenar la violación de la soberanía venezolana por parte de EEUU, su mensaje se limitó a una vaga apelación al “orden global basado en normas” sin una condena explícita de una violación grave del derecho internacional contra Venezuela, un país hermano de América Latina.

Es preciso recordar que el propio Gobierno español -y no solo el Gobierno, sino también importantes actores de la política exterior- ha calificado la agresión militar a Venezuela como una violación del derecho internacional y un “precedente muy peligroso” que violenta la soberanía de los Estados. Con este antecedente, resulta legítimo preguntarse por qué el Jefe del Estado español, cuya función constitucional incluye representar a España, no ha expresado una condena pública equiparable a la que sí ha formulado contra la agresión rusa a Ucrania.

Este silencio o ambivalencia no solo genera confusión, sino que aplica un doble rasero diplomático: voz firme contra Rusia en Europa, pero cautela o temor ante una agresión militar de EEUU en América Latina, que también vulnera gravemente principios fundamentales del derecho internacional. La falta de una condena explícita va en detrimento de la coherencia que se exige a la figura representativa del Estado

La Unión Europea amenazada

En cuanto a Dinamarca, el Rey omitió también toda referencia explícita, subrayando únicamente la “sensación creciente de amenaza” en Europa -sin concretar a qué amenaza se refiere- en vez de condenar explícitamente la coerción y amenaza militar de EEUU contra la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Si la defensa de la soberanía y del derecho internacional es un principio que debe guiar la acción del Estado español, entonces deben rechazarse con la misma contundencia todas las violaciones de esos principios, sin importar quién las cometa o en qué región del mundo ocurran. Solo así España puede aspirar a mantener una postura internacional verdaderamente consistente y respetuosa con los valores que dice defender.

La valentía del Gobierno y la ambigüedad del Rey

El contraste institucional es tan evidente como incomprensible. El Gobierno de coalición progresista y su Presidente, Pedro Sánchez, han mostrado una valentía política clara al defender -sin ambigüedades- la soberanía de un miembro de la UE y aliado, recordando que ninguna relación -ni siquiera con el Sr. Trump, comandante supremo de EEUU y por tanto de la OTAN- puede situarse por encima del derecho internacional y del respeto a la integridad territorial. Esa posición no es gratuita: implica asumir costes diplomáticos y tensiones con la potencia hegemónica. Precisamente por eso tiene valor político.

Además, es obvio que el Gobierno de coalición progresista está sostenido por un mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, de lo contrario caería de inmediato.

Frente a ello, la actitud del Rey resulta oscura. Su silencio o su refugio en fórmulas genéricas, cuidadosamente desprovistas de contenido concreto, contrasta con la firmeza que sí ha mostrado en otros conflictos cuando el agresor no forma parte de la OTAN. Esa asimetría no es prudencia institucional: es renuncia a ejercer la función moral y simbólica que corresponde a la Jefatura del Estado cuando están en juego principios básicos del derecho internacional.

Mientras el Gobierno asume la responsabilidad de hablar claro, el Rey opta por no incomodar al todopoderoso Sr. Trump, aunque ello suponga dejar sin defensa explícita a Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN. La valentía política consiste en sostener los principios incluso cuando resulta incómodo; es miedo paralizante lo que lleva a invocarlos solo cuando no tienen coste. En este caso, la diferencia entre ambas actitudes no podría ser más clara.

El “golpe constitucional”

Por si fuesen pocas las amenazas desde el exterior, el ataque sistemático desde el interior al Gobierno de coalición progresista, con especial intensidad a su presidente, no puede entenderse como una simple disputa partidista: es la expresión descarnada de las contradicciones de clases en el marco del capitalismo español.

Desde una perspectiva democrática, asistimos a la reacción furibunda de un bloque de poder oligárquico -financiero, mediático, judicial y empresarial- que ve amenazados, siquiera mínimamente, sus privilegios históricos. Los frentes “moderado” y ultra actúan al unísono, amplificando un discurso de deslegitimación permanente cuyo objetivo no es la crítica democrática, sino la demolición política de cualquier proyecto que cuestione el orden social conservador.

A este coro se suma, de forma reveladora, el reciente manifiesto de antiguos y destacados miembros del PSOE contra Pedro Sánchez. Lejos de representar una disidencia ideológica honesta, este gesto evidencia la función autoritaria de las viejas élites del régimen del 78, siempre dispuestas a reconducir al partido hacia la cómoda gestión del sistema, no a su transformación.

Se trata de una operación de restauración: forzar el regreso a un bipartidismo turnista, el regreso a la alternancia sin alternativa real, al modelo decimonónico de Cánovas y Sagasta adaptado al neoliberalismo contemporáneo.

El mensaje es claro: cualquier desviación, por tímida que sea, del consenso oligárquico del 78 será castigada. La ofensiva actual no defiende la democracia; defiende el poder de clase que la vacía de contenido.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada,

exmiembro de la UMD, miembro de la AMMD.

La muerte de Franco: cuatro meses de vértigo

En el verano de 1975 se estaban instruyendo y llevando a cabo consejos de guerra sumarísimos contra militantes antifranquistas (FRAP y ETA) acusados de terrorismo y rebelión militar, que culminaron en once condenas a muerte.

En aquellos días yo era un joven oficial del cuerpo de ingenieros de la Armada, con cinco hijos en edades comprendidas entre los seis años y un año, y mi esposa encinta de nuestro sexto hijo.

Los cuatro meses de vértigo que transcurrieron hasta la muerte de Franco los vivimos intensamente, pues nuestro compromiso democrático nos situaba de hecho en el ojo del huracán.

Me encontraba destinado en Madrid, en un centro cívico-militar de investigación y desarrollo tecnológico, perteneciente a la Marina -y de profesor en la ETSIAN- situados ambos centros en la calle de Arturo Soria, próximos al Pinar de Chamartín.

Cuando me disponía a iniciar mi permiso reglamentario, en el verano del 75, una noticia saltó a la prensa: nueve oficiales del ejército habían sido detenidos. Se trataba de nuestro comandante, Luis Otero -fundador junto a Juli Busquets de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD)-, y de ocho compañeros más, entre los que se encontraban los capitanes Xosé Fortes y Fernando Reinlein. En la madrugada del 29 de julio fueron detenidos en sus domicilios.

Acusados de conspiración para la rebelión militar, fueron juzgados pocos meses después en consejos de guerra. Estos juicios militares se celebraron con serias irregularidades procesales y sin derecho efectivo a la defensa. La mayoría fueron condenados a largos años de prisión y expulsados del ejército.

En aquellos años el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política, social e internacional. El dictador, enfermo y cada vez más incapacitado, seguía siendo formalmente el jefe del Estado, con el auxilio de Juan Carlos de Borbón, que lo había sustituido en sus funciones desde el 19 de julio hasta el 2 de septiembre de 1974, y, un año después, desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975.

El aparato de la dictadura, impuesta desde 1939, se mantenía activo en la represión criminal y en la defensa del Estado fascista. Franco, ya moribundo, firmó sus últimas penas de muerte.

El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco jóvenes antifranquistas: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), yJuan Paredes Manot (“Txiki”) y Ángel Otaegui Etxeberria, militantes de ETA político-militar.

Los consejos de guerra, que condenaron a muerte a los once jóvenes resistentes, fueron celebrados con graves irregularidades procesales, sin garantías jurídicas ni derecho efectivo a la defensa. La presión popular forzó el indulto de seis de ellos, pero los otros cinco fueron asesinados. Fue uno de los hechos más trágicos y simbólicos del final de la dictadura.

Las condenas a muerte de estos jóvenes antifranquistas provocaron una ola de indignación nacional e internacional sin precedentes contra la dictadura. En Euskadi, que se encontraba en estado de excepción, se decretó una huelga general, que fue seguida mayoritariamente.

Numerosos gobiernos y organizaciones de derechos humanos condenaron las penas de muerte. En Europa se produjeron manifestaciones masivas: en París, Roma, Londres, Bruselas y Estocolmo, miles de personas salieron a las calles para protestar. Algunos países, como Suecia, Noruega y los Países Bajos, retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid. En Roma, manifestantes asaltaron la embajada española, y en varias capitales se realizaron actos simbólicos de duelo por las víctimas. En Lisboa la embajada española fue asaltada e incendiada. El Papa Pablo VI había pedido clemencia, al igual que numerosos líderes internacionales, pero el régimen desoyó todos los llamamientos.

El 1 de octubre de 1975 un Franco tembloroso daba su último discurso en la Plaza de Oriente de Madrid, flanqueado por Juan Carlos de Borbón y una muchedumbre enardecida que reclamaba mano dura.

El 13 de octubre de ese mismo año, José Ignacio Domínguez, capitán de aviación, piloto de reactores y dirigente de la UMD, que se encontraba en el extranjero y por ello logró esquivar las detenciones de la madrugada del 29 de julio, daba una memorable rueda de prensa en París. Dos años más tarde, a su regreso a España, era también juzgado en consejo de guerra, condenado y expulsado del ejército.

Ninguno de nuestros compañeros de la UMD, ya excarcelados, pudo beneficiarse entonces de la ley de Amnistía de 1977, mientras que, por el contrario, sí se amnistiaron delitos de sangre; en particular, cientos de miles de crímenes del franquismo, que aquella infame ley de “punto final” impidió que fuesen juzgados, quedando impunes.

En el interior de España, el clima era de represión y miedo, pero también de creciente movilización obrera, estudiantil y vecinal. Las huelgas y protestas se multiplicaban, y la oposición -clandestina pero activa- comenzaba a coordinarse en torno a la idea de una ruptura democrática. El propio régimen mostraba signos de descomposición, dividido entre los llamados “aperturistas”y los“inmovilistas”, que pretendían perpetuar la dictadura.

El 2 de noviembre Juan Carlos de Borbón, en viaje sorpresa, visitaba las tropas españolas en El Aaiún (Sahara), dirigiéndose a los militares: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

El estatus jurídico del Sahara español en aquellas fechas era de provincia española (la número 53), sin representación política plena en las Cortes franquistas. Los saharauis tenían nacionalidad española reconocida, pero con limitaciones de derechos políticos y civiles.

El 6 de noviembre se inicia la invasión marroquí del Sahara español, conocida como la Marcha Verde. El entonces jefe de la dictadura en funciones cedió ilegalmente el Sahara español al Reino de Marruecos, en un intento desesperado por afianzar su acceso al trono y la reinstauración impostora de la monarquía borbónica, dejando abandonado a su suerte al pueblo saharaui. Documentos secretos de la CIA, ya desclasificados, prueban que aquellos hechos de Juan Carlos de Borbón podrían haber constituido presuntos delitos de alta traición. En aquellos funestos días, nuestro querido compañero, el capitán Bernardo Vidal, miembro de la UMD, ayudó a escapar a muchos dirigentes saharauis.

El estatus actual del antiguo Sahara español sigue siendo ambivalente, pues, diplomáticamente, hay un giro hacia la aceptación del plan de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos como base de negociación; mientras que legalmente, desde la perspectiva de la ONU, sigue considerándose una cuestión de descolonización con derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El 20 de noviembre de 1975, Franco murió tras una larga agonía médica retransmitida por los medios oficiales. El presidente del gobierno Arias Navarro, con aspecto lúgubre y compungido, abrió un informativo especial de televisión española con las palabras: “¡Españoles, Franco ha muerto!”.

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón jura ante las Cortes franquistas lo principios del Estado fascista -basados en el totalitarismo, el nacionalismo extremo y el culto al líder– siendo proclamado Rey de España.

La muerte de Franco marcó el principio del fin de cuarenta años de dictadura y abrió el camino, lleno de incertidumbres, hacia la Transición democrática. Sin embargo, los fusilamientos de septiembre quedaron grabados en la memoria colectiva como el último acto oficial de la dictadura que ponía en evidencia la extrema brutalidad del franquismo y también como un recordatorio del alto precio que costó la libertad en España.

Este periodo, comprendido entre el verano y finales de diciembre de 1975, constituye por tanto un episodio esencial de la memoria democrática: el cierre violento de una dictadura genocida y el preludio de una nueva etapa política, nacida entre el dolor, la resistencia a la dictadura y la esperanza de unos pueblos que aspiraban a recuperar la libertad.

Aún quedaban por delante tres años de luchas populares y de sufrimiento. Finalmente, la Constitución fue consensuada entre los partidos políticos en 1978, y, pese a ser monárquica y contener artículos dictados manu militari –como el de la inviolabilidad del Rey- abría una nueva época en la Historia de España, aún sin cerrar.

Manuel Ruiz Robles

Reconectar con la mayoría social: una llamada a la militancia socialista

De izquierda a derecha: representantes de VOX, ERC, la periodista, y PSC.

Hace unos días, con ocasión de la aprobación de los presupuestos municipales del Vendrell, asistí a un debate en la televisión pública del Vendrell, con represenantes de VOX y ERC.

El debate en sí carece de interés para el objetivo de este artículo. Se pueden imaginar: en mi calidad de concejal de hacienda defendí la acción del gobierno municipal y las bonanzas de un presupuesto con impuestos congelados, con excepción del impuesto a los fondos buitre que especulan con la vivienda, y con un buen número de inversiones transformadoras en marcha, mientras VOX y ERC me atacaban con su demagogia.

Tras el debate, un asesor de VOX que estaba detrás de las cámaras me reconocía que su «caladero» electoral más importante son los barrios obreros, donde pregonar que la falta de empleo, el incivismo y la delincuencia es culpa de los inmigranes es fácil.

También les resulta fácil pregonar lo malos que somos los socialistas que damos ayudas sociales a los musulmanes, lo malos que somos los socialistas que bonificamos coches eléctricos y placas solares que solo pueden comprar la gente con más renta, y que solo nos encargamos de favorecer políticas a favor de los gays, los transexuales y las lesbianas. Ante tal hecatombe, ellos proponen la deportación masiva de inmigrantes (incluso los hijos que ya han nacido aqui),y quitar todos los impuestos para que la gente tenga el dinerito en sus bolsillos.

Todos esos argumentos demagógicos son fáciles de desmontar, pero lo que más me llamó la atención es que se pasan el día en la calle, yendo cada día a los institutos a hacer proselitismo de sus ideas, que poco a poco, van calando entre la juventud y las capas sociales más desfavorecidas.

Es claro que la demagogia de VOX se combate con políticas de izquierdas. En la editorial de este número de TS se hace alusión a la ilusión que despierta en EEUU, propuestas encaminadas a abaratar el precio de los alimentos, la sanidad, la vivienda… los verdaderos problemas de la mayoría de la sociedad.

La política española vive una paradoja inquietante: mientras la ultraderecha avanza con un discurso emocional, sencillo y omnipresente en los barrios obreros, el socialismo —históricamente la voz natural de esa mayoría trabajadora— parece haber perdido presencia, oído y pulso territorial.

En toda Europa y en EEUU se ha observado el fenómeno de una parte creciente de la clase trabajadora que ha virado hacia formaciones populistas de derecha, en un contexto de precariedad económica, transformaciones sociales y crisis de representación. España no es una excepción.

La lucha contra el cambio climático y por la igualdad no son suficientes para articular un discurso aglutinador e ilusionate para el proletariado, sobre todo cuando, en vez de ayudar, agravan los problemas de éste. Por ejemplo, las «zonas de bajas emisiones» que limitan el acceso a las ciudades a miles de trabajadores sin tener una red de transporte público alternativo; o por ejemplo, las nuevas políticas de gestión de los residuos, impulsadas desde Europa, y que encarecen la tasa de basura. No digo que no sean necesarias estas políticas, sino que no son suficientes si no existen políticas públicas que tengan efectos tangibles y reales en las vidas de las personas.

La insuficiencia de las propuestas que den respuesta a las necesidades de la mayoría, es terreno abonado para la rebeldía retrógrada de la ultraderecha. «Libertad» reclaman, igual que Ayuso en Madrid, o Milei en Argentina. «Fuera impuestos» prometen. «Fuera servicios públicos» que son «chiringuitos» para los políticos que viven del cuento mientras los trabajadores y jóvenes no llegan a fin de mes.

No es casualidad que Vox haya desplegado una estrategia meticulosa de proselitismo emocional: presencia constante en redes, en institutos y en barrios obreros, ni que utilicen una retórica de “hablar claro”, visitas a barrios vulnerables, y una narrativa de agravio que ofrece explicaciones fáciles a problemas complejos. Es propaganda, sí. Pero funciona. Y funciona porque dan respuestas (falsas y engañosas, pero respuesta) a las preocupaciones de la mayoría social más vulnerable.

Mientras tanto, demasiadas agrupaciones socialistas se han replegado a dinámicas internas, lejos del mercado, del casal, de la asociación de vecinos, del bar de siempre o del campo de fútbol del domingo. Hemos dejado de hacer política donde importa: en la calle, con la gente y para la gente. Y eso, para un partido que nació para transformar la vida de la mayoría social, es inadmisible.

La militancia socialista tiene un papel que ninguna estructura institucional puede sustituir: captar el pulso real de la ciudadanía, sin filtros ni gabinetes. Las preocupaciones son claras: empleo y salarios precarios, vivienda inaccesible, inseguridad cotidiana, soledad no deseada, barrios degradados, coste de los alimentos … La gente … nuestra gente, la clase trabajadora, no quiere discursos épicos: quiere soluciones alcanzables.

El socialismo siempre fue fuerte cuando escuchó primero y habló después. Cuando conectó la lucha por la igualdad con la mejora concreta de la vida diaria. Cuando no temió debatir cara a cara con quien piensa diferente. Cuando las agrupaciones eran escuelas de política y motores de comunidad. El futuro no se construye desde la comodidad; se construye desde el debate valiente y el territorio vivo.

Cuando los socialistas somos militantes activos, y recuperamos la vida de las agrupaciones, pegadas a los problemas reales de nuestros conciudadanos, no hay quien nos pare. No hay algoritmos ni bulos que sustituyan una conversación honesta en un rellano o en una plaza.

Nuestra actividad política es la de estar en los barrios con propuestas claras: empleo estable, salarios dignos, seguridad vecinal, vivienda asequible, servicios públicos de calidad.

Nuestro lenguaje y presencia en redes debe ser claro, directo y humano, y no recargado de mensajes institucionales que no llegan al corazón de la gente.

Vienen tiempos difíciles en los que los mensajes de individualismo y cargar contra lo público, contra la igualdad, contra la justicia social y contra la democracia… van calando… porque vamos dejando que calen.

Insisto: la demagogia se combate con pedagogía trabajo y esfuerzo; y a la ultraderecha se la vence con políticas de izquieda. El resto no vale para nada. La gente no es ni ignorante ni se vuelve facha, a la gente hay que escucharla y hacerles propuestas para mejorar nuestras vidas de forma colectiva.

La ultraderecha no está ganando porque tenga mejores soluciones, porque no las tienen. Su solución es la de excluir a otros y desinformar. Diversos estudios muestran que las fuerzas de extrema derecha explotan (y promueven) de manera sistemática la desinformación y los marcos emocionales simplificados para ganar apoyo, especialmente en contextos de malestar económico y desconfianza hacia las instituciones. No es que su electorado sea “más ignorante”, sino que se mueve en entornos informativos más polarizados, donde los bulos y los mensajes de odio circulan con mayor intensidad y menor contraste con datos verificables.

Nuestro reto como socialistas no es llamar ignorante o «facha» a nadie, sino disputar el sentido común: llevar datos, propuestas y presencia a los mismos espacios donde hoy solo se escucha ruido, discursos de odio y miedo.

Ese terreno lo podemos recuperar. Pero exige militancia activa, debates incómodos, calle, calle y más calle, y propuestas que mejoren de verdad la vida de la mayoría social.

Una invitación a la militancia

Compañeras y compañeros: es hora de desentumecer el músculo político. Ni nostalgia ni resignación. Acción. Debate. Escucha. Propuesta. Trabajo.

El socialismo no se defiende solo desde los despachos o las tribunas parlamentarias; se construye caminando junto a la gente, poniéndose en la cabecera de las reivindicaciones y no adoptando actitudes defensivas de la labor de las instituciones.

Si la extrema derecha, y los populismos venden humo con discursos rancios, odio y bulos, los socialistas tenemos la obligación de ventilar bien y recuperar el pulso de la vida activa de las agrupaciones y de nuestras calles y barrios.

Baltasar Santos
1er Sec PSC del Vendrell

Anna Balletbó: Debate y curiosidad.¡La mujer que lo quería entender todo!

El pasado 24 de octubre nos dejaba Anna Balletbó a los 81 años. Periodista y política. Fue diputada en el Congreso de la I a a la VI legislatura por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Muchos la recordarán como aquella diputada socialista que el 23F estando embarazada exigió salir del hemiciclo. El pasado mes de agosto participó en el tradicional «sopa d’estiu socialista» que organiza la agrupación del Vendrell desde hace más de 50 años. A sus 81 años, nos acompaño degustando los tradicionales «pies de cerdo» y demostrando una plena vitalidad y visión política. A las muestras de condolencia mostradas por la mayoría de personalidades políticas del PSC y del PSOE, se suma la de la agrupación del Vendrell, y especialmente, la del compañero Roger Caballero, militante nuestro, afincado en Canadá por motivos profesioanles y que mantenía una relación epistolar con Anna desde hacía años. DEP. (Nota de Redacción)

Curiosa, insistente para saber lo que necesitaba o quería conocer, abierta a hablar tanto con lo más popular como con lo más humilde, Anna siempre buscaba quien pudiera darle una respuesta para poder, como decía ella, “decidir su opinión” sobre un tema.

Conocí a Anna Balletbò en otoño del 2013, en un acto donde, rodeada de empresarios, políticos conocidos y de otros que se acercaban insistentemente a saludarla, vino a la mesa donde éramos un grupo de estudiantes becados y me dijo: «Escucha, tú quién eres? ¿A qué te? interesantes.” Dos preguntas que iniciaron una amistad que, pese a la distancia generacional y geográfica de los últimos diez años, ha perdurado.

Este verano tuve la suerte de compartir con ella una larga charla para repasar la actualidad política y, más concretamente, la geopolítica. Como era habitual, comprobé una vez más que era de aquellas personas que se atrevían a predecir lo que podía pasar en el futuro —una calidad al alcance de muy pocas personas.

nna tenía la capacidad de sentar en una misma mesa a políticos y personas que, sin su perseverancia, nunca lo habrían hecho. También sabía convencer a los expertos de las temáticas que le interesaban por mantener largas conversaciones, invitando a otros amigos igualmente curiosos, con el objetivo de hacer algo que no siempre es fácil: debatir.

Cuando el conferenciante había expuesto la cuestión que nos ocupaba, ella dirigía y lideraba la tertulia, haciendo participar —incluso sin querer— a muchos de los asistentes, para extraer aún más zumo de las charlas y seminarios que organizaba.

Anna fue respetada por sus contrincantes políticos gracias a su capacidad de escuchar a los demás, pero también por la virtud de decir, sin tapujos, cuando estaba o no de acuerdo sin dilaciones. Ha sido el alma de la Fundación Olof Palme durante más de treinta años, y su carácter la convirtió en un referente en nuestro país, tanto como mujer como miembro del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Militar hoy en un partido político no es fácil si no tienes la oportunidad de conocer a personas entregadas y motivadas para mejorar la sociedad. Ella transmitió esa motivación y ha dejado una huella.

La echaremos de menos.

Roger Caballero
Militante del PSC del Vendrell