Sánchez reivindica en Fuenlabrada la fuerza del socialismo para defender las pensiones, la vivienda y los derechos conquistados

Por María Iglesias Domínguez- Redacción Tribuna Socialista

Fuenlabrada, una ciudad estrechamente vinculada a la historia del municipalismo socialista madrileño, acogió el pasado sábado 17 de octubre el último Comité Federal del PSOE  antes de las elecciones y fue mucho más allá de la aprobación de las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro se convirtió en una reivindicación de la trayectoria del socialismo español, de los derechos conquistados durante décadas y de los desafíos sociales que siguen pendientes.

Pedro Sánchez, proclamado por unanimidad candidato a la Presidencia del Gobierno, articuló su intervención alrededor de una idea que ha acompañado al movimiento socialista desde sus orígenes: los avances sociales no son concesiones de los poderosos, sino conquistas colectivas impulsadas por la organización, la movilización y la acción política.

Bajo el lema «La fuerza de la gente», Sánchez defendió la necesidad de afrontar las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas sin renunciar a los principios que han dado sentido históricamente al socialismo democrático: igualdad, justicia social, solidaridad y defensa de los servicios públicos.

La elección de Fuenlabrada tampoco fue casual. Gobernada por el PSOE y con una larga tradición de políticas municipales progresistas, la ciudad representa una experiencia de transformación urbana y social vinculada al desarrollo de los servicios públicos y a la participación de sus vecinos.

Las pensiones, una conquista del movimiento obrero que debe preservarse y la defensa del sistema público de pensiones ocupó uno de los momentos centrales del discurso.

«Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan», proclamó Sánchez en respuesta al debate abierto por dirigentes de la derecha sobre las reformas que consideran necesarias para garantizar su sostenibilidad.

Más allá de la confrontación electoral, el secretario general quiso recordar el verdadero significado de las pensiones dentro del Estado social.

«Las pensiones no son un cheque regalado, es una conquista social lograda», afirmó, reivindicando las décadas de trabajo, cotizaciones y movilización que han permitido construir el actual sistema de protección.

Esta concepción enlaza con uno de los principios fundamentales del socialismo: la seguridad económica de las personas mayores no puede depender exclusivamente de su patrimonio privado ni de su capacidad individual de ahorro. Constituye una responsabilidad colectiva que debe garantizarse mediante la solidaridad entre generaciones.

El Gobierno socialista recuperó en 2021 la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo, poniendo fin al mecanismo introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013, que permitió incrementos mínimos del 0,25% durante varios ejercicios.

Sánchez recordó también las movilizaciones de pensionistas que precedieron a aquella reforma. Su intervención reconoció así el papel de la sociedad organizada en el impulso de los cambios legislativos.

La sostenibilidad del sistema continúa planteando desafíos económicos y demográficos, como ha señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su respuesta exige combinar políticas de empleo, cotizaciones suficientes, financiación pública y protección del poder adquisitivo, evitando reducir el debate a una oposición entre generaciones.

El empleo digno y la recuperación de los salarios, fue 0tro de los pilares del discurso fue la reivindicación de las políticas laborales desarrolladas desde 2018.

Sánchez recordó la subida del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735,90 euros mensuales en catorce pagas en 2018 a 1.221 euros en 2026, lo que representa un incremento nominal cercano al 66%.

También destacó la reforma laboral acordada con sindicatos y organizaciones empresariales, que ha modificado las condiciones de contratación y reducido el peso de la temporalidad.

La afiliación media a la Seguridad Social superó los 22,4 millones de trabajadores en septiembre de 2026, reflejando el crecimiento del empleo registrado durante los últimos años.

Estos avances tienen especial significado desde una perspectiva socialista porque sitúan el trabajo y los salarios en el centro de la política económica. El crecimiento no puede medirse únicamente mediante los beneficios empresariales o las grandes cifras macroeconómicas: debe traducirse en mejores condiciones de vida y en mayor seguridad para las familias trabajadoras.

El presidente vinculó, además, el incremento del empleo y la incorporación de trabajadores migrantes al fortalecimiento de las cotizaciones sociales y a la financiación del sistema de pensiones.

También reivindicó la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el objetivo de alcanzar los 20.000 millones de euros al término de la legislatura, una previsión que dependerá de la evolución de los ingresos y las aportaciones previstas.

La vivienda, la gran conquista social pendiente. Si las pensiones y los derechos laborales simbolizan avances históricos del movimiento obrero, Sánchez presentó la vivienda como una de las grandes conquistas sociales que todavía deben hacerse realidad.

El presidente recordó a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció después de haber sido desahuciada de la vivienda madrileña en la que había transcurrido gran parte de su vida.

Su caso ha provocado una amplia movilización social y ha vuelto a situar en primer plano las consecuencias humanas de la crisis residencial.

«Lo que yo he sufrido, que no lo vuelva a sufrir nadie más», recordó Sánchez, evocando el mensaje de Maricarmen.

El secretario general estableció una relación entre las movilizaciones históricas por las pensiones, los derechos laborales y la igualdad y las actuales reivindicaciones por una vivienda digna.

«La causa también de esta generación, será también la vivienda», afirmó.

El problema afecta especialmente a los jóvenes, pero también a familias trabajadoras, pensionistas y personas cuyos salarios no han seguido el ritmo del encarecimiento de los alquileres.

La defensa del derecho a la vivienda exige ampliar el parque público, mejorar las condiciones de acceso y establecer mecanismos que impidan que la especulación termine expulsando a los ciudadanos de sus barrios.

El Gobierno ha impulsado iniciativas en esta dirección, aunque algunas de las medidas más recientes han encontrado dificultades parlamentarias.

La experiencia demuestra que, como ocurrió con otros derechos sociales, el reconocimiento legal de la vivienda necesita acompañarse de recursos, acuerdos institucionales y políticas públicas capaces de hacer efectivo ese derecho.

El feminismo y los derechos de las mujeres, parte esencial del proyecto socialista. Sánchez dedicó también una parte de su intervención a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

Entre sus compromisos para la próxima legislatura destacó la intención de impulsar una reforma constitucional que reconozca expresamente el derecho al aborto.

La iniciativa, que necesitaría las mayorías parlamentarias exigidas para modificar la Constitución, forma parte de una trayectoria histórica en la que el socialismo español ha desempeñado un papel destacado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Desde las reformas civiles y familiares hasta la legislación sobre igualdad y protección frente a la violencia machista, el avance de la ciudadanía femenina ha sido uno de los grandes procesos de transformación democrática.

La reivindicación del feminismo se extendió también a la composición de las candidaturas socialistas, en las que las mujeres encabezarán más de la mitad de las listas al Congreso.

No se trata únicamente de representación política. La igualdad requiere seguir actuando sobre las diferencias salariales, la distribución de los cuidados, la precariedad laboral y las dificultades que encuentran muchas mujeres para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Democracia y derecho al voto: la controversia de los descendientes del exilio. La memoria democrática ocupó otro espacio relevante del encuentro.

Sánchez denunció la situación de los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, especialmente los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La suspensión cautelar de las inscripciones electorales de 163.020 españoles residentes en el extranjero ha abierto una controversia jurídica sobre los requisitos para ejercer el derecho al voto.

El recurso que originó esta situación fue promovido por Vox e Iustitia Europa, y el Partido Popular ha respaldado políticamente la decisión judicial.

El Defensor del Pueblo ha acudido al Tribunal Constitucional para solicitar protección del derecho de sufragio de los afectados.

Sánchez reclamó que los descendientes del exilio republicano pudieran participar en igualdad de condiciones en la vida democrática española.

La cuestión posee una dimensión histórica especialmente significativa para el socialismo, cuyos militantes, representantes y organizaciones sufrieron durante décadas la represión y el exilio.

La recuperación de la memoria democrática no consiste únicamente en reconocer aquel pasado. También implica examinar cómo se garantizan hoy los derechos de ciudadanía de las generaciones vinculadas a aquella historia.

Un socialismo atento a los nuevos desafíos mundiales. El secretario general no limitó su intervención a las políticas nacionales.

La emergencia climática, la transformación tecnológica y la situación internacional fueron presentadas como desafíos que requieren respuestas colectivas y nuevas formas de intervención pública.

Sánchez defendió la necesidad de seguir avanzando en la transición energética y planteó elevar hasta el 80% la participación de las energías renovables en la generación eléctrica. También apostó por fortalecer el tejido industrial y afrontar las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el trabajo, la democracia y las relaciones sociales.

Desde la tradición socialista, estas transformaciones plantean una cuestión central: cómo conseguir que los avances tecnológicos y económicos beneficien al conjunto de la sociedad y no amplíen las desigualdades existentes.

En política internacional, el presidente reiteró su oposición a la guerra de Irán, su posición ante la situación de Gaza y su rechazo al compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto.

Reivindicó así una orientación basada en la cooperación internacional, el respeto a la legalidad y la defensa de los derechos humanos.

La jornada tuvo también un componente personal cuando Sánchez agradeció públicamente el apoyo de su esposa, Begoña Gómez. «Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer», expresó, antes de asegurar que ambos habían afrontado juntos los momentos difíciles de los últimos años.

Pero el hilo conductor de su intervención fue la reivindicación de la acción colectiva. A lo largo de casi siglo y medio de historia, el socialismo español ha experimentado situaciones muy diferentes: la construcción de sus primeras organizaciones obreras, la conquista de derechos políticos y laborales, la defensa de la República, la represión franquista, la reconstrucción democrática y la participación en los gobiernos de España.

Esa trayectoria permite entender por qué Sánchez insistió en que las reformas sociales no aparecen espontáneamente.

Son el resultado de movilizaciones, debates, negociación colectiva, iniciativas legislativas y participación democrática.

El encuentro de Fuenlabrada situó esa tradición en el presente, conectando las reivindicaciones históricas del movimiento socialista con problemas como el acceso a la vivienda, los nuevos modelos de empleo, la igualdad y la protección de las personas mayores.

*La principal idea que dejó el Comité Federal fue que el socialismo entiende los derechos sociales como conquistas que deben mantenerse, ampliarse y adaptarse a las necesidades de cada generación”.

Las elecciones del 29 de noviembre abrirán una nueva etapa política, pero los desafíos planteados en Fuenlabrada permanecerán más allá de sus resultados: garantizar pensiones dignas, salarios suficientes, vivienda asequible, igualdad efectiva y unos servicios públicos que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

La ciudad de los trabajadores: una distopía socialista 

¿Y si nuestras ciudades decidieran devolver poder a quienes las hacen funcionar? 

Imaginemos una distopía. Una ciudad española en la que el Ayuntamiento decidiera que los trabajadores no son únicamente contribuyentes, usuarios de los servicios públicos o mano de obra disponible para las empresas. Una ciudad en la que se reconociera algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente revolucionario: que quienes viven de su trabajo deben tener capacidad para decidir sobre la sociedad en la que trabajan y viven. 

Imaginemos que ese Ayuntamiento crease una oficina para la defensa de los derechos laborales, el fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores en la vida pública. 

Parece una fantasía, pero no lo es tanto. 

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto sobre la mesa precisamente esa posibilidad con la creación de una oficina municipal destinada a reforzar el poder de los trabajadores y su capacidad de organización. 

Y aquí comienza nuestra distopía. 

¿Qué ocurriría si Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o cualquier otra ciudad española decidieran hacer algo parecido? 

Probablemente sucedería algo incómodo: los trabajadores comenzarían a tener más poder. 

Y eso, para una sociedad que durante décadas ha aceptado como inevitable la subordinación del trabajo frente al capital, sería casi una anomalía. 

Porque hemos construido ciudades magníficas mientras normalizábamos empleos precarios. Hemos inaugurado grandes infraestructuras mientras miles de trabajadores no podían pagar el alquiler. Hemos hablado de innovación, competitividad y crecimiento mientras una parte de la población trabajadora encadenaba empleos inestables, jornadas interminables o salarios insuficientes para construir un proyecto de vida. 

La contradicción es evidente. 

No puede existir una ciudad verdaderamente próspera si quienes la hacen funcionar no pueden vivir dignamente en ella. 

Una política municipal socialista debería partir precisamente de ahí. 

Imaginemos un Ayuntamiento que entendiera que combatir la precariedad laboral también es política de vivienda; que mejorar los salarios también es política de igualdad; que garantizar horarios compatibles con la vida familiar también es política de bienestar. Un Ayuntamiento que protegiera a quienes trabajan en la hostelería, el comercio, los cuidados, el transporte, la limpieza o las nuevas plataformas digitales. 

Y que, por tanto, contemplara a los sindicatos no como un actor externo, sino como una expresión organizada de la ciudadanía trabajadora. 

Aquí está la cuestión fundamental. 

Durante demasiado tiempo se ha pretendido separar artificialmente la democracia política de la democracia económica. Como si la democracia comenzara en las urnas y terminara al entrar en el centro de trabajo. 

Pero un ciudadano que puede votar cada cuatro años y que durante el resto de su vida laboral carece de capacidad real para defender sus intereses frente al poder empresarial disfruta de una democracia incompleta. 

La democracia también debe entrar en las empresas. 

El sindicalismo es una de las grandes herramientas históricas para conseguirlo. Allí donde un trabajador aislado apenas tiene capacidad para negociar, la organización colectiva permite equilibrar, aunque sea parcialmente, una relación de poder profundamente desigual. 

Por eso la defensa de los derechos sindicales no es una cuestión corporativa. Es una cuestión democrática. 

Fortalecer al sindicato es fortalecer la capacidad de los trabajadores para intervenir en la sociedad. Y aquí reside la dimensión internacional de la experiencia de Nueva York. 

Desarrollar los derechos sindicales en cualquier parte del mundo significa ampliar la democracia. Significa trasladar una parte del poder desde quienes concentran la riqueza hacia quienes producen esa riqueza con su trabajo. 

No estamos hablando solamente de salarios. Estamos hablando de poder. 

Poder para negociar. Poder para organizarse. Poder para reclamar. Poder para decir no. Poder para participar. Poder, en definitiva, para no estar solo frente a quien dispone de más recursos y capacidad de decisión. Imaginemos el efecto de todo ello en nuestras ciudades. 

Trabajadores con mejores salarios tendrían más capacidad para acceder a una vivienda digna. Trabajadores con jornadas razonables dispondrían de más tiempo para sus familias y su comunidad. Trabajadores organizados podrían denunciar con mayor eficacia los abusos laborales. Jóvenes con empleos estables podrían construir proyectos de vida. 

Y una ciudadanía con mayor seguridad material tendría también mejores condiciones para participar en asociaciones, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas. 

Más derechos en el trabajo significarían más ciudadanía fuera del trabajo. Ese es, quizá, el aspecto más profundamente socialista de esta cuestión. 

El socialismo no debería limitarse a administrar mejor las consecuencias de las desigualdades. Su razón de ser histórica consiste en democratizar el poder económico y ampliar la capacidad de las mayorías para decidir sobre aquello que condiciona sus vidas. 

Por eso una ciudad gobernada desde una perspectiva socialista debería preguntarse no solamente cuánto recauda, cuánto construye o cuánto crece. Debería preguntarse también: 

¿Cuánto poder tienen sus trabajadores? 

La respuesta a esa pregunta sería un extraordinario indicador de calidad democrática. 

Nuestra distopía, por tanto, no consiste realmente en imaginar una ciudad así. La verdadera distopía sería aceptar como normal una ciudad en la que quienes la levantan, la limpian, la cuidan, la transportan, la enseñan y la mantienen funcionando carezcan de capacidad colectiva para decidir sobre sus condiciones de vida. La iniciativa de Mamdani nos ofrece una oportunidad para pensar en otra dirección. 

Una ciudad donde el trabajo tenga derechos. Donde los sindicatos tengan reconocimiento. Donde la participación de los trabajadores forme parte de la política municipal. Donde la contratación pública contribuya a extender los derechos laborales. Donde luchar contra la precariedad sea una prioridad política y donde la dignidad de quien trabaja sea considerada un patrimonio colectivo. 

Quizá entonces descubramos que una ciudad socialista no es necesariamente aquella que proclama más consignas. Es aquella que redistribuye poder. 

Y si hay una lección que podemos extraer de Nueva York es precisamente esa: que la democracia no se debilita cuando los trabajadores adquieren poder. Al contrario. Cuando el trabajador gana derechos, la democracia gana ciudadanos. Cuando el sindicato gana fuerza, la sociedad gana libertad. Y cuando las ciudades devuelven poder a quienes las hacen funcionar, las ciudades se vuelven más justas, más libres y más democráticas. 

Esa no debería ser nuestra distopía. Debería ser nuestro proyecto. 

Luis Ángel Ruiz Cardin 

fue Secretario General de UGT en Cantabria entre 1982 y 1998. 

Posteriormente desempeño el cargo de S° General de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria y de igual manera en la fusión que tuvo como consecución: FESMC-U.G.T. 

La IA: un peligro real para Sapiens 

Las abundantes noticias de las últimas semanas sobre los peligros de la IA constatan el hecho indubitable de que nos adentra en un territorio ignoto para la humanidad, porque las pruebas más avanzadas—los experimentos de frontera como los denominan los investigadores—, quiebran el axioma de que la tecnología no tiene vida propia como para actuar y tomar decisiones por su cuenta sin control humano. Éste salto tecno científico, que crea un nuevo paradigma, es lo que ha llevado, por primera vez, a los CEO de los cuatro gigantes del sector (OpenAI, Anthropic, SpaceX y Microsoft-Google), a expresar públicamente la necesidad de establecer controles a la investigación con IA. Propuesta que comparte China cuyo Ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, ha pedido construir una <<barrera de seguridad>> en torno a la inteligencia artificial (IA).  

Incipiente consenso del que se desmarca el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que rechaza frenar el desarrollo de la IA alineándose con el ególatra narcisista de Donald Trump: <<el único control o barrera de seguridad que la AI necesita es un presidente fuerte e inteligente, ¡con un alto cociente intelectual!>>, <<somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en AI, gana>>. Declaración que confirma, con tintes belicistas, una nueva pugna entre EEUU y China—   que mantienen de manera cada vez menos soterrada—por reafirmar su poder hegemónico, centrada en ser los primeros en el desarrollo de lo que, por ahora, es una herramienta, pero que está en el camino de ser el arma más poderosa para dominar el mundo: porque los experimentos de IA Generativa demuestran que puede generar pensamiento y tomar decisiones propias sin control humano.  

La espita que abrió el melón fue la confirmación por OpenAI de qué en un experimento interno de ciberseguridad, un prototipo de inteligencia artificial salió del entorno aislado del ensayo y accedió a internet sin autorización. Ha sido la primera vez que una IA ha actuado por su cuenta vulnerando las barreras establecidas por los ingenieros que le impedían acceder a la red para obtener más datos con los que resolver un reto de ciberseguridad, vulnerando la seguridad de la propia OpenAI autora del experimento.  

Éste es el punto en el que la IA se convierte en un peligro para Sapiens, como ha puesto de manifiesto el ingeniero, Jacob Coxon, que acaba de despedirse Anthropic—que también trabajó en OpenAI—, porque no quiere participar en la que califica de <<peligrosa>> estrategia con la que se desarrolla esta tecnología en ambas empresas. Coxon ha denunciado la competencia descarnada por el liderazgo mundial: <<están corriendo hacia una super inteligencia auto-mejorante apostando con nuestras vidas… porque son capaces de hackear cualquier cosa… y adquirir poder y recursos reales>>. Un peligro para la humanidad del que, según Coxon, <<las personas que están construyendo AI creen que podría matarnos a todos para finales de la década>>.  

Al día siguiente Anthropic anunció que había frustrado varios intentos de utilizar su IA, para desarrollar armas biológicas. Horas después la agencia de noticias Bloomberg informaba que el CEO de OpenAI, Sam Altman, había tenido una reunión con toda su plantilla, para comunicarles que planea ralentizar el desarrollo de la IA de vanguardia. 

Los otros dos gigantes del sector (SpaceX y Microsoft-Google) no tardaron  ni un día en respaldar el llamamiento del fundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para establecer controles al desarrollo de la IA: <<dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de AI, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo internet mediante una red de bots persistente causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares y que la magnitud del daño siga aumentando si la AI se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias>>. 

También se sumó a ese consenso incipiente el CEO de Google-Microsoft Satya Mandela, al reseñar la importancia del impacto en la educación y reclamar la necesidad del establecimiento de controles a la investigación en IA, en línea con lo expresado por Demis Hassabis —ganador del premio Nobel en química, cofundador y expresidente de Google DeepMind (Mente profunda)—quién afirmó que la propuesta del CEO de Anthropic <<señala el camino correcto a seguir. Hay que pulir los detalles, pero la dirección es la adecuada para afrontar este momento crítico>>. Necesidad de establecer controles a la que también se ha sumado el dueño de SpaceX, Elon Musk, con el argumento económico de que <<la investigación puntera no da dinero>>. Con menor influencia en este contexto, pero en la misma línea, la UE, aprobó hace dos años una norma integral sobre la IA, con el apoyo del Gobierno español, que propugna un acuerdo global de alineamiento ético para el desarrollo de la IA Generativa.  

La IA imita el funcionamiento de las redes neuronales, cerebrales, con el objetivo de desarrollar un sistema inteligente capaz de crear información nueva a partir de lo que va aprendiendo, con el modelo de acierto y error, mediante algoritmos que procesan e interpretan contextualmente las instrucciones que recibe del usuario, para lo que utiliza los almacenes de datos a los que el algoritmo le permite acceder. Un desarrollo tecnológico relativamente reciente, pues su uso masivo comenzó a finales de 2022, cuando la empresa OpenAI lanzó al mercado el ChatGPT, con un éxito fulgurante, pues responde a lo que se le pregunta, con más o menos coherencia, indexando datos de múltiples repositorios en cuestión de segundos con los que elabora respuestas textuales, con o sin imágenes, y extensión conforme a lo solicitado. 

El siguiente paso, en el que ya estamos, es la IA Generativa que permite crear máquinas que piensan por sí mismas, con capacidad para entender, leer y hablar en el idioma del usuario con el asistente PLN que procesa el habla del demandante. Que altera y crea imágenes que reproducen movimientos y comportamientos humanos, mediante el asistente Grok, a partir de un repositorio de datos de millones de textos e imágenes que procesa mediante las reglas y fórmulas matemáticas del algoritmo que la regula, con las que va tomando decisiones. Es el aprendizaje automático (Machine Learning) el que permite a una computadora o robot configurado con un sistema de IA Generativa, aprender de los datos que indexa sin recibir órdenes directas e ir mejorando con la práctica. Capacidades que convierten a las máquinas así configuradas, en <<seres>> capaces de desarrollar pensamiento propio, de comunicarse y de tomar decisiones en cualquier área de conocimiento o actividad humana. 

Seria paradójico y cruel para la especie humana que sea el dinero y el poder que otorga controlar la IA, el que prime sobre el impacto que entraña un mundo dominado por máquinas pensantes, capaces de desarrollar estrategias y alianzas con otras IA para conseguir sus objetivos, relegando a Sapiens al de mero servidor—sufridor de los designios de la IA. Estamos a tiempo de mantener el control, si la ONU es capaz de articular este consenso inicial, para restringir la investigación frontera con un código ético global, y evaluadores externos que vigilen su cumplimento por las empresas.  

Obituario Floren Dimas

Madrid, 16 de julio de 2026

Desde la Junta de la Asociación Civil Milicia y República y en nombre de todos/as los/as componentes de ACMYR, expresamos nuestro más sentido pésame por el repentino fallecimiento de nuestro compañero y Presidente de ACMYR (2022-2024) Floren Dimas Balsalobre, que dedicó gran parte de su vida a reivindicar la memoria de los luchadores antifascistas tras el Golpe de Estado fascista contra la legalidad del Gobierno de la II República española, que desembocó en una cruenta Guerra Civil a la que siguió una cruel represión franquista.

Floren Dimas, luchó por defender la justicia y reparación de las víctimas del franquismo y por la proclamación de la III República. Desde ACMYR, continuamos su legado de lucha..

Descanse en paz el compañero Floren.

Ejército europeo ¿para qué? Federalismo, soberanía y poder democrático

Hablar de un ejército europeo exige a mi parecer ir más allá del debate superficial sobre seguridad y defensa. La cuestión central no es militar, sino política: ¿qué tipo de poder se construye en Europa y al servicio de qué intereses? En el contexto actual, la creación de un ejército propio de la Unión Europea solo puede tener sentido si forma parte de un proceso constituyente más amplio que transforme la Unión en una estructura verdaderamente democrática y federal, que responda a los intereses de la mayoría social.

Las guerras de Ucrania y Oriente Próximo han puesto de manifiesto una contradicción fundamental: La Unión Europea es un gigante económico, pero política y estratégicamente irrelevante. Su dependencia de la OTAN pone en evidencia su debilidad militar y su déficit de soberanía. Esta dependencia implica subordinación a los intereses de los USA, cuya actitud prepotente y belicista está siendo mayoritariamente rechazada por la opinión pública mundial, incluida la del papa León.

Proceso constituyente

Sin embargo, responder a esta situación con una simple integración militar sería un error. Un ejército europeo construido sobre las actuales estructuras de la Unión reproduciría las mismas lógicas tecnocráticas, intergubernamentales y poco transparentes que hoy limitan su legitimidad democrática. Por eso, la creación de un ejército común debe ir inseparablemente ligada a un proceso constituyente que redefina las bases políticas de la Unión Europa.

Este proceso constituyente implicaría, en primer lugar, una ruptura con el actual entramado institucional establecido en tratados como el Tratado de Lisboa. Dicho marco, basado en el consenso entre Estados y en una distribución compleja del poder, dificulta la toma de decisiones rápidas y, sobre todo, limita el control democrático. Para que un ejército europeo sea coherente con los intereses de la mayoría social, es imprescindible avanzar hacia una estructura federal en la que el poder emane directamente de la ciudadanía.

Gobierno europeo

Esto supone dotar al Parlamento Europeo de competencias plenas en materia de defensa, incluyendo la capacidad de autorizar o rechazar intervenciones militares bajo el mandato de Naciones Unidas, aprobar presupuestos y supervisar al poder ejecutivo. A su vez, sería necesario crear un verdadero Gobierno europeo, responsable ante el Parlamento, que asuma las funciones de política exterior y de defensa. Solo en este marco tendría sentido la existencia de un “ministerio de defensa europeo” que no responda a los intereses de los Estados más poderosos, sino al conjunto de la población representada en sus instituciones.

Esta mutación federal no debería enfocarse como una mera reorganización institucional, sino como una oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder en Europa. La Unión Europea ha sido, en gran medida, un espacio funcional a la libre circulación de capitales y a la “disciplina fiscal”, con un déficit crónico en derechos sociales. El llamado “estado del bienestar” está seriamente amenazado por la deriva armamentista de la Unión. La apertura de un proceso constituyente permitiría introducir mecanismos de redistribución, armonización fiscal y protección de derechos laborales.

Ejército europeo

En este contexto, un ejército europeo podría desempeñar un papel distinto al de las fuerzas armadas tradicionales. Su función no sería la proyección de poder imperial, sino la defensa, a las órdenes del Gobierno, de un modelo social basado en la igualdad, la democracia y la sostenibilidad. Esto exige también redefinir su doctrina: priorizar la prevención de conflictos, la seguridad humana y la cooperación internacional, en lugar de la lógica de confrontación entre bloques que rige en la OTAN.

La integración militar, además, tendría efectos económicos relevantes. Actualmente, el gasto en defensa en Europa está fragmentado, duplicado y, en muchos casos, orientado por intereses industriales privados. Iniciativas como PESCO han comenzado a coordinar esfuerzos, pero siguen operando dentro de un marco limitado. Un ejército europeo en un contexto federal permitiría planificar de manera conjunta, reducir costes y, sobre todo, someter la industria de defensa a un estricto control público.

Aquí se abre una cuestión clave: la relación entre el Estado (o en este caso, una estructura federal europea) y el complejo militar-industrial. Sin mecanismos de control democrático, existe el riesgo de que este sector capture el proceso y lo oriente hacia sus propios intereses. Por eso, la construcción de un ejército europeo debe ir acompañada de políticas que garanticen la transparencia, eliminen la influencia de los lobbies y aseguren que los recursos se destinan a fines socialmente útiles.

Otro elemento fundamental es la dimensión internacional. Un ejército europeo en un marco federal podría contribuir a redefinir el papel global de la Unión Europea. En lugar de actuar como un miembro subordinado dentro de la OTAN -en crisis terminal- podría impulsar un enfoque basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación pacifica con otros Estados. Esto no elimina las tensiones inherentes al sistema internacional, pero sí abre la posibilidad de una política exterior más coherente con los valores democráticos y progresistas.

Reflexiones finales

Es fundamental que este proyecto no se construya “desde arriba”, sino que cuente con la movilización y participación de amplios sectores ciudadanos. Un proceso constituyente europeo debería incluir mecanismos de deliberación pública, referendos y formas de democracia participativa que permitan a los pueblos de Europa decidir sobre su futuro común. Solo así se podrá dotar de legitimidad a una transformación de tal magnitud.

España, en este contexto, puede desempeñar un papel relevante. Un gobierno de coalición, de amplia base progresista, que concite el apoyo y participación de sus viejas naciones históricas, tiene la posibilidad de impulsar este debate. Defender un ejército europeo no significa aceptar sin más la lógica actual de la Unión, sino trabajar para transformarla. Esto implica tejer acuerdos con otros grupos europeos afines, buscando una amplia alianza de fuerzas democráticas; promoviendo profundas reformas de sus instituciones y, sobre todo, conectando el proyecto europeo con las demandas sociales internas.

En última instancia, la cuestión del ejército europeo remite a una pregunta más amplia: ¿puede la clase trabajadora ejercer poder en un mundo globalizado sin construir estructuras políticas a la misma escala que el capital? La respuesta es obviamente negativa. Sin instrumentos de poder supranacional, las conquistas sociales quedan expuestas a la competencia entre Estados y a las presiones de los mercados.

Por ello, la construcción de una Europa federal, democrática y social no es a mi parecer una opción, sino la respuesta concreta a una necesidad existencial, que dé sentido, propósito e identidad al proyecto europeo. En ese marco, un ejército europeo puede ser una herramienta más -no la principal, pero sí relevante- para garantizar la soberanía popular, proteger derechos y contribuir a un orden internacional más justo. Es esencial que su construcción no se separe del proyecto político progresista que le da sentido.

Sin proceso constituyente, un ejército europeo corre el riesgo de ser simplemente una nueva capa de poder al servicio de las oligarquías. Mediante tal proceso, la creación de un ejército europeo puede formar parte de una transformación más profunda: la construcción de una Europa de los pueblos, capaz de decidir su propio destino en un mundo convulso y en disputa. El desarme nuclear universal habría de ser una finalidad irrenunciable, no solo para la viabilidad de este proyecto, sino, sobre todo, para la supervivencia de nuestra especie.

No quisiera finalizar la redacción de este modesto artículo, hoy 14 de abril, aniversario de la II República española, sin recordar a mi amigo y compañero de la UMD, Fernando Reinlein (1945-2026), que hoy cumpliría 81 años.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de navío de la Armada (retirado)

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

El “Destierro” de Marcelo. Castigado por denunciar la mala alimentación

«Marcelo es residente en Colmenar Viejo. Recientemente ha sobrevivido a 25 días de huelga de hambre para pedir comida digna en la Residencia en la que habita. Hoy, la Comunidad de Madrid responde con un expediente de traslado forzoso a Collado Villalba. No es un caso aislado; es un patrón de castigo.»

Soy hija de una de las 7.291 víctimas que la gestión de Isabel Díaz Ayuso dejó atrás durante la pandemia.

Conozco bien el dolor del silencio institucional, pero lo que está ocurriendo hoy en la residencia pública de Colmenar Viejo es un paso más en la crueldad: el uso del traslado forzoso como castigo.

En enero, Marcelo, un residente de dicho centro, me contactó desesperado. Llevaba diez días en huelga de hambre. ¿Su petición? Algo tan básico como comer dignamente. Las fotografías que me envió hablaban por sí solas: patatas y frutas podridas, pescados que daban mal olor, ultra procesados constantes y raciones que apenas calman el hambre. Un maltrato nutricional en toda regla.

A pesar de que mi denuncia ante la Fiscalía de Alcobendas y el Defensor del Pueblo provocó que estas instituciones se personaran y levantaran acta de la situación, la respuesta del Gerente del AMAS fue el desprecio, intentando tildar de mentiroso a un hombre que estaba poniendo en riesgo su vida por su dignidad. Marcelo abandonó la huelga a los 25 días por salud y por consejo de quienes le queremos, creyendo que su voz había sido escuchada.

Sin embargo, la “justicia” de la Comunidad de Madrid ha llegado en marzo en forma de expediente sancionador. El castigo para Marcelo no es una mejora en su menú, sino el destierro: una orden para deslocalizar a Marcelo forzosamente a una residencia en Collado Villalba, lejos de su entorno y sus apoyos.

Este no es un caso aislado. En pocas semanas hemos asistido a tres “expulsiones” similares en Madrid: un residente en el centro Colisée Vallecas, quien denunció la situación tras quejarse de la calidad del servicio, otra residencia vinculó la expulsión a la actuación del hijo de la residente, quien repartió hojas informativas entre otros familiares para denunciar deficiencias en el centro y animar a reclamar, y ahora Marcelo. Es un patrón claro de represalias. En la Comunidad de Madrid, si denuncias el maltrato, te eliminan del mapa.

Como sociedad, no podemos permitir que las residencias sean agujeros negros de derechos, sean públicas o privadas, pero máxime sin pertenecen a la Administración. Un residente no es un preso ni un objeto a merced de la gestión pública-privada; es un ciudadano con pleno derecho a denunciar una atención deficiente sin miedo a ser represaliado.

El deterioro del modelo de cuidados es una herida abierta en nuestra democracia. Necesitamos una gestión 100% pública y de calidad donde la voz del residente sea protegida, no castigada. Seguiremos luchando para que el traslado-castigo de Marcelo no se produzca. Porque si nos callan a uno, nos silencian a todos.

M.ª Mercedes Huertas Aguilera

Activista por la dignidad en las residencias

Recordando las más de 7291 muertes en 2020

La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias, 6 años después aún no se ha terminado porque no hemos obtenido justicia.

El 11 de marzo se creó el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros: el de Sanidad y Hacienda.

Antonio Burgueño, asesor Sanitario de la Comunidad de Madrid, se reúne con Ayuso, Lasquetti y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, lo que nunca se hizo. Ayuso ha mentido a toda la población a este respecto, en varios comunicados.

El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los 4 protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia; emitidos por parte de la Comunidad de Madrid. Esos protocolos les condenaron a miles de residentes una muerte segura y cruel.

Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 Geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.

Una decisión política que no tenía sentido, puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables.

Quiero recordar esos medios, más de 1500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizar, el IFEMA -al que solo se derivaron a 23 residentes leves-, hospitales privados que solo fueron derivados si tenías seguro médico privado y a los hoteles medicalizados. Ninguno de estos recursos se utilizaron mientras nuestros familiares morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos…miles de historias a cual más cruel y dolorosa para las familias.

Cuando llegaron a las residencias la UME, Bomberos y Policía Municipal, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.

En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.

Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de Amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.

Las familias no pedimos nada raro, solo JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.

Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho JUSTICIA.

Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor HOMICIDIO de la Democracia, todo el mundo se quedó con la cifra de 7291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.

En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.

Mercedes Huertas Aguilera

Hija de una víctima.

La ultraderecha que no cesa

Son las libertades, los derechos y normas constitucionales democráticas lo que nos permite convivir en paz en esta sociedad, y en todas, y lo que evita que ésta caiga en manos de quien no los respeta.

Quien iba a pensar hace pocos años, a pesar que lo veíamos con horror en otros países como Rusia, Arabia Saudí o Sudán, que nos podía pasar a nosotros; quien podía pensarlo incluso si mirando más cerca, Francia o Polonia, democracias plenas, veíamos que podían acabar en manos de algunos personajes políticos poco respetuosos con su propia casa, y ejercer una política de mano de hierro…

Y sin embargo, aquí estamos

Curiosa ésta época, donde la ultraderecha ya no necesita dar golpes de Estado porque puede hacer las mismas barbaridades, utilizando los votos democráticos, con los mismos chivos expiatorios, inmigrantes o desafectos, y con las manidas pero muy efectivas redes sociales, propiedad de tecnofeudalistas que solo quieren siervos en vez de ciudadanos libres.

Tienen la misma intención para cualquier sociedad de cualquier país, nada que ver con la humanidad o solidaridad. Nos equivocamos cuando desde nuestra ética de respeto a los derechos humanos juzgamos sus actos como inhumanos o llenos de crueldad.

No pretenden simplemente imponer la paz tras la guerra, o por contra, establecer un gobierno autoritario, o ultraderechista como algo necesario, lógico o en respuesta a la peligrosa izquierda…

En realidad necesitan impunidad absoluta para sus negocios, para justificar el no pagar impuestos, para sortear leyes y normas que constriñen sus libertarias necesidades, expresándolo con absoluta claridad e impunidad.

«…no es política, solo son negocios»

Lo que más me llama la atención, y percibo con temor, es cómo muchos ciudadanos incluso con las rentas más bajas, por la percepción de tener pocas expectativas de mejora o de poder tener siquiera una vivienda, en vez de exigir mejoras de manera organizada se quedan en una simple queja o protesta y trasladan sus necesidades, sus preocupaciones, a esos partidos que, como hemos visto muchas veces, sólo dan voces, y ejercen violencia política y física.

Y no olvidemos la reiterada evidencia de que estos partidos dejan siempre abandonados por el camino a estos mismos ciudadanos que una vez que han cambiado su necesaria y justificada participación política de carácter democrático, por un «simple depósito» de votos en opciones de ultraderecha, «consiguen» además, que sus deseos no satisfechos se conviertan en conflictos sin solución y, por tanto, en situaciones de ruptura para nuestra democracia.

Entonces, si vemos lo evidente, si lo juzgamos tan grave, ¿por qué nos cuesta a la izquierda aunar voluntades? ¿cómo es posible que no toleremos a nuestros compañeros de viaje, a quienes miramos con más recelo que ilusión, pregonando a los cuatro vientos, como si fuera idea nuestra, que deberíamos juntarnos?

Es agotador tanto intento de conformar un grupo, que incluso manteniendo cada uno su identidad, sus ideas, acaba por no respetar a los demás, no reconocer las diferencias y no ser consciente de lo integrador que es para nuestra sociedad, poder conjuntar a personas que tienen una ideología progresista pero diversa.

A veces parecemos, una mezcla de «La vida de Brian» y «Atrapado en el tiempo»,

porque a pesar de tanta reflexión, de intentar no repetir errores, seguimos sin encontrar la solución.

Como no mirar con esperanza renovada, con respeto, y admiración a quienes intentan, desde sitios diferentes, resolver este enigma, a quienes intentan ilusionarnos y darnos esperanzas de que, al menos, «Amanece que no es poco”.

Eduardo Hernández

Militante de la UGT y del PSOE

Enfermar no puede ser un descuento en derechos

La propuesta de la CEOE, del pasado 23 de enero de 2026, de eliminar la cotización a la Seguridad Social durante las bajas médicas no es una medida técnica ni neutra: es una toma de posición ideológica. Una más. Y siempre en la misma dirección: reducir derechos cuando la clase trabajadora deja de ser rentable o suficientemente productiva para el empresario.

Bajo el argumento de aliviar cargas empresariales, la patronal plantea algo profundamente regresivo: que la enfermedad tenga consecuencias colectivas negativas, que el tiempo de baja sea también un tiempo de menor protección social para la persona trabajadora. Como si enfermar fuese una anomalía del sistema productivo y no una realidad humana inevitable, muchas veces vinculada a las propias condiciones de trabajo.

La Seguridad Social no es un gasto superfluo. Es el pilar que sostiene pensiones y prestaciones sociales (incluidas las bajas médicas) y uno de los principales mecanismos de cohesión social. Debilitarla abriendo “excepciones” en las cotizaciones supone erosionar el contrato social y el marco de las relaciones laborales por la puerta de atrás, siempre a costa de los mismos: trabajadores precarios, empleos físicamente exigentes y sectores con peor salud laboral.

El viejo mantra de que rebajar costes crea empleo vuelve a demostrar su falsedad. La precarización no ha generado trabajo digno; ha generado miedo, desigualdad y una clase trabajadora más vulnerable. Eliminar la cotización en las bajas médicas no incentiva la contratación: incentiva la desresponsabilización empresarial y traslada el riesgo al sistema público y al conjunto de la ciudadanía. Lejos de fomentar el empleo, esta medida externaliza el riesgo hacia el sistema público de Seguridad Social. El coste de las bajas (que en muchos casos están relacionadas con enfermedades profesionales, estrés laboral, sobrecarga física o precariedad) pasa a ser asumido colectivamente, mientras las empresas mantienen intactos sus beneficios y reducen sus obligaciones.

Además, se rompe un principio básico del sistema de protección social: la corresponsabilidad entre quienes generan el riesgo y quienes lo financian. Si la empresa deja de cotizar cuando una persona trabajadora enferma, se diluye el vínculo entre organización del trabajo y salud laboral, como si las bajas fuesen fenómenos aleatorios y no, en muchos casos, consecuencias directas del modelo productivo y del puesto de trabajo.

Eliminar la cotización durante las bajas médicas debilita, por tanto, el sistema público de protección social y normaliza la idea de que la enfermedad es un problema individual y no una cuestión colectiva ligada al trabajo. No se crea empleo de calidad; se abarata el incumplimiento de la responsabilidad empresarial y se traslada el coste al conjunto de la sociedad.

Por su parte, el reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, publicado este mes de febrero, ha puesto el foco en el aumento del gasto y en la necesidad de mejorar la gestión de esta prestación. Sin embargo, abordar este fenómeno exclusivamente desde la óptica del control presupuestario sería un error político y social.

El incremento de las bajas laborales no puede analizarse al margen del contexto: el envejecimiento de la población trabajadora, la precariedad, la intensificación de los ritmos productivos y el preocupante aumento de los problemas de salud mental, entre otros factores. Antes que sospechar de quienes enferman, conviene preguntarse qué está ocurriendo en nuestros centros de trabajo y en un sistema sanitario tensionado, especialmente en la atención primaria.

Desde una perspectiva progresista, la sostenibilidad del sistema no debe enfrentarse a la protección de derechos. Mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede ser positivo si el objetivo es agilizar procesos y evitar ineficiencias. Pero cualquier reforma debe partir de una premisa clara: la incapacidad temporal no es un privilegio, es un mecanismo de protección social que garantiza que nadie tenga que elegir entre su salud y su salario.

El debate no debería centrarse en endurecer controles, sino en fortalecer la prevención de riesgos laborales, invertir en salud pública y dignificar las condiciones de trabajo. Porque una sociedad que sospecha de quien enferma es una sociedad que ha perdido de vista el valor central del Estado del bienestar: cuidar a su gente.

Una sociedad decente no penaliza la enfermedad ni convierte la salud en una obligación productiva. Defender la cotización durante las bajas médicas no es radicalismo: es defender la dignidad, la solidaridad y la democracia social frente a una lógica que solo entiende de beneficios.

Jesús García Muñoz

Concejal – Portavoz PSOE de Quijorna

Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado 26 de enero

Socialdemocracia sin nostalgia ni privilegios

En política no hay nada más legítimo que el debate de ideas. Lo que resulta más discutible es el lugar desde el que se ejerce. El reciente manifiesto firmado por Jordi Sevilla y otros antiguos referentes socialistas invita a una reflexión necesaria: ¿quién puede arrogarse hoy la representación de la socialdemocracia y con qué autoridad moral?.

Muchos militantes y votantes socialistas —los que sostienen el partido con cuotas, trabajo voluntario y compromiso cotidiano— observan con desconcierto cómo determinadas voces, alejadas desde hace años de la vida orgánica y social del PSOE, reaparecen para dictar sentencias sobre la supuesta deriva del proyecto socialdemócrata. Resulta cuanto menos llamativo que esas advertencias procedan, en no pocos casos, de trayectorias profesionales desarrolladas en los consejos de administración de grandes corporaciones, especialmente del sector energético.

El fenómeno no es exclusivo de España. En buena parte de la socialdemocracia europea se repite un patrón: dirigentes que hace tiempo abandonaron la política activa, integrados plenamente en las élites económicas, reivindican una socialdemocracia cada vez más despojada de contenido material.

Una socialdemocracia de discurso, pero no siempre de hechos. Más cercana a la tertulia que a la realidad social de millones de trabajadores.

El manifiesto sostiene que las políticas del actual Gobierno estarían alimentando el auge de la extrema derecha. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que ese crecimiento no nace de un exceso de derechos sociales, sino de la frustración que generan décadas de precarización, desigualdad y desprotección. Difícilmente puede responsabilizarse de ese fenómeno a un Ejecutivo que ha impulsado la subida del salario mínimo, reforzado la negociación colectiva, protegido las pensiones y ampliado el escudo social en los momentos más duros.

Conviene recordar que la socialdemocracia no es una etiqueta estética ni un ejercicio de nostalgia.

Es una práctica política concreta. Se mide en políticas públicas, no en columnas de opinión. En decisiones que afectan a la vida real de la gente, no en diagnósticos abstractos formulados desde posiciones de evidente comodidad social.

Como advirtió Julián Besteiro, el socialismo no se define por las palabras, sino por los hechos. Y los hechos, hoy, siguen hablando de derechos laborales, servicios públicos, cohesión social y redistribución. Defender eso no es populismo ni desviación ideológica: es socialdemocracia en estado puro.

El PSOE no pertenece a camarillas ilustradas ni a salones bien alfombrados. Es un partido popular, con raíces profundas en la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo. Porque la socialdemocracia, si quiere seguir siendo útil, no puede permitirse el lujo de confundirse con el privilegio ni de hablarle al país desde la distancia.

J. Berjano,

Socialista “Chaparrilla” de la puta base