Mes: marzo 2020

No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

 

No  hay duda, vivimos  la  peor  crisis  sanitaria  conocida  por  las actuales  generaciones. Hay  que  combatir  al  COVID  19:  primero  con  aislamiento  para  frenar  la  propagación-siguiendo  las  indicaciones  del  Gobierno  y  las  autoridades  sanitarias-y  después,  con  las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos. Hay   que   acabar   con   el   virus y   también   con   los   parásitos   que   llevan   muchas generaciones,  incluso  siglos,  instalados  en  la  sociedad.  Chupópteros  que viven  del esfuerzo  colectivo.  Cuando  esta  crisis  sanitaria  pase,  habrá  que  pedir  cuentas  y  hacer balance de la experiencia vivida. En  el  momento  de  redactar  esta  editorial,  estamos  confinados  en  nuestros  domicilios, pero  no  estamos amordazados. Mantenemos  nuestra libertad  y capacidad  para pensar, debatir  y expresarnos.  Vemos  con  claridad  que  el  coronavirus  pretende  aprovecharse como pantalla para  tapar los  problemas  políticos,  es  decir:  económicos,  sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una  prueba clara de  ello  es  la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano. Tenemos reciente la  experiencia  de  la  crisis  inmobiliaria  y financera de  2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El  eslabón  entre  la  dictadura  y  la  democracia: la  Corona,  no  ha  superado  la  crisis  que llevó  al  aparato  del  Estado  a  precipitar  la  “abdicación  exprés” de  Juan  Carlos  de Borbón, el  19  de  junio  de  2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en  extinción,  sus  juergas  de  toda  la  vida,  y  todo  con  dinero  público,  no  son nada   comparadas   con sus,   siempre   sospechados, y   ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son  la  punta  de  un iceberg  muy  profundo.  Su  fortuna  se  estima  en  2.000  millones  de euros  ¿de  dónde  han  salido,  de  qué  negocios?  Los  saudíes,  como  las  empresas  que pagaban  comisiones  a  la  CIU  de  Pujol  o  al  PP  de  Aznar,  Rajoy  y  Casado,  no  pagan comisión. Es  parte  del  negocio  que  le  cargan  en  la  factura  a  las  arcas  públicas:  los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español. En  su  momento, criticamos,  y  lo  seguimos  haciendo, la  reforma constitucional  que garantizaba  el  techo  de  gasto:  el  Artº  135,  el  que  garantiza  el  pago  de  la  deuda  y  sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán  siempre  incluidos  en  el  estado  de  gastos  de  sus  presupuestos  y su  pago  gozará  de prioridad  absoluta.  Estos  créditos  no  podrán  ser  objeto  de  enmienda  o  modificación  mientras  se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los  criminales  efectos  de  estas  políticas:  el pago  de  la  deuda  goza  de prioridad  absoluta.  ¿Cuál   es  la  prioridad  de   la  que  goza  la  vida  de  nuestros familiares?,  particularmente  de  los mayores,  quienes  han  sido  fundamentales  para  el avance  de  este  país. Los  recortes  en  Sanidad  se  han visto  muy  de  cerca  en  la  práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal  sanitario,  carencia  de  camas  y  unidades  de  cuidados  intensivos,  así  como  una absoluta  escasez  de  material  básico  de  protección  para el  personal  que  presta  sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias  de  los  recortes  en el  gasto  público;  ese  que  no  goza  de  ninguna prioridad.

Como la  Sanidad, todos  los servicios  públicos han soportado recortes desde 2008: Educación,  Pensiones,  Dependencia.  Con  la  LOMCE  llegó  el  incremento  de  las  ratios de  niños  por  aula;  consecuencia  directa  del  despido  de  miles  de  trabajadores  interinos.

Sin  embargo,  para  la  Iglesia  no  se  ha  escatimado. Se  le  ha  dado  rango  de  asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a  los  centros  públicos  para  incrementárselo   a  los  concertados. Es  sencillamente escandaloso,  y  aún  más,  si  se  añade a  esto  la  subvención  y  el  privilegio  que  supone  no pagar impuestos. El  sistema  público  de  Pensiones  sufrió  dos  reformas:  en  2011  y  en  2013,  siendo  la  de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con  el  ridículo  0,25%  de  incremento,  y  por  el  factor  de  sostenibilidad  que  estira  la pensión  a  percibir  en  función  de  la  esperanza  de  vida,  con  una  pérdida  estimada  del 40%. Solo  la presión  de  los  pensionistas,  que  se  han  mantenido  movilizados  durante estos  años,  ha  conseguido  que  la  revalorización  se  vincule  al  IPC;  algo  que  no  es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados. Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas  de  mayores:  otro  negocio  cedido  a  la  gestión  privada,  ofertado  por  el  método de la “subasta al peor postor”: quién  menos  dinero  cobra  se  lleva  el  contrato.  Después da  igual  (a  los gobiernos  autonómicos  les  debe  dar  igual,  ahora  dicen  que  no  sabían nada)  si  los  residentes  están  bien  o  mal  tratados.

Hemos  visto  los  estragos  que  el coronavirus  ha  hecho  en  residencias  de  Madrid,  Castilla  y  León, Euskadi,  Cataluña, y Castilla  La  Mancha,  entre  otras,  con  más  de  90  muertos solo  en las  residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar  en  la  situación  de  desequilibrio;  entre  trabajadores  y  empresarios,  en  la  que nos  dejó  particularmente  la  reforma  del  PP. Ahí  continúan la  Ley  Mordaza  y  el  Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La  dura  experiencia  nos  ha  enseñado  que  al  capital  le  da  lo  mismo  lo  que le  ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en  las bolsas; comprando barato y haciendo  beneficio  en  cuanto  han  podido.  Hemos  visto  el  permanente  lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer  minuto  del  estallido  vírico.  ¿Dónde  están,  en  qué  paraíso  fiscal,  los  beneficios que  han  venido obteniendo las  entidades  financieras  en  estos  últimos  cinco  años?  A  la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que   el   Gobierno   ha   dispuesto,   en   forma   de   créditos,   avales   y   otros   productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas  económicas  deberían  ir  vinculadas  a  compromisos  de  mantenimiento  del empleo,  incluso  se  debiera  establecer  la  prohibición  de  despedir.  Todo  este  esfuerzo, como  el  realizado  en  la  crisis  anterior,  se  acumulará  en  un  incremento  de  la  deuda  del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo  anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy  importante del pueblo de  Cataluña no  están  resueltas  (recordemos  que  el  80%  está  a  favor  de  poder decidir  su  futuro  en  las urnas  y  que  el  50%   votó  a  partidos  independentistas), independientemente  de  la  política  de  los  actuales  dirigentes;  podemos  afirmar  que  hoy es  más  evidente  que  nunca  la  obsolescencia  de  la  Constitución  de  1978.  La  pluralidad de  pueblos  que  componen  el  Estado  español  necesita  leyes  que  le  resuelvan  los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay  que  acabar  con  el  virus  y  con  los  parásitos  que  suponen  un  obstáculo  al  avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos;  justo  lo  contrario  a  lo  que  hizo  el  PP  y  a  lo  que  pretende  hacer,  según  lo manifestado  por  el  Sr.  Casado  el día  18  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades  de  la  mayoría  social.  No  abordar  dicha  reforma  solo  contribuirá  a  un  mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Desde Tribuna Socialista nos hacemos eco de una avalancha de manifestaciones de rechazo a la monarquía española. Lo muestran los ciudadanos con sus caceroladas de rechazo, y este manifiesto que nos ha llegado a la redacción es una nueva iniciativa a la que damos cabida en este número de marzo:

«Era de dominio público que la monarquía borbónica, restaurada en 1975 por decisión de Franco, amasa desde entonces una enorme fortuna en base a comisiones y chanchullos ilegales, amparados en la impunidad de la figura del monarca.

Costó que saliera a la luz el caso Noos que llevó a la cárcel al cuñado del actual rey, Iñaki Urdangarín, cuyos negocios ilegales los hacía en nombre del que entonces era rey, Juan Carlos I.

Y ahora aflora otro episodio de corrupción de comisiones ilegales ligado a la siniestra monarquía saudí, con la que Juan Carlos I tiene estrechos vínculos personales y económicos, que Felipe VI ha mantenido.

Hasta ahora todas las actuaciones del rey han estado amparadas en el artículo 56 de la Constitución Española que dice textualmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero sería discutible si esa inviolabilidad ampara sólo sus actuaciones políticas derivadas de su cargo, o también sus actos presuntamente delictivos de responsabilidad civil o penal. ¿Todos iguales ante la ley?

En un estado de derecho es obligado investigar las denuncias por actuaciones ilícitas, con independencia de quien las haya cometido. Exigimos por ello a la Fiscalía y Tribunales de Justicia que lleguen hasta el fondo en su investigación de los negocios del Ex Rey Juan Carlos I, y al Congreso de los Diputados que rectifique la decisión de la Mesa de no crear una comisión de investigación.

Nos encontramos de nuevo ante una anomalía democrática que trata de proteger a una institución que fue impuesta en la transición. El cálculo que se estima de la fortuna acumulada por la monarquía española en absoluto se corresponde con la asignación anual de los presupuestos del Estado; sólo se explica por los abundantes casos de corrupción que han salpicado estos años a testaferros y personas cercanas a la institución.

El comunicado hecho público por la Zarzuela el pasado 14 de marzo no hace sino confirmar las sospechas de corrupción que están en el origen de la fortuna acumulada por la Casa Real. Por más que el comunicado pretenda lo contrario, el actual rey Felipe VI está implicado plenamente en las actividades ilícitas de su familia.

La democracia, para ser plena, exige también que la forma de Estado sea decidida por el pueblo. La Monarquía, por tanto, debe dejar paso a un nuevo régimen, que deberá ser decidido por medio de un referéndum vinculante.

Hacemos un llamamiento a la población a movilizarse para conseguir estos objetivos democráticos. Este es el momento».

FUERA MONARQUÍA CORRUPTA

REFERÉNDUM VINCULANTE YA

FIRMA EL MANIFIESTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyWOsppDS3SQ1s9VUZ-tFmHoK3nQApOUfdT9e965LjKSYfjw/viewform

Izquierda Socialista siempre se ha reclamado y se reclama republicana. El republicanismo es consustancial a la naturaleza misma de la corriente y estaba en el pensamiento político de quienes la constituyeron. Así se expresaba Luis Gómez Llorente, el 11 de mayo de 1978 en la defensa del voto particular del PSOE, en el Congreso de los Diputados, en pro de la República como modelo de Estado:

“…es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Nosotros agregaríamos: se  debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” (1)

La República no es para nuestra corriente una celebración festiva que se produce una vez al año, de manera extraoficial. Ni es una rememoración romántica de una etapa de gran prosperidad en cultura y libertades, que fue truncada por el criminal golpe militar animado y financiado por los poderosos de la sociedad.

La República es el modelo de Estado que puede regenerar la corrompida vida política de nuestro país. Es la puerta de entrada hacia un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

No renegamos de La Constitución de 1978 (CE) pero está superada. Fue una Constitución para la transición de un régimen fascista, dictatorial y criminal a una democracia que había que construir. Tras cuarenta y dos años, se ha convertido en un freno para la evolución democrática.

Ciertamente no hay nada escrito que diga que caducaba en tal o cual fecha, pero resulta que las leyes, las constituciones también, alcanzan su obsolescencia cuando la sociedad percibe que sus problemas no tienen solución con dichas leyes.

La Constitución de 1978 arrastra muchos elementos del franquismo que había que superar, como es lógico, al ser producto del consenso y tener por objetivo transitar de un régimen criminal e ilegítimo a un régimen democrático, aunque esa democracia no fuese perfecta.

Uno de los sesgos más simbólicos es el vago concepto del aconfesionalismo, que ha permitido continuar con la Iglesia católica inmiscuida en los asuntos de Estado, curiosamente financiada por el Estado mismo, al dar dinero público a la Iglesia para que pueda mantener sus negocios en sectores tan sensibles como la educación, una herramienta de adoctrinamiento. La salud o las organizaciones no gubernamentales, de las que la Iglesia es propietaria del más del 80%. Una Iglesia que está presente en todos los actos de Estado, evidenciando sus privilegios y su poder.

Ya es hora de resolver este asunto e introducir el concepto del laicismo, para respetar el sentir del pueblo: de creyentes y no creyentes. Se hace necesaria la separación nítida de Iglesia y Estado, sin menoscabo del respeto a la fe en el ámbito privado. Laicidad, para garantizar un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Lo que ya no es un sesgo sino una herencia directa del pasado, es que el Jefe del Estado sea a su vez Rey y, según el Artº 62 h) de la CE “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Lo que quizás no todos los ciudadanos sepan o recuerden es que este precepto de la Constitución se basa en la ley 16/75 de 20 de noviembre de 1975, es decir que el Rey es militar antes que rey. Este anacronismo es el que hace dudar de si en la denominación del modelo de Estado “Monarquía Parlamentaria”, pesa más el sustantivo o el adjetivo. Es quizás, por lo que parece, que la democracia tiene el límite en no cuestionar las herencias del pasado.

Cuando celebramos esta Asamblea, el 21 de marzo de 2020, aún continua siendo “inviolable la persona del Rey y no está sujeta a responsabilidad”. Es lo que se expresa sin dejar lugar a interpretaciones en el Artº 56.3 de la CE. Hoy vemos como esa inviolabilidad sirve para tapar los, presuntos a la par que evidentes, chanchullos del Rey emérito. ¿por qué habríamos de asumir que el actual Rey renuncia a recibir comisiones de negocios de Estado y/o privados?

Como Constitución de transición que fue, el Artº 2 refleja la necesidad de “contentar” a las partes para alcanzar el necesario consenso que se habían marcado. Este Artº, refleja el sentir del pasado: “España una grande y libre” que estaba incorporado en la banda del negruzco águila, símbolo de la España franquista; cuando dice dicho artículo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” para acto seguido decir: “…y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Vale que en aquel momento hubiese que casar voluntades de dos partes que no partían en igualdad de condiciones; los que habían vivido del régimen y lo habían apoyado, incluso participando en las más altas instancias, mantenían el aparato del Estado en su poder. Por otra parte, quienes habían sufrido el exilio en el exterior y cárcel y persecución en el interior. La situación llevó a aceptar contradicciones evidentes, pero han pasado más de 41 años y  es preciso evolucionar, pues hoy, esas contradicciones son más un problema que una ayuda para la convivencia entre los pueblos. Hay que pasar página definitiva al franquismo, apartar todos sus sesgos, herencias y reminiscencias.

Son ejemplos de anacronismos evidentes, es por ello que desde Izquierda Socialista tenemos que animar a nuestro Partido a retomar la iniciativa parlamentaria de constituir una Comisión para la reforma constitucional.

Esta iniciativa tiene que ir acompañada de un sano debate en las agrupaciones del Partido, y es el Partido el que debe liderar un debate abierto en la sociedad, para recabar el sentir de la ciudadanía y para madurar nuestra posición, para enriquecerla con las aportaciones de otras fuerzas políticas que se identifiquen con la República como modelo de Estado.

Las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes no pueden ser el obstáculo para el avance democrático de los pueblos. Hay que avanzar hacia la España Federal, en la que los pueblos que componen el Estado español puedan decidir cómo se relacionan entre sí, desde la libertad y no desde la imposición.

Son muchos los aspectos que hay que reformar en la Constitución, como lo es la necesidad de blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones públicas. Como es necesario poner nitidez en la separación de poderes, particularmente entre Ejecutivo y Judicial. Hay que avanzar en la democratización y transparencia de la elección de los jueces; colectivo social que está impregnado de los sesgos del pasado antes referidos.

No será un trabajo fácil ni rápido, pero es un trabajo necesario, vital, en el que IS tiene un papel muy importante que jugar.

• http://www.escoladeferrado.es/wp-content/uploads/2014/06/19780511-CONGRESO-REPUBLICA-VOTO- PARTICULAR-PSOE-GOMEZ-LLORENTE.pdf

 Roberto Tornamira Sánchez

Militante PSM-PSOE. Agrupación Arganzuela.

Adherido a Izquierda Socialista.

Aportación para la Asamblea de Izquierda Socialista prevista para el 21 de marzo y suspendida tras la declaración del Estado de Alarma.

La concentración del negocio bancario en nuestro país ha dado como resultado la formación de un oligopolio financiero, en el que las cinco primeras entidades: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell, aglutinan más del 70% del negocio por volumen de activos (1).

La formación de este oligopolio no es solo producto de la crisis vivida en la pasada década; la integración de unas entidades en otras, por la vía de fusiones, intervenciones e incluso expropiaciones, se ha producido desde los años 70 del pasado s. XX. Procesos de integración en los que ha intervenido el Estado, en muchos de ellos al menos, inyectando dinero público que no se ha recuperado en un alto porcentaje.

Desde Izquierda Socialista, tenemos que exigir un esclarecimiento del resultado final de los fondos públicos para el saneamiento de la banca privada: Banca Catalana, los 18 bancos de la antigua RUMASA, la intervención de BANESTO o la más reciente de todas, la expropiación de Banco Popular son los ejemplos más sonados, pero no los únicos, de entidades financieras que han necesitado dinero del Estado. Los contribuyentes no conocen el resultado final de aquellas operaciones de saneamiento.

La bancarización de las cajas de ahorro, utilizando como justificación la crisis desatada en 2008, ha entregado, por no decir regalado, el 50% del negocio del sector financiero a la banca privada; un saneamiento con dinero público por valor de 60.000 millones de euros. Este proceso de bancarización y disolución de las cajas de ahorro, habría que someterlo a esclarecimiento, pues los bancos estaban tan expuestos como las cajas de ahorro al mercado hipotecario cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y los bancos están tan politizados como podían estarlo las cajas: solo hay que releer la conformación del BBVA y la designación del amigo de Villarejo como Presidente, por parte de Azanar.  El verdadero motivo estuvo en lo que el Círculo de Empresarios manifestaba en las declaraciones que recogía el diario “Cinco Días” en su edición del 17/12/99: “los cajas no pueden estar sin dueño”. ¡Sin dueño!, es decir sin accionistas que reciban dividendos. Frente a los beneficios que las cajas destinaban a Obra Social, por ejemplo, y a retribuir dignamente a sus trabajadores y trabajadoras, además de ofertar unos tipos crediticios menos abusivos que los de las entidades bancarias privadas, particularmente los préstamos y créditos dirigidos a las familias.

La concentración financiera no es algo exclusivo de nuestro país, ni es un hecho que se esté produciendo solo en el sector financiero. La concentración del capital es algo que afecta a todos los sectores de la producción: energía, agricultura, logística, tecnología…

El problema es que el sector financiero continúa siendo un sector estratégico singular, en tanto que de él, de que circule crédito o no, puede depender la expansión de tal o cual sector productivo, la innovación en una empresa o sector de actividad, etc.

Además de exigir explicaciones sobre el resultado final de las operaciones de saneamiento de entidades con dinero público, y de los motivos verdaderos por los que se ha disuelto literalmente el subsector de Cajas de Ahorros, desde Izquierda Socialista tenemos que defender la configuración de un polo de banca pública que bien podria constituirse a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Bankia, sin desdeñar la idea de incorporar también a Correos.

En fechas recientes, el Vicepresidente segundo del Gobierno que preside el compañero Pedro Sánchez, ha manifestado que “el ICO será el banco público y no Bankia” (declaraciones publicadas por “elplural” el 10-febrero-2020). Esto no resuelve nada, pues el ICO nunca ha dejado de ser público, y Bankia es pública en tanto que el 60% de las acciones son propiedad del Estado a través del FROB. El problema es que el ICO no tiene red de distribución del crédito y por ende depende de las entidades privadas; normalmente las más grandes, para poner en circulación sus campañas de crédito. Y el problema es que Bankia está gestionada con criterio privado, sin dar respuesta a necesidades sociales a las que una banca pública debiera dar, sin que esto signifique que la banca pública deba regalar el dinero.

El problema es que la concentración bancaria ha destruido más de 100.000 puestos de trabajo y más de 20.000 oficinas bancarias. Las consecuencias, además del desastre en términos de empleo, ha sido la exclusión financiera a la que se ven sometidos ya más del 50% de los municipios en nuestro país; núcleos urbanos, con menos de 5.000 habitantes, donde residen personas con una media de edad más alta, que a su vez sufren más si cabe la brecha digital que también habrá que resolver. Esto no lo resuelve el solo el ICO.

La exclusión financiera no está únicamente en el hecho, ya de por sí grave, de que existan o no servicios financieros básicos en todos los municipios. La exclusión financiera está en el giro que la banca ha tomado al pasar de prestar servicios bancarios a querer ser mero intermediario de inversiones financieras.

A los clientes se les dice que guardarles sus ahorros cuesta dinero. Si tan problemático es que los clientes tengan saldos en cuentas a la vista, ¿por qué fue la retirada de depósitos el argumento principal para la amortización del Banco Popular? Los bancos han decidido que los clientes que les son rentables son los que arriesgan su dinero, parece que no quieren pequeños ahorradores; quizás por ello cada vez el mal trato es mayor: cobrando comisiones abusivas, derivando a los cajeros automáticos cada vez mayor número de operaciones…

El Estado tiene la obligación de recuperar el dinero invertido en el saneamiento histórico del sector financiero, tiene la obligación de esclarecer cualquier macro operación de fusiones de empresa en un sector estratégico, como lo es el financiero, y el Estado tiene que garantizar que los ciudadanos tienen acceso a servicios bancarios básicos en todos los municipios (2).

• https://www.expansion.com/empresas/banca/2015/07/20/55a62aeb268e3eaa2a8b456e.html
• https://www.fesmcugt.org/2020/03/04/el-estado-necesita-banca-publica/

 

Roberto Tornamira Sánchez

Militante PSM-PSOE. Agrupación Arganzuela.

Adherido a Izquierda Socialista.

Aportación para la Asamblea de Izquierda Socialista prevista para el 21 de marzo, y suspendida tras la declaración del Estado de Alarma.

 

La situación política en Madrid bien merece el calificativo de esperpéntica. Es habitual que la Presidenta de la Comunidad, la señora Díaz Ayuso, y el Alcalde de la capital, el Sr. Martínez Almeida, rayen en el absurdo cuando no en lo ridículo. Lo hemos vivido, hace unas pocas semanas, con el fútil intento de la Presidenta de Madrid de tiburonear a Barcelona el Mobile World Congress. Del mismo modo que se puso en evidencia la estupidez del Alcalde de Madrid en materia medioambiental, intentando destruir los avances del anterior gobierno municipal por simple hecho de ser de naturaleza de izquierdas, para acto seguido, ante la justificada oleada de críticas dentro y fuera de nuestras fronteras, retomar las mismas medidas cambiándolas de nombre.

Las “payasadas” políticas no tienen gracia. Ese ha sido el caso de la destrucción del Memorial de la Almudena, con los nombres de los 2.936 fusilados en Madrid, entre 1939 y 1944. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Ciudadanos con el apoyo chantajista de VOX, pretende equiparar a los asesinados por el franquismo con las víctimas de la guerra genocida que desató el propio franquismo; una guerra contra la legítima Constitución de 1931. ¿Cuáles son las victimas que reclaman estos partidos de la derecha, entre 1939 y 1944? La respuesta es ninguna; en ese quinquenio sólo había hambre y crímenes franquistas. Todo obedece a la permanente acción, de los que se rasgaban las vestiduras por la exhumación de los restos del dictador, para reescribir la historia, tergiversarla y hacer aparecer a las víctimas del criminal golpe militar como responsables de la guerra o, al menos, sembrar dudas y confusión. Demuestran así que tan filofranquistas son unos como otros, de hecho vienen todos de la misma cuna política, por mucho que se disfracen de demócratas, liberales o se vistan de Armani.

Afirmamos que tan ideológico es lo anterior como la política privatizadora en materia educativa. Es un escándalo, amortiguado por los medios de comunicación, que en el proyecto autonómico de presupuestos futuro y en la ejecución de los presupuestos en vigor se recorte dinero a la educación pública y en paralelo se esté desviando hacia la educación privada y concertada. Aplican un recorte de 16,5 millones: -5% a los colegios bilingües de primaria y -1,7% en la ESO y Bachillerato.

El colmo de la gestión negligente del PP se ha puesto al descubierto en la mayor crisis sanitaria jamás vivida en nuestro país. Atacan al Gobierno central, no cesan en el permanente desgaste, con insinuaciones mezcladas con cínicas palabras de apoyo. Quizás han decido poner en práctica la vieja táctica de “la mejor defensa es un buen ataque”. No sería de extrañar, pues cuando esta crisis sanitaria pase definitivamente tendrán que dar explicaciones de la falta de personal sanitario, la escasez de camas hospitalarias y la vergonzosa carencia de material sanitario básico para afrontar la situación contra el COVID 19. Los gobiernos autonómicos de: Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido (hoy en Ciudadanos) e Isabel Díaz Ayuso, tendrán que rendir cuentas por el deterioro de la sanidad pública. Han puesto en riesgo a la ciudadanía, por acción, omisión o corrupción, y eso no puede quedar impune.

Sus dejes ideológicos añorantes del franquismo, sus permanentes errores y rectificaciones en las declaraciones públicas, los recortes de los pilares básicos del Estado de Bienestar: Educación, Sanidad y Dependencia, el sectarismo en la gestión pública… les convierten en un gobierno grotesco, tanto el municipal como el autonómico, dedicados en exclusiva a la publicidad política pagada con dinero público: el autobombo.

El deterioro democrático es cada vez más palpable; desde la llegada de VOX se ha terminado en los hechos con las declaraciones institucionales. Hemos vuelto a ver la cara de la censura; con la prohibición del ensayo de una canción a una asociación feminista, previa al 8 de marzo, porque al señor Alcalde no le gustaba la letra.

Desde Tribuna Socialista de Madrid consideramos que el conjunto de situaciones aquí expresadas son gravísimas. Y la gravedad de estas aumenta con el absentismo político de las organizaciones de la izquierda, tanto de los partidos como de los sindicatos.

Echamos en falta una crítica severa, pedagógica y de cercanía, que ayude a la toma de conciencia de la mayoría de la sociedad. Es necesario que los ciudadanos, que se quejan cuando sufren la saturación de las urgencias o las listas de espera hospitalarias, visualicen el origen del problema: los recortes económicos a la sanidad pública. Lo mismo con los que se quejan del exceso de alumnos en una clase de primaria, de la ESO o de Bachillerato, por la falta de profesorado. O los que no tienen acceso a una residencia para sus padres y madres mayores, porque no hay plazas y las privadas son sencillamente económicamente implanteables. Qué decir de los afortunados y afortunadas que consiguen una plaza en una residencia pública de mayores en gestión privada, y tienen que hacer de “inspectores” por la desconfianza que han generado los múltiples casos de abandono y mala atención a los ancianos. El común denominador siempre es el mismo: los recortes económicos ejecutados por el Gobierno de la Comunidad y/o el Ayuntamiento.

Vemos muchas fotos institucionales, oímos muchos discursos y declaraciones, pero no vemos hechos, echamos en falta firmeza y rigor en las organizaciones de la izquierda.

Ahora es momento de respetar las decisiones extraordinarias que está tomando el Gobierno de la nación, pero una vez que esta crisis sanitaria pase tenemos que poner los cinco sentidos y todos nuestros esfuerzos en impedir que, nuevamente, la recuperación recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, en definitiva sobre la mayoría social. Tras el COVID 19 habrá un antes y un después. De lo que haga la izquierda (partidos y sindicatos), en unidad, dependerá hacia dónde se inclina la balanza del esfuerzo para la recuperación. No puede volver a ocurrir que a nombre del deterioro económico se volatilicen nuestros derechos.

Comité de Redacción TS Madrid

Nos hacemos eco de la alerta y queja del Equipo de trabajadores y trabajadoras del 112 y del 061. El pasado 16 de marzo, dos días después de la declaración de Estado de Alarma, expresaban lo siguiente:

“Los trabajadores del 112 y del 061 estamos hartos. Llevamos años trabajando en condiciones precarias por empresas que subcontratan el personal para la gestión del servicio. Los puestos de trabajo del 061 y del 112 no son públicos, son empresas subcontratadas que gestionan el personal, Ferrovial en caso del 061 y Grupo Norte en caso del 112.

La crisis del Coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas y la central, ya sea por la demanda de los ciudadanos como la gestión de las empresas, las dos ya mencionadas, tanto como el SEM y la Generalitat hasta el gobierno de España, es excelentemente negligente. Las únicas medidas de prevención que fueron tomadas es la distribución de geles por la sala. No se cancelaron visitas, entra y sale quién quiere del edificio. Las únicas medidas que tomó Grupo Norte para los empleados del 112 fue no fichar (que se hace con huella digital) y facilitar una botella de alcohol etílico de 98º. Un par de días después G.N. facilitó guantes de látex, pañuelos y alcohol para desinfectar las posiciones.

Dos empleados del 112 residen en Igualada y se encontraban allí cuando se confinó la localidad entera, pero fueron obligados mediante salvoconducto de CECAT, gestionado a través del jefe de servicio de Zona Franca, C. S., a venir a trabajar y pasar el control policial y acceder al edificio sin realizar ningún tipo de revisión médica para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores. Otro empleado manifestó ser agente de riesgo al haber estado en contacto con una persona que dio positivo, y el jefe de servicio le dijo que si no se encontraba mal, que viniera a trabajar.

El sábado, Pere Aragonés, vicepresidente de Cataluña, visitó las instalaciones del SEM, paseándose entre sus empleados como Pedro por su casa. Al día siguiente, dio positivo en Coronavirus.

Ni eso ayudó a tomar medidas más drásticas. El edificio sigue sin estar cerrado a gente exclusiva del personal y no se está habilitando el teletrabajo.

No se están tomando medidas efectivas para reducir el estado de alarma de la población y reducir las colas de llamadas. En el 112, la espera es de tres a cinco minutos, con una media de 30 llamadas en espera. En el 061, la espera llega hasta los 50 minutos. El SEM tiene pendiente llamar a más de 7000 personas que han solicitado asistencia por síntomas de Coronavirus y no los van a llamar, porque es logísticamente imposible. No hay suficiente personal para esa afluencia de llamadas, que sigue siendo creciente.

El problema de la saturación del 112 es importante y peligroso. El tiempo de espera y gestión que lleva hasta la activación del recurso es vital para algunas asistencias sanitarias graves, como infartos o accidentes con heridos graves.

La situación es insostenible. Estamos pendientes de confirmar 5 casos positivos en el edificio. Sea verdad o no, lo van a encubrir. Están jugando con nuestra salud y no les importa. Nuestro trabajo se puede habilitar a distancia y quedarnos confinados y no les da la gana invertir dinero en ello. El 112 y el 061 están privatizados y manda el dinero, no la necesidad.

Si hay un brote en nuestros edificios, caerá la base de la pirámide y la ciudadanía estará desamparada pues no tendrá como contactar con los servicios de urgencia, suponiendo que ahora, aunque tarde, se puede contactar.

¿Hasta qué punto tenemos que jugarnos la salud por la negligencia de los políticos y empresarios? ¿Hasta qué punto la ética y la moral prevalecen sobre la negligencia?

Recordad, cuando necesitéis ayuda, la primera voz que oiréis será la nuestra. Si no estamos, ¿qué pasará?

El equipo del 112 y 061 de Cataluña.”

Es evidente la importancia e imperiosa necesidad de que todos los servicios externalizados y que cubren servicios públicos han de ser nacionalizados con urgencia precisamente para poder prestar ese servicio bajo parámetros de servicio público y no bajo parámetros de beneficio económico.

Baltasar Santos

TS Tarragona

Estamos ante una situación mundial imprevista y con consecuencias humanitarias terribles…

No  es   mayor   ni   más   grave   que   las   guerras   actuales:   muerte,   pobreza severa, migraciones desesperadas, etc., afecta a todos, incluido el mundo más «desarrollado», más rico, más protegido.

Está causando un drama en pérdida de vidas humanas enorme y generando una sensación de incertidumbre e impotencia brutal, teniendo en cuenta que es una epidemia sin soluciones médicas, de momento, y aun menos medidas médico-preventivas por tratarse de un virus novedoso para la ciencia. La situación se aborda en medio de un colapso sanitario, que está poniendo en evidencia las consecuencias de la degradación de las sanidades públicas, de los sectores públicos, en los últimos 15 años. Hoy, los recortes económicos de los gobiernos del partido Popular, nos pasan la factura en su forma más dura: muerte en las residencia de ancianos, escasez de medios a disposición del personal sanitario, insuficiencia de camas y UCIs y tener que recibir ayuda médica y material de China. ¿En verdad somos la octava potencia económica?

Y esto en nuestro país, en donde hay sector público de salud y redes de protección social. Imaginemos las consecuencias donde no lo hay, y reflexionemos sobre las consecuencias lógicas de esta ausencia.

Con la misma lógica, es el sector público de Fuerzas de Seguridad, Transporte, Dependencia, residencias, Educación, Protección Civil, Ejército…. quienes se están enfrentando al riesgo de contagio, con las consecuencias de no disponer del suficiente equipamiento de protección, junto a los trabajadores de Limpieza, Comercio, Transporte, Financiero… sectores que resultan fundamentales para el conjunto de la sociedad.

Es decir, el ESTADO DEMOCRÁTICO se organiza para atender esta emergencia, y lo hace con la mayoría social al frente, en su  doble  condición:  como  ciudadanos  y  como trabajadores, en primera línea, dando la cara y corriendo riesgos, sufriendo las consecuencias.

Es   esa   misma   MAYORÍA   SOCIAL, quien   hace   tiempo   decidimos    crear    un instrumento para la solidaridad común e intergeneracional que hiciese efectiva nuestra democracia social y de derecho: el sector público. Ahora vemos con preocupación creciente como las decisiones de algunos, convierten su beneficio económico personal en nuestras fatales miserias en forma de enfermedades y muertes.

Nada es gratis, lección amarga.

Recortar el estado social, es lo mismo que desatender migrantes, olvidar guerras ajenas (o peor aún vender armas que son utilizadas en esas guerras), pobrezas horribles…

Olvidar la SOLIDARIDAD, olvidar la JUSTICIA SOCIAL, desmontar la democracia social y de derecho trae consecuencias muy graves.

Consecuencias que siempre pagamos los mismos.

Debemos atender a los enfermos, cuidarlos con todos nuestros recursos sanitarios, como muy bien ha hecho el Gobierno al decretar la disponibilidad por el estado de la sanidad privada, y atacar ese virus con toda nuestra capacidad de investigación científica. Ahora toca sobretodo REFLEXIONAR sobre nuestro sistema político para orientar el futuro, para ver qué debilidades han hecho que nuestro Estado de Bienestar sea débil, e incapaz de atender adecuadamente esta pandemia, qué ha puesto en indefensión a nuestros conciudadanos.

Tan importante es atender y curar a nuestros enfermos como preparar el futuro reparando lo que nos convierte en «SOCIEDAD». Trabajemos por recuperar nuestros derechos perdidos en las crisis.

Defendamos nuestro Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista de Madrid

 

 

En la perspectiva de hacer un primer balance sobre los 100 primeros días de la acción del Gobierno, Pedro Sánchez se ha visto inesperadamente forzado a asumir la gestión de una crisis sanitaria sobrevenida (Pandemia, según la OMS) y desconocida hasta ahora por su especial virulencia y efectos devastadores. Al margen de las consecuencias negativas para muchas personas (incluso con numerosas pérdidas de vidas humanas), el coronavirus está siendo desastroso para la economía y para el funcionamiento de sectores y empresas, además de condicionar fuertemente la libertad de movimientos de los ciudadanos. Ante esta gravísima situación, el Gobierno se vio obligado a decretar la emergencia sanitaria y la “Declaración de Alarma”.

Las previsiones de los expertos anuncian que la fuerte incertidumbre generada seguirá afectando al crecimiento de la economía mundial, cuando menos, a lo largo del presente año. O, lo que es lo mismo, si nadie lo remedia, afectará directamente al empleo (según la OIT se pueden perder 25 millones de empleos), a la protección social, a la oferta y la demanda, así como a la sostenibilidad del tejido empresarial (sobre  todo en los sectores del turismo, comercio y transportes), al déficit y la deuda pública, a la cotización bursátil, al conjunto de los servicios públicos esenciales e, incluso, condicionará radicalmente en nuestro país el debate y el contenido de los PGE-2020.

También está influyendo considerablemente en la actividad política. Atrás han quedado medidas valoradas positivamente: el incremento del SMI, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la aprobación del techo de gasto, la apertura del diálogo con el Gobierno de la Generalitat… El resto de los compromisos políticos han quedado supeditados a la resolución de la crisis: entre ellos las elecciones en Galicia y el País Vasco, el debate de los PGE-2020, la sostenibilidad de las pensiones (Pacto de Toledo), la derogación de las reformas laborales, la financiación de las CCAA, la mejora de los servicios públicos… Al margen de relegar a un segundo lugar a otros asuntos de gran calado: la igualdad de género, el cambio climático, la digitalización de nuestra economía, la transición energética, el cambio de modelo productivo…

A pesar del reto que representan estos asuntos, algunos analistas y diversos medios de comunicación han hecho especial hincapié- sobreactuando de manera interesada- en las desavenencias suscitadas recientemente dentro del Gobierno y, en particular, entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el secretario general de Unidas Podemos (UP) y vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Esperemos que se trate de diferentes sensibilidades- comprensibles en un gobierno de coalición e, incluso, en un gobierno monocolor- a la hora de abordar asuntos de una gran complejidad: migraciones, igualdad de género, monarquía, gestión relacionada con la crisis…

 

En todo caso, las diferencias suscitadas demuestran la imperiosa necesidad de seguir apostando por la cultura del Pacto y el Acuerdo ante la emergencia sanitaria y la actual fragmentación partidaria (la realidad política hay que abordarla con altura de miras y no convertirla en un nuevo motivo de confrontación) y por fortalecer y poner en valor al actual Gobierno de coalición. Las ventajas de la Unidad de Acción entre el PSOE y UP son muchas para arriesgarnos a que fracase el actual Gobierno (sin alternativa) sobre todo en estos momentos. La actitud lamentable y demagógica del PP y de Vox, al comienzo de la crisis, descalifica a ambos partidos sin paliativos y demuestra que la alternativa que representan es muy nociva para el País y, en particular, para el desarrollo de las políticas progresistas empeñadas en superar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria que está afectando particularmente a los más vulnerables. A pesar de todo, es justo reconocer el pequeño cambio suscitado en los últimos días en el PP, ante la dramática gravedad de la emergencia sanitaria y el temor al rechazo ciudadano.

 

Hasta el momento, la atención del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las personas, de acuerdo escrupulosamente con los protocolos y el necesario rigor sanitario exigible en estos casos: con solvencia, transparencia y unidad de criterio con las diversas CCAA. A ello está contribuyendo de manera decisiva y ejemplar el comportamiento del conjunto de la sociedad civil, al imponerse el sentido común y la disciplina sobre la torpeza y el miedo, siempre condenable y fuera de lugar.

Ante la emergencia sanitaria, el Gobierno, de acuerdo con la UE, ha decidido paralizar las políticas de estabilidad fiscal comprometidas, mientras dure la emergencia, además de plantear a las instituciones europeas la puesta en práctica de políticas fiscales y de solidaridad comunes (la contundente decisión del BCE va en esta dirección: 750.000 millones de euros en deuda pública y privada), que recuperen el protagonismo que debe tener en estos casos la UE (su futuro pasa por su eficacia en esta crisis, lo que exige medidas excepcionales y urgentes: presupuestos mucho más expansivos, eurobonos, inversión pública…). También, en principio, adoptó una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias por importe de 18.225 millones de euros (cerca del 1,5% del PIB). Entre otras, ayudas a las CCAA para efectuar gastos sanitarios; también  a las familias y afectados, moratorias al pago de impuestos, créditos a empresas, bonificaciones a las cotizaciones sociales para ayudar a empresas (sobre todo a PYMES) y autónomos y, finalmente, ayudas para evitar el cierre de los centros de trabajo más afectados por la crisis.

 

Con los interlocutores sociales se reforzó el diálogo social con el propósito de evitar el desplome de la economía y la destrucción de empleo, fortalecer la protección social de los desempleados por la crisis. En este sentido- a través de un Real Decreto-, el Gobierno aprobó el llamado “Escudo Social” por importe de 200.000  millones  de euros (117.000 millones serán del sector público y 83.000 millones del sector privado) para responder a las nuevas exigencias de la Pandemia. La pretensión, entre otras medidas, es agilizar los ERTE por fuerza mayor; prohibir los despidos por el coronavirus; evitar sanciones por ausentarse del trabajo obligado por la crisis; cobrar la prestación por desempleo, aunque no tenga contabilizada la cotización necesaria; moratoria en el pago de hipotecas; garantizar los servicios públicos esenciales a los más débiles; avales para dar liquidez a las empresas; proteger a las empresas cotizadas del IBEX-35 contra OPAS hostiles presentadas desde fuera de la UE…

Las CCAA y Ayuntamientos de acuerdo con el Gobierno también tomaron medidas dolorosas pero comprensibles: supresión de las Fallas, Semana Santa, Feria de Abril, eventos culturales y deportivos… En este sentido, debemos afirmar- a pesar de las críticas (fuera de lugar) de los gobiernos de Catalunya y del País Vasco a  la “Declaración de Alarma”- que no se puede combatir la Pandemia desde 17 entes territoriales. Es imprescindible, como se ha hecho, establecer un Mando Único ante un problema que afecta a todas las personas por igual y no a territorios por separado.

 

Lamentablemente- y a pesar de estas medidas-, en las últimas semanas no han faltado actitudes especulativas y propuestas oportunistas e interesadas en sacar partido de la crisis actual. El FMI, el pensamiento neoliberal conservador y algunos responsables empresariales, sin ir más lejos, han vuelto a pedir el recorte de derechos, la reducción de impuestos y el aplazamiento de la derogación de las medidas más lesivas de la reforma laboral. Incluso, Pablo Casado, líder del PP, actuó en principio de manera sectaria y a remolque de las circunstancias, intentando capitalizar demagógicamente la incertidumbre, el miedo y el desasosiego de los ciudadanos, cuando lo que procedía era apoyar sin reservas al Gobierno y ponerse a su disposición para abordar solidariamente la crisis. Ya habrá tiempo para analizar la gestión del Gobierno y el comportamiento de la oposición e, incluso, para la crítica si procede.

En este contexto, no es extraño que se valorara positivamente las declaraciones de Inés Arrimadas (Ciudadanos), favorables a colaborar con el Gobierno e, incluso, a participar de manera constructiva, después de la crisis, en el debate de los PGE-2020 con el propósito de facilitar su rápida tramitación en el Parlamento. A partir de una imperiosa necesidad: hay que revisar considerablemente al alza el techo de gasto aprobado y, en coherencia con ello, aprobar unos PGE-2020 más expansivos (en inversión), realistas y comprometidos con la nueva realidad social. Esto contará con el apoyo de la ciudadanía, de los interlocutores sociales y, esperemos, que sea asumida por las autoridades europeas, lo que ayudará considerablemente a salir de la crisis. No lo olvidemos, está en juego de nuevo la política y el modelo de salida de la crisis.

En cualquier caso, la crisis ha puesto una vez más de manifiesto las carencias y debilidades de la globalización y de la propia UE. En concreto, la UE se ha mostrado particularmente inoperante y a merced de un simple, pero agresivo virus, al no ser capaz de tomar medidas en tiempo real que evitaran el miedo y la propagación de la emergencia sanitaria. También ha demostrado la importancia de la unidad, la solidaridad y el compromiso político; además del valor del Estado (“Estado Providencia”), del sector público (sanidad pública) y de la investigación y la ciencia. Incluso, lo nefasto que han sido las políticas de recortes exacerbados, las privatizaciones interesadas y el desarme fiscal, al margen del sonoro fracaso de los demagogos, los populistas y los predicadores incapaces de ofrecer alternativas viables a los problemas complejos de una sociedad moderna.

A pesar de todo, no debe de cundir el pánico. Ante la emergencia sanitaria se ha demostrado en la práctica que el aislamiento, la prevención y la higiene consiguen resultados notables; además, los ciudadanos están aplicando coherentemente las directrices encaminadas a evitar el colapso del sistema sanitario. En todo caso, debemos persistir en superar la grave crisis vírica convertida en una auténtica pesadilla para todos. Por eso hay que recuperar los valores de siempre y mantener plenamente la confianza en nuestras autoridades: unidad, disciplina, solidaridad…

 

Antón Saracíbar

No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020