Izquierda Socialista es republicana

Izquierda Socialista siempre se ha reclamado y se reclama republicana. El republicanismo es consustancial a la naturaleza misma de la corriente y estaba en el pensamiento político de quienes la constituyeron. Así se expresaba Luis Gómez Llorente, el 11 de mayo de 1978 en la defensa del voto particular del PSOE, en el Congreso de los Diputados, en pro de la República como modelo de Estado:

“…es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Nosotros agregaríamos: se  debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” (1)

La República no es para nuestra corriente una celebración festiva que se produce una vez al año, de manera extraoficial. Ni es una rememoración romántica de una etapa de gran prosperidad en cultura y libertades, que fue truncada por el criminal golpe militar animado y financiado por los poderosos de la sociedad.

La República es el modelo de Estado que puede regenerar la corrompida vida política de nuestro país. Es la puerta de entrada hacia un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

No renegamos de La Constitución de 1978 (CE) pero está superada. Fue una Constitución para la transición de un régimen fascista, dictatorial y criminal a una democracia que había que construir. Tras cuarenta y dos años, se ha convertido en un freno para la evolución democrática.

Ciertamente no hay nada escrito que diga que caducaba en tal o cual fecha, pero resulta que las leyes, las constituciones también, alcanzan su obsolescencia cuando la sociedad percibe que sus problemas no tienen solución con dichas leyes.

La Constitución de 1978 arrastra muchos elementos del franquismo que había que superar, como es lógico, al ser producto del consenso y tener por objetivo transitar de un régimen criminal e ilegítimo a un régimen democrático, aunque esa democracia no fuese perfecta.

Uno de los sesgos más simbólicos es el vago concepto del aconfesionalismo, que ha permitido continuar con la Iglesia católica inmiscuida en los asuntos de Estado, curiosamente financiada por el Estado mismo, al dar dinero público a la Iglesia para que pueda mantener sus negocios en sectores tan sensibles como la educación, una herramienta de adoctrinamiento. La salud o las organizaciones no gubernamentales, de las que la Iglesia es propietaria del más del 80%. Una Iglesia que está presente en todos los actos de Estado, evidenciando sus privilegios y su poder.

Ya es hora de resolver este asunto e introducir el concepto del laicismo, para respetar el sentir del pueblo: de creyentes y no creyentes. Se hace necesaria la separación nítida de Iglesia y Estado, sin menoscabo del respeto a la fe en el ámbito privado. Laicidad, para garantizar un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Lo que ya no es un sesgo sino una herencia directa del pasado, es que el Jefe del Estado sea a su vez Rey y, según el Artº 62 h) de la CE “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Lo que quizás no todos los ciudadanos sepan o recuerden es que este precepto de la Constitución se basa en la ley 16/75 de 20 de noviembre de 1975, es decir que el Rey es militar antes que rey. Este anacronismo es el que hace dudar de si en la denominación del modelo de Estado “Monarquía Parlamentaria”, pesa más el sustantivo o el adjetivo. Es quizás, por lo que parece, que la democracia tiene el límite en no cuestionar las herencias del pasado.

Cuando celebramos esta Asamblea, el 21 de marzo de 2020, aún continua siendo “inviolable la persona del Rey y no está sujeta a responsabilidad”. Es lo que se expresa sin dejar lugar a interpretaciones en el Artº 56.3 de la CE. Hoy vemos como esa inviolabilidad sirve para tapar los, presuntos a la par que evidentes, chanchullos del Rey emérito. ¿por qué habríamos de asumir que el actual Rey renuncia a recibir comisiones de negocios de Estado y/o privados?

Como Constitución de transición que fue, el Artº 2 refleja la necesidad de “contentar” a las partes para alcanzar el necesario consenso que se habían marcado. Este Artº, refleja el sentir del pasado: “España una grande y libre” que estaba incorporado en la banda del negruzco águila, símbolo de la España franquista; cuando dice dicho artículo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” para acto seguido decir: “…y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Vale que en aquel momento hubiese que casar voluntades de dos partes que no partían en igualdad de condiciones; los que habían vivido del régimen y lo habían apoyado, incluso participando en las más altas instancias, mantenían el aparato del Estado en su poder. Por otra parte, quienes habían sufrido el exilio en el exterior y cárcel y persecución en el interior. La situación llevó a aceptar contradicciones evidentes, pero han pasado más de 41 años y  es preciso evolucionar, pues hoy, esas contradicciones son más un problema que una ayuda para la convivencia entre los pueblos. Hay que pasar página definitiva al franquismo, apartar todos sus sesgos, herencias y reminiscencias.

Son ejemplos de anacronismos evidentes, es por ello que desde Izquierda Socialista tenemos que animar a nuestro Partido a retomar la iniciativa parlamentaria de constituir una Comisión para la reforma constitucional.

Esta iniciativa tiene que ir acompañada de un sano debate en las agrupaciones del Partido, y es el Partido el que debe liderar un debate abierto en la sociedad, para recabar el sentir de la ciudadanía y para madurar nuestra posición, para enriquecerla con las aportaciones de otras fuerzas políticas que se identifiquen con la República como modelo de Estado.

Las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes no pueden ser el obstáculo para el avance democrático de los pueblos. Hay que avanzar hacia la España Federal, en la que los pueblos que componen el Estado español puedan decidir cómo se relacionan entre sí, desde la libertad y no desde la imposición.

Son muchos los aspectos que hay que reformar en la Constitución, como lo es la necesidad de blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones públicas. Como es necesario poner nitidez en la separación de poderes, particularmente entre Ejecutivo y Judicial. Hay que avanzar en la democratización y transparencia de la elección de los jueces; colectivo social que está impregnado de los sesgos del pasado antes referidos.

No será un trabajo fácil ni rápido, pero es un trabajo necesario, vital, en el que IS tiene un papel muy importante que jugar.

 Roberto Tornamira Sánchez

Militante PSM-PSOE. Agrupación Arganzuela.

Adherido a Izquierda Socialista.

Aportación para la Asamblea de Izquierda Socialista prevista para el 21 de marzo y suspendida tras la declaración del Estado de Alarma.

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