El Estado necesita un polo de banca pública

La concentración del negocio bancario en nuestro país ha dado como resultado la formación de un oligopolio financiero, en el que las cinco primeras entidades: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell, aglutinan más del 70% del negocio por volumen de activos (1).

La formación de este oligopolio no es solo producto de la crisis vivida en la pasada década; la integración de unas entidades en otras, por la vía de fusiones, intervenciones e incluso expropiaciones, se ha producido desde los años 70 del pasado s. XX. Procesos de integración en los que ha intervenido el Estado, en muchos de ellos al menos, inyectando dinero público que no se ha recuperado en un alto porcentaje.

Desde Izquierda Socialista, tenemos que exigir un esclarecimiento del resultado final de los fondos públicos para el saneamiento de la banca privada: Banca Catalana, los 18 bancos de la antigua RUMASA, la intervención de BANESTO o la más reciente de todas, la expropiación de Banco Popular son los ejemplos más sonados, pero no los únicos, de entidades financieras que han necesitado dinero del Estado. Los contribuyentes no conocen el resultado final de aquellas operaciones de saneamiento.

La bancarización de las cajas de ahorro, utilizando como justificación la crisis desatada en 2008, ha entregado, por no decir regalado, el 50% del negocio del sector financiero a la banca privada; un saneamiento con dinero público por valor de 60.000 millones de euros. Este proceso de bancarización y disolución de las cajas de ahorro, habría que someterlo a esclarecimiento, pues los bancos estaban tan expuestos como las cajas de ahorro al mercado hipotecario cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y los bancos están tan politizados como podían estarlo las cajas: solo hay que releer la conformación del BBVA y la designación del amigo de Villarejo como Presidente, por parte de Azanar.  El verdadero motivo estuvo en lo que el Círculo de Empresarios manifestaba en las declaraciones que recogía el diario “Cinco Días” en su edición del 17/12/99: “los cajas no pueden estar sin dueño”. ¡Sin dueño!, es decir sin accionistas que reciban dividendos. Frente a los beneficios que las cajas destinaban a Obra Social, por ejemplo, y a retribuir dignamente a sus trabajadores y trabajadoras, además de ofertar unos tipos crediticios menos abusivos que los de las entidades bancarias privadas, particularmente los préstamos y créditos dirigidos a las familias.

La concentración financiera no es algo exclusivo de nuestro país, ni es un hecho que se esté produciendo solo en el sector financiero. La concentración del capital es algo que afecta a todos los sectores de la producción: energía, agricultura, logística, tecnología…

El problema es que el sector financiero continúa siendo un sector estratégico singular, en tanto que de él, de que circule crédito o no, puede depender la expansión de tal o cual sector productivo, la innovación en una empresa o sector de actividad, etc.

Además de exigir explicaciones sobre el resultado final de las operaciones de saneamiento de entidades con dinero público, y de los motivos verdaderos por los que se ha disuelto literalmente el subsector de Cajas de Ahorros, desde Izquierda Socialista tenemos que defender la configuración de un polo de banca pública que bien podria constituirse a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Bankia, sin desdeñar la idea de incorporar también a Correos.

En fechas recientes, el Vicepresidente segundo del Gobierno que preside el compañero Pedro Sánchez, ha manifestado que “el ICO será el banco público y no Bankia” (declaraciones publicadas por “elplural” el 10-febrero-2020). Esto no resuelve nada, pues el ICO nunca ha dejado de ser público, y Bankia es pública en tanto que el 60% de las acciones son propiedad del Estado a través del FROB. El problema es que el ICO no tiene red de distribución del crédito y por ende depende de las entidades privadas; normalmente las más grandes, para poner en circulación sus campañas de crédito. Y el problema es que Bankia está gestionada con criterio privado, sin dar respuesta a necesidades sociales a las que una banca pública debiera dar, sin que esto signifique que la banca pública deba regalar el dinero.

El problema es que la concentración bancaria ha destruido más de 100.000 puestos de trabajo y más de 20.000 oficinas bancarias. Las consecuencias, además del desastre en términos de empleo, ha sido la exclusión financiera a la que se ven sometidos ya más del 50% de los municipios en nuestro país; núcleos urbanos, con menos de 5.000 habitantes, donde residen personas con una media de edad más alta, que a su vez sufren más si cabe la brecha digital que también habrá que resolver. Esto no lo resuelve el solo el ICO.

La exclusión financiera no está únicamente en el hecho, ya de por sí grave, de que existan o no servicios financieros básicos en todos los municipios. La exclusión financiera está en el giro que la banca ha tomado al pasar de prestar servicios bancarios a querer ser mero intermediario de inversiones financieras.

A los clientes se les dice que guardarles sus ahorros cuesta dinero. Si tan problemático es que los clientes tengan saldos en cuentas a la vista, ¿por qué fue la retirada de depósitos el argumento principal para la amortización del Banco Popular? Los bancos han decidido que los clientes que les son rentables son los que arriesgan su dinero, parece que no quieren pequeños ahorradores; quizás por ello cada vez el mal trato es mayor: cobrando comisiones abusivas, derivando a los cajeros automáticos cada vez mayor número de operaciones…

El Estado tiene la obligación de recuperar el dinero invertido en el saneamiento histórico del sector financiero, tiene la obligación de esclarecer cualquier macro operación de fusiones de empresa en un sector estratégico, como lo es el financiero, y el Estado tiene que garantizar que los ciudadanos tienen acceso a servicios bancarios básicos en todos los municipios (2).

 

Roberto Tornamira Sánchez

Militante PSM-PSOE. Agrupación Arganzuela.

Adherido a Izquierda Socialista.

Aportación para la Asamblea de Izquierda Socialista prevista para el 21 de marzo, y suspendida tras la declaración del Estado de Alarma.

 

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