«Marcelo es residente en Colmenar Viejo. Recientemente ha sobrevivido a 25 días de huelga de hambre para pedir comida digna en la Residencia en la que habita. Hoy, la Comunidad de Madrid responde con un expediente de traslado forzoso a Collado Villalba. No es un caso aislado; es un patrón de castigo.»
Soy hija de una de las 7.291 víctimas que la gestión de Isabel Díaz Ayuso dejó atrás durante la pandemia.
Conozco bien el dolor del silencio institucional, pero lo que está ocurriendo hoy en la residencia pública de Colmenar Viejo es un paso más en la crueldad: el uso del traslado forzoso como castigo.
En enero, Marcelo, un residente de dicho centro, me contactó desesperado. Llevaba diez días en huelga de hambre. ¿Su petición? Algo tan básico como comer dignamente. Las fotografías que me envió hablaban por sí solas: patatas y frutas podridas, pescados que daban mal olor, ultra procesados constantes y raciones que apenas calman el hambre. Un maltrato nutricional en toda regla.
A pesar de que mi denuncia ante la Fiscalía de Alcobendas y el Defensor del Pueblo provocó que estas instituciones se personaran y levantaran acta de la situación, la respuesta del Gerente del AMAS fue el desprecio, intentando tildar de mentiroso a un hombre que estaba poniendo en riesgo su vida por su dignidad. Marcelo abandonó la huelga a los 25 días por salud y por consejo de quienes le queremos, creyendo que su voz había sido escuchada.
Sin embargo, la “justicia” de la Comunidad de Madrid ha llegado en marzo en forma de expediente sancionador. El castigo para Marcelo no es una mejora en su menú, sino el destierro: una orden para deslocalizar a Marcelo forzosamente a una residencia en Collado Villalba, lejos de su entorno y sus apoyos.
Este no es un caso aislado. En pocas semanas hemos asistido a tres “expulsiones” similares en Madrid: un residente en el centro Colisée Vallecas, quien denunció la situación tras quejarse de la calidad del servicio, otra residencia vinculó la expulsión a la actuación del hijo de la residente, quien repartió hojas informativas entre otros familiares para denunciar deficiencias en el centro y animar a reclamar, y ahora Marcelo. Es un patrón claro de represalias. En la Comunidad de Madrid, si denuncias el maltrato, te eliminan del mapa.
Como sociedad, no podemos permitir que las residencias sean agujeros negros de derechos, sean públicas o privadas, pero máxime sin pertenecen a la Administración. Un residente no es un preso ni un objeto a merced de la gestión pública-privada; es un ciudadano con pleno derecho a denunciar una atención deficiente sin miedo a ser represaliado.
El deterioro del modelo de cuidados es una herida abierta en nuestra democracia. Necesitamos una gestión 100% pública y de calidad donde la voz del residente sea protegida, no castigada. Seguiremos luchando para que el traslado-castigo de Marcelo no se produzca. Porque si nos callan a uno, nos silencian a todos.
M.ª Mercedes Huertas Aguilera
Activista por la dignidad en las residencias
Tribuna Socialista 