“…IS corriente?”

Surgen nuevos partidos, partidos con afán de militancia activa que manifiestan intenciones de devolver el protagonismo a los ciudadanos, que se dicen socialdemócratas… Hay un leve renacer de la izquierda, un giro social en medio de paradojas como Trump, Putin, Macron, y es evidente que los ciudadanos reclaman políticas progresistas…

Nosotros, los socialistas del Estado español, no somos ajenos a estos cambios, en nuestro partido se ha producido un cambio copernicano donde los militantes hemos orientado al partido hacia la izquierda…  Y sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra corriente, IS aparece al margen, más cómo corriente de opinión que como corriente organizada y apenas tiene presencia en los órganos renovados del partido.

¿Por qué?

 Cómo muchos militantes, la mayoría de integrantes de la corriente hemos participado directa o indirectamente en esta importante transformación, y como es lógico esperábamos una adecuada representación, no para ocupar “sillas ni sillones”, sino porque estando en sintonía con una nueva orientación, acorde con lo que la corriente ha venido defendiendo desde las primarias de 2014, lo lógico y razonable es participar y transmitir en los órganos del Partido esa sensibilidad que emana democráticamente de la vida de la Corriente, y sin embargo no ha sido así. La nueva dirección ha optado por personas que tienen o han tenido relevancia personal, pero que no han salido de asamblea alguna de IS.

 Es un signo evidente de irrelevancia organizativa, y de que teniendo una buena capacidad propositiva y muy buenas “cabezas”, nos faltan piernas para caminar, aunque nuestras ideas, y nuestras acciones han acompañado el proceso de cambio.

 En todo caso, ¿qué hacer?

¿Es posible recuperar o relanzar a IS?

Hay un trabajo hecho con dignidad, y creo que si, que hay muy buenas personas con cabezas brillantes, con afán de transformación, con años de militancia y/o grandes esperanzas. Tenemos muchos militantes esperando que nuestro Partido, el PSOE, llegue al gobierno para poder aplicar la política en la que creemos; de justicia social y estado de derecho, y para ello creemos útil una corriente política, con respeto al partido y a sus órganos, que trascienda las ideas y participe activa y ordenadamente en este proceso de cambio.

Nos gustaría poder hacer algo, desde nuestra corriente, con el reconocimiento justo, sin “regalos”, es por ello, por lo que considero necesario un proceso de debate para decidir cómo hacerlo…

Eduardo Hernández Oñate

Afiliado PSOE. Barrio de Salamanca (Madrid)

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Millennials. La Generación de la precariedad.

Nos llaman generación Y, otros Millennials y otros dicen que somos la generación mejor preparada, pero si algo somos es una nueva clase trabajadora, la de la precariedad. Resulta totalmente kafkiano definir a nuestra generación con términos anglosajones que denotan frescura y modernidad cuando no hay  nada de moderno, y menos de progreso, en lo que realmente somos: pobres y precarios.  

 La realidad que sufrimos la juventud en pleno siglo XXI es absolutamente dramática, ni más ni menos. Estamos pendiendo de un hilo, el que el Gobierno de Rajoy no va a dudar en recortar en cuanto tenga la oportunidad para dejarnos caer en la más triste miseria (si es que no estamos ya sumidos en ella). Así está echando a perder al presente y al futuro de un país al que ha convertido en el oasis de la precariedad laboral y la indecencia.

 En primer lugar, sufrimos un paro que se está convertido en crónico: actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga duración casi el 40% de las y los menores de 25 años, el 47% de quienes tienen entre 25 y 29 años, y el 50,5% de las y los jóvenes de entre 30 y 34 años. Y lo que es peor, un porcentaje muy alto está en riesgo de pobreza. 

Por otro lado, la calidad del empleo es pésima, la mayoría de jóvenes que trabaja concadena contrato temporal tras contrato temporal y los sueldos son auténticas limosnas.

Nos están sumiendo en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad fruto de una constante degradación de nuestras condiciones de empleo y, por ende, de vida. Es decir, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo encuentra, la situación es trágica, más si se es mujer. Estas son las consecuencias de las dos últimas reformas laborales (esencialmente la segunda) y de la denostación (o desprecio) incesante del talento de la juventud.  

 En tercer lugar, tenemos la guinda del pastel (aunque de dulce nada): el exilio, al que recurren de forma desesperada miles de jóvenes en nuestro país. La única escapatoria en muchas ocasiones es buscar fuera de nuestro país las oportunidades y la calidad de vida que aquí se nos niega.  

 Se nos dan pocas opciones y, además, ninguna buena. Nos están haciendo elegir entre desamparo y precariedad, y cuando nos negamos a cualquiera de esas dos alternativas nos condenan al ostracismo.

Esta es la España del 2017, nada que ver con lo que soñaban quienes lucharon años atrás por los derechos laborales y el fortalecimiento de la negociación colectiva y demás mecanismos de acción. Así ha truncado el PP de Rajoy todo avance y progreso, así nos ha sumido en la desesperante oscuridad del mercado laboral. 

 Vivimos una pesadilla continua de la que la juventud queremos despertar, pero seguimos atrapados en ella, con la impotencia de no poder escapar. El monstruo ya no está debajo de la cama, está en la Moncloa, salpicado por casos de corrupción y disfrutando de la impunidad concedida a través de las urnas. Lo peor de todo es que la puerta se la dejamos abierta.  

 Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que cambiar esta situación y no desistir en la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza crecientes. Luchemos por un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y que proporcione empleo de calidad.

Empecemos derogando las últimas reformas laborales así como acabando con los falsos autónomos y los becarios precarios.

Continuemos estableciendo incentivos a la contratación joven y al relevo generacional y subiendo el salario mínimo.  

 Sólo así quienes se fueron podrán volver y quienes nos hemos quedado podremos vivir. Queda mucho trabajo por delante pero estos retos no son nuevos.  

 Andrea Carrascal Miralles 

Secretaria General de JSE-CyL

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UNIVERSIDAD ¿PÚBLICA?

Hace pocos días el Ministerio de educación aprobó el nuevo decreto de becas para el curso 17-18, anunciando triunfalmente que el presupuesto para becas era el mayor de la historia de España y que el número de becarios bajo su gobierno tampoco nunca había sido superior. Estos datos, si bien ciertos, no son tan buenos como nos quieren hacer entender. No son más que una cortina de humo para encubrir la progresiva elitización de la Universidad Pública. Veamos el porqué.

Para estudiar en una universidad pública solo hay dos requisitos. Uno académico, obtener una determinada nota en la selectividad y aprobar un determinado número de asignaturas para poder seguir estudiando (en general la mitad del curso). El segundo es económico, y consiste en pagar una matrícula que representa entre un 15 y un 25% del coste total de los estudios en función de la CCAA de la Universidad. El Estado, por otro lado es quien paga el tanto por ciento restante a las propias universidades

Veámoslo en un ejemplo. Un estudiante cualquiera paga 1500€ de matrícula para estudiar derecho, siendo el estado quien asume los 4500 restantes que se supone que cuesta un curso en la universidad. Y esto con total independencia de la situación económica del estudiante.

No obstante es evidente que 1500€ pueden suponer un gran esfuerzo para algunas familias, así como no podemos olvidar que de estudiar se derivan otros costes que muchas familias no pueden cubrir, por dar un numero la OCDE los cifra en unos 7000€ anuales, y que si no se cubren evitan que el joven con menos recursos pueda estudiar. Para paliar estos costes existen unas becas que, como para estudiar, tienen dos requisitos. Económicos, no superar una renta determinada, y académicos.

Es en estos últimos donde está la trampa. Se exige aprobar un 80% del total de créditos para obtener la beca más básica y un 90% si se quiere optar a la beca completa. Un rendimiento muy superior al que se exige al resto de estudiantes, un 50% para seguir en la universidad. No siendo de recibo el argumento de que como las becas son recursos públicos se deben destinar a potenciar el rendimiento académico porque como hemos dicho antes SIEMPRE es el estado quien se hace cargo de la mayor parte del precio del curso.

Volviendo al ejemplo anterior, si ese joven necesita la beca por no poder afrontar la matricula, necesitara rendir muchísimo más que si no necesita esa beca, y, en cualquiera de los casos, será la sociedad quien financie la mayor parte de sus estudios a través de sus impuestos.

Es fácil ver el resultado de esta política. Los más desfavorecidos están obligados a no fallar si no quieren perder la protección, por otro lado insuficiente, de las Instituciones. En cambio los que se pueden permitir pagar no deben sufrir, pues por más fallos que cometan podrán seguir en la universidad, y, lo mejor de todo, siendo toda la sociedad los que paguen la mayor parte de sus estudios.

En definitiva, nuestra Universidad es Pública sí, pero solo a la hora de pagarla, ya que a la hora de poder estudiar nuestra educación superior es, cada vez, más privada.

Didac  Ramírez

Joventut Socialista de Catalunya

 

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Serpiente (neoliberal) de verano

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

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PENSIONES: EL GOBIERNO HACE TRAMPAS

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que “el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social“.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la “quiebra” de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal “hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

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Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

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EL SISTEMA DE PENSIONES ES NUESTRO, DEFENDÁMOSLO

Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes  cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.

Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.

Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.

El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.

Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.

La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad  se separó la sanidad, con el resultado de la  crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.

En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.

Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.

Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.

Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.

Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.

La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.

El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo  a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.

El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.

La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.

El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.

Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.

Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.

Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.

Roberto Tornamira


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Ninguna colaboración con este gobierno

Los pasados 16, 17 y 18 de junio más de mil delegados del PSOE se reunían en Madrid en el congreso más esperado de la historia reciente de nuestro partido.

Tras un año de rebeldía democrática de la militancia las primarias y el congreso eran un reto de supervivencia para los socialistas y para la mayoría social representaban la posibilidad de dar un vuelco a la situación y empezar a cubrir sus graves necesidades.

¿Qué rumbo vamos a emprender?

El Congreso se daba en un marco político internacional donde los valores de la socialdemocracia están fuertemente cuestionados y sumidos en una tremenda crisis, basta con mirar al partido socialista francés o al holandés que, tras haber puesto en práctica las políticas más agresivas y regresivas del liberalismos político y financiero, han sido reducidos a grupos testimoniales en sus respectivos parlamentos por una mayoría social que ya no ve en esos partidos una base en que apoyarse para defender libertades y derechos. Ninguna colaboración con este gobierno.

Por el contrario, la remontada del Partido Laborista británico refleja la afluencia de sectores de jóvenes y de trabajadores que han visto en las propuestas de Jeremy Corbyn puntos de apoyo para combatir y derrotar las políticas de austeridad impuestas por los conservadores de Theresa May y también por “la tercera vía” de Tony Blair y Gordon Brown, que pretenden destruir las conquistas que los trabajadores junto con sus sindicatos han conquistado.

Los militantes socialistas en nuestro país, con el lema NO es NO, no quisieron dar su apoyo al gobierno del PP ni en 2016 ni ahora; por eso han aupado a Pedro Sánchez a la secretaría general, para continuar diciendo NO es NO a las políticas económicas y sociales de la derecha; lema que se ha transformado en SI es SI a la recuperación de políticas favorables a la mayoría social, exigiendo la derogación de la Reforma Laboral, de la Ley Mordaza, de la Ley Wert y a todas aquellas leyes que han supuesto un retroceso en derechos y libertades. Pedro Sánchez ha contraído un compromiso con los militantes socialistas, pero también con la mayoría social que exige del Partido Socialista que ocupe el lugar que le corresponde, de verdadera alternativa, frente al gobierno del PP.

En el mes de julio se va a discutir el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2018, si estamos en contra de la continuidad del Gobierno de Rajoy, no podemos avalar los recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (2018), votando a favor del techo de gasto, como hizo la Gestora con los de este año. Debemos hacer público nuestro rechazo a que nueva izquierda Canarias apoye los PGE del 2017 y anunciar la ruptura del acuerdo con ellos, si votan los Presupuestos Generales del Estado de 2017 o el techo de gasto para los del 2018.

La Comisión Ejecutiva Federal elegida en el 39º Congreso debe negar cualquier colaboración con este Gobierno; hay que sacar al PP de la Moncloa. Para ello, habrá que buscar las alianzas suficientes, dentro del Parlamento, con las fuerzas de izquierda y de progreso, que dicen defender los intereses de la mayoría.

Pero también hay que buscar alianzas fuera con los movimientos sociales y principalmente con las organizaciones sindicales para, si hace falta con la movilización, impedir que se continúen aplicando políticas antisociales y negando derechos.

Especialmente claros debemos de ser con el llamado problema catalán; Rajoy y su inmovilismo niega toda salida democrática y busca el enfrentamiento, No merece el más mínimo apoyo de los socialistas ni de los pueblos en esa cruzada que no es solo anticatalana sino contraria a todos los pueblos y a su convivencia. Si el enfrentamiento se impusiese, mal lo tendríamos para defender ningún derecho social ni democrático.

Por su parte, Puigdemont, socio de los recortes de Rajoy, no garantiza un referéndum cuyos resultados sean aplicables en el actual marco constitucional, ni tiende la mano a los demás pueblos, única forma de garantizar la fraternidad entre los pueblos. No podemos alinearnos ni con uno ni con otro. Sin embargo, debemos dar respuesta a las demandas del pueblo catalán que quiere decidir su futuro. El PSOE es la solución al atolladero al que entre unos y otros nos han llevado, tienen que ser el eje vertebrador. El reconocimiento de España como nación de naciones apunta a la solución.

Esa solución pasa por nuestra propuesta de reforma constitucional, hacia un federalismo en el que las nacionalidades que nos conforman como Estado, suscriban un nuevo pacto de Estado que no sea un mero cambio semántico de “la España de las Autonomías” por “la España Federal” nuestro partido debe hacer confluir en una misma solución el restablecimiento de los derechos sociales y el reconocimiento de los derechos nacionales.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº 83. Junio 2017

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Crónica de la Conferencia de CATP UNIDAD PARA ECHAR A RAJOY.

El pasado día 17 de junio tuvo lugar el encuentro estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos bajo la consigna “Por la Unidad para echar al Gobierno del PP”

En dicha reunión a través de las compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, se pudo constatar la cruda realidad que pasea por nuestro País, y que se hace manifiesta a través de los seis años de recorte y represión del Gobierno del PP a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores de todo el Estado.

Compañeros de Coca-cola, LIMASA, estibadores, entre otras empresas y sectores dieron cuenta de los combates por los que están atravesando en sus empresas, expresando así mismo la necesidad de conseguir la unidad para echar a Rajoy y aplicar otro tipo de políticas totalmente diferentes a las actuales, pues no se trata de un cambio de personajes sino de un cambio total de las políticas a aplicar.

De la misma manera, durante las intervenciones se expresó en diversas ocasiones la necesidad de que las rupturas con las políticas del PP no se demoraran más, mucho menos hasta el 2019. Es necesario que cuanto antes, se lleguen a los acuerdos para echar a Rajoy del gobierno y proceder a derogar las reformas laborales, reformar el art 135.3 que amenaza con la cárcel y mantiene en la cárcel a muchos compañeros encausados por defender los derechos colectivos, pero también es necesario defender lo público, defender las organizaciones obreras de los ataques de los poderes económicos y financieros.

Durante la conferencia, no faltaron las alocuciones a la cuestión catalana, y se repitió en diferentes ocasiones la frase “no hay derechos nacionales sin derechos sociales, y no hay derechos sociales sin derechos nacionales” para defender el derecho del pueblo de Catalunya y de todos los pueblos a decidir su destino.  Defender este derecho no quiere decir que queramos la independencia, puesto que es necesario que el conjunto de los pueblos del estado defienda conjuntamente los derechos sociales conquistados entre todos: seguridad social, pensiones, sanidad….

José de Tribuna Socialista en Madrid hizo una intervención en la conferencia haciendo referencia a que todo ello, se expresa vía Boletín Oficial del Estado, en la modificación del artículo 135.3 de la Constitución Española, las dos Contrarreformas Laborales llevadas a cabo en los años 2010 y 2012, la LOMCE, el artículo 315.3 del Código Penal, la Ley Mordaza. Al igual que se vienen recortando en los Presupuestos Generales del Estado todo lo que tiene que ver con la Educación Pública, Sanidad y la Ley de Dependencia.

Desde Tribuna Socialista se trasladó la importancia del proceso de primarias en el PSOE, destacando el trabajo desarrollado en la adhesión al Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez”, el cual en apenas cuatro semanas se presentaron 1005 firmas con la participación de sindicalistas de diez organizaciones sindicales en el acto celebrado el pasado 16 de mayo.

Baltasar Santos de Tribuna Socialista en Catalunya realizó una intervención en la que resaltó la importancia del NO es NO, y la campaña que los militantes socialistas del PSOE hemos realizado para derrotar a la vieja guardia del partido, o lo que es lo mismo, derrotar a quien antepone los intereses de los poderes económico-financieros a los intereses de la clase trabajadora. Para Baltasar, esta victoria de la militancia ha de tener continuidad puesto la recuperación del partido socialista para el socialismo solo será posible si no bajamos la guardia.

El significado del “No es No” es precisamente la expresión del hartazgo de las políticas del PP y del apoyo a sus políticas, Los militantes socialistas queremos revertir estas políticas, que pasan por la derogación de las reformas laborales, la reforma del art 135 de la constitución, la reforma del 315.3 del código penal, la derogación de la LOMCE, de la ley mordaza y todas las actuaciones regresivas del PP, así como establecer puentes de diálogo para que el pueblo de Catalunya pueda expresar su derecho a decidir en libertad.

En relación a la unidad de la izquierda para echar a Rajoy, Baltasar reclamó que la situación no admite demoras y que por tanto no podemos ni queremos esperar hasta el 2019 para echar a Rajoy.

Como conclusión a dicho encuentro, se destacó la importancia de la unidad de las organizaciones que componemos el CATP con el llamamiento de NINGUNA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL PP, UNIDAD PARA ECHA A RAJOY.

Igualmente, como conclusiones de la conferencia se acordó un pronunciamiento de denuncia contra el régimen marroquí y de defensa de la lucha obrera en el RIF, una resolución por la derogación de la LOMCE y por una enseñanza pública, laica y de calidad, y el soporte a los compañeros sindicalistas encausados por huelgas que están pendientes de juicio.

 José A Fernández Guerras y Baltasar Santos

Corresponsalías de Madrid y Catalunya a la Conferencia.

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El poder de compra de los salarios

El argumento que viene utilizando el gobierno para frenar a la oposición política y justificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018) es que todavía hay que consolidar la recuperación económica y ajustar el cuadro macroeconómico (déficit público) para cumplir los compromisos contraídos con la UE. En los últimos dos años, el PIB ha crecido por encima del 3% y las previsiones del gobierno, así como de diversos organismos internacionales y de expertos en la materia son que, a finales del presente año, España habrá recuperado el terreno perdido en el periodo de crisis y la tasa de paro se podría situar- a finales de la década- por debajo del 15%, aunque muy lejos del índice de ocupación del comienzo de la crisis.

En este contexto, el gobierno se resiste a reconocer que la mejora de la situación económica está siendo posible por el fuerte sacrificio de los trabajadores (devaluación salarial), ante las nefastas exigencias de una política neoliberal que ha venido gestionando la crisis bajo el principio de que España no puede devaluar la moneda para mejorar la competitividad de nuestra economía. Según el INE, entre 2.008 y 2.014, la retribución media de los trabajadores por cuenta ajena bajó el 0,7% y, sin embargo, la inflación subió un 8,5% en el mismo periodo; como consecuencia, el poder adquisitivo de los salarios perdió el 9,2% en relación al comienzo de la crisis, de acuerdo con lo que se recoge en un dosier específico del número 47 de Alternativas Económicas. Ello reafirma el relato de que el aumento del PIB no sólo tiene que  reflejarse en las rentas del capital y en los beneficios de las empresas sino también en el salario de los trabajadores, sobre todo cuando todavía está pendiente de que se compense la deuda social acumulada en los años de crisis.

Por lo tanto, es justo y muy razonable que los sindicatos aspiren a que los salarios suban por encima del índice de precios al consumo (IPC) con el propósito de recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se están generando por la mejora de la situación económica. Este crecimiento salarial- favorable para la economía y para el empleo en su conjunto-, según la mayoría de los analistas, no es compartido por la CEOE-CEPYME, que han venido proponiendo un incremento de salarios hasta el 2% (sin suelo), de acuerdo con las previsiones de inflación para el presente año del gobierno. El problema se agrava porque, en los primeros tres meses del año en curso, la subida de los salarios pactados en convenio se ha situado en el 1,26% de media, lo que significa que muchos trabajadores perderán poder adquisitivo este año, como ya ocurrió en el pasado año (2.016) cuando la subida media pactada se situó en el 1% y la inflación alcanzó el 1,6%. Por otra parte, no debemos olvidar que las retribuciones de los funcionarios públicos, según los PGE-2.018, crecerán el 1% tras varios años de estancamiento, lo que confirma que también perderán poder de compra en este año.

Otro asunto, de no menor importancia, es que el mayor esfuerzo para salir de la crisis lo han efectuado los trabajadores con una menor cualificación. Según Oxfam Intermón, el 10% de los trabajadores peor pagados vieron como sus salarios se desplomaron, entre 2.008 y 2.014, cerca del 28%, mientras que el 10% de los trabajadores con salarios más altos no tuvieron ninguna modificación sustancial en sus rentas salariales. Como consecuencia de todo ello se ha producido en España una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital, como ha pasado en Grecia, Irlanda y Portugal. Incluso el Banco de España admite que los beneficios empresariales están creciendo más que los salarios, con el agravante de que esta circunstancia se produce en una fase de mayor crecimiento de la economía.

El problema se agudiza por el aumento considerable de la desigualdad desde el comienzo de la crisis. Oxfam Intermón manifiesta que, en el año 2.006, el 10% de los trabajadores con mayores ingresos disfrutaba de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre, mientras que en el año 2.015 esta diferencia subió a 15 veces. Lo mismo se puede decir en relación con la desigualdad salarial de género: las mujeres ganan el 18,8% menos que los hombres, lo que quiere decir que tendrían que trabajar 50 días más para conseguir el  mismo salario. Finalmente, los más jóvenes están siendo también muy perjudicados: concretamente, el 21% de los trabajadores menores de 25 años se encuentran actualmente en riesgo severo de pobreza y exclusión social.

Esta grave situación, y el comportamiento hostil y cortoplacista de los empresarios, explican la parálisis de las conversaciones entre los interlocutores sociales para alcanzar un Acuerdo que sirviera de referencia para negociar los convenios colectivos del presente año. Por eso, recientemente, los sindicatos (CCOO-UGT) remitieron una carta a los empresarios exigiendo que los salarios se incrementen entre el 1,8% (como mínimo) y el 3% y, si el IPC de 2.017 desborda la previsión de inflación prevista en el convenio, reclaman una cláusula de revisión salarial para corregir esta desviación si finalmente se produce. Todo ello al margen de otras medidas relacionadas con la formación profesional, el absentismo, la superación de la brecha salarial de género, la conciliación de la vida familiar, así como el impulso a la contratación de personas discapacitadas. Por último, los sindicatos hacen especial hincapié en garantizar la vigencia de los convenios hasta que sean sustituidos por otros nuevos (ultra actividad) y sobre todo en potenciar los convenios de sector y su articulación con los convenios de empresa.

No será nada fácil llegar a un acuerdo, a pesar de  que los empresarios han propuesto, en los últimos días, una banda salarial del 1,2% al 2,5%, con una cláusula de revisión salarial imperfecta, que están estudiando a fondo los órganos de dirección de los sindicatos. Sin duda, y al margen de la decisión que se tome, los sindicatos deben seguir defendiendo plataformas reivindicativas completas y exigentes con el objetivo de firmar los convenios en torno a la propuesta remitida a los empresarios. Ello además ejercitará el músculo sindical en las empresas y fortalecerá el poder sindical a todos los niveles, lo que ayudará a combatir, con la mayor eficacia posible, los problemas que afectan a los trabajadores: desempleo, precariedad, reforma laboral, retribución de los empleados públicos, pensiones, dependencia, prestación por desempleo, servicios públicos, fiscalidad, modelo productivo, cambio climático…

En cualquier caso, esta realidad no debe ocultar la preocupación que embarga a muchos trabajadores por la precaria relación de fuerzas, la dificultad creciente de la acción sindical en los centros de trabajo e, incluso, la poca eficacia de la oposición política en el Parlamento. La Moción de Censura presentada en el Parlamento contra Mariano Rajoy es un buen ejemplo de todo ello y confirma que el momento elegido por Podemos (oportunidad política) y sus particulares formas de actuar, en vez de avanzar hacia el objetivo que se pretende ha supuesto en la práctica la consolidación del gobierno y del partido (PP), al margen de su utilidad partidista y de la contundente denuncia de los múltiples casos de corrupción y de manipulación intolerable de la justicia, lo que resulta inconcebible en un país europeo. Tampoco se vislumbran, por lo menos hasta que termine el 39ª Congreso del PSOE, muchas posibilidades, a corto plazo,  de llegar a otros acuerdos en el seno de la izquierda (por ejemplo en torno a la reforma laboral o a las pensiones), a pesar de la experiencia positiva de Portugal  y de lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos y CCAA. Dicho esto, y a pesar de las dificultades actuales, el PSOE debe trabajar a fondo para facilitar un nuevo clima de entendimiento a partir de su próximo Congreso. La abstención del PSOE en la Moción de Censura presentada por Podemos es un primer paso esperanzador, lo que aconseja  aparcar la división, respetando las diferencias, en beneficio de los más desfavorecidos.

En cualquier caso, sin precipitaciones, pero también sin pausas, el PSOE (Pedro Sánchez) debe propiciar que se visualice el cambio esperado, sobre todo en los jóvenes, en las fuerzas progresistas y en las grandes ciudades. Un cambio que combata las políticas de austeridad y se encamine a presentar alternativas reales para resolver los problemas de la gente; un cambio también de dirigentes (comprometidos con la realidad social) y de comportamientos. Por eso tiene especial interés recuperar la memoria histórica: la ética Pablista. Y también la estética; las formas de actuar y de comportarse como auténticos servidores públicos en defensa de los más débiles. Para conseguir esto, lo primero que hay que hacer es abrir las Casas del Pueblo, fomentar la afiliación, la participación de los militantes, el debate de ideas y, finalmente, garantizar la democracia interna a todos los niveles. Eso ayudará mucho a que el PSOE  recupere paulatinamente la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.

En esta ocasión, Pedro Sánchez y sus equipos no van a tener dificultades para aprobar en el próximo congreso las políticas más adecuadas en la actual situación. El desarme asumido por Susana Díaz y por sus más significativos apoyos después de su fracaso en las Primarias, así como la renuncia de José Carlos Díez y de Eduardo Madina  a defender la ponencia elaborada por la Gestora nos anuncia un Congreso ilusionante y un posterior periodo de calma en el seno del PSOE; una realidad constatable que, hace unos cuantos meses atrás, nos hubiera resultado a todos verdaderamente inconcebible. A pesar de semejante mejoría, no debemos olvidar que siguen existiendo, cuando menos, dos sensibilidades distintas en el partido ante asuntos de verdadera trascendencia: la reforma laboral, las pensiones, la banca pública, el modelo de partido, el modelo territorial, la fiscalidad…

De todos los asuntos enumerados hay uno que tiene un interés especial: la derogación de las últimas reformas laborales y el consiguiente impulso a la recuperación de la relación de fuerzas en torno a la negociación colectiva y, como consecuencia, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores; sin olvidar el desempleo, la escandalosa precariedad laboral y la resolución del problema de las pensiones que ha sido utilizado de manera torticera por el poder financiero y el actual gobierno para generar una auténtica alarma social cuando lo han considerado oportuno.

Antón Saracíbar

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¿PODEMOS LOS SOCIALISTAS ESPERAR HASTA 2019 PARA TOMAR EL GOBIERNO?

El 39º Congreso del PSOE ha sido un congreso histórico en el que la militancia se ha empoderado y ha hecho valer su fuerza de 3 maneras diferentes:

Primero defendiendo hasta el final el “No es No”, mostrando de esta manera la oposición a dar ningún apoyo al Partido Popular ni a sus políticas corruptas y antisociales, que van desde la LOMCE y la Ley Mordaza, hasta las reformas laborales y de recortes en pensiones y Seguridad social. No es No, que significaba decir sí a un gobierno alternativo de izquierdas liderado por el PSOE, para poner fin a las políticas de austericidio y de enfrentamiento entre los pueblos.

Segundo: agrupándose en plataformas de apoyo al único candidato que quería liderar el cambio, y recuperar el partido socialista para el socialismo, alejándonos de cualquier atisbo de gran coalición, y revirtiendo una por una, todos los recortes en derechos y libertades perpetrados por el gobierno de Rajoy. Para ello, la militancia quería recuperar su voz dentro del partido, y recuperar las riendas de la acción política, oponiéndose a los dictados de ilustres socialistas, barones y vieja guardia, que a pesar de su notable influencia durante décadas defienden hoy día, posiciones de inmovilismo institucional y legislativo que no son coherentes con las necesidades de la mayoría de nuestro país.

Y tercero: la militancia no solo ha ganado las primarias al elegir a Pedro Sánchez como Secretario General sinó que además ha rechazado la ponencia marco redactada bajo el mandato de la comisión gestora que ha desgobernado el PSOE hasta la fecha,  y ha resuelto posiciones que permiten un halo de esperanza para los trabajadores y los pueblos de España. Entre ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y la enmienda presentada por las JJSS por la República.

El texto aprobado defiende la Declaración de Granada, formulada en esa ciudad andaluza en 2013, en la que el PSOE ya hacía una apuesta por una estructura federal del Estado español como camino para resolver las tensiones territoriales. Así, se reivindica “la necesidad y urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo territorial de nuestro país”. “Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos políticos comunes”.

La enmienda por la República abre la Puerta a un necesario debate. ¿Es posible el federalismo en un marco monárquico?.  La misma pregunta que le formulé a Victoria Camps, hace unos días en un acto sobre federalismo.

Pero, ¿y mientras tanto?. No podemos caer en las mismas artimañas que algunos partidos soberanistas y que el PP, que desvían la atención de los problemas sociales y los diluyen bajo una cortina de humo soberanista en un caso, y nacionalista español en el otro.  ¿Los pueblos tienen derecho a decidir su futuro? Por supuesto que sí. ¿Nos interesa la independencia de Catalunya? Ni a los catalanes nos interesa ni al resto de pueblos tampoco, porque lo que nos interesa es como defendemos juntos la caja de las pensiones, los derechos sociales y laborales, cómo evitamos juntos que sigan desvalijando las cuentas públicas entre unos y otros, y como construímos un escenario en el que los pueblos de la península nos relacionemos libre, fraternal y solidariamente, revirtiendo las políticas económicas y fiscales de la derecha para poner la economía al servicio de la clase trabajadora.

No podemos seguir manteniendo en el gobierno a corruptos ni a políticos que miran para otro lado mientras los mayores de 45 años somos condenados a la miseria, intentando sobrevivir con 426 euros, o como los jóvenes tienen que emigrar o someterse a condiciones laborales precarias en la inmensa mayoría de los casos, sin poder acceder en muchos casos a estudios universitarios cada vez más inaccesibles para los hijos de trabajadores. No podemos seguir viendo como los trabajadores en activo ven recortados sus derechos laborales, salariales… o como muchos trabajadores son forzosamente reconvertidas en autónomos aún con menores derechos…o como los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo.

Los derechos de los pueblos y los derechos sociales van de la mano, y el congreso del PSOE ha avanzado en la línea correcta, porque la militancia ha recuperado las riendas.  Ahora, no hay que bajar la guardia. Los poderes financieros, especulativos que se han adueñado de la economía van a seguir intentando poner palos en las ruedas del cambio que propone el PSOE.  Creo que es buen momento, para no dejar que se rearmen y que busquemos de forma inmediata los acuerdos necesarios para echar a Rajoy y su banda de la Moncloa.  Los problemas de la clase trabajadora no admiten demoras hasta el 2019.

Baltasar Santos

Militante PSC El Vendrell.

 

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Elecciones en Reino Unido

El pasado día 8 de junio tuvieron lugar las elecciones generales en el Reino Unido, unos comicios adelantados oportunistamente por la Primera Ministra, pues pensaba el Partido Conservador que ampliaría su margen de poder, hundiendo al Partido Laborista. La política con mayúsculas ha dado una lección a la derecha británica y una oportunidad a la izquierda en aquel país.

Los resultados electorales, han roto una vez más con las encuestas y la valoración de los analistas. Siendo los más importantes, los que se refieren a los siguientes Partidos:

Partido Conservador 318, (12 escaños menos).

Partido Laborista 261 (29 escaños más).

Partido Nacionalista Escocés 35 (21 escaños menos).

Partido Liberal 12 (4 escaños más).

Partido Unionista Irlandés (DUP) 10 (2 escaños más).

UKIP. Ultraderecha 0 (1 escaño menos).

En el sistema electoral británico las elecciones se configuran con el carácter de elección de un diputado por circunscripciones muy pequeñas, lo que produce el efecto de que el número de escaños conseguidos por un Partido sea mayor que el porcentaje de votos conseguidos a nivel nacional, así tenemos en cuenta que siendo la diferencia entre el Partido Conservador y el Partido  Laborista de 57 escaños, en porcentaje de votos el resultado es de 42% para el primero y 40% para el segundo, lo que viene a significar que en el apoyo del electorado los separa solo un 2%. Este es un dato a considerar como muy importante a favor de los Laboristas, más aún teniendo en cuenta que no hace ni tres semanas la diferencia era de un 20% a favor de los Conservadores.

En relación con la ultraderecha (UKIP) no entra en el Parlamento y pierde 1 escaño que tenía. Esto es importante porque solo ha conseguido el 1.8% de los votos, cuando en el 2015 alcanzó el 12% de los votos. Más importante aún,  si recordamos que fue el Partido que marcó las pautas del debate sobre el Brexit en el Referendun.

La confusión y frustración que aquel referendun generó, especialmente entre los jóvenes, se ha tornado en positivo, en cuanto el líder del Partido Laborista ha retomado la senda de una política coherente con el Partido tradicional de la izquierda, el que siempre ha defendido los intereses de la mayoría social, levantando una vez más la ilusión entre los jóvenes y entre los trabajadores británicos. Estoy convencido de que este afianzamiento en el giro a la Izquierda que desde el principio dio Corbyn, no sin trabas en sus propias filas, ha ayudado a este positivo resultado.

El Partido Conservador, aunque haya ganado las elecciones, en realidad las ha perdido. Para May, Primera Ministra que gobernaba con una mayoría absoluta y convocó las elecciones convencida de que arrasaba en los resultados y se fortalecía en las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit, el resultado la coloca en una posición débil e inestable y se puede considerar que para el Partido Conservador el resultado ha sido un fiasco político con repercusiones en el Reino Unido y en Europa de imprevisibles consecuencias.

Hay dos cosas que se pueden afirmar hoy: que la Unión Europea está en mejores condiciones para la negociación y que en el plano nacional está en minoría en el Parlamento, necesita o un gobierno de coalición o un acuerdo parlamentario porque para la mayoría absoluta necesita ocho votos de otros Partidos, es posible que lo intente con el Partido Liberal o el Partido Unionista Irlandés,  lo más fácil será hacerlo con este último porque en el conflicto irlandés, el DUP es probritanico (antiguos colonos británicos que fueron a Irlanda a colonizarla).

La debilidad del Partido Conservador es positivo también porque hace difícil mantener la intención de May de no aplicar en el Reino Unido la Convención Europea de Derechos Humanos bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. El resultado sitúa al Partido Laborista en un escenario más favorable para su trabajo parlamentario y su discurso a la ciudadanía británica.

Los resultados electorales en Escocia tienen para mí un sesgo muy importante porque cae significativamente El Partido Nacionalista Escocés y sube el Partido Laborista. Escocia ha sido históricamente un territorio laborista, hasta que en las elecciones de 2015 el Partido Laborista estuvo cerca de desaparecer parlamentariamente hablando. Fue una región altamente industrializada que las políticas de Margaret Thatcher asoló. Que los Laboristas se hayan recuperado allí es significativamente  muy importante para la izquierda británica.

En relación con el Partido Laborista, su avance es muy significativo y frente a los negativos augurios y el acoso al que lo ha sometido los medios de comunicación de masas y los poderes ocultos es el ganador de estas elecciones,  aunque en términos absolutos las haya perdido, nadie se esperaba estos resultados. Este avance tiene una importancia objetiva clarísima, en el sentido que desmonta que la única política posible era la tercera vía de Blair y sus programas liberales, restituye la autoridad del Secretario General y debe apaciguar y cerrar la cohesión del Partido Laborista, superando todos los problemas por los que ha pasado. Se abren ventanas de aire fresco, tras estos resultados en Reino Unido, la experiencia de Gobierno en Portugal y el resurgir del PSOE en nuestro país.

Para este significativo avance en mi opinión han jugado cuatro elementos centrales, que son: un claro programa antiausteridad socialdemócrata planteado desde una óptica de izquierdas, una respuesta participativa muy fuerte de la juventud en la campaña, con una importante afiliación de la misma al Partido Laborista, el papel de la candidatura de Corbyn en las redes y la implicación de miles de voluntarios y el importante papel que han jugado los Sindicatos británicos en la campaña.

En el Reino Unido, históricamente hablando, existen Federaciones Sectoriales, no la Confederación, que tienen una afiliación colectiva al Partido Laborista, lo deciden en sus Congresos y pagan cuotas al Partido sobre el número de afiliados que tienen. El papel de estas Federaciones ha sido muy activo en esta campaña electoral.

Finalmente si lo vemos desde el cuadro general de los resultados y en lo concreto los resultados del Partido Laborista podemos sentirnos muy satisfechos, es una buena noticia para el socialismo en Europa y una muy buena noticia para los socialistas españoles.

Manuel Bonmati Portillo

Militante de la UGT y afiliado del PSOE en Madrid

Agrupación de Ciudad Lineal-Madrid

 

 

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Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados

El pasado lunes, 19 de junio tuvo lugar en la localidad de Sant Boi de Llobregat la presentación de la Comisión Internacional en Defensa de los 300. Se trata de una comisión formada por sindicalistas, abogados, trabajadores y trabajadoras que luchan por la abolición de la actual regulación en materia laboral que ataca gravemente sus derechos y libertades.

La degradación del Estado de bienestar y de derecho a partir del triunfo en las elecciones generales por parte del Partido Popular el 20 de noviembre del 2011 y posterior aplicación de sus consiguientes reformas de destrucción del mismo, siguiendo las directrices encomendadas previamente por la Troika, aún no ha llegado a su fin.

Una de las reformas más agresivas y que más atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos, la Reforma Laboral del año 2012, tenía y sigue teniendo como principal objetivo quebrar el modelo de relaciones laborales y el principio fundamental de las mismas, el principio de la negociación colectiva. Sin embargo, los ataques demoledores hacían los derechos de los trabajadores no pararon aquí.

El Gobierno y su ventanilla de actuación rápida, es decir, la Fiscalía, llevan a cabo desde hace años una persecución de quienes de forma legítima luchan por sus derechos y por los derechos de sus compañeros. Los ataques llevados a cabo y por los que más de 300 sindicalistas fueron sentenciados al pago de multas o penas de cárcel o están a la espera de juicio son diversos, desde el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos en huelgas o en aplicación de la Ley Mordaza, hasta sentencias firmes por coacciones o lesiones haciendo uso de una regulación torticera del Real Decreto ley 17/1977, legislación preconstitucional, y del Código Penal artículos 315.3 y 172 que atacan el derecho fundamental a la libertad sindical estipulado en el artículo 28.2 de la Constitución Española como un derecho subjetivo, según las STC 137/1997 de 4 de marzo; STC 11/1981; STC 137/1997 llevan desde el año.

Respecto a dicha normativa actualmente hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que tiene como objetivo reformar la legislación anteriormente planteada y abolir la criminalización de los sindicalistas por defender sus derechos.

Un grupo de abogados pertenecientes a los sindicatos UGT y CCOO buscaron una estrategia común para defender a los compañeros que sufren tales ataques no sólo en el territorio español sino a nivel internacional, creando una Comisión Internacional que sirva como medida de presión que tenga como última consecuencia la abolición de tal regulación por falta de legitimación democrática. Este grupo de abogados cuenta con el apoyo expreso por parte del Centro de abogados de Atocha de Madrid y de Jueces para la Democracia.

Intervinieron en la presentación de la comisión la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret que denunció los ataques reiterados del Partido Popular hacia los derechos fundamentales, criminalizando y persiguiendo a los ciudadanos de forma vergonzosa tanto desde aspectos legislativos como aplicativos. El Secretario General del Sindicato CCOO del Baix Llobregat Josep María Romero y el Secretario Comarcal del Sindicato UGT del Baix Llobregat Carlos de Pablo.

Uno de los puntos más importantes que se trataron en la presentación fue el inminente juicio a dos compañeros sindicalistas, Ruben Ránz y José Manuel Nogales a los que, en aplicación de la regulación tratada, la fiscalía les solicita una pena de 7 años de cárcel por participar en piquetes de huelga.

En la presentación intervinieron también los partidos políticos ERC, PSC i En Comú Podem, mostrando su total apoyo a las 300 personas encausadas de manera ilegítima, dando apoyo a la presentación de la Comisión firmando el escrito de constitución y defensa de los 300 para dar a conocer a la comunidad internacional la baja calidad democrática del Estado español y su regulación en materia laboral.

Mihai I. Fodor

 

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Un tiempo nuevo para el socialismo

El resultado de las Elecciones Primarias para elegir la Secretaria General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha supuesto un claro triunfo de la militancia socialista y un rotundo fracaso de la conjunción interna y externa que desplego todo tipo de maniobras e injerencias durante todo el proceso para impedir que el anterior Secretario General se alzara con la victoria. El 21 de mayo de 2017 se recordará en el PSOE como el día que Pedro Sánchez regreso a la Secretaria General respaldado por la mayoría de la militancia, ha obtenido un resultado incuestionable: ha superado el 50% de los votos.

En los últimos meses se ha vivido en el PSOE uno de los periodos más dramáticos desde la conquista de la democracia en nuestro país, las bochornosas y desleales actuaciones que truncaron el mandato del Secretario General, elegido directamente por los afiliados, y que culminaron en el Comité Federal del 1 de octubre. Y qué facilitaron la Investidura de Mariano Rajoy y la formación de un Gobierno del Partido Popular (PP), con la imposición de la abstención a la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista.  Estos hechos fueron auspiciados por algunos dirigentes y exdirigentes del PSOE y amplificados   por grupos mediáticos y financieros.

La Comisión Gestora debía haber ceñido su mandato extraordinario a garantizar la gestión cotidiana del partido y tener como prioridad urgente restablecer el funcionamiento democrático y la cohesión interna. Pero se le prolongo de forma injustificada su mandato y se le atribuyeron funciones que no le correspondían. La Comisión Gestora retrasó la convocatoria del Congreso y de las Elecciones Primarias, esta era su función primordial y sin solución de continuidad se convirtió en el soporte de la candidatura de Susana Díaz, incumpliendo su deber de mantenerse neutrales. Ante el malestar creciente entre los militantes y simpatizantes eran muchas las voces que auguraban la deserción masiva de los afiliados o la fractura del socialismo español.

La realidad ha desmotado todas estas maniobras y refutado las campañas mediáticas que anunciaban el fin del PSOE. Una realidad construida por el compromiso, la voluntad y la entrega de miles de militantes socialista que han levantado un potente movimiento de rechazo de la abstención regalada a Mariano Rajoy y al PP y de exigencia de la celebración del Congreso y de las Elecciones Primarias.

Un movimiento que ha puesto a la luz las profundas raíces populares del socialismo y la grandeza de sus principios y valores. Y la determinación de los afiliados de luchar por un PSOE autónomo, unido y participativo, en el que se respete la democracia interna y su participación en la toma de decisiones. Un modelo de partido de y para los afiliados frente a otros modelos basados en el control interno por cuadros y especialistas del poder institucional.

Esta gran movilización de los militantes y simpatizantes del PSOE que  se ha  articulado a través de diversos grupos o plataformas a lo largo de todo el país es la que ha empujado a Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaria General, frente a los apoyos de la mayoría de las estructuras orgánicas a las otras candidaturas .Dentro de esas iniciativas autónomas desplegadas por los afiliados del PSOE   hay que reseñar, por su valor cuantitativo pero sobre todo cualitativo, el papel de los militantes socialistas afiliados  a las organizaciones sindicales , que de forma individual impulsaron el “Manifiesto de Sindicalistas con Pedro Sánchez” al que se adhirieron más de mil sindicalistas pertenecientes a UGT, CCOO y a otras diez organizaciones sindicales.

Ante la próxima   celebración del 39º Congreso Federal, con la   propuesta programática de la candidatura de Pedro Sánchez “Por una nueva socialdemocracia”, asumida como ponencia base y miles de enmiendas aportadas por la militancia que deben de ser debatidas e incorporadas a las resoluciones congresuales, se abre la oportunidad de consolidar un nuevo tiempo para el PSOE iniciado   con el resultado de las Elecciones Primarias.

Un tiempo nuevo para regenerar el socialismo, basado en sus valores de justicia social, igualdad, solidaridad y libertad. El PSOE tiene 138 años de vida, con una historia forjada en la lucha por la paz, la democracia, las reformas sociales y la trasformación real de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y sus familias. Desde su fundación la mayoría de los derechos y conquistas sociales han sido planteados por los socialistas.

Las resoluciones del 39º Congreso Federal deben desarrollar los objetivos estratégicos y que, junto con la elección de la Comisión Ejecutiva Federal, posibiliten afrontar con éxito los retos sociales, económicos y políticos que tienen nuestro país y Europa. El mundo cambia y el socialismo debe cambiar con él o acabaran dándole la espalda aquellos a los quiere representar, los trabajadores y la juventud.

Hay que plantar cara al futuro, el futuro no está escrito y va a depender de lo que hagamos nosotros en el presente. La socialdemocracia tiene que construir una alternativa basada en la justicia social a la globalización económica, que la revolución tecnológica beneficie al conjunto de la sociedad, porque el trabajo tenga un futuro decente y luchar contra las injusticias y la pobreza.

La regeneración ideológica y política del socialismo exige un rechazo firme de las políticas neoliberales y conservadoras. Y situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. En las actuales circunstancias caracterizadas por el alto volumen de desempleo, la precariedad del empleo, los bajos salarios y el aumento de las desigualdades y el riesgo de pobreza, con un Gobierno del PP que se encuentra inmerso en diferentes escándalos de corrupciones. Por eso es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable a las políticas de la derecha.

El objetivo estratégico es impulsar un nuevo modelo económico y social, justo y sostenible. Dar alternativas a los problemas territoriales existentes; establecer políticas redistributivas del crecimiento económico para corregir las desigualdades; reforzar la cohesión social; garantizar la igualdad de género, las pensiones, la protección social y los servicios públicos. Restablecer los derechos sociales, laborales y sindicales, para ello es necesario y urgente la derogación de las reformas laborales, de pensiones y la LOMCE del PP. Revertir los recortes de los derechos y libertades de la “Ley Mordaza” y abolir el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza la Libertad sindical y el derecho de huelga.

Las políticas de alianzas van a ser determinantes en el futuro inmediato, para defender las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. Pues parece improbable que tanto el PSOE como Unidos Podemos puedan formar gobierno por separado. Ya se vio en marzo de 2016 con el fracaso en la Investidura de Pedro Sánchez por no apoyarla Unidos Podemos y lo mismo se prevé que pase ahora con la moción de censura impulsada por la coalición de Iglesias, y presentada a espaldas de los socialistas. La unidad y la cooperación de la izquierda pueden generar una perspectiva real de cambio que ponga fin a la larga etapa de gobiernos de Rajoy y del PP.

Toni Ferrer

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Resolución de Urgencia del 39º Congreso. Derogar el 315.3 del código penal.

El sentir sindicalista, que no es lo mismo que las organizaciones sindicales, se ha hecho presente en el proceso de Primarias y en el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Fueron 1030 sindicalistas, con doble militancia: sindical y socialista, afiliados a una docena de organizaciones sindicales diferentes, pero con el común denominador de pertenecer al PSOE quienes lanzaron el Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez” (publicado en Tribuna Socialista), en el que se recogen las demandas más sentidas en el mundo del trabajo, como pueden ser: la exigencia de garantía para el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, para lo que habría que derogar el Artº 135.3 de la Constitución; exigencia de blindar el Sistema Público de Pensiones, para lo que habría que derogar, como mínimo, la reforma de 2013; la exigencia de reequilibrar la correlación de fuerzas entre sindicatos y patronales, derogando la reforma laboral de 2012, particularmente en lo referido a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y el restablecimiento del principio de ultractividad; exigencia de proteger el derecho de huelga, criminalizado por el Artº 315.3 del Código Penal, artículo que es urgente derogar.

Este trabajo, que se hizo sin el menor apoyo de las organizaciones sindicales, pues bajo ningún concepto se han inmiscuido en el proceso interno del Partido, se hizo a título individual de cada militante firmante del Manifiesto. Trabajo de lucha que han continuado los 15 delegados y delegadas al Congreso Federal, que fueron elegidos/as por su territorios, y ha tomado forma en la siguiente Resolución de urgencia que fue aprobada por unanimidad del plenario de delegados y delegadas:

 


El 39º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español Resuelve:

La desigualdad, el paro cronificado en cifras insoportables, el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil cercano al 40%, el retroceso en el gasto público, el avance de la pobreza entre los asalariados, así como algunas iniciativas de economía colaborativa que esconden explotación, afectando esto último especialmente a los autónomos, hace necesario que el PSOE avance en el proceso de recuperación del socialismo democrático que iniciamos el pasado día 21 de mayo.
No podremos avanzar si a los pueblos que componen el Estado español se les empuja a la confrontación en ellos. Y eso es lo que el PP y los gobiernos presididos por Rajoy han generado con su política inmovilista ante las aventuras en las que las fuerzas secesionistas han metido a su pueblo; para tapar ambos sus políticas de recortes.

Mientras nos enfrentan ni el PP ni el Gobierno de la Generalitat afrontan las necesidades de los más desfavorecidos, no se avanza en el reequilibrio de la legislación laboral; desequilibrada brutalmente por la reforma laboral de 2012, reforma que es perentorio derogar. Mientras nos enfrentan, no podemos defender nuestro sistema público de pensiones, el cual se pretende devaluar hasta dejarlo en un sistema de beneficencia. Mientras nos enfrentan no podemos echar atrás las leyes que han restado libertades y derechos.

Es el caso de la utilización perversa del Artº 315.3 de Código Penal, que criminaliza el derecho constitucional de huelga, por el que se ha encausado a más de 300 trabajadores, como es el caso de los conpañeros de Madrid: Rubén Ranz y Jose M. Nogales, a quienes el Congreso envía toda su solidaridad para afrontar el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles día 21, en el que se enfrentan a una petición de 14 años de cárcel.

Comité de Redacción TS

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Para defender nuestro partido: Ganar el congreso

PEDRO

A las 22:30 del dia 21 de mayo el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, anunciaba los resultados oficiales de las primarias, a esa hora cientos de agrupaciones socialistas celebraban el triunfo de Pedro Sánchez, como el candidato que representa la voluntad mayoriataria de los militantes de recuperar el PSOE para la militancia y el socialismo.

Como ya se intuía en la recogida de avales los resultados apuntaban muchas posibilidades de que los militantes impusieran su voluntad por encima de las presiones del rancio aparato y los grupos de presión que han intentado inclinar la balanza del lado de los que quieren hacer del partido socialista un instrumento en manos de los enemigos de los trabajadores, de la juventud y de los mas desprotegidos.

Resulta revelador ver como se han invertido los resultados de los votos en relación con los avales, en algunas comunidades autónomas especialmente en aquellas que están gobernadas por dirigentes que han ocupado la primera fila de la defensa de Susana Díaz, en Andalucía Pedro Sánchez gana 3770 votos mas que avales, mientras que Susana Díaz pierde 1439 votos en relación con los avales obtenidos, en Extremadura, Castilla la Mancha, Aragon y Asturias, comunidades todas con presidentes autonómicos que apoyan Susana, los militantes han escogido a Pedro Sánchez, aventajando a Susana Diaz por cientos de votos, dado la espalda a los dirigentes territoriales.

El triunfo de Pedro Sánchez es un triunfo de un alto contenido político, Pedro Sánchez ha ganado las primarias a los planes del capital financiero, tras demostrar en multitud de actos que la abstención para facilitar la formación de gobierno a Rajoy fue un grave error, por renunciar a ser alternativa al PP, Pedro Sánchez se ha comprometido ha derogar la reforma laboral y la LONCE, ha recogido propuestas de militantes y simpatizantes socialistas, ha pedido la dimisión de Rajoy y se ha comprometido a que los votos socialistas no servirán para hacer políticas de derechas, reconociendo el carácter plurinacional del España.

Pedro Sánchez gana con el compromiso de echar a Rajoy y poner rumbo a la Moncloa y recuperar los derechos que el gobierno del PP nos ha arrebatado.

El triunfo de los militantes socialistas sobre los partidarios de que PSOE colabore con el PP en nombre de una supuesta estabilidad, demuestra de que la mayoría social puede impedir que se sigan aplicando políticas de retroceso social y político, evitar enfrentar a los pueblos del estado español entre si que provoca Rajoy.

Tras los resultados de las primarias la editorial del periódico El País, del día 22, en tono insultante, asemeja a Pedro Sánchez y sus partidarios con la ceguera en contraposición a la razón de los “hechos”, con el Brexit con el referéndum colombiano y con Trump.

Los editorialistas del mencionado periódico, otorgan un papel más al PSOE y reclaman la utilidad de nuestro partido para que “en el momento en que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos”, es decir el papel que El País reclama para el PSOE es por un lado, que se alineé con las politicas del capital financiero para continuar con las politicas de austeridad y recortes, ampliamente protestadas por trabajadores y sus sindicatos y por otro lado, una alianza, como tubo con Rubalcaba con Rajoy, para negar el derecho a decidir, demandado ampliamente por el pueblo de Cataluña.

Pero los hechos son tozudos, los militantes quieren que su partido eche al PP del gobierno, porque representa la corrupción, la malversación del dinero público, el recorte de libertades y derechos laborales, los militantes exigen la derogación de la reforma laboral y LONCE, quieren que se les garanticen las pensiones y la sanidad pública. Pedro Sánchez ha dejado claro que quiere un partido autónomo que decida sus propias políticas.

La editorial del ABC del 22 de mayo, tambien hace referencia a los resultados de las primarias, destacamos dos de sus conclusiones, la primera es que, según el ABC “reconducir a esta militancia al aprecio por los valores de la política de pacto con la derecha ha sido imposible”, quiere decir eso que han estado interviniendo o van a dejar de intervenir en la vida interna del partido socialista? no lo sabemos pero mas adelante la misma editorial apunta, ” ya no valdrá ver la discordia interna del PSOE desde la barrera”, quiere decir esto que intensificaran la presión para que la voluntad militante y la autonomía del nuestro partido no sea respetada, ¿están marcando línea a algún sector de nuestro partido?.

Tras el 1 de octubre, ganar las primaria ha sido el primer objetivo. Los delegados elegidos al congreso debe reflejar las proporciones de los votos en cada federación y asegurar de esta forma que la mayoría de delegados elegidos se corresponde con las proporciones de votos expresados en las primarias.

Se puede dar las circunstancia de que los aparatos territoriales quieran imponer delegados al congreso que no se correspondan con los resultados de las primarias y el secretario general elegido por los militantes se encuentre en un congreso que le condicione política y organizativamente las políticas a realizar.

Propongamos en los congresos de las federaciones a los delegados comprometidos con el proyecto de cambio propuesto por Pedro Sánchez, defendamos el nuevo modelo de partido, preparemos el partido para echar a Rajoy del gobierno y abrir una nueva etapa para la mayoría social de nuestro país.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

A GANAR EL 39º CONGRESO

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Tribuna Socialista: Especial Primarias

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Sindicalistas socialistas con Pedro. Adhiere al manifiesto.

sindicalistas

Para adherirse al manifiesto, enviad un correo electrónico a

psoeyderechoslaborales@gmail.com

 

Militantes comprometidos con la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras, socialistas, afiliados y afiliadas del PSOE, tomamos partido por el proyecto “Por una nueva Socialdemocracia” que encabeza Pedro Sánchez.

Lo hacemos por convicción en un proyecto que reclama soluciones desde la política a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad: los asalariados, los desempleados, los pensionistas, los autónomos y sus hijos e hijas.

Como acertadamente se expresa en el documento “Por una nueva Socialdemocracia”, son muchos los retos que el Partido Socialista Obrero Español debe afrontar: la lucha contra la precariedad laboral, el paro, la desigualdad, la pobreza, el impacto de la evolución tecnológica en la organización del trabajo y en el empleo. Avances tecnológicos que deberían orientarse a la mejora de las condiciones de vida y no sólo a maximizar el beneficio empresarial.

Coincidimos en señalar como un peligro para la democracia y la convivencia pacífica, el avance de la derecha extrema y xenófoba, que está aprovechando estos años de larga crisis económica para sembrar el miedo, reacciones nacionalistas, proteccionistas y autoritarias.

De igual modo, estos años de crisis han sido aprovechados por el capital, para avanzar en la explotación de los trabajadores, consiguiendo desequilibrar las relaciones laborales con reformas como la impuesta por el Partido Popular en 2012, reforma que es prioritario derogar, para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales: restableciendo la preponderancia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa; siendo uno de los efectos más perniciosos el fomento de las “empresas multiservicios”, pensadas para burlar la negociación colectiva,  restituyendo el principio de ultractividad, y echando atrás las facilidades que da a las empresas en el despido, tanto individual como colectivo, que estas reformas introdujeron, entre otros muchos conceptos.

Es a partir de la entrada en vigor de estas reformas laborales cuando se ha precarizado el empleo y se han devaluado los salarios. Ésta es una de las mayores causas por las que acertadamente Pedro Sánchez señala con preocupación que nuestra juventud está siendo marginada. Necesitamos un pacto intergeneracional por el Medio Ambiente, las Pensiones, la Educación, la Formación Continua, para recuperar el horizonte del pleno empleo, combatiendo el alto índice de paro actual, para lo que no hay mejor receta que la reducción de la jornada, sin detrimento de la remuneración. Es especialmente preocupante el paro juvenil que se mantiene por encima del 40 por ciento para los menores de 25 años. Esta “hipoteca social” que ha instaurado el gobierno del Partido Popular es inaceptable; desempleo cronificado, cifras de paro que no bajarán del 17 por ciento en los próximos años, temporalidad estructural, que nos sitúa como “subcampeones” de Europa con un 26 por ciento del empleo existente. Insostenible para una sociedad que aún sigue inmersa en la crisis.

La precariedad laboral, los altos índices de paro, junto a la política de regalos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, están quebrando nuestro sistema público de pensiones. Por tanto es prioritario garantizar la suficiencia de los ingresos para lo que se debería derogar las reformas que a partir del año 2013 realizó el Partido Popular.

Las políticas económicas puestas en marcha, supuestamente, para hacer frente a la crisis, han ido dirigidas siempre contra los derechos de la clase trabajadora. Medidas que han ido acompañadas de otras leyes que cercenan la libertad de expresión y movilización. Es un ejemplo claro el uso perverso que desde la fiscalía se está dando, desde 2010, al artículo 315.3 del Código Penal, con el único objeto de criminalizar el derecho constitucional a ejercer la huelga. Y que tiene encausados a más de 300 trabajadores y trabajadoras; por ello es necesaria y urgente su derogación.

Pero los ataques a los derechos de la mayoría social no se han limitado al marco de lo laboral, también se han cebado con la protección social, particularmente desde la reforma constitucional exprés, que a través del artículo 135.3 subordina el gasto al pago de la deuda y sus intereses. Es este el origen de la caída de las partidas presupuestarias para la sanidad y la educación públicas, además de la abrupta reducción presupuestaria en otras partidas, como está ocurriendo en I+D + i, servicios sociales y atención a la Dependencia. Es preciso corregir esta filosofía austericida que impone dicha reforma constitucional, derogando este artículo, y fijando el objetivo más sobre el incremento de los ingresos que sobre la reducción de los gastos. Cambios en política económica que debieran ir acompañados de una suficiente y justa reforma fiscal, para una mejor redistribución de la riqueza y acabar con los altos índices de fraude fiscal.

El Estado necesita herramientas para que con la legislación adecuada, un Gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades. Por ejemplo, necesita un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una banca pública que haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica, que sufren millones de ciudadanos.

En definitiva, se propone un nuevo modelo económico, social y medioambiental sostenible, basado en la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

Defendemos un modelo de Partido basado en los principios y valores del socialismo y de la izquierda, autónomo y participativo. Son estos motivos, entre otros muchos, los que a los abajo firmantes (a título individual) nos ha llevado a recoger avales y a pedir el voto para la candidatura de Pedro Sánchez como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español.

Sindicalistas con Pedro Sánchez

(500 firmas a 1 de mayo de 2017)

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Número 81 de Tribuna Socialista

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21-M: mucho más que unas primarias.

Las recientes debacles que han golpeado con dureza la socialdemocracia europea, primero en Holanda, y hace unos días en la primera vuelta de las elecciones francesas donde el Partido Socialista Francés ha pasado de gobernar a la irrelevancia política, deben servir para que los socialistas del mundo entero, desterremos de una vez el llamado socialismo liberal, que a golpe de pensamiento único, a menudo dictado por los poderes económicos y financieros, nos han llevado al descrédito electoral, y por tanto, a la pérdida de la confianza del electorado, que busca salidas a sus necesidades en un panorama en el que los populismos y la ultraderecha se sienten cada vez más cómodos.

El fracaso electoral de la socialdemocracia, en un país tras otro, hace necesario dejar de acompañar las políticas de la derecha bajo el chantaje de la estabilidad; nadie tiene en cuenta la estabilidad y la certidumbre que necesitan los trabajadores.

Tal es el caso de Holanda, que ya reseñamos en el anterior número de Tribuna Socialista, y también ha sido el caso de Francia. Aún recordamos como a Hollande se le calificaba como la gran esperanza de la socialdemocracia europea, y sin embargo hoy ha batido en récords de impopularidad al anterior presidente Sarkozy. La clave de tan sonada derrota en Francia se corresponde con una legislatura en la que el desempleo no ha cesado de crecer, una legislatura de ataques continuos a la clase trabajadora, con la modificación del contrato laboral francés (Estatuto de los trabajadores) a la que la clase trabajadora se ha resistido con uñas y dientes, y a una política económica dictada por el FMI y el BCE que cada vez encuentra más oposición en toda Europa. Además, recordemos que los atentados en Francia sirvieron de excusa para declarar un eterno estado de excepción que no ha servido para acabar con el terrorismo ni con la inseguridad y sí para recortar derechos y libertades de todos los franceses, aprovechando una mayor presencia policial no para mejorar la seguridad de los ciudadanos sino como herramienta para disuadir a todos los trabajadores franceses y la juventud que está luchando en la calle, defendiéndose de las políticas regresivas del gobierno Hollande-Valls.

Tras el Brexit el eurohartazgo crece día a día en toda Europa, y es la ultraderecha quien está rentabilizando electoralmente la voluntad mayoritaria de otras políticas, y la recuperación de la autonomía de la política monetaria y económica para mejor hacer frente la crisis. Está claro que, si la socialdemocracia sigue practicando el discurso de la “gobernanza” y las políticas de coalición con la derecha, el mazazo será terrible. Así lo entendemos desde Tribuna Socialista, y así lo entiende la mayoría de militantes que vemos en Pedro Sánchez el giro a la izquierda que esperamos, la defensa del poder de decisión de los militantes y la oposición al dictado de los mercados para mejor abordar los problemas de la mayoría social.

La vía de la gran coalición no es el camino, como tampoco lo es la vía emprendida por Podemos, más preocupada por adelantar al PSOE como referente de la izquierda, que por construir una verdadera alternativa a la derecha. El anuncio de PODEMOS de solicitar una moción de censura a Rajoy no tiene como objetivo echar a Rajoy de la Moncloa sino debilitar aún más a un PSOE, hoy dirigido por una comisión gestora comprometida con la estabilidad de las instituciones y amnésica respecto al sufrimiento de un tercio de la población. Ciudadanos por su lado, sigue practicando su lenguaje ambiguo que pretende confundir a la ciudadanía mientras apoya al PP y su corrupción.

No nos cansaremos de repetir que las primarias del 21 de mayo tienen una importancia fundamental. Todo el aparato del partido (y también el aparato que no es del partido) está volcado con las candidaturas de Susana Díaz y de Patxi López, para evitar el cambio de paradigma que la militancia y la sociedad espera del PSOE, es decir la recuperación del partido socialista para el socialismo.  Por el contrario, la militancia, agrupada en plataformas da su apoyo entusiasta y mayoritario en cada acto en favor de la candidatura de Pedro Sánchez.  La prensa, al servicio de los intereses del capital financiero se pronuncian sin ningún tipo de reparo por las candidaturas de Susana y Patxi, sembrando el discurso del miedo para evitar que P. Sánchez sea elegido Secretario General.  Los sindicalistas en cambio, dan mayoritariamente su apoyo a Pedro Sánchez, como lo demuestra el creciente apoyo que el manifiesto “sindicalistas con Pedro Sánchez” está obteniendo en toda España, con más de 500 firmas recogidas en poco más de una semana. Los sindicatos reclaman un cambio de políticas, que pase por la derogación de las reformas laborales, el desbloqueo de la negociación colectiva, y que evite que la pobreza siga extendiéndose entre asalariados y desempleados, mientras los beneficios empresariales aumentan.

El papel de los militantes del partido es esencial para la recuperación del partido. Tras la recogida de avales, hemos de ser activos el día de las primarias, votando y vigilando como interventores que el resultado del día 21 de mayo refleje fielmente la voluntad de los militantes. Debemos garantizar una presencia masiva y extensiva de interventores en todo el territorio, en todas las agrupaciones.

Y Tras las primarias hemos de elegir delegados/as al congreso del PSOE. Los que creemos en un modelo de partido diferente al actual, un partido de izquierdas y referencia de la izquierda, hemos de dejarnos la piel para  que las delegaciones que se elijan para el congreso defiendan ese sentir mayoritario de la militancia, que es el  que puede evitar que el Partido Socialista   Obrero Español siga los pasos del francés o del holandés.

Comité de Redacción

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Por una confluencia de proyectos

El 25 de noviembre pasado tuvo lugar una reunión en el Ateneo de Madrid, en la que se reunieron una treintena de socialistas, para reflexionar sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo en el PSOE, y en el conjunto de la izquierda, a lo largo de 2016 y en particular desde el Comité Federal del 1 de octubre.

De aquella interesante reunión, en la que se manifestaron diversas posiciones políticas, indudablemente de izquierdas, se ha venido manteniendo una relación de coordinación, de la cual ha nacido la iniciativa de llamar a la Unidad a los dos candidatos que a fecha de hoy han manifestado su decisión de presentarse a las Primarias.

El texto lo firman una serie de asistentes a aquella reunión de noviembre y está abierto a que se sumen todos aquellos compañeros y compañeras que compartan su contenido.

Cualquier socialista interesado en adherirse a esta carta nos   lo puede comunicar enviando un correo electrónico a tribunasocialista1@gmail.com

CARTA

La convulsa situación en el seno de nuestro partido, el PSOE, está llevando a un proceso complejo de cara a las candidaturas a las futuras primarias, a celebrar probablemente en mayo de este año.

De momento, dos candidatos han mostrado su deseo de competir en ellas, Pedro Sánchez y Patxi López y nos encontramos a la espera de que Susana Díaz termine de deshojar su particular margarita.

Siempre se suele comentar que lo que se deben contrastar no son personas sino proyectos. Resulta evidente que en el seno del PSOE actual existen dos que van a confrontarse en esas primarias y en el posterior Congreso.

Quienes legítimamente mostraron su empeño en el “No es No”, para evitar que Rajoy continuase en la Moncloa y quienes por el contrario se decantaron por la abstención que le permitiera continuar. Ganaron los segundos con lamentables actitudes que ya han sido analizadas, pero que conviene dejar atrás porque ahora lo que toca es avanzar.

En aquella batalla Pedro Sánchez y Patxi López caminaron codo con codo justo hasta el instante decisivo en el que el segundo dio un paso atrás cambiando su no firme por la abstención. Hizo el análisis de su cambio que debemos respetar, pero sin olvidar que hasta entonces ambos estaban defendiendo las mismas tesis.

Ahora Pedro Sánchez ha presentado un programa con el que se identifican buena parte de la militancia socialista y marca nuevos tiempos para el socialismo y la izquierda de nuestro país y la pregunta que nos surge es: ¿por qué dispersar fuerza si en esencia no se han manifestado diferencias sustanciales entre ambos proyectos? Muchos y muchas hablan de Unidad. Ciertamente la izquierda debe buena parte de sus vicisitudes actuales a la falta de unidad. ¿Tiene sentido no buscarla ante la situación que vivimos en el seno de nuestro Partido?

La respuesta resulta evidente; no. En esta difícil confrontación quienes tienen propuestas comunes deben hacer un ejercicio de responsabilidad para unir fuerzas.

Es por eso que desde este grupo que surgió de una reunión celebrada en el Ateneo de Madrid, que pretendía impulsar la necesidad de refundar el PSOE y recuperarlo para el socialismo y la izquierda, hacemos un llamamiento a Patxi López para que sume su proyecto y el respeto y reconocimiento que le tiene la militancia junto al mayoritario impulso que Pedro Sánchez está dando en esta dirección.

Les emplazamos a que se junten y unan sus fuerzas con un objetivo común, lograr ganar las primarias para conseguir un PSOE de izquierdas, coherente, creíble y autónomo. Un PSOE que sea capaz de recuperar la ilusión y la confianza de una amplia base social para ganarle la batalla a la derecha.

Le pedimos a Patxi López y sus seguidores que busquen la Unidad con Pedro Sánchez y los suyos porque eso garantizará una victoria segura.

Unidad que en estos instantes se concreta en un compromiso firme y claro por dar una respuesta positiva a la demanda de la derogación de la Reforma Laboral, anular el artículo 315.3 del Código Penal, reformar el artículo 135 de la Constitución y derogar todas aquellas medidas que han supuesto un retroceso en los derechos y libertades democráticas, no aprobar los presupuestos propuestos por el PP, el techo de gasto autonómico, ni llegar a ningún pacto que legitime el gobierno del PP. Todas estas demandas estaban incluidas en el espíritu del “No es NO”.

Primeros firmantes:

José A Iniesta, Toni Ferrer, Justo Villañe, Pedro Aller, Merche Huete, Roberto Tornamira, Antonio Herranz, Baltasar Santos, José Luis Uriz, Alfonso Abengozar, Jose Maria Buzarra, Vicente de Bustos, Mario Agustí, Agustin Valdivia Calvo, Eduardo Hernández, Francisco García Jiménez, Maria Luisa Peña Cobo, José Alfredo mesa Navarro, Manolo Bonmati…

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La mayoría quiere recuperar el Socialismo

El domingo 26 de febrero aparecía una encuesta en “El Periódico de Cataluña”, que refleja las preferencias de los votantes socialistas y también del total de la población para liderar el PSOE. Las dos variantes dan como ganador a Pedro Sánchez, incluso en Andalucía, según las encuestas, el preferido por los militantes es Pedro Sánchez.

Hay quien dice que las encuestas las carga el diablo. Sin embargo, lo que es innegable es la afluencia de militantes a los actos que Pedro Sánchez está realizando por todo el estado. Desde Xirivella a Dos Hermanas, pasando por Castellón, Pamplona, Madrid o La Rioja, en todos los sitios, cientos de militantes le muestran su apoyo con esperanza de que se recupere el PSOE para el socialismo, que se escuche a la militancia, y que se rompa con las políticas subsidiarias al PP. Dentro y fuera del Partido, las bases de afiliados y simpatizantes, ven en los planteamientos de Pedro Sánchez la recuperación de la unidad de la izquierda para liderar un proyecto de progreso para la mayoría social.

El papel de la militancia, agrupándose en plataformas, está siendo fundamental al abrir la posibilidad de que puedan expresarse aquellos militantes que no pueden hacerlo en sus respectivas agrupaciones, bien porque no se les convoca, bien porque se les convoca para que sean meros aplaudidores del mensaje oficial, o bien porque simplemente están cerradas.

Las plataformas de militantes están siendo elementos cruciales y activos en esta campaña, ayudando a construir y difundir las propuestas socialistas, neutralizando los intentos de acallar la voz de la militancia de los medios de comunicación de masas, en sintonía con la Gestora. Ni a la Gestora ni a los medios les gusta que se hable de plurinacionalidad, de banca pública, de independencia respecto a los dictámenes de los poderes financieros y de los lobbies, pero la marea de militantes agrupados en plataformas está sirviendo para recuperar el Partido.

Las primarias que vamos a vivir serán determinantes para el futuro inmediato, porque más allá de los afectos o simpatías que cada candidato pueda reunir en torno a su figura, está en juego si queremos un PSOE subsidiario del PP y las instituciones, o un PSOE que haga políticas socialistas, que aporten soluciones a los problemas de la mayoría social; que combatan la pobreza que afecta a un tercio de la población, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012; que hagan frente a la lacra de la insoportable e intolerable violencia machista; que defiendan el Sistema Público de Pensiones, frente a la propaganda que llega por tierra, mar y aire en pro de las pensiones privadas, por citar únicamente tres ejemplos.

En la fecha de cierre de la edición de este número aún no se sabe a ciencia cierta el método que se utilizará para que los militantes del PSC puedan participar de este proceso de primarias. Parece ser que hay acuerdo entre la Gestora y la comisión negociadora del PSC, en cuanto a la necesidad de que los militantes del PSC tengan que hacer una inscripción especial para votar en las primarias, lo que en la práctica significa un intento de influir en el resultado. A nadie se le escapa que federaciones como Andalucía y Catalunya son las que más militantes tienen. Las tareas de la Gestora, máxime en relación con la convocatoria de las primarias y del Congreso, debería ser democrática, limpia y además parecerlo.
Hay que reseñar que el hecho de que los militantes socialistas de Catalunya tengan que preinscribirse para poder participar en las primarias, es un hecho inédito en el socialismo español, que viene precedido por el apoyo masivo de los militantes del PSC al No es No, y que, sin duda, supondrá un obstáculo para que todos los militantes puedan participar.

La supuesta neutralidad del PSC, para no ser excluidos del proceso de primarias, no puede servir para imponer portavoces y organizadores de las plataformas nombrados desde la Dirección del partido, al margen de los propios militantes. El método de elección de los portavoces, impulsores y organizadores de la campaña de todos los candidatos debería ser claro y transparente; para ello, la mejor garantía es que sean los propios militantes quienes los elijan y los reconozcan como tales, porque mientras en Catalunya se pide “juego limpio” y “neutralidad”, un territorio en principio afín a Pedro Sánchez, en otros territorios, donde otros candidatos tienen más adeptos, las embestidas institucionales y las descalificaciones a Pedro Sánchez son terribles, y el control del aparato sobre el proceso de primarias carece de cualquier atisbo de neutralidad y juego limpio.

Estas primarias deben servir para que los candidatos fijen sus proyectos, para que los militantes participen de los mismos, para hacer del PSOE un instrumento útil a la mayoría de la sociedad. Para que sea el principio de una nueva etapa en la que el socialismo sea la alternativa a las políticas del PP.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº79: recuperemos el socialismo

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En defensa de la sanidad pública

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Remunicipalización sí, pero defensa del empleo también

El debate entre si lo público o lo privado es más o menos eficaz, incluso eficiente, es un viejo debate en el que la concepción ideológica marca la diferencia. Para un defensor de la iniciativa privada siempre será mejor externalizar servicios y descargar a la Administración, mientras que para alguien convencido de la necesidad de lo público siempre será mejor que la Administración preste el servicio de forma directa.

Probablemente, desde un planteamiento técnico existan ventajas y desventajas en ambos planteamientos, pros y contras. Por tanto, comienzo por decir que dependerá de qué servicios o sectores de la actividad y de qué objetivos y qué eficacia se busque: social o económica, incluso un equilibrio entre ambas.

El planteamiento sirve tanto para la Administración Central, la autonómica o la municipal, pues hay sectores de la actividad que comenzaron a externalizarse en la década de los 80 del pasado siglo que se producen en todos los ámbitos; un ejemplo claro es la limpieza de las dependencias públicas: de igual modo hay que limpiar un colegio, una universidad, los locales de una junta municipal o la sede del Ministerio de Defensa.

Desde un punto de vista económico, “a priori”, no parece que externalizar un servicio sea rentable, pues la empresa encargada de prestar el servicio, como todas las empresas que desarrollan una actividad económica, buscan obtener un beneficio. Por tanto, ese margen de beneficio vendría a sumarse al coste de la prestación del servicio. Esto que parece tan obvio es el factor que ha desencadenado la situación que vive la limpieza de las calles del municipio de Madrid, o la de los hospitales de la Comunidad, aunque en dependencias cerradas los efectos sean menos visibles.

El factor económico en un escenario de crisis como el que sufrimos desde al menos 2008, llevó a los gobiernos, particularmente del Partido Popular, a someter los pliegos de condiciones con las empresas a una auténtica “subasta al peor postor”, es decir se viene otorgando el contrato a la empresa que por menor importe puja. De tal manera que nos hemos encontrado con cuantías para prestar el servicio (la cantidad que el empresario pide, y recibe de la Administración por prestar el servicio) inferiores a la masa salarial incluyendo las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública; una auténtica temeridad.

Esta situación llegó a su punto más aberrante en el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de la Alcaldesa Ana Botella (2011-2015), cuando la diferencia entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo ofertado por la empresa adjudicataria se ha zanjado con despidos colectivos (EREs) y/o despidos temporales (ERTEs).

En el ejemplo aludido, la reducción de costes por el servicio de limpieza estuvo en torno a un 20% para la arcas del Ayuntamiento, sin embargo el deterioro del servicio es evidente, además del tremendo coste económico para los trabajadores y trabajadoras. La eficacia social saltó por los aires, en aras de reducir costes por parte de la Administración y el mantener el beneficio por parte empresarial.

Está claro que los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios dignos, prestados en condiciones dignas.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se ha abierto en muchos municipios el debate sobre Remunicipalización de servicios como la seguridad privada, la limpieza, los “Call Center”, etc.

 

Es evidente que a la vista de los resultados, teóricos y prácticos, en el ejemplo conocido de la limpieza de jardines y calles de Madrid Capital bien merecería la pena remunicipalizar dicho servicio, sacrificando el beneficio empresarial en lugar del empleo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía.

Dejando claro que no está en discusión la capacidad de los ayuntamientos, dentro de su autonomía, a municipalizar, externalizar o remunicipalizar servicios, nos encontramos con otro factor que también hay que tener presente, como es el jurídico, más concretamente el jurídico laboral. Pues son muchas las incertidumbres laborales que se abren ante la remunicipalización de un servicio público: ¿cabe la subrogación de los trabajadores que prestan el servicio? ¿en qué condiciones pasarían los trabajadores y trabajadoras contratados por una empresa privada a depender de un organismo público?

A la primera cuestión, y atendiendo al Informe del profesor Juan Carlos García Quiñones, de la Universidad Complutense de Madrid, de noviembre de 2015, solicitado por la UGT, “Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización de servicios”, queda claro que sí cabe la subrogación en base a lo expuesto en el apartado v) de las conclusiones del mencionado informe, apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo:

Una conclusión, en orden a la existencia de una transmisión de empresa, con la entrada en juego del régimen jurídico dispuesto en el artículo 44 del E.T. que entendemos debería defenderse desde el interés sindical, también, en el caso de implementarse un hipotético proceso de remunicipalización de servicios,…

El problema es que la subrogación recogida en el Artº. 44 del Estatuto de los trabajadores se enfrenta a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual debe garantizarse la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procesos selectivos transparentes, aspecto este último también abordado por el profesor García Quiñones en el informe antes aludido, en cuyo punto 5.1 En relación con el acceso al empleo público dice:

“…para el acceso al empleo público por cualquier modalidad contractual sometida al régimen laboral, deben respetarse los mismos principios que si se accede a la función pública, por alusión a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con el deber, además, de garantizar la publicidad de las convocatorias y de sus bases,…”.

Desde mi punto de vista, debe primar, por encima de todo, la garantía del empleo y el respeto de las condiciones sociales y salariales de los trabajadores afectados por la remunicipalización. Pues se produciría un rotundo fracaso si con la pretensión de aplicar el concepto de gestión directa de los servicios públicos, y tras criticar los efectos nocivos para el empleo y los salarios por la vía de la gestión indirecta, la consecuencia fuese la pérdida del puesto de trabajo de los actuales trabajadores de esos servicios, aunque estos tendrían la oportunidad de concurrir a las plazas que la Administración convocase para cubrir las plazas de empleo público; sea como funcionario sea como personal laboral.

Por otra parte, los trabajadores de las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas condiciones salariales sujetas a convenios colectivos, los cuales gracias al trabajo sindical, a lo largo de los años, han ido acumulando avances y mejoras que tiene como resultado una mejor retribución que la existen en el ámbito municipal. Con lo que además del riesgo de la pérdida del puesto de trabajo, hay que calcular la pérdida de poder adquisitivo que podría devenirse de una hipotética remunicipalización.

Existe la experiencia, quizás la más equilibrada, de las empresas de carácter privado pero de propiedad 100% públicas; un ejemplo cercano lo tenemos en el municipio madrileño de Alcobendas, donde la empresa Seromal S.A (Sociedad Anónima municipal de construcciones y conservación de Alcobendas), presta servicio de reparación de calles y dependencias municipales, limpiezas de las dependencias públicas y jardines, sin que intermedie la iniciativa privada y sin que los trabajadores y trabajadoras sean plantilla directa del consistorio.

En todo caso, la remunicipalización es una cuestión compleja, difícil de aplicar si se pretende dar satisfacción a todas las partes.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Arganzuela PSM-PSOE

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Salario y Empleo

El Instituto Nacional de estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2.016 en el 1,6%. Este inesperado incremento rompe la senda descendente de los precios en los últimos cuatro años superando claramente la media europea, aleja el riesgo de una caída generalizada de los precios (deflación) y confirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, además de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Debemos recordar que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos- hasta diciembre de 2.016- se situó en el 1,06%, lo que significa, según UGT, que los salarios perdieron en concreto medio punto de su poder adquisitivo.

Estos datos y la previsión de inflación del gobierno para el año 2.017 (en torno al 1,5%) descalifican la actitud de la CEOE- CEPYME y, particularmente, su oferta de crecimiento de los salarios para este año: “desde el 0% hasta el 1,5%”. Lo más grave es que los pensionistas también perderán poder adquisitivo en el presente año; en este caso perderán como mínimo el 1,3%, dado que el aumento para este año de las pensiones se ha situado en el 0,25%, así como, previsiblemente, los empleados públicos si no se modifican al alza sus retribuciones en el proyecto en discusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE- 2.017). Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos mantengan con firmeza la defensa de sus reivindicaciones que contemplan un moderado incremento de los salarios entre el 1,8% y el 3% para el presente año (en Alemania reivindican subidas del 4,5% al 6%) y sigan exigiendo el incremento de la cuantía de las pensiones, así como de las retribuciones de los empleados públicos.

En concreto, los sindicatos no sólo pretenden aumentar el poder adquisitivo de los salarios en este año; también pretenden recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios (9,4 puntos entre los años 2.008 y 2.014), así como recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por el aumento de la productividad, al margen de su aspiración a converger en salarios con la UE. Resulta evidente que, con estas cifras y porcentajes, el crecimiento y la recuperación económica esgrimida por el gobierno no llega de ninguna manera a los trabajadores (y menos a los más vulnerables), ni tampoco a los pensionistas y empleados públicos.

Por eso resulta comprensible la actitud sindical y, por el contrario, lamentable y cicatera la actitud de algunos empresarios. La CEOE-CEPYME sigue esperando que el gobierno resuelva sus problemas y, en coherencia con ello, no tienen ninguna urgencia en defender la autonomía de las partes y el diálogo social con los sindicatos. Eso explica que siga defendiendo que la totalidad de los beneficios obtenidos- por el aumento de la productividad en las empresas- vayan a parar exclusivamente a manos de los empresarios, lo que les permitirá mantener su actual (y favorable) participación en la renta nacional. También explica el retraso de las negociaciones para acordar con los sindicatos una referencia para negociar los convenios colectivos del presente año y su oposición crítica a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido en los años más duros de la crisis o que aumente el SMI, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la prestación por desempleo y la dependencia para nuestros mayores. En este contexto, y si nadie lo remedia, el choque de trenes resultará inevitable y la negociación colectiva en sectores y empresas, muy condicionada por la reforma laboral, se llevará a cabo sin una referencia salarial a nivel del Estado.

En este caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil (aunque se fortalecerá el músculo sindical en las empresas) ante una relación de fuerzas muy desfavorable por la fuerte oposición que ejerce el poder económico y financiero a sus reivindicaciones, así como por los poderes fácticos y el propio gobierno (la reciente, absurda y exagerada sobreactuación de la policía en Asturias es un ejemplo significativo) y, desde luego, por su propia debilidad orgánica y sus carencias y limitaciones en cuanto a su capacidad para movilizar a los trabajadores en torno a la negociación colectiva.

Como consecuencia, y si esta circunstancia se confirma, la nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pensiones, prestación por desempleo y dependencia tendrán una repercusión muy negativa en la problemática social, pero también en el crecimiento económico, el consumo interno y, lo que es más importante, en el empleo (el incremento salarial que proponen los sindicatos en absoluto es incompatible con el empleo). Efectivamente, el desempleo actual corre el riesgo de que se consolide en los próximos años, sobre todo cuando todo indica que el crecimiento económico en la UE se ralentizará en 2.017 al verse afectado por el Brexit, el precio del petróleo, el tipo de cambio, el estancamiento de la competitividad y el previsible empeoramiento del comercio internacional (efecto Trump y auge de los ultra populismos). No debemos olvidar que en 2.015 la UE soportaba 22,9 millones de desempleados, de los cuales 10,9 eran parados de larga duración (al margen del terrible desempleo juvenil) y que, a este ritmo, para volver a las cifras de paro anteriores a la crisis, necesitaríamos nada menos que 7 años más, sin mencionar el dramático desempleo y la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE.

Además del actual desempleo, preocupa mucho la grave crisis estructural relacionada con el incierto futuro del empleo. Según un estudio de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC- UGT), los procesos ya comenzados de automatización destruirán millones de empleos en el mundo en los próximos años. España es uno de los países peor parados en las proyecciones de la UE, junto a Austria y Alemania, y afectará a más de dos millones de puestos de trabajo de los existentes en la actualidad (12%). Esto se producirá no sólo en el sector industrial (el grado de robotización alcanza el 100% en algunas áreas de fábrica y sectores: por ejemplo el automóvil) sino también en el sector servicios y, en concreto, en tareas administrativas e, incluso, en el sector financiero. A pesar de estas cifras negativas, no faltan informes que hablan del potencial de la Revolución 4.0 en la creación de empleo. Según Randstad Research, la digitalización y la robotización crearán 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco años de los que 390.000 serán puramente STEM, término en inglés que hace referencia a las especialidades que tienen relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En concreto, serán beneficiados los trabajadores del Big Data (almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos); Cloud Computing (información en la nube); seguridad informática; mantenimiento de redes; diseño de aplicación de móviles; e ingeniería robótica inteligente con tasas de paro Cero y que seguirán siendo los más demandados. En relación con este asunto es muy ilustrativo que la Asociación Española de Robótica (AER) haya llegado a incorporar a su imagen pública el lema por demás positivo: Robots, ¡Create Jobs! (Robots, ¡cread empleo!). En resumen, y examinando la velocidad de estos cambios, resulta relevante que el Instituto McKinsey haya llegado a la conclusión de que la revolución de la información de hoy es 10 veces más rápida que la primera revolución industrial.

Ello nos lleva a la conclusión de que la rápida transformación de nuestras economías desafiará también el futuro del trabajo, lo que obligará a los interlocutores sociales a repensar su actividad  y a los sindicatos en particular a examinar su relación con unos trabajadores- dentro y fuera de los centros de trabajo- más flexibles, dispersos, digitalizados y sobre todo muy cualificados, al margen de que el 45% de los asalariados en la UE (en España el 35%) responden al perfil de técnicos, cuadros, mandos intermedios y directivos. Es comprensible que la UTC-UGT insista en que debemos responder a estos múltiples desafíos y amenazas, algunas ya presentes en la actualidad: destrucción de empleos debido a la robotización; aumento del trabajo sin horas fijas (contrato a cero horas); pérdida del control por `parte de los trabajadores al convertirse en simples herramientas de una máquina; alta precarización de los trabajos; dependencia de los servidores informáticos y proveedores de datos; debilitamiento del derecho del trabajo y de los sindicatos; combate a la centralidad del trabajo; incremento del autoempleo; aumento de las desigualdades; estancamiento de los salarios… Esta nueva realidad terminará también por abrir un debate (inevitable) sobre la reducción del tiempo de trabajo, el ocio y la cultura en un mundo nuevo y apasionante que, por sí solo, merece un comentario monográfico aparte.

En todo caso, para responder a estos retos en un mundo globalizado es necesario recuperar el internacionalismo sindical en contraposición con el capital globalizado, transformar a fondo nuestro modelo productivo y avanzar hacia la transformación de la industria, los procesos formativos y la cultura, con el propósito de que los trabajadores estén preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Debemos recordar que el 16,1% del PIB que representa la industria en España está muy por debajo del 40% alcanzado en la década de los ochenta y lejos también del 20% fijado por la Comisión Europea para el año 2.020.

Ofrecer alternativas a estos fenómenos inexorables requerirá el concurso de todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, universidad y expertos de todo tipo. El objetivo no puede ser otro que situar a España a la cabeza de la UE, de acuerdo con su PIB, lo que sólo será posible compitiendo a base de inversión tecnológica, conocimiento, cualificación, innovación y empleos de calidad contrastada y con derechos. En este papel resultan decisivos para bien y para mal los empresarios (consolidar el tejido empresarial); por lo tanto deben trabajar con altura de miras y abandonar la tentación de obtener beneficios a corto plazo a base de practicar el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además, deben asumir con todas las consecuencias el concepto de responsabilidad social en las empresas.

Por su parte, y en este escenario, el gobierno debe poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo (jóvenes y parados de larga duración), fomentar el cambio y la inversión productiva y apostar por el conocimiento y el diálogo con los interlocutores sociales, dando por hecho que en esta tarea tendrá el apoyo y el compromiso ilusionante de todos. Estas consideraciones desbordan el marco mediocre y sin alternativas que nos ofrece en estos momentos el gobierno Rajoy, incapaz de encabezar en la UE la lucha contra el desempleo. Tampoco la oposición política está a la altura de las circunstancias, al estar muy condicionada por una discusión agotadora sobre sus problemas internos y de liderazgo- que nadie sigue ni a nadie importa-, al margen de una realidad social tozuda y muy marcada por el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso, el Banco de España reconoce esta intolerable y grave situación sin respuesta conocida y creíble…

Antón Saracíbar

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¡La voz de los militantes ya tiene nombre y apellido!

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El PSOE no pude ser el acompañante de las políticas del PP

Cuando los y las militantes del Partido Socialista Obrero Español hemos secundado a Pedro Sánchez en el No es NO era para decir No a un Gobierno del Partido Popular que pretende continuar con su política de empobrecimiento de los asalariados, de deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas, de negar un futuro digno para la juventud, de ruina para los autónomos, una política de ataque constante a la clase trabajadora y a sus organizaciones.

Decíamos No a mantener la reforma laboral. No queremos maquillajes que permitan mantener los daños fundamentales de un cambio legal lesivo para los trabajadores; hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para echar atrás la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial; queremos derogar esas reformas para recuperar el principio de ultractividad de los convenios, para evitar que las patronales mantengan convenios paralizados durante años y años provocando la decadencia y deterioro de las condiciones de trabajo. De igual manera hay que derogar las facilidades contractuales, que llevan a que se tengan que celebrar 20 millones de contratos para que se genere ½ millón de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

Decíamos y decimos No a las tarifas planas y al conjunto de bonificaciones de la Seguridad Social a los empresarios, porque están llevando premeditadamente a la bancarrota al Sistema Público de Pensiones.

Decíamos No porque no estamos de acuerdo con los pretendidos copagos farmacéuticos que propone el PP.

El PSOE no puede ser la coartada permanente del Gobierno del Sr. Rajoy, para mantener la ley Mordaza a base de pequeñas concesiones a la galería. Ahí continua el Artº. 315.3 del Código Penal, mediante el cual continúan amenazados de cárcel casi 300 trabajadores por haber ejercido su derecho a la huelga. Es una manera directa de criminalizar un derecho constitucional.

El PSOE no puede continuar dando cobertura al PP en relación con el conflicto provocado tanto por el nacionalismo catalán como por el nacionalismo españolista. No podemos continuar “mareando la perdiz”, con juegos semánticos para que nada cambie.

Pedro Sánchez fue en 2014 una de las dos alternativas del viejo aparato. El mismo aparato que dejó inmediatamente de confiar en él por criticar el Artº 135.3 de la Constitución. Ese aparato que una vez más ha salido a defender a las instituciones del Estado, “costase lo que costase al Partido”; olvidando que la misión histórica del PSOE es velar por los intereses de la mayoría social desfavorecida.

Ante la rebelión democrática de las bases militantes, organizándose en plataformas, se viene a dinamitar este movimiento que representa ese NO es NO al Gobierno del PP y sus políticas, se “dinamita” el movimiento ilusionante generado tanto dentro como fuera del Partido.

No se trata por tanto de posiciones personales en torno a este o aquel candidato. Es una cuestión de posición política: es la necesidad de recuperar el partido para el socialismo, desde posiciones políticas socialistas y no de acompañamiento de las políticas del PP.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista 78

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Comité Federal 14-E: en juego la unidad del socialismo

El Comité Federal previsto para el 7 de enero se ha pospuesto una semana, y se celebrará finalmente el 14 de enero, según ha anunciado Susana Díaz. A estas alturas de la película no es de extrañar que Susana sea la que anuncie la fecha del Comité Federal, y que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, sea quien confirme la noticia. Ese es el estado de la democracia interna del PSOE.

La previsión de la gestora es que el Comité Federal fije “el conjunto de la agenda política” para los próximos meses, y que adopte “decisiones de carácter organizativo”, entre las que parece encontrarse la reformulación del protocolo de relación PSC y PSOE, para evitar que la militancia de Catalunya pueda participar del próximo congreso federal, que se plantea para no antes de Junio.

Mientras nuestro partido sigue hundiéndose en las encuestas, la Comisión Gestora, cuyo papel debiera ser la convocatoria de un Congreso urgente, convoca un Comité federal para definir la agenda política y plantear la expulsión de los socialistas catalanes de los órganos federales por defender lo que la gran mayoría de la militancia en todo el estado quería: No es No. Este es un nuevo ejemplo, ya no solo de falta de democracia interna, sino también de falta de visión política: una dirección federal que no acepta la discrepancia ni la pluralidad no merece seguir dirigiendo los designios del partido.

Día que pasa, el PSOE se hunde más, pero cueste lo que cueste, la actual dirección política que no ha sido elegida por la militancia, parece empecinada en proponer una agenda política, que en lo que se refiere a la política estatal va a pasar por dar el apoyo a los presupuestos generales del gobierno Rajoy.

A principios de diciembre ya se ha acordado el techo de gasto, acordando un límite del déficit del 0,6% en lugar del 0,5% que proponía el PP. No se trata ahora de discutir si aumentar una décima el déficit de gasto público es positivo o negativo, cuando lo que el PSOE debería hacer es no apoyar ni el techo en el gasto público ni apoyar los presupuestos generales que traerán nuevos recortes. No se puede fijar techo de gasto público mientras la sociedad siga lastrando con las políticas austericidas encomendadas por la Unión Europa.

Manos libres para seguir apoyando al gobierno de Rajoy en los presupuestos, para renunciar a cualquier posibilidad de gobernar para transformar la sociedad, expulsar o sancionar a todo aquel que no se discipline a los dictados de la gestora, y dejar pasar el tiempo para que cuando se convoque el congreso puedan contar con una mayoría de votos, dividiendo el partido, fragmentándolo y diluyendo la historia de nuestro partido y de la gente que ha dado la vida por el socialismo, en favor del poder financiero y la “estabilidad” de unas instituciones caducas y contrarias a los intereses de la mayoría social.

El combate más feroz en nuestra lucha de clases se libra hoy dentro del Partido Socialista. La militancia debe tomar la palabra, organizarse en plataformas coordinadas y dispuestas a recuperar el PSOE para el socialismo. Defender la unidad de los socialistas de todo el Estado y empoderar a la militancia de las decisiones fundamentales es la prioridad.

Baltasar Santos

 

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¿Qué significa el No italiano a la reforma de su Constitución?

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El resultado del referéndum en Italia no deja lugar a dudas: el 59,1% de los votantes han rechazado la reforma de la Constitución italiana, un rechazo que se sitúa en el 81% si cogemos a los jóvenes menores de 25 años como universo estadístico, lo cual indica claramente que Italia ha vivido un nuevo episodio de rechazo al “establishment” o poder establecido.

Con la mayoría de bancos italianos al borde de la quiebra, y una política que sigue los mandatos austericidas de la Unión Europea, el gobierno de Renzi buscaba un banderín de enganche en una reforma de las instituciones reformando la constitución, que si buscáramos paralelismos en nuestro país seguramente no nos sería difícil encontrarlos:

  • Pérdida del poder legislador de senado: Las leyes no necesitarían de la aprobación en el senado, con algunas pocas excepciones.
  • Disminución del número de senadores: Los senadores pasarían de 315 a 100 y serían elegidos entre los consejeros autonómicos y los alcaldes metropolitanos y no dispondrían de un salario por ejercer de senador.
  • Nueva ley electoral: Doble vuelta como en Francia para favorecer la “gobernabilidad” sin necesidad de acuerdos electorales.
  • Menor control parlamentario en las leyes que aprobara el ejecutivo.
  • Centralización del Estado: Se sustraían poderes a las autonomías en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras.
  • Supresión de las provincias (Diputaciones).

En definitiva, la reforma se apoyaba en una disminución de la administración pública, y un mayor poder centralizado en el gobierno, que permita aplicar más fácilmente las directrices de la Unión Europea y del capital financiero.

No es extraño que la central sindical mayoritaria y los jóvenes votaran No, como expresión de rechazo a la reforma pretendida pero también como rechazo a la política de Matteo Renzi, que aprobó una reforma laboral, contra la que se han convocado innumerables huelgas.

El resultado del Referéndum en Italia no es sino la manifestación clara de resistencia ante el desmantelamiento de los sectores públicos enmascarados en reformas institucionales cuyo único objetivo era convertir la Administración italiana en un mejor instrumento para aplicar las directrices del capital financiero representado en la UE.

Baltasar Santos

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Los militantes constituímos plataformas para exigir primarias y congreso. ¿y ahora qué?

Las plataformas no pueden defraudar a los militantes

Desde las páginas de TS venimos diciendo que nada sería lo mismo después del Comité Federal del 1 de octubre. En el citado Comité Federal el secretario general elegido por la mayoría de los militantes tuvo que dimitir, por negarse a entregar el Gobierno al PP.

El No es No se convirtió en el lema que concentra, todavía hoy, la oposición de la mayoría de militantes y votantes socialistas a la política del PP.

El fraude, la decepción, que representa haber facilitado el Gobierno del PP, ha hecho que miles de militantes hayan reaccionado creando plataformas que reclaman a la Comisión Gestora congreso y primarias con urgencia, al tiempo que exigen que la voluntad de los militantes sea respetada para devolver la normalidad democrática a nuestro partido.

El No es No ha sido expresado en el acto de Xirivella en Valencia, donde Pedro Sánchez ha propugnado que el PSOE se oponga al techo de gasto y a los presupuestos del PP. Y en el acto de Asturias ha reiterado el compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral, buscando la alianza con sectores del sindicato minero de nuestro sindicato hermano UGT.

Por el contrario, la Gestora orienta el grupo parlamentario socialista a acuerdos con el gobierno para mantener la LOMCE, que desde Rubalcaba todos los dirigentes socialistas se han comprometido a derogar. O para aceptar un salario mínimo interprofesional que burla las exigencias de los trabajadores y de los sindicatos, y además a continuación el Gobierno reglamenta que ese SMI no será referencia para nada ni nadie. Acuerdos que solo valen para dar legitimidad al gobierno de Mariano Rajoy que no representa a la mayoría social de este país. La abstención resulta ser Sí es Sí un día tras otro, causando indignación y rabia entre los afiliados y votantes socialistas.

De todos lados se reprocha a la Gestora que se atribuya funciones que no le corresponden. La primera es imponer una política que no es la de nuestros congresos ni la de nuestro programa electoral, que conduce al PSOE al precipicio. Pretende un PSOE doblegado al PP que renuncie a ser alternativa de gobierno y actúe como soporte de un gobierno cuya pretensión es continuar con las políticas de recortes aplicadas hasta ahora.

Las plataformas de militantes quieren recuperar su partido para defenderse de las políticas del PP, quieren recuperar el PSOE para el socialismo, pero la comisión Gestora viene retrasando la realización del congreso. Ante el clamor, ahora dice que será antes de verano y no vamos a pelearnos por unos meses. Pero no tiene ni puede tener mandato que la autorice a retrasar un congreso que ya tendría que haberse celebrado. Muchos socialistas se preguntan qué busca. ¿Espera que las plataformas de militantes se desanimen, se disuelvan? ¿Que haya un abandono masivo de militantes, para después convocar el congreso donde esté asegurado el triunfo de los aprovechados que están dispuestos a someternos al PP?

En esta situación es crucial el papel que asuman las plataformas provinciales, comarcales, locales… Por eso no faltan los intentos de neutralizarlas, mediatizarlas, anularlas, desnaturalizarlas y aislarlas a cada una en su rincón. Un empeño que, sea la que sea la intención, solo puede llevar el agua al molino de la Gestora. Pues es indispensable la iniciativa de los afiliados, de los cuadros, de las agrupaciones para ganar esta batalla. Que nadie les ponga cortapisas. Desde nuestras páginas y con nuestro trabajo militante, los que participamos en este boletín impulsaremos y ayudaremos a que las plataformas se conviertan en espacios de auténtica participación de militantes en las que estos aporten propuestas políticas que sirvan para recuperar el partido socialista para el socialismo.
Es necesario que las plataformas se doten de todos los medios para esta labor. Que se informen y apoyen mutuamente, que mancomunen el diálogo y las propuestas. No podemos sino estar de acuerdo con afirmaciones como ésta de una plataforma al constituirse estos días: “nos coordinaremos con otras Plataformas del resto del Territorio Nacional en un fin común”. Háganlo, coordínense, emprendan acciones comunes. Hasta donde haga falta, en todo el ámbito estatal, sí, bien dicho. Es una tarea esencial para lograr que la voz de los militantes sea atendida y respetada, evitando nuevas frustraciones de los afiliados y votantes, para elaborar las propuestas políticas que hagan ganar el congreso que tiene que convocarse con la máxima urgencia.

Comité de Redacción

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Nuevo número de Tribuna Socialista diciembre 2016.

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Con la universidad no se juega

ENTREVISTA A DIDAC RAMÍREZ CASAS

1º.- Joventut Socialista de Catalunya ha jugado un papel relevante en el XIII Congrés en el PSC, ganando en votación algunas resoluciones que la ponencia base no aceptaba. Concretamente, se aprobó una resolución orientada a que el acceso a la universidad deje de ser un privilegio. Explícanos. ¿cuál es la situación en la que se encuentran hoy los jóvenes que quieren acceder a estudios universitarios?.

Muchas gracias, ha sido un gran trabajo de todos, imposible no citar a mi compañero y corredactor de la resolución Adrian Sanchez, y del que nos sentimos muy orgullosos.

Los jóvenes que quieren acceder a la universidad, se encuentran en una situación injusta, que se agrava cuando ya han accedido a la universidad y de lo que se trata es de permanecer en ella.

Para garantizar el acceso a la educación cualquier país dispone de dos instrumentos: los precios y las becas. El PP renunció a regular los precios, permitiendo que de una C.C.A.A a otra los precios se tripliquen, y empeoró el sistema de becas.

Éstas no solo son insuficientes, sino que además se otorgan, según la CRUE, con criterios académicos únicos en toda Europa: se requiere un 5,5 para optar a beca en el acceso y un 6,5 para mantenerla durante la carrera, y con niveles de renta rallantes con la pobreza de solemnidad.

En resumen, se da poco, menos de los que se debería y con criterios muy restrictivos. ¿El resultado? 77.000 de estudiantes menos en universidades públicas en 4 años.

2º.- ¿Cómo se está favoreciendo actualmente a la universidad privada en detrimento de la pública?

Con los recortes. Las universidades públicas se nutren principalmente de las aportaciones estatales, el recorte de 1.500 millones estos 4 años y la pérdida de alumnos ha hecho que éstas pierdan recursos y por tanto calidad. Las privadas en cambio no se han visto afectadas. Añadamos a eso que el encarecimiento de las matrículas aproxima los precios y veremos porque en 8 años han aumentado un 550% los estudiantes de máster en ellas y en 4 años han entrado 6.000 estudiantes más de grado.

La reforma del 3+2 es otro caramelo para las privadas. Los másters han pasado a ser imprescindibles, y eso aumenta su demanda. Con unas universidades públicas desbordadas por la falta de personal, las únicas con capacidad de absorber esa demanda son las privadas.

3º.- Seguimos hablando de universidades. ¿En qué consiste la resolución aprobada por el congreso?

Es una resolución que busca tres objetivos. Garantizar el derecho a la educación. El acceso y permanencia en la universidad debe ser únicamente por criterios académicos, y por tanto buscamos que el precio de las matriculas tienda a 0 y que las becas se otorguen en base a criterios de renta. No obstante, pedimos que los criterios académicos de las universidades, y por tanto de aplicación a todos, ricos y pobres, se endurezcan. Así, todos tendremos las mismas condiciones, no como ahora que, si eres pobre, y por tanto becario, con suspender dos asignaturas debes dejar de estudiar.

Estabilizar la universidad. Hemos de trabajar para acabar con los recortes y que la universidad pueda auto gestionarse de verdad. Asimismo, debemos acabar con la precarización del cuerpo docente y administrativo. Es imprescindible permitir la contratación de nuevo personal y la estabilización del actual, si queremos una universidad de calidad.

Una universidad de confianza. Las públicas deben ser más transparentes y rendir cuentas de sus trabajos ante la sociedad, formando a sus estudiantes de la mejor manera posible, no solo buscando su ocupabilidad, y teniendo presente que la transmisión de conocimiento debe beneficiar a la sociedad en su conjunto, no solo al tejido empresarial. En resumen, queremos una universidad pública, de calidad y al servicio de la sociedad.

4º.- Hoy día, el posicionamiento del PSC y de los 15 diputados que votaron No y No en la investidura de Rajoy ha sido lo más aplaudido del congreso, y las intervenciones de las compañeras y compañeros defensores del NoesNo también han sido las más ovacionadas, porque es lo que piensa la mayoría de la militancia del partido. En toda España se están constituyendo plataformas de militantes para recuperar el partido. ¿cuál debe ser el papel de la juventud en esa reconstrucción?

 Debemos coprotagonizarla. Llevamos unos años en que, en mi opinión, el exceso de pragmatismo y posibilismo nos ha alejado de la gente más joven que nos ha acusado de incoherentes, mientras que la defensa del No es No ha demostrado que sí que lo somos. Es el momento de recuperar lo que a mí me hizo afiliarme al PSC y que también veía en el PSOE; la combinación de experiencia, ilusión, trabajo y voluntad de mejora, y de esto los socialistas tenemos de sobras. El empoderamiento de nuestra militancia es una oportunidad de oro para devolver el PSOE a su gente y retomar nuestros proyectos e ideales una vez más, y en todo ese trabajo los jóvenes sabremos estar a la altura.

Didac Ramírez Casas, Adjunto al área estudiantil de las JSC.

 Entrevistado por Baltasar Santos (TS Catalunya).

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POR LA CONVOCATORIA DE UN CONGRESO URGENTE EN EL PSOE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL XIII Congreso del PSC entregada a la Mesa del Congreso:

En el marco de la celebración del XIII Congreso del PSC se ha impulsado la firma de una resolución para exigir congreso urgente en el PSOE y para devolver a las bases del partido el poder de decisión conjuntamente con los órganos en que las bases decidan estructurarse. Así mismo, esta propuesta de resolución, avalada por más de un centenar de delegadas y delegados al congreso, saludan las iniciativas que se están tomando por toda España en la línea de recuperar el PSOE para el socialismo. Este es el contenido de la Resolución traducida al castellano, que en primera instancia iba a ser leída por la mesa del congreso, pero que finalmente no ha sido leída aduciendo una cuestión de reglamento.

“Dado que las políticas de austericidio que aplica la derecha no sólo se han demostrado inútiles para la mayoría social, al contrario, agravan la desigualdad y suponen un ataque constante contra los intereses, los derechos y las conquistas sociales de la ciudadanía.

 Dado que las presiones recibidas por parte de los principales operadores financieros, mediáticos e institucionales empujan a los socialistas a que seamos cómplices en pro de una supuesta estabilidad institucional y política que va en contra de los intereses de la mayoría social.

 Dado que la supuesta estabilidad institucional implica también un rechazo a los derechos nacionales y supone la limitación del derecho de los pueblos a decidir su futuro, y que esto imposibilita cualquier paso adelante para conseguir una estructuración federal del estado, en el que la libertad de los pueblos se concrete en una alianza fraternal y libre para construir juntos un futuro en común y dado que los socialistas entendemos la defensa de los derechos sociales y los derechos nacionales como un todo dentro de un país democrático, y afirmamos que no puede haber derechos sociales sin derechos nacionales ni derechos nacionales sin derecho sociales.

Dado que todas las presiones recibidas para dar apoyo al PP no tienen otro objetivo que no sea dividir o romper las organizaciones socialistas para evitar alternativas de gobierno diferente y para debilitar la esperanza de cambio que el socialismo representa.

 Dado que hoy, más que nunca, es necesaria la unidad de los socialistas para defender políticas progresistas, de lucha contra la desigualdad, de lucha contra injusticia social, y promover el diálogo fraternal entre los pueblos.

 Dado que el Partido Socialista Obrero Español, está sufriendo un divorcio entre lo que piensa la militancia y lo que expresan sus dirigentes, tal y como se refleja en las resoluciones aprobadas en muchas agrupaciones del PSOE, y en firmas individuales exigiendo que no se dé ningún apoyo al gobierno de la corrupción, por un lado, y las últimas decisiones de la Gestora y del Comité Federal, por otra.

 Dado que esta crisis interna no sólo debilita a los socialistas, sino que implica una renuncia a liderar cualquier alternativa de gobierno.

 Dado que la posición unánime del PSC lo ha convertido en una referencia coherente y positiva para muchos militantes y simpatizantes en toda España.

 El congreso del Partido de los Socialistas de Cataluña resuelve:

 Primero.- Exigir a la Gestora del PSOE que deje de tomar decisiones que no le corresponden y convoque de manera urgente Congreso extraordinario para restablecer la normalidad en los órganos de dirección del partido y por la elección por la militancia de una nueva secretaría general .

 Segundo.- Saludar fraternalmente todas las iniciativas que se vienen aprobando por la militancia en las diferentes agrupaciones del PSC PSOE, que exigen la recuperación de la democracia interna del partido dando la voz a los militantes y hacer que el mandato de los militante sea vinculante.

 Tercero.- Hacer un llamamiento a todas las federaciones socialistas del estado español para luchar juntos y garantizar la unidad de nuestro partido para restablecer los derechos sociales y las libertades sustraídas  por los Gobiernos del PP. y para no apoyar las políticas de enfrentamiento entre pueblos del PP.

 Cuarto.- Tender puentes al diálogo con todas aquellas fuerzas políticas que, desde la diferencia y pluralidad ideológica, busquen un cambio de políticas que partan del respeto al autogobierno, las necesarias profundas reformas institucionales, y la puesta en marcha de políticas económicas y sociales al servicio de la ciudadanía.

 Quinto.- Mandatamos a nuestros diputados y diputadas a dar prioridad en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales a llegar a los acuerdos parlamentarios necesarios así como con las organizaciones sindicales y movimientos sociales, a fin de derogar las diferentes reformas laborales, reformar el artículo 315.3 del código penal, la ley mordaza y a restablecer todas las reformas que significaron un retroceso para los derechos sociales y la libertad de la mayoría social.

 

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Un congreso tranquilo bajo la tempestad

Acaba de finalizar el XIII congreso del PSC en el que han participado más de 600 delegados y delegadas.

El congreso se ha producido en un momento histórico para el socialismo de Cataluña y de España. La firmeza con la que PSC ha mantenido el No es No a Rajoy, negando cualquier apoyo al PP, ha hecho que el PSC se convierta en referencia para miles de militantes socialistas en todo el Estado español.  Los aplausos clamorosos a los diputados y diputadas que han votado no ha Rajoy han demostrado, una vez más, que la inmensa mayoría de militantes socialistas no quieren entregar el PSOE a la derecha más reaccionaria y retrograda de los últimos tiempos.

Al congreso han asistido delegaciones socialistas de Baleares, País Valenciano, País Vasco, Castilla León, y dirigentes socialistas que se han mantenido fieles al No en la sesión de investidura de Mariano Rajoy.

Nuestros dirigentes han podido comprobar el soporte y la disposición de los militantes a llevar el combate contra las políticas de recorte de derechos y libertades hasta las últimas consecuencias.  Disposición que para nosotros significa derrotar al PP y abrir un nuevo tiempo en que las demandas de la mayoría social se vean satisfechas.

Más allá de los acuerdos para la composición de la Comisión Ejecutiva que integra a compañeros y compañeras de las candidaturas que han competido en las últimas primarias (Iceta y Parlón), el congreso ha tenido intensos debates como por ejemplo el debate sobre las universidades, sobre la legalización del cannabis, sobre la organización interna del partido, entre otras muchas.

De entre todas las resoluciones aprobadas saludamos especialmente la que reconoce Catalunya como nación, la que reconoce el carácter plurinacional de España, y la que apuesta por una reforma federal del Estado.

Sin embargo, este Congreso ha adolecido de varios puntos débiles:

-En relación a la propia organización, muchos delegados tenían serias dificultades para seguir las deliberaciones que los ponentes defendían al carecer de documentos escritos.

– También en el terreno organizativo, la imposibilidad de transaccionar enmiendas o resoluciones por cuestiones de reglamento, han limitado los debates e impedido algunas resoluciones más ricas.

En el terreno político, además de que algunos temas necesitarían de un más amplio debate, como por ejemplo, la legalización del cannabis; los corresponsales de Tribuna Socialista, y a su vez delegados al congreso, hemos echado en falta que no se entrara en los dos temas políticos fundamentales del momento:

Se ha evitado el debate sobre la defensa del derecho a decidir de los pueblos, y la ausencia de debate implica la ausencia de solución política a la actual situación, ya que no basta con reconocer, formalmente, España como nación de naciones. Si no es reconocido el derecho de los pueblos a decidir su destino no estaremos dando respuesta a una demanda fundamental de los pueblos de España. Además, pierde credibilidad nuestra propuesta federalista, pues no es creíble una federación entre pueblos que no haya sido decidida libremente por esos mismos pueblos federados.

Otro tema fundamental y no abordado en profundidad, ha sido como abordar las relaciones con el PSOE, dejando toda posible negociación para el día siguiente a la finalización del congreso. A nuestro entender, el PSC debería tomar la iniciativa para liderar la defensa del socialismo y la unidad de los socialistas de toda España.

Por último, lamentamos que la mesa del congreso no haya querido dar lectura a una propuesta de resolución firmada por más de un centenar de  delegados y delegadas, alegando que “no se contemplaba en el reglamento del congreso”. La propuesta se publica en este número de TS.

 

José A Iniesta  y Baltasar Santos

TS Catalunya

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Gobernar no será nada fácil y hacer oposición tampoco

La decisión, más problemática de lo previsto, del Comité Federal del PSOE de abstenerse ante la nueva investidura de Mariano Rajoy no ha dejado indiferente a nadie y ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación de masas y en la opinión pública. Sin embargo, muy pocos confían en que dicha investidura sea la solución a los problemas relacionados con la gobernabilidad de nuestro país. La situación es susceptible de agravarse dado que muchos militantes y ciudadanos indignados consideran que es una decisión equivocada a corto plazo, puesto que será muy difícil que el PSOE, al facilitar el gobierno de Rajoy, haga una oposición real en el parlamento. Incluso señalan que, a medio y largo plazo, este pronunciamiento puede ser muy contraproducente, porque puede acabar convirtiendo a este partido en una organización política muy poco relevante en el futuro de nuestro país.

Una vez conformado el nuevo gobierno, Rajoy debe elevar al parlamento los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año (PGE-2017), que deberán cumplir con las exigencias de Bruselas en cuanto a la corrección del déficit público para los próximos años, sin que ello deba traducirse en un menor gasto público, menos inversión y más austeridad y recortes; simplemente porque han fracasado estrepitosamente en términos económicos y sociales. Entre los asuntos más controvertidos se deberá tratar prioritariamente la situación de la Seguridad Social (pensiones); así como la cobertura del desempleo y la dependencia; el modelo económico, social y territorial (inversión pública, reforma laboral y financiación de las CCAA); el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); y la dotación de los servicios públicos, entre las medidas más importantes relacionadas con el gasto público.
En cuanto a los ingresos, el nuevo gobierno debe abordar, de una vez por todas, una reforma fiscal en profundidad que dote de mayores ingresos a las arcas del Estado. En este sentido será imprescindible que paguen más los que más tienen (Sociedades y grandes fortunas) y que paguen todos (lucha contra el fraude fiscal y contra la elusión y la evasión fiscal), lo que terminará por dejar en evidencia las pasadas rebajas fiscales llevadas a cabo por Rajoy por claros y mezquinos intereses electoralistas.

Esta va a ser la nueva realidad que deberá afrontar el PSOE en las próximas semanas, dando por hecho que si el PSOE se comporta como un verdadero partido de oposición el gobierno tendrá los días contados o, en el mejor de los casos, será un gobierno de escaso recorrido y a expensas de la decisión que pueda tomar Rajoy, que es el que podrá disolver el parlamento, a no ser que el PSOE se preste a ser la muleta del nuevo gobierno o colabore con el PP- a cambio de algunas concesiones-, con consecuencias y resultados similares a los que produce un gobierno de coalición como propuso Rajoy en su día (dejar la oposición en manos de Podemos). Dando por hecho que si esto se produce estará en clara contradicción con los argumentos utilizados por los partidarios de facilitar el gobierno de Rajoy, que han venido prometiendo, a cambio de garantizar su investidura, una severa oposición al PP en el parlamento y, en particular, a los PGE-2017 (algunos han llegado incluso a hablar de: “demoler la obra de Rajoy después de la investidura”). Este es el dilema que el PSOE tendrá que resolver finalmente en el actual marco político configurado por cuatro partidos con presencia relevante en el Congreso de los Diputados, sabiendo que una oposición coherente con los postulados socialdemócratas (en la que, todo hay que decirlo, muy pocos confían) obligará al PSOE a explorar de nuevo la posibilidad de llegar a acuerdos en el parlamento con Podemos (y en algunos asuntos también con Ciudadanos) para corregir las políticas del PP y efectuar los cambios progresistas que la sociedad reclama, a pesar de las muchas dificultades que esas conversaciones puedan conllevar por la debilidad del PSOE y de Podemos e, incluso, de Ciudadanos (muy afectado por el voto útil hacia el PP), así como por la pugna por alcanzar una posición destacada en el seno de la izquierda, que sólo se resolverá en estos momentos aceptando la hegemonía compartida.
Por lo tanto, hay que apostar por estas conversaciones, una vez que se descarte apoyar al gobierno del PP, encaminados a elaborar una alternativa básica de izquierdas- encabezada por el PSOE-, que plantee de entrada cambiar la política económica y social del PP, puesto que, sin resolver el problema del desempleo, ha destrozado el mercado de trabajo (reforma laboral) y está causando una profunda alarma social ante los previsibles recortes que nos puedan exigir desde Bruselas y la merma brutal que viene sufriendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (con fecha de caducidad anunciada) y su posible repercusión en las pensiones. No debemos olvidar que muchas familias han soportado la crisis por las pensiones de nuestros abuelos y, por lo tanto, hay que defender su poder adquisitivo por encima de todo.

Por eso, no es extraño que en los próximos meses el PSOE sufra todo tipo de presiones impulsadas por los poderes fácticos y repetidos llamamientos a la responsabilidad institucional y a los intereses de España para aceptar medidas regresivas, porque estamos ante el nudo gordiano de la protección y del gasto social en nuestro país. Por eso, el asunto de las pensiones debería ser considerado como un asunto de Estado sujeto a la negociación política y a la negociación con los interlocutores sociales, tal como determina el Pacto de Toledo (solidaridad, contribución y suficiencia). Un Pacto que funcionó correctamente hasta que llegó Rajoy y adoptó decisiones unilaterales, al margen de los partidos políticos, sindicatos y empresarios, que golpearon muy duramente la tesorería de la Seguridad Social.

En todo caso, debemos dejar suficientemente claro que la Seguridad Social y las pensiones no peligran y tampoco el reparto solidario que preside el Sistema. Sin embargo, tienen serios problemas que hay que abordar, a pesar de la pérdida real del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años. Los problemas tienen relación directa, sobre todo, con la caída brusca de los ingresos derivada del desempleo y de la lamentable gestión económica y social de la crisis, por parte del PP, encaminada a favorecer a los empresarios con todo tipo de transferencias de rentas del trabajo al capital: devaluación salarial (también del SMI), temporalidad, contratación a tiempo parcial (representa el 20% de los afiliados), subvenciones a la contratación, tarifas planas, abaratamiento del despido…, al margen de la reforma laboral encaminada a favorecer la relación de fuerzas de los empresarios sobre los sindicatos, lo que ha vaciado de contenido a la negociación colectiva y, como consecuencia, ha consolidado la devaluación salarial del conjunto de los trabajadores y, finalmente, terminado por deteriorar las bases de cotización de la Seguridad Social.

Por lo tanto, la fuerte caída de los ingresos a la Seguridad Social es la causa del desplome del Fondo de Reserva y del previsible déficit anual en los próximos años que, según Valeriano Gómez (Revista Temas, octubre de 2016), se puede situar en torno a los 18.000 millones de euros contando con un incremento de la afiliación de 500.000 nuevos afiliados al año, lo que reafirma la lamentable gestión de la crisis del PP y desmiente el tópico de que la derecha gestiona mejor los dineros del Estado.

Por su parte, los problemas estudiados tienen también relación con la demografía y en concreto con el aumento de los años que los pensionistas están enganchados al Sistema (esperanza de vida). En todo caso, la dedicación del porcentaje del PIB a las pensiones está por debajo de la media europea (en torno al 10% del PIB, un 3% menos que la media europea) y la cuantía de las pensiones también (cerca del 45% de los pensionistas no alcanzan los 700 euros mensuales), por lo que no es posible reducir más la cuantía de las pensiones actuales, como algunos pretenden, con el propósito de convertir la Seguridad Social en un Sistema de Beneficencia al que debería acompañar un Sistema Complementario de Pensiones que, de ninguna manera, es la solución de los problemas relacionados con las pensiones y sí un negocio floreciente para el sector financiero. En todo caso, deben ser voluntarios y no subvencionados vía fiscal puesto que los más pobres no pueden ahorrar dinero para aportarlo a dichos Fondos, lo que significa en la práctica que los pobres financien los Fondos Complementarios de los más ricos, lo que no tiene ningún sentido y resulta absurdo.

La alternativa final debe contemplar también, como señalan todos los expertos en esta materia, el incremento del PIB, el empleo (“si algo le pasa al trabajo, bueno o malo, algo le pasa a las pensiones”) y los avances de la productividad de nuestra economía en los próximos años, así como la solución de los problemas actuales de nuestro mercado de trabajo, además de reflexionar sobre el incremento de topes de las bases máximas de cotización entre otras medidas. En último término, y si fuera necesario, hay que estudiar la participación del Estado vía impuestos en la financiación de las pensiones, tal como ocurre en algunos países europeos, hasta situarla, cuando menos, en la media del PIB que la UE dedica a las pensiones.

En definitiva, después de la decisión del Comité Federal de investir a Rajoy se abre un nuevo escenario político y, en este sentido, la izquierda y el PSOE en particular deben concretar sus prioridades para actuar desde la oposición lo más unidos posible en defensa de los más débiles. Estas prioridades pasan por el desempleo; por resolver los problemas de nuestro mercado de trabajo (eliminando las últimas reformas laborales); por la protección social y, en concreto, además de las pensiones ya mencionadas, por la prestación por desempleo, la dependencia y la renta mínima garantizada; y, finalmente, los servicios públicos (sanidad y educación). En el mismo plano se sitúa la necesaria reforma fiscal y la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Por último, la izquierda, y el PSOE en concreto, deben abanderar la lucha contra la corrupción, la financiación ilegal del PP y la impunidad en el ejercicio del poder y dar prioridad a la resolución negociada del llamado problema catalán con todas las consecuencias. Se trata de unas prioridades fáciles de consensuar en el seno de la izquierda que conformarían un exigente Paquete Social- que además sería bien visto por los sindicatos- encaminado a frenar la política más liberal del PP en el poder.

En todo caso, la labor de oposición que desarrolle el PSOE en el parlamento (y en la sociedad civil), junto a la preparación y celebración de su importante Congreso Ordinario, marcará el futuro de la socialdemocracia en España y la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Además de condicionar el futuro del PSOE y su relevancia dentro de la izquierda e, incluso, su capacidad de aglutinar a las fuerzas emergentes y progresistas de la sociedad y de trabajar activamente con los sindicatos en coherencia con su dilatada y centenaria historia.

Antón Saracíbar

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Recuperemos el PSOE

Octubre de 2016 será recordado por los socialistas como un mes nefasto para la historia de nuestro partido. Un mes que comenzó con la sesión del Comité Federal en que culminó el asalto a la dirección para impedir que hablasen los militantes y que terminó con la investidura de Rajoy, gracias a la abstención de 68 diputados socialistas.

Se ha perpetrado una tropelía tras otra, para acabar con el Secretario General de la Comisión Ejecutiva Federal; no porque el partido había obtenido malos resultados en las elecciones, no porque el Partido estuviese involucrado en tal o cual escándalo económico, lo que produjo el cisma fue la diferencia entre quienes apostaban sin decirlo claro por facilitar el Gobierno al PP y los que decían con nitidez NO a un Gobierno del PP. Está en juego nuestra razón de ser.

Lo positivo, por buscar algo en positivo, es que se ha caído la careta a dirigentes que llevan mucho tiempo, algunos/as toda su vida activa, sometidos en las instituciones a la presión de los poderes económicos y de instituciones reaccionarias, y han olvidado cual es el fin del Partido Socialista Obrero Español, la defensa de los intereses de nuestra clase, que ¡oh casualidad!, es la mayoría social. Ya no distinguen el gobernar para el pueblo de la “gobernabilidad” de los que saquean a los trabajadores y al país disfrazados de “la responsabilidad de Estado”, “el bien de España”, etc.

También es positivo ver, a pesar de los agoreros, pesimistas, posibilistas, derrotistas, escépticos y otras tribus, que la militancia está viva, que ha respondido una vez más y que su respuesta va “in crescendo”. No podemos olvidar los 20.000 votos que obtuvo la propuesta de José Antonio Pérez Tapias (promovida por Izquierda Socialista) ante las primarias de 2014, una propuesta claramente de izquierdas. Como no debemos olvidar los más de 23.000 votos contra el Acuerdo que Pedro Sánchez alcanzó con C´s tras las elecciones del 20 de diciembre. Ahora han sido más de 90.000 los afiliados y afiliadas que se han pronunciado y exigen que se celebre un Congreso con carácter urgente. Y la movilización sin precedentes de las agrupaciones –que a algunos les estorban– expresando en diversas formas el sentir de los afiliados y de los electores socialistas.

Hay que agrupar toda esa fuerza, única forma de garantizar que recuperamos el PSOE para lo que fue fundado. Pero no basta con desearlo, hay que buscar consensos amplios partiendo de la riqueza plural que se ha manifestado estas semanas. Ningún dirigente ni grupo de dirigentes puede sustituir a las exigencias de los afiliados y electores para definir un auténtico proyecto alternativo al que nos ofrecen quienes se han instalado en la institucionalidad y que está demostrado que nos lleva a la irrelevancia.

Sabemos hacerlo y debemos hacerlo. Debemos recuperar nuestra ideología, para un proyecto político y organizativo que derrote y extirpe el austericidio al que se nos viene sometiendo. Y esto requiere unir al máximo de fuerzas. Formar un bloque con los sindicatos y los movimientos populares. Y buscar acuerdos de izquierda como hemos empezado a hacer en los ayuntamientos, sin uniformidad ni proyectos únicos como los que se nos ofrecen desde laboratorios políticos.

Solo así recuperaremos la confianza de los millones que buscan dónde agarrarse para poder mantener a sus familias, a los jóvenes que merecen verdaderos trabajos con verdaderos salarios y protección social, nos miran, nos buscan para poner freno al ataque de los poderes financieros al sistema público de pensiones, para derogar la LOMCE, una ley educativa que nos atufa a nacionalcatolicismo, pero no nos reconocen, pues primero los socialistas nos tenemos que reencontrar con nuestro Partido. Solo así volveremos a ser alternativa de Gobierno frete a la derecha.

Tenemos que recuperar la valentía de la que hicieron gala los fundadores, para plantear soluciones a los problemas de hoy: el socialismo no puede estar en la parte de los que fomentan la confrontación entre los pueblos que componen el Estado español. Ninguna connivencia con la política de Rajoy de dividirnos para poder seguir imponiendo sus recortes.

Sigamos el ejemplo de los compañeros y compañeras diputados y diputadas de nuestro grupo en el Congreso que han votado NO a la investidura de Rajoy, a pesar de las amenazas, a pesar de las presiones. Tomemos nota de la actitud firme y coherente de los compañeros del PSC que han dicho NO y han respaldado la posición de los de los compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados.

La mayoría social espera al PSOE valiente y con un compromiso claro, firme, para recuperar los derechos y libertades perdidos a nombre de la crisis que nos azota desde 2008.

Debatamos, agrupémonos todos para recuperar el PSOE para el Socialismo.
Comité de Redacción

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#NoesNo

revoluciondelasrosas

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Tribuna Socialista 75. No es No

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NOesNO

noesno

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Carta Abierta a Javier Fernández, Presidente de la Comisión Gestora del PSOE

besteiro

Respetado y querido compañero:

En estos últimos días un triple sentimiento nos ha embargado a no pocos socialistas: desconcierto, tristeza y vergüenza, mucha vergüenza.

Somos un grupo de socialistas de Sevilla. Algunos de los que firmamos esta carta, somos veteranos que en los años sesenta del siglo pasado, nos integramos en las Juventudes Socialistas y en la UGT. Otros por suerte para ellos, no tan veteranos, pero todos durante toda nuestra vida, hemos estado orgullosos de reivindicarnos del socialismo; de pertenecer al partido que desde que lo fundara un grupo de compañeros encabezados por Pablo Iglesias no ha dejado de estar presente en todos los avances económicos, sociales y civiles que se han producido en España.

El partido de Pablo Iglesias, de Zabalza, de Llaneza, de Tomás Centeno, … El partido que hunde sus raíces en el Pozo Funere, en el Canal de los Presos de Sevilla, en el cementerio de San Rafael de Málaga y en tantos y tantos Lugares de Memoria que en toda España han sido testigos mudos del sufrimiento y de la entrega de miles de socialistas, no puede claudicar ante la derecha en aras de una supuesta estabilidad.

¿Estabilidad de quién? ¿Estabilidad para qué? Para que sigan recortando las políticas sociales. Para que sigan desarrollando políticas contra los trabajadores y el sindicalismo de clase.  Para liquidar los avances alcanzados con el estado de bienestar.

Somos socialistas y queremos seguir siendo socialistas orgullosos de serlo. Tenemos un compromiso con la Historia, con la historia de España y con la nuestra, pero todavía más importante es nuestro compromiso con la sociedad. Queremos mirar de frente a esos millones de jóvenes a los que las políticas de la derecha niegan el futuro y explicarles que el futuro es la Socialdemocracia, es el Socialismo en libertad.

Somos socialistas veteranos y sabemos que nuestra democracia interna es una democracia representativa. No dudamos de la legitimidad de los órganos democráticamente elegidos para tomar decisiones.  Sin embargo, ante la difícil situación en que se encuentra el partido, te rogamos muy encarecidamente que la dirección promueva una consulta a la militancia sobre el sentido del voto de los diputados socialistas. Y ello en aras a preservar la unidad del partido. Sea cual fuere el resultado de la consulta, si los militantes se han pronunciado, el partido saldrá unido y cohesionado para enfrentarse a los duros tiempos que están por venir. De no ser así, ¿de verdad crees, querido compañero, que los socialistas vamos a aceptar sin más una decisión del Comité Federal, del mismo Comité Federal que la pasada semana dio un bochornoso espectáculo que nos sumió a todos en la tristeza y la vergüenza?

Oponerse a esta consulta con argumentos como los esgrimidos por una destacada dirigente en el sentido de que los militantes no tenemos la debida información para pronunciarnos, es cuando menos temerario. ¿Acaso tuvimos información en su día para pedir el sí a la OTAN? ¿Acaso tuvimos información para explicar la reconversión industrial? Y en todo caso, si no tenemos información, infórmennos.

La disyuntiva: primero España luego el Partido, es una falacia. Con esa visión reduccionista, el Grupo Parlamentario Socialista no hubiera presentado el Voto Particular Republicano en la Comisión Constitucional, ni mucho menos hubiera planteado la moción de censura al gobierno de Adolfo Suárez. Ni hubiera plantado cara a EE.UU. en el asunto de la guerra de Irak. La E de España, está rotulada en las iniciales de nuestro querido Partido sin el que no se puede entender el último siglo y medio de su historia

En definitiva, querido compañero, con la frase de Besteiro que encabeza esta carta, os animamos a que no os dé miedo convocar a la militancia. Si nos equivocamos nos equivocaremos todos y una vez más, entre todos sacaremos adelante las ideas del socialismo.

Firmantes: Pepe Romero, Manolo Barco, Miguel Guillén Márquez, Pili Gordon Pintre, Manolo Guardia Delgado, Pepe Navarro Tornay, Adolfo Gutiérrez de Agüera, Chema Camarero, Fernando Tejeiro, Encarna Quintero, Rafael Muñoz (Tom), Manolo Peñalosa (Andrés), Pilar Rodríguez Prieto, Manolo García Bravo, Marina Sanz Carlos, Eva Patricia Bueno, Alfonso Sevillano, Juan Antonio Gilabert, Luisa Lucas, Ricardo Luna.

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Entrevista a José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun

jun

“Hoy en día el objetivo es de recoger 120.000 firmas exigiendo un congreso extraordinario, porque no quiero que me digan la mitad más uno es que la otra mitad del partido está en contra, tenemos que demostrar que la gran mayoría de los militantes exigen un congreso extraordinario y siguen con el NO a Rajoy y por recuperar su partido.”

Así de contundente empieza la entrevista con el compañero José Antonio alcalde de Jun municipio de la provincia de Granada incansable defensor de la democracia activa y del municipalismo. Actualmente uno de los principales animadores de la recogida de firmas por un congreso extraordinario del PSOE que decida de la posición del partido sobre la investidura del gobierno. También estima que la gestora este sobrepasando su mandato y exige su demisión.

TS – ¿Cómo surgió la iniciativa de la recogida de firmas?

La iniciativa surge porque hay una militante de Orense que se llama Eva , lo veo en twitter  y digo vamos a sumarnos y claro con 400000 seguidores, muchos militantes y en seguida se nota el movimiento porque lo que yo estaba pensando que era el pensamiento general del partido es que lo que estaba pasando el primero de octubre allí en Ferraz, que se puede decir de muchas formas, pero para nosotros represento un acto de absoluta deslealtad a un secretario general elegido por los propios militantes.

Nuestra intención era de hacerlo con mucho tiempo y que la gestora se diera cuenta del movimiento que había, hacer unas primarias, un congreso que decide lo que hay que hacer: que al final hubiera surgido un no porque el sentir de los militantes es un no. Pero ellos han ido dilatando todo el tiempo para no conseguir lo que debería de ser y dejarnos en mano de los que nos van a defraudar a miles y miles de militantes este domingo. Entonces vamos a seguir recogiendo firmas, porque si nos referimos a la mitad más uno. Que remos que 2/3 partes digan NO. No y tampoco estamos de acuerdo con vosotros y que ellos decidan de quien tiene que liderar el partido. Y queremos que se haga de forma inmediata porque desde el Susanismo puro y duro no es la misma urgencia que para ellos (los militantes) a lo mejor es mayo septiembre u octubre del año que viene. Eso es la trampa, pero nosotros vamos a ser clara: ya es ya. Y por eso he presentado un documento en Ferraz adonde se limita las competencias de la gestora en base a las sentencias judiciales firmes a una jurisprudencia muy potente que determina que los gobiernos en funciones de una nación, de un municipio, incluso de una asamblea de vecino son en funciones tienen unas competencias limitadas, incluso el gobierno de España no puede aprobar los presupuestos. Por eso mismo una gestora de un partido no puede negociar lo que será el gobierno de España.

Claro y si vas al comité federal, son los mismo, los mismo que iniciaron ese movimiento de deslealtad

TS: Incluso hoy la gestora le niega al Parido socialista de Galicia de convocar unas primarias y un congreso.

Claro eso ocurre porque quieren controlarlo todo: Susana Díaz ha desarrollado en muchos sitios operaciones como la que hemos visto en el Federal.  Entrar en un partido se bebe hacer limpiamente con los órganos adecuados, pero no descabezando a una ejecutiva a un Comité Federal y no armando lo que se organizó el 1ero de octubre que dejamos una imagen lamentable a toda España Esto o son los militantes socialistas y hubo incluso diputados y senadores que dieron una imagen patética.

TS ¿En caso de que fuera atendida la demanda de congreso extraordinario, qué papel le gustaría jugar en ese congreso?

Yo soy un militante y coincide que soy alcalde de un pueblo, no de una gran ciudad y hablo con Miquel Iceta, con Oscar alcalde de Valladolid y con miles y miles de militantes que estamos hablando diariamente. Yo soy uno más, estamos para cumplir con un objetivo y es que no le hagamos una alfombra roja al Partido Popular y que la misma alfombra roja seamos los militantes a quien van a pisotear. Y ayudare en lo que sea necesario.

  1. Que perspectivas ves para el PSOE

Veo una grave crisis si dejamos gobernar al partido popular, al revés de lo que dicen los analistas que son todos de centro derecha, en la televisión en varias tertulias de televisión a las que he participado (este domingo participo en una muy importante) todos opinan lo mismo: de derecha o de centro derecha, todos alaban lo que está haciendo Susana Díaz y eso me preocupa porque cuando ese tipo de gente te está alabando es que algo no estamos haciendo bien en el PSOE. Lo normal es que te critiquen y vayan en contra de ti.  Esto es un grave problema, estamos dando una imagen de un partido que va a pasar por una travesía del desacierto más o menos largo dependiendo de lo que hagamos. Si escuchamos a los militantes y no nos plegamos, la travesía del desierto será pequeña, si no, es posible que pasen muchos años hasta que encontremos un rumbo de partido claro de centro izquierda que es por lo que nos votaban a nosotros. A Felipe González no lo votaron por ser un liberal como es ahora. Felipe González lo votaron porque representaba los intereses de los ciudadanos. El gran problema ahora es que no tenemos rumbo definido y claro para saber a dónde queremos ir.

TS: Han salido miles de iniciativas de militantes y alcaldes ¿existe una voluntad de coordinarlas?

Nosotros estamos trabajando desde el municipalismo, de hecho, los alcaldes se han rebelado en este episodio, han dicho hasta aquí podemos llegar, se están atendiendo a muchas cosas y los ayuntamientos son la Cenicientas de la política que son los que atiende los grandes problemas. Quieren suprimir los ayuntamientos, pero ellos están en primera línea para resolver los problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, Albert Rivera quiera eliminar los ayuntamientos de menos de 10000 habitantes, se quieren cargar las zonas rurales y potenciar las grandes ciudades, a final quieren concentrar todo en un absoluto liberalismo puro y duro el “business” es lo que cuenta. Estamos intentando que ese municipalismo tenga una fuerza potente en el partido.

TS: La continuidad de un posible gobierno de Rajoy tendrá una repercusión importante para los Ayuntamientos como el de Jun, con la aplicación de la ley de Reforma de las Administraciones

El principal problema que hay es que ayer en la tertulia de Onda cero me incidían mucho en preguntar ¿qué miedo hay en generar un gobierno de Rajoy que en realidad va a ser débil?

Y yo decía: Perdone el gobierno será débil, pero cuando tengan que ponerse de acuerdo los de derechas que son Ciudadanos, Rajoy y los partidos nacionalistas de derechas, todos van a hacer política de derechas de verdad, políticas que no benefician a la ciudadanía de a pie y en eso se va atacar el municipalismo, las pensiones todo lo que va a afectar a la mayoría de los ciudadanos los que lo están pasando peor. Y eso va a seria el error nuestro.

TS: El teléfono no deja de sonar de toda España y las firmas de llegar por paquete así que decidimos dejar a nuestro compañero a las tareas más urgentes de aquí al domingo, día del Comité Federal.

“Si la gestora del PSOE no escucha a los militantes se arriesga a cavar su propia tumba”

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Defendamos el PSOE unido para defender los derechos y libertades

Nada ha sido igual después del 1 de octubre, cuando el Comité Federal de nuestro partido escenificó lo que muchos socialistas nos temíamos, lo que la mayoría de la sociedad española se temía, a saber, que las maniobras de un grupo de dirigentes, con más apego a los poderes económicos o a las subvenciones que a los compromisos que los socialistas agrupados en el PSOE tenemos con la mayoría de la sociedad.

Pedro Sánchez lo dijo en su última rueda de prensa como secretario general: “no es un debate reglamentista, es un debate entre los que quieren dar el gobierno al PP y los que no queremos”.

El próximo domingo día 23 se reúne el Comité Federal. Desde el minuto 1 de la comisión gestora, esta comisión y los grandes medios de comunicación han decidido que en esa reunión el PSOE tiene que pasar del NO es NO a entregar a Rajoy el gobierno que las urnas no le dieron. Han negado el voto a los afiliados, quieren repetir el voto a mano alzada para quitar la libertad de voto a los miembros del Comité Federal. Todo para imponer el gobierno que quieren los poderes financieros, un gobierno de continuidad con el anterior, pero con la implicación del PSOE. Otro atropello, otro golpe al partido de los trabajadores.

Lo que seguramente no entraba en los cálculos de “los hombres de estado” de nuestro partido, es la respuesta que están dando los militantes al espectáculo antidemocrático que dieron los hombres y mujeres de Felipe González y el grupo PRISA. Más de 80.000 militantes (16.000 de ellos en Andalucía) han firmado una carta pidiendo congreso para decidir, cientos de pronunciamientos reclamando “la voz para los militantes”, decenas de agrupaciones han votado exigiendo que se mantenga el NO es NO, igual que han exigido los dos candidatos a las primarias del PSC. No queremos un gobierno del PP.

Niegan el voto a los afiliados porque saben que la inmensa mayoría quieren recuperar el PSOE para el socialismo, reclaman que el partido socialista cumpla el papel para el que fue fundado, ser una herramienta útil para defender los intereses de la mayoría, garantizar derechos y libertades, abrir un futuro de esperanza para los trabajadores, jóvenes, pensionistas y autónomos que forman la mayoría social.

Un destacado dirigente andaluz se permite decir que los que estén por el NO “ya están sobrando”. La gran mayoría del partido es un estorbo para que un puñado de dirigentes se subordinen al PP. Y se han puesto a reventar el partido, a enfrentar, a provocar a los socialistas para que se vayan a su casa.

Aquí no sobra ningún trabajador socialista, porque este partido es nuestro y no aceptaremos que se convierta en un juguete de los banqueros, de los enemigos de los derechos y libertades que hemos conquistado. Mantengamos la unidad para defenderlos.

Peleemos hasta el último momento para que nuestro partido no facilite que el PP siga gobernando, cada día de gobierno del PP significa el sufrimiento de miles de familias trabajadoras, no podemos ser cómplices de las políticas que pretenden aplicar, impulsemos resoluciones, actos, asambleas en nuestras agrupaciones para que nuestra voz y nuestra opinión sea escucha y respetada.

No perdamos los contactos y la coordinación que, desde distintas iniciativas, estamos manteniendo en estos días, preparemos acciones futuras para recuperar nuestro partido para los trabajadores.

Comité de Redacción.

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Tribuna Socialista nº73. Agosto 2016

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Tribuna Socialista Nº72: NO a Rajoy!

NO A RAJOY!!!

 

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Ningún apoyo socialista a Rajoy ni al PP.

noarajoy

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¡Para que esta vez el socialismo desaloje a Rajoy y al PP!

Hace algunas semanas, a iniciativa de Tribuna Socialista, 1200 socialistas suscribieron una carta dirigida a Pedro Sánchez que fue entregada a la mesa del Comité Federal.

Lamentablemente, en aquella misma sesión de nuestro máximo órgano entre congresos, hubo quien puso obstáculos para liderar una coalición que respondiese a las aspiraciones de la mayoría social. A esta oposición interna, se añadió la provocadora negativa de Pablo Iglesias. Y en esa situación nuestro secretario general, que con tesón ha mantenido la aspiración de los socialistas y de todos los demócratas de echar al PP, utilizó el referéndum interno para sostener un pacto con la derecha que ni satisfacía las exigencias de nuestros electores ni hacía posible la investidura.

Desde las páginas de Tribuna Socialista hasta el último momento hemos estado reclamando la formación de “un gobierno de Izquierdas que echase al PP y empezase a atender las necesidades acuciantes de la mayoría”.

Apoyos no le faltaban a Pedro Sánchez: el congreso confederal de UGT aprobó una resolución encareciendo la formación de un gobierno de izquierdas que garantizase las reivindicaciones vitales de los trabajadores: “nada justifica la continuidad del PP, ni de las políticas que con éstas u otras siglas pretenden erigirse en fuerzas de cambio cuando en realidad no lo son”. En sentido parecido se pronunciaron dirigentes de CCOO y los más diversos componentes de la mayoría social.

A Pedro Sánchez no le hubiese faltado el apoyo de la mayoría de la sociedad para aplicar los compromisos contraídos en la campaña electoral de derogar las leyes dictadas por el Gobierno del PP contra derechos y libertades.

Era posible formar gobierno, como se vio con las votaciones por derogar la reforma laboral o el artículo 315.3 del Código Penal, paralizar la ley Wert (sin el apoyo de Ciudadanos).

Nadie puede negar la sensación generalizada que tienen la mayoría de trabajadores y jóvenes de nuestro país de haber perdido la oportunidad de echar al PP del Gobierno y acabar con sus políticas.

Solo los poderes económicos, los enemigos de la libertad y sus medios de comunicación están interesados en que no cambie nada y aspiran incluso a mantener al PP y al odiado Rajoy. Después de haber presionado de todos los modos posibles contra un pacto de izquierdas ahora señalan al socialismo como responsable de no haber formado gobierno.

Para los socialistas la convocatoria de nuevas elecciones es una nueva oportunidad para echar a Rajoy y al PP siempre que recuperemos la confianza de los trabajadores y de la mayoría corrigiendo el rumbo de manera fehaciente.

Muchos electores aún nos escucharán si la dirección federal deja claro que no habrá pacto con el PP; si nuestro candidato se libera inequívocamente de la sombra naranja; si no nos  dejamos presionar ni condicionar por el capital financiero; si mostramos que hemos aprendido la lección y vamos a hacer los pactos necesarios para formar un gobierno que anule todos los recortes, restablezca las libertades, rescate a los parados y a los jóvenes precarizados, y garantice la convivencia entre los pueblos de España de la única manera posible: con la fraternidad y acabando con las imposiciones que alimentan la disgregación.

Si no fuésemos capaces de dar ese giro, graves males amenazarían a la mayoría social, a los pueblos de España y al socialismo.

El congreso de la UGT de Madrid acaba de aprobar con una intensa aclamación la siguiente resolución:

“El 14º Congreso de UGT-Madrid hace un llamamiento a todos los que se reclaman de la izquierda social, a toda la izquierda social, a trabajar juntos contra esta posibilidad que, en caso de verificarse, agravaría el sufrimiento de los trabajadores y las consecuencias de la crisis. A todas las fuerzas que se reclaman de los derechos sociales y democráticos, hay que exigirles que unan esfuerzos para derogar las reformas laborales, para restablecer los derechos arrebatados en los últimos años”,

y continúa:

 “Está en nuestras manos impedir que se repita el bloqueo acaecido en los últimos meses que ineludiblemente nos llevaría a peores situaciones para la clase trabajadora. Asumiendo la responsabilidad que tenemos ante los trabajadores, el 14º Congreso de UGT-Madrid trasladará a las instancias correspondientes de la UGT Confederal la necesidad de organizar urgentemente la más amplia movilización social que cierre el paso a la derecha, así como a cualquier combinación que bajo otras siglas, represente la continuidad de las políticas que combatimos”.

 Nuestro partido tiene la obligación de responder a los continuos llamamientos de nuestro sindicato hermano UGT y de CCOO para que saque a la mayoría social del callejón sin salida en el que nos quieren meter. Pocas veces ha sido tan grande la responsabilidad de nuestros dirigentes.

Es urgente un compromiso firme, inapelable e irrenunciable de que la crisis no la van a seguir pagando ni un día más los trabajadores y la mayoría, caiga quien caiga y se oponga quien se oponga.

Traslademos este debate a las agrupaciones, reclamemos que se dé la palabra a los militantes y se rechacen las presiones de los poderes que están dispuestos a destruir a los pueblos del Estado español con tal de sostener sus beneficios.

Recuperemos el PSOE para ponerlo al servicio de la mayoría social en este momento crítico.

Comité de Redacción.

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No a la Gran coalición: TS 68

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Comunicado de los alcaldes y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers y Castellar del Vallès

 

Ante el anuncio de aplicación del artículo 155 de la Constitución, por Presidente Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros, los siguientes alcaldes y alcaldesa del PSC, queremos expresar lo siguiente:

1.- Expresamos nuestro más radical desacuerdo y rechazo a la aplicación del artículo 155 y las medidas que se derivan, comunicadas esta mañana por el gobierno del estado.

2.- Pedimos que el PSC se oponga frontalmente a esta medida y no valide, en ningún caso, su puesta en marcha. El proyecto de los socialistas catalanes se fundamenta en el ejercicio y constante fortalecimiento del autogobierno de Cataluña. La aplicación del 155 supone, de hecho, la suspensión de la autonomía de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, las consecuencias serían irreparables.

3.- Instamos al Gobierno de la Generalitat a no sacar adelante ninguna medida irreversible y unilateral y que, por tanto, no haga ninguna declaración de independencia. No es momento de tomar ninguna decisión que facilite la ruptura y el choque de trenes, sino de devolver a la legalidad establecida en el propio Estatuto.

4.- Instamos a una reconducción del conflicto, que debe pasar por negociar una solución política. Por todo ello, se debe hacer una apuesta clara por el diálogo. Es imprescindible detener el reloj, congelar todas las condiciones previas y sentarse a hablar, sin exclusiones ni líneas rojas.

5.- Consideramos que la retirada del artículo 155 debería implicar hacer posible una reforma constitucional con la participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso, y también iniciar los trabajos en Cataluña para elaborar un nuevo Estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana.

Todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña merecemos un ejercicio de grandeza política desde todas las partes implicadas, reconociendo con valentía los errores que todo el mundo ha cometido para poder superar y evitar, así, nuevos errores aún más graves.

Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa

Josep Mayoral, alcalde de Granollers

Ignacio Giménez, alcalde de Castellar

22 de octubre de 2017

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Europa y los derechos de los trabajadores

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, formado por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE), celebrado el pasado 23 de octubre en Luxemburgo aprobó por unanimidad el Pilar Europeo Derechos Sociales (PEDS). Que será firmado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en la cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento, que se celebrará el 17 de noviembre en Gotemburgo. El documento recoge diferentes aspectos laborales y sociales y se orienta a la adaptación del modelo social europeo a los desafíos del siglo XXI, como la digitalización, las nuevas realidades empresariales y laborales o la globalización.

Cuando se cumplen 60 años de la fundación del proyecto de integración y cooperación europeo, la UE está atravesando un periodo de estancamiento, aún no se han superado los devastadores efectos sociales originados por la crisis económica y financiera del 2008 y las consecuencias de las políticas puestas en práctica desde 2010, en base al Pacto Fiscal, centradas en la austeridad, recortes del gasto público y contrarreformas laborales y sociales para conseguir una devaluación salarial que facilitara mejoras en la competitividad  y  reducir el déficit público.

Las medidas fueron impuestas, durante la crisis, desde las instancias de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y seguidas con mayor o menor entusiasmo por los Estados miembros, siendo políticas de clara inspiración neoliberal, que han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza. Resultando un freno para la demanda interna y el crecimiento económico, a su vez han disparado la deuda pública por los rescates del sistema financiero y han aumentado las divergencias entre los países. Produciendo un deterioro en la calidad del empleo, la creación de nuevos empleos está basada mayoritariamente en la precariedad laboral y los bajos salarios.

Ante este grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas de la ciudadanía europea, que han sido el caldo de cultivo de diversas expresiones de desafección al proyecto europeo (como el Brexit o el auge de la extrema derecha) la Comisión Europea (CE) se planteó un proyecto de mejoras de las condiciones de vida y trabajo. Así lo expresó el presidente Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015, fue la primera vez que se mencionó la intención de desarrollar el PEDS.

En marzo 2016 se presentó el primer borrador del PEDS que se sometió a consulta a los Estados miembros, las instituciones de la UE, los interlocutores sociales, la sociedad civil y a la ciudadanía en general. A finales de abril de 2017 la Comisión hizo público el texto definitivo con los objetivos de fomentar unos mercados de trabajo y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente. El Pilar se concibió para orientar un nuevo proceso de convergencia al alza de las condiciones de vida y trabajo en Europa. Se estableció pensando en la zona euro y también será aplicable a los Estados miembros que decidan formar parte del mismo.

El PEDS recoge veinte principios y derechos que se estructuran en tres capítulos que contienen entre otras las siguientes materias:

– la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, que incluye materias como la educación y formación, las políticas activas de empleo y la igualdad de oportunidades y de trato ante razones de   género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza o religión.

– las condiciones equitativas de trabajo con empleos seguros y flexibles, los salarios, los derechos de información sobre las condiciones de trabajo y protección ante los despidos colectivos, conciliación laboral y el reconocimiento del diálogo social y la negociación colectiva.

– por último, se tratan diversas medidas de protección e inclusión social sobre las prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad, protección a los menores, personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y apoyo a las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales.

Estos principios y derechos se inscriben en los compromisos en fijados en los Tratados de la UE, de desarrollar una economía social de mercado altamente competitiva con los objetivos del pleno empleo y el progreso social. Se traslada la responsabilidad del cumplimiento del Pilar al conjunto de los Estados miembros y de las instituciones de la UE, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. La mayoría de los principios y derechos que conforman el Pilar requieren para su efectividad ser desarrollados mediante iniciativas legislativas para su aplicación, que se realice un seguimiento del mismo y que su análisis y resultados se tengan en cuenta en el Semestre Europeo de Coordinación de Política Económica, de no ser así quedaran como medidas meramente declarativas.

UGT y CCOO, coincidiendo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), han valorado positivamente que se haya dado este paso para mejorar las condiciones de trabajo y la protección social. Pero manifiestan su escepticismo sobre la efectividad de las medidas previstas en el Pilar ya que no se les da carácter vinculante y adolecen un soporte financiero especifico, a su vez se deja en manos de cada Estado miembro la capacidad de adaptar el Pilar a su legislación.

Si el objetivo central es avanzar en la Europa Social no se puede quedar en una mera declaración de intenciones, por esa razón la CES exige que las medidas previstas en PEDS se deberían incluir en Semestre Europeo como el Semestre Social, igual que las materias económicas configuran el Semestre Económico y se establecen las condiciones de obligado cumplimiento, indicadores de seguimiento y sanciones en los casos de incumplimientos. Se debería establecer en el ámbito europeo un marco normativo de empleo y protección social, con las correspondientes Directivas que obliguen a los Estados miembros a su transposición en sus ordenamientos sociolaborales, semejante a la legislación existente en el ámbito europeo para las materias económicas y monetarias.

Los socialdemócratas y el movimiento sindical europeos coinciden en la necesidad de   poner fin a las políticas de austeridad y reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sitúan como objetivos prioritarios: la creación de empleo decente y la redistribución de las rentas, planes de inversión, una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos y combatir las desigualdades y la pobreza. Para ello es imprescindible la recuperación el peso de la Europa Social dentro de la arquitectura de la UE y su plena integración en las políticas europeas.

Conjúntamente comparten frente a la derecha, que la necesaria competitividad empresarial no puede ser un recurso permanente para desregular los derechos de los trabajadores y recortar salarios. La mejora de la productividad se debe basar en la potenciación de la innovación, la educación, la formación y la calidad del empleo. También se requieren avances en la democracia social extendiendo la participación de los trabajadores en los órganos de administración de las empresas, un modelo implantado en muchos países europeo. Siendo uno de los más conocidos la cogestión en Alemania, con resultados probados por su contribución a la eficiencia empresarial y la implicación de los trabajadores en las empresas.

En España la recuperación de los derechos laborales y sociales requiere que las reformas laborales y de pensiones impuestas durante la crisis sean derogadas. La mejora de los salarios tanto del sector público como del privado, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería alcanzar, de forma gradual los 1000, euros mensuales en 2020, para recuperar el peso de las rentas del trabajo dentro de la renta nacional. Estas medidas son necesarias para la eliminación de las desigualdades y la brecha entre hombres y mujeres, para fortalecer la cohesión social al igual que la mejora de las condiciones de trabajo, garantizar la protección social y el sistema público de pensiones.

 Toni Ferrer

 

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21-D. Elecciones inciertas en Catalunya

Los días previos y posteriores al debate en el Senado relacionado con la aplicación del artículo 155 (27 de octubre), clarificaron varios asuntos. En primer lugar,  la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán fue manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto práctico, al margen de  resultar muy contraproducente para la causa secesionista. En todo caso, fue una decisión sumamente equivocada que se produjo después de que Carles Puigdemont descartara convocar elecciones al parlamento catalán. Esta circunstancia facilitó  a Mariano Rajoy retomar la iniciativa política en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, convocar las elecciones en Catalunya (21-D) y recurrir de oficio a la fiscalía, con el propósito de garantizar el respeto a la Constitución y al Estatut. Especialmente incomprensible ha sido el posterior viaje de Puigdemont y de varios ex consejeros a Bruselas con el propósito de internacionalizar el conflicto, buscar una mayor capacidad de maniobra política (victimismo) y obtener mayores garantías jurídicas en su defensa.

Lo que más llama la atención del rocambolesco viaje del ex presidente es que  le aleja de la realidad social y, lo que es más importante, de los ciudadanos más adictos e incondicionales, que han quedado en evidencia y huérfanos de una referencia política cercana y creíble.

En segundo lugar, si bien Mariano Rajoy ha actuado a lo largo de la crisis sin haber tomado ninguna decisión política de relevancia encaminada a resolver el conflicto por la vía pacífica y negociada, es justo reconocer que en la aplicación del artículo 155 ha actuado de manera proporcionada, prudente y acertada. Lo mismo ha sucedido con la convocatoria de las próximas elecciones al parlamento catalán, al margen de la sorpresa que ello ha significado para todos y de lo que pueda suceder finalmente  en unas elecciones inciertas y, además, convocadas en una fecha tan cercana.

En tercer lugar, los ciudadanos y las empresas han sufrido las graves consecuencias del conflicto: por una parte, la división, la intolerancia, el miedo, la desilusión de algunos y la fuerte confrontación con la legalidad y el Estado y, por otra, el boicot a los productos catalanes, los brotes de catalanofobia y el rechazo (por el momento minoritario) a todo lo que representa Catalunya en el Estado español, con la incertidumbre y la inestabilidad que ello significa en términos políticos, económicos y sociales.

En cuarto lugar, el cambio de la sede social de más de 2.000 empresas importantes, desde el pasado 1 de octubre, así como el desplome y la posterior recuperación bursátil de muchas empresas cotizadas  han sido hechos decisivos y determinantes en la rápida aceleración de la crisis y en la apertura de un nuevo escenario electoral que, seguramente, pondrá de nuevo a prueba a nuestra democracia y a nuestro Estado Social y de Derecho. Un hecho que los independentistas no habían previsto, como  tampoco fueron capaces de valorar, en sus justos términos, el costo económico que puediera tener la  transición hacia una hipotética secesión.

En quinto lugar, la UE ha dado pruebas suficientes de que no está dispuesta en absoluto a facilitar intentos secesionistas no negociados en el marco europeo, lo que se ha traducido en un apoyo diplomático claro y rotundo hacia las medidas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de su torpe actuación a nivel internacional, tanto en términos políticos como mediáticos.

En sexto lugar, la crisis ha golpeado de manera desigual a los partidos de izquierda. El PSOE ha salvado los muebles y sorteado la crisis con muy pocos desperfectos y su estrategia ha sido acordada sin grandes dificultades con el PSC y, en particular, con  su secretario general Miquel Iceta y lo que éste representa en defensa de la centralidad política en el conflicto. Podemos, en cambio, ha sufrido en sus propias carnes la división interna y el enfrentamiento de la dirección estatal con los responsables de Catalunya, ante una política presidida por la ambigüedad calculada que no ha sido en absoluto comprendida ni en Catalunya ni en el conjunto del Estado.

En definitiva, los secesionistas, sin una relación de fuerzas favorable y sin ningún poder coercitivo, no han alcanzado ninguno de sus objetivos y, por el contrario, la Unidad del Estado se ha visto fortalecida y apoyada por decenas de miles de personas en la calle, sin que ello signifique que esté resuelto el conflicto, sobre todo cuando sabemos que lo más conveniente para todos es llegar a un Acuerdo que evite enfrentamientos futuros y garantice que Catalunya se encuentre cómoda en el Estado. Sin duda, la rápida, sorprendente y desproporcionada orden de detención del presidente y de los ex consejeros de la Generalitat- que se debe respetar en un Estado de derecho- no facilitará las cosas; sobre todo porque puede influir considerablemente en las propias elecciones, sobre todo si continúan los ex consejeros en la cárcel.

¿Qué hacer en este sentido, cuando ya estamos de hecho inmersos en plena campaña electoral? El gobierno debe seguir aplicando con mesura el artículo 155 y obrar en coherencia con la Constitución. Por su parte, los partidos estatales deberán esforzarse en mejorar su presencia en el parlamento catalán e intentar formalizar un gobierno de la Generalitat respetuoso con el Estatut y, por lo tanto, lejos de las ansias re centralizadoras de muchos nostálgicos de épocas periclitadas. El PP, paralelamente, debe asumir que la resolución del problema no ha hecho más que empezar y que, por lo tanto, debe participar activamente y mostrar su voluntad política de alcanzar acuerdos en la Comisión del parlamento encaminada a explorar la futura reforma de la Constitución en la perspectiva de  establecer un Estado federal. Por otra parte, es un hecho relevante que los partidos independentistas hayan decidido participar en las próximas elecciones al parlamento catalán, a pesar de que ello representa una fuerte contradicción en sí misma: respetar el marco legal (y también la decisión de la justicia y la separación de poderes) y reconocer que la proclamación de la República catalana es más una aspiración maximalista que un hecho posible en la actualidad. En todo caso, los resultados de las elecciones serán determinantes para el futuro de los partidos independentistas y ello, en buena medida, dependerá de su capacidad para presentar una lista única (finalmente fallida) y de convertir dichas elecciones en un plebiscito. Para ello, si nadie lo remedia, contarán además con la estimable ayuda de los ex consejeros en la cárcel, lo que facilitará la campaña de los independentistas y su apelación a las emociones del electorado catalán (libertad para los presos).

Después del 21-D., y al margen de los resultados que obtengan los partidos políticos que se presenten, el gobierno debe reafirmar su voluntad de llegar a acuerdos con los nuevos interlocutores del gobierno de la Generalitat- desde el respeto a la unidad del Estado- en base a las diversas propuestas consensuadas con los partidos constitucionalistas. Los puntos concretos que pueden ser susceptibles de ser abordados se refieren, de entrada, a dos competencias de máxima importancia: la educación y la cultura. En segundo lugar la lengua catalana y  su cohabitación con la lengua española. En tercer lugar se debe estudiar el blindaje de algunas competencias, tal como vienen reivindicando, desde hace años, la Generalitat, dejando al margen las competencias exclusivas del Estado (art. 150.2. CE). En cuarto lugar se deben analizar a fondo  las inversiones públicas en infraestructuras del Estado ((viarias y ferroviarias) y, por supuesto, acelerar el corredor del Mediterráneo reivindicado con suficientes argumentos por varias CCAA, además de Catalunya. Finalmente, hay que estudiar la financiación territorial y los ingresos fiscales de todas las CCAA (por lo tanto también de Catalunya). En este importante punto estará presente, cuando menos en términos dialécticos, el Concierto Económico Vasco y, desde luego, la potencial asimetría entre CCAA que, debemos recordar, sólo se podrá corregir o aminorar si se dota de más medios económicos al Fondo de Compensación Territorial, que tiene como fundamento el mantener el principio de solidaridad con las CCAA más desfavorecidas.

Otros asuntos de capital importancia- que deben ser impulsados con audacia por las fuerzas progresistas en la campaña electoral- tienen relación con las políticas económicas y sociales (redistribución de la riqueza). Los partidos progresistas deben de esforzarse también en ofrecer alternativas (a todos los niveles) a la creación de empleo indefinido, estable y con derechos y, en particular, ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes y a los mayores de 55 años: políticas activas de empleo, cambio de modelo productivo, política industrial y energética, investigación e innovación tecnológica, tamaño de las empresas (superar la atomización)… Resolver el gravísimo problema de la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Apostar por el Incremento de salarios (también del SMI) y superar la brecha salarial de género. Mejorar sustancialmente la protección social (desempleo, pensiones, prestación por desempleo y renta mínima de inserción). Recomponer la financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). Presentar alternativas a la necesaria reforma fiscal para que aumenten los ingresos y mejore el reparto de la riqueza: que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; además de trabajar por erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y establecer un impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas.

Por último, aportar soluciones a un problema mayúsculo: el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación y la sequía.

En todo caso, la culminación de este renovado proceso hacia la normalidad debe conducirnos, como venimos manifestando, a reformar la Constitución (incluido el blindaje de los servicios públicos básicos y de las políticas sociales) y el actual Estatut. Este hipotético Acuerdo de Estado deberá ser sometido a la decisión de todos los ciudadanos españoles y, en particular, de los catalanes. Por eso, sólo nos cabe esperar al veredicto de las urnas el 21-D y a que posteriormente se imponga la política y el sentido común de todos.

Antón Saracíbar

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Los hechos exigen cambios

La aplicación del artículo 155 no ha solucionado ningún problema, al contrario, cada día que pasa, desde su aplicación, la situación se agrava, la fuga de empresas continúa y se intensifica el enfrentamiento entre pueblos y en Cataluña mismo. El 155 choca directamente contra las aspiraciones del pueblo catalán  y como vemos en el ayuntamiento de  Madrid es un arma, en manos del gobierno, contra los que no están de acuerdo con su política. El llamado problema catalán se ha convertido en la mayor crisis de Estado por la que ha pasado España desde la muerte del dictador.

La suspensión de las instituciones autonómicas de Cataluña, el encarcelamiento y la imputación del gobierno autonómico y de la mesa del Parlamento Catalán, sitúa a la mayoría de la sociedad catalana bajo los gobernantes del PP que no tienen mayoría absoluta en las Cortes Españolas y tienen una representación muy minoritario en Cataluña.

Amparados por la Constitución del 78 que se muestra agotada y caduca,  se toman atribuciones ilícitas donde las urnas no se las han dado. De esta forma han destituido al Govern de la Generalitat, disuelto el Parlament i convocado unas elecciones que, siendo tuteladas por el gobierno de Rajoy no cumplen los mínimos democráticos, y en las que, los resultados no serán sustancialmente diferentes ni para un lado ni para el otro, pero sí  exacerbarán  todavía más la situación y no ofrecerán salida. Tanto es así que destacados dirigentes del PP aseguran que, si no sale el resultado deseado se seguirá aplicando el 155.

Como socialistas, como demócratas, nuestra posición es claramente en contra de la DUI. Ni podemos aceptar que se pretenda dividir a los trabajadores y separar a los pueblos para que se sigan aplicando en las dos partes escindidas las mismas leyes antisociales del gobierno central y de las instancias internacionales.

Pero la intervención en Cataluña es solo la punta del Iceberg, José Julián Gregorio delegado del gobierno en Castilla la Mancha decía que, García Page presidente de esa comunidad autónoma estaba pidiendo a gritos la aplicación del 155, de la misma forma se han expresado diferentes dirigentes del PP refiriéndose a Euskadi y Navarra.

Cualquier atisbo de triunfo en cualquier ámbito político reforzará al PP para aplicar una nueva reforma laboral, la reforma de las pensiones y todas las  medidas restrictivas que las instancias financieras internacionales le siguen exigiendo.

La colaboración de nuestro Secretario General y de los responsables del PSC con el gobierno de Rajoy, contraviene la campaña del NO es NO que se realizó en las primarias de nuestro partido del mes de mayo y fue ratificado en el congreso federal.

Y ha provocado la dimisión de varios dirigentes y electos significativos, como el presidente Montilla, o que abandonan el partido como Joan Majó ex ministro del Gobierno de Felipe González, el alcalde de Terrassa y varios de sus concejales.

Tal vez deberíamos prestar más atención a la firma del documento de rechazo a la aplicación del 155 como Raimon Obiol, Laia Bonet y otros dirigentes históricos del PSC. Invitamos a todos los socialistas a considerar el documento firmado por Núria Parlon alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet,  Josep Perpinya presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la primera teniente de alcalde de Girona y otros alcaldes de diferentes comarcas de Cataluña donde apuntan en su punto 5 lo siguiente “Consideramos que la retirada del artículo 155 debería de hacer posible una reforma constitucional con la participación de todas los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y también iniciar los trabajos en Cataluña para elaborar un nuevo Estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana”.

Nosotros pensamos que, las demandas de querer votar en referéndum del 82 % del pueblo catalán deben ser respetadas.

Sin duda el resultado que desea el gobierno es que después del 21 se vuelva a una situación peor que la anterior.

Esto podría frustrar las aspiraciones de la mayoría del pueblo catalán , y crear una situación propicia para que  el gobierno continúe aplicando su política contra la mayoría trabajadora.

Por nuestra parte consideramos que más que nunca es necesario un verdadero referéndum con todas las garantías, en el que el pueblo catalán se pueda expresar libremente y su voluntad respetada.

 Comité de Redacción 

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