Compromiso para recuperar derechos y libertades

Una vez fijada la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, observamos que se abre un periodo de desconcierto, en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el futuro de los derechos y libertades.

Frente a la incertidumbre y el miedo que siempre genera no ver un horizonte claro, la izquierda debería tomar compromisos claros y sin ambigüedades, en relación con las preocupaciones que más afectan al movimiento obrero, es decir a la mayoría de la sociedad. Es preciso arrojar luz en el futuro, pues en función de qué tendencia tenga el gobierno, tras las elecciones generales, la incertidumbre que se cierne sobre el Sistema Público de Pensiones se acentuará o se disipará; la reforma laboral salvaje de 2012 continuará vigente o se le dará otra vuelta de tuerca para hacerla más sangrante contra los trabajadores; los retrocesos en derechos y libertades se acentuarán o recuperaremos los derechos y libertades: como ocurre con el Artº 315.3 del Código Penal o la Ley Mordaza.

Hay una cosa cierta, la conjura de la derecha neofranquista es la garantía de la minoría social para doblar cualquier tipo de resistencia, machacar la más mínima oposición a que se cumplan los planes de los poderosos, en el terreno económico, en el social y de las libertades.

En la declaración surgida de nuestra asamblea anual y publicada en TS n.º 99, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de derechos y libertades, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez frente a los ataques del Partido Popular y sus aliados. También a las movilizaciones que recorren las calles de nuestras ciudades defendiendo las conquistas conseguidas durante años de lucha.

La defensa del estado de bienestar ha caído en el olvido para algunos dirigentes, pero la situación es tozuda, el diario El País del día 18, publicaba que 600 000 pacientes permanecen en lista de espera para operarse y 1,5 millones esperan visita con el especialista, para el médico de familia la espera es hasta de 15 días.

UGT y CCOO reclaman con razón la derogación de la reforma laboral, al menos, en sus elementos más dañinos: como la recuperación de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación del principio de ultraactividad. Pero la legislatura se agota y continúa sin realizarse, a pesar de haber sido acordado en las mesas de Diálogo Social.

Mientras, la Unión Europea se empantana en el sórdido espectáculo del Bréxit (todos los derechos en el aire), los planes económicos de los organismos internacionales y de los bancos continúan: en España las cifras de paro y precariedad siguen aumentando, se prevén miles de despidos en el sector financiero, añadidos a los 90.000 puestos de trabajo destruidos desde 2008. El sector del automóvil amenaza con una remodelación de consecuencias incalculables. España sigue exportando jóvenes, y los organismos internacionales del capital ya han redactado el encargo para el próximo Gobierno: realizar otra reforma de pensiones y otra ronda de recortes para pagar la deuda creada por Rajoy en defensa de los intereses de su clase social.

El juicio contra los políticos catalanes se está mostrando ante la opinión pública como un juicio político que será incapaz de solucionar el llamado , sin embargo, está siendo utilizado como arma arrojadiza contra el diálogo y la negociación para crear un clima de excepción, en el que no podamos defender ningún derecho. Los socialistas debemos distinguirnos y afirmar con fuerza: frente a la judicialización negociación, frente a la confrontación diálogo.
Para la mayoría social este 28 de abril no debe reducirse a un simple cambio de gobierno, se trata más que nunca de obtener una mayoría de diputados que recojan las necesidades de pensionistas, jóvenes trabajadores y/o estudiantes, autónomos, mujeres y hombres asalariados, ¡y hasta de los niños! que no tienen garantizado su futuro, qué el 28% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza. Hay que legislar para garantizar la solución a estos graves problemas. Necesitamos una mayoría parlamentaria, en Congreso y Senado, que plante cara a los depredadores de la libertad y los derechos y garanticen el porvenir.

El PSOE tiene una gran responsabilidad en esta situación, es el máximo referente de la clase trabajadora, concentra la principal responsabilidad para inclinar la balanza hacia, recuperar los derechos y las libertades perdidas o que la situación se siga degradando hasta que sea insostenible.

Derrotar a la derecha exige que el socialismo se comprometa con la recuperación de derechos y libertades, solo así recuperaremos la confianza suficiente para ganar.

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El diálogo y la negociación necesarios

El pasado 15 de febrero Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder la votación de los presupuestos generales para el 2019 en cortes.

Pedro Sánchez fue atacado por la derecha desde el minuto cero. Tras ganar la moción de censura, y el correspondiente desalojo del PP del Gobierno, a la mayoría social se le abrió una luz de esperanza, había posibilidades reales de ver satisfechas las demandas que Rajoy negaba, mientras aplicaba con puño de hierro todas las reformas que las clases pudientes deseaban.

Ni el PP ni C,s reconocieron la legitimidad de su Gobierno. Debían impedir a toda costa que el Gobierno socialista  llevara a cabo la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones del 2013 o que reformara el Atc. 315.3 del código penal, la ley mordaza o toda la lista de compromisos que había contraído durante su campaña de primarias.

La sensación de que se han perdido 8 meses, existe en amplias capas de votantes socialistas. Habrá que trabajar duro y adquirir compromisos, sin ambigüedades, si queremos ganar las próximas elecciones para evitar la nueva oleada de recortes que tienen preparadas los poderes económicos internacionales, FMI, BCE etc.

Pero, sobre todo, no podían tolerar  que el conflicto catalán encontrase soluciones mediante el diálogo y la negociación, sacándolo de la vía judicial al que fue avocado por Mariano Rajoy y sus acólitos.

No solo la derecha neofranquista, abiertamente declarada, se muestra contraria al diálogo y la negociación. “El fuego amigo”,  de la vieja guardia encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, expresan la parte más arraigada del estado, para que el enfrentamiento se produzca. A estas declaraciones se suma la resolución del Parlamento extremeño, cuyo presidente de comunidad es socialista, las declaraciones de García Page;  Lambán y Ximo Pons nos hacen ver cómo. Los de dentro de nuestras filas, que ayudaron a que Mariano Rajoy formara Gobierno en el 2016, coinciden hoy con los que convocaron la fracasada manifestación en la Plaza de Colón de Madrid, el pasado 10 de febrero contra Pedro Sánchez llamándole golpista, traidor y acusándole de defender la línea trazada por ETA.

A la lista de los que se oponen al diálogo y la negociación hay que añadir al Rey Felipe VI, que en el mismo momento en el que están siendo juzgados los políticos catalanes, interviene con una declaración intransigente, que parece tener el objetivo de influir en la mesa del Tribunal Supremo.

El pasado 9 de enero enviamos una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que  en la actualidad  han firmado más de 800 militantes. Dicha carta llevaba por título “Diálogo y negociación frente a judicialización y represión”.  Más allá del apoyo de los militantes socialistas, creemos importante resaltar el apoyo de la ciudadanía.  La Vanguardia publicó el día 17 de febrero una encuesta en la que solo el 13,5%  optaba por aplicar el art. 155, mientras que un 78,5 % prefería el diálogo entre gobiernos.

“Diálogo y negociación” son necesarios para evitar el enfrentamiento y para llegar a  acuerdos que sirvan para resolver las demandas que la mayoría social está reclamando. Solo así podremos parar los ataque que están recibiendo nuestros derechos y libertades.

José A Iniesta.

TS Barcelona

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Tribuna Socialista nº 99. Febrero 2019

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Diálogo y negociación

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Tribuna socialista nº97. Diciembre 2018

 

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Andalucía 2-D: Unas elecciones en ausencia de Socialismo

Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Se han dado una serie de factores que han terminado por arrojar un resultado del que difícilmente saldrá un gobierno de izquierdas. Incluso habría que preguntarse si el Gobierno de Andalucía, ahora en funciones, apoyado por Ciudadanos es de izquierdas a la luz de sus actos.

Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía, pero ella solita se ha encargado de hacer desaparecer de la escena al Partido Socialista; que la Dirección Federal intervenga lo justo en la campaña, perfil personalísimo y egocéntrico de la “Sultana”, corte nacionalista andaluz en los discursos,…

“Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía”

Incluso en el seno interno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, la política diseñada desde la Dirección territorial ha sido excluyente; desde el 39º Congreso se ha machacado literalmente a quienes discreparon de ella en el intento brutal de descabezar a la Comisión Ejecutiva Federal, en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

“Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal”

Pero lo anterior son solo las formas, lo importante son los contenidos políticos. Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal, la de la investidura de Rajoy, para que pudieran aplicar las políticas económicas más duras y lesivas contra los intereses de los trabajadores. Es la política de aplicación de recortes en sanidad, que en estos últimos años ha perdido más de 6.700 millones de euros y educación, siguiendo los dictados del Gobierno Central y de las instituciones del capital, medidas que levantaron la indignación y la movilización de miles de andaluces y andaluzas.

“el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto”

La abstención ha sido muy elevada, un 3,65% más que en 2015 (el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto). Pero en coherencia con lo antes dicho, no se puede culpar a los electores que han decidido no ir a votar. Claro que la mayoría son voto de izquierdas, por eso quizás no han ido a votar, porque no iban a votar a la derecha.

En el planteamiento de campaña, desde la izquierda, no todos los errores han sido de Susana y su aparato. Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE: ¡objetivo conseguido! El fratricidio entre las fuerzas de izquierda da como resultado gran parte del éxito de la derecha. En estas condiciones no es difícil comprender quienes no fueron a votar el pasado día 2; los mensajes de división de la izquierda no son compartidos por la verdadera izquierda.

“Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE:

¡objetivo conseguido!”

El rechazo es cuantitativo y cualitativo en el voto nulo, que suele ser testimonial, pero que en este proceso electoral se ha multiplicado por 2 (81.000 votos nulos). Más 57.000 votos blancos.

La izquierda ha perdido 684.554 votos (-402.035 el PSOE y -282.519 Adelante Andalucía, comparado con la suma de IU+Podemos en 2015).

La derecha ha sumado 350.881 votos (-316.410 PP, +289.735 C´s y +377.556 Vox).

La familia de la derecha que se ha beneficiado del apoyo prestado al Gobierno de Andalucía ha sido Ciudadanos, que ha marcado la política, pero sin desgastarse en tareas de Gobierno.

Las otras dos familias de la derecha: PP y VOX, son en realidad la misma, pues por mucho que los analistas y demás “sabios” de la política de laboratorio se empeñen en presentar a esta esquirla del PP, como algo novedoso; que ha llegado para quedarse, dicen. Lo cierto es que ya estaban aquí, en el seno del PP, desde que los guardianes del franquismo se camuflaron en las instituciones: los Villarejo en la policía y servicios de inteligencia; los jueces del Tribunal de Orden Público en la Audiencia nacional; y los Fuerza, Nueva, Cristo Rey, el Batallón Vasco Español,…en la AP que fundo el ex Ministro de Franco, Manuel Fraga.

No es posible saber con precisión cuantos votos de la abstención hubiesen ido, de haberse emitido, a un partido o a otro, como es muy difícil saber cuántos votos se han trasladado de un partido a otro. Pero a groso modo, en grandes bloques se puede ver que el grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE.

“El grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE”

Como si de un principio científico se tratase, se vuelve a cumplir una vez más: cuando la izquierda gobierna en coalición con la derecha o condicionada por su apoyo, termina perdiendo votos; ¿será porque los votantes de izquierdas esperan políticas de izquierdas?

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista Nº 95 .- Especial República

ESPECIALREPUBLICA

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Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   “El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

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Son necesarias políticas de izquierdas para seguir avanzando

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: “La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas“.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

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Nº88 de Tribuna Socialista. Enero de 2018

TS 88

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“…IS corriente?”

Surgen nuevos partidos, partidos con afán de militancia activa que manifiestan intenciones de devolver el protagonismo a los ciudadanos, que se dicen socialdemócratas… Hay un leve renacer de la izquierda, un giro social en medio de paradojas como Trump, Putin, Macron, y es evidente que los ciudadanos reclaman políticas progresistas…

Nosotros, los socialistas del Estado español, no somos ajenos a estos cambios, en nuestro partido se ha producido un cambio copernicano donde los militantes hemos orientado al partido hacia la izquierda…  Y sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra corriente, IS aparece al margen, más cómo corriente de opinión que como corriente organizada y apenas tiene presencia en los órganos renovados del partido.

¿Por qué?

 Cómo muchos militantes, la mayoría de integrantes de la corriente hemos participado directa o indirectamente en esta importante transformación, y como es lógico esperábamos una adecuada representación, no para ocupar “sillas ni sillones”, sino porque estando en sintonía con una nueva orientación, acorde con lo que la corriente ha venido defendiendo desde las primarias de 2014, lo lógico y razonable es participar y transmitir en los órganos del Partido esa sensibilidad que emana democráticamente de la vida de la Corriente, y sin embargo no ha sido así. La nueva dirección ha optado por personas que tienen o han tenido relevancia personal, pero que no han salido de asamblea alguna de IS.

 Es un signo evidente de irrelevancia organizativa, y de que teniendo una buena capacidad propositiva y muy buenas “cabezas”, nos faltan piernas para caminar, aunque nuestras ideas, y nuestras acciones han acompañado el proceso de cambio.

 En todo caso, ¿qué hacer?

¿Es posible recuperar o relanzar a IS?

Hay un trabajo hecho con dignidad, y creo que si, que hay muy buenas personas con cabezas brillantes, con afán de transformación, con años de militancia y/o grandes esperanzas. Tenemos muchos militantes esperando que nuestro Partido, el PSOE, llegue al gobierno para poder aplicar la política en la que creemos; de justicia social y estado de derecho, y para ello creemos útil una corriente política, con respeto al partido y a sus órganos, que trascienda las ideas y participe activa y ordenadamente en este proceso de cambio.

Nos gustaría poder hacer algo, desde nuestra corriente, con el reconocimiento justo, sin “regalos”, es por ello, por lo que considero necesario un proceso de debate para decidir cómo hacerlo…

Eduardo Hernández Oñate

Afiliado PSOE. Barrio de Salamanca (Madrid)

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Millennials. La Generación de la precariedad.

Nos llaman generación Y, otros Millennials y otros dicen que somos la generación mejor preparada, pero si algo somos es una nueva clase trabajadora, la de la precariedad. Resulta totalmente kafkiano definir a nuestra generación con términos anglosajones que denotan frescura y modernidad cuando no hay  nada de moderno, y menos de progreso, en lo que realmente somos: pobres y precarios.  

 La realidad que sufrimos la juventud en pleno siglo XXI es absolutamente dramática, ni más ni menos. Estamos pendiendo de un hilo, el que el Gobierno de Rajoy no va a dudar en recortar en cuanto tenga la oportunidad para dejarnos caer en la más triste miseria (si es que no estamos ya sumidos en ella). Así está echando a perder al presente y al futuro de un país al que ha convertido en el oasis de la precariedad laboral y la indecencia.

 En primer lugar, sufrimos un paro que se está convertido en crónico: actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga duración casi el 40% de las y los menores de 25 años, el 47% de quienes tienen entre 25 y 29 años, y el 50,5% de las y los jóvenes de entre 30 y 34 años. Y lo que es peor, un porcentaje muy alto está en riesgo de pobreza. 

Por otro lado, la calidad del empleo es pésima, la mayoría de jóvenes que trabaja concadena contrato temporal tras contrato temporal y los sueldos son auténticas limosnas.

Nos están sumiendo en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad fruto de una constante degradación de nuestras condiciones de empleo y, por ende, de vida. Es decir, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo encuentra, la situación es trágica, más si se es mujer. Estas son las consecuencias de las dos últimas reformas laborales (esencialmente la segunda) y de la denostación (o desprecio) incesante del talento de la juventud.  

 En tercer lugar, tenemos la guinda del pastel (aunque de dulce nada): el exilio, al que recurren de forma desesperada miles de jóvenes en nuestro país. La única escapatoria en muchas ocasiones es buscar fuera de nuestro país las oportunidades y la calidad de vida que aquí se nos niega.  

 Se nos dan pocas opciones y, además, ninguna buena. Nos están haciendo elegir entre desamparo y precariedad, y cuando nos negamos a cualquiera de esas dos alternativas nos condenan al ostracismo.

Esta es la España del 2017, nada que ver con lo que soñaban quienes lucharon años atrás por los derechos laborales y el fortalecimiento de la negociación colectiva y demás mecanismos de acción. Así ha truncado el PP de Rajoy todo avance y progreso, así nos ha sumido en la desesperante oscuridad del mercado laboral. 

 Vivimos una pesadilla continua de la que la juventud queremos despertar, pero seguimos atrapados en ella, con la impotencia de no poder escapar. El monstruo ya no está debajo de la cama, está en la Moncloa, salpicado por casos de corrupción y disfrutando de la impunidad concedida a través de las urnas. Lo peor de todo es que la puerta se la dejamos abierta.  

 Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que cambiar esta situación y no desistir en la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza crecientes. Luchemos por un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y que proporcione empleo de calidad.

Empecemos derogando las últimas reformas laborales así como acabando con los falsos autónomos y los becarios precarios.

Continuemos estableciendo incentivos a la contratación joven y al relevo generacional y subiendo el salario mínimo.  

 Sólo así quienes se fueron podrán volver y quienes nos hemos quedado podremos vivir. Queda mucho trabajo por delante pero estos retos no son nuevos.  

 Andrea Carrascal Miralles 

Secretaria General de JSE-CyL

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UNIVERSIDAD ¿PÚBLICA?

Hace pocos días el Ministerio de educación aprobó el nuevo decreto de becas para el curso 17-18, anunciando triunfalmente que el presupuesto para becas era el mayor de la historia de España y que el número de becarios bajo su gobierno tampoco nunca había sido superior. Estos datos, si bien ciertos, no son tan buenos como nos quieren hacer entender. No son más que una cortina de humo para encubrir la progresiva elitización de la Universidad Pública. Veamos el porqué.

Para estudiar en una universidad pública solo hay dos requisitos. Uno académico, obtener una determinada nota en la selectividad y aprobar un determinado número de asignaturas para poder seguir estudiando (en general la mitad del curso). El segundo es económico, y consiste en pagar una matrícula que representa entre un 15 y un 25% del coste total de los estudios en función de la CCAA de la Universidad. El Estado, por otro lado es quien paga el tanto por ciento restante a las propias universidades

Veámoslo en un ejemplo. Un estudiante cualquiera paga 1500€ de matrícula para estudiar derecho, siendo el estado quien asume los 4500 restantes que se supone que cuesta un curso en la universidad. Y esto con total independencia de la situación económica del estudiante.

No obstante es evidente que 1500€ pueden suponer un gran esfuerzo para algunas familias, así como no podemos olvidar que de estudiar se derivan otros costes que muchas familias no pueden cubrir, por dar un numero la OCDE los cifra en unos 7000€ anuales, y que si no se cubren evitan que el joven con menos recursos pueda estudiar. Para paliar estos costes existen unas becas que, como para estudiar, tienen dos requisitos. Económicos, no superar una renta determinada, y académicos.

Es en estos últimos donde está la trampa. Se exige aprobar un 80% del total de créditos para obtener la beca más básica y un 90% si se quiere optar a la beca completa. Un rendimiento muy superior al que se exige al resto de estudiantes, un 50% para seguir en la universidad. No siendo de recibo el argumento de que como las becas son recursos públicos se deben destinar a potenciar el rendimiento académico porque como hemos dicho antes SIEMPRE es el estado quien se hace cargo de la mayor parte del precio del curso.

Volviendo al ejemplo anterior, si ese joven necesita la beca por no poder afrontar la matricula, necesitara rendir muchísimo más que si no necesita esa beca, y, en cualquiera de los casos, será la sociedad quien financie la mayor parte de sus estudios a través de sus impuestos.

Es fácil ver el resultado de esta política. Los más desfavorecidos están obligados a no fallar si no quieren perder la protección, por otro lado insuficiente, de las Instituciones. En cambio los que se pueden permitir pagar no deben sufrir, pues por más fallos que cometan podrán seguir en la universidad, y, lo mejor de todo, siendo toda la sociedad los que paguen la mayor parte de sus estudios.

En definitiva, nuestra Universidad es Pública sí, pero solo a la hora de pagarla, ya que a la hora de poder estudiar nuestra educación superior es, cada vez, más privada.

Didac  Ramírez

Joventut Socialista de Catalunya

 

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Serpiente (neoliberal) de verano

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

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PENSIONES: EL GOBIERNO HACE TRAMPAS

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que “el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social“.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la “quiebra” de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal “hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

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Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

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EL SISTEMA DE PENSIONES ES NUESTRO, DEFENDÁMOSLO

Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes  cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.

Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.

Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.

El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.

Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.

La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad  se separó la sanidad, con el resultado de la  crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.

En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.

Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.

Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.

Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.

Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.

La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.

El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo  a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.

El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.

La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.

El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.

Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.

Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.

Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.

Roberto Tornamira


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Ninguna colaboración con este gobierno

Los pasados 16, 17 y 18 de junio más de mil delegados del PSOE se reunían en Madrid en el congreso más esperado de la historia reciente de nuestro partido.

Tras un año de rebeldía democrática de la militancia las primarias y el congreso eran un reto de supervivencia para los socialistas y para la mayoría social representaban la posibilidad de dar un vuelco a la situación y empezar a cubrir sus graves necesidades.

¿Qué rumbo vamos a emprender?

El Congreso se daba en un marco político internacional donde los valores de la socialdemocracia están fuertemente cuestionados y sumidos en una tremenda crisis, basta con mirar al partido socialista francés o al holandés que, tras haber puesto en práctica las políticas más agresivas y regresivas del liberalismos político y financiero, han sido reducidos a grupos testimoniales en sus respectivos parlamentos por una mayoría social que ya no ve en esos partidos una base en que apoyarse para defender libertades y derechos. Ninguna colaboración con este gobierno.

Por el contrario, la remontada del Partido Laborista británico refleja la afluencia de sectores de jóvenes y de trabajadores que han visto en las propuestas de Jeremy Corbyn puntos de apoyo para combatir y derrotar las políticas de austeridad impuestas por los conservadores de Theresa May y también por “la tercera vía” de Tony Blair y Gordon Brown, que pretenden destruir las conquistas que los trabajadores junto con sus sindicatos han conquistado.

Los militantes socialistas en nuestro país, con el lema NO es NO, no quisieron dar su apoyo al gobierno del PP ni en 2016 ni ahora; por eso han aupado a Pedro Sánchez a la secretaría general, para continuar diciendo NO es NO a las políticas económicas y sociales de la derecha; lema que se ha transformado en SI es SI a la recuperación de políticas favorables a la mayoría social, exigiendo la derogación de la Reforma Laboral, de la Ley Mordaza, de la Ley Wert y a todas aquellas leyes que han supuesto un retroceso en derechos y libertades. Pedro Sánchez ha contraído un compromiso con los militantes socialistas, pero también con la mayoría social que exige del Partido Socialista que ocupe el lugar que le corresponde, de verdadera alternativa, frente al gobierno del PP.

En el mes de julio se va a discutir el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2018, si estamos en contra de la continuidad del Gobierno de Rajoy, no podemos avalar los recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (2018), votando a favor del techo de gasto, como hizo la Gestora con los de este año. Debemos hacer público nuestro rechazo a que nueva izquierda Canarias apoye los PGE del 2017 y anunciar la ruptura del acuerdo con ellos, si votan los Presupuestos Generales del Estado de 2017 o el techo de gasto para los del 2018.

La Comisión Ejecutiva Federal elegida en el 39º Congreso debe negar cualquier colaboración con este Gobierno; hay que sacar al PP de la Moncloa. Para ello, habrá que buscar las alianzas suficientes, dentro del Parlamento, con las fuerzas de izquierda y de progreso, que dicen defender los intereses de la mayoría.

Pero también hay que buscar alianzas fuera con los movimientos sociales y principalmente con las organizaciones sindicales para, si hace falta con la movilización, impedir que se continúen aplicando políticas antisociales y negando derechos.

Especialmente claros debemos de ser con el llamado problema catalán; Rajoy y su inmovilismo niega toda salida democrática y busca el enfrentamiento, No merece el más mínimo apoyo de los socialistas ni de los pueblos en esa cruzada que no es solo anticatalana sino contraria a todos los pueblos y a su convivencia. Si el enfrentamiento se impusiese, mal lo tendríamos para defender ningún derecho social ni democrático.

Por su parte, Puigdemont, socio de los recortes de Rajoy, no garantiza un referéndum cuyos resultados sean aplicables en el actual marco constitucional, ni tiende la mano a los demás pueblos, única forma de garantizar la fraternidad entre los pueblos. No podemos alinearnos ni con uno ni con otro. Sin embargo, debemos dar respuesta a las demandas del pueblo catalán que quiere decidir su futuro. El PSOE es la solución al atolladero al que entre unos y otros nos han llevado, tienen que ser el eje vertebrador. El reconocimiento de España como nación de naciones apunta a la solución.

Esa solución pasa por nuestra propuesta de reforma constitucional, hacia un federalismo en el que las nacionalidades que nos conforman como Estado, suscriban un nuevo pacto de Estado que no sea un mero cambio semántico de “la España de las Autonomías” por “la España Federal” nuestro partido debe hacer confluir en una misma solución el restablecimiento de los derechos sociales y el reconocimiento de los derechos nacionales.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº 83. Junio 2017

83

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Crónica de la Conferencia de CATP UNIDAD PARA ECHAR A RAJOY.

El pasado día 17 de junio tuvo lugar el encuentro estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos bajo la consigna “Por la Unidad para echar al Gobierno del PP”

En dicha reunión a través de las compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, se pudo constatar la cruda realidad que pasea por nuestro País, y que se hace manifiesta a través de los seis años de recorte y represión del Gobierno del PP a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores de todo el Estado.

Compañeros de Coca-cola, LIMASA, estibadores, entre otras empresas y sectores dieron cuenta de los combates por los que están atravesando en sus empresas, expresando así mismo la necesidad de conseguir la unidad para echar a Rajoy y aplicar otro tipo de políticas totalmente diferentes a las actuales, pues no se trata de un cambio de personajes sino de un cambio total de las políticas a aplicar.

De la misma manera, durante las intervenciones se expresó en diversas ocasiones la necesidad de que las rupturas con las políticas del PP no se demoraran más, mucho menos hasta el 2019. Es necesario que cuanto antes, se lleguen a los acuerdos para echar a Rajoy del gobierno y proceder a derogar las reformas laborales, reformar el art 135.3 que amenaza con la cárcel y mantiene en la cárcel a muchos compañeros encausados por defender los derechos colectivos, pero también es necesario defender lo público, defender las organizaciones obreras de los ataques de los poderes económicos y financieros.

Durante la conferencia, no faltaron las alocuciones a la cuestión catalana, y se repitió en diferentes ocasiones la frase “no hay derechos nacionales sin derechos sociales, y no hay derechos sociales sin derechos nacionales” para defender el derecho del pueblo de Catalunya y de todos los pueblos a decidir su destino.  Defender este derecho no quiere decir que queramos la independencia, puesto que es necesario que el conjunto de los pueblos del estado defienda conjuntamente los derechos sociales conquistados entre todos: seguridad social, pensiones, sanidad….

José de Tribuna Socialista en Madrid hizo una intervención en la conferencia haciendo referencia a que todo ello, se expresa vía Boletín Oficial del Estado, en la modificación del artículo 135.3 de la Constitución Española, las dos Contrarreformas Laborales llevadas a cabo en los años 2010 y 2012, la LOMCE, el artículo 315.3 del Código Penal, la Ley Mordaza. Al igual que se vienen recortando en los Presupuestos Generales del Estado todo lo que tiene que ver con la Educación Pública, Sanidad y la Ley de Dependencia.

Desde Tribuna Socialista se trasladó la importancia del proceso de primarias en el PSOE, destacando el trabajo desarrollado en la adhesión al Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez”, el cual en apenas cuatro semanas se presentaron 1005 firmas con la participación de sindicalistas de diez organizaciones sindicales en el acto celebrado el pasado 16 de mayo.

Baltasar Santos de Tribuna Socialista en Catalunya realizó una intervención en la que resaltó la importancia del NO es NO, y la campaña que los militantes socialistas del PSOE hemos realizado para derrotar a la vieja guardia del partido, o lo que es lo mismo, derrotar a quien antepone los intereses de los poderes económico-financieros a los intereses de la clase trabajadora. Para Baltasar, esta victoria de la militancia ha de tener continuidad puesto la recuperación del partido socialista para el socialismo solo será posible si no bajamos la guardia.

El significado del “No es No” es precisamente la expresión del hartazgo de las políticas del PP y del apoyo a sus políticas, Los militantes socialistas queremos revertir estas políticas, que pasan por la derogación de las reformas laborales, la reforma del art 135 de la constitución, la reforma del 315.3 del código penal, la derogación de la LOMCE, de la ley mordaza y todas las actuaciones regresivas del PP, así como establecer puentes de diálogo para que el pueblo de Catalunya pueda expresar su derecho a decidir en libertad.

En relación a la unidad de la izquierda para echar a Rajoy, Baltasar reclamó que la situación no admite demoras y que por tanto no podemos ni queremos esperar hasta el 2019 para echar a Rajoy.

Como conclusión a dicho encuentro, se destacó la importancia de la unidad de las organizaciones que componemos el CATP con el llamamiento de NINGUNA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL PP, UNIDAD PARA ECHA A RAJOY.

Igualmente, como conclusiones de la conferencia se acordó un pronunciamiento de denuncia contra el régimen marroquí y de defensa de la lucha obrera en el RIF, una resolución por la derogación de la LOMCE y por una enseñanza pública, laica y de calidad, y el soporte a los compañeros sindicalistas encausados por huelgas que están pendientes de juicio.

 José A Fernández Guerras y Baltasar Santos

Corresponsalías de Madrid y Catalunya a la Conferencia.

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El poder de compra de los salarios

El argumento que viene utilizando el gobierno para frenar a la oposición política y justificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018) es que todavía hay que consolidar la recuperación económica y ajustar el cuadro macroeconómico (déficit público) para cumplir los compromisos contraídos con la UE. En los últimos dos años, el PIB ha crecido por encima del 3% y las previsiones del gobierno, así como de diversos organismos internacionales y de expertos en la materia son que, a finales del presente año, España habrá recuperado el terreno perdido en el periodo de crisis y la tasa de paro se podría situar- a finales de la década- por debajo del 15%, aunque muy lejos del índice de ocupación del comienzo de la crisis.

En este contexto, el gobierno se resiste a reconocer que la mejora de la situación económica está siendo posible por el fuerte sacrificio de los trabajadores (devaluación salarial), ante las nefastas exigencias de una política neoliberal que ha venido gestionando la crisis bajo el principio de que España no puede devaluar la moneda para mejorar la competitividad de nuestra economía. Según el INE, entre 2.008 y 2.014, la retribución media de los trabajadores por cuenta ajena bajó el 0,7% y, sin embargo, la inflación subió un 8,5% en el mismo periodo; como consecuencia, el poder adquisitivo de los salarios perdió el 9,2% en relación al comienzo de la crisis, de acuerdo con lo que se recoge en un dosier específico del número 47 de Alternativas Económicas. Ello reafirma el relato de que el aumento del PIB no sólo tiene que  reflejarse en las rentas del capital y en los beneficios de las empresas sino también en el salario de los trabajadores, sobre todo cuando todavía está pendiente de que se compense la deuda social acumulada en los años de crisis.

Por lo tanto, es justo y muy razonable que los sindicatos aspiren a que los salarios suban por encima del índice de precios al consumo (IPC) con el propósito de recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se están generando por la mejora de la situación económica. Este crecimiento salarial- favorable para la economía y para el empleo en su conjunto-, según la mayoría de los analistas, no es compartido por la CEOE-CEPYME, que han venido proponiendo un incremento de salarios hasta el 2% (sin suelo), de acuerdo con las previsiones de inflación para el presente año del gobierno. El problema se agrava porque, en los primeros tres meses del año en curso, la subida de los salarios pactados en convenio se ha situado en el 1,26% de media, lo que significa que muchos trabajadores perderán poder adquisitivo este año, como ya ocurrió en el pasado año (2.016) cuando la subida media pactada se situó en el 1% y la inflación alcanzó el 1,6%. Por otra parte, no debemos olvidar que las retribuciones de los funcionarios públicos, según los PGE-2.018, crecerán el 1% tras varios años de estancamiento, lo que confirma que también perderán poder de compra en este año.

Otro asunto, de no menor importancia, es que el mayor esfuerzo para salir de la crisis lo han efectuado los trabajadores con una menor cualificación. Según Oxfam Intermón, el 10% de los trabajadores peor pagados vieron como sus salarios se desplomaron, entre 2.008 y 2.014, cerca del 28%, mientras que el 10% de los trabajadores con salarios más altos no tuvieron ninguna modificación sustancial en sus rentas salariales. Como consecuencia de todo ello se ha producido en España una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital, como ha pasado en Grecia, Irlanda y Portugal. Incluso el Banco de España admite que los beneficios empresariales están creciendo más que los salarios, con el agravante de que esta circunstancia se produce en una fase de mayor crecimiento de la economía.

El problema se agudiza por el aumento considerable de la desigualdad desde el comienzo de la crisis. Oxfam Intermón manifiesta que, en el año 2.006, el 10% de los trabajadores con mayores ingresos disfrutaba de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre, mientras que en el año 2.015 esta diferencia subió a 15 veces. Lo mismo se puede decir en relación con la desigualdad salarial de género: las mujeres ganan el 18,8% menos que los hombres, lo que quiere decir que tendrían que trabajar 50 días más para conseguir el  mismo salario. Finalmente, los más jóvenes están siendo también muy perjudicados: concretamente, el 21% de los trabajadores menores de 25 años se encuentran actualmente en riesgo severo de pobreza y exclusión social.

Esta grave situación, y el comportamiento hostil y cortoplacista de los empresarios, explican la parálisis de las conversaciones entre los interlocutores sociales para alcanzar un Acuerdo que sirviera de referencia para negociar los convenios colectivos del presente año. Por eso, recientemente, los sindicatos (CCOO-UGT) remitieron una carta a los empresarios exigiendo que los salarios se incrementen entre el 1,8% (como mínimo) y el 3% y, si el IPC de 2.017 desborda la previsión de inflación prevista en el convenio, reclaman una cláusula de revisión salarial para corregir esta desviación si finalmente se produce. Todo ello al margen de otras medidas relacionadas con la formación profesional, el absentismo, la superación de la brecha salarial de género, la conciliación de la vida familiar, así como el impulso a la contratación de personas discapacitadas. Por último, los sindicatos hacen especial hincapié en garantizar la vigencia de los convenios hasta que sean sustituidos por otros nuevos (ultra actividad) y sobre todo en potenciar los convenios de sector y su articulación con los convenios de empresa.

No será nada fácil llegar a un acuerdo, a pesar de  que los empresarios han propuesto, en los últimos días, una banda salarial del 1,2% al 2,5%, con una cláusula de revisión salarial imperfecta, que están estudiando a fondo los órganos de dirección de los sindicatos. Sin duda, y al margen de la decisión que se tome, los sindicatos deben seguir defendiendo plataformas reivindicativas completas y exigentes con el objetivo de firmar los convenios en torno a la propuesta remitida a los empresarios. Ello además ejercitará el músculo sindical en las empresas y fortalecerá el poder sindical a todos los niveles, lo que ayudará a combatir, con la mayor eficacia posible, los problemas que afectan a los trabajadores: desempleo, precariedad, reforma laboral, retribución de los empleados públicos, pensiones, dependencia, prestación por desempleo, servicios públicos, fiscalidad, modelo productivo, cambio climático…

En cualquier caso, esta realidad no debe ocultar la preocupación que embarga a muchos trabajadores por la precaria relación de fuerzas, la dificultad creciente de la acción sindical en los centros de trabajo e, incluso, la poca eficacia de la oposición política en el Parlamento. La Moción de Censura presentada en el Parlamento contra Mariano Rajoy es un buen ejemplo de todo ello y confirma que el momento elegido por Podemos (oportunidad política) y sus particulares formas de actuar, en vez de avanzar hacia el objetivo que se pretende ha supuesto en la práctica la consolidación del gobierno y del partido (PP), al margen de su utilidad partidista y de la contundente denuncia de los múltiples casos de corrupción y de manipulación intolerable de la justicia, lo que resulta inconcebible en un país europeo. Tampoco se vislumbran, por lo menos hasta que termine el 39ª Congreso del PSOE, muchas posibilidades, a corto plazo,  de llegar a otros acuerdos en el seno de la izquierda (por ejemplo en torno a la reforma laboral o a las pensiones), a pesar de la experiencia positiva de Portugal  y de lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos y CCAA. Dicho esto, y a pesar de las dificultades actuales, el PSOE debe trabajar a fondo para facilitar un nuevo clima de entendimiento a partir de su próximo Congreso. La abstención del PSOE en la Moción de Censura presentada por Podemos es un primer paso esperanzador, lo que aconseja  aparcar la división, respetando las diferencias, en beneficio de los más desfavorecidos.

En cualquier caso, sin precipitaciones, pero también sin pausas, el PSOE (Pedro Sánchez) debe propiciar que se visualice el cambio esperado, sobre todo en los jóvenes, en las fuerzas progresistas y en las grandes ciudades. Un cambio que combata las políticas de austeridad y se encamine a presentar alternativas reales para resolver los problemas de la gente; un cambio también de dirigentes (comprometidos con la realidad social) y de comportamientos. Por eso tiene especial interés recuperar la memoria histórica: la ética Pablista. Y también la estética; las formas de actuar y de comportarse como auténticos servidores públicos en defensa de los más débiles. Para conseguir esto, lo primero que hay que hacer es abrir las Casas del Pueblo, fomentar la afiliación, la participación de los militantes, el debate de ideas y, finalmente, garantizar la democracia interna a todos los niveles. Eso ayudará mucho a que el PSOE  recupere paulatinamente la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.

En esta ocasión, Pedro Sánchez y sus equipos no van a tener dificultades para aprobar en el próximo congreso las políticas más adecuadas en la actual situación. El desarme asumido por Susana Díaz y por sus más significativos apoyos después de su fracaso en las Primarias, así como la renuncia de José Carlos Díez y de Eduardo Madina  a defender la ponencia elaborada por la Gestora nos anuncia un Congreso ilusionante y un posterior periodo de calma en el seno del PSOE; una realidad constatable que, hace unos cuantos meses atrás, nos hubiera resultado a todos verdaderamente inconcebible. A pesar de semejante mejoría, no debemos olvidar que siguen existiendo, cuando menos, dos sensibilidades distintas en el partido ante asuntos de verdadera trascendencia: la reforma laboral, las pensiones, la banca pública, el modelo de partido, el modelo territorial, la fiscalidad…

De todos los asuntos enumerados hay uno que tiene un interés especial: la derogación de las últimas reformas laborales y el consiguiente impulso a la recuperación de la relación de fuerzas en torno a la negociación colectiva y, como consecuencia, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores; sin olvidar el desempleo, la escandalosa precariedad laboral y la resolución del problema de las pensiones que ha sido utilizado de manera torticera por el poder financiero y el actual gobierno para generar una auténtica alarma social cuando lo han considerado oportuno.

Antón Saracíbar

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¿PODEMOS LOS SOCIALISTAS ESPERAR HASTA 2019 PARA TOMAR EL GOBIERNO?

El 39º Congreso del PSOE ha sido un congreso histórico en el que la militancia se ha empoderado y ha hecho valer su fuerza de 3 maneras diferentes:

Primero defendiendo hasta el final el “No es No”, mostrando de esta manera la oposición a dar ningún apoyo al Partido Popular ni a sus políticas corruptas y antisociales, que van desde la LOMCE y la Ley Mordaza, hasta las reformas laborales y de recortes en pensiones y Seguridad social. No es No, que significaba decir sí a un gobierno alternativo de izquierdas liderado por el PSOE, para poner fin a las políticas de austericidio y de enfrentamiento entre los pueblos.

Segundo: agrupándose en plataformas de apoyo al único candidato que quería liderar el cambio, y recuperar el partido socialista para el socialismo, alejándonos de cualquier atisbo de gran coalición, y revirtiendo una por una, todos los recortes en derechos y libertades perpetrados por el gobierno de Rajoy. Para ello, la militancia quería recuperar su voz dentro del partido, y recuperar las riendas de la acción política, oponiéndose a los dictados de ilustres socialistas, barones y vieja guardia, que a pesar de su notable influencia durante décadas defienden hoy día, posiciones de inmovilismo institucional y legislativo que no son coherentes con las necesidades de la mayoría de nuestro país.

Y tercero: la militancia no solo ha ganado las primarias al elegir a Pedro Sánchez como Secretario General sinó que además ha rechazado la ponencia marco redactada bajo el mandato de la comisión gestora que ha desgobernado el PSOE hasta la fecha,  y ha resuelto posiciones que permiten un halo de esperanza para los trabajadores y los pueblos de España. Entre ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y la enmienda presentada por las JJSS por la República.

El texto aprobado defiende la Declaración de Granada, formulada en esa ciudad andaluza en 2013, en la que el PSOE ya hacía una apuesta por una estructura federal del Estado español como camino para resolver las tensiones territoriales. Así, se reivindica “la necesidad y urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo territorial de nuestro país”. “Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos políticos comunes”.

La enmienda por la República abre la Puerta a un necesario debate. ¿Es posible el federalismo en un marco monárquico?.  La misma pregunta que le formulé a Victoria Camps, hace unos días en un acto sobre federalismo.

Pero, ¿y mientras tanto?. No podemos caer en las mismas artimañas que algunos partidos soberanistas y que el PP, que desvían la atención de los problemas sociales y los diluyen bajo una cortina de humo soberanista en un caso, y nacionalista español en el otro.  ¿Los pueblos tienen derecho a decidir su futuro? Por supuesto que sí. ¿Nos interesa la independencia de Catalunya? Ni a los catalanes nos interesa ni al resto de pueblos tampoco, porque lo que nos interesa es como defendemos juntos la caja de las pensiones, los derechos sociales y laborales, cómo evitamos juntos que sigan desvalijando las cuentas públicas entre unos y otros, y como construímos un escenario en el que los pueblos de la península nos relacionemos libre, fraternal y solidariamente, revirtiendo las políticas económicas y fiscales de la derecha para poner la economía al servicio de la clase trabajadora.

No podemos seguir manteniendo en el gobierno a corruptos ni a políticos que miran para otro lado mientras los mayores de 45 años somos condenados a la miseria, intentando sobrevivir con 426 euros, o como los jóvenes tienen que emigrar o someterse a condiciones laborales precarias en la inmensa mayoría de los casos, sin poder acceder en muchos casos a estudios universitarios cada vez más inaccesibles para los hijos de trabajadores. No podemos seguir viendo como los trabajadores en activo ven recortados sus derechos laborales, salariales… o como muchos trabajadores son forzosamente reconvertidas en autónomos aún con menores derechos…o como los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo.

Los derechos de los pueblos y los derechos sociales van de la mano, y el congreso del PSOE ha avanzado en la línea correcta, porque la militancia ha recuperado las riendas.  Ahora, no hay que bajar la guardia. Los poderes financieros, especulativos que se han adueñado de la economía van a seguir intentando poner palos en las ruedas del cambio que propone el PSOE.  Creo que es buen momento, para no dejar que se rearmen y que busquemos de forma inmediata los acuerdos necesarios para echar a Rajoy y su banda de la Moncloa.  Los problemas de la clase trabajadora no admiten demoras hasta el 2019.

Baltasar Santos

Militante PSC El Vendrell.

 

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Elecciones en Reino Unido

El pasado día 8 de junio tuvieron lugar las elecciones generales en el Reino Unido, unos comicios adelantados oportunistamente por la Primera Ministra, pues pensaba el Partido Conservador que ampliaría su margen de poder, hundiendo al Partido Laborista. La política con mayúsculas ha dado una lección a la derecha británica y una oportunidad a la izquierda en aquel país.

Los resultados electorales, han roto una vez más con las encuestas y la valoración de los analistas. Siendo los más importantes, los que se refieren a los siguientes Partidos:

Partido Conservador 318, (12 escaños menos).

Partido Laborista 261 (29 escaños más).

Partido Nacionalista Escocés 35 (21 escaños menos).

Partido Liberal 12 (4 escaños más).

Partido Unionista Irlandés (DUP) 10 (2 escaños más).

UKIP. Ultraderecha 0 (1 escaño menos).

En el sistema electoral británico las elecciones se configuran con el carácter de elección de un diputado por circunscripciones muy pequeñas, lo que produce el efecto de que el número de escaños conseguidos por un Partido sea mayor que el porcentaje de votos conseguidos a nivel nacional, así tenemos en cuenta que siendo la diferencia entre el Partido Conservador y el Partido  Laborista de 57 escaños, en porcentaje de votos el resultado es de 42% para el primero y 40% para el segundo, lo que viene a significar que en el apoyo del electorado los separa solo un 2%. Este es un dato a considerar como muy importante a favor de los Laboristas, más aún teniendo en cuenta que no hace ni tres semanas la diferencia era de un 20% a favor de los Conservadores.

En relación con la ultraderecha (UKIP) no entra en el Parlamento y pierde 1 escaño que tenía. Esto es importante porque solo ha conseguido el 1.8% de los votos, cuando en el 2015 alcanzó el 12% de los votos. Más importante aún,  si recordamos que fue el Partido que marcó las pautas del debate sobre el Brexit en el Referendun.

La confusión y frustración que aquel referendun generó, especialmente entre los jóvenes, se ha tornado en positivo, en cuanto el líder del Partido Laborista ha retomado la senda de una política coherente con el Partido tradicional de la izquierda, el que siempre ha defendido los intereses de la mayoría social, levantando una vez más la ilusión entre los jóvenes y entre los trabajadores británicos. Estoy convencido de que este afianzamiento en el giro a la Izquierda que desde el principio dio Corbyn, no sin trabas en sus propias filas, ha ayudado a este positivo resultado.

El Partido Conservador, aunque haya ganado las elecciones, en realidad las ha perdido. Para May, Primera Ministra que gobernaba con una mayoría absoluta y convocó las elecciones convencida de que arrasaba en los resultados y se fortalecía en las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit, el resultado la coloca en una posición débil e inestable y se puede considerar que para el Partido Conservador el resultado ha sido un fiasco político con repercusiones en el Reino Unido y en Europa de imprevisibles consecuencias.

Hay dos cosas que se pueden afirmar hoy: que la Unión Europea está en mejores condiciones para la negociación y que en el plano nacional está en minoría en el Parlamento, necesita o un gobierno de coalición o un acuerdo parlamentario porque para la mayoría absoluta necesita ocho votos de otros Partidos, es posible que lo intente con el Partido Liberal o el Partido Unionista Irlandés,  lo más fácil será hacerlo con este último porque en el conflicto irlandés, el DUP es probritanico (antiguos colonos británicos que fueron a Irlanda a colonizarla).

La debilidad del Partido Conservador es positivo también porque hace difícil mantener la intención de May de no aplicar en el Reino Unido la Convención Europea de Derechos Humanos bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. El resultado sitúa al Partido Laborista en un escenario más favorable para su trabajo parlamentario y su discurso a la ciudadanía británica.

Los resultados electorales en Escocia tienen para mí un sesgo muy importante porque cae significativamente El Partido Nacionalista Escocés y sube el Partido Laborista. Escocia ha sido históricamente un territorio laborista, hasta que en las elecciones de 2015 el Partido Laborista estuvo cerca de desaparecer parlamentariamente hablando. Fue una región altamente industrializada que las políticas de Margaret Thatcher asoló. Que los Laboristas se hayan recuperado allí es significativamente  muy importante para la izquierda británica.

En relación con el Partido Laborista, su avance es muy significativo y frente a los negativos augurios y el acoso al que lo ha sometido los medios de comunicación de masas y los poderes ocultos es el ganador de estas elecciones,  aunque en términos absolutos las haya perdido, nadie se esperaba estos resultados. Este avance tiene una importancia objetiva clarísima, en el sentido que desmonta que la única política posible era la tercera vía de Blair y sus programas liberales, restituye la autoridad del Secretario General y debe apaciguar y cerrar la cohesión del Partido Laborista, superando todos los problemas por los que ha pasado. Se abren ventanas de aire fresco, tras estos resultados en Reino Unido, la experiencia de Gobierno en Portugal y el resurgir del PSOE en nuestro país.

Para este significativo avance en mi opinión han jugado cuatro elementos centrales, que son: un claro programa antiausteridad socialdemócrata planteado desde una óptica de izquierdas, una respuesta participativa muy fuerte de la juventud en la campaña, con una importante afiliación de la misma al Partido Laborista, el papel de la candidatura de Corbyn en las redes y la implicación de miles de voluntarios y el importante papel que han jugado los Sindicatos británicos en la campaña.

En el Reino Unido, históricamente hablando, existen Federaciones Sectoriales, no la Confederación, que tienen una afiliación colectiva al Partido Laborista, lo deciden en sus Congresos y pagan cuotas al Partido sobre el número de afiliados que tienen. El papel de estas Federaciones ha sido muy activo en esta campaña electoral.

Finalmente si lo vemos desde el cuadro general de los resultados y en lo concreto los resultados del Partido Laborista podemos sentirnos muy satisfechos, es una buena noticia para el socialismo en Europa y una muy buena noticia para los socialistas españoles.

Manuel Bonmati Portillo

Militante de la UGT y afiliado del PSOE en Madrid

Agrupación de Ciudad Lineal-Madrid

 

 

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Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados

El pasado lunes, 19 de junio tuvo lugar en la localidad de Sant Boi de Llobregat la presentación de la Comisión Internacional en Defensa de los 300. Se trata de una comisión formada por sindicalistas, abogados, trabajadores y trabajadoras que luchan por la abolición de la actual regulación en materia laboral que ataca gravemente sus derechos y libertades.

La degradación del Estado de bienestar y de derecho a partir del triunfo en las elecciones generales por parte del Partido Popular el 20 de noviembre del 2011 y posterior aplicación de sus consiguientes reformas de destrucción del mismo, siguiendo las directrices encomendadas previamente por la Troika, aún no ha llegado a su fin.

Una de las reformas más agresivas y que más atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos, la Reforma Laboral del año 2012, tenía y sigue teniendo como principal objetivo quebrar el modelo de relaciones laborales y el principio fundamental de las mismas, el principio de la negociación colectiva. Sin embargo, los ataques demoledores hacían los derechos de los trabajadores no pararon aquí.

El Gobierno y su ventanilla de actuación rápida, es decir, la Fiscalía, llevan a cabo desde hace años una persecución de quienes de forma legítima luchan por sus derechos y por los derechos de sus compañeros. Los ataques llevados a cabo y por los que más de 300 sindicalistas fueron sentenciados al pago de multas o penas de cárcel o están a la espera de juicio son diversos, desde el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos en huelgas o en aplicación de la Ley Mordaza, hasta sentencias firmes por coacciones o lesiones haciendo uso de una regulación torticera del Real Decreto ley 17/1977, legislación preconstitucional, y del Código Penal artículos 315.3 y 172 que atacan el derecho fundamental a la libertad sindical estipulado en el artículo 28.2 de la Constitución Española como un derecho subjetivo, según las STC 137/1997 de 4 de marzo; STC 11/1981; STC 137/1997 llevan desde el año.

Respecto a dicha normativa actualmente hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que tiene como objetivo reformar la legislación anteriormente planteada y abolir la criminalización de los sindicalistas por defender sus derechos.

Un grupo de abogados pertenecientes a los sindicatos UGT y CCOO buscaron una estrategia común para defender a los compañeros que sufren tales ataques no sólo en el territorio español sino a nivel internacional, creando una Comisión Internacional que sirva como medida de presión que tenga como última consecuencia la abolición de tal regulación por falta de legitimación democrática. Este grupo de abogados cuenta con el apoyo expreso por parte del Centro de abogados de Atocha de Madrid y de Jueces para la Democracia.

Intervinieron en la presentación de la comisión la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret que denunció los ataques reiterados del Partido Popular hacia los derechos fundamentales, criminalizando y persiguiendo a los ciudadanos de forma vergonzosa tanto desde aspectos legislativos como aplicativos. El Secretario General del Sindicato CCOO del Baix Llobregat Josep María Romero y el Secretario Comarcal del Sindicato UGT del Baix Llobregat Carlos de Pablo.

Uno de los puntos más importantes que se trataron en la presentación fue el inminente juicio a dos compañeros sindicalistas, Ruben Ránz y José Manuel Nogales a los que, en aplicación de la regulación tratada, la fiscalía les solicita una pena de 7 años de cárcel por participar en piquetes de huelga.

En la presentación intervinieron también los partidos políticos ERC, PSC i En Comú Podem, mostrando su total apoyo a las 300 personas encausadas de manera ilegítima, dando apoyo a la presentación de la Comisión firmando el escrito de constitución y defensa de los 300 para dar a conocer a la comunidad internacional la baja calidad democrática del Estado español y su regulación en materia laboral.

Mihai I. Fodor

 

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Un tiempo nuevo para el socialismo

El resultado de las Elecciones Primarias para elegir la Secretaria General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha supuesto un claro triunfo de la militancia socialista y un rotundo fracaso de la conjunción interna y externa que desplego todo tipo de maniobras e injerencias durante todo el proceso para impedir que el anterior Secretario General se alzara con la victoria. El 21 de mayo de 2017 se recordará en el PSOE como el día que Pedro Sánchez regreso a la Secretaria General respaldado por la mayoría de la militancia, ha obtenido un resultado incuestionable: ha superado el 50% de los votos.

En los últimos meses se ha vivido en el PSOE uno de los periodos más dramáticos desde la conquista de la democracia en nuestro país, las bochornosas y desleales actuaciones que truncaron el mandato del Secretario General, elegido directamente por los afiliados, y que culminaron en el Comité Federal del 1 de octubre. Y qué facilitaron la Investidura de Mariano Rajoy y la formación de un Gobierno del Partido Popular (PP), con la imposición de la abstención a la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista.  Estos hechos fueron auspiciados por algunos dirigentes y exdirigentes del PSOE y amplificados   por grupos mediáticos y financieros.

La Comisión Gestora debía haber ceñido su mandato extraordinario a garantizar la gestión cotidiana del partido y tener como prioridad urgente restablecer el funcionamiento democrático y la cohesión interna. Pero se le prolongo de forma injustificada su mandato y se le atribuyeron funciones que no le correspondían. La Comisión Gestora retrasó la convocatoria del Congreso y de las Elecciones Primarias, esta era su función primordial y sin solución de continuidad se convirtió en el soporte de la candidatura de Susana Díaz, incumpliendo su deber de mantenerse neutrales. Ante el malestar creciente entre los militantes y simpatizantes eran muchas las voces que auguraban la deserción masiva de los afiliados o la fractura del socialismo español.

La realidad ha desmotado todas estas maniobras y refutado las campañas mediáticas que anunciaban el fin del PSOE. Una realidad construida por el compromiso, la voluntad y la entrega de miles de militantes socialista que han levantado un potente movimiento de rechazo de la abstención regalada a Mariano Rajoy y al PP y de exigencia de la celebración del Congreso y de las Elecciones Primarias.

Un movimiento que ha puesto a la luz las profundas raíces populares del socialismo y la grandeza de sus principios y valores. Y la determinación de los afiliados de luchar por un PSOE autónomo, unido y participativo, en el que se respete la democracia interna y su participación en la toma de decisiones. Un modelo de partido de y para los afiliados frente a otros modelos basados en el control interno por cuadros y especialistas del poder institucional.

Esta gran movilización de los militantes y simpatizantes del PSOE que  se ha  articulado a través de diversos grupos o plataformas a lo largo de todo el país es la que ha empujado a Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaria General, frente a los apoyos de la mayoría de las estructuras orgánicas a las otras candidaturas .Dentro de esas iniciativas autónomas desplegadas por los afiliados del PSOE   hay que reseñar, por su valor cuantitativo pero sobre todo cualitativo, el papel de los militantes socialistas afiliados  a las organizaciones sindicales , que de forma individual impulsaron el “Manifiesto de Sindicalistas con Pedro Sánchez” al que se adhirieron más de mil sindicalistas pertenecientes a UGT, CCOO y a otras diez organizaciones sindicales.

Ante la próxima   celebración del 39º Congreso Federal, con la   propuesta programática de la candidatura de Pedro Sánchez “Por una nueva socialdemocracia”, asumida como ponencia base y miles de enmiendas aportadas por la militancia que deben de ser debatidas e incorporadas a las resoluciones congresuales, se abre la oportunidad de consolidar un nuevo tiempo para el PSOE iniciado   con el resultado de las Elecciones Primarias.

Un tiempo nuevo para regenerar el socialismo, basado en sus valores de justicia social, igualdad, solidaridad y libertad. El PSOE tiene 138 años de vida, con una historia forjada en la lucha por la paz, la democracia, las reformas sociales y la trasformación real de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y sus familias. Desde su fundación la mayoría de los derechos y conquistas sociales han sido planteados por los socialistas.

Las resoluciones del 39º Congreso Federal deben desarrollar los objetivos estratégicos y que, junto con la elección de la Comisión Ejecutiva Federal, posibiliten afrontar con éxito los retos sociales, económicos y políticos que tienen nuestro país y Europa. El mundo cambia y el socialismo debe cambiar con él o acabaran dándole la espalda aquellos a los quiere representar, los trabajadores y la juventud.

Hay que plantar cara al futuro, el futuro no está escrito y va a depender de lo que hagamos nosotros en el presente. La socialdemocracia tiene que construir una alternativa basada en la justicia social a la globalización económica, que la revolución tecnológica beneficie al conjunto de la sociedad, porque el trabajo tenga un futuro decente y luchar contra las injusticias y la pobreza.

La regeneración ideológica y política del socialismo exige un rechazo firme de las políticas neoliberales y conservadoras. Y situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. En las actuales circunstancias caracterizadas por el alto volumen de desempleo, la precariedad del empleo, los bajos salarios y el aumento de las desigualdades y el riesgo de pobreza, con un Gobierno del PP que se encuentra inmerso en diferentes escándalos de corrupciones. Por eso es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable a las políticas de la derecha.

El objetivo estratégico es impulsar un nuevo modelo económico y social, justo y sostenible. Dar alternativas a los problemas territoriales existentes; establecer políticas redistributivas del crecimiento económico para corregir las desigualdades; reforzar la cohesión social; garantizar la igualdad de género, las pensiones, la protección social y los servicios públicos. Restablecer los derechos sociales, laborales y sindicales, para ello es necesario y urgente la derogación de las reformas laborales, de pensiones y la LOMCE del PP. Revertir los recortes de los derechos y libertades de la “Ley Mordaza” y abolir el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza la Libertad sindical y el derecho de huelga.

Las políticas de alianzas van a ser determinantes en el futuro inmediato, para defender las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. Pues parece improbable que tanto el PSOE como Unidos Podemos puedan formar gobierno por separado. Ya se vio en marzo de 2016 con el fracaso en la Investidura de Pedro Sánchez por no apoyarla Unidos Podemos y lo mismo se prevé que pase ahora con la moción de censura impulsada por la coalición de Iglesias, y presentada a espaldas de los socialistas. La unidad y la cooperación de la izquierda pueden generar una perspectiva real de cambio que ponga fin a la larga etapa de gobiernos de Rajoy y del PP.

Toni Ferrer

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Resolución de Urgencia del 39º Congreso. Derogar el 315.3 del código penal.

El sentir sindicalista, que no es lo mismo que las organizaciones sindicales, se ha hecho presente en el proceso de Primarias y en el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Fueron 1030 sindicalistas, con doble militancia: sindical y socialista, afiliados a una docena de organizaciones sindicales diferentes, pero con el común denominador de pertenecer al PSOE quienes lanzaron el Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez” (publicado en Tribuna Socialista), en el que se recogen las demandas más sentidas en el mundo del trabajo, como pueden ser: la exigencia de garantía para el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, para lo que habría que derogar el Artº 135.3 de la Constitución; exigencia de blindar el Sistema Público de Pensiones, para lo que habría que derogar, como mínimo, la reforma de 2013; la exigencia de reequilibrar la correlación de fuerzas entre sindicatos y patronales, derogando la reforma laboral de 2012, particularmente en lo referido a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y el restablecimiento del principio de ultractividad; exigencia de proteger el derecho de huelga, criminalizado por el Artº 315.3 del Código Penal, artículo que es urgente derogar.

Este trabajo, que se hizo sin el menor apoyo de las organizaciones sindicales, pues bajo ningún concepto se han inmiscuido en el proceso interno del Partido, se hizo a título individual de cada militante firmante del Manifiesto. Trabajo de lucha que han continuado los 15 delegados y delegadas al Congreso Federal, que fueron elegidos/as por su territorios, y ha tomado forma en la siguiente Resolución de urgencia que fue aprobada por unanimidad del plenario de delegados y delegadas:

 


El 39º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español Resuelve:

La desigualdad, el paro cronificado en cifras insoportables, el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil cercano al 40%, el retroceso en el gasto público, el avance de la pobreza entre los asalariados, así como algunas iniciativas de economía colaborativa que esconden explotación, afectando esto último especialmente a los autónomos, hace necesario que el PSOE avance en el proceso de recuperación del socialismo democrático que iniciamos el pasado día 21 de mayo.
No podremos avanzar si a los pueblos que componen el Estado español se les empuja a la confrontación en ellos. Y eso es lo que el PP y los gobiernos presididos por Rajoy han generado con su política inmovilista ante las aventuras en las que las fuerzas secesionistas han metido a su pueblo; para tapar ambos sus políticas de recortes.

Mientras nos enfrentan ni el PP ni el Gobierno de la Generalitat afrontan las necesidades de los más desfavorecidos, no se avanza en el reequilibrio de la legislación laboral; desequilibrada brutalmente por la reforma laboral de 2012, reforma que es perentorio derogar. Mientras nos enfrentan, no podemos defender nuestro sistema público de pensiones, el cual se pretende devaluar hasta dejarlo en un sistema de beneficencia. Mientras nos enfrentan no podemos echar atrás las leyes que han restado libertades y derechos.

Es el caso de la utilización perversa del Artº 315.3 de Código Penal, que criminaliza el derecho constitucional de huelga, por el que se ha encausado a más de 300 trabajadores, como es el caso de los conpañeros de Madrid: Rubén Ranz y Jose M. Nogales, a quienes el Congreso envía toda su solidaridad para afrontar el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles día 21, en el que se enfrentan a una petición de 14 años de cárcel.

Comité de Redacción TS

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Para defender nuestro partido: Ganar el congreso

PEDRO

A las 22:30 del dia 21 de mayo el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, anunciaba los resultados oficiales de las primarias, a esa hora cientos de agrupaciones socialistas celebraban el triunfo de Pedro Sánchez, como el candidato que representa la voluntad mayoriataria de los militantes de recuperar el PSOE para la militancia y el socialismo.

Como ya se intuía en la recogida de avales los resultados apuntaban muchas posibilidades de que los militantes impusieran su voluntad por encima de las presiones del rancio aparato y los grupos de presión que han intentado inclinar la balanza del lado de los que quieren hacer del partido socialista un instrumento en manos de los enemigos de los trabajadores, de la juventud y de los mas desprotegidos.

Resulta revelador ver como se han invertido los resultados de los votos en relación con los avales, en algunas comunidades autónomas especialmente en aquellas que están gobernadas por dirigentes que han ocupado la primera fila de la defensa de Susana Díaz, en Andalucía Pedro Sánchez gana 3770 votos mas que avales, mientras que Susana Díaz pierde 1439 votos en relación con los avales obtenidos, en Extremadura, Castilla la Mancha, Aragon y Asturias, comunidades todas con presidentes autonómicos que apoyan Susana, los militantes han escogido a Pedro Sánchez, aventajando a Susana Diaz por cientos de votos, dado la espalda a los dirigentes territoriales.

El triunfo de Pedro Sánchez es un triunfo de un alto contenido político, Pedro Sánchez ha ganado las primarias a los planes del capital financiero, tras demostrar en multitud de actos que la abstención para facilitar la formación de gobierno a Rajoy fue un grave error, por renunciar a ser alternativa al PP, Pedro Sánchez se ha comprometido ha derogar la reforma laboral y la LONCE, ha recogido propuestas de militantes y simpatizantes socialistas, ha pedido la dimisión de Rajoy y se ha comprometido a que los votos socialistas no servirán para hacer políticas de derechas, reconociendo el carácter plurinacional del España.

Pedro Sánchez gana con el compromiso de echar a Rajoy y poner rumbo a la Moncloa y recuperar los derechos que el gobierno del PP nos ha arrebatado.

El triunfo de los militantes socialistas sobre los partidarios de que PSOE colabore con el PP en nombre de una supuesta estabilidad, demuestra de que la mayoría social puede impedir que se sigan aplicando políticas de retroceso social y político, evitar enfrentar a los pueblos del estado español entre si que provoca Rajoy.

Tras los resultados de las primarias la editorial del periódico El País, del día 22, en tono insultante, asemeja a Pedro Sánchez y sus partidarios con la ceguera en contraposición a la razón de los “hechos”, con el Brexit con el referéndum colombiano y con Trump.

Los editorialistas del mencionado periódico, otorgan un papel más al PSOE y reclaman la utilidad de nuestro partido para que “en el momento en que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos”, es decir el papel que El País reclama para el PSOE es por un lado, que se alineé con las politicas del capital financiero para continuar con las politicas de austeridad y recortes, ampliamente protestadas por trabajadores y sus sindicatos y por otro lado, una alianza, como tubo con Rubalcaba con Rajoy, para negar el derecho a decidir, demandado ampliamente por el pueblo de Cataluña.

Pero los hechos son tozudos, los militantes quieren que su partido eche al PP del gobierno, porque representa la corrupción, la malversación del dinero público, el recorte de libertades y derechos laborales, los militantes exigen la derogación de la reforma laboral y LONCE, quieren que se les garanticen las pensiones y la sanidad pública. Pedro Sánchez ha dejado claro que quiere un partido autónomo que decida sus propias políticas.

La editorial del ABC del 22 de mayo, tambien hace referencia a los resultados de las primarias, destacamos dos de sus conclusiones, la primera es que, según el ABC “reconducir a esta militancia al aprecio por los valores de la política de pacto con la derecha ha sido imposible”, quiere decir eso que han estado interviniendo o van a dejar de intervenir en la vida interna del partido socialista? no lo sabemos pero mas adelante la misma editorial apunta, ” ya no valdrá ver la discordia interna del PSOE desde la barrera”, quiere decir esto que intensificaran la presión para que la voluntad militante y la autonomía del nuestro partido no sea respetada, ¿están marcando línea a algún sector de nuestro partido?.

Tras el 1 de octubre, ganar las primaria ha sido el primer objetivo. Los delegados elegidos al congreso debe reflejar las proporciones de los votos en cada federación y asegurar de esta forma que la mayoría de delegados elegidos se corresponde con las proporciones de votos expresados en las primarias.

Se puede dar las circunstancia de que los aparatos territoriales quieran imponer delegados al congreso que no se correspondan con los resultados de las primarias y el secretario general elegido por los militantes se encuentre en un congreso que le condicione política y organizativamente las políticas a realizar.

Propongamos en los congresos de las federaciones a los delegados comprometidos con el proyecto de cambio propuesto por Pedro Sánchez, defendamos el nuevo modelo de partido, preparemos el partido para echar a Rajoy del gobierno y abrir una nueva etapa para la mayoría social de nuestro país.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

A GANAR EL 39º CONGRESO

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Tribuna Socialista: Especial Primarias

TSEspecialPrimarias

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Sindicalistas socialistas con Pedro. Adhiere al manifiesto.

sindicalistas

Para adherirse al manifiesto, enviad un correo electrónico a

psoeyderechoslaborales@gmail.com

 

Militantes comprometidos con la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras, socialistas, afiliados y afiliadas del PSOE, tomamos partido por el proyecto “Por una nueva Socialdemocracia” que encabeza Pedro Sánchez.

Lo hacemos por convicción en un proyecto que reclama soluciones desde la política a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad: los asalariados, los desempleados, los pensionistas, los autónomos y sus hijos e hijas.

Como acertadamente se expresa en el documento “Por una nueva Socialdemocracia”, son muchos los retos que el Partido Socialista Obrero Español debe afrontar: la lucha contra la precariedad laboral, el paro, la desigualdad, la pobreza, el impacto de la evolución tecnológica en la organización del trabajo y en el empleo. Avances tecnológicos que deberían orientarse a la mejora de las condiciones de vida y no sólo a maximizar el beneficio empresarial.

Coincidimos en señalar como un peligro para la democracia y la convivencia pacífica, el avance de la derecha extrema y xenófoba, que está aprovechando estos años de larga crisis económica para sembrar el miedo, reacciones nacionalistas, proteccionistas y autoritarias.

De igual modo, estos años de crisis han sido aprovechados por el capital, para avanzar en la explotación de los trabajadores, consiguiendo desequilibrar las relaciones laborales con reformas como la impuesta por el Partido Popular en 2012, reforma que es prioritario derogar, para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales: restableciendo la preponderancia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa; siendo uno de los efectos más perniciosos el fomento de las “empresas multiservicios”, pensadas para burlar la negociación colectiva,  restituyendo el principio de ultractividad, y echando atrás las facilidades que da a las empresas en el despido, tanto individual como colectivo, que estas reformas introdujeron, entre otros muchos conceptos.

Es a partir de la entrada en vigor de estas reformas laborales cuando se ha precarizado el empleo y se han devaluado los salarios. Ésta es una de las mayores causas por las que acertadamente Pedro Sánchez señala con preocupación que nuestra juventud está siendo marginada. Necesitamos un pacto intergeneracional por el Medio Ambiente, las Pensiones, la Educación, la Formación Continua, para recuperar el horizonte del pleno empleo, combatiendo el alto índice de paro actual, para lo que no hay mejor receta que la reducción de la jornada, sin detrimento de la remuneración. Es especialmente preocupante el paro juvenil que se mantiene por encima del 40 por ciento para los menores de 25 años. Esta “hipoteca social” que ha instaurado el gobierno del Partido Popular es inaceptable; desempleo cronificado, cifras de paro que no bajarán del 17 por ciento en los próximos años, temporalidad estructural, que nos sitúa como “subcampeones” de Europa con un 26 por ciento del empleo existente. Insostenible para una sociedad que aún sigue inmersa en la crisis.

La precariedad laboral, los altos índices de paro, junto a la política de regalos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, están quebrando nuestro sistema público de pensiones. Por tanto es prioritario garantizar la suficiencia de los ingresos para lo que se debería derogar las reformas que a partir del año 2013 realizó el Partido Popular.

Las políticas económicas puestas en marcha, supuestamente, para hacer frente a la crisis, han ido dirigidas siempre contra los derechos de la clase trabajadora. Medidas que han ido acompañadas de otras leyes que cercenan la libertad de expresión y movilización. Es un ejemplo claro el uso perverso que desde la fiscalía se está dando, desde 2010, al artículo 315.3 del Código Penal, con el único objeto de criminalizar el derecho constitucional a ejercer la huelga. Y que tiene encausados a más de 300 trabajadores y trabajadoras; por ello es necesaria y urgente su derogación.

Pero los ataques a los derechos de la mayoría social no se han limitado al marco de lo laboral, también se han cebado con la protección social, particularmente desde la reforma constitucional exprés, que a través del artículo 135.3 subordina el gasto al pago de la deuda y sus intereses. Es este el origen de la caída de las partidas presupuestarias para la sanidad y la educación públicas, además de la abrupta reducción presupuestaria en otras partidas, como está ocurriendo en I+D + i, servicios sociales y atención a la Dependencia. Es preciso corregir esta filosofía austericida que impone dicha reforma constitucional, derogando este artículo, y fijando el objetivo más sobre el incremento de los ingresos que sobre la reducción de los gastos. Cambios en política económica que debieran ir acompañados de una suficiente y justa reforma fiscal, para una mejor redistribución de la riqueza y acabar con los altos índices de fraude fiscal.

El Estado necesita herramientas para que con la legislación adecuada, un Gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades. Por ejemplo, necesita un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una banca pública que haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica, que sufren millones de ciudadanos.

En definitiva, se propone un nuevo modelo económico, social y medioambiental sostenible, basado en la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

Defendemos un modelo de Partido basado en los principios y valores del socialismo y de la izquierda, autónomo y participativo. Son estos motivos, entre otros muchos, los que a los abajo firmantes (a título individual) nos ha llevado a recoger avales y a pedir el voto para la candidatura de Pedro Sánchez como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español.

Sindicalistas con Pedro Sánchez

(500 firmas a 1 de mayo de 2017)

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psoeyderechoslaborales@gmail.com

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Número 81 de Tribuna Socialista

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21-M: mucho más que unas primarias.

Las recientes debacles que han golpeado con dureza la socialdemocracia europea, primero en Holanda, y hace unos días en la primera vuelta de las elecciones francesas donde el Partido Socialista Francés ha pasado de gobernar a la irrelevancia política, deben servir para que los socialistas del mundo entero, desterremos de una vez el llamado socialismo liberal, que a golpe de pensamiento único, a menudo dictado por los poderes económicos y financieros, nos han llevado al descrédito electoral, y por tanto, a la pérdida de la confianza del electorado, que busca salidas a sus necesidades en un panorama en el que los populismos y la ultraderecha se sienten cada vez más cómodos.

El fracaso electoral de la socialdemocracia, en un país tras otro, hace necesario dejar de acompañar las políticas de la derecha bajo el chantaje de la estabilidad; nadie tiene en cuenta la estabilidad y la certidumbre que necesitan los trabajadores.

Tal es el caso de Holanda, que ya reseñamos en el anterior número de Tribuna Socialista, y también ha sido el caso de Francia. Aún recordamos como a Hollande se le calificaba como la gran esperanza de la socialdemocracia europea, y sin embargo hoy ha batido en récords de impopularidad al anterior presidente Sarkozy. La clave de tan sonada derrota en Francia se corresponde con una legislatura en la que el desempleo no ha cesado de crecer, una legislatura de ataques continuos a la clase trabajadora, con la modificación del contrato laboral francés (Estatuto de los trabajadores) a la que la clase trabajadora se ha resistido con uñas y dientes, y a una política económica dictada por el FMI y el BCE que cada vez encuentra más oposición en toda Europa. Además, recordemos que los atentados en Francia sirvieron de excusa para declarar un eterno estado de excepción que no ha servido para acabar con el terrorismo ni con la inseguridad y sí para recortar derechos y libertades de todos los franceses, aprovechando una mayor presencia policial no para mejorar la seguridad de los ciudadanos sino como herramienta para disuadir a todos los trabajadores franceses y la juventud que está luchando en la calle, defendiéndose de las políticas regresivas del gobierno Hollande-Valls.

Tras el Brexit el eurohartazgo crece día a día en toda Europa, y es la ultraderecha quien está rentabilizando electoralmente la voluntad mayoritaria de otras políticas, y la recuperación de la autonomía de la política monetaria y económica para mejor hacer frente la crisis. Está claro que, si la socialdemocracia sigue practicando el discurso de la “gobernanza” y las políticas de coalición con la derecha, el mazazo será terrible. Así lo entendemos desde Tribuna Socialista, y así lo entiende la mayoría de militantes que vemos en Pedro Sánchez el giro a la izquierda que esperamos, la defensa del poder de decisión de los militantes y la oposición al dictado de los mercados para mejor abordar los problemas de la mayoría social.

La vía de la gran coalición no es el camino, como tampoco lo es la vía emprendida por Podemos, más preocupada por adelantar al PSOE como referente de la izquierda, que por construir una verdadera alternativa a la derecha. El anuncio de PODEMOS de solicitar una moción de censura a Rajoy no tiene como objetivo echar a Rajoy de la Moncloa sino debilitar aún más a un PSOE, hoy dirigido por una comisión gestora comprometida con la estabilidad de las instituciones y amnésica respecto al sufrimiento de un tercio de la población. Ciudadanos por su lado, sigue practicando su lenguaje ambiguo que pretende confundir a la ciudadanía mientras apoya al PP y su corrupción.

No nos cansaremos de repetir que las primarias del 21 de mayo tienen una importancia fundamental. Todo el aparato del partido (y también el aparato que no es del partido) está volcado con las candidaturas de Susana Díaz y de Patxi López, para evitar el cambio de paradigma que la militancia y la sociedad espera del PSOE, es decir la recuperación del partido socialista para el socialismo.  Por el contrario, la militancia, agrupada en plataformas da su apoyo entusiasta y mayoritario en cada acto en favor de la candidatura de Pedro Sánchez.  La prensa, al servicio de los intereses del capital financiero se pronuncian sin ningún tipo de reparo por las candidaturas de Susana y Patxi, sembrando el discurso del miedo para evitar que P. Sánchez sea elegido Secretario General.  Los sindicalistas en cambio, dan mayoritariamente su apoyo a Pedro Sánchez, como lo demuestra el creciente apoyo que el manifiesto “sindicalistas con Pedro Sánchez” está obteniendo en toda España, con más de 500 firmas recogidas en poco más de una semana. Los sindicatos reclaman un cambio de políticas, que pase por la derogación de las reformas laborales, el desbloqueo de la negociación colectiva, y que evite que la pobreza siga extendiéndose entre asalariados y desempleados, mientras los beneficios empresariales aumentan.

El papel de los militantes del partido es esencial para la recuperación del partido. Tras la recogida de avales, hemos de ser activos el día de las primarias, votando y vigilando como interventores que el resultado del día 21 de mayo refleje fielmente la voluntad de los militantes. Debemos garantizar una presencia masiva y extensiva de interventores en todo el territorio, en todas las agrupaciones.

Y Tras las primarias hemos de elegir delegados/as al congreso del PSOE. Los que creemos en un modelo de partido diferente al actual, un partido de izquierdas y referencia de la izquierda, hemos de dejarnos la piel para  que las delegaciones que se elijan para el congreso defiendan ese sentir mayoritario de la militancia, que es el  que puede evitar que el Partido Socialista   Obrero Español siga los pasos del francés o del holandés.

Comité de Redacción

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Por una confluencia de proyectos

El 25 de noviembre pasado tuvo lugar una reunión en el Ateneo de Madrid, en la que se reunieron una treintena de socialistas, para reflexionar sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo en el PSOE, y en el conjunto de la izquierda, a lo largo de 2016 y en particular desde el Comité Federal del 1 de octubre.

De aquella interesante reunión, en la que se manifestaron diversas posiciones políticas, indudablemente de izquierdas, se ha venido manteniendo una relación de coordinación, de la cual ha nacido la iniciativa de llamar a la Unidad a los dos candidatos que a fecha de hoy han manifestado su decisión de presentarse a las Primarias.

El texto lo firman una serie de asistentes a aquella reunión de noviembre y está abierto a que se sumen todos aquellos compañeros y compañeras que compartan su contenido.

Cualquier socialista interesado en adherirse a esta carta nos   lo puede comunicar enviando un correo electrónico a tribunasocialista1@gmail.com

CARTA

La convulsa situación en el seno de nuestro partido, el PSOE, está llevando a un proceso complejo de cara a las candidaturas a las futuras primarias, a celebrar probablemente en mayo de este año.

De momento, dos candidatos han mostrado su deseo de competir en ellas, Pedro Sánchez y Patxi López y nos encontramos a la espera de que Susana Díaz termine de deshojar su particular margarita.

Siempre se suele comentar que lo que se deben contrastar no son personas sino proyectos. Resulta evidente que en el seno del PSOE actual existen dos que van a confrontarse en esas primarias y en el posterior Congreso.

Quienes legítimamente mostraron su empeño en el “No es No”, para evitar que Rajoy continuase en la Moncloa y quienes por el contrario se decantaron por la abstención que le permitiera continuar. Ganaron los segundos con lamentables actitudes que ya han sido analizadas, pero que conviene dejar atrás porque ahora lo que toca es avanzar.

En aquella batalla Pedro Sánchez y Patxi López caminaron codo con codo justo hasta el instante decisivo en el que el segundo dio un paso atrás cambiando su no firme por la abstención. Hizo el análisis de su cambio que debemos respetar, pero sin olvidar que hasta entonces ambos estaban defendiendo las mismas tesis.

Ahora Pedro Sánchez ha presentado un programa con el que se identifican buena parte de la militancia socialista y marca nuevos tiempos para el socialismo y la izquierda de nuestro país y la pregunta que nos surge es: ¿por qué dispersar fuerza si en esencia no se han manifestado diferencias sustanciales entre ambos proyectos? Muchos y muchas hablan de Unidad. Ciertamente la izquierda debe buena parte de sus vicisitudes actuales a la falta de unidad. ¿Tiene sentido no buscarla ante la situación que vivimos en el seno de nuestro Partido?

La respuesta resulta evidente; no. En esta difícil confrontación quienes tienen propuestas comunes deben hacer un ejercicio de responsabilidad para unir fuerzas.

Es por eso que desde este grupo que surgió de una reunión celebrada en el Ateneo de Madrid, que pretendía impulsar la necesidad de refundar el PSOE y recuperarlo para el socialismo y la izquierda, hacemos un llamamiento a Patxi López para que sume su proyecto y el respeto y reconocimiento que le tiene la militancia junto al mayoritario impulso que Pedro Sánchez está dando en esta dirección.

Les emplazamos a que se junten y unan sus fuerzas con un objetivo común, lograr ganar las primarias para conseguir un PSOE de izquierdas, coherente, creíble y autónomo. Un PSOE que sea capaz de recuperar la ilusión y la confianza de una amplia base social para ganarle la batalla a la derecha.

Le pedimos a Patxi López y sus seguidores que busquen la Unidad con Pedro Sánchez y los suyos porque eso garantizará una victoria segura.

Unidad que en estos instantes se concreta en un compromiso firme y claro por dar una respuesta positiva a la demanda de la derogación de la Reforma Laboral, anular el artículo 315.3 del Código Penal, reformar el artículo 135 de la Constitución y derogar todas aquellas medidas que han supuesto un retroceso en los derechos y libertades democráticas, no aprobar los presupuestos propuestos por el PP, el techo de gasto autonómico, ni llegar a ningún pacto que legitime el gobierno del PP. Todas estas demandas estaban incluidas en el espíritu del “No es NO”.

Primeros firmantes:

José A Iniesta, Toni Ferrer, Justo Villañe, Pedro Aller, Merche Huete, Roberto Tornamira, Antonio Herranz, Baltasar Santos, José Luis Uriz, Alfonso Abengozar, Jose Maria Buzarra, Vicente de Bustos, Mario Agustí, Agustin Valdivia Calvo, Eduardo Hernández, Francisco García Jiménez, Maria Luisa Peña Cobo, José Alfredo mesa Navarro, Manolo Bonmati…

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La mayoría quiere recuperar el Socialismo

El domingo 26 de febrero aparecía una encuesta en “El Periódico de Cataluña”, que refleja las preferencias de los votantes socialistas y también del total de la población para liderar el PSOE. Las dos variantes dan como ganador a Pedro Sánchez, incluso en Andalucía, según las encuestas, el preferido por los militantes es Pedro Sánchez.

Hay quien dice que las encuestas las carga el diablo. Sin embargo, lo que es innegable es la afluencia de militantes a los actos que Pedro Sánchez está realizando por todo el estado. Desde Xirivella a Dos Hermanas, pasando por Castellón, Pamplona, Madrid o La Rioja, en todos los sitios, cientos de militantes le muestran su apoyo con esperanza de que se recupere el PSOE para el socialismo, que se escuche a la militancia, y que se rompa con las políticas subsidiarias al PP. Dentro y fuera del Partido, las bases de afiliados y simpatizantes, ven en los planteamientos de Pedro Sánchez la recuperación de la unidad de la izquierda para liderar un proyecto de progreso para la mayoría social.

El papel de la militancia, agrupándose en plataformas, está siendo fundamental al abrir la posibilidad de que puedan expresarse aquellos militantes que no pueden hacerlo en sus respectivas agrupaciones, bien porque no se les convoca, bien porque se les convoca para que sean meros aplaudidores del mensaje oficial, o bien porque simplemente están cerradas.

Las plataformas de militantes están siendo elementos cruciales y activos en esta campaña, ayudando a construir y difundir las propuestas socialistas, neutralizando los intentos de acallar la voz de la militancia de los medios de comunicación de masas, en sintonía con la Gestora. Ni a la Gestora ni a los medios les gusta que se hable de plurinacionalidad, de banca pública, de independencia respecto a los dictámenes de los poderes financieros y de los lobbies, pero la marea de militantes agrupados en plataformas está sirviendo para recuperar el Partido.

Las primarias que vamos a vivir serán determinantes para el futuro inmediato, porque más allá de los afectos o simpatías que cada candidato pueda reunir en torno a su figura, está en juego si queremos un PSOE subsidiario del PP y las instituciones, o un PSOE que haga políticas socialistas, que aporten soluciones a los problemas de la mayoría social; que combatan la pobreza que afecta a un tercio de la población, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012; que hagan frente a la lacra de la insoportable e intolerable violencia machista; que defiendan el Sistema Público de Pensiones, frente a la propaganda que llega por tierra, mar y aire en pro de las pensiones privadas, por citar únicamente tres ejemplos.

En la fecha de cierre de la edición de este número aún no se sabe a ciencia cierta el método que se utilizará para que los militantes del PSC puedan participar de este proceso de primarias. Parece ser que hay acuerdo entre la Gestora y la comisión negociadora del PSC, en cuanto a la necesidad de que los militantes del PSC tengan que hacer una inscripción especial para votar en las primarias, lo que en la práctica significa un intento de influir en el resultado. A nadie se le escapa que federaciones como Andalucía y Catalunya son las que más militantes tienen. Las tareas de la Gestora, máxime en relación con la convocatoria de las primarias y del Congreso, debería ser democrática, limpia y además parecerlo.
Hay que reseñar que el hecho de que los militantes socialistas de Catalunya tengan que preinscribirse para poder participar en las primarias, es un hecho inédito en el socialismo español, que viene precedido por el apoyo masivo de los militantes del PSC al No es No, y que, sin duda, supondrá un obstáculo para que todos los militantes puedan participar.

La supuesta neutralidad del PSC, para no ser excluidos del proceso de primarias, no puede servir para imponer portavoces y organizadores de las plataformas nombrados desde la Dirección del partido, al margen de los propios militantes. El método de elección de los portavoces, impulsores y organizadores de la campaña de todos los candidatos debería ser claro y transparente; para ello, la mejor garantía es que sean los propios militantes quienes los elijan y los reconozcan como tales, porque mientras en Catalunya se pide “juego limpio” y “neutralidad”, un territorio en principio afín a Pedro Sánchez, en otros territorios, donde otros candidatos tienen más adeptos, las embestidas institucionales y las descalificaciones a Pedro Sánchez son terribles, y el control del aparato sobre el proceso de primarias carece de cualquier atisbo de neutralidad y juego limpio.

Estas primarias deben servir para que los candidatos fijen sus proyectos, para que los militantes participen de los mismos, para hacer del PSOE un instrumento útil a la mayoría de la sociedad. Para que sea el principio de una nueva etapa en la que el socialismo sea la alternativa a las políticas del PP.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº79: recuperemos el socialismo

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En defensa de la sanidad pública

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Remunicipalización sí, pero defensa del empleo también

El debate entre si lo público o lo privado es más o menos eficaz, incluso eficiente, es un viejo debate en el que la concepción ideológica marca la diferencia. Para un defensor de la iniciativa privada siempre será mejor externalizar servicios y descargar a la Administración, mientras que para alguien convencido de la necesidad de lo público siempre será mejor que la Administración preste el servicio de forma directa.

Probablemente, desde un planteamiento técnico existan ventajas y desventajas en ambos planteamientos, pros y contras. Por tanto, comienzo por decir que dependerá de qué servicios o sectores de la actividad y de qué objetivos y qué eficacia se busque: social o económica, incluso un equilibrio entre ambas.

El planteamiento sirve tanto para la Administración Central, la autonómica o la municipal, pues hay sectores de la actividad que comenzaron a externalizarse en la década de los 80 del pasado siglo que se producen en todos los ámbitos; un ejemplo claro es la limpieza de las dependencias públicas: de igual modo hay que limpiar un colegio, una universidad, los locales de una junta municipal o la sede del Ministerio de Defensa.

Desde un punto de vista económico, “a priori”, no parece que externalizar un servicio sea rentable, pues la empresa encargada de prestar el servicio, como todas las empresas que desarrollan una actividad económica, buscan obtener un beneficio. Por tanto, ese margen de beneficio vendría a sumarse al coste de la prestación del servicio. Esto que parece tan obvio es el factor que ha desencadenado la situación que vive la limpieza de las calles del municipio de Madrid, o la de los hospitales de la Comunidad, aunque en dependencias cerradas los efectos sean menos visibles.

El factor económico en un escenario de crisis como el que sufrimos desde al menos 2008, llevó a los gobiernos, particularmente del Partido Popular, a someter los pliegos de condiciones con las empresas a una auténtica “subasta al peor postor”, es decir se viene otorgando el contrato a la empresa que por menor importe puja. De tal manera que nos hemos encontrado con cuantías para prestar el servicio (la cantidad que el empresario pide, y recibe de la Administración por prestar el servicio) inferiores a la masa salarial incluyendo las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública; una auténtica temeridad.

Esta situación llegó a su punto más aberrante en el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de la Alcaldesa Ana Botella (2011-2015), cuando la diferencia entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo ofertado por la empresa adjudicataria se ha zanjado con despidos colectivos (EREs) y/o despidos temporales (ERTEs).

En el ejemplo aludido, la reducción de costes por el servicio de limpieza estuvo en torno a un 20% para la arcas del Ayuntamiento, sin embargo el deterioro del servicio es evidente, además del tremendo coste económico para los trabajadores y trabajadoras. La eficacia social saltó por los aires, en aras de reducir costes por parte de la Administración y el mantener el beneficio por parte empresarial.

Está claro que los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios dignos, prestados en condiciones dignas.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se ha abierto en muchos municipios el debate sobre Remunicipalización de servicios como la seguridad privada, la limpieza, los “Call Center”, etc.

 

Es evidente que a la vista de los resultados, teóricos y prácticos, en el ejemplo conocido de la limpieza de jardines y calles de Madrid Capital bien merecería la pena remunicipalizar dicho servicio, sacrificando el beneficio empresarial en lugar del empleo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía.

Dejando claro que no está en discusión la capacidad de los ayuntamientos, dentro de su autonomía, a municipalizar, externalizar o remunicipalizar servicios, nos encontramos con otro factor que también hay que tener presente, como es el jurídico, más concretamente el jurídico laboral. Pues son muchas las incertidumbres laborales que se abren ante la remunicipalización de un servicio público: ¿cabe la subrogación de los trabajadores que prestan el servicio? ¿en qué condiciones pasarían los trabajadores y trabajadoras contratados por una empresa privada a depender de un organismo público?

A la primera cuestión, y atendiendo al Informe del profesor Juan Carlos García Quiñones, de la Universidad Complutense de Madrid, de noviembre de 2015, solicitado por la UGT, “Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización de servicios”, queda claro que sí cabe la subrogación en base a lo expuesto en el apartado v) de las conclusiones del mencionado informe, apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo:

Una conclusión, en orden a la existencia de una transmisión de empresa, con la entrada en juego del régimen jurídico dispuesto en el artículo 44 del E.T. que entendemos debería defenderse desde el interés sindical, también, en el caso de implementarse un hipotético proceso de remunicipalización de servicios,…

El problema es que la subrogación recogida en el Artº. 44 del Estatuto de los trabajadores se enfrenta a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual debe garantizarse la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procesos selectivos transparentes, aspecto este último también abordado por el profesor García Quiñones en el informe antes aludido, en cuyo punto 5.1 En relación con el acceso al empleo público dice:

“…para el acceso al empleo público por cualquier modalidad contractual sometida al régimen laboral, deben respetarse los mismos principios que si se accede a la función pública, por alusión a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con el deber, además, de garantizar la publicidad de las convocatorias y de sus bases,…”.

Desde mi punto de vista, debe primar, por encima de todo, la garantía del empleo y el respeto de las condiciones sociales y salariales de los trabajadores afectados por la remunicipalización. Pues se produciría un rotundo fracaso si con la pretensión de aplicar el concepto de gestión directa de los servicios públicos, y tras criticar los efectos nocivos para el empleo y los salarios por la vía de la gestión indirecta, la consecuencia fuese la pérdida del puesto de trabajo de los actuales trabajadores de esos servicios, aunque estos tendrían la oportunidad de concurrir a las plazas que la Administración convocase para cubrir las plazas de empleo público; sea como funcionario sea como personal laboral.

Por otra parte, los trabajadores de las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas condiciones salariales sujetas a convenios colectivos, los cuales gracias al trabajo sindical, a lo largo de los años, han ido acumulando avances y mejoras que tiene como resultado una mejor retribución que la existen en el ámbito municipal. Con lo que además del riesgo de la pérdida del puesto de trabajo, hay que calcular la pérdida de poder adquisitivo que podría devenirse de una hipotética remunicipalización.

Existe la experiencia, quizás la más equilibrada, de las empresas de carácter privado pero de propiedad 100% públicas; un ejemplo cercano lo tenemos en el municipio madrileño de Alcobendas, donde la empresa Seromal S.A (Sociedad Anónima municipal de construcciones y conservación de Alcobendas), presta servicio de reparación de calles y dependencias municipales, limpiezas de las dependencias públicas y jardines, sin que intermedie la iniciativa privada y sin que los trabajadores y trabajadoras sean plantilla directa del consistorio.

En todo caso, la remunicipalización es una cuestión compleja, difícil de aplicar si se pretende dar satisfacción a todas las partes.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Arganzuela PSM-PSOE

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Salario y Empleo

El Instituto Nacional de estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2.016 en el 1,6%. Este inesperado incremento rompe la senda descendente de los precios en los últimos cuatro años superando claramente la media europea, aleja el riesgo de una caída generalizada de los precios (deflación) y confirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, además de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Debemos recordar que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos- hasta diciembre de 2.016- se situó en el 1,06%, lo que significa, según UGT, que los salarios perdieron en concreto medio punto de su poder adquisitivo.

Estos datos y la previsión de inflación del gobierno para el año 2.017 (en torno al 1,5%) descalifican la actitud de la CEOE- CEPYME y, particularmente, su oferta de crecimiento de los salarios para este año: “desde el 0% hasta el 1,5%”. Lo más grave es que los pensionistas también perderán poder adquisitivo en el presente año; en este caso perderán como mínimo el 1,3%, dado que el aumento para este año de las pensiones se ha situado en el 0,25%, así como, previsiblemente, los empleados públicos si no se modifican al alza sus retribuciones en el proyecto en discusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE- 2.017). Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos mantengan con firmeza la defensa de sus reivindicaciones que contemplan un moderado incremento de los salarios entre el 1,8% y el 3% para el presente año (en Alemania reivindican subidas del 4,5% al 6%) y sigan exigiendo el incremento de la cuantía de las pensiones, así como de las retribuciones de los empleados públicos.

En concreto, los sindicatos no sólo pretenden aumentar el poder adquisitivo de los salarios en este año; también pretenden recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios (9,4 puntos entre los años 2.008 y 2.014), así como recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por el aumento de la productividad, al margen de su aspiración a converger en salarios con la UE. Resulta evidente que, con estas cifras y porcentajes, el crecimiento y la recuperación económica esgrimida por el gobierno no llega de ninguna manera a los trabajadores (y menos a los más vulnerables), ni tampoco a los pensionistas y empleados públicos.

Por eso resulta comprensible la actitud sindical y, por el contrario, lamentable y cicatera la actitud de algunos empresarios. La CEOE-CEPYME sigue esperando que el gobierno resuelva sus problemas y, en coherencia con ello, no tienen ninguna urgencia en defender la autonomía de las partes y el diálogo social con los sindicatos. Eso explica que siga defendiendo que la totalidad de los beneficios obtenidos- por el aumento de la productividad en las empresas- vayan a parar exclusivamente a manos de los empresarios, lo que les permitirá mantener su actual (y favorable) participación en la renta nacional. También explica el retraso de las negociaciones para acordar con los sindicatos una referencia para negociar los convenios colectivos del presente año y su oposición crítica a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido en los años más duros de la crisis o que aumente el SMI, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la prestación por desempleo y la dependencia para nuestros mayores. En este contexto, y si nadie lo remedia, el choque de trenes resultará inevitable y la negociación colectiva en sectores y empresas, muy condicionada por la reforma laboral, se llevará a cabo sin una referencia salarial a nivel del Estado.

En este caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil (aunque se fortalecerá el músculo sindical en las empresas) ante una relación de fuerzas muy desfavorable por la fuerte oposición que ejerce el poder económico y financiero a sus reivindicaciones, así como por los poderes fácticos y el propio gobierno (la reciente, absurda y exagerada sobreactuación de la policía en Asturias es un ejemplo significativo) y, desde luego, por su propia debilidad orgánica y sus carencias y limitaciones en cuanto a su capacidad para movilizar a los trabajadores en torno a la negociación colectiva.

Como consecuencia, y si esta circunstancia se confirma, la nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pensiones, prestación por desempleo y dependencia tendrán una repercusión muy negativa en la problemática social, pero también en el crecimiento económico, el consumo interno y, lo que es más importante, en el empleo (el incremento salarial que proponen los sindicatos en absoluto es incompatible con el empleo). Efectivamente, el desempleo actual corre el riesgo de que se consolide en los próximos años, sobre todo cuando todo indica que el crecimiento económico en la UE se ralentizará en 2.017 al verse afectado por el Brexit, el precio del petróleo, el tipo de cambio, el estancamiento de la competitividad y el previsible empeoramiento del comercio internacional (efecto Trump y auge de los ultra populismos). No debemos olvidar que en 2.015 la UE soportaba 22,9 millones de desempleados, de los cuales 10,9 eran parados de larga duración (al margen del terrible desempleo juvenil) y que, a este ritmo, para volver a las cifras de paro anteriores a la crisis, necesitaríamos nada menos que 7 años más, sin mencionar el dramático desempleo y la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE.

Además del actual desempleo, preocupa mucho la grave crisis estructural relacionada con el incierto futuro del empleo. Según un estudio de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC- UGT), los procesos ya comenzados de automatización destruirán millones de empleos en el mundo en los próximos años. España es uno de los países peor parados en las proyecciones de la UE, junto a Austria y Alemania, y afectará a más de dos millones de puestos de trabajo de los existentes en la actualidad (12%). Esto se producirá no sólo en el sector industrial (el grado de robotización alcanza el 100% en algunas áreas de fábrica y sectores: por ejemplo el automóvil) sino también en el sector servicios y, en concreto, en tareas administrativas e, incluso, en el sector financiero. A pesar de estas cifras negativas, no faltan informes que hablan del potencial de la Revolución 4.0 en la creación de empleo. Según Randstad Research, la digitalización y la robotización crearán 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco años de los que 390.000 serán puramente STEM, término en inglés que hace referencia a las especialidades que tienen relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En concreto, serán beneficiados los trabajadores del Big Data (almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos); Cloud Computing (información en la nube); seguridad informática; mantenimiento de redes; diseño de aplicación de móviles; e ingeniería robótica inteligente con tasas de paro Cero y que seguirán siendo los más demandados. En relación con este asunto es muy ilustrativo que la Asociación Española de Robótica (AER) haya llegado a incorporar a su imagen pública el lema por demás positivo: Robots, ¡Create Jobs! (Robots, ¡cread empleo!). En resumen, y examinando la velocidad de estos cambios, resulta relevante que el Instituto McKinsey haya llegado a la conclusión de que la revolución de la información de hoy es 10 veces más rápida que la primera revolución industrial.

Ello nos lleva a la conclusión de que la rápida transformación de nuestras economías desafiará también el futuro del trabajo, lo que obligará a los interlocutores sociales a repensar su actividad  y a los sindicatos en particular a examinar su relación con unos trabajadores- dentro y fuera de los centros de trabajo- más flexibles, dispersos, digitalizados y sobre todo muy cualificados, al margen de que el 45% de los asalariados en la UE (en España el 35%) responden al perfil de técnicos, cuadros, mandos intermedios y directivos. Es comprensible que la UTC-UGT insista en que debemos responder a estos múltiples desafíos y amenazas, algunas ya presentes en la actualidad: destrucción de empleos debido a la robotización; aumento del trabajo sin horas fijas (contrato a cero horas); pérdida del control por `parte de los trabajadores al convertirse en simples herramientas de una máquina; alta precarización de los trabajos; dependencia de los servidores informáticos y proveedores de datos; debilitamiento del derecho del trabajo y de los sindicatos; combate a la centralidad del trabajo; incremento del autoempleo; aumento de las desigualdades; estancamiento de los salarios… Esta nueva realidad terminará también por abrir un debate (inevitable) sobre la reducción del tiempo de trabajo, el ocio y la cultura en un mundo nuevo y apasionante que, por sí solo, merece un comentario monográfico aparte.

En todo caso, para responder a estos retos en un mundo globalizado es necesario recuperar el internacionalismo sindical en contraposición con el capital globalizado, transformar a fondo nuestro modelo productivo y avanzar hacia la transformación de la industria, los procesos formativos y la cultura, con el propósito de que los trabajadores estén preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Debemos recordar que el 16,1% del PIB que representa la industria en España está muy por debajo del 40% alcanzado en la década de los ochenta y lejos también del 20% fijado por la Comisión Europea para el año 2.020.

Ofrecer alternativas a estos fenómenos inexorables requerirá el concurso de todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, universidad y expertos de todo tipo. El objetivo no puede ser otro que situar a España a la cabeza de la UE, de acuerdo con su PIB, lo que sólo será posible compitiendo a base de inversión tecnológica, conocimiento, cualificación, innovación y empleos de calidad contrastada y con derechos. En este papel resultan decisivos para bien y para mal los empresarios (consolidar el tejido empresarial); por lo tanto deben trabajar con altura de miras y abandonar la tentación de obtener beneficios a corto plazo a base de practicar el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además, deben asumir con todas las consecuencias el concepto de responsabilidad social en las empresas.

Por su parte, y en este escenario, el gobierno debe poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo (jóvenes y parados de larga duración), fomentar el cambio y la inversión productiva y apostar por el conocimiento y el diálogo con los interlocutores sociales, dando por hecho que en esta tarea tendrá el apoyo y el compromiso ilusionante de todos. Estas consideraciones desbordan el marco mediocre y sin alternativas que nos ofrece en estos momentos el gobierno Rajoy, incapaz de encabezar en la UE la lucha contra el desempleo. Tampoco la oposición política está a la altura de las circunstancias, al estar muy condicionada por una discusión agotadora sobre sus problemas internos y de liderazgo- que nadie sigue ni a nadie importa-, al margen de una realidad social tozuda y muy marcada por el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso, el Banco de España reconoce esta intolerable y grave situación sin respuesta conocida y creíble…

Antón Saracíbar

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¡La voz de los militantes ya tiene nombre y apellido!

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El PSOE no pude ser el acompañante de las políticas del PP

Cuando los y las militantes del Partido Socialista Obrero Español hemos secundado a Pedro Sánchez en el No es NO era para decir No a un Gobierno del Partido Popular que pretende continuar con su política de empobrecimiento de los asalariados, de deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas, de negar un futuro digno para la juventud, de ruina para los autónomos, una política de ataque constante a la clase trabajadora y a sus organizaciones.

Decíamos No a mantener la reforma laboral. No queremos maquillajes que permitan mantener los daños fundamentales de un cambio legal lesivo para los trabajadores; hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para echar atrás la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial; queremos derogar esas reformas para recuperar el principio de ultractividad de los convenios, para evitar que las patronales mantengan convenios paralizados durante años y años provocando la decadencia y deterioro de las condiciones de trabajo. De igual manera hay que derogar las facilidades contractuales, que llevan a que se tengan que celebrar 20 millones de contratos para que se genere ½ millón de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

Decíamos y decimos No a las tarifas planas y al conjunto de bonificaciones de la Seguridad Social a los empresarios, porque están llevando premeditadamente a la bancarrota al Sistema Público de Pensiones.

Decíamos No porque no estamos de acuerdo con los pretendidos copagos farmacéuticos que propone el PP.

El PSOE no puede ser la coartada permanente del Gobierno del Sr. Rajoy, para mantener la ley Mordaza a base de pequeñas concesiones a la galería. Ahí continua el Artº. 315.3 del Código Penal, mediante el cual continúan amenazados de cárcel casi 300 trabajadores por haber ejercido su derecho a la huelga. Es una manera directa de criminalizar un derecho constitucional.

El PSOE no puede continuar dando cobertura al PP en relación con el conflicto provocado tanto por el nacionalismo catalán como por el nacionalismo españolista. No podemos continuar “mareando la perdiz”, con juegos semánticos para que nada cambie.

Pedro Sánchez fue en 2014 una de las dos alternativas del viejo aparato. El mismo aparato que dejó inmediatamente de confiar en él por criticar el Artº 135.3 de la Constitución. Ese aparato que una vez más ha salido a defender a las instituciones del Estado, “costase lo que costase al Partido”; olvidando que la misión histórica del PSOE es velar por los intereses de la mayoría social desfavorecida.

Ante la rebelión democrática de las bases militantes, organizándose en plataformas, se viene a dinamitar este movimiento que representa ese NO es NO al Gobierno del PP y sus políticas, se “dinamita” el movimiento ilusionante generado tanto dentro como fuera del Partido.

No se trata por tanto de posiciones personales en torno a este o aquel candidato. Es una cuestión de posición política: es la necesidad de recuperar el partido para el socialismo, desde posiciones políticas socialistas y no de acompañamiento de las políticas del PP.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista 78

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Comité Federal 14-E: en juego la unidad del socialismo

El Comité Federal previsto para el 7 de enero se ha pospuesto una semana, y se celebrará finalmente el 14 de enero, según ha anunciado Susana Díaz. A estas alturas de la película no es de extrañar que Susana sea la que anuncie la fecha del Comité Federal, y que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, sea quien confirme la noticia. Ese es el estado de la democracia interna del PSOE.

La previsión de la gestora es que el Comité Federal fije “el conjunto de la agenda política” para los próximos meses, y que adopte “decisiones de carácter organizativo”, entre las que parece encontrarse la reformulación del protocolo de relación PSC y PSOE, para evitar que la militancia de Catalunya pueda participar del próximo congreso federal, que se plantea para no antes de Junio.

Mientras nuestro partido sigue hundiéndose en las encuestas, la Comisión Gestora, cuyo papel debiera ser la convocatoria de un Congreso urgente, convoca un Comité federal para definir la agenda política y plantear la expulsión de los socialistas catalanes de los órganos federales por defender lo que la gran mayoría de la militancia en todo el estado quería: No es No. Este es un nuevo ejemplo, ya no solo de falta de democracia interna, sino también de falta de visión política: una dirección federal que no acepta la discrepancia ni la pluralidad no merece seguir dirigiendo los designios del partido.

Día que pasa, el PSOE se hunde más, pero cueste lo que cueste, la actual dirección política que no ha sido elegida por la militancia, parece empecinada en proponer una agenda política, que en lo que se refiere a la política estatal va a pasar por dar el apoyo a los presupuestos generales del gobierno Rajoy.

A principios de diciembre ya se ha acordado el techo de gasto, acordando un límite del déficit del 0,6% en lugar del 0,5% que proponía el PP. No se trata ahora de discutir si aumentar una décima el déficit de gasto público es positivo o negativo, cuando lo que el PSOE debería hacer es no apoyar ni el techo en el gasto público ni apoyar los presupuestos generales que traerán nuevos recortes. No se puede fijar techo de gasto público mientras la sociedad siga lastrando con las políticas austericidas encomendadas por la Unión Europa.

Manos libres para seguir apoyando al gobierno de Rajoy en los presupuestos, para renunciar a cualquier posibilidad de gobernar para transformar la sociedad, expulsar o sancionar a todo aquel que no se discipline a los dictados de la gestora, y dejar pasar el tiempo para que cuando se convoque el congreso puedan contar con una mayoría de votos, dividiendo el partido, fragmentándolo y diluyendo la historia de nuestro partido y de la gente que ha dado la vida por el socialismo, en favor del poder financiero y la “estabilidad” de unas instituciones caducas y contrarias a los intereses de la mayoría social.

El combate más feroz en nuestra lucha de clases se libra hoy dentro del Partido Socialista. La militancia debe tomar la palabra, organizarse en plataformas coordinadas y dispuestas a recuperar el PSOE para el socialismo. Defender la unidad de los socialistas de todo el Estado y empoderar a la militancia de las decisiones fundamentales es la prioridad.

Baltasar Santos

 

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¿Qué significa el No italiano a la reforma de su Constitución?

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El resultado del referéndum en Italia no deja lugar a dudas: el 59,1% de los votantes han rechazado la reforma de la Constitución italiana, un rechazo que se sitúa en el 81% si cogemos a los jóvenes menores de 25 años como universo estadístico, lo cual indica claramente que Italia ha vivido un nuevo episodio de rechazo al “establishment” o poder establecido.

Con la mayoría de bancos italianos al borde de la quiebra, y una política que sigue los mandatos austericidas de la Unión Europea, el gobierno de Renzi buscaba un banderín de enganche en una reforma de las instituciones reformando la constitución, que si buscáramos paralelismos en nuestro país seguramente no nos sería difícil encontrarlos:

  • Pérdida del poder legislador de senado: Las leyes no necesitarían de la aprobación en el senado, con algunas pocas excepciones.
  • Disminución del número de senadores: Los senadores pasarían de 315 a 100 y serían elegidos entre los consejeros autonómicos y los alcaldes metropolitanos y no dispondrían de un salario por ejercer de senador.
  • Nueva ley electoral: Doble vuelta como en Francia para favorecer la “gobernabilidad” sin necesidad de acuerdos electorales.
  • Menor control parlamentario en las leyes que aprobara el ejecutivo.
  • Centralización del Estado: Se sustraían poderes a las autonomías en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras.
  • Supresión de las provincias (Diputaciones).

En definitiva, la reforma se apoyaba en una disminución de la administración pública, y un mayor poder centralizado en el gobierno, que permita aplicar más fácilmente las directrices de la Unión Europea y del capital financiero.

No es extraño que la central sindical mayoritaria y los jóvenes votaran No, como expresión de rechazo a la reforma pretendida pero también como rechazo a la política de Matteo Renzi, que aprobó una reforma laboral, contra la que se han convocado innumerables huelgas.

El resultado del Referéndum en Italia no es sino la manifestación clara de resistencia ante el desmantelamiento de los sectores públicos enmascarados en reformas institucionales cuyo único objetivo era convertir la Administración italiana en un mejor instrumento para aplicar las directrices del capital financiero representado en la UE.

Baltasar Santos

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Los militantes constituímos plataformas para exigir primarias y congreso. ¿y ahora qué?

Las plataformas no pueden defraudar a los militantes

Desde las páginas de TS venimos diciendo que nada sería lo mismo después del Comité Federal del 1 de octubre. En el citado Comité Federal el secretario general elegido por la mayoría de los militantes tuvo que dimitir, por negarse a entregar el Gobierno al PP.

El No es No se convirtió en el lema que concentra, todavía hoy, la oposición de la mayoría de militantes y votantes socialistas a la política del PP.

El fraude, la decepción, que representa haber facilitado el Gobierno del PP, ha hecho que miles de militantes hayan reaccionado creando plataformas que reclaman a la Comisión Gestora congreso y primarias con urgencia, al tiempo que exigen que la voluntad de los militantes sea respetada para devolver la normalidad democrática a nuestro partido.

El No es No ha sido expresado en el acto de Xirivella en Valencia, donde Pedro Sánchez ha propugnado que el PSOE se oponga al techo de gasto y a los presupuestos del PP. Y en el acto de Asturias ha reiterado el compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral, buscando la alianza con sectores del sindicato minero de nuestro sindicato hermano UGT.

Por el contrario, la Gestora orienta el grupo parlamentario socialista a acuerdos con el gobierno para mantener la LOMCE, que desde Rubalcaba todos los dirigentes socialistas se han comprometido a derogar. O para aceptar un salario mínimo interprofesional que burla las exigencias de los trabajadores y de los sindicatos, y además a continuación el Gobierno reglamenta que ese SMI no será referencia para nada ni nadie. Acuerdos que solo valen para dar legitimidad al gobierno de Mariano Rajoy que no representa a la mayoría social de este país. La abstención resulta ser Sí es Sí un día tras otro, causando indignación y rabia entre los afiliados y votantes socialistas.

De todos lados se reprocha a la Gestora que se atribuya funciones que no le corresponden. La primera es imponer una política que no es la de nuestros congresos ni la de nuestro programa electoral, que conduce al PSOE al precipicio. Pretende un PSOE doblegado al PP que renuncie a ser alternativa de gobierno y actúe como soporte de un gobierno cuya pretensión es continuar con las políticas de recortes aplicadas hasta ahora.

Las plataformas de militantes quieren recuperar su partido para defenderse de las políticas del PP, quieren recuperar el PSOE para el socialismo, pero la comisión Gestora viene retrasando la realización del congreso. Ante el clamor, ahora dice que será antes de verano y no vamos a pelearnos por unos meses. Pero no tiene ni puede tener mandato que la autorice a retrasar un congreso que ya tendría que haberse celebrado. Muchos socialistas se preguntan qué busca. ¿Espera que las plataformas de militantes se desanimen, se disuelvan? ¿Que haya un abandono masivo de militantes, para después convocar el congreso donde esté asegurado el triunfo de los aprovechados que están dispuestos a someternos al PP?

En esta situación es crucial el papel que asuman las plataformas provinciales, comarcales, locales… Por eso no faltan los intentos de neutralizarlas, mediatizarlas, anularlas, desnaturalizarlas y aislarlas a cada una en su rincón. Un empeño que, sea la que sea la intención, solo puede llevar el agua al molino de la Gestora. Pues es indispensable la iniciativa de los afiliados, de los cuadros, de las agrupaciones para ganar esta batalla. Que nadie les ponga cortapisas. Desde nuestras páginas y con nuestro trabajo militante, los que participamos en este boletín impulsaremos y ayudaremos a que las plataformas se conviertan en espacios de auténtica participación de militantes en las que estos aporten propuestas políticas que sirvan para recuperar el partido socialista para el socialismo.
Es necesario que las plataformas se doten de todos los medios para esta labor. Que se informen y apoyen mutuamente, que mancomunen el diálogo y las propuestas. No podemos sino estar de acuerdo con afirmaciones como ésta de una plataforma al constituirse estos días: “nos coordinaremos con otras Plataformas del resto del Territorio Nacional en un fin común”. Háganlo, coordínense, emprendan acciones comunes. Hasta donde haga falta, en todo el ámbito estatal, sí, bien dicho. Es una tarea esencial para lograr que la voz de los militantes sea atendida y respetada, evitando nuevas frustraciones de los afiliados y votantes, para elaborar las propuestas políticas que hagan ganar el congreso que tiene que convocarse con la máxima urgencia.

Comité de Redacción

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Nuevo número de Tribuna Socialista diciembre 2016.

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Con la universidad no se juega

ENTREVISTA A DIDAC RAMÍREZ CASAS

1º.- Joventut Socialista de Catalunya ha jugado un papel relevante en el XIII Congrés en el PSC, ganando en votación algunas resoluciones que la ponencia base no aceptaba. Concretamente, se aprobó una resolución orientada a que el acceso a la universidad deje de ser un privilegio. Explícanos. ¿cuál es la situación en la que se encuentran hoy los jóvenes que quieren acceder a estudios universitarios?.

Muchas gracias, ha sido un gran trabajo de todos, imposible no citar a mi compañero y corredactor de la resolución Adrian Sanchez, y del que nos sentimos muy orgullosos.

Los jóvenes que quieren acceder a la universidad, se encuentran en una situación injusta, que se agrava cuando ya han accedido a la universidad y de lo que se trata es de permanecer en ella.

Para garantizar el acceso a la educación cualquier país dispone de dos instrumentos: los precios y las becas. El PP renunció a regular los precios, permitiendo que de una C.C.A.A a otra los precios se tripliquen, y empeoró el sistema de becas.

Éstas no solo son insuficientes, sino que además se otorgan, según la CRUE, con criterios académicos únicos en toda Europa: se requiere un 5,5 para optar a beca en el acceso y un 6,5 para mantenerla durante la carrera, y con niveles de renta rallantes con la pobreza de solemnidad.

En resumen, se da poco, menos de los que se debería y con criterios muy restrictivos. ¿El resultado? 77.000 de estudiantes menos en universidades públicas en 4 años.

2º.- ¿Cómo se está favoreciendo actualmente a la universidad privada en detrimento de la pública?

Con los recortes. Las universidades públicas se nutren principalmente de las aportaciones estatales, el recorte de 1.500 millones estos 4 años y la pérdida de alumnos ha hecho que éstas pierdan recursos y por tanto calidad. Las privadas en cambio no se han visto afectadas. Añadamos a eso que el encarecimiento de las matrículas aproxima los precios y veremos porque en 8 años han aumentado un 550% los estudiantes de máster en ellas y en 4 años han entrado 6.000 estudiantes más de grado.

La reforma del 3+2 es otro caramelo para las privadas. Los másters han pasado a ser imprescindibles, y eso aumenta su demanda. Con unas universidades públicas desbordadas por la falta de personal, las únicas con capacidad de absorber esa demanda son las privadas.

3º.- Seguimos hablando de universidades. ¿En qué consiste la resolución aprobada por el congreso?

Es una resolución que busca tres objetivos. Garantizar el derecho a la educación. El acceso y permanencia en la universidad debe ser únicamente por criterios académicos, y por tanto buscamos que el precio de las matriculas tienda a 0 y que las becas se otorguen en base a criterios de renta. No obstante, pedimos que los criterios académicos de las universidades, y por tanto de aplicación a todos, ricos y pobres, se endurezcan. Así, todos tendremos las mismas condiciones, no como ahora que, si eres pobre, y por tanto becario, con suspender dos asignaturas debes dejar de estudiar.

Estabilizar la universidad. Hemos de trabajar para acabar con los recortes y que la universidad pueda auto gestionarse de verdad. Asimismo, debemos acabar con la precarización del cuerpo docente y administrativo. Es imprescindible permitir la contratación de nuevo personal y la estabilización del actual, si queremos una universidad de calidad.

Una universidad de confianza. Las públicas deben ser más transparentes y rendir cuentas de sus trabajos ante la sociedad, formando a sus estudiantes de la mejor manera posible, no solo buscando su ocupabilidad, y teniendo presente que la transmisión de conocimiento debe beneficiar a la sociedad en su conjunto, no solo al tejido empresarial. En resumen, queremos una universidad pública, de calidad y al servicio de la sociedad.

4º.- Hoy día, el posicionamiento del PSC y de los 15 diputados que votaron No y No en la investidura de Rajoy ha sido lo más aplaudido del congreso, y las intervenciones de las compañeras y compañeros defensores del NoesNo también han sido las más ovacionadas, porque es lo que piensa la mayoría de la militancia del partido. En toda España se están constituyendo plataformas de militantes para recuperar el partido. ¿cuál debe ser el papel de la juventud en esa reconstrucción?

 Debemos coprotagonizarla. Llevamos unos años en que, en mi opinión, el exceso de pragmatismo y posibilismo nos ha alejado de la gente más joven que nos ha acusado de incoherentes, mientras que la defensa del No es No ha demostrado que sí que lo somos. Es el momento de recuperar lo que a mí me hizo afiliarme al PSC y que también veía en el PSOE; la combinación de experiencia, ilusión, trabajo y voluntad de mejora, y de esto los socialistas tenemos de sobras. El empoderamiento de nuestra militancia es una oportunidad de oro para devolver el PSOE a su gente y retomar nuestros proyectos e ideales una vez más, y en todo ese trabajo los jóvenes sabremos estar a la altura.

Didac Ramírez Casas, Adjunto al área estudiantil de las JSC.

 Entrevistado por Baltasar Santos (TS Catalunya).

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POR LA CONVOCATORIA DE UN CONGRESO URGENTE EN EL PSOE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL XIII Congreso del PSC entregada a la Mesa del Congreso:

En el marco de la celebración del XIII Congreso del PSC se ha impulsado la firma de una resolución para exigir congreso urgente en el PSOE y para devolver a las bases del partido el poder de decisión conjuntamente con los órganos en que las bases decidan estructurarse. Así mismo, esta propuesta de resolución, avalada por más de un centenar de delegadas y delegados al congreso, saludan las iniciativas que se están tomando por toda España en la línea de recuperar el PSOE para el socialismo. Este es el contenido de la Resolución traducida al castellano, que en primera instancia iba a ser leída por la mesa del congreso, pero que finalmente no ha sido leída aduciendo una cuestión de reglamento.

“Dado que las políticas de austericidio que aplica la derecha no sólo se han demostrado inútiles para la mayoría social, al contrario, agravan la desigualdad y suponen un ataque constante contra los intereses, los derechos y las conquistas sociales de la ciudadanía.

 Dado que las presiones recibidas por parte de los principales operadores financieros, mediáticos e institucionales empujan a los socialistas a que seamos cómplices en pro de una supuesta estabilidad institucional y política que va en contra de los intereses de la mayoría social.

 Dado que la supuesta estabilidad institucional implica también un rechazo a los derechos nacionales y supone la limitación del derecho de los pueblos a decidir su futuro, y que esto imposibilita cualquier paso adelante para conseguir una estructuración federal del estado, en el que la libertad de los pueblos se concrete en una alianza fraternal y libre para construir juntos un futuro en común y dado que los socialistas entendemos la defensa de los derechos sociales y los derechos nacionales como un todo dentro de un país democrático, y afirmamos que no puede haber derechos sociales sin derechos nacionales ni derechos nacionales sin derecho sociales.

Dado que todas las presiones recibidas para dar apoyo al PP no tienen otro objetivo que no sea dividir o romper las organizaciones socialistas para evitar alternativas de gobierno diferente y para debilitar la esperanza de cambio que el socialismo representa.

 Dado que hoy, más que nunca, es necesaria la unidad de los socialistas para defender políticas progresistas, de lucha contra la desigualdad, de lucha contra injusticia social, y promover el diálogo fraternal entre los pueblos.

 Dado que el Partido Socialista Obrero Español, está sufriendo un divorcio entre lo que piensa la militancia y lo que expresan sus dirigentes, tal y como se refleja en las resoluciones aprobadas en muchas agrupaciones del PSOE, y en firmas individuales exigiendo que no se dé ningún apoyo al gobierno de la corrupción, por un lado, y las últimas decisiones de la Gestora y del Comité Federal, por otra.

 Dado que esta crisis interna no sólo debilita a los socialistas, sino que implica una renuncia a liderar cualquier alternativa de gobierno.

 Dado que la posición unánime del PSC lo ha convertido en una referencia coherente y positiva para muchos militantes y simpatizantes en toda España.

 El congreso del Partido de los Socialistas de Cataluña resuelve:

 Primero.- Exigir a la Gestora del PSOE que deje de tomar decisiones que no le corresponden y convoque de manera urgente Congreso extraordinario para restablecer la normalidad en los órganos de dirección del partido y por la elección por la militancia de una nueva secretaría general .

 Segundo.- Saludar fraternalmente todas las iniciativas que se vienen aprobando por la militancia en las diferentes agrupaciones del PSC PSOE, que exigen la recuperación de la democracia interna del partido dando la voz a los militantes y hacer que el mandato de los militante sea vinculante.

 Tercero.- Hacer un llamamiento a todas las federaciones socialistas del estado español para luchar juntos y garantizar la unidad de nuestro partido para restablecer los derechos sociales y las libertades sustraídas  por los Gobiernos del PP. y para no apoyar las políticas de enfrentamiento entre pueblos del PP.

 Cuarto.- Tender puentes al diálogo con todas aquellas fuerzas políticas que, desde la diferencia y pluralidad ideológica, busquen un cambio de políticas que partan del respeto al autogobierno, las necesarias profundas reformas institucionales, y la puesta en marcha de políticas económicas y sociales al servicio de la ciudadanía.

 Quinto.- Mandatamos a nuestros diputados y diputadas a dar prioridad en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales a llegar a los acuerdos parlamentarios necesarios así como con las organizaciones sindicales y movimientos sociales, a fin de derogar las diferentes reformas laborales, reformar el artículo 315.3 del código penal, la ley mordaza y a restablecer todas las reformas que significaron un retroceso para los derechos sociales y la libertad de la mayoría social.

 

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Un congreso tranquilo bajo la tempestad

Acaba de finalizar el XIII congreso del PSC en el que han participado más de 600 delegados y delegadas.

El congreso se ha producido en un momento histórico para el socialismo de Cataluña y de España. La firmeza con la que PSC ha mantenido el No es No a Rajoy, negando cualquier apoyo al PP, ha hecho que el PSC se convierta en referencia para miles de militantes socialistas en todo el Estado español.  Los aplausos clamorosos a los diputados y diputadas que han votado no ha Rajoy han demostrado, una vez más, que la inmensa mayoría de militantes socialistas no quieren entregar el PSOE a la derecha más reaccionaria y retrograda de los últimos tiempos.

Al congreso han asistido delegaciones socialistas de Baleares, País Valenciano, País Vasco, Castilla León, y dirigentes socialistas que se han mantenido fieles al No en la sesión de investidura de Mariano Rajoy.

Nuestros dirigentes han podido comprobar el soporte y la disposición de los militantes a llevar el combate contra las políticas de recorte de derechos y libertades hasta las últimas consecuencias.  Disposición que para nosotros significa derrotar al PP y abrir un nuevo tiempo en que las demandas de la mayoría social se vean satisfechas.

Más allá de los acuerdos para la composición de la Comisión Ejecutiva que integra a compañeros y compañeras de las candidaturas que han competido en las últimas primarias (Iceta y Parlón), el congreso ha tenido intensos debates como por ejemplo el debate sobre las universidades, sobre la legalización del cannabis, sobre la organización interna del partido, entre otras muchas.

De entre todas las resoluciones aprobadas saludamos especialmente la que reconoce Catalunya como nación, la que reconoce el carácter plurinacional de España, y la que apuesta por una reforma federal del Estado.

Sin embargo, este Congreso ha adolecido de varios puntos débiles:

-En relación a la propia organización, muchos delegados tenían serias dificultades para seguir las deliberaciones que los ponentes defendían al carecer de documentos escritos.

– También en el terreno organizativo, la imposibilidad de transaccionar enmiendas o resoluciones por cuestiones de reglamento, han limitado los debates e impedido algunas resoluciones más ricas.

En el terreno político, además de que algunos temas necesitarían de un más amplio debate, como por ejemplo, la legalización del cannabis; los corresponsales de Tribuna Socialista, y a su vez delegados al congreso, hemos echado en falta que no se entrara en los dos temas políticos fundamentales del momento:

Se ha evitado el debate sobre la defensa del derecho a decidir de los pueblos, y la ausencia de debate implica la ausencia de solución política a la actual situación, ya que no basta con reconocer, formalmente, España como nación de naciones. Si no es reconocido el derecho de los pueblos a decidir su destino no estaremos dando respuesta a una demanda fundamental de los pueblos de España. Además, pierde credibilidad nuestra propuesta federalista, pues no es creíble una federación entre pueblos que no haya sido decidida libremente por esos mismos pueblos federados.

Otro tema fundamental y no abordado en profundidad, ha sido como abordar las relaciones con el PSOE, dejando toda posible negociación para el día siguiente a la finalización del congreso. A nuestro entender, el PSC debería tomar la iniciativa para liderar la defensa del socialismo y la unidad de los socialistas de toda España.

Por último, lamentamos que la mesa del congreso no haya querido dar lectura a una propuesta de resolución firmada por más de un centenar de  delegados y delegadas, alegando que “no se contemplaba en el reglamento del congreso”. La propuesta se publica en este número de TS.

 

José A Iniesta  y Baltasar Santos

TS Catalunya

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Gobernar no será nada fácil y hacer oposición tampoco

La decisión, más problemática de lo previsto, del Comité Federal del PSOE de abstenerse ante la nueva investidura de Mariano Rajoy no ha dejado indiferente a nadie y ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación de masas y en la opinión pública. Sin embargo, muy pocos confían en que dicha investidura sea la solución a los problemas relacionados con la gobernabilidad de nuestro país. La situación es susceptible de agravarse dado que muchos militantes y ciudadanos indignados consideran que es una decisión equivocada a corto plazo, puesto que será muy difícil que el PSOE, al facilitar el gobierno de Rajoy, haga una oposición real en el parlamento. Incluso señalan que, a medio y largo plazo, este pronunciamiento puede ser muy contraproducente, porque puede acabar convirtiendo a este partido en una organización política muy poco relevante en el futuro de nuestro país.

Una vez conformado el nuevo gobierno, Rajoy debe elevar al parlamento los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año (PGE-2017), que deberán cumplir con las exigencias de Bruselas en cuanto a la corrección del déficit público para los próximos años, sin que ello deba traducirse en un menor gasto público, menos inversión y más austeridad y recortes; simplemente porque han fracasado estrepitosamente en términos económicos y sociales. Entre los asuntos más controvertidos se deberá tratar prioritariamente la situación de la Seguridad Social (pensiones); así como la cobertura del desempleo y la dependencia; el modelo económico, social y territorial (inversión pública, reforma laboral y financiación de las CCAA); el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); y la dotación de los servicios públicos, entre las medidas más importantes relacionadas con el gasto público.
En cuanto a los ingresos, el nuevo gobierno debe abordar, de una vez por todas, una reforma fiscal en profundidad que dote de mayores ingresos a las arcas del Estado. En este sentido será imprescindible que paguen más los que más tienen (Sociedades y grandes fortunas) y que paguen todos (lucha contra el fraude fiscal y contra la elusión y la evasión fiscal), lo que terminará por dejar en evidencia las pasadas rebajas fiscales llevadas a cabo por Rajoy por claros y mezquinos intereses electoralistas.

Esta va a ser la nueva realidad que deberá afrontar el PSOE en las próximas semanas, dando por hecho que si el PSOE se comporta como un verdadero partido de oposición el gobierno tendrá los días contados o, en el mejor de los casos, será un gobierno de escaso recorrido y a expensas de la decisión que pueda tomar Rajoy, que es el que podrá disolver el parlamento, a no ser que el PSOE se preste a ser la muleta del nuevo gobierno o colabore con el PP- a cambio de algunas concesiones-, con consecuencias y resultados similares a los que produce un gobierno de coalición como propuso Rajoy en su día (dejar la oposición en manos de Podemos). Dando por hecho que si esto se produce estará en clara contradicción con los argumentos utilizados por los partidarios de facilitar el gobierno de Rajoy, que han venido prometiendo, a cambio de garantizar su investidura, una severa oposición al PP en el parlamento y, en particular, a los PGE-2017 (algunos han llegado incluso a hablar de: “demoler la obra de Rajoy después de la investidura”). Este es el dilema que el PSOE tendrá que resolver finalmente en el actual marco político configurado por cuatro partidos con presencia relevante en el Congreso de los Diputados, sabiendo que una oposición coherente con los postulados socialdemócratas (en la que, todo hay que decirlo, muy pocos confían) obligará al PSOE a explorar de nuevo la posibilidad de llegar a acuerdos en el parlamento con Podemos (y en algunos asuntos también con Ciudadanos) para corregir las políticas del PP y efectuar los cambios progresistas que la sociedad reclama, a pesar de las muchas dificultades que esas conversaciones puedan conllevar por la debilidad del PSOE y de Podemos e, incluso, de Ciudadanos (muy afectado por el voto útil hacia el PP), así como por la pugna por alcanzar una posición destacada en el seno de la izquierda, que sólo se resolverá en estos momentos aceptando la hegemonía compartida.
Por lo tanto, hay que apostar por estas conversaciones, una vez que se descarte apoyar al gobierno del PP, encaminados a elaborar una alternativa básica de izquierdas- encabezada por el PSOE-, que plantee de entrada cambiar la política económica y social del PP, puesto que, sin resolver el problema del desempleo, ha destrozado el mercado de trabajo (reforma laboral) y está causando una profunda alarma social ante los previsibles recortes que nos puedan exigir desde Bruselas y la merma brutal que viene sufriendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (con fecha de caducidad anunciada) y su posible repercusión en las pensiones. No debemos olvidar que muchas familias han soportado la crisis por las pensiones de nuestros abuelos y, por lo tanto, hay que defender su poder adquisitivo por encima de todo.

Por eso, no es extraño que en los próximos meses el PSOE sufra todo tipo de presiones impulsadas por los poderes fácticos y repetidos llamamientos a la responsabilidad institucional y a los intereses de España para aceptar medidas regresivas, porque estamos ante el nudo gordiano de la protección y del gasto social en nuestro país. Por eso, el asunto de las pensiones debería ser considerado como un asunto de Estado sujeto a la negociación política y a la negociación con los interlocutores sociales, tal como determina el Pacto de Toledo (solidaridad, contribución y suficiencia). Un Pacto que funcionó correctamente hasta que llegó Rajoy y adoptó decisiones unilaterales, al margen de los partidos políticos, sindicatos y empresarios, que golpearon muy duramente la tesorería de la Seguridad Social.

En todo caso, debemos dejar suficientemente claro que la Seguridad Social y las pensiones no peligran y tampoco el reparto solidario que preside el Sistema. Sin embargo, tienen serios problemas que hay que abordar, a pesar de la pérdida real del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años. Los problemas tienen relación directa, sobre todo, con la caída brusca de los ingresos derivada del desempleo y de la lamentable gestión económica y social de la crisis, por parte del PP, encaminada a favorecer a los empresarios con todo tipo de transferencias de rentas del trabajo al capital: devaluación salarial (también del SMI), temporalidad, contratación a tiempo parcial (representa el 20% de los afiliados), subvenciones a la contratación, tarifas planas, abaratamiento del despido…, al margen de la reforma laboral encaminada a favorecer la relación de fuerzas de los empresarios sobre los sindicatos, lo que ha vaciado de contenido a la negociación colectiva y, como consecuencia, ha consolidado la devaluación salarial del conjunto de los trabajadores y, finalmente, terminado por deteriorar las bases de cotización de la Seguridad Social.

Por lo tanto, la fuerte caída de los ingresos a la Seguridad Social es la causa del desplome del Fondo de Reserva y del previsible déficit anual en los próximos años que, según Valeriano Gómez (Revista Temas, octubre de 2016), se puede situar en torno a los 18.000 millones de euros contando con un incremento de la afiliación de 500.000 nuevos afiliados al año, lo que reafirma la lamentable gestión de la crisis del PP y desmiente el tópico de que la derecha gestiona mejor los dineros del Estado.

Por su parte, los problemas estudiados tienen también relación con la demografía y en concreto con el aumento de los años que los pensionistas están enganchados al Sistema (esperanza de vida). En todo caso, la dedicación del porcentaje del PIB a las pensiones está por debajo de la media europea (en torno al 10% del PIB, un 3% menos que la media europea) y la cuantía de las pensiones también (cerca del 45% de los pensionistas no alcanzan los 700 euros mensuales), por lo que no es posible reducir más la cuantía de las pensiones actuales, como algunos pretenden, con el propósito de convertir la Seguridad Social en un Sistema de Beneficencia al que debería acompañar un Sistema Complementario de Pensiones que, de ninguna manera, es la solución de los problemas relacionados con las pensiones y sí un negocio floreciente para el sector financiero. En todo caso, deben ser voluntarios y no subvencionados vía fiscal puesto que los más pobres no pueden ahorrar dinero para aportarlo a dichos Fondos, lo que significa en la práctica que los pobres financien los Fondos Complementarios de los más ricos, lo que no tiene ningún sentido y resulta absurdo.

La alternativa final debe contemplar también, como señalan todos los expertos en esta materia, el incremento del PIB, el empleo (“si algo le pasa al trabajo, bueno o malo, algo le pasa a las pensiones”) y los avances de la productividad de nuestra economía en los próximos años, así como la solución de los problemas actuales de nuestro mercado de trabajo, además de reflexionar sobre el incremento de topes de las bases máximas de cotización entre otras medidas. En último término, y si fuera necesario, hay que estudiar la participación del Estado vía impuestos en la financiación de las pensiones, tal como ocurre en algunos países europeos, hasta situarla, cuando menos, en la media del PIB que la UE dedica a las pensiones.

En definitiva, después de la decisión del Comité Federal de investir a Rajoy se abre un nuevo escenario político y, en este sentido, la izquierda y el PSOE en particular deben concretar sus prioridades para actuar desde la oposición lo más unidos posible en defensa de los más débiles. Estas prioridades pasan por el desempleo; por resolver los problemas de nuestro mercado de trabajo (eliminando las últimas reformas laborales); por la protección social y, en concreto, además de las pensiones ya mencionadas, por la prestación por desempleo, la dependencia y la renta mínima garantizada; y, finalmente, los servicios públicos (sanidad y educación). En el mismo plano se sitúa la necesaria reforma fiscal y la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Por último, la izquierda, y el PSOE en concreto, deben abanderar la lucha contra la corrupción, la financiación ilegal del PP y la impunidad en el ejercicio del poder y dar prioridad a la resolución negociada del llamado problema catalán con todas las consecuencias. Se trata de unas prioridades fáciles de consensuar en el seno de la izquierda que conformarían un exigente Paquete Social- que además sería bien visto por los sindicatos- encaminado a frenar la política más liberal del PP en el poder.

En todo caso, la labor de oposición que desarrolle el PSOE en el parlamento (y en la sociedad civil), junto a la preparación y celebración de su importante Congreso Ordinario, marcará el futuro de la socialdemocracia en España y la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Además de condicionar el futuro del PSOE y su relevancia dentro de la izquierda e, incluso, su capacidad de aglutinar a las fuerzas emergentes y progresistas de la sociedad y de trabajar activamente con los sindicatos en coherencia con su dilatada y centenaria historia.

Antón Saracíbar

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Recuperemos el PSOE

Octubre de 2016 será recordado por los socialistas como un mes nefasto para la historia de nuestro partido. Un mes que comenzó con la sesión del Comité Federal en que culminó el asalto a la dirección para impedir que hablasen los militantes y que terminó con la investidura de Rajoy, gracias a la abstención de 68 diputados socialistas.

Se ha perpetrado una tropelía tras otra, para acabar con el Secretario General de la Comisión Ejecutiva Federal; no porque el partido había obtenido malos resultados en las elecciones, no porque el Partido estuviese involucrado en tal o cual escándalo económico, lo que produjo el cisma fue la diferencia entre quienes apostaban sin decirlo claro por facilitar el Gobierno al PP y los que decían con nitidez NO a un Gobierno del PP. Está en juego nuestra razón de ser.

Lo positivo, por buscar algo en positivo, es que se ha caído la careta a dirigentes que llevan mucho tiempo, algunos/as toda su vida activa, sometidos en las instituciones a la presión de los poderes económicos y de instituciones reaccionarias, y han olvidado cual es el fin del Partido Socialista Obrero Español, la defensa de los intereses de nuestra clase, que ¡oh casualidad!, es la mayoría social. Ya no distinguen el gobernar para el pueblo de la “gobernabilidad” de los que saquean a los trabajadores y al país disfrazados de “la responsabilidad de Estado”, “el bien de España”, etc.

También es positivo ver, a pesar de los agoreros, pesimistas, posibilistas, derrotistas, escépticos y otras tribus, que la militancia está viva, que ha respondido una vez más y que su respuesta va “in crescendo”. No podemos olvidar los 20.000 votos que obtuvo la propuesta de José Antonio Pérez Tapias (promovida por Izquierda Socialista) ante las primarias de 2014, una propuesta claramente de izquierdas. Como no debemos olvidar los más de 23.000 votos contra el Acuerdo que Pedro Sánchez alcanzó con C´s tras las elecciones del 20 de diciembre. Ahora han sido más de 90.000 los afiliados y afiliadas que se han pronunciado y exigen que se celebre un Congreso con carácter urgente. Y la movilización sin precedentes de las agrupaciones –que a algunos les estorban– expresando en diversas formas el sentir de los afiliados y de los electores socialistas.

Hay que agrupar toda esa fuerza, única forma de garantizar que recuperamos el PSOE para lo que fue fundado. Pero no basta con desearlo, hay que buscar consensos amplios partiendo de la riqueza plural que se ha manifestado estas semanas. Ningún dirigente ni grupo de dirigentes puede sustituir a las exigencias de los afiliados y electores para definir un auténtico proyecto alternativo al que nos ofrecen quienes se han instalado en la institucionalidad y que está demostrado que nos lleva a la irrelevancia.

Sabemos hacerlo y debemos hacerlo. Debemos recuperar nuestra ideología, para un proyecto político y organizativo que derrote y extirpe el austericidio al que se nos viene sometiendo. Y esto requiere unir al máximo de fuerzas. Formar un bloque con los sindicatos y los movimientos populares. Y buscar acuerdos de izquierda como hemos empezado a hacer en los ayuntamientos, sin uniformidad ni proyectos únicos como los que se nos ofrecen desde laboratorios políticos.

Solo así recuperaremos la confianza de los millones que buscan dónde agarrarse para poder mantener a sus familias, a los jóvenes que merecen verdaderos trabajos con verdaderos salarios y protección social, nos miran, nos buscan para poner freno al ataque de los poderes financieros al sistema público de pensiones, para derogar la LOMCE, una ley educativa que nos atufa a nacionalcatolicismo, pero no nos reconocen, pues primero los socialistas nos tenemos que reencontrar con nuestro Partido. Solo así volveremos a ser alternativa de Gobierno frete a la derecha.

Tenemos que recuperar la valentía de la que hicieron gala los fundadores, para plantear soluciones a los problemas de hoy: el socialismo no puede estar en la parte de los que fomentan la confrontación entre los pueblos que componen el Estado español. Ninguna connivencia con la política de Rajoy de dividirnos para poder seguir imponiendo sus recortes.

Sigamos el ejemplo de los compañeros y compañeras diputados y diputadas de nuestro grupo en el Congreso que han votado NO a la investidura de Rajoy, a pesar de las amenazas, a pesar de las presiones. Tomemos nota de la actitud firme y coherente de los compañeros del PSC que han dicho NO y han respaldado la posición de los de los compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados.

La mayoría social espera al PSOE valiente y con un compromiso claro, firme, para recuperar los derechos y libertades perdidos a nombre de la crisis que nos azota desde 2008.

Debatamos, agrupémonos todos para recuperar el PSOE para el Socialismo.
Comité de Redacción

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#NoesNo

revoluciondelasrosas

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RECUPERAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ES URGENTE Y NECESARIO

Las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, desde su toma de posesión el pasado mes de junio, han sido decisivas para recuperar una parte importante, pero aún incompleta, de derechos laborales y sociales suprimidos o recortados durante los cerca de siete años de gobiernos del Partido Popular (PP) con la connivencia de Ciudadanos (Cs).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, basado en el acuerdo establecido por el Gobierno socialista con Unidos Podemos y sus confluencias, tenía entre sus objetivos revertir las políticas de austeridad y los recortes, con medidas orientadas tanto a impulsar las políticas de inversión en los servicios públicos esenciales y en la actividad productiva, como a recuperar los derechos sociales y laborales y potenciar las políticas sociales para que la recuperación económica llegue al conjunto de la sociedad, especialmente a las personas  más vulnerables, junto con aumentar los ingresos con un fiscalidad más equitativa. Pero fue rechazado por las derechas al igual que por los independentistas catalanes, lo que delata que se guían por sus intereses partidistas frente a los intereses generales. Los argumentos esgrimidos por el PP y Cs eran completamente ajenos a los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad de los contenidos recogidos en el propio Proyecto de Ley: estos comportamientos insolidarios solo están inspirados por el cálculo electoral y la búsqueda de réditos partidarios. Ello obligó al Presidente del Gobierno a convocar Elecciones Generales y, por lo tanto, disolver las Cámaras.

Por ello, el Gobierno socialista, para cumplir con sus deberes con la ciudadanía, se ha visto obligado a promulgar varias iniciativas dirigidas a restablecer los  derechos sociales que fueron arrebatados por el PP a partir de 2012 con el pretexto de la crisis económica con las medidas de ajustes y recortes impuestas de forma autoritaria. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente  diferentes medidas urgentes a través de la figura del Real Decreto Ley (RDL). Entre otras materias aprobadas son de resaltar las siguientes: la revalorización de las pensiones con el IPC; recuperar la sanidad universal; la reversión de los recortes en educación y dependencia; facilitar el alquiler de viviendas; potenciar el empleo de calidad y los salarios dignos de los empleados públicos; mejorar las prestaciones y el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos; combatir la pobreza infantil o la ley hipotecaria.

También se ha aprobado un potente paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, junto a algunas disposiciones para impulsar la lucha contra la violencia de género.  Otras medidas relevantes son la subida de un 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijándolo en 900 euros mensuales por catorce pagas en 2019, que beneficia a los trabajadores sin convenio colectivo de aplicación y fundamentalmente a jóvenes y mujeres, y supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea;  la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años suprimido por el PP en 2012; ampliar el sistema de Garantía Juvenil y obligar a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores.

Ante estas estas iniciativas que benefician a las mujeres, los jóvenes, pensionistas, los trabajadores ocupados o desempleados y a una gran mayoría de  las familias, la reacción del PP y Cs ha sido acusar, de forma deleznable e injustificada, al Gobierno socialista de todo tipo de prácticas de fraudulentas y antidemocráticas. Es la continuación del bloqueo al que tiene sometidos los Proyectos y Proposiciones de Ley en la XII Legislatura, unas cincuenta, con el mecanismo de prorrogar de forma abusiva los periodos de enmiendas, como ha ocurrido en la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y UGT para instaurar una prestación de Ingresos Mínimos a la personas desempleadas sin recursos económicos.   

A la vez, ambas fuerzas de la derecha no tienen ningún tipo de rubor de  instrumentalizar partidariamente las instituciones públicas, como viene haciendo la Presidenta del Congreso con su flagrante obstrucción de la labor parlamentaria de los grupos: ahora quiere boicotear que la Diputación Permanente del Congreso ejerza las funciones que tiene atribuidas, como es la de convalidar los Reales Decretos Leyes aprobados por el Consejo de Ministros para recuperar los derechos sociales e impulsar la igualdad y la cohesión social cuando, según los servicios jurídicos de la propia Cámara y también muchos expertos, el Gobierno está plenamente legitimado para utilizar la vía de los Reales Decretos Leyes. El PP haría bien en recordar sus conocidos como viernes de “dolores” donde aprobaba los recortes y contrarreformas laborales y de pensiones mediante RDL, con una gran diferencia entre la actual práctica del Gobierno Socialista y la de  los gobiernos del PP, diametralmente opuestas: éstos utilizaban los RDL para recortar derechos a las clases trabajadoras y el PSOE utiliza esa vía, por obligación legal, para reponer de forma urgente derechos sociales.

La reforma laboral del 2012 y sus desarrollos, junto con las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobierno del PP en estos años, han originado que la recuperación económica y la creación de empleo se basen masivamente en la precariedad y los bajos salarios. Para los socialistas, la derogación de la reforma laboral es necesaria, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social.

En el acuerdo alcanzado para los PGE entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos y sus confluencias se definían las materias que se querían derogar de la reforma laboral de forma urgente como la supresión de la  ultra-actividad de los convenios colectivos o la supresión de la unilateralidad empresarial en las inaplicaciones de los convenios colectivos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que están siendo tratadas en las mesas de diálogo social junto con otras materias como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales. También se formulaban compromisos sobre el propio escenario presupuestario para el próximo año, como que los firmantes se comprometían a concluir la tramitación parlamentaria de cuestiones como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la regulación de las contratas y subcontratas; la modificación del artículo 34 del ET sobre el registro diario de la jornada de trabajo; la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial o el impulso a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. La falta  de tiempo, el veto de las organizaciones empresariales y la relación de fuerzas parlamentarias son los argumentos que han impedido hasta ahora culminar su tramitación para revertir los derechos laborales.

Quizás la propuesta de mayor peso estratégico del acuerdo era la voluntad compartida de modernizar y reequilibrar las relaciones laborales y recuperar de forma completa los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral. Para ello se establecía que en 2019 se iniciara la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, de forma consensuada a través del diálogo social, y también se acordaba crear un comisión de expertos que participe en su redacción, de modo que se pueda dotar al país de un marco de relaciones laborales moderno y participativo, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrada que dé respuestas a la internacionalización de la economía, a las nuevas realidades en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización. El Boletín Oficial del Estado del 12 de marzo publicó el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Una de las medidas que recoge es la que establece que el Ministerio de Trabajo nombre un grupo de expertos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En los actuales tiempos políticos, condicionados por los sucesivos procesos electorales, es necesario que todos los socialistas y progresistas junto con el conjunto de la izquierda, trabajemos para conseguir el respaldo de la mayoría social en las urnas y realizar un esfuerzo a la hora de situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la sociedad, es decir, lograr una mejor disposición parlamentaria para conseguir, a su vez, un periodo extenso donde acometer reflexivamente las reformas de calado que necesita nuestro país para volver a cohesionarlo socialmente. Por ello es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable ante las políticas neoliberales y desreguladoras de la derecha y la extrema derecha.

Toni Ferrer

 

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Las presuntas calumnias de Pablo Casado contra Pedro Sánchez

El mismo Fiscal, en situación idéntica, recurrió ante el Tribunal Supremo la absolución de Arnaldo Otegi que por ello fue condenado.

El Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha venido vertiendo en los medios de comunicación y en distintos foros públicos una sarta de improperios contra el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, llegando al extremo de señalarle como “traidor” y como autor de la comisión de “alta traición”, entre otras. La imputación pública de un tipo penal, sin corresponderse con hechos, corresponde al tipo penal de calumnia. Entre lo expuesto por Pablo Casado destaca:

1.- “El presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad”.

2.- “El presidente está cometiendo un acto de felonía, está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española”.

3.- “Es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981”.

La comisión de traición por parte de un miembro del Gobierno no es poca cosa, pues se trata de una de las pocas situaciones en las que la Constitución Española, CE, entra a determinar el modo de proceder en tal caso para proceder penalmente. En efecto, el art. 102 CE establece, en relación a la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno:

“Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”

¿Cabe entender que lo actuado en cuanto a las relaciones del Estado con la Generalitat de Catalunya concurren graves comisiones penales imputables al Presidente del Gobierno? Eso es algo que prima facie le parece evidente a una parte del arco parlamentario pues si el Presidente del Partido Popular lo ha proclamado intensa y extensamente es porque en su opinión se ha incurrido en ese tipo de conducta y no imaginamos que los restantes 135 diputados de ese partido piensen de otro modo. Otra cosa es que sea cierto.

Entonces ¿por qué esos diputados, que superan el cuarto necesario para plantearlo, no lo han hecho? ¿Será, acaso, porque no creen alcanzar la mayoría absoluta para conseguir que se procese al Presidente del Gobierno? ¿O será porque saben que es una imputación sin fundamento, falso sin más?

La “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”, ACODAP, ante la firmeza de las proclamas del Presidente del Partido Popular, entendió que era necesaria una ratificación del mismo en un procedimiento penal, dando cuenta de lo que pudiera sustentar sus imputaciones ante la Fiscalía General del Estado y por ello procedió a registrar un escrito en dicha Fiscalía, solicitando:

En su virtud, es inaplazable que se abra una investigación penal que aclare los hechos gravísimos que se imputan públicamente al Presidente del Gobierno, para lo cual es inexcusable que se convoque para ratificarse en sus manifestaciones, aportando las pruebas que justifiquen sus imputaciones, al Presidente del Partido Popular.

Ante lo cual la Fiscalía, en decreto de fecha 14 de febrero de 2019, firmado por el Fiscal Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, procedió a comunicar que no existe una relación circunstanciada de los hechos imputados al Presidente del Gobierno -aquí el Fiscal entiende, erróneamente, que sería ACODAP quien debiera de aportar indicios o pruebas de la “traición” de Pedro Sánchez, cuando lo que debía de hacer la Fiscalía era llamar a concretarlo a  Pablo Casado, como se decía precisamente en la denuncia-. Dice también el Fiscal:

“… con base a meras afirmaciones vacías y carentes de solidez”

En otras palabras, que para el Fiscal lo afirmado por Casado es simplemente falso que también debe de ser lo que en definitiva deben de pensar los restantes diputados de su partido en el Congreso. Y ante ello ¿por qué el Fiscal no reacciona y le llama a declarar para que, como mínimo, aclare el fundamento de sus declaraciones que de entrada el propio fiscal viene a considerar falsas? ¿Es que el Fiscal no intuye esa misma falsedad como sustrato de la comisión de presunta calumnia?  Sigue el Fiscal, para fundamentar su inacción:

“… tales afirmaciones han sido pronunciadas por un representante político en uso del derecho fundamental del art. 18 CE…”

Pues bien, este artículo, en relación al asunto denunciado, precisamente protege el derecho al honor y a la propia imagen, así que el Fiscal, en un evidente error, fundamenta incorrectamente su decreto. Lo que debió de invocar es el art. 20.1.a  “…expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de comunicación” sobre lo que además el mismo artículo dice que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El Fiscal, en un evidente error impensable en alguien que ocupa su puesto, proclama, de forma implícita, el derecho de libertad de expresión del artículo 20 CE, como un derecho absoluto pues no lo contrapone o relativiza en relación al art. 18, protección al honor.

Antes el Fiscal no pensó ni actuó del mismo modo. En efecto, el caso es que este Fiscal, precisamente, fue el que recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a las manifestaciones del parlamentario regional Arnaldo Otegi contra el Rey de España. Y fue este Fiscal el que alegó ante el alto tribunal que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto teniendo como límite derechos como el de la protección al honor. Así se recoge en la sentencia 6649/2005 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,

Entiende el Ministerio Fiscal que el Tribunal que ha dictado la sentencia recurrida ha procedido con olvido de la constante jurisprudencia que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han venido formulando en relación con los límites del ejercicio de la libertad de expresión, y en el desarrollo del motivo se recogen sentencias correspondientes a esa jurisprudencia.

Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, en defensa de su recurso, entre otros extremos, que reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión debe contemplarse con preferencia; especialmente cuando se trata de ejercer en el debate político y como crítica a las instituciones, no obstante la sentencia que se recurre al identificar los derechos fundamentales en juego, por un lado el derecho al honor que como Monarca y persona tiene SM el Rey de España, y de otra el derecho a la libertad de expresión que corresponde al acusado, el Tribunal de instancia no ha efectuado con corrección legal, ni constitucional, la preceptiva ponderación en la confrontación de tales derechos. Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, que el relato fáctico contiene expresiones claramente calumniosas e injuriosas para el Monarca habida cuenta de su carácter claramente innecesarias y desproporcionadas a la finalidad de crítica política que podía perseguir el Sr. Enrique al formularlas y que la sentencia recurrida ignora la especial protección que el tipo penal en cuestión ofrece normativamente, para con los bienes jurídicos protegidos, por un lado el honor y por otro la dignidad de la Institución, lo que por otra parte no es sino la expresión de la consideración que la Constitución española tiene para el papel moderador de una monarquía constitucional y parlamentaria como la que se dibuja en los artículos 56- 64 de  la Constitución y cuya expresión última supone además la inviolabilidad de la figura del Monarca.

Los ataques, presuntamente calumniosos de Pablo Casado, quedan amparados de modo absoluto en relación al Presidente del Gobierno por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión mientras que la misma conducta en relación al Rey queda relativizada y hace prevaler los límites que se establecen para el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

¿Emplea el Fiscal Luis Navajas una doble vara de medir?  Valore el lector.

ACODAP, “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”

Marzo, 2019.

 

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La esperanza de cambio se sitúa en la izquierda

¡Madre española, pensando en vuestros hijos, votad España!

Eslogan de la propaganda electoral de Acción Popular. II República. Madrid 1933.

Sin lugar a duda, las masivas movilizaciones en torno al 8 de marzo han abierto (por la vía de los hechos) la campaña electoral relacionada con las elecciones generales del 28 de abril. La decisión de poner fin a la legislatura se ha producido después de que la derecha y los independentistas votaran, de manera irracional e incomprensible, en contra de los PGE-2019 presentados en el parlamento por el gobierno socialista.

Mucho se ha escrito sobre la conveniencia de la convocatoria electoral en esa fecha- incluso se barajaron otras fechas-, ante el argumento de que pudiera condicionar el resultado final dadas las incertidumbres que vienen provocando las encuestas publicadas. Sin embargo, para los intereses del país- y también para los del PSOE en el gobierno, todo hay que decirlo- la fecha está ajustada a lo que demanda en estos momentos nuestra realidad política, económica y social. Sobre todo, cuando existe un consenso generalizado de que el país no puede perder más tiempo del estrictamente necesario en conjeturas de esta naturaleza.

Los resultados de Andalucía van a ser una referencia constante en la campaña electoral, así como la vergonzosa formación del gobierno andaluz con el apoyo de la ultraderecha. También la deriva del PP hacia la derecha más extrema (apología de la “Reconquista” y la “Cruzada”, además de aplicar permanentemente el artículo 155-CE). Y, desde luego, el abandono manifiesto del centro político de Ciudadanos en su particular pugna por liderar la derecha y encabezar un hipotético gobierno en nuestro país. En este escenario, no es una buena noticia que Podemos no acabe de resolver sus problemas internos y que, según las encuestas, sufra un cierto revés electoral, con las consecuencias que ello podría tener para la izquierda a la hora de configurar una mayoría en el parlamento que le permita gobernar.

Estas circunstancias han situado al PSOE en el centro del tablero político y jugando (al ajedrez) con Blancas, lo que puede desplazar hacia el PSOE el voto útil en estas elecciones en detrimento del PP. Incluso, en el Senado, la izquierda puede mejorar sustancialmente los resultados actuales evitando con ello la instrumentalización y el bloqueo bochornoso y partidista que ha ejercido el PP en los últimos años. Por otra parte, el PSOE ya no debe preocuparse de los posibles pactos con Ciudadanos, escorado definitivamente hacia la derecha más rancia y, por lo tanto, al margen de la centralidad política, como lo demuestra su veto a Pedro Sánchez por cálculos exclusivamente electorales, lo que consolida tres grandes bloques en litigio: derecha, izquierda e independentistas. En todo caso, se trata de una posición idónea para la izquierda, a pesar de que no debe olvidar los brutales ataques que sufrirá (sobre todo el PSOE) desde todos los frentes abiertos: político, económico, financiero, mediático…

Efectivamente, la derecha, instalada en una confrontación permanente, se dedicará a embarrar el campo de juego de manera sistemática y para ello no dudará en verter todo tipo de mentiras y descalificaciones hacia el PSOE y Podemos. Sabiendo, además, que para defender sus posiciones no necesitará esforzarse en presentar alternativas ni ofrecer soluciones a los problemas que más preocupan a los ciudadanos: les bastará con insistir en la “Unidad de la Patria”, al grito de “Santiago y cierra España”. Además de reiterar la demagógica y populista bajada de impuestos; cuando, precisamente, España necesita todo lo contrario: equipararnos fiscalmente a la UE (España recauda siete puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona), mejorar la inversión y superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Por el contrario, la izquierda, y en concreto el PSOE, debe apostar por una política que responda a las expectativas de la mayoría de las personas y divulgar sus propuestas más significativas, lo que aconseja evitar enfrentamientos y fracasos como se produjeron en el Pacto de Toledo y en la convalidación del Decreto Ley sobre los alquileres. En primer lugar, debe ofrecer alternativas sobre Catalunya, a pesar de que el juicio al Procés (en plena campaña electoral) pueda perder intensidad, interés y produzca hartazgo en la ciudadanía. En todo caso, el PSOE debe rentabilizar la política emprendida y seguir ofreciendo diálogo en busca de la consecución de acuerdos, al margen de los resultados que se obtengan. Sólo la Constitución Española, el Estatut, el imperio de la Ley y el respeto a las resoluciones que tome el Poder Judicial deben constituirse en líneas rojas para todos en la perspectiva de un Estado Federal.

En segundo lugar, el PSOE debe defender una política socialdemócrata y, por lo tanto, apostar por el Estado de Bienestar Social en la UE y, en coherencia con ello, concretar en su programa electoral sus cuatro alternativas prioritarias: pensiones y dependencia (sobre todo después del fracaso del Pacto de Toledo), mercado de trabajo (desempleo, precariedad, tiempo de trabajo y reformas laborales), servicios públicos (educación y sanidad) y la imprescindible política fiscal. Precisamente, estas son las políticas que se deben discutir en la campaña electoral y, en particular, en los debates previstos que esperan con redoblado interés los ciudadanos.

Mientras tanto, de acuerdo con los sindicatos, el gobierno debe apurar todas las posibilidades existentes de aprobar algunas medidas de indiscutible importancia contempladas en los PGE-2019 y, sobre todo, en la Agenda Social. En este sentido, la última decisión del Consejo de Ministros de aprobar dos  decretos leyes -que debe convalidar la Diputación permanente del Congreso de los Diputados-, representa una buena noticia: la equiparación de los permisos de paternidad (16 semanas pagadas al 100% a partir de 2021) y maternidad; la obligación de que las empresas registren sus salarios para evitar la discriminación de sexos; el ampliar el número de empresas obligadas a tener planes de igualdad; la reforma de la vivienda y el alquiler; y la creación de un salario mínimo para los jóvenes investigadores.

Sin embargo, todavía siguen pendientes otras medidas de superior calado social, como vienen exigiendo los sindicatos desde hace meses en las mesas del diálogo social: el subsidio para los parados de más de 52 años, las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de las personas discapacitadas, además de corregir las medidas más regresivas de la reforma laboral (primar el convenio de sector sobre el de empresa, restaurar la ultra actividad y el control horario en las empresas) y de las pensiones del PP (derogar el factor de sostenibilidad y garantizar la revisión automática de las pensiones). La oposición de la CEOE-CEPYME a que se apliquen estas medidas resulta inaceptable y, además, totalmente rechazable si su actitud significa capacidad de veto.

Al margen de todo ello, y desde el punto de vista electoral, será fundamental movilizar a la izquierda, ilusionar a los más jóvenes, reafirmar la voluntad de cambio en relación con las políticas de austeridad extrema, no cometer errores ni sobreactuar con ideas y ocurrencias incomprensibles para la gran mayoría de los ciudadanos y, por último, no caer en las provocaciones populistas y absurdas de una derecha montaraz y “sin complejos”. Estas actitudes se deben traducir en una participación masiva en las urnas y, por lo tanto, en una lucha despiadada contra la abstención, sobre todo en las provincias de la España del interior, de la España mesetaria y profunda, donde la influencia de la Ley de Hondt en la asignación de escaños está llamada a ser muy importante. Particularmente hay que tener en cuenta a los jóvenes, utilizando para ello las redes sociales y la comunicación digital a todos los niveles, a los que se deben ofrecer soluciones a sus problemas y desafíos más urgentes, con el propósito de superar su profundo descontento social y de garantizarles un futuro digno: desempleo, precariedad, bajo salarios, alquiler y precio de la vivienda, educación (becas), igualdad de oportunidades, pensiones futuras…

En definitiva, la izquierda en España, junto a Portugal y Grecia, debe aspirar a liderar en la UE la defensa de una socialdemocracia ilusionante, que canalice el malestar social de la ciudadanía, tanto en el ámbito político, como en el económico y social. Para conseguirlo, los partidos que la componen deben ser creíbles, coherentes y honestos, en su apuesta decidida por la democracia, el empleo de calidad, la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), la lucha por la igualdad, la modernización económica (modelo productivo, democracia económica y reparto de los beneficios que genera el aumento de la productividad), el cambio climático y una política fiscal mucho más  justa, encaminada a garantizar  la justicia social, a la que todos aspiramos en un mundo digital y globalizado. Por eso, tanto las elecciones del 28 de abril como las del 26 de mayo están llamadas a ser muy importantes en el camino emprendido hacia la consolidación de la UE y de la propia socialdemocracia.

Por último, para que esto ocurra, los partidos de izquierda deben acudir unidos a las próximas confrontaciones electorales y, posteriormente, afanarse en alcanzar acuerdos entre ellos en busca de la necesaria gobernabilidad. En esta gran tarea pueden contar con la complicidad de los sindicatos de clase, siempre y cuando dichos partidos recojan sus reivindicaciones más importantes en sus programas electorales. No debemos olvidar que los sindicatos representan el último baluarte de la democracia y que, además, resultan imprescindibles en la redistribución de la riqueza y el progreso social. Por eso, en estos momentos, están llamados a aportar sensatez y equilibrio en defensa de la centralidad del trabajo, la igualdad de género, el combate a fondo contra un lenguaje mediocre, descorazonador y periclitado- cuando no reaccionario-, que practica la derecha política en la actualidad y, finalmente, de una política económica y social que tenga en cuenta en primer lugar a las personas. No podemos defraudarlas…

Antón Saracíbar

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100 números de TS

En momentos como estos, es interesante y necesaria más que nunca la reflexión política, sobre los hechos que se producen y el porqué de estos hechos.

Es relevante el generar opinión, para alimentar y enriquecer el debate, como también es importante el que esto se haga desde un prisma inequívoco de izquierdas, desde una visión de la izquierda abordar diferentes temáticas, porque yo creo que Francis Fukuyama en su libro “El fin de la historia y el último hombre” en el que insinúa que la ideología liberal ha ganado y ha impuesto su marco mental, habiendo acabado la discusión por ausencia de alternativa.

 

Yo opino que sí que hay alternativa al liberalismo y es desde la izquierda, desde la vuelta a las ideas y no solo al pragmatismo que hay que librar esta batalla, es por cosas como estas que hay que agradecer a Tribuna Socialista la tarea que desarrolla, generando debate y difusión de ideas, y lo más importante, siempre desde la izquierda.

 

Marc Aguilà Esteve

Concejal de juventud en el Ayuntamiento de Sant Boi y Responsable de política municipal en la Comisión Ejecutiva del Baix Ll.

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100 números de TS: 100 motivos para la felicitación y el agradecimiento

100 motivos para la felicitación y el agradecimiento por poner a disposición del pensamiento socialista una Tribuna Libre para la expresión.  Una Tribuna de opinión plural cargada de democracia participativa y de defensa y difusión de los valores que siempre han identificado el “ser” socialista.

Ha sido todo un placer haber disfrutado de su lectura y todo un orgullo haber colaborado durante todo este tiempo con Tribuna, publicando algunos artículos de opinión desde mi militancia socialista y adscripción a la corriente de opinión de Izquierda Socialista.

En estos tiempos convulsos, en los que el avance de las derechas y la ultraderecha amenazan las conquistas sociales logradas por las clases trabajadoras y el conjunto de la sociedad, es más oportuno que nunca contar con el indispensable altavoz de Tribuna para que desde sus páginas se estructure el necesario llamamiento a la unidad de las fuerzas de la mayoría social  trabajadora, tanto desde una base programática como electoral, que conforme la mayoría  necesaria capaz de confrontar con la derecha y neutralizar el avance neo fascista que las inspiran.

Jorge Puente Delgado

Militante Socialista de Huelva.

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Tribuna Socialista es el instrumento idóneo

Tribuna Socialista es el instrumento idóneo para no olvidar y practicar  la esencia del socialismo que compagina una ética personal intachable con una dedicación extrema a procurar la mejoría social y económica de los ciudadanos. Y por eso es bueno y saludable que los compañeros llenen de contenido esta publicación que por humilde no deja de ser esclarecedora.

Cuando los vientos soplan desde lugares inhóspitos políticamente hablando, cuando la derecha, porque son tres, pero, utilizando un término para los creyentes, La Santa Trinidad, nos quiere hacer retroceder décadas y despojarnos de todo aquello por lo que hemos luchado desde la muerte del Dictador, los socialistas debemos denunciar todas esas políticas y plasmar nuestra indignación en las páginas de nuestra revista para que cada vez más nos acerquemos a los niveles de igualdad necesarios.

Todos los militantes del PSOE y del sindicato UGT debemos reconocer en nosotros mismos el germen que hace más de cien años inoculó en los partidos socialistas y socialdemócratas. Rosa Luxemburgo, esa mujer marxista y feminista y antigua militante del SPD alemán, esa mezcla de fuerza y de ternura, de decisión pero también de prudencia, que nos tiene que llevar a la lucha contra el capitalismo despiadado que empobrece a las masas y despierta los nacionalismos y populismos incubados por el “huevo de la serpiente”.

Ignacio Bruna

Periodista. Ex Corresponsal de Agencia EFE en Centro Europa

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No podemos perder más oportunidades.

Cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2011 tenía las ideas muy claras. Venían a cambiar las cosas y lo hicieron. Llevaron a cabo un paquete de medidas de gran importancia, tenia como objetivo transformar en profundidad nuestro modelo de convivencia, nosotros lo calificamos como una verdadera y profunda contrarreforma de nuestro sistema democrático.

Reformas como la Ley Mordaza que tenía como objetivo perseguir la disidencia, la LOMQUE o ley Wert que atentaba contra los principios básicos de un modelo educativo igualitario y democrático, la reforma de la ley del aborto que atentaba contra los derechos de la mujer, reformas en el modelo sanitario y en materia de servicios públicos que buscaba la privatización de manera generalizada, y en materia laboral la reforma laboral del año 2012 o todas las reformas perpetradas vía real decreto viernes a viernes, y finalmente la reforma de las pensiones del año 2013.

Desde la UGT, en los últimos procesos electorales estatales, teníamos un mensaje muy claro, “sin derogación no te voto”. Cómo es habitual y lógico en todos los procesos electorales se busca nuestra foto y nuestro apoyo. En aquel momento lo condicionábamos al compromiso firme de que quien gobernara diera un giro absoluto a la situación política e iniciara un proceso de derogaciones de todas esas leyes. Nosotros hicimos hincapié en la derogación de las reformas laborales y la reforma de las pensiones. En un acto en nuestra sede de Cornellà, el 17 de diciembre de 2015, obtuvimos el compromiso por parte de los diferentes partidos de izquierdas, PSC, ERC y Comunes. También por parte del PdCat hubo compromisos importantes.

Finalmente hubo un gobierno de izquierdas liderado por el PSOE y con el apoyo entre otros de Podemos, ERC y el PdCat en junio de 2018, a través de una moción de censura que expulsó del gobierno a la ultraderecha del partido popular. Desgraciadamente, después de diez meses de mandato se vuelven a convocar elecciones generales y no ha habido ni derogación de las reformas laborales ni derogación de la ley de pensiones. Nadie pone en entredicho las dificultades para llegar acuerdos y encontrar consensos en la actual situación política, pero era imprescindible devolver derechos y reponer cuestiones que eran esenciales para estabilizar el marco de relaciones laborales claramente decantado desde el 2011 a favor de los empresarios y del sector financiero, y no se ha hecho.

Era imprescindible derogar la reforma laboral en materia de negociación colectiva, es un elemento clave, estructural y estratégico. Establecer que los convenios colectivos sectoriales sean de prioridad aplicativa y derecho mínimo necesario, y que un convenio de empresa tenga que respetar los elementos esenciales del convenio sectorial que acabaría con la existencia de las empresas multiservicios y protegería de nuevo de manera clara a las personas trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas que conforman mes del 75% de este país. Introducir de nuevo la ultraactividad de los convenios colectivos para garantizar que se negociará en iguales condiciones entre empresarios y trabajadores, y así los primeros no los dejarán decaer si no se negocian a la baja como ha pasado a los últimos años. O finalmente la reposición del papel de la administración laboral en los procesos de expedientes de regulación de empleo, o de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o de inaplicación de convenios, a través de la autorización administrativa en los conflictos colectivos. Todas estas eran cuestiones claves y mínimas que no se han hecho.

Hoy nos hemos despertado con un anuncio, realmente es una amenaza, del partido popular en una desesperada carrera para ser mas de ultraderecha que nadie. Ayer planteó que si las mujeres migradas sin los permisos de residencia en regla dan sus hijos en adopción se podrá prorrogar su residencia temporal y retrasar su expulsión. Una autentica barbaridad, la llegada de organizaciones fascistas como Vox los ha desinhibido, sin duda hay que pararlos.

En las próximas elecciones del 28 de abril se nos volverá a pedir el apoyo. La UGT en 130 años de historia ha sido una organización clave en los avances democráticos, sociales y políticos de nuestra sociedad. También clave a hacerle frente a la derecha y de lucha contra sus políticas. Somos conscientes que nos tenemos que comprometer para parar el avance de organizaciones fascistas y de la ultraderecha. Lo haremos, pediremos el voto para las organizaciones políticas de izquierdas y democráticas, pero también seremos tremendamente exigentes con aquellos compromisos adquiridos para la derogación de leyes que atentaban contra nuestro modelo de convivencia y en la recuperación de derechos y libertades. No podemos perder más oportunidades.

Carlos de Pablo Torrecilla, Secretari Comarcal UGT Baix Llobregat

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