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La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tribuna socialista 116. septiembre 2020. La pandemia nos muestra lo antidemocrático del sistema. Comparte!

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Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

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Huir como tradición familiar

 

El señor Borbón, el padre, le ha comunicado al señor Borbón, el hijo, que se marcha de España por la: “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.”

En primer lugar, a quien debería darle explicaciones es al pueblo que le ha estado manteniendo en el cargo desde hace 45 años. Explicaciones que entre otras vías deberá dar ante la Justicia. Es una nueva anomalía que alguien que está incurso en una investigación abandone el país, y nadie puede estar por encima de la ley y la Justicia. Por tanto, ni el Rey actual ni el Gobierno debieran dar cobertura a esta nueva actuación irregular de ese señor.

Cuando el señor Juan Carlos de Borbón habla de: “ciertos acontecimientos”, en realidad se refiere a la costumbre establecida en esa familia de pedir dinero a cambio de llevar al Estado al que representan hacía los intereses del pagador. Es lo que su hija, la señora Cristina de Borbón y su marido hicieron con la Fundación Noos.

No nos interesan en absoluto sus líos de faldas, sus juergas ni su vidorra. Las explicaciones que el pueblo merece son las de saber qué consecuencias económicas, para el erario público y para la política de nuestro Estado, han tendido sus “andanzas” a lo largo de estas cuatro décadas y media. Explicaciones que aclaren, de verdad, de dónde ha salido la fortuna estimada en más de dos mil millones de euros y a cambio de qué le han dado esos regalos dinerarios e inmobiliarios los jefes de Estado de otros países.

Tribuna Socialista siempre nos hemos declarado republicanos, por ende, no necesitábamos este espectáculo para declarar nuestra posición respecto a la forma de Estado. Venimos reflexionando, en común con muchos otros ciudadanos y ciudadanas, desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar. Consideramos que el avance es por la vía de la República, vemos que la Monarquía constituye un ancla en el pasado, a la par de incompatible con una verdadera Democracia.

Los pueblos que componen el Estado español no pueden avanzar si continúan lastrados por una institución que, para defenderse a sí misma, necesita confrontar a los ciudadanos unos contra otros. La unidad de los pueblos tiene que ser libre y voluntaria, no por la atadura a una institución simbólica que ha degenerado en una sanguijuela para el Estado.

No podemos seguir diciendo que vivimos en democracia si vivimos pendientes de un poder corporativo dentro del Estado que solo reconoce a su jefe de armas. Es la gorra de plato, más que la corona, el nudo “atado y bien atado” que nos quedó del régimen fascista.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que se reclaman de la izquierda, a reflexionar y a trabajar políticamente, para caminar hacia una mayoría que permita un cambio constitucional que aborde todos los asuntos que en la Constitución hacen aguas desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo.

No es por tanto un problema de este señor, ni de si lo que aparece ahora fue antes o después de 2014. Es un problema constitucional, de la institución: La Corona. No podemos tragar la rueda de molino de la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Es evidente que el Jefe del Estado ha sido un irresponsable, pero sus irresponsabilidades no pueden quedar impunes. Fue él quien dijo aquello de: “Todos somos iguales ante la ley”, pues que se cumpla.

De la misma manera, es un problema que el Estado siga ligado a la Iglesia por la “aséptica” palabra: aconfesional. Avancemos hacia la laicidad del Estado, donde cada cual pueda practicar libremente la fe que considere oportuna, pero en el que la fe no interfiera en la Educación pública, en los costes del Estado ni en los actos públicos. Necesitamos democratizar el Poder Judicial, para que esté despolitizado y además lo parezca; pues desde hace mucho ni lo uno ni lo otro.

 

Hay que avanzar hacia la España federal, superando el Estado de las autonomías de la Transición. Adecuando a la actualidad la relación entre los pueblos que nos configuran como Estado.

Son muchos los problemas pendientes de resolver. Por ello, no podemos estar de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando insiste en separar el problema entre Juan Calos I y Felipe VI, no es un problema de personas, el problema es intrínseco a la institución.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

7 de agosto de 2020

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Tribuna socialista y el derecho a decidir

Quince años de Tribuna Socialista en el periodo histórico actual ha supuesto un esfuerzo permanente por estar al día de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, para entender cada uno de los fenómenos que se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa, rupturista con cualquier situación de confort que indujera al conformismo, comprender, sintetizar y explicar los principales acontecimientos ha supuesto nadar, aparentemente, a contracorriente, sin embargo, el marxismo, su método de análisis, nos lo ha facilitado en cada momento, y podemos afirmar que los análisis, reflexiones, debates y formulaciones políticas de la línea editorial de Tribuna Socialista se han visto corroborados en estos quince años.

Quizás la iniciativa que imprimió y definió más a Tribuna Socialista, fue la decisión  tomada en el 2006, por buscar una solución política negociada a la violencia en el Pais Vasco dirigiéndonos a José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, defendíamos que el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y derogar la ley de partidos facilitaría los posibles acuerdos. Defender que los problemas políticos requieren soluciones políticas y no represivas define bien nuestro carácter socialista sin ambigüedad.

Recién se cumplen 10 años que el Tribunal Constitucional derogaba una cantidad de artículos importantes, del nuevo Estatuto catalán que previamente había sido aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Españolas y en un referéndum en Cataluña. Quizás de aquellas aguas vengan estos lodos. Participamos en la manifestación encabezada por Pepe Montilla presidente de la Generalitat en la época bajo el lema “som una nación, nosoltres decidim”, (somos una nación nosotros decidimos). La manifestación reunió a más de un millón de personas.

Entender y reconocer el carácter  nacional de Cataluña, Galicia y Euskadi supone de entrada reconocer el derecho a decidir de estos pueblos, tomar posición y situarnos al lado del 80% de la población catalana que lo reclama con insistencia, así lo reflejamos en carta dirigida a la dirección de PSC donde criticamos que el derecho a decidir fuese sacado del programa electoral porque suponía una ruptura con las bases fundacionales del mismo PSC. Así lo reflejaban los números de Tribuna Socialista especiales que sacamos en julio del 20015 y el 11 de septiembre  del mismo año donde defendíamos el derecho a decidir.

Criticamos con contundencia al PP y sus gobiernos por judicializar el llamado “problema catalán”, defendiendo la negociación y el dialogo, y nunca admitimos el enfrentamiento entre pueblos alentado por la derecha franquista.

Es por eso que defendimos un referéndum legal y vinculante en el que los socialistas defenderíamos la Republica federal en la que los diferentes pueblos del estado estuviesen libremente federados.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto rechacemos la actitud del Rey Felipe VI en octubre de 2017 ante el referéndum catalán.

Desde el Manifiesto de Silla, primer documento público que sacamos el grupo de Tribuna Socialista, defender derechos y libertades es la misma cosa. Hemos defendido que no hay derechos sin libertades ni libertades sin derechos.

José A Iniesta

Afiliado al PSC Sant Boi de Llobregat

 Miembro del Comité de Redacción T.S.

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Hoy como hace 15 años: ningún acuerdo con la derecha

El 16 de julio de 2005,  reunidos en la localidad valenciana de Silla, compañeros y compañeras socialistas, de distintas procedencias territoriales, pusimos en común nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país y decidimos crear esta Revista que reflejara las conclusiones de los debates que se producían en agrupaciones socialistas y secciones sindicales de las empresas, ayudando, de esta forma, a promover el debate entre socialistas.

La línea editorial de Tribuna Socialista se ha mantenido fiel a aquellos propósitos durante estos 15 años.  TS y las conclusiones de los debates que en él se reflejan no se hacen al albur de los congresos internos del partido o de la táctica política de cada momento, sino que, con pleno respeto a las resoluciones congresuales, hemos enfocado los debates en torno a los intereses de la mayoría social, y el papel que, bajo nuestra opinión, han de jugar las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos y partidos que se reclaman de la clase trabajadora: incluido el PSOE, como partido referente de la clase trabajadora en nuestro país.

Hace 15 años, la actualidad política pasaba por el reto independentista que lideraba Ibarretxe en Euskadi y su propuesta de referendum -al que Aznar respondió con la amenaza de la cárcel-, mientras la derecha intentaba dinamitar el diálogo político con el mundo abertatzle defendido por Zapatero para acabar con el terrorismo de ETA, mientras en Catalunya, Pascual Maragall, lideraba la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya que finalmente fue aprobado por: el pueblo catalán, el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya, e impugnado por el PP y mutilado por el Tribunal Constitucional.

Hace 15 años, la CEOE rompía el diálogo social exigiendo la revisión a la baja del salario mínimo, mientras las deslocalizaciones de empresas empezaban a hacer estragos profundizando en la desindustrialización del país.

Hace 15 años la Unión Europea sometía a aprobación de los estados la llamada “Constitución Europea”, ante la que Tribuna Socialista siempre mantuvo una posición crítica, puesto que se construía sobre los cimientos del libre comercio y los intereses de las multinacionales y del capital Financiero sin tener en cuenta los derechos sociales.  El rechazo a esta constitución en países donde se sometió a referéndum, como el caso de Francia y Holanda, significó un toque de atención sobre la necesidad de construir Europa hacia la Unión libre de los trabajadores y los pueblos, una Europa social frente a una Europa puramente económica.

Hace 15 años, comenzaba a imputarse a ilustres políticos del PP acusados de corrupción por el caso Fabra: después vendría una cascada interminable de casos, imputados y condenados.

Hace 15 años, la sanidad pública era atacada por la derecha españolista nacional católica, que quería seguir avanzando en la privatización y concertación de sus residencias y hospitales hasta llegar al actual modelo de sanidad y residencias que nuestros abuelos han padecido durante la pandemia de la COVID-19.

Hace 15 años, la derecha nacional españolista y católica se movilizaba contra la enseñanza pública, contra el matrimonio homosexual y contra cualquier intento de avance en el terreno social.

Como podemos apreciar, hace 15 años las propuestas de progreso y justicia social del PSOE eran atacadas de forma sistemática por la derecha, la iglesia, el poder económico y financiero con el objetivo de mantener sus privilegios, al amparo de unas instituciones ancladas en el pasado más oscuro de nuestra historia, defensoras a ultranza de una falsa unidad de España, contraria a cualquier intento de avanzar en el autogobierno regional.

Hoy, 15 años después, la derecha nacional españolista y católica: la iglesia, los poderes económico, mediático y financiero, y el PP, C´s y VOX… al amparo de una cada vez más cuestionada judicatura, y de una cada vez más cuestionada y desprestigiada monarquía, boicotean, una y otra vez, cualquier intento de avanzar en el progreso social y político, y de cumplir con el programa electoral que la mayoría trabajadora de este país ha votado.

Intentan promover un gran pacto de Estado, que primero fue llamado “nuevos pactos de la Moncloa” y ahora “pacto de reconstrucción nacional” que deja de lado la prometida derogación de las reformas del PP: la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013, la ley Mordaza, etc. Mientras que se acerca a nuestro país al desastre económico por la vía de la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, el deterioro de los servicios públicos… para construir un país de servicios “Low Cost”, que encaje en una Europa cada vez más dividida y al servicio del capital financiero.

Como socialistas, nos posicionamos contra cualquier pacto con la derecha. Nos reivindicamos del “No es No” de Pedro Sánchez contra la colaboración con la derecha de esos que dicen ser socialistas. No podemos tolerar ni un despido más, ni un cierre empresarial más. Reconstruir el país pasa por mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo hoy amenazados. Reconstruir el país significa avanzar en una política industrial que garantice la independencia de nuestra industria respecto de las multinacionales, y derogar las últimas reformas laborales que no han servido sino para generar más precariedad y pobreza en la clase trabajadora.

El capital financiero necesita un PSOE que, amparado en un gran pacto de Estado, lidere una ¿“nueva”? época de recortes y de ataque a los derechos colectivos. Los socialistas nos tenemos que sacudir de ese lastre con el que nos quieren cargar.  El acercamiento de C’s y los discursos del Gobernador del Banco de España y/o de la Ministra de Economía, son señales que nos alertan sobre los peligros de ese pacto con la derecha, al que quiere sumarse el PP y C´s.  La deuda pública de nuestro país alcanza ya el 115%, y exige la liberación de fondos para las empresas sin garantía alguna de mantenimiento del empleo.  Medidas como la renta mínima de supervivencia, no solucionan ningún problema pero sitúan nuestra caja única de la seguridad social en una situación de insostenibilidad financiera que la derecha pretende solucionar con nuevos recortes en las pensiones, con más chance para los planes de pensiones privados, subidas de impuestos al consumo, y con mayor liberalización del sector público, etcétera.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha destapado nuestras vergüenzas al poner en jaque un modelo sanitario y de servicios sociales que se ha ido privatizando en la última década; una bicoca puesta al servicio de las multinacionales que, al priorizar el beneficio al servicio, no son capaces de autoabastecer de productos básicos de protección; un modelo productivo excesivamente basado en los servicios de bajo valor añadido, y un modelo financiero que propone abundar en el endeudamiento del Estado para seguir derivando fondos públicos al sector privado mientras los recortes los sufrimos los de siempre. Cuatro millones de desempleados, desindustrialización, desmantelamiento del sector público, mayor desigualdad, mayor tensión regional y la cada vez más evidente podredumbre de las cloacas del Estado son la consecuencia más visible de las políticas opuestas al socialismo y al avance de la democracia. Por el contrario, son el caldo de cultivo del neo fascismo al que asistimos cada día.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta que tiene la clase trabajadora. El PSOE, la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de hacer frente común a los intentos de acuerdos por la derecha y, de no actuar, entregarán el país a los intereses del libre mercado, de la especulación produciendo más pobreza, más desigualdad y más desafección política, que por otro lado, es la puerta de entrada de la ultraderecha. No podemos echarnos las manos a la cabeza al escuchar al relator de la ONU, sobre la pobreza en España. y continuar haciendo lo mismo o no haciendo nada.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta capaz de avanzar en un encaje territorial que avance en la vía federal y republicana, y que acabe con las caducas y corruptas instituciones herederas del franquismo entre las que destacan el aparato judicial y la propia Monarquía.

En esta línea seguiremos trabajando desde Tribuna Socialista, conjuntamente con todos los militantes políticos y sindicales que se reclaman del socialismo.

El Comité de Redacción

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Dos años de la moción de censura

Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez alcanzara la presidència del gobierno tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y sus políticas de la Moncloa. Hoy, dos años después , preside el primer gobierno de coalición de la democracia y se enfrenta a la derecha más rància, más nostàlgica del franquismo, y con actuaciones más impunes que nunca.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy se despedía, tras la sentencia del caso Gürtel, que sentenciaba al PP como un partido corrupto;  tras haber agravado el conflicto catalán con los líderes independentistas en prisión o huídos de la justícia, y tras dejar un país recortado en derechos laborales y sociales,

La mayoría del parlamento reclamaba una acción política libre de corrupción, con el diálogo como bandera para resolver el encaje territorial de los pueblos, y que abordara los principales problemas de desigualdad, y de pérdida de derechos, que hoy la crisis de la COVID-19 ha acentúado.

La debilidad del gobierno es evidente. Seguimos con los mismos presupuestos prorrogados que aprobó Rajoy, y a pesar de las constantes llamadas a la unidad de los partidos, se está sudando la gota gorda para sacar adelante cada prórroga del estado de alarma y las medidas para afrontar esta crisis sanitaria y econòmica.

Dos años después de la moción de censura a Rajoy es necesario revivir el espíritu que posibilitó que aquélla saliera adelante, y más necesario si cabe, tras analizar las carencias de nuestro tejido productivo y las primeras consecuencias económicas de la pandemia.

La coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez prometía estabilidad y un programa claro para los próximos cuatro años, pero a los dos meses de iniciar su andadura se topó con dos virus: uno, el coronavirus, que hasta el momento se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, El otro virus, el del capitalismo Financiero que ya antes de la COVID-19 anunciaba una crisis más grave que la anterior, y que está aprovechando la liberación de fondos públicos para dejarlo todo como un desierto, menos sus cuentas de resultados.

La recesión es ya una realidad y mucho mayor que la de 2008. La mayoría social de este país requiere medidas urgentes. Si queremos que la crisis no vuelva a caer sobre la clase trabajadora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá empezar a hacer cosas diferentes a las del gobierno Rajoy en asuntos económicos.

El Ingreso Mínimo vital no es la panacea, ni puede ser el eje central de esta legislatura recién iniciada. Es más, el IMV puede convertirse en una ayuda a las empresas, al permitirse que su cobro sea compatible con el salario, complementándolo….desde el Estado.

Es necesario recuperar el espíritu de unidad de la moción de censura, el espíritu de ilusión con que la mayoría de este país recibíamos a este gobierno de coalición. Es necesario abordar el conflicto catalán desde el diálogo, es necesario que se deroge en su integridad las últimas reformas laborales, es necesario que las ayudas lleguen a los parados, pero sobretodo es necesario que no haya más parados. Necesitamos con urgència una moratoria indefinida para los despidos, al tiempo que se aborda una política industrial que aproveche las fortalezas de nuestro país para fabricar barcos, para producir energía eòlica, solar y mareomotriz, para fabricar respiraderos, mascarillas, y todo aquéllo que hoy importamos.

Es necesario proteger lo público, fortaleciendo el sector sanitario, la investigación, la enseñanza, y protegiendo el dinero público de la Seguridad social de las zarpas de los especuladores ansiosos por liberalizar las pensiones y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad y de los Servicios sociales, para mayor pesar de nuestra salud y la de nuestros abuelos.

Hemos de olvidar los grandes pactos de estado con esta derecha retrógrada y facha, que vive de la confrontación y se alimenta de nuestras debilidades para tirar adelante con las reformas que todos esperamos de este gobierno. El tiempo se agota. La derecha se crece apoyada en sus lobbies (Iglesia, sector Financiero, y especuladores de distinto pelaje), y amparados en una judicatura que necesita una urgente renovación democràtica y democratizadora.

El Gobierno de coalición no tiene los votos suficientes y necesita seguir negociando todos y cada uno de los asuntos que tiene que sacar adelante, por ello es necesario recuperar la unidad de la moción de censura.

No hay mejor aval para la consolidación del gobierno de coalición que hacer políticas para la mayoría social, cerrando la Puerta a la demagogia y al populismo franquista y fascista.

 Baltasar Santos

TS Tarragona

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La derecha está rabiosa, en defensa de sus privilegios

Desde noviembre de 1975 hasta las elecciones de junio del 77, la derecha estuvo muy alterada, después también; no olvidemos el intento de golpe militar de febrero de 1981. Se negaban a legalizar partidos de izquierdas, no querían desarticular el Sindicato Vertical, pretendían que la reforma legal solo fuese estética…Fraga y otros exministros de Franco, y miembros del continuista Gobierno de Arias Navarro, azuzaban a los mandos de las fuerzas armadas, también vinculados al régimen dictatorial, para que no se avanzase por una “peligrosa” (peligrosa para sus intereses, prebendas y privilegios) democratización de España.

Esa obsesión de la derecha, contra la posibilidad de que un partido de izquierdas gobierne “SU España”, en contra de que los trabajadores reconquisten derechos, de que los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español puedan decidir su destino, continúa viva, no se han curado. Esa tara mental colectiva es el resultado del miedo que tienen a perder sus privilegios; a pesar de que, más allá de los estéticos, como acompañar a “SU Caudillo” bajo palio y los festejos del 18 de julio para celebrar la criminal victoria genocida contra su propio pueblo, pocos privilegios han perdido.

La derecha está nuevamente rabiosa, con una rabia que, al parecer, han tenido en conserva durante cuatro décadas. Olfatean que esta vez va a ser complicado que la crisis la paguen las rentas del trabajo, pues la resistencia de la mayoría social es evidente. Temen que este Gobierno no sea capaz o no tenga la voluntad de tomar medidas agresivas en “SU favor”, como las que tomó Aznar con su ley de liberalización del suelo, que desembocó en la burbuja inmobiliaria, o la agresiva reforma laboral que impuso Rajoy.

Quieren desestabilizar al Gobierno. Desean llevar a este país a una situación insostenible sin importarles los costes económicos ni humanos, para forzar un gobierno de unidad nacional, de coalición o como sea, pero que les dé la tranquilidad de que no se van a subir impuestos para cubrir las necesidades sanitarias (eso sí, a las 8 aplauden para guardar las apariencias ante sus vecinos. Apariencias que quedan claras una hora después cacerola en mano), ni se van a establecer mecanismos de afianzamiento del Estado de Bienestar, al que no están dispuestos a contribuir.

La música es la misma de siempre, aunque AP y Fuerza Nueva o PP y VOX le pusieran y le pongan letra algo diferente. Sin embargo saben que la presencia del PSOE en cualquier tipo de gobierno que se forme es imprescindible, ningún partido por si solo tiene la suficiente credibilidad para aplicar las políticas que las instituciones financieras internacionales les requieren.

Somos solidarios del Presidente, Pedro Sánchez, de los ministros socialistas, de la coalición que han formado, pues representan a muchos millones de trabajadores y ciudadanos que quieren cambiar el país. Reivindicamos que tengan libertad para atender a las demandas de millones de trabajadores y ciudadanos en difícil situación, para aplicar el mandato de los electores, sin las abrumadoras exigencias de la patronal, a la que nadie ha elegido, de la Guardia Civil, a la que nadie ha elegido, del Banco de España y la Airef, que tienen prohibido recibir instrucciones de los que representan la soberanía del pueblo. De la misma manera que reivindicamos el derecho a gobernar de los que han sido elegidos para ayuntamientos y autonomías. Exigimos que se deje gobernar al Gobierno, para que pueda cumplir con los compromisos de investidura y de los programas electorales. Es legítimo que el Gobierno satisfaga las reivindicaciones pendientes de la mayoría social, no hay mejor forma de combatir a la derecha franquista que fortaleciendo derechos y libertades. Sabemos que es un Gobierno que aún no ha cuajado, apenas llevaba dos meses formado cuando estalló la pandemia, es un Gobierno de coalición con distintas sensibilidades en su seno y encima les ha tocado lidiar con la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. El resto de dificultades ya las pone la derecha.

No se trata de apoyar incondicionalmente al Gobierno, pues solo de sí mismo dependerá si se debilita, cayendo y arrojándonos a las fauces del gobierno que añoran los nostálgicos rabiosos o si se fortalece demostrando que gobierna para la mayoría social. Una medida así sería que el acuerdo del PSOE, UP y Bildu se hiciese extensivo a otras fuerzas políticas: ERC, BNG, Compromís, Mas País…para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013, la LOMCE, la derogación del Artº 135.3 de la Constitución…

El Gobierno se verá fortalecido si no aplica las recomendaciones que el Gobernador de Banco de España hizo en su reciente comparecencia ante las Cortes, en la que recetó: nuevos recortes, más despidos, etc. Las recetas de siempre.

La alternativa de los de la cacerola rojigualda es la regresión, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La alternativa al Gobierno actual es otro ataque al sistema público de pensiones, es otra andanada de leyes restrictivas contra los derechos fundamentales, no por el estado de alarma; Rajoy no necesitó un estado de alarma para abusar del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar el derecho de huelga, ni para la Ley Mordaza contra la libertad de expresión y movilización.

La deuda aumenta; los expertos la sitúan por encima del 115%, y de otra parte el  PIB desciende -9 puntos, es la previsión. Las posibilidades de entrar en una recesión fuerte son más que reales. El Gobierno se fortalecerá si no titubea, si se enfrenta a los que quieren que la crisis la paguen los de siempre, si impide los despidos, si reactiva la economía con todos los productos que les son necesarios a la sociedad e interviene, si hace falta, las entidades financieras y las fábricas que considere necesario. Competir con China no puede ser a base de bajar los salarios.

Con el anuncio de cierre de la planta de Nissan de Barcelona se corre el riesgo de dejar sin sustento a 23.000 familias, entre trabajadores directos e indirectos. Ante esto, el Gobierno debe actuar sin medias tintas. Alguna vez habrá que pararle los pies a las multinacionales. Los patriotas lo comprenderán; no se puede mentir al Presidente de un país que está dándote ayudas económicas por los cuatro costados y que no pase nada. Si se metieron más de 60 mil millones para sanear entidades bancarias que después fueron entregadas gratis o baratas a otras entidades financieras, no es descabellado expropiar una fábrica que te hace un roto laboral del tamaño de Nissan, máxime cuando es evidente que este país no puede depender en exclusiva del sector servicios. Más aún cuando ha quedado claro que tenemos carencias básicas como la fabricación de respiradores hospitalarios, por poner solo un ejemplo.

Nissan, a pesar del tremendo drama que representa, puede que sea la primera parte de la punta del iceberg que se nos echa encima. Los despidos se están produciendo en la mismísima sanidad pública; por ejemplo en la Comunidad de Madrid –icono del PP de lo que debiera ser un Gobierno- se está despidiendo a los sanitarios que fueron contratados para paliar el déficit de personal, y se está contratando con cuentagotas en la atención primaria. Como dicen los católicos: “desvestir un santo para vestir a otro”. Las compañías aéreas están anunciando despidos masivos. El 30 de junio termina la protección a los trabajadores que han caído en la desgracia de los ERTE de fuerza mayor, los cuales suman más de tres millones y cuyos salarios han descendido por este hecho entre un 30% y un 50%. Todo hace temer una ola de ERE, por eso es muy urgente la derogación íntegra de la reforma laboral. El turismo se va a resentir sin duda, y así un largo listado de sectores y empresas a las que el Gobierno está ayudando con multimillonarias cifras, pero que no garantizan el empleo. Por ende, las ayudas económicas deben ir destinadas a impedir la destrucción de puestos de trabajo y sólo a las empresas que aseguren el mantenimiento del empleo.

Hay que recordar nuevamente que el Gobierno de quienes enarbolan la cacerola, soltó más de 60.000 millones de euros solo para un solo sector, el Financiero; cuyo “agradecimiento” a la sociedad fue la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo de los que no han devuelto ni el 10% de esa deuda con el Estado. 60 mil millones equivalen al 50% del coste económico estimado de la actual pandemia.

La mayoría social debe percibir, tiene que ser tangible, que el gasto público se destina a las prioridades de la mayoría: el Ingreso Mínimo Vital, aunque insuficiente, lo es; siempre que no se termine utilizando para complementar salarios, lo que sería una manera indirecta de financiar a las empresas. Necesitamos que se refuerce y se asegure como un derecho, como una conquista histórica, un subsidio de desempleo que cubra todas las necesidades de una unidad familiar media. Reforzar el sistema sanitario con infraestructuras, medios técnicos y personal bien remunerado lo es. Desdoblar las aulas y contratar profesorado para que el septiembre se inicie el curso con normalidad y con medidas de prevención para alumnos y profesores lo es…Esas son, entre otras muchas, las prioridades que hay que abordar.

Ante todo esto, que es mucho, no basta con salir a aplaudir a las ventanas. Las organizaciones que representan a la mayoría social, sean de la naturaleza que sean: partidos, sindicatos o asociaciones, deben aunar una respuesta por y para la mayoría social. No tenemos los medios de comunicación, carecemos del dinero para financiar campañas como hace Steve Bannon, no tenemos los medios de producción, pero seguimos siendo la mayoría que trabaja para llevar un salario a casa con el que mantener a nuestras familias, la que cotizó y recibe una pensión, la que estudia para tener opción a un futuro digno, y cada día esos sueldos, esas pensiones y ese futuro están más devaluados.

 El Comité de Redacción

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Un 1º de Mayo virtual, pero no menos reivindicativo

Por vez primera en la historia, se va a celebrar el 1º de Mayo, “Día internacional del Trabajo”, virtualmente; solo con videos, manifiestos, entradas en páginas web, blog y redes sociales. Es el cóctel de la digitalización y la pandemia del COVID-19. Pero el hecho de que nos veamos obligados, por las circunstancias, a no poder manifestarnos en la calle, no significa que este 1º de Mayo no esté cargado de reivindicaciones.

Los trabajadores de todos los sectores de actividad, sin exclusión, están exigiendo protección para el desempeño de su trabajo. Es lo mismo que venimos exigiendo desde hace muchas décadas: inversión en prevención de riesgos laborales. En esta ocasión con un motivo añadido muy concreto, como es minimizar el riesgo de contagio. La prevención de los riesgos laborales no es una cuestión menor, en enero se produjeron 56 muertes en accidente laboral, un 27,3% más que en enero de 2019. Y el año 2019 se cerró con la muerte de 605 trabajadores y trabajadoras. Lo hemos visto con la explosión vírica del coronavirus. Uno de los grandes problemas ha sido el desabastecimiento de equipos de protección, incluídos los más básicos. No hay nada que inventar, lo que hay que hacer es invertir. Este 1º de Mayo reivindicamos protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Reivindicamos empleo para todos y todas, de calidad. La tasa de paro al cierre de 2019 fue del 13,78%, es decir que 3.200.000 de trabajadores carecían de puesto de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por un ERTE, a fecha de 14 de abril publicado en la revista digital “Mercado Libre”. En julio veremos la EPA del fatídico segundo trimestre. Recodemos que el primer trimestre de 2013 –justo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP- se alcanzó la espeluznante cifra histórica de 6,2 millones de desempleados en nuestro país. Estos datos justifican el temor al desempleo, generan incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro inmediato.

La experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó en 2008, y de la que muchos y muchas de los de nuestra clase social aún no han salido, nos ha dejado la sospecha de que se pretenda que la reconstrucción económica sea pagada nuevamente por los más desfavorecidos. Aquella crisis sirvió para abaratar el despido, para devaluar los salarios y para deteriorar las condiciones de trabajo.

Esta crisis sanitaria nos está enseñando la cara más cruel del capital. Desde la derecha: política, económica y mediática, se ha presionado al Gobierno para que se reabra la actividad económica; y así se hizo desde el 13 de abril. A la vez, muchas comunidades autónomas han presionado para que las familias salgan con los niños menores de 14 años, en su afán por aparecer ante la ciudadanía como los que abren las puertas, dejando al Gobierno solo, ante el agotamiento de la ciudadanía tras siete semanas de confinamiento; así está ocurriendo desde el domingo 26 de abril. A fecha de redactar esta editorial ya se está produciendo un repunte en el número de muertos y afectados, que se mide comparando el bajón que iba produciéndose con las cifras actuales, según datos del Ministerio de Sanidad a 25 de abril. ¿Quién se hace responsable de ese plus de muertes y de esos contagios? ¿Son bajas asumibles, daños colaterales?

En la sesión de control al Gobierno, celebrada el 22 de abril, el PP pedía al Gobierno determinación. Desde Tribuna Socialista coincidimos en eso con el señor Casado, aunque solo sea en la formulación. Los trabajadores también le pedimos determinación al Gobierno. Pedimos determinación para intervenir en la sanidad privada y que se devuelva el dinero público que haya podido pagar el Govern del Sr. Torra a establecimientos privados sanitarios. Determinación para paralizar la privatización permanente que lleva a cabo la señora Ayuso en Madrid, utilizando infojob para gestionar empleo público o cadenas de comida basura para asistir a las familias en situación de pobreza. Determinación para exigir la devolución del dinero público con el que se sanearon entidades bancarias que al poco fueron entregadas a otras entidades privadas, máxime cuando nuestros bancos se dedican a sacar dinero de España en dirección a paraísos fiscales: es el caso de Caixabank que prepara la “apertura de un banco en Luxemburgo para ricos españoles”, según informa eldiario.es en su edición del 13 de abril. Determinación para dotarse de un polo de Banca Pública que canalice el crédito del ICO sin depender de las entidades financieras privadas, para que garantice los servicios bancarios básicos en todos los municipios del Estado. Determinación para depurar responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores. Determinación para municipalizar la gestión de los servicios funerarios y que la muerte deje de ser un negocio…Deternimación.

El compañero Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de no repetir lo que hizo el compañero José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Ha tomado una serie de medidas para proteger a los sectores más afectados… No es suficiente. Lo que la mayoría social reclama es un plan de emergencia que levante el país y genere masivamente empleo público, reforzando la sanidad y demás servicios públicos.  La reconstrucción no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas ni de los jóvenes de nuestro país.

La respuesta a aquellas medidas de mayo de 2010 ya la vimos en noviembre de 2011. Y lo peor es que las sufrimos en marzo de 2012 y en el mismo mes de 2013, con la violenta reforma laboral y la agresiva reforma de las pensiones, respectivamente. El Gobierno debe restaurar los derechos de los trabajadores que el PP lesionó. Derechos que son fundamentales para defendernos en esta crisis: restableciendo el principio de ultractividad de los convenios, anulando el despido barato, quitando el descuelgue empresarial en los convenios… que derogue la reforma laboral y garantice el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, apoyamos a los trabajadores de hospitales de Cataluña, de Madrid, de Galicia… que se movilizan diciendo que no son héroes sino trabajadores y que a los políticos que les llaman héroes les piden hechos: revertir los recortes de la sanidad desde 2010, de medios, de personal, y también el 5% del salario. Eso sería apoyarles y valorar su labor, lo demás son gestos y palabras huecas.

El pacto de reconstrucción debería ser posible con todas las fuerzas que representan a los trabajadores y a los pueblos del Estado español, para proteger a la mayoría, para corregir lo que se ha puesto en evidencia que no funciona, para llevar a cabo una reforma constitucional que aborde las prioridades de la mayoría. Lo que planteamos no es una quimera ni una utopía, es simplemente democracia.

¡Viva el 1º de Mayo!

Comité de Redacción de TS

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Las necesidades de la población vs los intereses de los poderosos


El Parlamento aprobó el jueves día 9 quince días más de confinamiento, Sumarán 42 días, de momento. Tras las primeras cuatro semanas, no se han despejado las incertidumbres que pesaban sobre la mayoría social antes del 14 de marzo; lejos de ello se han agravado.  Veíamos con perplejidad como se suspendían eventos internacionales como el World Trade Mobile Congress de Barcelona mientras se permitían otros eventos de impacto similar, en cuanto a concentración del número de personas se refiere: partidos de fútbol, mítines en plazas de toros…

Sin duda, el escándalo de las residencias de las personas mayores muestra la cara más atroz, más temeraria y cruel del Mercado. Las residencias, como la Salud y muchos servicios públicos, se han convertido en un negocio que juega con la vida de las personas. El afán del beneficio y la mordida; en forma de porcentaje y/o puerta giratoria, han convertido las residencias en auténticos morideros. El negocio de las residencias demuestra que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, ni es para todos igual, ni estamos todos en el mismo barco.

¿Es una crisis sanitaria? Desde el primer momento se han dado mensajes que limitan y distorsionan el carácter de la pandèmia. Se dice: “la pandemia es una crisis sanitaria”; pero no es sólo eso. La expansión vírica ha puesto al descubierto, con toda su crudeza, el carácter del sistema económico y social al que estamos sometidos y del que somos víctimas. No abundaremos en cifras que conocen los lectores de Tribuna Socialista, es el sistema que antepone los intereses de unos pocos frente a la vida de las personas, tengan estas la edad que tengan.

Los recortes en la sanidad pública lo demuestran. La destrucción de puestos de trabajo, la carencia de medios de protección, de respiradores en la UCIs… se ha convertido en un aliado del virus

Las políticas económicas aplicadas en los últimos 10 años han dejado  desprovisto de los profesionales necesarios al sistema público sanitario. El presidente del Gobierno prometía la incorporación de 50.000 profesionales de la sanidad a los hospitales para atender a los afectados por el Covid19,  y no se han incorporado ni la mitad.

La lógica del capital, consistente en el cierre de plantas hospitalarias, la merma en infraestructuras, en medios para la investigación y la disminución de profesionales, se muestra como un arma letal cada día contribuyendo al incremento del número de muertos. Van más de quince mil, a la espera de que las comunidades autónomas, cada una con sus sistema de recuento propio (¿?), informen del número de fallecidos por coronavirus. No es una crisis sanitaria o no sólo; es la consecuencia de las decisiones impuestas por quienes nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos dicen que la crisis es de todos, porque el virus afecta a todos; sí, pero a unos afecta más que a otros. Las afectaciones en los barrios populares, donde el poder adquisitivo es más bajo, las condiciones de trabajo más precarias y el tipo de viviendas más reducido y en peores condiciones de salubridad, los contagios y las transmisiones son mayores que en barrios más pudientes, donde el poder adquisitivo está por encima de la media, como demuestra un estudio publicado estos días por El Periódico de Cataluña. Todos no son como Aznar que se recluye en su mansión de Marbella con todo tipo de lujos, por tanto las consecuencias del virus no son lo mismo para todos y todas.

Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTEs supone de entrada una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 30% del salario, ¿cuánto tiempo podrá resistir la economía familiar de estos trabajadores, si la mayoría de ellos no llegaba o llegaba muy justo a final de mes? La incertidumbre se incrementa para todos aquellos que han sido despedidos sin ningún tipo de garantías de volver a encontrar empleo. También los trabajadores autónomos y pequeños empresarios ven con terror el futuro de sus proyectos empresariales o de negocio. Los estudiantes ven amenazado el curso académico sin que nadie garantice un final con aprovechamiento adecuado del aprendizaje ni que las evaluaciones serán justas para todos los alumnos; la brecha digital –por localización geográfica, renta, generación, conocimiento digital…- se está haciendo muy evidente en estos momentos.

Un coro formado por las patronales y los partidos de la derecha, están presionando al Gobierno para que éste permita a las empresas ser las que decidan qué actividad de empresa es servicio esencial o no, por tanto, quién vuelve a trabajar y en qué condiciones, sin que esté suficientemente garantizada la seguridad a los trabajadores o trabajadoras que se incorporan. Ni el Gobierno debería ceder ni un ápice a dichas presiones, ni las centrales sindicales consentirlo; la salud, la vida de las personas debe estar por encima de los intereses de unos cuantos desaprensivos que solo piensan en sus beneficios.

La crisis ha puesto al descubierto las carencias democráticas de un sistema con muchas reminiscencias del pasado, empezando por la monarquía, que actúa al servicio de los poderosos y las altas finanzas.

En el debate parlamentario del día 9 de abril, Pedro Sánchez dijo que “la Unión Europea está en peligro si no muestra su solidaridad sin fisuras“, pero la UE sigue mirando para el mismo sitio que en la crisis del 2008, es decir a los sectores financieros que nada hacen por combatir el Covid19, más al contrario, sólo ven negocio, negocio y negocio. El Banco Central Europeo hace todo lo posible para facilitar a las entidades financieras la obtención de sustanciosos beneficios: por un lado avala al 80% los créditos empresariales para que las entidades privadas no corran ningún riesgo en caso de impagos y por otro da créditos a coste cero, para que sean estas mismas entidades financieras las que fijen el porcentaje de interés por crédito a los gobiernos. Llueve sobre mojado.

De nuevo, el Gobierno tendrá que decidir entre aplicar el artículo 135 de la Constitución, que el gobierno de Zapatero pactó reformar, por el que se da prioridad al pago de la deuda o destinar dinero a la sanidad y a otros servicios públicos. La UE está descompuesta y sumida en una crisis sin fin, aparece más como un obstáculo insalvable para la solución que necesita la mayoría social que como una herramienta en favor de los pueblos de Europa. Queda en evidencia que la UE es una herramienta para los mercados. Sus estructuras e instituciones no están diseñadas para socorrer a los ciudadanos.

Es necesario un cambio en profundidad del sistema económico y de producción, en el que las principales empresas: de servicios estratégicos, energéticas, financieras, del textil, farmacológicas, y todas aquellas que sean necesarias  para atender las demandas sanitarias de la población,  se pongan al servicio del Estado, para que sea el Gobierno, con el debido control parlamentario, quien determine las prioridades de producción necesarias para cubrir las necesidades que la situación de pandemia exige hoy, y en el futuro. Con o sin pandemia, con o sin crisis, la vida de las personas y su bienestar tienen que prevalecer sobre el beneficio y la acumulación privada.

Comité de Redacción de TS

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Hay que acabar con el virus y con los parásitos

covid19 No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

 

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“Lo decimos una vez más: Necesitamos un Gobierno que gobierne para la mayoría”

Tras las elecciones del pasado día 10 de noviembre, los acontecimientos se suceden con rapidez. Unos resultados que Tribuna Socialista ya analizó en la edición Especial Elecciones 10-N, editada el 11 de noviembre: “Contra el ascenso del fascismo: políticas en favor de la mayoría”.

En menos de un mes se han puesto en marcha más iniciativas y se han dado más pasos que en seis meses tras el proceso electoral de abril. Acontecimientos que han tomado su forma más relevante en el pacto entre PSOE y UP, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez y la inmediatamente posterior formación de Gobierno de coalición. A pesar de la ambigüedad y falta de compromiso sobre las demandas planteadas por la mayoría social el acuerdo ha sido refrendado muy mayoritariamente por las bases en las consultas realizadas por ambos partidos.

Este acuerdo ha abierto la puerta a las negociaciones con ERC, quienes también han recibido el apoyo de sus bases para apoyar la investidura del líder socialista. Si bien el apoyo está condicionado a que se abra una mesa de diálogo. Esta condición ha sido interpretada por los agoreros de la derecha como un chantaje, como si cupiese esperar que ERC le fuese a entregar el apoyo a Pedro Sánchez sin ninguna condición, como si una mesa de diálogo no fuese lo mínimo, el primer paso, para buscar una salida a medio y largo plazo a la cuestión catalana, siendo lo más urgente la libertad de los presos. Como si todos los partidos, desde siempre, no hubiesen puesto condiciones a la investidura presidencial, a cambio de sus votos.

El camino iniciado debería permitir establecer una base firme para encontrar apoyos en el Parlamento entre las fuerzas que se reclaman de la izquierda, para que se forme Gobierno, para que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PP.GG.EE) que no sean los que elaboró Montoro (PP).  Somos conscientes de que el camino no será sencillo, pues la derecha: la extremada, la de siempre y de la que se hace pasar por otras cosas, trabajan para quién trabajan y harán todo lo posible y más para trabar la normalidad de la dinámica parlamentaria. Lo previsible es que la actual batalla por desbaratar la formación de un Gobierno que aplique políticas favorables a la mayoría de la sociedad se traslade a los PP.GG.EE.

La presión contra el pacto de PSOE y UP es tremenda. Una presión que se hubiese aguantado mejor con los resultados del 28 de abril. Una presión que a modo de campaña organizada llega desde los tradicionales flancos: mediático, político y económico. En este sentido, hay que reconocer la perseverancia de Felipe González y su coro, coincidiendo con los medios de comunicación más radicales en sus posiciones antiobreras y con las instituciones del capital: CEOE, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Círculo de Empresarios,… Incluso en el seno del PP, a la desesperada, Feijóo –el amigo de los narcos- entre otros, sugieren una gran coalición y ofrecen los votos del Partido más corrupto de nuestra historia, para condicionar la política del futuro Gobierno, para que se continúe gobernando en favor de la minoría.

Los representantes de los responsables de la crisis que se inició en 2007, los mismos que se han beneficiado de esa crisis, braman contra la necesaria derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aúllan contra la marcha atrás de la reforma de Pensiones de 2013, graznan contra la derogación de las leyes regresivas y represivas que impuso el PP: Ley Mordaza, Artº 315.3 del Código Penal, la LOMCE…

La pantalla de humo perfecta para la derecha es el lío y la confrontación; de ahí la hiperbólica actitud de los dirigentes de VOX. Por eso el PP alimenta los conflictos con represión y judicialización de la vida política, en connivencia con los jueces y fiscales que “trabajan a favor de obra y de la Obra”.

Nuestra historia está atravesada por conflictos territoriales, el más reciente y cruento es el sufrido en el País Vasco, con sus terribles consecuencias, a pesar de conseguirse una salida positiva y democrática; gracias al proceso de paz y negociación que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidamos la actitud de la derecha: el PP de Aznar, Mayor Oreja, y demás secuaces. Y ya vamos oyendo los mantras de PP, VOX y C’s en relación con el conflicto en Cataluña: “155, cárcel, represión”. Son capaces de tensar la convivencia hasta extremos inusitados de manera irresponsable y reiterada.

Los conflictos políticos se resuelven con política, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones como por ejemplo las apuntadas por el PSC, en la línea de una reforma constitucional, entre otras reformas urgentes que la Constitución necesita, que asiente la realidad de este país: un país plurinacional. Una reforma que supere la etapa de las autonomías, para avanzar por la vía del federalismo dejando atrás la “España una grande y libre” (libre para los abyectos afines al franquismo).

Los desafíos y las incertidumbres son importantes, complejos, pero si la izquierda se une tenemos la oportunidad de dar respuesta a una etapa en la historia caracterizada por crisis económicas recurrentes que la han hecho pagar a los más desfavorecidos con enormes retrocesos sociales y un profundo recorte del Estado de Bienestar, en España y en tantos y tantos países.

Esta es la situación política actual, de ahí la importancia de lo que desde Tribuna Socialista venimos pidiendo reiteradamente: un Gobierno que gobierne para la mayoría, con la agenda social necesaria. Sabemos de los obstáculos que las instituciones financieras, nacionales e internacionales pondrán, también somos conscientes de que los poderes  venidos del régimen anterior se opondrán a dar solución política a los problemas políticos y buscarán la confrontación permanente Es por ello que estamos expectantes y esperanzados en que los que teniendo representación parlamentaria, y reclamándose de la izquierda, tomen consciencia de la gran responsabilidad que tienen.

Hace unas pocas semanas hablábamos de incertidumbre, y ahora tenemos lo que deseábamos, pero sigue siendo una situación delicada, frágil, que requiere prudencia y generosidad. Al mismo tiempo que firmeza para recuperar todos los retrocesos que los Gobiernos de la derecha nos quitaron con sus medidas, sólo con más derechos y más democracia paremos los pies a los que nos quieren volvernos al pasado.

Desde Tribuna Socialista reiteramos ese deseo compartido, esperamos inteligencia y paciencia, para garantizar una legislatura estable, provechosa y progresista. Solo pedimos esto, un Gobierno que gobierne para la mayoría de la sociedad.

Comité de Redacción

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Que no haya Gobierno es desoír el mandato de las urnas

El 28 de abril las urnas hablaron claro, pero tras más de 140 días no se ha entendido o no se quiere entender. Lo primero sería grave, pero lo segundo sería peor.

La mayoría de la sociedad se volcó en participar de las últimas elecciones legislativas; la mayor participación desde 2004. Más de 12,6 millones de votos fueron a los partidos políticos que se reclaman de izquierdas. El resultado, por si alguien aún no ha echado cuentas, es que hay 185 diputados (PSOE, UP, ERC, Bildu, Compromís) que pertenecen a ese conjunto de organizaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Recordando que la mayoría absoluta está en 176.

La respuesta de los votantes de izquierda no fue una contestación sólo ante la amenaza real de la llegada de la ultraderecha. Fue una reacción positiva para poner freno a las políticas del PP; tanto si las adopta en común con Ciudadanos o sin ellos, con VOX dentro o con VOX fuera del Partido que fundó el ex ministro de Franco, Manuel fraga.

Las urnas respondieron en sintonía con el «No es No» con el que las bases del PSOE apoyaron a Pedro Sánchez, frente a lo que suponía Susana Díaz y el «felipismo» del que ella se reclama, que pugnaba por dar continuidad a las políticas del PP absteniéndose en la investidura a Rajoy.

El 28 de abril, más de doce millones y medio de ciudadanos y ciudadanas votaron para que hubiese un Gobierno que defienda el actual Sistema Público de Pensiones derogando las reformas que lo condicionan y que sólo garantizan recortes y devaluación de las pensiones; como así ocurre con el mecanismo de revalorización introducido en 2013 por el PP, por el que sólo se revalorizan un miserable 0,25% anual. Es lo que ocurre con el «factor de sostenibilidad», que estira el importe de la pensión en función de la esperanza de vida; es decir que los pensionistas cotizaron en dinero real mientras trabajaban y ahora se les pretende pagar la pensión en base a artificios estadísticos.

Se votó para que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012; que son las vías abiertas en la legislación laboral que han facilitado el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. Esto explica cómo es posible que los trabajadores, a pesar de tener un puesto de trabajo, no tengan garantizado no vivir en la pobreza; lo que sufre casi un 15% de los asalariados y asalariadas. Por el contrario, el número de superricos se ha triplicado. Esto ha ocurrido en los años más duros de la crisis que provocaron los especuladores, pero que mientras las medidas legislativas que se tomaron sigan en vigor, contra las que hicimos tres huelgas generales, seremos los trabajadores los que pondremos el esfuerzo para que la minoría que provocó la crisis se siga viendo beneficiada.

Parar a la derecha no es cuestión de filias y fobias, es una cuestión práctica: la mayoría social (asalariados, pensionistas, desempleados, autónomos, estudiantes) necesita cambios legislativos valientes para defender un Sistema de Educación Público de calidad, en el que la religión no interfiera ni influya. Necesitamos que se legisle para potenciar económicamente a los centros públicos, con medios materiales y humanos, en lugar de primar la enseñanza privada; «casualmente» propiedad de las órdenes religiosas, en la mayoría de los casos.

Un Gobierno de la izquierda es una necesidad, para recuperar lo privatizado del Sistema Público Sanitario, pues es inadmisible e inaceptable la situación que se está viviendo en las urgencias hospitalarias, las listas de espera o la tercermundista situación que se vive en la Comunidad de Madrid con la lencería hospitalaria. Igual que en la Educación, en la Sanidad pública, hay que dotar de medios humanos y materiales a los centros hospitalarios públicos, en lugar de derivar a los pacientes a los centros privados; también muchos de ellos en manos de la Iglesia y de especuladores de la salud.

Son necesarias medidas medioambientales que pongan freno al «pirocrimen» al que asistimos todos los años en la etapa estival. Como son necesarias medidas medioambientales que combatan la contaminación atmosférica en las grandes urbes.

Para abordar estas necesidades, es preciso acometer una reforma fiscal que equilibre lo que hoy es exageradamente desequilibrado. El peso de los tributos por rentas del trabajo es, con diferencia, el mayor de los tres grandes bloques de ingresos vía impuestos, los otros dos son el IVA y el de sociedades o rentas del capital.

En nuestro país se recauda un 7% menos que la media de la zona euro, lo que equivale a unos 80.000 millones de euros cada año. No sólo se trata de ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en cuanto a presión fiscal; hay que luchar seriamente contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, pero no al estilo Montoro con amnistías para los defraudadores.

Todas estas políticas fueron introducidas por los gobiernos del PP a base de represión: haciendo un uso abusivo del artículo 315.3 del Código Penal, por parte de la fiscalía y de algunos jueces, y con la introducción de la Ley Morzada. Fue y es evidente que se legisló para criminalizar la legítima respuesta de los trabajadores, de la mayoría social; lesionando derechos fundamentales como la huelga, la libertad de expresión o el de movilización. Por eso necesitamos un Gobierno que derogue esta legislación atentatoria contra las libertades.

Necesitamos un Gobierno que dé una salida democrática, desde la política, al conflicto generado en Cataluña. Coincidimos con CCOO y UGT de Cataluña quienes, en su manifiesto unitario de este 11 de septiembre, reclaman la libertad para los presos, consideran abusivos el uso que se está haciendo de la prisión preventiva y manifiestan que con los presos en libertad sería más fácil de evitar la polarización de la sociedad catalana. La mayoría social del resto del Estado no nos podemos desentender de esta cuestión, que es central para la democracia y los derechos.

Los discursos de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, auguran sentencias ejemplares que caerán como una losa sobre la mayoría social de nuestro país y, sin ninguna duda, serán un verdadero obstáculo para una solución democrática, que deberá pasar necesariamente por que el pueblo catalán decida libremente su destino, en un referéndum negociado y legalmente reconocido. UGT y CCOO lo expresan de la siguiente forma en su manifiesto: «Nos declaramos  a favor del ejercicio del derecho a decidir entendiéndolo como un derecho democrático que incluye todas las cuestiones individuales y colectivas que nos afectan, sociales, laborales y políticas»

Que no haya un Gobierno, independientemente de quiénes lo conformen, y que no haya un acuerdo que lo sustente, es vulnerar el mandato de las urnas. Un mandato que fue nítido y mayoritariamente de izquierdas.

El escenario de unas nuevas elecciones es legítimo, claro que sí, y no nos da miedo, pero dejaría el mensaje de que no se quiere tener un Gobierno que tenga que afrontar las también legítimas aspiraciones de la mayoría de la sociedad.

No alcanzar un acuerdo y no poner en marcha la legislatura para abordar las cuestiones expuestas, entre otras muchas, es darle un balón de oxígeno a la derecha. Por eso los voceros de esa derecha: política, mediática y económica llevan semanas animando a que no haya acuerdo, diciendo “no pasa nada por volver a votar”. Desde Tribuna Socialista decimos que sí pasa: pasa la oportunidad de iniciar una senda distinta a la que venimos sufriendo la mayoría.

Comité de Redacción

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Para que ganen los derechos y libertades, que no gane la derecha.

Haz que pase.
Haz que pase

Las elecciones del 28 de abril son de una trascendencia fundamental. Hay que terminar con la derecha franquista de una vez por todas.

Después de 8 meses con Pedro Sánchez en el gobierno y sin que se hayan cubierto muchas de las expectativas que generó la moción de censura, nos encontramos, seguramente, ante la campaña electoral en la que los electores desconfían más de las instituciones del Estado y de las candidaturas que tienen opción de gobernar. El 41% del electorado no tiene definido su intención de voto.

Corresponde a toda la izquierda diferenciarse con propuestas claras y sin ambigüedades de las propuestas que representan a los intereses de los poderes financieros, de sus planes económicos y de sus políticas de recortes de libertades.

El PSOE es, una vez más, la fuerza política de referencia que concentra las expectativas de la mayoría social. Detener a los partidos de la derecha es defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Los intereses que PP, C’s y VOX representan, son contrarios al mantenimiento del Sistema de Pensiones públicas y son incompatibles con el mantenimiento de la Sanidad y la Educación públicas. Por ello, debemos volcarnos en la campaña electoral, para conseguir el máximo de votos; esta es la principal tarea que tenemos los militantes socialistas.

Desde Tribuna Socialista contribuiremos para conseguir el triunfo necesario.

La precampaña se está librando en paralelo a los juicios contra los políticos catalanes, por donde están desfilando, policías y guardias civiles con declaraciones que carecen de la veracidad requerida en cualquier juicio que se precie de democrático, contando además con la complicidad de la presidencia de la sala del Tribunal Supremo, quien, como si de un director de escena se tratase, dirige a los actores para que el juicio parezca justo.

La campaña también coincide con el escándalo de la “policía patriótica”, eufemismo de “policía franquista”, que no ha cambiado ni un ápice las formas y modos mafiosos y criminales de la dictadura de la que provienen; las escuchas y audios de las conversaciones grabadas, sobre los espionajes a partidos en los que aparecen implicados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el mismísimo Mariano Rajoy y su Gobierno.

Hay una necesidad perentoria de cerrar el paso a las posiciones extremistas de las tres opciones de la derecha que se disputan la representatividad de los franquistas y que quieren imponer verdaderos retrocesos en derechos y libertades.

Todos quieren acorralar al PSOE para que no ofrezca ninguna resistencia a los planes de los poderes financieros y mucho menos se pueda ofrecer una salida democrática al “problema de Cataluña”.

No podemos desentendernos de nuestra responsabilidad; derechos y libertades están siendo cuestionados continuamente por PP, C,s y Vox. Quieren hacer retroceder e incluso derogar todas las conquistas y libertades conseguidas. La realidad demuestra que la defensa de los derechos y de las libertades es inseparable.

En estas elecciones generales no cabe la ambigüedad, y es por ello que desde posiciones socialistas cualquier acercamiento a C,s  significará abrir la vía a la crispación y el enfrentamiento entre pueblos; además de generar dudas y quiebras de confianza entre los votantes socialistas.

Debemos defender con firmeza el diálogo y la negociación como la seña de identidad socialista frente a los que impulsan el enfrentamiento entre los pueblos y la judicialización de la política.

La mayoría social sigue esperando que se deroguen las reformas laborales, que tanto daño sigue haciendo, mientras tanto repuntan de nuevo los expedientes de regulación que provocan la destrucción de miles de empleos. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para recuperar y garantizar los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores tiene que ser un compromiso claro de los partidos de izquierda.

La defensa de la industria garantizando el empleo digno y con derechos, debe ser permanente para un gobierno socialista.

Establecer una política fiscal de forma progresiva que pague más el que más tiene y no exima a las grandes fortunas ni reduzca a su mínima expresión la presión fiscal sobre las empresas.

Es urgente la derogación del artículo 315.3 del código penal mediante el cual hay encausados más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga para defender los derechos colectivos.

La defensa de los servicios públicos pasa necesariamente por la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago a acreedores y entidades financieras que al mantenimiento de los servicios públicos. Hemos de volver a situar la economía al servicio de las personas y no al revés.

La derogación de la ley Mordaza debe ser un compromiso firme y sin ambigüedades, no hay país democrático que meta en la cárcel a raperos, artistas y titiriteros por expresarse libremente o aludir a la Casa Real, institución cada vez más desprestigiada al haberse hecho evidentes las corruptelas que todos sospechábamos. Una institución, La Corona, anacrónica, aparece cada vez más incomprensible ante las demandas de la mayoría social.

También ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso en la defensa un estado federal en que podamos proponer y defender nuestro modelo de Estado, en un referéndum en el que la mayoría pueda elegir libremente entre Monarquía o República..

Comité de Redacción

 

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Compromiso para recuperar derechos y libertades

Una vez fijada la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, observamos que se abre un periodo de desconcierto, en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el futuro de los derechos y libertades.

Frente a la incertidumbre y el miedo que siempre genera no ver un horizonte claro, la izquierda debería tomar compromisos claros y sin ambigüedades, en relación con las preocupaciones que más afectan al movimiento obrero, es decir a la mayoría de la sociedad. Es preciso arrojar luz en el futuro, pues en función de qué tendencia tenga el gobierno, tras las elecciones generales, la incertidumbre que se cierne sobre el Sistema Público de Pensiones se acentuará o se disipará; la reforma laboral salvaje de 2012 continuará vigente o se le dará otra vuelta de tuerca para hacerla más sangrante contra los trabajadores; los retrocesos en derechos y libertades se acentuarán o recuperaremos los derechos y libertades: como ocurre con el Artº 315.3 del Código Penal o la Ley Mordaza.

Hay una cosa cierta, la conjura de la derecha neofranquista es la garantía de la minoría social para doblar cualquier tipo de resistencia, machacar la más mínima oposición a que se cumplan los planes de los poderosos, en el terreno económico, en el social y de las libertades.

En la declaración surgida de nuestra asamblea anual y publicada en TS n.º 99, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de derechos y libertades, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez frente a los ataques del Partido Popular y sus aliados. También a las movilizaciones que recorren las calles de nuestras ciudades defendiendo las conquistas conseguidas durante años de lucha.

La defensa del estado de bienestar ha caído en el olvido para algunos dirigentes, pero la situación es tozuda, el diario El País del día 18, publicaba que 600 000 pacientes permanecen en lista de espera para operarse y 1,5 millones esperan visita con el especialista, para el médico de familia la espera es hasta de 15 días.

UGT y CCOO reclaman con razón la derogación de la reforma laboral, al menos, en sus elementos más dañinos: como la recuperación de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación del principio de ultraactividad. Pero la legislatura se agota y continúa sin realizarse, a pesar de haber sido acordado en las mesas de Diálogo Social.

Mientras, la Unión Europea se empantana en el sórdido espectáculo del Bréxit (todos los derechos en el aire), los planes económicos de los organismos internacionales y de los bancos continúan: en España las cifras de paro y precariedad siguen aumentando, se prevén miles de despidos en el sector financiero, añadidos a los 90.000 puestos de trabajo destruidos desde 2008. El sector del automóvil amenaza con una remodelación de consecuencias incalculables. España sigue exportando jóvenes, y los organismos internacionales del capital ya han redactado el encargo para el próximo Gobierno: realizar otra reforma de pensiones y otra ronda de recortes para pagar la deuda creada por Rajoy en defensa de los intereses de su clase social.

El juicio contra los políticos catalanes se está mostrando ante la opinión pública como un juicio político que será incapaz de solucionar el llamado , sin embargo, está siendo utilizado como arma arrojadiza contra el diálogo y la negociación para crear un clima de excepción, en el que no podamos defender ningún derecho. Los socialistas debemos distinguirnos y afirmar con fuerza: frente a la judicialización negociación, frente a la confrontación diálogo.
Para la mayoría social este 28 de abril no debe reducirse a un simple cambio de gobierno, se trata más que nunca de obtener una mayoría de diputados que recojan las necesidades de pensionistas, jóvenes trabajadores y/o estudiantes, autónomos, mujeres y hombres asalariados, ¡y hasta de los niños! que no tienen garantizado su futuro, qué el 28% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza. Hay que legislar para garantizar la solución a estos graves problemas. Necesitamos una mayoría parlamentaria, en Congreso y Senado, que plante cara a los depredadores de la libertad y los derechos y garanticen el porvenir.

El PSOE tiene una gran responsabilidad en esta situación, es el máximo referente de la clase trabajadora, concentra la principal responsabilidad para inclinar la balanza hacia, recuperar los derechos y las libertades perdidas o que la situación se siga degradando hasta que sea insostenible.

Derrotar a la derecha exige que el socialismo se comprometa con la recuperación de derechos y libertades, solo así recuperaremos la confianza suficiente para ganar.

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El diálogo y la negociación necesarios

El pasado 15 de febrero Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder la votación de los presupuestos generales para el 2019 en cortes.

Pedro Sánchez fue atacado por la derecha desde el minuto cero. Tras ganar la moción de censura, y el correspondiente desalojo del PP del Gobierno, a la mayoría social se le abrió una luz de esperanza, había posibilidades reales de ver satisfechas las demandas que Rajoy negaba, mientras aplicaba con puño de hierro todas las reformas que las clases pudientes deseaban.

Ni el PP ni C,s reconocieron la legitimidad de su Gobierno. Debían impedir a toda costa que el Gobierno socialista  llevara a cabo la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones del 2013 o que reformara el Atc. 315.3 del código penal, la ley mordaza o toda la lista de compromisos que había contraído durante su campaña de primarias.

La sensación de que se han perdido 8 meses, existe en amplias capas de votantes socialistas. Habrá que trabajar duro y adquirir compromisos, sin ambigüedades, si queremos ganar las próximas elecciones para evitar la nueva oleada de recortes que tienen preparadas los poderes económicos internacionales, FMI, BCE etc.

Pero, sobre todo, no podían tolerar  que el conflicto catalán encontrase soluciones mediante el diálogo y la negociación, sacándolo de la vía judicial al que fue avocado por Mariano Rajoy y sus acólitos.

No solo la derecha neofranquista, abiertamente declarada, se muestra contraria al diálogo y la negociación. “El fuego amigo”,  de la vieja guardia encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, expresan la parte más arraigada del estado, para que el enfrentamiento se produzca. A estas declaraciones se suma la resolución del Parlamento extremeño, cuyo presidente de comunidad es socialista, las declaraciones de García Page;  Lambán y Ximo Pons nos hacen ver cómo. Los de dentro de nuestras filas, que ayudaron a que Mariano Rajoy formara Gobierno en el 2016, coinciden hoy con los que convocaron la fracasada manifestación en la Plaza de Colón de Madrid, el pasado 10 de febrero contra Pedro Sánchez llamándole golpista, traidor y acusándole de defender la línea trazada por ETA.

A la lista de los que se oponen al diálogo y la negociación hay que añadir al Rey Felipe VI, que en el mismo momento en el que están siendo juzgados los políticos catalanes, interviene con una declaración intransigente, que parece tener el objetivo de influir en la mesa del Tribunal Supremo.

El pasado 9 de enero enviamos una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que  en la actualidad  han firmado más de 800 militantes. Dicha carta llevaba por título “Diálogo y negociación frente a judicialización y represión”.  Más allá del apoyo de los militantes socialistas, creemos importante resaltar el apoyo de la ciudadanía.  La Vanguardia publicó el día 17 de febrero una encuesta en la que solo el 13,5%  optaba por aplicar el art. 155, mientras que un 78,5 % prefería el diálogo entre gobiernos.

“Diálogo y negociación” son necesarios para evitar el enfrentamiento y para llegar a  acuerdos que sirvan para resolver las demandas que la mayoría social está reclamando. Solo así podremos parar los ataque que están recibiendo nuestros derechos y libertades.

José A Iniesta.

TS Barcelona

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Tribuna Socialista nº 99. Febrero 2019

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Andalucía 2-D: Unas elecciones en ausencia de Socialismo

Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Se han dado una serie de factores que han terminado por arrojar un resultado del que difícilmente saldrá un gobierno de izquierdas. Incluso habría que preguntarse si el Gobierno de Andalucía, ahora en funciones, apoyado por Ciudadanos es de izquierdas a la luz de sus actos.

Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía, pero ella solita se ha encargado de hacer desaparecer de la escena al Partido Socialista; que la Dirección Federal intervenga lo justo en la campaña, perfil personalísimo y egocéntrico de la “Sultana”, corte nacionalista andaluz en los discursos,…

“Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía”

Incluso en el seno interno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, la política diseñada desde la Dirección territorial ha sido excluyente; desde el 39º Congreso se ha machacado literalmente a quienes discreparon de ella en el intento brutal de descabezar a la Comisión Ejecutiva Federal, en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

“Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal”

Pero lo anterior son solo las formas, lo importante son los contenidos políticos. Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal, la de la investidura de Rajoy, para que pudieran aplicar las políticas económicas más duras y lesivas contra los intereses de los trabajadores. Es la política de aplicación de recortes en sanidad, que en estos últimos años ha perdido más de 6.700 millones de euros y educación, siguiendo los dictados del Gobierno Central y de las instituciones del capital, medidas que levantaron la indignación y la movilización de miles de andaluces y andaluzas.

“el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto”

La abstención ha sido muy elevada, un 3,65% más que en 2015 (el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto). Pero en coherencia con lo antes dicho, no se puede culpar a los electores que han decidido no ir a votar. Claro que la mayoría son voto de izquierdas, por eso quizás no han ido a votar, porque no iban a votar a la derecha.

En el planteamiento de campaña, desde la izquierda, no todos los errores han sido de Susana y su aparato. Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE: ¡objetivo conseguido! El fratricidio entre las fuerzas de izquierda da como resultado gran parte del éxito de la derecha. En estas condiciones no es difícil comprender quienes no fueron a votar el pasado día 2; los mensajes de división de la izquierda no son compartidos por la verdadera izquierda.

“Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE:

¡objetivo conseguido!”

El rechazo es cuantitativo y cualitativo en el voto nulo, que suele ser testimonial, pero que en este proceso electoral se ha multiplicado por 2 (81.000 votos nulos). Más 57.000 votos blancos.

La izquierda ha perdido 684.554 votos (-402.035 el PSOE y -282.519 Adelante Andalucía, comparado con la suma de IU+Podemos en 2015).

La derecha ha sumado 350.881 votos (-316.410 PP, +289.735 C´s y +377.556 Vox).

La familia de la derecha que se ha beneficiado del apoyo prestado al Gobierno de Andalucía ha sido Ciudadanos, que ha marcado la política, pero sin desgastarse en tareas de Gobierno.

Las otras dos familias de la derecha: PP y VOX, son en realidad la misma, pues por mucho que los analistas y demás “sabios” de la política de laboratorio se empeñen en presentar a esta esquirla del PP, como algo novedoso; que ha llegado para quedarse, dicen. Lo cierto es que ya estaban aquí, en el seno del PP, desde que los guardianes del franquismo se camuflaron en las instituciones: los Villarejo en la policía y servicios de inteligencia; los jueces del Tribunal de Orden Público en la Audiencia nacional; y los Fuerza, Nueva, Cristo Rey, el Batallón Vasco Español,…en la AP que fundo el ex Ministro de Franco, Manuel Fraga.

No es posible saber con precisión cuantos votos de la abstención hubiesen ido, de haberse emitido, a un partido o a otro, como es muy difícil saber cuántos votos se han trasladado de un partido a otro. Pero a groso modo, en grandes bloques se puede ver que el grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE.

“El grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE”

Como si de un principio científico se tratase, se vuelve a cumplir una vez más: cuando la izquierda gobierna en coalición con la derecha o condicionada por su apoyo, termina perdiendo votos; ¿será porque los votantes de izquierdas esperan políticas de izquierdas?

Comité de Redacción

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Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   “El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

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Son necesarias políticas de izquierdas para seguir avanzando

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: “La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas“.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

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“…IS corriente?”

Surgen nuevos partidos, partidos con afán de militancia activa que manifiestan intenciones de devolver el protagonismo a los ciudadanos, que se dicen socialdemócratas… Hay un leve renacer de la izquierda, un giro social en medio de paradojas como Trump, Putin, Macron, y es evidente que los ciudadanos reclaman políticas progresistas…

Nosotros, los socialistas del Estado español, no somos ajenos a estos cambios, en nuestro partido se ha producido un cambio copernicano donde los militantes hemos orientado al partido hacia la izquierda…  Y sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra corriente, IS aparece al margen, más cómo corriente de opinión que como corriente organizada y apenas tiene presencia en los órganos renovados del partido.

¿Por qué?

 Cómo muchos militantes, la mayoría de integrantes de la corriente hemos participado directa o indirectamente en esta importante transformación, y como es lógico esperábamos una adecuada representación, no para ocupar “sillas ni sillones”, sino porque estando en sintonía con una nueva orientación, acorde con lo que la corriente ha venido defendiendo desde las primarias de 2014, lo lógico y razonable es participar y transmitir en los órganos del Partido esa sensibilidad que emana democráticamente de la vida de la Corriente, y sin embargo no ha sido así. La nueva dirección ha optado por personas que tienen o han tenido relevancia personal, pero que no han salido de asamblea alguna de IS.

 Es un signo evidente de irrelevancia organizativa, y de que teniendo una buena capacidad propositiva y muy buenas “cabezas”, nos faltan piernas para caminar, aunque nuestras ideas, y nuestras acciones han acompañado el proceso de cambio.

 En todo caso, ¿qué hacer?

¿Es posible recuperar o relanzar a IS?

Hay un trabajo hecho con dignidad, y creo que si, que hay muy buenas personas con cabezas brillantes, con afán de transformación, con años de militancia y/o grandes esperanzas. Tenemos muchos militantes esperando que nuestro Partido, el PSOE, llegue al gobierno para poder aplicar la política en la que creemos; de justicia social y estado de derecho, y para ello creemos útil una corriente política, con respeto al partido y a sus órganos, que trascienda las ideas y participe activa y ordenadamente en este proceso de cambio.

Nos gustaría poder hacer algo, desde nuestra corriente, con el reconocimiento justo, sin “regalos”, es por ello, por lo que considero necesario un proceso de debate para decidir cómo hacerlo…

Eduardo Hernández Oñate

Afiliado PSOE. Barrio de Salamanca (Madrid)

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Millennials. La Generación de la precariedad.

Nos llaman generación Y, otros Millennials y otros dicen que somos la generación mejor preparada, pero si algo somos es una nueva clase trabajadora, la de la precariedad. Resulta totalmente kafkiano definir a nuestra generación con términos anglosajones que denotan frescura y modernidad cuando no hay  nada de moderno, y menos de progreso, en lo que realmente somos: pobres y precarios.  

 La realidad que sufrimos la juventud en pleno siglo XXI es absolutamente dramática, ni más ni menos. Estamos pendiendo de un hilo, el que el Gobierno de Rajoy no va a dudar en recortar en cuanto tenga la oportunidad para dejarnos caer en la más triste miseria (si es que no estamos ya sumidos en ella). Así está echando a perder al presente y al futuro de un país al que ha convertido en el oasis de la precariedad laboral y la indecencia.

 En primer lugar, sufrimos un paro que se está convertido en crónico: actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga duración casi el 40% de las y los menores de 25 años, el 47% de quienes tienen entre 25 y 29 años, y el 50,5% de las y los jóvenes de entre 30 y 34 años. Y lo que es peor, un porcentaje muy alto está en riesgo de pobreza. 

Por otro lado, la calidad del empleo es pésima, la mayoría de jóvenes que trabaja concadena contrato temporal tras contrato temporal y los sueldos son auténticas limosnas.

Nos están sumiendo en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad fruto de una constante degradación de nuestras condiciones de empleo y, por ende, de vida. Es decir, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo encuentra, la situación es trágica, más si se es mujer. Estas son las consecuencias de las dos últimas reformas laborales (esencialmente la segunda) y de la denostación (o desprecio) incesante del talento de la juventud.  

 En tercer lugar, tenemos la guinda del pastel (aunque de dulce nada): el exilio, al que recurren de forma desesperada miles de jóvenes en nuestro país. La única escapatoria en muchas ocasiones es buscar fuera de nuestro país las oportunidades y la calidad de vida que aquí se nos niega.  

 Se nos dan pocas opciones y, además, ninguna buena. Nos están haciendo elegir entre desamparo y precariedad, y cuando nos negamos a cualquiera de esas dos alternativas nos condenan al ostracismo.

Esta es la España del 2017, nada que ver con lo que soñaban quienes lucharon años atrás por los derechos laborales y el fortalecimiento de la negociación colectiva y demás mecanismos de acción. Así ha truncado el PP de Rajoy todo avance y progreso, así nos ha sumido en la desesperante oscuridad del mercado laboral. 

 Vivimos una pesadilla continua de la que la juventud queremos despertar, pero seguimos atrapados en ella, con la impotencia de no poder escapar. El monstruo ya no está debajo de la cama, está en la Moncloa, salpicado por casos de corrupción y disfrutando de la impunidad concedida a través de las urnas. Lo peor de todo es que la puerta se la dejamos abierta.  

 Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que cambiar esta situación y no desistir en la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza crecientes. Luchemos por un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y que proporcione empleo de calidad.

Empecemos derogando las últimas reformas laborales así como acabando con los falsos autónomos y los becarios precarios.

Continuemos estableciendo incentivos a la contratación joven y al relevo generacional y subiendo el salario mínimo.  

 Sólo así quienes se fueron podrán volver y quienes nos hemos quedado podremos vivir. Queda mucho trabajo por delante pero estos retos no son nuevos.  

 Andrea Carrascal Miralles 

Secretaria General de JSE-CyL

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UNIVERSIDAD ¿PÚBLICA?

Hace pocos días el Ministerio de educación aprobó el nuevo decreto de becas para el curso 17-18, anunciando triunfalmente que el presupuesto para becas era el mayor de la historia de España y que el número de becarios bajo su gobierno tampoco nunca había sido superior. Estos datos, si bien ciertos, no son tan buenos como nos quieren hacer entender. No son más que una cortina de humo para encubrir la progresiva elitización de la Universidad Pública. Veamos el porqué.

Para estudiar en una universidad pública solo hay dos requisitos. Uno académico, obtener una determinada nota en la selectividad y aprobar un determinado número de asignaturas para poder seguir estudiando (en general la mitad del curso). El segundo es económico, y consiste en pagar una matrícula que representa entre un 15 y un 25% del coste total de los estudios en función de la CCAA de la Universidad. El Estado, por otro lado es quien paga el tanto por ciento restante a las propias universidades

Veámoslo en un ejemplo. Un estudiante cualquiera paga 1500€ de matrícula para estudiar derecho, siendo el estado quien asume los 4500 restantes que se supone que cuesta un curso en la universidad. Y esto con total independencia de la situación económica del estudiante.

No obstante es evidente que 1500€ pueden suponer un gran esfuerzo para algunas familias, así como no podemos olvidar que de estudiar se derivan otros costes que muchas familias no pueden cubrir, por dar un numero la OCDE los cifra en unos 7000€ anuales, y que si no se cubren evitan que el joven con menos recursos pueda estudiar. Para paliar estos costes existen unas becas que, como para estudiar, tienen dos requisitos. Económicos, no superar una renta determinada, y académicos.

Es en estos últimos donde está la trampa. Se exige aprobar un 80% del total de créditos para obtener la beca más básica y un 90% si se quiere optar a la beca completa. Un rendimiento muy superior al que se exige al resto de estudiantes, un 50% para seguir en la universidad. No siendo de recibo el argumento de que como las becas son recursos públicos se deben destinar a potenciar el rendimiento académico porque como hemos dicho antes SIEMPRE es el estado quien se hace cargo de la mayor parte del precio del curso.

Volviendo al ejemplo anterior, si ese joven necesita la beca por no poder afrontar la matricula, necesitara rendir muchísimo más que si no necesita esa beca, y, en cualquiera de los casos, será la sociedad quien financie la mayor parte de sus estudios a través de sus impuestos.

Es fácil ver el resultado de esta política. Los más desfavorecidos están obligados a no fallar si no quieren perder la protección, por otro lado insuficiente, de las Instituciones. En cambio los que se pueden permitir pagar no deben sufrir, pues por más fallos que cometan podrán seguir en la universidad, y, lo mejor de todo, siendo toda la sociedad los que paguen la mayor parte de sus estudios.

En definitiva, nuestra Universidad es Pública sí, pero solo a la hora de pagarla, ya que a la hora de poder estudiar nuestra educación superior es, cada vez, más privada.

Didac  Ramírez

Joventut Socialista de Catalunya

 

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Serpiente (neoliberal) de verano

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

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PENSIONES: EL GOBIERNO HACE TRAMPAS

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que “el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social“.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la “quiebra” de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal “hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

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Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

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EL SISTEMA DE PENSIONES ES NUESTRO, DEFENDÁMOSLO

Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes  cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.

Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.

Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.

El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.

Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.

La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad  se separó la sanidad, con el resultado de la  crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.

En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.

Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.

Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.

Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.

Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.

La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.

El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo  a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.

El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.

La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.

El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.

Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.

Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.

Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.

Roberto Tornamira


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Ninguna colaboración con este gobierno

Los pasados 16, 17 y 18 de junio más de mil delegados del PSOE se reunían en Madrid en el congreso más esperado de la historia reciente de nuestro partido.

Tras un año de rebeldía democrática de la militancia las primarias y el congreso eran un reto de supervivencia para los socialistas y para la mayoría social representaban la posibilidad de dar un vuelco a la situación y empezar a cubrir sus graves necesidades.

¿Qué rumbo vamos a emprender?

El Congreso se daba en un marco político internacional donde los valores de la socialdemocracia están fuertemente cuestionados y sumidos en una tremenda crisis, basta con mirar al partido socialista francés o al holandés que, tras haber puesto en práctica las políticas más agresivas y regresivas del liberalismos político y financiero, han sido reducidos a grupos testimoniales en sus respectivos parlamentos por una mayoría social que ya no ve en esos partidos una base en que apoyarse para defender libertades y derechos. Ninguna colaboración con este gobierno.

Por el contrario, la remontada del Partido Laborista británico refleja la afluencia de sectores de jóvenes y de trabajadores que han visto en las propuestas de Jeremy Corbyn puntos de apoyo para combatir y derrotar las políticas de austeridad impuestas por los conservadores de Theresa May y también por “la tercera vía” de Tony Blair y Gordon Brown, que pretenden destruir las conquistas que los trabajadores junto con sus sindicatos han conquistado.

Los militantes socialistas en nuestro país, con el lema NO es NO, no quisieron dar su apoyo al gobierno del PP ni en 2016 ni ahora; por eso han aupado a Pedro Sánchez a la secretaría general, para continuar diciendo NO es NO a las políticas económicas y sociales de la derecha; lema que se ha transformado en SI es SI a la recuperación de políticas favorables a la mayoría social, exigiendo la derogación de la Reforma Laboral, de la Ley Mordaza, de la Ley Wert y a todas aquellas leyes que han supuesto un retroceso en derechos y libertades. Pedro Sánchez ha contraído un compromiso con los militantes socialistas, pero también con la mayoría social que exige del Partido Socialista que ocupe el lugar que le corresponde, de verdadera alternativa, frente al gobierno del PP.

En el mes de julio se va a discutir el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2018, si estamos en contra de la continuidad del Gobierno de Rajoy, no podemos avalar los recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (2018), votando a favor del techo de gasto, como hizo la Gestora con los de este año. Debemos hacer público nuestro rechazo a que nueva izquierda Canarias apoye los PGE del 2017 y anunciar la ruptura del acuerdo con ellos, si votan los Presupuestos Generales del Estado de 2017 o el techo de gasto para los del 2018.

La Comisión Ejecutiva Federal elegida en el 39º Congreso debe negar cualquier colaboración con este Gobierno; hay que sacar al PP de la Moncloa. Para ello, habrá que buscar las alianzas suficientes, dentro del Parlamento, con las fuerzas de izquierda y de progreso, que dicen defender los intereses de la mayoría.

Pero también hay que buscar alianzas fuera con los movimientos sociales y principalmente con las organizaciones sindicales para, si hace falta con la movilización, impedir que se continúen aplicando políticas antisociales y negando derechos.

Especialmente claros debemos de ser con el llamado problema catalán; Rajoy y su inmovilismo niega toda salida democrática y busca el enfrentamiento, No merece el más mínimo apoyo de los socialistas ni de los pueblos en esa cruzada que no es solo anticatalana sino contraria a todos los pueblos y a su convivencia. Si el enfrentamiento se impusiese, mal lo tendríamos para defender ningún derecho social ni democrático.

Por su parte, Puigdemont, socio de los recortes de Rajoy, no garantiza un referéndum cuyos resultados sean aplicables en el actual marco constitucional, ni tiende la mano a los demás pueblos, única forma de garantizar la fraternidad entre los pueblos. No podemos alinearnos ni con uno ni con otro. Sin embargo, debemos dar respuesta a las demandas del pueblo catalán que quiere decidir su futuro. El PSOE es la solución al atolladero al que entre unos y otros nos han llevado, tienen que ser el eje vertebrador. El reconocimiento de España como nación de naciones apunta a la solución.

Esa solución pasa por nuestra propuesta de reforma constitucional, hacia un federalismo en el que las nacionalidades que nos conforman como Estado, suscriban un nuevo pacto de Estado que no sea un mero cambio semántico de “la España de las Autonomías” por “la España Federal” nuestro partido debe hacer confluir en una misma solución el restablecimiento de los derechos sociales y el reconocimiento de los derechos nacionales.

Comité de Redacción

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Crónica de la Conferencia de CATP UNIDAD PARA ECHAR A RAJOY.

El pasado día 17 de junio tuvo lugar el encuentro estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos bajo la consigna “Por la Unidad para echar al Gobierno del PP”

En dicha reunión a través de las compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, se pudo constatar la cruda realidad que pasea por nuestro País, y que se hace manifiesta a través de los seis años de recorte y represión del Gobierno del PP a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores de todo el Estado.

Compañeros de Coca-cola, LIMASA, estibadores, entre otras empresas y sectores dieron cuenta de los combates por los que están atravesando en sus empresas, expresando así mismo la necesidad de conseguir la unidad para echar a Rajoy y aplicar otro tipo de políticas totalmente diferentes a las actuales, pues no se trata de un cambio de personajes sino de un cambio total de las políticas a aplicar.

De la misma manera, durante las intervenciones se expresó en diversas ocasiones la necesidad de que las rupturas con las políticas del PP no se demoraran más, mucho menos hasta el 2019. Es necesario que cuanto antes, se lleguen a los acuerdos para echar a Rajoy del gobierno y proceder a derogar las reformas laborales, reformar el art 135.3 que amenaza con la cárcel y mantiene en la cárcel a muchos compañeros encausados por defender los derechos colectivos, pero también es necesario defender lo público, defender las organizaciones obreras de los ataques de los poderes económicos y financieros.

Durante la conferencia, no faltaron las alocuciones a la cuestión catalana, y se repitió en diferentes ocasiones la frase “no hay derechos nacionales sin derechos sociales, y no hay derechos sociales sin derechos nacionales” para defender el derecho del pueblo de Catalunya y de todos los pueblos a decidir su destino.  Defender este derecho no quiere decir que queramos la independencia, puesto que es necesario que el conjunto de los pueblos del estado defienda conjuntamente los derechos sociales conquistados entre todos: seguridad social, pensiones, sanidad….

José de Tribuna Socialista en Madrid hizo una intervención en la conferencia haciendo referencia a que todo ello, se expresa vía Boletín Oficial del Estado, en la modificación del artículo 135.3 de la Constitución Española, las dos Contrarreformas Laborales llevadas a cabo en los años 2010 y 2012, la LOMCE, el artículo 315.3 del Código Penal, la Ley Mordaza. Al igual que se vienen recortando en los Presupuestos Generales del Estado todo lo que tiene que ver con la Educación Pública, Sanidad y la Ley de Dependencia.

Desde Tribuna Socialista se trasladó la importancia del proceso de primarias en el PSOE, destacando el trabajo desarrollado en la adhesión al Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez”, el cual en apenas cuatro semanas se presentaron 1005 firmas con la participación de sindicalistas de diez organizaciones sindicales en el acto celebrado el pasado 16 de mayo.

Baltasar Santos de Tribuna Socialista en Catalunya realizó una intervención en la que resaltó la importancia del NO es NO, y la campaña que los militantes socialistas del PSOE hemos realizado para derrotar a la vieja guardia del partido, o lo que es lo mismo, derrotar a quien antepone los intereses de los poderes económico-financieros a los intereses de la clase trabajadora. Para Baltasar, esta victoria de la militancia ha de tener continuidad puesto la recuperación del partido socialista para el socialismo solo será posible si no bajamos la guardia.

El significado del “No es No” es precisamente la expresión del hartazgo de las políticas del PP y del apoyo a sus políticas, Los militantes socialistas queremos revertir estas políticas, que pasan por la derogación de las reformas laborales, la reforma del art 135 de la constitución, la reforma del 315.3 del código penal, la derogación de la LOMCE, de la ley mordaza y todas las actuaciones regresivas del PP, así como establecer puentes de diálogo para que el pueblo de Catalunya pueda expresar su derecho a decidir en libertad.

En relación a la unidad de la izquierda para echar a Rajoy, Baltasar reclamó que la situación no admite demoras y que por tanto no podemos ni queremos esperar hasta el 2019 para echar a Rajoy.

Como conclusión a dicho encuentro, se destacó la importancia de la unidad de las organizaciones que componemos el CATP con el llamamiento de NINGUNA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL PP, UNIDAD PARA ECHA A RAJOY.

Igualmente, como conclusiones de la conferencia se acordó un pronunciamiento de denuncia contra el régimen marroquí y de defensa de la lucha obrera en el RIF, una resolución por la derogación de la LOMCE y por una enseñanza pública, laica y de calidad, y el soporte a los compañeros sindicalistas encausados por huelgas que están pendientes de juicio.

 José A Fernández Guerras y Baltasar Santos

Corresponsalías de Madrid y Catalunya a la Conferencia.

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El poder de compra de los salarios

El argumento que viene utilizando el gobierno para frenar a la oposición política y justificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018) es que todavía hay que consolidar la recuperación económica y ajustar el cuadro macroeconómico (déficit público) para cumplir los compromisos contraídos con la UE. En los últimos dos años, el PIB ha crecido por encima del 3% y las previsiones del gobierno, así como de diversos organismos internacionales y de expertos en la materia son que, a finales del presente año, España habrá recuperado el terreno perdido en el periodo de crisis y la tasa de paro se podría situar- a finales de la década- por debajo del 15%, aunque muy lejos del índice de ocupación del comienzo de la crisis.

En este contexto, el gobierno se resiste a reconocer que la mejora de la situación económica está siendo posible por el fuerte sacrificio de los trabajadores (devaluación salarial), ante las nefastas exigencias de una política neoliberal que ha venido gestionando la crisis bajo el principio de que España no puede devaluar la moneda para mejorar la competitividad de nuestra economía. Según el INE, entre 2.008 y 2.014, la retribución media de los trabajadores por cuenta ajena bajó el 0,7% y, sin embargo, la inflación subió un 8,5% en el mismo periodo; como consecuencia, el poder adquisitivo de los salarios perdió el 9,2% en relación al comienzo de la crisis, de acuerdo con lo que se recoge en un dosier específico del número 47 de Alternativas Económicas. Ello reafirma el relato de que el aumento del PIB no sólo tiene que  reflejarse en las rentas del capital y en los beneficios de las empresas sino también en el salario de los trabajadores, sobre todo cuando todavía está pendiente de que se compense la deuda social acumulada en los años de crisis.

Por lo tanto, es justo y muy razonable que los sindicatos aspiren a que los salarios suban por encima del índice de precios al consumo (IPC) con el propósito de recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se están generando por la mejora de la situación económica. Este crecimiento salarial- favorable para la economía y para el empleo en su conjunto-, según la mayoría de los analistas, no es compartido por la CEOE-CEPYME, que han venido proponiendo un incremento de salarios hasta el 2% (sin suelo), de acuerdo con las previsiones de inflación para el presente año del gobierno. El problema se agrava porque, en los primeros tres meses del año en curso, la subida de los salarios pactados en convenio se ha situado en el 1,26% de media, lo que significa que muchos trabajadores perderán poder adquisitivo este año, como ya ocurrió en el pasado año (2.016) cuando la subida media pactada se situó en el 1% y la inflación alcanzó el 1,6%. Por otra parte, no debemos olvidar que las retribuciones de los funcionarios públicos, según los PGE-2.018, crecerán el 1% tras varios años de estancamiento, lo que confirma que también perderán poder de compra en este año.

Otro asunto, de no menor importancia, es que el mayor esfuerzo para salir de la crisis lo han efectuado los trabajadores con una menor cualificación. Según Oxfam Intermón, el 10% de los trabajadores peor pagados vieron como sus salarios se desplomaron, entre 2.008 y 2.014, cerca del 28%, mientras que el 10% de los trabajadores con salarios más altos no tuvieron ninguna modificación sustancial en sus rentas salariales. Como consecuencia de todo ello se ha producido en España una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital, como ha pasado en Grecia, Irlanda y Portugal. Incluso el Banco de España admite que los beneficios empresariales están creciendo más que los salarios, con el agravante de que esta circunstancia se produce en una fase de mayor crecimiento de la economía.

El problema se agudiza por el aumento considerable de la desigualdad desde el comienzo de la crisis. Oxfam Intermón manifiesta que, en el año 2.006, el 10% de los trabajadores con mayores ingresos disfrutaba de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre, mientras que en el año 2.015 esta diferencia subió a 15 veces. Lo mismo se puede decir en relación con la desigualdad salarial de género: las mujeres ganan el 18,8% menos que los hombres, lo que quiere decir que tendrían que trabajar 50 días más para conseguir el  mismo salario. Finalmente, los más jóvenes están siendo también muy perjudicados: concretamente, el 21% de los trabajadores menores de 25 años se encuentran actualmente en riesgo severo de pobreza y exclusión social.

Esta grave situación, y el comportamiento hostil y cortoplacista de los empresarios, explican la parálisis de las conversaciones entre los interlocutores sociales para alcanzar un Acuerdo que sirviera de referencia para negociar los convenios colectivos del presente año. Por eso, recientemente, los sindicatos (CCOO-UGT) remitieron una carta a los empresarios exigiendo que los salarios se incrementen entre el 1,8% (como mínimo) y el 3% y, si el IPC de 2.017 desborda la previsión de inflación prevista en el convenio, reclaman una cláusula de revisión salarial para corregir esta desviación si finalmente se produce. Todo ello al margen de otras medidas relacionadas con la formación profesional, el absentismo, la superación de la brecha salarial de género, la conciliación de la vida familiar, así como el impulso a la contratación de personas discapacitadas. Por último, los sindicatos hacen especial hincapié en garantizar la vigencia de los convenios hasta que sean sustituidos por otros nuevos (ultra actividad) y sobre todo en potenciar los convenios de sector y su articulación con los convenios de empresa.

No será nada fácil llegar a un acuerdo, a pesar de  que los empresarios han propuesto, en los últimos días, una banda salarial del 1,2% al 2,5%, con una cláusula de revisión salarial imperfecta, que están estudiando a fondo los órganos de dirección de los sindicatos. Sin duda, y al margen de la decisión que se tome, los sindicatos deben seguir defendiendo plataformas reivindicativas completas y exigentes con el objetivo de firmar los convenios en torno a la propuesta remitida a los empresarios. Ello además ejercitará el músculo sindical en las empresas y fortalecerá el poder sindical a todos los niveles, lo que ayudará a combatir, con la mayor eficacia posible, los problemas que afectan a los trabajadores: desempleo, precariedad, reforma laboral, retribución de los empleados públicos, pensiones, dependencia, prestación por desempleo, servicios públicos, fiscalidad, modelo productivo, cambio climático…

En cualquier caso, esta realidad no debe ocultar la preocupación que embarga a muchos trabajadores por la precaria relación de fuerzas, la dificultad creciente de la acción sindical en los centros de trabajo e, incluso, la poca eficacia de la oposición política en el Parlamento. La Moción de Censura presentada en el Parlamento contra Mariano Rajoy es un buen ejemplo de todo ello y confirma que el momento elegido por Podemos (oportunidad política) y sus particulares formas de actuar, en vez de avanzar hacia el objetivo que se pretende ha supuesto en la práctica la consolidación del gobierno y del partido (PP), al margen de su utilidad partidista y de la contundente denuncia de los múltiples casos de corrupción y de manipulación intolerable de la justicia, lo que resulta inconcebible en un país europeo. Tampoco se vislumbran, por lo menos hasta que termine el 39ª Congreso del PSOE, muchas posibilidades, a corto plazo,  de llegar a otros acuerdos en el seno de la izquierda (por ejemplo en torno a la reforma laboral o a las pensiones), a pesar de la experiencia positiva de Portugal  y de lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos y CCAA. Dicho esto, y a pesar de las dificultades actuales, el PSOE debe trabajar a fondo para facilitar un nuevo clima de entendimiento a partir de su próximo Congreso. La abstención del PSOE en la Moción de Censura presentada por Podemos es un primer paso esperanzador, lo que aconseja  aparcar la división, respetando las diferencias, en beneficio de los más desfavorecidos.

En cualquier caso, sin precipitaciones, pero también sin pausas, el PSOE (Pedro Sánchez) debe propiciar que se visualice el cambio esperado, sobre todo en los jóvenes, en las fuerzas progresistas y en las grandes ciudades. Un cambio que combata las políticas de austeridad y se encamine a presentar alternativas reales para resolver los problemas de la gente; un cambio también de dirigentes (comprometidos con la realidad social) y de comportamientos. Por eso tiene especial interés recuperar la memoria histórica: la ética Pablista. Y también la estética; las formas de actuar y de comportarse como auténticos servidores públicos en defensa de los más débiles. Para conseguir esto, lo primero que hay que hacer es abrir las Casas del Pueblo, fomentar la afiliación, la participación de los militantes, el debate de ideas y, finalmente, garantizar la democracia interna a todos los niveles. Eso ayudará mucho a que el PSOE  recupere paulatinamente la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.

En esta ocasión, Pedro Sánchez y sus equipos no van a tener dificultades para aprobar en el próximo congreso las políticas más adecuadas en la actual situación. El desarme asumido por Susana Díaz y por sus más significativos apoyos después de su fracaso en las Primarias, así como la renuncia de José Carlos Díez y de Eduardo Madina  a defender la ponencia elaborada por la Gestora nos anuncia un Congreso ilusionante y un posterior periodo de calma en el seno del PSOE; una realidad constatable que, hace unos cuantos meses atrás, nos hubiera resultado a todos verdaderamente inconcebible. A pesar de semejante mejoría, no debemos olvidar que siguen existiendo, cuando menos, dos sensibilidades distintas en el partido ante asuntos de verdadera trascendencia: la reforma laboral, las pensiones, la banca pública, el modelo de partido, el modelo territorial, la fiscalidad…

De todos los asuntos enumerados hay uno que tiene un interés especial: la derogación de las últimas reformas laborales y el consiguiente impulso a la recuperación de la relación de fuerzas en torno a la negociación colectiva y, como consecuencia, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores; sin olvidar el desempleo, la escandalosa precariedad laboral y la resolución del problema de las pensiones que ha sido utilizado de manera torticera por el poder financiero y el actual gobierno para generar una auténtica alarma social cuando lo han considerado oportuno.

Antón Saracíbar

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¿PODEMOS LOS SOCIALISTAS ESPERAR HASTA 2019 PARA TOMAR EL GOBIERNO?

El 39º Congreso del PSOE ha sido un congreso histórico en el que la militancia se ha empoderado y ha hecho valer su fuerza de 3 maneras diferentes:

Primero defendiendo hasta el final el “No es No”, mostrando de esta manera la oposición a dar ningún apoyo al Partido Popular ni a sus políticas corruptas y antisociales, que van desde la LOMCE y la Ley Mordaza, hasta las reformas laborales y de recortes en pensiones y Seguridad social. No es No, que significaba decir sí a un gobierno alternativo de izquierdas liderado por el PSOE, para poner fin a las políticas de austericidio y de enfrentamiento entre los pueblos.

Segundo: agrupándose en plataformas de apoyo al único candidato que quería liderar el cambio, y recuperar el partido socialista para el socialismo, alejándonos de cualquier atisbo de gran coalición, y revirtiendo una por una, todos los recortes en derechos y libertades perpetrados por el gobierno de Rajoy. Para ello, la militancia quería recuperar su voz dentro del partido, y recuperar las riendas de la acción política, oponiéndose a los dictados de ilustres socialistas, barones y vieja guardia, que a pesar de su notable influencia durante décadas defienden hoy día, posiciones de inmovilismo institucional y legislativo que no son coherentes con las necesidades de la mayoría de nuestro país.

Y tercero: la militancia no solo ha ganado las primarias al elegir a Pedro Sánchez como Secretario General sinó que además ha rechazado la ponencia marco redactada bajo el mandato de la comisión gestora que ha desgobernado el PSOE hasta la fecha,  y ha resuelto posiciones que permiten un halo de esperanza para los trabajadores y los pueblos de España. Entre ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y la enmienda presentada por las JJSS por la República.

El texto aprobado defiende la Declaración de Granada, formulada en esa ciudad andaluza en 2013, en la que el PSOE ya hacía una apuesta por una estructura federal del Estado español como camino para resolver las tensiones territoriales. Así, se reivindica “la necesidad y urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo territorial de nuestro país”. “Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos políticos comunes”.

La enmienda por la República abre la Puerta a un necesario debate. ¿Es posible el federalismo en un marco monárquico?.  La misma pregunta que le formulé a Victoria Camps, hace unos días en un acto sobre federalismo.

Pero, ¿y mientras tanto?. No podemos caer en las mismas artimañas que algunos partidos soberanistas y que el PP, que desvían la atención de los problemas sociales y los diluyen bajo una cortina de humo soberanista en un caso, y nacionalista español en el otro.  ¿Los pueblos tienen derecho a decidir su futuro? Por supuesto que sí. ¿Nos interesa la independencia de Catalunya? Ni a los catalanes nos interesa ni al resto de pueblos tampoco, porque lo que nos interesa es como defendemos juntos la caja de las pensiones, los derechos sociales y laborales, cómo evitamos juntos que sigan desvalijando las cuentas públicas entre unos y otros, y como construímos un escenario en el que los pueblos de la península nos relacionemos libre, fraternal y solidariamente, revirtiendo las políticas económicas y fiscales de la derecha para poner la economía al servicio de la clase trabajadora.

No podemos seguir manteniendo en el gobierno a corruptos ni a políticos que miran para otro lado mientras los mayores de 45 años somos condenados a la miseria, intentando sobrevivir con 426 euros, o como los jóvenes tienen que emigrar o someterse a condiciones laborales precarias en la inmensa mayoría de los casos, sin poder acceder en muchos casos a estudios universitarios cada vez más inaccesibles para los hijos de trabajadores. No podemos seguir viendo como los trabajadores en activo ven recortados sus derechos laborales, salariales… o como muchos trabajadores son forzosamente reconvertidas en autónomos aún con menores derechos…o como los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo.

Los derechos de los pueblos y los derechos sociales van de la mano, y el congreso del PSOE ha avanzado en la línea correcta, porque la militancia ha recuperado las riendas.  Ahora, no hay que bajar la guardia. Los poderes financieros, especulativos que se han adueñado de la economía van a seguir intentando poner palos en las ruedas del cambio que propone el PSOE.  Creo que es buen momento, para no dejar que se rearmen y que busquemos de forma inmediata los acuerdos necesarios para echar a Rajoy y su banda de la Moncloa.  Los problemas de la clase trabajadora no admiten demoras hasta el 2019.

Baltasar Santos

Militante PSC El Vendrell.

 

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Elecciones en Reino Unido

El pasado día 8 de junio tuvieron lugar las elecciones generales en el Reino Unido, unos comicios adelantados oportunistamente por la Primera Ministra, pues pensaba el Partido Conservador que ampliaría su margen de poder, hundiendo al Partido Laborista. La política con mayúsculas ha dado una lección a la derecha británica y una oportunidad a la izquierda en aquel país.

Los resultados electorales, han roto una vez más con las encuestas y la valoración de los analistas. Siendo los más importantes, los que se refieren a los siguientes Partidos:

Partido Conservador 318, (12 escaños menos).

Partido Laborista 261 (29 escaños más).

Partido Nacionalista Escocés 35 (21 escaños menos).

Partido Liberal 12 (4 escaños más).

Partido Unionista Irlandés (DUP) 10 (2 escaños más).

UKIP. Ultraderecha 0 (1 escaño menos).

En el sistema electoral británico las elecciones se configuran con el carácter de elección de un diputado por circunscripciones muy pequeñas, lo que produce el efecto de que el número de escaños conseguidos por un Partido sea mayor que el porcentaje de votos conseguidos a nivel nacional, así tenemos en cuenta que siendo la diferencia entre el Partido Conservador y el Partido  Laborista de 57 escaños, en porcentaje de votos el resultado es de 42% para el primero y 40% para el segundo, lo que viene a significar que en el apoyo del electorado los separa solo un 2%. Este es un dato a considerar como muy importante a favor de los Laboristas, más aún teniendo en cuenta que no hace ni tres semanas la diferencia era de un 20% a favor de los Conservadores.

En relación con la ultraderecha (UKIP) no entra en el Parlamento y pierde 1 escaño que tenía. Esto es importante porque solo ha conseguido el 1.8% de los votos, cuando en el 2015 alcanzó el 12% de los votos. Más importante aún,  si recordamos que fue el Partido que marcó las pautas del debate sobre el Brexit en el Referendun.

La confusión y frustración que aquel referendun generó, especialmente entre los jóvenes, se ha tornado en positivo, en cuanto el líder del Partido Laborista ha retomado la senda de una política coherente con el Partido tradicional de la izquierda, el que siempre ha defendido los intereses de la mayoría social, levantando una vez más la ilusión entre los jóvenes y entre los trabajadores británicos. Estoy convencido de que este afianzamiento en el giro a la Izquierda que desde el principio dio Corbyn, no sin trabas en sus propias filas, ha ayudado a este positivo resultado.

El Partido Conservador, aunque haya ganado las elecciones, en realidad las ha perdido. Para May, Primera Ministra que gobernaba con una mayoría absoluta y convocó las elecciones convencida de que arrasaba en los resultados y se fortalecía en las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit, el resultado la coloca en una posición débil e inestable y se puede considerar que para el Partido Conservador el resultado ha sido un fiasco político con repercusiones en el Reino Unido y en Europa de imprevisibles consecuencias.

Hay dos cosas que se pueden afirmar hoy: que la Unión Europea está en mejores condiciones para la negociación y que en el plano nacional está en minoría en el Parlamento, necesita o un gobierno de coalición o un acuerdo parlamentario porque para la mayoría absoluta necesita ocho votos de otros Partidos, es posible que lo intente con el Partido Liberal o el Partido Unionista Irlandés,  lo más fácil será hacerlo con este último porque en el conflicto irlandés, el DUP es probritanico (antiguos colonos británicos que fueron a Irlanda a colonizarla).

La debilidad del Partido Conservador es positivo también porque hace difícil mantener la intención de May de no aplicar en el Reino Unido la Convención Europea de Derechos Humanos bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. El resultado sitúa al Partido Laborista en un escenario más favorable para su trabajo parlamentario y su discurso a la ciudadanía británica.

Los resultados electorales en Escocia tienen para mí un sesgo muy importante porque cae significativamente El Partido Nacionalista Escocés y sube el Partido Laborista. Escocia ha sido históricamente un territorio laborista, hasta que en las elecciones de 2015 el Partido Laborista estuvo cerca de desaparecer parlamentariamente hablando. Fue una región altamente industrializada que las políticas de Margaret Thatcher asoló. Que los Laboristas se hayan recuperado allí es significativamente  muy importante para la izquierda británica.

En relación con el Partido Laborista, su avance es muy significativo y frente a los negativos augurios y el acoso al que lo ha sometido los medios de comunicación de masas y los poderes ocultos es el ganador de estas elecciones,  aunque en términos absolutos las haya perdido, nadie se esperaba estos resultados. Este avance tiene una importancia objetiva clarísima, en el sentido que desmonta que la única política posible era la tercera vía de Blair y sus programas liberales, restituye la autoridad del Secretario General y debe apaciguar y cerrar la cohesión del Partido Laborista, superando todos los problemas por los que ha pasado. Se abren ventanas de aire fresco, tras estos resultados en Reino Unido, la experiencia de Gobierno en Portugal y el resurgir del PSOE en nuestro país.

Para este significativo avance en mi opinión han jugado cuatro elementos centrales, que son: un claro programa antiausteridad socialdemócrata planteado desde una óptica de izquierdas, una respuesta participativa muy fuerte de la juventud en la campaña, con una importante afiliación de la misma al Partido Laborista, el papel de la candidatura de Corbyn en las redes y la implicación de miles de voluntarios y el importante papel que han jugado los Sindicatos británicos en la campaña.

En el Reino Unido, históricamente hablando, existen Federaciones Sectoriales, no la Confederación, que tienen una afiliación colectiva al Partido Laborista, lo deciden en sus Congresos y pagan cuotas al Partido sobre el número de afiliados que tienen. El papel de estas Federaciones ha sido muy activo en esta campaña electoral.

Finalmente si lo vemos desde el cuadro general de los resultados y en lo concreto los resultados del Partido Laborista podemos sentirnos muy satisfechos, es una buena noticia para el socialismo en Europa y una muy buena noticia para los socialistas españoles.

Manuel Bonmati Portillo

Militante de la UGT y afiliado del PSOE en Madrid

Agrupación de Ciudad Lineal-Madrid

 

 

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Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados

El pasado lunes, 19 de junio tuvo lugar en la localidad de Sant Boi de Llobregat la presentación de la Comisión Internacional en Defensa de los 300. Se trata de una comisión formada por sindicalistas, abogados, trabajadores y trabajadoras que luchan por la abolición de la actual regulación en materia laboral que ataca gravemente sus derechos y libertades.

La degradación del Estado de bienestar y de derecho a partir del triunfo en las elecciones generales por parte del Partido Popular el 20 de noviembre del 2011 y posterior aplicación de sus consiguientes reformas de destrucción del mismo, siguiendo las directrices encomendadas previamente por la Troika, aún no ha llegado a su fin.

Una de las reformas más agresivas y que más atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos, la Reforma Laboral del año 2012, tenía y sigue teniendo como principal objetivo quebrar el modelo de relaciones laborales y el principio fundamental de las mismas, el principio de la negociación colectiva. Sin embargo, los ataques demoledores hacían los derechos de los trabajadores no pararon aquí.

El Gobierno y su ventanilla de actuación rápida, es decir, la Fiscalía, llevan a cabo desde hace años una persecución de quienes de forma legítima luchan por sus derechos y por los derechos de sus compañeros. Los ataques llevados a cabo y por los que más de 300 sindicalistas fueron sentenciados al pago de multas o penas de cárcel o están a la espera de juicio son diversos, desde el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos en huelgas o en aplicación de la Ley Mordaza, hasta sentencias firmes por coacciones o lesiones haciendo uso de una regulación torticera del Real Decreto ley 17/1977, legislación preconstitucional, y del Código Penal artículos 315.3 y 172 que atacan el derecho fundamental a la libertad sindical estipulado en el artículo 28.2 de la Constitución Española como un derecho subjetivo, según las STC 137/1997 de 4 de marzo; STC 11/1981; STC 137/1997 llevan desde el año.

Respecto a dicha normativa actualmente hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que tiene como objetivo reformar la legislación anteriormente planteada y abolir la criminalización de los sindicalistas por defender sus derechos.

Un grupo de abogados pertenecientes a los sindicatos UGT y CCOO buscaron una estrategia común para defender a los compañeros que sufren tales ataques no sólo en el territorio español sino a nivel internacional, creando una Comisión Internacional que sirva como medida de presión que tenga como última consecuencia la abolición de tal regulación por falta de legitimación democrática. Este grupo de abogados cuenta con el apoyo expreso por parte del Centro de abogados de Atocha de Madrid y de Jueces para la Democracia.

Intervinieron en la presentación de la comisión la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret que denunció los ataques reiterados del Partido Popular hacia los derechos fundamentales, criminalizando y persiguiendo a los ciudadanos de forma vergonzosa tanto desde aspectos legislativos como aplicativos. El Secretario General del Sindicato CCOO del Baix Llobregat Josep María Romero y el Secretario Comarcal del Sindicato UGT del Baix Llobregat Carlos de Pablo.

Uno de los puntos más importantes que se trataron en la presentación fue el inminente juicio a dos compañeros sindicalistas, Ruben Ránz y José Manuel Nogales a los que, en aplicación de la regulación tratada, la fiscalía les solicita una pena de 7 años de cárcel por participar en piquetes de huelga.

En la presentación intervinieron también los partidos políticos ERC, PSC i En Comú Podem, mostrando su total apoyo a las 300 personas encausadas de manera ilegítima, dando apoyo a la presentación de la Comisión firmando el escrito de constitución y defensa de los 300 para dar a conocer a la comunidad internacional la baja calidad democrática del Estado español y su regulación en materia laboral.

Mihai I. Fodor

 

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Un tiempo nuevo para el socialismo

El resultado de las Elecciones Primarias para elegir la Secretaria General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha supuesto un claro triunfo de la militancia socialista y un rotundo fracaso de la conjunción interna y externa que desplego todo tipo de maniobras e injerencias durante todo el proceso para impedir que el anterior Secretario General se alzara con la victoria. El 21 de mayo de 2017 se recordará en el PSOE como el día que Pedro Sánchez regreso a la Secretaria General respaldado por la mayoría de la militancia, ha obtenido un resultado incuestionable: ha superado el 50% de los votos.

En los últimos meses se ha vivido en el PSOE uno de los periodos más dramáticos desde la conquista de la democracia en nuestro país, las bochornosas y desleales actuaciones que truncaron el mandato del Secretario General, elegido directamente por los afiliados, y que culminaron en el Comité Federal del 1 de octubre. Y qué facilitaron la Investidura de Mariano Rajoy y la formación de un Gobierno del Partido Popular (PP), con la imposición de la abstención a la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista.  Estos hechos fueron auspiciados por algunos dirigentes y exdirigentes del PSOE y amplificados   por grupos mediáticos y financieros.

La Comisión Gestora debía haber ceñido su mandato extraordinario a garantizar la gestión cotidiana del partido y tener como prioridad urgente restablecer el funcionamiento democrático y la cohesión interna. Pero se le prolongo de forma injustificada su mandato y se le atribuyeron funciones que no le correspondían. La Comisión Gestora retrasó la convocatoria del Congreso y de las Elecciones Primarias, esta era su función primordial y sin solución de continuidad se convirtió en el soporte de la candidatura de Susana Díaz, incumpliendo su deber de mantenerse neutrales. Ante el malestar creciente entre los militantes y simpatizantes eran muchas las voces que auguraban la deserción masiva de los afiliados o la fractura del socialismo español.

La realidad ha desmotado todas estas maniobras y refutado las campañas mediáticas que anunciaban el fin del PSOE. Una realidad construida por el compromiso, la voluntad y la entrega de miles de militantes socialista que han levantado un potente movimiento de rechazo de la abstención regalada a Mariano Rajoy y al PP y de exigencia de la celebración del Congreso y de las Elecciones Primarias.

Un movimiento que ha puesto a la luz las profundas raíces populares del socialismo y la grandeza de sus principios y valores. Y la determinación de los afiliados de luchar por un PSOE autónomo, unido y participativo, en el que se respete la democracia interna y su participación en la toma de decisiones. Un modelo de partido de y para los afiliados frente a otros modelos basados en el control interno por cuadros y especialistas del poder institucional.

Esta gran movilización de los militantes y simpatizantes del PSOE que  se ha  articulado a través de diversos grupos o plataformas a lo largo de todo el país es la que ha empujado a Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaria General, frente a los apoyos de la mayoría de las estructuras orgánicas a las otras candidaturas .Dentro de esas iniciativas autónomas desplegadas por los afiliados del PSOE   hay que reseñar, por su valor cuantitativo pero sobre todo cualitativo, el papel de los militantes socialistas afiliados  a las organizaciones sindicales , que de forma individual impulsaron el “Manifiesto de Sindicalistas con Pedro Sánchez” al que se adhirieron más de mil sindicalistas pertenecientes a UGT, CCOO y a otras diez organizaciones sindicales.

Ante la próxima   celebración del 39º Congreso Federal, con la   propuesta programática de la candidatura de Pedro Sánchez “Por una nueva socialdemocracia”, asumida como ponencia base y miles de enmiendas aportadas por la militancia que deben de ser debatidas e incorporadas a las resoluciones congresuales, se abre la oportunidad de consolidar un nuevo tiempo para el PSOE iniciado   con el resultado de las Elecciones Primarias.

Un tiempo nuevo para regenerar el socialismo, basado en sus valores de justicia social, igualdad, solidaridad y libertad. El PSOE tiene 138 años de vida, con una historia forjada en la lucha por la paz, la democracia, las reformas sociales y la trasformación real de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y sus familias. Desde su fundación la mayoría de los derechos y conquistas sociales han sido planteados por los socialistas.

Las resoluciones del 39º Congreso Federal deben desarrollar los objetivos estratégicos y que, junto con la elección de la Comisión Ejecutiva Federal, posibiliten afrontar con éxito los retos sociales, económicos y políticos que tienen nuestro país y Europa. El mundo cambia y el socialismo debe cambiar con él o acabaran dándole la espalda aquellos a los quiere representar, los trabajadores y la juventud.

Hay que plantar cara al futuro, el futuro no está escrito y va a depender de lo que hagamos nosotros en el presente. La socialdemocracia tiene que construir una alternativa basada en la justicia social a la globalización económica, que la revolución tecnológica beneficie al conjunto de la sociedad, porque el trabajo tenga un futuro decente y luchar contra las injusticias y la pobreza.

La regeneración ideológica y política del socialismo exige un rechazo firme de las políticas neoliberales y conservadoras. Y situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. En las actuales circunstancias caracterizadas por el alto volumen de desempleo, la precariedad del empleo, los bajos salarios y el aumento de las desigualdades y el riesgo de pobreza, con un Gobierno del PP que se encuentra inmerso en diferentes escándalos de corrupciones. Por eso es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable a las políticas de la derecha.

El objetivo estratégico es impulsar un nuevo modelo económico y social, justo y sostenible. Dar alternativas a los problemas territoriales existentes; establecer políticas redistributivas del crecimiento económico para corregir las desigualdades; reforzar la cohesión social; garantizar la igualdad de género, las pensiones, la protección social y los servicios públicos. Restablecer los derechos sociales, laborales y sindicales, para ello es necesario y urgente la derogación de las reformas laborales, de pensiones y la LOMCE del PP. Revertir los recortes de los derechos y libertades de la “Ley Mordaza” y abolir el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza la Libertad sindical y el derecho de huelga.

Las políticas de alianzas van a ser determinantes en el futuro inmediato, para defender las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. Pues parece improbable que tanto el PSOE como Unidos Podemos puedan formar gobierno por separado. Ya se vio en marzo de 2016 con el fracaso en la Investidura de Pedro Sánchez por no apoyarla Unidos Podemos y lo mismo se prevé que pase ahora con la moción de censura impulsada por la coalición de Iglesias, y presentada a espaldas de los socialistas. La unidad y la cooperación de la izquierda pueden generar una perspectiva real de cambio que ponga fin a la larga etapa de gobiernos de Rajoy y del PP.

Toni Ferrer

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Resolución de Urgencia del 39º Congreso. Derogar el 315.3 del código penal.

El sentir sindicalista, que no es lo mismo que las organizaciones sindicales, se ha hecho presente en el proceso de Primarias y en el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Fueron 1030 sindicalistas, con doble militancia: sindical y socialista, afiliados a una docena de organizaciones sindicales diferentes, pero con el común denominador de pertenecer al PSOE quienes lanzaron el Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez” (publicado en Tribuna Socialista), en el que se recogen las demandas más sentidas en el mundo del trabajo, como pueden ser: la exigencia de garantía para el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, para lo que habría que derogar el Artº 135.3 de la Constitución; exigencia de blindar el Sistema Público de Pensiones, para lo que habría que derogar, como mínimo, la reforma de 2013; la exigencia de reequilibrar la correlación de fuerzas entre sindicatos y patronales, derogando la reforma laboral de 2012, particularmente en lo referido a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y el restablecimiento del principio de ultractividad; exigencia de proteger el derecho de huelga, criminalizado por el Artº 315.3 del Código Penal, artículo que es urgente derogar.

Este trabajo, que se hizo sin el menor apoyo de las organizaciones sindicales, pues bajo ningún concepto se han inmiscuido en el proceso interno del Partido, se hizo a título individual de cada militante firmante del Manifiesto. Trabajo de lucha que han continuado los 15 delegados y delegadas al Congreso Federal, que fueron elegidos/as por su territorios, y ha tomado forma en la siguiente Resolución de urgencia que fue aprobada por unanimidad del plenario de delegados y delegadas:

 


El 39º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español Resuelve:

La desigualdad, el paro cronificado en cifras insoportables, el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil cercano al 40%, el retroceso en el gasto público, el avance de la pobreza entre los asalariados, así como algunas iniciativas de economía colaborativa que esconden explotación, afectando esto último especialmente a los autónomos, hace necesario que el PSOE avance en el proceso de recuperación del socialismo democrático que iniciamos el pasado día 21 de mayo.
No podremos avanzar si a los pueblos que componen el Estado español se les empuja a la confrontación en ellos. Y eso es lo que el PP y los gobiernos presididos por Rajoy han generado con su política inmovilista ante las aventuras en las que las fuerzas secesionistas han metido a su pueblo; para tapar ambos sus políticas de recortes.

Mientras nos enfrentan ni el PP ni el Gobierno de la Generalitat afrontan las necesidades de los más desfavorecidos, no se avanza en el reequilibrio de la legislación laboral; desequilibrada brutalmente por la reforma laboral de 2012, reforma que es perentorio derogar. Mientras nos enfrentan, no podemos defender nuestro sistema público de pensiones, el cual se pretende devaluar hasta dejarlo en un sistema de beneficencia. Mientras nos enfrentan no podemos echar atrás las leyes que han restado libertades y derechos.

Es el caso de la utilización perversa del Artº 315.3 de Código Penal, que criminaliza el derecho constitucional de huelga, por el que se ha encausado a más de 300 trabajadores, como es el caso de los conpañeros de Madrid: Rubén Ranz y Jose M. Nogales, a quienes el Congreso envía toda su solidaridad para afrontar el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles día 21, en el que se enfrentan a una petición de 14 años de cárcel.

Comité de Redacción TS

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Para defender nuestro partido: Ganar el congreso

PEDRO

A las 22:30 del dia 21 de mayo el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, anunciaba los resultados oficiales de las primarias, a esa hora cientos de agrupaciones socialistas celebraban el triunfo de Pedro Sánchez, como el candidato que representa la voluntad mayoriataria de los militantes de recuperar el PSOE para la militancia y el socialismo.

Como ya se intuía en la recogida de avales los resultados apuntaban muchas posibilidades de que los militantes impusieran su voluntad por encima de las presiones del rancio aparato y los grupos de presión que han intentado inclinar la balanza del lado de los que quieren hacer del partido socialista un instrumento en manos de los enemigos de los trabajadores, de la juventud y de los mas desprotegidos.

Resulta revelador ver como se han invertido los resultados de los votos en relación con los avales, en algunas comunidades autónomas especialmente en aquellas que están gobernadas por dirigentes que han ocupado la primera fila de la defensa de Susana Díaz, en Andalucía Pedro Sánchez gana 3770 votos mas que avales, mientras que Susana Díaz pierde 1439 votos en relación con los avales obtenidos, en Extremadura, Castilla la Mancha, Aragon y Asturias, comunidades todas con presidentes autonómicos que apoyan Susana, los militantes han escogido a Pedro Sánchez, aventajando a Susana Diaz por cientos de votos, dado la espalda a los dirigentes territoriales.

El triunfo de Pedro Sánchez es un triunfo de un alto contenido político, Pedro Sánchez ha ganado las primarias a los planes del capital financiero, tras demostrar en multitud de actos que la abstención para facilitar la formación de gobierno a Rajoy fue un grave error, por renunciar a ser alternativa al PP, Pedro Sánchez se ha comprometido ha derogar la reforma laboral y la LONCE, ha recogido propuestas de militantes y simpatizantes socialistas, ha pedido la dimisión de Rajoy y se ha comprometido a que los votos socialistas no servirán para hacer políticas de derechas, reconociendo el carácter plurinacional del España.

Pedro Sánchez gana con el compromiso de echar a Rajoy y poner rumbo a la Moncloa y recuperar los derechos que el gobierno del PP nos ha arrebatado.

El triunfo de los militantes socialistas sobre los partidarios de que PSOE colabore con el PP en nombre de una supuesta estabilidad, demuestra de que la mayoría social puede impedir que se sigan aplicando políticas de retroceso social y político, evitar enfrentar a los pueblos del estado español entre si que provoca Rajoy.

Tras los resultados de las primarias la editorial del periódico El País, del día 22, en tono insultante, asemeja a Pedro Sánchez y sus partidarios con la ceguera en contraposición a la razón de los “hechos”, con el Brexit con el referéndum colombiano y con Trump.

Los editorialistas del mencionado periódico, otorgan un papel más al PSOE y reclaman la utilidad de nuestro partido para que “en el momento en que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos”, es decir el papel que El País reclama para el PSOE es por un lado, que se alineé con las politicas del capital financiero para continuar con las politicas de austeridad y recortes, ampliamente protestadas por trabajadores y sus sindicatos y por otro lado, una alianza, como tubo con Rubalcaba con Rajoy, para negar el derecho a decidir, demandado ampliamente por el pueblo de Cataluña.

Pero los hechos son tozudos, los militantes quieren que su partido eche al PP del gobierno, porque representa la corrupción, la malversación del dinero público, el recorte de libertades y derechos laborales, los militantes exigen la derogación de la reforma laboral y LONCE, quieren que se les garanticen las pensiones y la sanidad pública. Pedro Sánchez ha dejado claro que quiere un partido autónomo que decida sus propias políticas.

La editorial del ABC del 22 de mayo, tambien hace referencia a los resultados de las primarias, destacamos dos de sus conclusiones, la primera es que, según el ABC “reconducir a esta militancia al aprecio por los valores de la política de pacto con la derecha ha sido imposible”, quiere decir eso que han estado interviniendo o van a dejar de intervenir en la vida interna del partido socialista? no lo sabemos pero mas adelante la misma editorial apunta, ” ya no valdrá ver la discordia interna del PSOE desde la barrera”, quiere decir esto que intensificaran la presión para que la voluntad militante y la autonomía del nuestro partido no sea respetada, ¿están marcando línea a algún sector de nuestro partido?.

Tras el 1 de octubre, ganar las primaria ha sido el primer objetivo. Los delegados elegidos al congreso debe reflejar las proporciones de los votos en cada federación y asegurar de esta forma que la mayoría de delegados elegidos se corresponde con las proporciones de votos expresados en las primarias.

Se puede dar las circunstancia de que los aparatos territoriales quieran imponer delegados al congreso que no se correspondan con los resultados de las primarias y el secretario general elegido por los militantes se encuentre en un congreso que le condicione política y organizativamente las políticas a realizar.

Propongamos en los congresos de las federaciones a los delegados comprometidos con el proyecto de cambio propuesto por Pedro Sánchez, defendamos el nuevo modelo de partido, preparemos el partido para echar a Rajoy del gobierno y abrir una nueva etapa para la mayoría social de nuestro país.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

A GANAR EL 39º CONGRESO

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Sindicalistas socialistas con Pedro. Adhiere al manifiesto.

sindicalistas

Para adherirse al manifiesto, enviad un correo electrónico a

psoeyderechoslaborales@gmail.com

 

Militantes comprometidos con la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras, socialistas, afiliados y afiliadas del PSOE, tomamos partido por el proyecto “Por una nueva Socialdemocracia” que encabeza Pedro Sánchez.

Lo hacemos por convicción en un proyecto que reclama soluciones desde la política a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad: los asalariados, los desempleados, los pensionistas, los autónomos y sus hijos e hijas.

Como acertadamente se expresa en el documento “Por una nueva Socialdemocracia”, son muchos los retos que el Partido Socialista Obrero Español debe afrontar: la lucha contra la precariedad laboral, el paro, la desigualdad, la pobreza, el impacto de la evolución tecnológica en la organización del trabajo y en el empleo. Avances tecnológicos que deberían orientarse a la mejora de las condiciones de vida y no sólo a maximizar el beneficio empresarial.

Coincidimos en señalar como un peligro para la democracia y la convivencia pacífica, el avance de la derecha extrema y xenófoba, que está aprovechando estos años de larga crisis económica para sembrar el miedo, reacciones nacionalistas, proteccionistas y autoritarias.

De igual modo, estos años de crisis han sido aprovechados por el capital, para avanzar en la explotación de los trabajadores, consiguiendo desequilibrar las relaciones laborales con reformas como la impuesta por el Partido Popular en 2012, reforma que es prioritario derogar, para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales: restableciendo la preponderancia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa; siendo uno de los efectos más perniciosos el fomento de las “empresas multiservicios”, pensadas para burlar la negociación colectiva,  restituyendo el principio de ultractividad, y echando atrás las facilidades que da a las empresas en el despido, tanto individual como colectivo, que estas reformas introdujeron, entre otros muchos conceptos.

Es a partir de la entrada en vigor de estas reformas laborales cuando se ha precarizado el empleo y se han devaluado los salarios. Ésta es una de las mayores causas por las que acertadamente Pedro Sánchez señala con preocupación que nuestra juventud está siendo marginada. Necesitamos un pacto intergeneracional por el Medio Ambiente, las Pensiones, la Educación, la Formación Continua, para recuperar el horizonte del pleno empleo, combatiendo el alto índice de paro actual, para lo que no hay mejor receta que la reducción de la jornada, sin detrimento de la remuneración. Es especialmente preocupante el paro juvenil que se mantiene por encima del 40 por ciento para los menores de 25 años. Esta “hipoteca social” que ha instaurado el gobierno del Partido Popular es inaceptable; desempleo cronificado, cifras de paro que no bajarán del 17 por ciento en los próximos años, temporalidad estructural, que nos sitúa como “subcampeones” de Europa con un 26 por ciento del empleo existente. Insostenible para una sociedad que aún sigue inmersa en la crisis.

La precariedad laboral, los altos índices de paro, junto a la política de regalos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, están quebrando nuestro sistema público de pensiones. Por tanto es prioritario garantizar la suficiencia de los ingresos para lo que se debería derogar las reformas que a partir del año 2013 realizó el Partido Popular.

Las políticas económicas puestas en marcha, supuestamente, para hacer frente a la crisis, han ido dirigidas siempre contra los derechos de la clase trabajadora. Medidas que han ido acompañadas de otras leyes que cercenan la libertad de expresión y movilización. Es un ejemplo claro el uso perverso que desde la fiscalía se está dando, desde 2010, al artículo 315.3 del Código Penal, con el único objeto de criminalizar el derecho constitucional a ejercer la huelga. Y que tiene encausados a más de 300 trabajadores y trabajadoras; por ello es necesaria y urgente su derogación.

Pero los ataques a los derechos de la mayoría social no se han limitado al marco de lo laboral, también se han cebado con la protección social, particularmente desde la reforma constitucional exprés, que a través del artículo 135.3 subordina el gasto al pago de la deuda y sus intereses. Es este el origen de la caída de las partidas presupuestarias para la sanidad y la educación públicas, además de la abrupta reducción presupuestaria en otras partidas, como está ocurriendo en I+D + i, servicios sociales y atención a la Dependencia. Es preciso corregir esta filosofía austericida que impone dicha reforma constitucional, derogando este artículo, y fijando el objetivo más sobre el incremento de los ingresos que sobre la reducción de los gastos. Cambios en política económica que debieran ir acompañados de una suficiente y justa reforma fiscal, para una mejor redistribución de la riqueza y acabar con los altos índices de fraude fiscal.

El Estado necesita herramientas para que con la legislación adecuada, un Gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades. Por ejemplo, necesita un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una banca pública que haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica, que sufren millones de ciudadanos.

En definitiva, se propone un nuevo modelo económico, social y medioambiental sostenible, basado en la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

Defendemos un modelo de Partido basado en los principios y valores del socialismo y de la izquierda, autónomo y participativo. Son estos motivos, entre otros muchos, los que a los abajo firmantes (a título individual) nos ha llevado a recoger avales y a pedir el voto para la candidatura de Pedro Sánchez como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español.

Sindicalistas con Pedro Sánchez

(500 firmas a 1 de mayo de 2017)

Para adherirse al manifiesto, enviad un correo electrónico a

psoeyderechoslaborales@gmail.com

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21-M: mucho más que unas primarias.

Las recientes debacles que han golpeado con dureza la socialdemocracia europea, primero en Holanda, y hace unos días en la primera vuelta de las elecciones francesas donde el Partido Socialista Francés ha pasado de gobernar a la irrelevancia política, deben servir para que los socialistas del mundo entero, desterremos de una vez el llamado socialismo liberal, que a golpe de pensamiento único, a menudo dictado por los poderes económicos y financieros, nos han llevado al descrédito electoral, y por tanto, a la pérdida de la confianza del electorado, que busca salidas a sus necesidades en un panorama en el que los populismos y la ultraderecha se sienten cada vez más cómodos.

El fracaso electoral de la socialdemocracia, en un país tras otro, hace necesario dejar de acompañar las políticas de la derecha bajo el chantaje de la estabilidad; nadie tiene en cuenta la estabilidad y la certidumbre que necesitan los trabajadores.

Tal es el caso de Holanda, que ya reseñamos en el anterior número de Tribuna Socialista, y también ha sido el caso de Francia. Aún recordamos como a Hollande se le calificaba como la gran esperanza de la socialdemocracia europea, y sin embargo hoy ha batido en récords de impopularidad al anterior presidente Sarkozy. La clave de tan sonada derrota en Francia se corresponde con una legislatura en la que el desempleo no ha cesado de crecer, una legislatura de ataques continuos a la clase trabajadora, con la modificación del contrato laboral francés (Estatuto de los trabajadores) a la que la clase trabajadora se ha resistido con uñas y dientes, y a una política económica dictada por el FMI y el BCE que cada vez encuentra más oposición en toda Europa. Además, recordemos que los atentados en Francia sirvieron de excusa para declarar un eterno estado de excepción que no ha servido para acabar con el terrorismo ni con la inseguridad y sí para recortar derechos y libertades de todos los franceses, aprovechando una mayor presencia policial no para mejorar la seguridad de los ciudadanos sino como herramienta para disuadir a todos los trabajadores franceses y la juventud que está luchando en la calle, defendiéndose de las políticas regresivas del gobierno Hollande-Valls.

Tras el Brexit el eurohartazgo crece día a día en toda Europa, y es la ultraderecha quien está rentabilizando electoralmente la voluntad mayoritaria de otras políticas, y la recuperación de la autonomía de la política monetaria y económica para mejor hacer frente la crisis. Está claro que, si la socialdemocracia sigue practicando el discurso de la “gobernanza” y las políticas de coalición con la derecha, el mazazo será terrible. Así lo entendemos desde Tribuna Socialista, y así lo entiende la mayoría de militantes que vemos en Pedro Sánchez el giro a la izquierda que esperamos, la defensa del poder de decisión de los militantes y la oposición al dictado de los mercados para mejor abordar los problemas de la mayoría social.

La vía de la gran coalición no es el camino, como tampoco lo es la vía emprendida por Podemos, más preocupada por adelantar al PSOE como referente de la izquierda, que por construir una verdadera alternativa a la derecha. El anuncio de PODEMOS de solicitar una moción de censura a Rajoy no tiene como objetivo echar a Rajoy de la Moncloa sino debilitar aún más a un PSOE, hoy dirigido por una comisión gestora comprometida con la estabilidad de las instituciones y amnésica respecto al sufrimiento de un tercio de la población. Ciudadanos por su lado, sigue practicando su lenguaje ambiguo que pretende confundir a la ciudadanía mientras apoya al PP y su corrupción.

No nos cansaremos de repetir que las primarias del 21 de mayo tienen una importancia fundamental. Todo el aparato del partido (y también el aparato que no es del partido) está volcado con las candidaturas de Susana Díaz y de Patxi López, para evitar el cambio de paradigma que la militancia y la sociedad espera del PSOE, es decir la recuperación del partido socialista para el socialismo.  Por el contrario, la militancia, agrupada en plataformas da su apoyo entusiasta y mayoritario en cada acto en favor de la candidatura de Pedro Sánchez.  La prensa, al servicio de los intereses del capital financiero se pronuncian sin ningún tipo de reparo por las candidaturas de Susana y Patxi, sembrando el discurso del miedo para evitar que P. Sánchez sea elegido Secretario General.  Los sindicalistas en cambio, dan mayoritariamente su apoyo a Pedro Sánchez, como lo demuestra el creciente apoyo que el manifiesto “sindicalistas con Pedro Sánchez” está obteniendo en toda España, con más de 500 firmas recogidas en poco más de una semana. Los sindicatos reclaman un cambio de políticas, que pase por la derogación de las reformas laborales, el desbloqueo de la negociación colectiva, y que evite que la pobreza siga extendiéndose entre asalariados y desempleados, mientras los beneficios empresariales aumentan.

El papel de los militantes del partido es esencial para la recuperación del partido. Tras la recogida de avales, hemos de ser activos el día de las primarias, votando y vigilando como interventores que el resultado del día 21 de mayo refleje fielmente la voluntad de los militantes. Debemos garantizar una presencia masiva y extensiva de interventores en todo el territorio, en todas las agrupaciones.

Y Tras las primarias hemos de elegir delegados/as al congreso del PSOE. Los que creemos en un modelo de partido diferente al actual, un partido de izquierdas y referencia de la izquierda, hemos de dejarnos la piel para  que las delegaciones que se elijan para el congreso defiendan ese sentir mayoritario de la militancia, que es el  que puede evitar que el Partido Socialista   Obrero Español siga los pasos del francés o del holandés.

Comité de Redacción

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Por una confluencia de proyectos

El 25 de noviembre pasado tuvo lugar una reunión en el Ateneo de Madrid, en la que se reunieron una treintena de socialistas, para reflexionar sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo en el PSOE, y en el conjunto de la izquierda, a lo largo de 2016 y en particular desde el Comité Federal del 1 de octubre.

De aquella interesante reunión, en la que se manifestaron diversas posiciones políticas, indudablemente de izquierdas, se ha venido manteniendo una relación de coordinación, de la cual ha nacido la iniciativa de llamar a la Unidad a los dos candidatos que a fecha de hoy han manifestado su decisión de presentarse a las Primarias.

El texto lo firman una serie de asistentes a aquella reunión de noviembre y está abierto a que se sumen todos aquellos compañeros y compañeras que compartan su contenido.

Cualquier socialista interesado en adherirse a esta carta nos   lo puede comunicar enviando un correo electrónico a tribunasocialista1@gmail.com

CARTA

La convulsa situación en el seno de nuestro partido, el PSOE, está llevando a un proceso complejo de cara a las candidaturas a las futuras primarias, a celebrar probablemente en mayo de este año.

De momento, dos candidatos han mostrado su deseo de competir en ellas, Pedro Sánchez y Patxi López y nos encontramos a la espera de que Susana Díaz termine de deshojar su particular margarita.

Siempre se suele comentar que lo que se deben contrastar no son personas sino proyectos. Resulta evidente que en el seno del PSOE actual existen dos que van a confrontarse en esas primarias y en el posterior Congreso.

Quienes legítimamente mostraron su empeño en el “No es No”, para evitar que Rajoy continuase en la Moncloa y quienes por el contrario se decantaron por la abstención que le permitiera continuar. Ganaron los segundos con lamentables actitudes que ya han sido analizadas, pero que conviene dejar atrás porque ahora lo que toca es avanzar.

En aquella batalla Pedro Sánchez y Patxi López caminaron codo con codo justo hasta el instante decisivo en el que el segundo dio un paso atrás cambiando su no firme por la abstención. Hizo el análisis de su cambio que debemos respetar, pero sin olvidar que hasta entonces ambos estaban defendiendo las mismas tesis.

Ahora Pedro Sánchez ha presentado un programa con el que se identifican buena parte de la militancia socialista y marca nuevos tiempos para el socialismo y la izquierda de nuestro país y la pregunta que nos surge es: ¿por qué dispersar fuerza si en esencia no se han manifestado diferencias sustanciales entre ambos proyectos? Muchos y muchas hablan de Unidad. Ciertamente la izquierda debe buena parte de sus vicisitudes actuales a la falta de unidad. ¿Tiene sentido no buscarla ante la situación que vivimos en el seno de nuestro Partido?

La respuesta resulta evidente; no. En esta difícil confrontación quienes tienen propuestas comunes deben hacer un ejercicio de responsabilidad para unir fuerzas.

Es por eso que desde este grupo que surgió de una reunión celebrada en el Ateneo de Madrid, que pretendía impulsar la necesidad de refundar el PSOE y recuperarlo para el socialismo y la izquierda, hacemos un llamamiento a Patxi López para que sume su proyecto y el respeto y reconocimiento que le tiene la militancia junto al mayoritario impulso que Pedro Sánchez está dando en esta dirección.

Les emplazamos a que se junten y unan sus fuerzas con un objetivo común, lograr ganar las primarias para conseguir un PSOE de izquierdas, coherente, creíble y autónomo. Un PSOE que sea capaz de recuperar la ilusión y la confianza de una amplia base social para ganarle la batalla a la derecha.

Le pedimos a Patxi López y sus seguidores que busquen la Unidad con Pedro Sánchez y los suyos porque eso garantizará una victoria segura.

Unidad que en estos instantes se concreta en un compromiso firme y claro por dar una respuesta positiva a la demanda de la derogación de la Reforma Laboral, anular el artículo 315.3 del Código Penal, reformar el artículo 135 de la Constitución y derogar todas aquellas medidas que han supuesto un retroceso en los derechos y libertades democráticas, no aprobar los presupuestos propuestos por el PP, el techo de gasto autonómico, ni llegar a ningún pacto que legitime el gobierno del PP. Todas estas demandas estaban incluidas en el espíritu del “No es NO”.

Primeros firmantes:

José A Iniesta, Toni Ferrer, Justo Villañe, Pedro Aller, Merche Huete, Roberto Tornamira, Antonio Herranz, Baltasar Santos, José Luis Uriz, Alfonso Abengozar, Jose Maria Buzarra, Vicente de Bustos, Mario Agustí, Agustin Valdivia Calvo, Eduardo Hernández, Francisco García Jiménez, Maria Luisa Peña Cobo, José Alfredo mesa Navarro, Manolo Bonmati…

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La mayoría quiere recuperar el Socialismo

El domingo 26 de febrero aparecía una encuesta en “El Periódico de Cataluña”, que refleja las preferencias de los votantes socialistas y también del total de la población para liderar el PSOE. Las dos variantes dan como ganador a Pedro Sánchez, incluso en Andalucía, según las encuestas, el preferido por los militantes es Pedro Sánchez.

Hay quien dice que las encuestas las carga el diablo. Sin embargo, lo que es innegable es la afluencia de militantes a los actos que Pedro Sánchez está realizando por todo el estado. Desde Xirivella a Dos Hermanas, pasando por Castellón, Pamplona, Madrid o La Rioja, en todos los sitios, cientos de militantes le muestran su apoyo con esperanza de que se recupere el PSOE para el socialismo, que se escuche a la militancia, y que se rompa con las políticas subsidiarias al PP. Dentro y fuera del Partido, las bases de afiliados y simpatizantes, ven en los planteamientos de Pedro Sánchez la recuperación de la unidad de la izquierda para liderar un proyecto de progreso para la mayoría social.

El papel de la militancia, agrupándose en plataformas, está siendo fundamental al abrir la posibilidad de que puedan expresarse aquellos militantes que no pueden hacerlo en sus respectivas agrupaciones, bien porque no se les convoca, bien porque se les convoca para que sean meros aplaudidores del mensaje oficial, o bien porque simplemente están cerradas.

Las plataformas de militantes están siendo elementos cruciales y activos en esta campaña, ayudando a construir y difundir las propuestas socialistas, neutralizando los intentos de acallar la voz de la militancia de los medios de comunicación de masas, en sintonía con la Gestora. Ni a la Gestora ni a los medios les gusta que se hable de plurinacionalidad, de banca pública, de independencia respecto a los dictámenes de los poderes financieros y de los lobbies, pero la marea de militantes agrupados en plataformas está sirviendo para recuperar el Partido.

Las primarias que vamos a vivir serán determinantes para el futuro inmediato, porque más allá de los afectos o simpatías que cada candidato pueda reunir en torno a su figura, está en juego si queremos un PSOE subsidiario del PP y las instituciones, o un PSOE que haga políticas socialistas, que aporten soluciones a los problemas de la mayoría social; que combatan la pobreza que afecta a un tercio de la población, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012; que hagan frente a la lacra de la insoportable e intolerable violencia machista; que defiendan el Sistema Público de Pensiones, frente a la propaganda que llega por tierra, mar y aire en pro de las pensiones privadas, por citar únicamente tres ejemplos.

En la fecha de cierre de la edición de este número aún no se sabe a ciencia cierta el método que se utilizará para que los militantes del PSC puedan participar de este proceso de primarias. Parece ser que hay acuerdo entre la Gestora y la comisión negociadora del PSC, en cuanto a la necesidad de que los militantes del PSC tengan que hacer una inscripción especial para votar en las primarias, lo que en la práctica significa un intento de influir en el resultado. A nadie se le escapa que federaciones como Andalucía y Catalunya son las que más militantes tienen. Las tareas de la Gestora, máxime en relación con la convocatoria de las primarias y del Congreso, debería ser democrática, limpia y además parecerlo.
Hay que reseñar que el hecho de que los militantes socialistas de Catalunya tengan que preinscribirse para poder participar en las primarias, es un hecho inédito en el socialismo español, que viene precedido por el apoyo masivo de los militantes del PSC al No es No, y que, sin duda, supondrá un obstáculo para que todos los militantes puedan participar.

La supuesta neutralidad del PSC, para no ser excluidos del proceso de primarias, no puede servir para imponer portavoces y organizadores de las plataformas nombrados desde la Dirección del partido, al margen de los propios militantes. El método de elección de los portavoces, impulsores y organizadores de la campaña de todos los candidatos debería ser claro y transparente; para ello, la mejor garantía es que sean los propios militantes quienes los elijan y los reconozcan como tales, porque mientras en Catalunya se pide “juego limpio” y “neutralidad”, un territorio en principio afín a Pedro Sánchez, en otros territorios, donde otros candidatos tienen más adeptos, las embestidas institucionales y las descalificaciones a Pedro Sánchez son terribles, y el control del aparato sobre el proceso de primarias carece de cualquier atisbo de neutralidad y juego limpio.

Estas primarias deben servir para que los candidatos fijen sus proyectos, para que los militantes participen de los mismos, para hacer del PSOE un instrumento útil a la mayoría de la sociedad. Para que sea el principio de una nueva etapa en la que el socialismo sea la alternativa a las políticas del PP.

Comité de Redacción

El pueblo chileno derrota en las urnas a los defensores de la constitución Pinochetista

El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.

El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.

Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.

Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han

 mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.

Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.

José A Iniesta

Afiliado del PSC de la agrupación de Sant Boi.

Miembro del Comité de Redacción deTS.

El PP en una difícil encrucijada*

La COVI-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está causando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.

Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además,  se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.

Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.

Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).

Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado  en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.

Efectivamente, las derechas- con su estilo bronco y tabernario-  están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.

La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).  

La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero  y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.

Como es de sobra conocido, Largo Caballero es Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó  confinado en el campo de concentración Sachsenhausen – Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.

Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.

Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior.  Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley.

No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil  reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.

Antón Saracíbar

* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.

Necesitamos dotar nuestros sistema de salud público de muchos más recursos

Durante años, muchos han dicho que teníamos “la mejor sanidad del mundo, pero ahora, nos encontramos en Cataluña un sistema colapsado, y no como consecuencia de la Covid-19, sino que en la última década, los recortes en el servicio público de salud por parte de la Generalitat hace tiempo que viene dando síntomas de su situación límite: aumento de las listas de espera para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, y la falta de camas hospitalarias.

Las políticas de salud de Mas, Puigdemont y Torra han agravado el problema

De los 9.875,81 millones de euros del 2010 destinados a la salud de 7,46 millones de personas en el último presupuesto del Gobierno Montilla (PSC), hemos llegado a los 8.876 millones de euros de 2020 destinados a la salud de 7, 72 millones de personas en los últimos presupuestos de JxCat y ERC. Un millón de euros menos para atender a una población que ha aumentado en 260.000 personas. De una inversión en salud de 1323 € por persona, hemos pasado a 1.148 € por persona. En 10 años el gasto de la Generalitat ha bajado un 27%. Según el sindicato “Médicos de Cataluña” si tenemos en cuenta la inflación el presupuesto de salud de la Generalitat es de 1685 millones menos que hace 10 años, y tenemos 920 facultativos menos a la atención primaria.

A finales de enero de 2020, el “Círculo de Salud” hizo público un estudio “la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza” que concluye en la necesidad de que los presupuestos de la Generalidad DEBERIAN de experimentar un incremento en más de 5.000 millones € cada año para equiparar el gasto en salud pública de sistemas de salud homologables.

La privatización de la atención sanitaria

El 76% de los hospitales y el 56% de camas hospitalarias en Cataluña son gestionadas por empresarios privados:

• El 42% del total de camas hospitalarias de Cataluña son propiedad del grupo Quirónsalud.

• Cataluña se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Las listas de espera desbordadas

Para hacer frente a la Covid, con un sistema sanitario absolutamente insuficiente, se han anulado intervenciones quirúrgicas y se ha abandonado a muchos pacientes. Los oncólogos denuncian que el diagnóstico de cánceres ha disminuido en estos meses un 25%. Evidentemente, no son los procesos oncológicos los que han disminuido, es la falta de asistencia médica que hace que una cuarta parte de los cánceres no se diagnostiquen a tiempo. La demora en visitas al especialista, pruebas y operaciones incluidas las oncológicas han aumentado dramáticamente

La atención primaria

La atención primaria es la pieza básica y no ha tenido ningún momento de descanso desde la primera ola de la Covid-19. Ahora, desde atención primaria atiende residencias, domicilios y se hace vigilancia epidemiológica con las PCR. Se necesitan manos, recursos tecnológicos y espacios. Los profesionales no pueden más, y las bajas entre los profesionales han pasado del 3% al 10%.

Ante la falta de atención en los CAP, muchas personas optan por automedicarse   y los enfermos crónicos han dejado de ser seguidos por sus médicos de familia.

Los médicos de familia se han visto forzados a hacer una bolsa común de enfermos a los que llamar si se han solicitado consultas, sin tener en cuenta si son o no personas adscritas a sus listas de pacientes.

Tampoco se dan horas de visitas que no estén relacionadas con el covid-19 y solo se atienden las visitas urgentes, en ciertos CAP.

Las visitas a enfermos crónicos se anulan y se hacen por teléfono, el cual hay que llevar siempre encima porque si te llaman y no lo coges se corre el riesgo de perder esa visita o que se aplace para cuando el facultativo tenga tiempo.

La responsabilidad política es del Govern de la Generalitat y no es casual, ya que mientras la atención primaria en Catalunya se “degrada”, las mútuas tienen cada vez más clientes. Los que pueden pagar, hacen el esfuerzo y pagan mútua y los que no, no.

La salud mental:

Los recursos de salud mental en el Baix Penedès son insuficientes. Los profesionales del sector alertan cada año de la necesidad de aumentar recursos y dispositivos de salud mental en un territorio que ha crecido de población pero que cuenta con menos recursos.

Hay menos recursos materiales, menos servicios y menos accesibilidad. 

Los últimos años han aumentado las listas de espera quirúrgicas, las listas para visitas al especialista y también las pruebas diagnósticas, pero, por otro lado, los recortes en infraestructuras sanitarias han colapsado algunos servicios sanitarios. Desde el 2010 vemos con preocupación la reducción de los servicios de urgencias y atención continua en muchos centros catalanes, el cierre de 1.250 camas de hospitalización, la reducción del servicio de ambulancias, y el cierre de plantas hospitalarias.

Pero no solo se malogran recursos y servicios en la sanidad pública catalana, que repercuten directamente en la atención sanitaria hacia los pacientes, sino que en su cruzada por desmantelar todo aquello que es público, la consejería de Salud pretende comercializar con los datos de los pacientes de la sanidad pública vendiéndolos a empresas privadas con una finalidad, en principio, científica.

Hace falta un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública

Para sacar a la Atención Primaria del colapso en el que se encuentra, mejorar la salud mental, y que tengamos profesionales y camas suficientes; para poder atender a todos los usuarios, incluídos los que se han dejado atrás; para todo ello: solo hay una salida, y es un presupuesto de urgència para recuperar todo lo perdido por los recortes.

Dinero hay: Las grandes fortunas han aumentado su patrimonio un 73% según la encuesta del Banco de España, en marzo de este año.

Si no se aumenta el presupuesto en sanidad serà solamente porque se quiere seguir priorizando la sanidad privada, como es el caso de Catalunya desde hace una dècada.

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona

Peligro de desmemoria

La actualidad sobre nuestra Memoria Histórica no es la nueva ley en ciernes, que avanza en la recuperación de la verdad y el reconocimiento a quienes lucharon en defensa la República, el orden constitucional democráticamente decidido por los pueblos del Estado español. Defendieron, con su vida, una experiencia de libertad y de avance social contra el fascismo. Es, tristemente, la ola de revisionismo histórico que de vez en cuando llega a nuestras orillas. Habíamos oído hablar del holocausto; aquí asistimos al negacionismo del franquismo y sus crímenes. No es nada nuevo, ni será la última vez, y sin embargo no solo sigue llenándonos de dolor e indignidad.

Si, nos sorprende, y lo hace porque entre otros motivos no parece suficiente el nivel de la investigación científica sobre esta materia, el rigor histórico y la seriedad de los historiadores reconocidos, (Tuñon de Lara, Fontana, Viñas, Moradielos, Casanovas, Pérez, Aróstegui, Preston, Juliá, Tusell, Junco, Zugazagoitia, y todos los firmantes de  la carta… y etc, etc, etc… ).

Que aún sea posible divulgar patrañas, noticias falsas, tergiversaciones, y revisionismos baratos, junto a la resistencia a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, solo demuestra que el franquismo y los franquistas siguen entre nosotros, y lo que es peor; en las instituciones y en centros de poder político, social, económico y mediático.

Se escribe mucho y muy bien, y así lo leemos, creemos también que su difusión es algo común y corriente, y consideramos que la mayoría de personas con inquietudes tiene conocimiento de ello, pero parece que algo falla. Es seguro que hay muchos factores que favorecen esto, pero creo que algunos son fundamentales.

Si prestamos atención a los contenidos de los planes de educación desde hace ya bastantes años años, vemos como con cierta frecuencia adolecen de contenidos completos, o no se llega a su estudio por situarse al final de los ciclos formativos garantizando que el alumno adquiere un conocimiento claro, y no difuso, de la historia contemporánea de nuestro país.

Igualmente, los medios de comunicación, para no “aburrir”, simplifican, resumen, se emplean a fondo con los eufemismos o recurren a tertulianos en vez de profesionales. Es decir, salvo la prensa especializada, bibliografía e historiografía, o círculos sociales diversos, lo que nos llega sobre el análisis de la historia es genérico, banal y tendencioso.   

 Ya sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero también esto debía corregirlo la transición de la dictadura a la democracia. Es la consecuencia evidente de la dejadez educativa de los gobiernos progresistas habidos hasta 2018, de medios de comunicación poco serios o simples transmisores propagandísticos de la ideología del movimiento disfrazada de demócrata, es el revisionismo interesado en lavar la cara a dictaduras, crímenes contra la humanidad, y demás fascismos mediante desinformación, noticias falsas. Y ahora, ante la falta de argumentos, como siempre, recurren a la barbarie y el destrozo o utilizan las instituciones: como es el caso de la alcaldía de Madrid, para borrar y mancillar la historia a las Trece Rosas, los miles de fusilados en las tapias de los cementerios y en las cunetas o de líderes de la clase trabajadora en su tiempo, como Largo Caballero e Indalecio Prieto.

No es un mal de ahora, ni desconocido, pero si se permite que “progrese”, lleva a las consecuencias conocidas: VOX, TRUMP, ORBAN, etc… Ya no es necesario dar un golpe de estado para fulminar una democracia, solo hace falta socavar los fundamentos democráticos y constituir democracias falsarias, iliberales:

 “… El término “democracias iliberales” se viene utilizando para designar a aquellos sistemas políticos que son formalmente democráticos, pero que erosionan  las instituciones y valores sin los cuales no existe una democracia robusta… “

D. Inerarity.

La defensa de estas ideas en el Parlamento es fundamental, es ahí donde luchar y pelear, es donde podemos defender la verdad y la historia, mediante la palabra, y mediante la elaboración de leyes para mejorar nuestra Educación Pública, exigir a los medios de comunicación seriedad y rigor. Debemos defender la profundización en nuestra MEMORIA HISTÓRICA, evitando esas terribles consecuencias, ese nuevo golpismo difuminado en posverdades y banalidad.

Eduardo Hernández Oñate

Miembro del Comité de TS

Poder judicial

El poder judicial viene tan contaminado por el régimen franquista como el resto de las instituciones, si no más. Baste recordar que diez de los dieciséis jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.

            Esos que andan mal de memoria histórica, dirán que de aquello hace mucho tiempo: exactamente la Audiencia Nacional se constituyó el 4 de enero de 1977, mismo día en que se suprimía el TOP, vamos que le cambiaron el rótulo y poco más. Pero el paso del tiempo no ha impedido que jueces y juezas con tufo franquista continúen accediendo a las más altas magistraturas de la Justicia. Es el caso de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien entre 2011 y 2017 presidió el Tribunal Constitucional, siendo afiliado del PP: hijo de Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, que se presentó junto a Blas Piñar, en la lista de Fuerza Nueva, a las elecciones generales de 1977, y hermano de Diego Pérez de los Cobos Orihuel, el coronel de la Guardia Civil que fue recientemente destituido, tímidamente, por el Ministro de Interior, el mismo que dirigió la brutal represión en Cataluña el 1 de octubre de 2017. No juzgo a los hijos por lo que fue el padre, ni al padre por lo que son los hijos, pero, el árbol genealógico orienta sobre el perfil de los sujetos que ocupan las instituciones.

            Entre otros muchos casos, también es llamativo el de la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la jueza Concepción Espejel Jorquera. Esta jueza fue condecorada por María Dolores de Cospedal, en 2014, siendo presidenta de la Junta de Castilla La Mancha. “Cospejel”, como al parecer llaman a la susodicha jueza en círculos judiciales, fue apartada del caso Gürtel por los propios magistrados de la Audiencia Nacional: por sus evidentes vínculos con el PP. Quién desee conocer más, sobre de esta señora jueza, le sugiero que lea sobre caso “Bar Chinaski”, en el que minimizó el apuñalamiento cometido por el jefe Falange a un joven en Guadalajara. O el caso “Incendio de Riba de Saelices”, un caso de libro sobre cómo la justicia se pone al servicio de los intereses de un partido político; o casualidad, del PP. Podría continuar a lo largo de hojas y hojas poniendo ejemplos, pero no es la intención de este artículo hacer un censo de los jueces y juezas al servicio de la derecha.

            Estos datos, constatables, deben servir sencillamente para entender por qué el PP bloquea y obstaculiza cualquier acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho siempre que ha estado en la oposición, pero hoy lo hace de forma bochornosa: o al menos debería abochornar a quienes tan escandalizados se muestran por la propuesta del Gobierno, esa que el presidente, Pedro Sánchez, ha puesto en “stand by” para ver hasta dónde llega el “hasta aquí hemos llegado” del señor Casado.

            Comienza el artículo 117.1 de la Constitución diciendo: “La justicia emana del pueblo…” y yo me pregunto ¿dónde interviene el pueblo en la elección de los jueces? Claro que el Artº. 14 comienza diciendo: “Los españoles son iguales ante la ley…”. En fin.

            El escándalo se ha montado en el momento en el que el Gobierno ha decidido proponer una reforma del Artº. 122.3 para cambiar de tres quintos a la mitad más uno, tanto en el Congreso como el Senado, la mayoría necesaria para elegir a ocho sobre veinte miembros que componen el CGPJ; cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Una reforma que pretende desbloquear la situación que genera el PP con su boicot y que tiene como efecto que el Gobierno de los Jueces lleve 7 años en mandato (2 fuera de su periodo legítimo). Cuando se reformó el artículo 135.3 de esta misma Constitución, los hoy escandalizados, no se alarmaron un ápice, muy al contrario, fueron compresivos y apoyaron, a pesar de que aquella reforma condicionaba severamente nuestro gasto público: sanidad, educación, etc. ¿Recuerdan?

            Coincido con lo expresado en algunas editoriales de Tribuna Socialista y en no pocos artículos publicados en esta revista política: “hay que reformar la Constitución en muchos de sus aspectos, y la Justicia es uno de ellos”. El desprestigio de este poder del Estado es galopante, no tanto por la actual polvareda o por lo que digan los medios de comunicación en liza ideológica, sino por las consecuencias que la falta de independencia judicial tiene en las sentencias, algo que vemos cada vez con mayor frecuencia. Sentencias por las que supura la ley, sí, pero la del embudo.

            No tengo una fórmula para resolver el problema, para eso están los bien pagados altos funcionarios del Estado y/o las eminencias sobre la materia que trabajan en las universidades públicas de este país, sobre cuyos argumentos técnicos debieran fundamentarse los partidos políticos: único poder que emana del pueblo. Sin duda, lo que es evidente es que se necesita democratizar la vía por la que los jueces llegan a los altos tribunales y al Gobierno de los jueces. Democratizar comenzando por la igualdad de oportunidades para los y las aspirantes a juez/jueza. Insisto en que no sé cómo resolver el problema, pero sí sé que el corporativismo (la elección 100% entre jueces) no solo no es la solución, sino que agravaría el problema. La primera piedra para la construcción de la democracia en el poder judicial es romper el desequilibrio en la extracción de clase social de la que proceden los jueces: no todas las personas que están capacitadas y deciden afrontar la oposición a juez o fiscal tienen posibilidades económicas para hacerlo.

Roberto Tornamira Sánchez

Miembro del Comité de  Redacción de TS

 

La mayoría social necesita soluciones urgentes

La tensión política se respira con cada tema que aparece ante la opinión pública, la puesta en práctica del estado de alarma, junto a las medidas contradictorias de las diferentes comunidades autónomas, con la de Madrid a la cabeza del disloque, no solo no son entendidas por una parte importante de los ciudadanos, son contestadas con manifestaciones de protesta, como es el caso del cierre de la hostelería, los taxistas en Cataluña o los vecinos madrileños.

Pero no son solo las medidas “anti pandemia” lo que crea inseguridad desconfianza y desorientación.

Los hospitales están en riesgo del colapso, los profesionales no dejan de denunciar las carencias y de apuntar las necesidades. Los médicos y enfermeras contratados, desde la supresión del primer confinamiento hasta ahora, son absolutamente insuficientes y sus condiciones de trabajo no han mejorado. Solo los médicos interinos y residentes (MIR) han conseguido algunas mejoras con su movilización, lo que demuestra una vez más que solo la movilización es la herramienta válida para dar soluciones a las necesidades, aunque sea de forma parcial. La verdadera alarma social es saber que las UCIs están al 80% de ocupación y que los hospitales están a punto de colapsar y no hay un plan urgente y claro para evitarlo.

El día 27 se ha publicado la encuesta de población activa (EPA), los datos de desempleo que arroja son muy alarmantes: sitúa en más de 16% la cifra de desempleados, dejando claro que no se ha recuperado ni el 50% del empleo que se perdió durante el confinamiento del mes de marzo, la cifra no incluye a los afectados por ERTE que, aunque llevan meses sin trabajar, no contabilizan como parados. Algunos dirán que hemos tenido cifras peores, pero la perspectiva a corto y medio plazo no es de mejora sino que todo apunta a empeorar: un buen número de empresas están anunciando que presentaran EREs y cesarán en su actividad.

Las universidades cobran las matriculas para impartir clases presenciales pero en la práctica se convierten todas las clases en telemáticas, en Cataluña hay 68.000 alumnos y 3.000 profesores confinados y en bachillerato aumentan las clases telemáticas.

Los obstáculos por parte del PP, para renovar la cúpula del poder judicial, cuando están próximos a abrirse los juicios sobre corrupción que afectan directamente al Partido de Casado, explican el interés de este partido para que no se cambie a ningún componente de ese organismo que pueda “desentonar”.

La absolución del jefe de los Mossos de Escuadra de las acusaciones por su intervención en el referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, entra en contradicción con la sentencia a los políticos catalanes y a los dirigente de asociaciones que convocaron concentración ante la Conselleria de Economía de la Generalitat el día que la Guardia Civil registraba las oficinas de este organismo. Desmiente al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, al señalar que sus acusaciones carecen de fundamento, la sentencia reafirma a los Mossos como policía subsidiaria del Estado y critica a Rajoy por haber dejado que se celebrase el referéndum y no aplicar el Artículo 155  para impedirlo,  mostrando de esta forma la intromisión de la judicatura en temas políticos que no son de su competencia.

Mientras se escribe esta editorial se hace pública la noticia de que la fiscalía no recurrirá la sentencia, luego ya es firme y podrá ser utilizada por el Gobierno central para gestionar la tramitación de indultos o amnistía para el resto de políticos condenados en un juicio sobre el que esta sentencia arroja más dudas.

La moción de censura ha dejado a Vox aislado en las cortes al mismo tiempo que ha reforzado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que explica el giro del Partido de Inés Arrimadas, abriendo las puertas al pacto de Presupuestos, en su competencia con el PP por ver quién es más obediente a los dictados de los organismos internacionales.

En los próximos días conoceremos si hay los acuerdos suficientes en las Cortes para aprobar  los presupuestos que marcaran la actuación del Gobierno en lo inmediato. Lo que está claro es que a la mayoría social, tras dos años y medio de la Moción de censura victoriosa que saco al PP de Moncloa –por sus corruptelas-, las soluciones nos llegan con cuentagotas: de las reformas laborales solo se ha derogado el despido por estar de baja, de las reformas de pensiones solo queda resuelto la vinculación de la revalorización al IPC y de la batería de leyes regresivas que nos dejó Rajoy, está en trámite la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.

Es urgente dotar a la sanidad pública de medios suficientes, tanto humanos como materiales, la enseñanza pública de todos los niveles debe contar con todas las garantías para que se pueda seguir impartiendo sin poner en peligro ni a los profesionales ni a los alumnos. Somos los socialistas quienes debemos garantizar unos presupuestos que cubran todas las necesidades de la mayoría social.

El Comité de Redacción

Entrevista a Paco Rocha

Primer Secretario Agrupación PSC de Banyeres del Penedès, y trabajador afectado por el cierre del horno de Saint Gobain Glass. una empresa ubicada en el Penedès y dedicada a la fabricación de vidrio para el sector de la construcción y el sector de la automoción. Actualmente da trabajo a 120 trabajadores directos, y el doble de indirectos. Durante el periodo de negociación del expediente de regulación, la lucha de los trabajadores por mantener el empleo, llevó a que todo el sector empresarial y dirigentes autonómicos como el Presidente de Euskadi y de Catalunya presionaran para que se alcanzara un acuerdo.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la evolución del empleo en Saint Gobain en el Baix Penedès en los últimos 25 años?.  Antes, Cristalería Española había sido un referente de empleo para la comarca, ¿no es así?

Sí, Saint-Gobain ha sido referente industrial en el Baix Penedès. Todos el mundo queríamos trabajar en Cristalería L’Arboç. Personalmente, me he criado en ambiente Saint-Gobain, donde mi padre, vecinos y amigos trabajaban y trabajan en Cristalería. Siempre ha sido una línea a seguir.

Pregunta: ¿ ¿Cómo se produce el aviso de cierre? ¿era algo esperado??

El aviso de cierre fue de repente, nadie se imaginába que fuera en este momento. Nunca me hubiese esperado que una empresa como Saint-Gobain, por su buena imagen y por el buen trato que siempre ha tenido con sus trabajadores, fuese de esta manera, a las bravas (sin ninguna explicación, ni previsión, ni hoja de ruta para el cierre).

Es verdad, que siempre se hablaba de que no harían el próximo horno, que no salía en los presupuestos de la compañía, pero aun veíamos el debate del nuevo horno lejos, a éste le quedaba como mínimo 2 años de vida.

 No sé, esperaba que nos hubiesen tratado como personas adultas y el cierre de la planta de Glass se hubiera comunicado y explicado, como manda la gravedad del asunto. No como lo hicieron, que vas un día a trabajar normal y te comunican que en octubre es el último mes que trabajas en Saint-Gobain. En fin…

Pregunta: ¿Qué acciones se llevaron a cabo por parte de los trabajadores para evitar el cierre?

Los primeros días, estábamos todos como que no nos lo creíamos, pregúntandonos a nosotros mismos si era real lo que nos estaba pasando. Cuando ya íbamos asumiendo la noticia, pues a la lucha, a intentar como fuese evitar el cierre de Glass.

Nuestro primer objetivo era luchar para que se hiciera un horno nuevo. Enseguida el comité convocó una asamblea para comunicar la decisión de la empresa y decidir las medidas de presión.

Lo primero que se decidió fue la huelga indefinida de 8 horas, tanto por trabajadores de Glass como por los compañeros de Sekurit, que personalmente les agradezco el apoyo a Glass.

Se sumaron reuniones con la clase política y visita al Parlament, donde recibieron a comité. El apoyo de todos los Alcaldes de la comarca y en especial los de L’Arboç y Banyeres del Penedès. También se convocaron varías movilizaciones y cortes de carreteras, sobre todo la N-340. Y mucha difusión, tanto en RRSS como los medios.

Pregunta: Vuestra lucha ha aparecido en todos los medios de comunicación. ¿Qué pensabais cuando veiais que vuestras acciones tenían impacto mediático?

Era unos de los objetivos, darle voz a la lucha. Cuando veía que salíamos por los medios, es que íbamos por el buen camino. Eché de menos saltar a los medios nacionales.

Pregunta: ¿Os habeis sentido arropados por los partidos políticos?

No por todos, faltaron algunos, que fueron PP y C’s. El resto nos recibieron, escucharon y comprendían nuestra lucha. Personalmente, los compañeros y compañeras del PSC estuvieron muy pendientes y encima del tema, hasta lo llevaron a Europa. Todos los partidos políticos de la comarca, también estuvieron apoyando 100%. En definitiva, sí nos sentimos arropados por la clase política.

Pregunta: ¿Y por los sindicatos? ¿Crees que la lucha empresa a empresa es más efectiva que una movilización general de todo el sector?

Sí, con los sindicatos 100%. La verdad que son el primer dique de contención en un conflicto laboral.

La movilización general de todo el sector es más fuerte y lo sabe el empresario, pero divide y vencerás.

Pregunta: ¿Por qué crees que no se ha producido esa movilización general de todo el sector?

Por lo que comento antes, divide y vencerás. Ya lo tienen estudiado y los movimientos que hacen no son por casualidad. Van cerrando empresas, gota a gota, primero Nissan, luego Saint-Gobain y mañana Robert Bosch. Así nos tienen divididos, mientras los empresarios sí que van a una, al cierre. Tienen mucho poder y controlan todo y siempre tienen el viento a favor.

Pregunta: ¿ Dicen que durante la huelga hubo un bloqueo de los suministros que puso en riesgo el abastecimiento de algunas empresas importantes de la automoción. ¿Cómo fue eso?

La empresa, como se esperaba, después de comunicar que cerraba Glass sabía que habrían movilizaciones por parte de los trabajadores. Empezó a hacer stock de piezas y a almacenarlas en unas naves de Bellvei.

Nosotros cambiamos la estrategia y fuimos a presionar a esas naves. La sorpresa fue que no tenía vado y aparcando dos coches en cada puerta, sólo dos, bloqueábamos la salida de piezas a las fábricas de coches.

Un acto legal, le rompía los esquemas de la empresa. Nunca se hubiesen pensado ese jaque mate. Con este hecho se empezó a presionar, de verdad, a la empresa.

Estábamos paralizando el 10% del PIB español.

Pregunta: Hubo amenazas de intervención de las brigadas antidisturbios de los Mossos d’Esquadra para liberar el abastecimiento de esas multinacionales. ¿Es cierto?

Hace falta decir que los primeros días de estar bloqueando las naves de Bellvei, llamaban a los Mossos y en todas las ocasiones decían que estábamos bien aparcados y no podían denunciarnos ni hacer nada.

Después de unos días ya empezaron a aparecer las brigadas antidisturbios y cambiaron el discurso (se notó la intervención de la poderosa Saint-Gobain).

Cuando nos visitaban las furgonetas de los antidisturbios, hasta 8 en una ocasión, no lo entendíamos, ¡¡¡por dos coches bien aparcados!!!

Era algo surrealista, pero el poder es el poder y Saint-Gobain es un monstruo y le estábamos haciendo pupa. Y encima el comité denunció a la Conselleria de Interior, por vulnerar el derecho a huelga.

Pregunta: ¿Cómo sentó la intervención del Conseller Ramón Tremosa presionando para abandonarais la lucha?

Fatal, pero los que seguimos la política y sabemos cual es su ideología, no me sorprendió.

Pregunta: Finalmente, llegastais a un acuerdo, que fue aprobado por la asamblea. El horno al final, se cierra. A tiro pasado, ¿fue un acuerdo tomado en libertad? ¿Había alguna otra alternativa?

Cuando una empresa como Saint-Gobain, toman este tipo de decisiones, es muy difícil darles la vuelta y hacerles reconsiderar sus decisiones, y más desde la lucha obrera. Nuestra reivindicación siempre fue el no al cierre del horno, todo lo que estuviera fuera de eso, era perder. La presión que había era muy grande, los Mossos, Consellers y hasta presidentes de CCAA.

Pregunta: ¿Crees que la multinacionales operan con impunidad, decidiendo sobre el futuro de los trabajadores y de comarcas enteras?

Sí, totalmente. Muchos políticos se volcaron por la causa y no consiguieron absolutamente nada, y teniendo en cuenta lo realmente mal que está la comarca desde hace ya muchos años. Imaginad la fuerza que tienen las multinacionales..

Pregunta: Después de llegar un acuerdo, otras empresas del entorno más inmediato también se han visto afectadas por los planes de reestructuración de Saint Gobain. ¿No creeis que Saint Gobain está cerrando todo “poco a poco”, para limitar las luchas de los trabajadores?

Exacto, lo comento antes. Saint-Gobain tiene unos 500 trabajadores directos y muchos más indirectos en varios centros de la comarca, ¿te imaginas que lo hubiese hecho todo de golpe? El conflicto hubiera sido más gordo.

Pregunta: Por cierto, ¿a dónde, y en qué condiciones se lleva Saint Gobain la producción? Se decía que a Egipto porque allí no hay tantas normativas medioambientales ni en seguridad. ¿Es así?

Sí, es así. Se llevan la producción a países que muchos de ellos no cumplen ni los derechos humanos. No se puede competir con esos países. Mientras que en la UE, se piden ciertas normativas, se pagan impuestos y hay unos derechos dignos para los y las trabajadoras, en otros países no hay ni se le espera nada de esto. Las reglas de juego no son iguales y se aprovechan. En fin. También se les deja hacer.

Pregunta: Uno de los aspectos más negativos de la última reforma laboral de Rajoy fue la eliminación de la autorización de la administración en la tramitación de expedientes. ¿de qué forma os ha afectado?

En todo, cada día las empresas lo tienen más fácil y barato echar a trabajadores y cerrar empresas.

Pregunta: ¿crees que es urgente derogar las reformas laborales para recuperar derechos? ¿por qué espera tanto el gobierno de progreso para hacerlo?

Sí, es muy urgente derogar ciertos artículos de la reforma laboral. Para derogar alguna ley o artículo hay que presentar otra, no puede haber un vacío, y si queremos que salga de una mesa social, no tiene que ser ni rápido ni fácil. El error fue pensar que iba a ser rápido.

Baltasar Santos

TS Tarragona

Entrevista a José Luis García

El 9 de Octubre dieron comienzo los paros en la Estiba Portuaria de Bilbao. Las condiciones cada vez son más precarias entre los trabajadores eventuales. El que la empresa que gestiona la estiba y desestiba del Puerto de Bilbao priorice la eventualidad y la patronal portuaria se niegue a atender las peticiones de los trabajadores ha llevado a movilizarse, no sólo a estibadores y eventuales, sino al conjunto de los trabajadores del Puerto de Bilbao. Hemos entrevistado a José Luis García, trabajador de la Autoridad Portuaria de Bilbao que está apoyando estas movilizaciones.

1 – A modo de introducción, podrías comentar los últimos logros conseguidos por los estibadores del puerto de Bilbao antes de la actual lucha por los puestos de trabajo de los estibadores eventuales.                                                                                                                                                               

Fue en el año 1986, cuando después de más de 50 días de huelga en el puerto de Bilbao, se crearon las bases del sistema de estiba bajo el que se ha venido trabajando los últimos 35 años, un sistema que ha garantizado unas buenas condiciones de trabajo y salariales para los estibadores portuarios, y además una reposición progresiva de los censos de trabajadores, que ha contribuido a la paz social y ha ayudado al desarrollo del puerto de Bilbao.

Entrados en el siglo XXI, los estibadores portuarios han sufrido diversos ataques a través de reformas legales con el único objetivo de intentar desmontar las conquistas sociales logradas con la lucha obrera, todo ello circunscrito en una estrategia y labor de desgaste continuado, que culminan con la situación de grave conflicto que actualmente se vive en el Puerto de Bilbao. Resumiendo: estas últimas 2 décadas están más asociadas a una historia de resistencia obrera a esa estrategia político – empresarial, que a la de grandes logros sociales y laborales conseguidos.

Se podría hablar de pequeñas victorias, como fue el evitar un ERE en 2009 o paralizar un rebaja salarial muy sensible que la mayoría sindical existente en su momento ya tenía acordada con las Patronales. Frente a ese atropello, el resto de organizaciones sindicales se opuso frontalmente y mediante un plante de la mitad de la plantilla, que se declaró en huelga sin convocatoria previa, la agresión en materia salarial se pudo evitar. Aquellos que plantaron cara a este atropello fueron sancionados con 5 días de empleo y sueldo, pero el objetivo que se perseguía, que era la paralización de una devaluación de los salarios, se consiguió.

También se consiguió la readmisión de un compañero que había sido despedido injusta e injustificadamente y que pertenecía al personal de oficinas. La plantilla estibadora portuaria se movilizó a su favor: se realizaron algunos días de huelga y se obligó a la empresa a rectificar su decisión inicial.

La gran derrota fue, sin embargo, cuando no se pudo evitar la privatización de la Sociedad de Estiba en 2008. Entonces, la organización sindical Coordinadora, mayoritaria representativamente en el Estado y en el Puerto de Bilbao, exigió que se cumpliera una ley aprobada en 2005 que transformaba las sociedades estatales de carácter semipúblico (51% capital Autoridad Portuaria de Bilbao y 49% capital Empresas Estibadoras), en empresas privadas gestionadas y controladas en su totalidad por las empresas estibadoras. En Bilbao, el resto de organizaciones sindicales se opuso al desmantelamiento y desaparición del carácter público de la Sociedad Pública de Estiba/Desestiba, y para ello se convocaron huelgas contra esa privatización, sin poder lograr pararla. Probablemente, la situación actual en la que hoy se encuentran los estibadores portuarios pueda obedecer en parte a aquella errónea decisión que adoptó el sindicato mayoritario.                                  

2 – Cómo se llega a 12 años de temporalidad en la estiba del puerto de Bilbao, ¿es algo habitual en los puertos españoles y en el resto del mundo? Y qué porcentaje suponen los temporales respecto del total.

Históricamente, el trabajo de los estibadores portuarios ha tenido un alto componente de temporalidad. La irregularidad en las escalas de los barcos en puerto hace que la necesidad de mano de obra para cargar y descargar los mismos fluctúe sensiblemente de un día para otro. Este hecho no es algo exclusivo en el Estado español. En la mayoría de los puertos existen modelos mixtos que combinan los empleos estables con los trabajadores casuales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Convenio 137, firmado por España en el año 1975, puso de manifiesto esta singularidad y buscó la forma de proteger a los estibadores, mediante el compromiso de los países firmantes de asegurar unos ingresos mínimos a estos trabajadores, a través de la creación de censos exclusivos de estibadores profesionales.

En el puerto de Bilbao, desde que en los años 80 se creó la Sociedad Pública Estatal de Estiba y Desestiba, que posteriormente en el año 2008 fue privatizada, la mayoría del censo disponía de contrato de trabajo indefinido y eran asignados a las diferentes empresas estibadoras, en función de las necesidades diarias mediante un sistema rotacional.

Cuando la necesidad de mano de obra, en puntas de trabajo, rebasaba la capacidad de la Sociedad de Estiba se recurría a trabajadores casuales, de una forma desordenada. La aparición en escena de las Empresas de Trabajo Temporal y su regulación legal, generó una bolsa de trabajo gestionada por una empresa de trabajo temporal que se encarga de gestionar la misma y poner estos trabajadores a disposición de las empresas estibadoras cuando se agota el censo del personal fijo que conforma la Sociedad de Estiba.

Es concretamente en el año 1995, cuando se firma un acuerdo entre las empresas estibadoras y la mayoría de la representación sindical, entre la que se encontraba UGT, donde se regulaba el funcionamiento de esa bolsa de trabajo, y se establecían unas condiciones para que en función de la actividad, parte de esos trabajadores eventuales, pasaran a formar parte de la Sociedad de Estiba con contrato indefinido. De esa forma se garantizaba la reposición del censo de trabajadores fijos a través de estos trabajadores eventuales con experiencia en la profesión.

Este sistema ha funcionado hasta el año 2008, momento en que se produjo la última entrada de trabajadores fijos en la Sociedad de Estiba del Puerto de Bilbao, y a pesar de que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente, una vez superada la última crisis económica, y que se ha jubilado un 20% de la plantilla desde entonces, las empresas Estibadoras que gestionan la Sociedad de Estiba y Desestiba se niegan a regularizar la situación de estos aproximadamente 100 trabajadores eventuales que llevan más de 12 años en dicha situación, aún y cuando el trabajo habitual del puerto sobrepasa como mucho la capacidad operativa de la plantilla actual. Desde el año 1995 jamás había existido un periodo tan prolongado de trabajadores en una situación de eventualidad continuada.

3 – Cómo es la situación laboral de un estibador eventual en el día a día en el puerto de Bilbao respecto a la de un fijo.

Un estibador portuario fijo tiene el salario base asegurado, pudiendo variar en función de los diversos pluses que perciba por trabajar en jornadas nocturnas, en fines de semana y festivos, o por hacer turnos dobles cuando la carga de trabajo así lo exige, todo ello contemplado en el vigente convenio colectivo.

Por su parte un trabajador eventual no tiene ningún ingreso asegurado, y su salario dependerá de la cantidad de días que trabaje cada mes. No dispone de contrato continuado, y sólo firma un contrato por jornada, el día que se le necesita, siendo despedido y finiquitado al acabar dicha jornada. Para que un trabajador eventual sea contratado, antes tienen que haber salido a trabajar todos los fijos ese mismo día.

Tanto el estibador fijo, como el eventual, desconocen hasta las 19:00 horas del día anterior, o incluso hasta la mañana del mismo día, si ese día va a trabajar, en qué turno lo va a hacer, y en qué tipo de tarea o especialidad. Así que el trabajador debe a priori tener plena disponibilidad para trabajar al día siguiente en cualquier horario que sea requerido, día o noche, laborable o festivo, por lo que su conciliación entre vida familiar – social y laboral es ciertamente complicada, sino imposible. Además, la disponibilidad del estibador portuario eventual, ni siquiera se ve compensada por un salario mínimo de disponibilidad o por una garantía salarial, y si no es llamado no tendrá ningún ingreso. Tampoco puede compatibilizar el trabajo de estibador portuario con otros trabajos, puesto que, de ser requerido en labores portuarias, no puede negarse. De lo contrario prescindirán de él en el futuro.                                                  

4 – El 20 de octubre, tras 12 días de huelga, la empresa Bilboestiba decide no volver a llamar a 100 eventuales, ¿es un puñetazo en la mesa de negociaciones, su forma de sacar pecho? ¿hasta dónde podéis llevar la huelga? ¿cuánto tiempo se puede mantener el órdago de cerrar el puerto de Bilbao?

El dejar de llamar a los estibadores portuarios eventuales es una represalia por la total adhesión a la huelga que han ejercido estos junto con los estibadores fijos. El sistema de trabajo rotatorio de la estiba hace que todos se conozcan, eventuales y fijos y que se haya compartido manos de trabajo en centenares de ocasiones, teniendo en cuenta que llevan todos al menos 12 años en el puerto, y que el 95% de los estibadores fijos ha pasado antes por las ETT, por lo que también han sido eventuales.

Una de las exigencias de los estibadores portuarios en la negociación, es que se garantice empleo de calidad y estable a los más de 100 eventuales de la bolsa de trabajo, dotándoles de contratos dignos, para de esa manera paralizar de una vez por todas la perpetuidad de una eventualidad indefinida.  Se solicita que esos contratos eventuales se transformen en contratos fijos y hay fórmulas viables que lo posibilitan, pero la alternativa que plantean las Patronales Portuarias Estibadoras es seguir ofreciendo a los trabajadores estibadores portuarios eventuales más empleabilidad, pero sin compromisos de contratación estable, a la vez de buscar el rebajar sus retribuciones salariales hasta un 40%.

El ataque a los trabajadores portuarios eventuales ha provocado que todos los estibadores se unan aún más, es decir, el efecto contrario que perseguían las empresas, cuyo objetivo era el de enfrentar a unos colectivos frente otros, tratando de crear rencillas y desunión.

La única salida a las convocatorias de huelgas planteadas es la negociación, no hay otra. No es entendible por las Organizaciones Sindicales convocantes de los paros y huelgas que las empresas a través de los medios de comunicación apelen y hagan llamamientos a la negociación como la fórmula para solucionar el conflicto en el que se está inmerso y, por otro lado, recurran a la descalificación de los estibadores portuarios, tildándolos de mafiosos y de querer mantener unos “privilegios” laborales logrados y conquistados a través de la lucha obrera. Las Patronales Estibadoras Portuarias, dentro de esta espiral de provocación y agresión continuada, no escatiman en recursos para causar el mayor daño posible a los trabajadores estibadores portuarios eventuales, y si es necesario, tal y como está sucediendo, recurren al uso de esquiroles de otras empresas de trabajo temporal para realizar sus labores.

Desgraciadamente, en estos momentos, y vistas las continuas agresiones y provocaciones de una parte hacia la otra, es decir, de las Patronales Estibadoras Portuarias contra los estibadores portuarios fijos y temporales, no se vislumbra una solución cercana, y de momento la convocatoria de huelga alcanza hasta el 9 de noviembre.

Inhaki Merino

Comite Redaccion Tribuna Socialista

Once de Septiembre: Homenaje a Andreu Nin

     Once de Septiembre: Homenaje a Andreu Nin

 El 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, en el acto institucional de la Diada Nacional de Catalunya en el cementerio del Vendrell, y en el que tradicionalmente se realiza una ofrenda floral ante la tumba de Pau Casals, este año, el Ayuntamiento socialista del Vendrell ha querido rendir homenaje a cuatro personajes, vendrellencs ilustres, que han sido ejemplo de catalanidad: Pau Casals, Ángel Guimerá, Apeles Fenosa, y Andreu Nin.

Sobre estos personajes gira la exposición: “El Vendrell, la época Dorada”, que se puéde visitar en el Palau Robert de Barcelona hasta el próximo 4 de octubre. A continuación, reproducimos la glosa realizada por Ernest Benito, militante histórico del PSC, hoy día dedicado íntegramente a su faceta como historiador de la figura de Andreu Nin, y con posterioridad se realizó una ofrenda floral en la tumba de Olga Tareeeva, viuda de Andreu Nin, que reposa en este cementerio del Vendrell.

A Andreu Nin se le conocio por muchas cosas: por su proyección internacional, por su muerte, y quizás no tanto, por su catalanidad. Hoy nadie puede negar la catalanidad de Andreu Nin, igual que nadie puede negar su proyección internacional. Andreu Nin aunaba catalanidad e internacionalismo. Déjenme que les ponga un ejemplo: 

Olga Tareeva, su mujer, una moscovita que es la que reposa hoy en este cementerio del Vendrell, consciente de que Andreu Nin no podría ser enterrado nunca aquí en el cementerio de su pueblo, quiso manifestar su amor no solo al hombre, sino que quiso manifestar también el amor a esta tierra que Andreu amaba. 

Andreu Nin, luchó siempre en defensa de la libertad, por la libertad de las personas, para eso puso su propia vida al servicio de la clase obrera, la de aquí y la de todo el mundo. De la misma manera, Andreu fue siempre defensor y partidario de la libertad de los pueblos para poder escoger su destino, de todos los pueblos de la tierra.

Andreu Nin fue un ejemplo claro del nacionalismo que no es exclusivista, nos lo ejemplifica cuando estaba en Moscú como Secretario de la Internacional SIndical Roja, y recibía, de la misma manera, a Francesc Macià que a Josep Pla, personajes de ideología bien diversa que, probablemente, solo compartían, como hoy lo podemos hacer los que vivimos y trabajamos aquí, su catalanidad.

Con estos antecedentes, seguramente se entenderá mejor a Andreu Nin, cuando escribe las siguientes palabras en su libro “Los movimientos de emancipación nacional”:

Cuando la burguesía de una nación oprimida lucha contra su opresora, estaremos siempre de su parte, en todos los casos, y de manera decidida, puesto que somos los mayores enemigos de la opresión.

Cuando la burguesía de una nación oprimida no hace otra cosa que defender, solo, su nacionalismo burgués, nosotros estaremos, claramente, en contra”.

Bona Diada a tothom! Ernest Benito

Historiador de la figura de Andreu Nin

Baltasar Santos. TS Tarragona