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Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista
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Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

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Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

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Editorial

No es honesto guardar silencio

No podemos mirar para otro lado ni guardar silencio ante la barbarie. Tal cosa sería impropia de personas que dicen ser socialistas, progresistas, de izquierdas.
Lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes día 24 es un crimen, como los de guerra. Esta acción de la gendarmería marroquí no se puede justificar, bajo ningún concepto; por encima del respeto a la vida humana no se pueden poner las normas, las leyes ni la soberanía (en marruecos la soberanía no es precisamente del pueblo). De la misma manera que es injustificable la acción de la Guardia Civil española que, mientras los desesperados subsaharianos se amontonaban sobre las concertinas de la valla, se dedicaban a lanzarles pelotas de goma a bocajarro ¿qué acción violenta había que reprimir?, la misma violencia que ejercían los 15 muertos que el 6 de febrero de 2014 trataban de llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, que tan solo nadaban para intentar salvar su vida.
Asombra escuchar las declaraciones del Gobierno español. Del Gobierno de Marruecos, sometido por una dinastía sátrapa no sorprende, aunque han pasado una línea que nunca se debería trasgredir; por el crimen cometido y por el desenlace de esconder los cuerpos en una fosa común, sin autopsia ni identificación. ¿Dónde ha quedado el respeto a los Derechos Humanos?
Este crimen se ha cometido a las puertas temporales de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tribuna Socialista no somos neutrales ni tomamos posición por esta estructura militar que, con unas formas u otras, lleva en España, y España vinculada a ella, desde 1953, como ya explicitamos en la editorial del número 134 de Tribuna Socialista. Es un error caer en el frentismo. Nuestra posición está del lado de los pueblos; por eso exigimos la retirada inmediata del ejército de Putin de suelo ucraniano y decimos no a la Guerra, decimos no a cualquier guerra que se lleva por delante la vida de civiles y de soldados de ambos bandos, hijos de familias trabajadoras, en este caso rusos y ucranianos.
Pero la guerra contra los pueblos y los menesterosos toma muchas formas. Las “armas” económicas de los oligarcas, imperialistas y explotadores de toda laya tomaron la forma de reformas laborales en 2010 y 2012 y tuvieron como consecuencia la destrucción masiva de derechos y calidad de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país; devaluaron y precarizaron el empleo, empujando a millones de ciudadanos a las puertas de la pobreza, cuando no a la pobreza misma: recordemos que hoy el salario más frecuente en España es de 1.357 € en 14 pagas, 357 € más que el SMI. Un 32% inferior al engañoso salario medio (que se halla contando salarios como el del Gobernador del Banco de España, quien en 2021 obtuvo un sueldo anual de 214.956,01 €).
En paralelo a la Guerra en Ucrania, recorre toda Europa una ola inflacionaria provocada por la especulación de los carburantes, la energía y los alimentos, entre otros productos de primera necesidad. La reacción de los gobiernos, de todos, no ha tenido ni por asomo la contundencia que los cuerpos de represión han ejercido en la valla de Melilla. La respuesta está siendo de parches. Respuesta que eso que llaman los mercados se está tomando a risa, pues tanto las rebajas fiscales como las subvenciones del Gobierno español han aplicado a los carburantes han sido absorbidas por los oligarcas de la luz, el gas, el petróleo…
Ante esta situación, en su conjunto, es llamativo el silencio de las organizaciones que se reclaman de la izquierda; políticas y sindicales. Han puesto sordina a sus quejas. Tienen la misma actitud que Podemos, IU y el PCE (miembros también del Gobierno) que se quejan, dicen no estar de acuerdo con esto o con aquello y punto. Los derechos sociales y laboral es no se consiguieron con cortes mediáticos y declaraciones de intenciones.
Lo que está ocurriendo e muy grave.Estamos en una etapa de crecimiento armamentístico muy peligroso. Es llamativa la docilidad con la que la Unión Europea se está subordinando a los intereses de los EE.UU.; el gran beneficiario con el incremento de los presupuestos para armamento y con las restricciones a la compra de gas y petróleo a Rusia es EE.UU., quien está incrementando exponencialmente sus ventas de gas licuado a España y al resto de países de Europa. ¿Tendrá estos relación con la maniobra de la Administración Biden para que España gire en su política respecto al Sahara?
¿a quién beneficia si Argelia corta o incrementa el precio del gas que consume España?
El hecho de que el Gobierno de Rajo y en 2014 aceptase incrementar el presupuesto en defensa al 2% del PIB, compromiso que el Gobierno actual está por la labor de cumplir a rajatabla, es una bomba para los servicios públicos del Estado español, ya de por sí muy deteriorados por la crisis económica de 2008 y por la pandemia de 2020/2021.
Los ataques se anuncian últimamente, pero parece que no escuchamos: los organismos internacionales dicen que los gobiernos tienen que reducir su deuda pública y que tiene que rebajar el déficit público. Es decir, que hay que amortizar deuda y que no se pueden endeudar más para cubrir las necesidades sociales. No olivamos la reforma constitucional del Artº 135.3. Todo ello a la vez que van a duplicar el presupuesto en Defensa para alcanzar los 23.000 millones de euros (el equivalente al 2% del PIB actual), desde los 9.700 de este año.Está claro de dónde va a salir el cuadre de las cuentas: de Sanidad, de Educación, de Dependencia y de Pensiones.
Pero no están dispuestos a cuadrar las cuentas exigiendo que la banca privada devuelva los 100.000 millones de euros públicos que se le dieron (65.000 en efectivo para el saneamiento + 35.000 de la Sareb). Como se resisten a cumplir el compromiso legal de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para saldar la deuda de más de 103.000 millones con las pensiones, por el uso indebido del dinero de las pensiones para otras partidas que debieran haber sido asumidas con dinero de los impuestos.
Lo ocurrido en la Valla de Melilla nos da la pauta de hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus intereses la minoría social que dirige el mundo. La pena es que esto solo es posible por la colaboración de los dirigentes.
La emigración, en este caso africana, es producto de la destrucción de estos países llevado a cabo por las potencias imperialistas europeas y sus multinacionales que explotan las riquezas de estos países, empujando a la emigración a su juventud y utilizan después a los emigrantes como mano de obra barata y sin derechos.

Comité de Redacción
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Editorial

Ni un euro para la guerra

Puede que al Gobierno le llene de orgullo albergar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Sin embargo, para las personas y organizaciones de izquierdas, que se mantiene leal a sus valores y principios, es una vergüenza y motivo de rechazo. Es por respeto a uno mismo y porque los hechos, pasados y presentes, son irrefutables. Quizá la falta de respeto a los valores y principios sea lo que esté detrás del ascenso de la derecha en el mundo; no tanto por acierto de a la derecha como por la pérdida de apoyo de la izquierda.

Rechazamos con rotundidad la invasión que la Rusia de Putin está llevando a cabo desde hace tres meses en Ucrania. En distintos actos que hemos participado en nombre de Tribuna Socialista hemos dejado claro que la acción expansionista de, carácter militar, llevada a cabo por la OTAN no justifica la acción criminal de Putin. De la misma manera que la guerra iniciada por Putin no justica la aceleración de los planes de OTAN por tomar posiciones en el este de Europa. Nuestra posición está en defensa de los pueblos; del ucraniano en primer lugar, como del ruso y de todos los pueblos del continente europeo.

No olvidamos que en septiembre de 1953, el Gobierno franquista firmó el vergonzoso “Pacto de Madrid” con la Administración de Eisenhower: los EE.UU., se comprometían a suministrar a la España de Franco material de guerra de segunda mano, concedía créditos (a devolver) al Gobierno de Franco por valor de unos 1.500 millones de $, a condición de comprar productos estadounidenses, y a cambio Franco y su Gobierno le cedían espacio en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón a los EE.UU., para que estableciese bases militares y el ejército franquista y la Guardia Civil ejercían de guardianes y protectores de dicha bases. Estos acuerdos se han ido ajustando y modificando a lo largo del tiempo, como cuando en julio de 1974 el actual Emérito suplió a Franco en funciones de jefe del Estado para ratificar estos acuerdos con la Administración Nixon.

¿Se puede decir que hoy la izquierda asume las decisiones políticas de los ilegítimos gobiernos franquistas?

La OTAN nace el 4 de abril de 1949, no por casualidad en Washinton D.C., bajo los auspicios de los EE.UU., con 10 países (hoy la conforman 30 países). Los Estados Unidos dirigen esta estructura militar que no ha parado de crecer hacia el este de Europa. Tienen en su historial la curiosa manera de “salvar vidas” bombardeando ciudades y causando miles de muertes; es el caso de la intervención de la OTAN en 1999 en la extinta Yugoslavia.

Fue el Gobierno de Calvo Sotelo quien, en mayo de 1982, hace ingresar a España en la OTAN. En la práctica, nada cambió respecto al periodo 1953/1982.

En enero de 1986, el Gobierno de Felipe González convocó un referéndum (que se celebró el 12 de marzo de 1986) para ratificar la permanencia de España en la OTAN. Un referéndum plagado de manipulación mediática, cuyo voto favorable solo obtuvo el 56,85%, con una abstención del 60%.

Nadie que se reclame de izquierdas puede asumir estos antecedentes: decisiones franquistas, decisión de un Gobierno salido de un intento de Golpe de Estado y el referéndum que avergonzó y avergüenza a tantos y tantas socialistas en el Estado español. Rechazar la OTAN es rechazar ser partícipes de una estructura militar al servicio de los intereses del mayor imperialismo del planeta, y sus consecuencias para los pueblos que componen el Estado español.

Siendo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la cumbre de la OTAN celebrada del el 4 y 5 de septiembre de 2014, en Cardif, acordaron incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, hasta 2024. Estos acuerdos fueron asumidos por el Gobierno de M. Rajoy.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2014, España destino 5.743 millones de euros a Defensa(1). El presupuesto ha crecido el 70,49% en estos 8 años, hasta los 9.791 presupuestados para este año 2022(2). El actual Gobierno ratificará, previsiblemente, el acuerdo de 2014 en la cumbre del próximo mes de junio. Esto significa que en los próximos dos años tendrán que aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido, es decir, llegar a los 24.000 millones de euros; teniendo en cuenta que el PIB español se situó en 2021 en 1,2 billones de euros.

Es políticamente importante señalar que las administraciones de Obama, Trump y Biden, mantienen exactamente la misma política expansionista y de fomento de la industria militar.

Es inaceptable este incremento en gasto militar mientras mantenemos un paro cronificado por encima de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo, mientras la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE, mientras 2021 cerró con 1.024.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras la tasa de paro juvenil está, a cierre de 2021, en el 30,7%.

No aceptamos este brutal incremento del gasto militar para mantener la política imperialista de la OTAN y los Estados Unidos, en tanto que la Sanidad, la Educación y la Dependencia públicas continúen en franco deterioro por el recorte de los presupuestos en gasto social. Recorte del gasto que ya se anuncia, en base a las llamadas del FMI y de la Comisión Europea a rebajar deuda y a que en los próximos meses volverán las reglas, suspendidas por la pandemia, de control del déficit público.

En este contexto se pide un “Pacto de Rentas” a patronal y sindicatos. A lo que la patronal exige que los salarios se incrementen por debajo del IPC, lo que equivale a continuar devaluando los salarios. A la par que desde Bruselas se indica que las pensiones no deben revalorizarse por encima del IPC; ya en 2021 se han devaluado un 4% por debajo del IPC (subieron el 2,5% frente al IPC interanual del 6,5%).

Estos planteamientos los hacen cuando las 35 empresas del IBEX han batido récord de beneficios en 2021, más de 58.000 millones de euros, y se encuentran entre las principales responsables de que la inflación esté desbocada. Estos beneficios, en el caso de las empresas de la energía, demuestran que es falso que los costes de producción de la electricidad obliguen al alza del precio de la luz. Lo que obliga a subir el precio de la luz es la presión de los inversores por incrementar el reparto de dividendos multimillonarios. Esta es la interpretación que hacen los empresarios del “Pacto de Rentas”.

Por ende, rechazamos la política de sometimiento de nuestro Gobierno a los dictados de la OTAN o, lo que es lo mismo, de los USA, consistente en incrementar los presupuestos militares en detrimento de los gastos sociales. Poco ha cambiado en este aspecto desde 1953, quizá tenga que ver con que la jefatura del Estado no ha dejado de estar en manos de un militar desde 1939.

Tribuna Socialista participará y llama a participar en el Encuentro Internacional que se prepara para el 25 de junio en Madrid, así como en la Manifestación unitaria que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del 26 de junio.

(1)https://www.defensa.com/espana/defensa-recorta-presupuesto-3-2-para-2014-gasto-defensa-espana

(2)https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

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1º de mayo:

¡Subir salarios!, ¡contener precios!,¡Igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

Este 1º de mayo, los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos la oportunidad de salir a las calles a denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones, y reivindicar que se revierta la situación. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 8,4%. la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la de las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, en la actualidad la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pensiones que sufre la clase trabajadora es de un 8,35%, 7,8% y 7,3% respectivamente, con respecto al año anterior. Cabe reseñar que entre los años 2008 y 2019 la pérdida de poder de compra de los salarios ya había caído un 4,8% Los sindicatos reconocen que se está generando “un polvorín social que pone en riesgo la recuperación económica”.

Aumentar salarios y reducir los precios son necesidades urgentes, pero… ¿por qué suben los precios? La primera respuesta quizás sería La guerra de Putin. Sin embargo, el IPC del 2021 se cerró en diciembre con un aumento del 6,5%, y la invasión de Ucrania fue el 24 de febrero de 2022. Por tanto, la guerra de Putin no es la causa del aumento de los precios, es la acción especulativa del mercado lo que desboca la inflación.

Según el gabinete económico confederal de CCOO, los precios al consumo han aumentado más en España que en el resto de la Unión Europea (ver gráfico 1). La razón está en una excesiva dependencia energética del gas, y del lucrativo negocio que el sector energético supone para las multinacionales quienes actuan en régimen de oligopolio y especulan a su antojo. Quienes pagamos su “fiesta de los beneficios”, otros lo llaman “pa la saca”, somo los trabajadores, que vemos como cierran nuestras empresas, temporal o definitivamente, por no poder hacer frente al aumento de la energía y materias primas. Vemos como el empleo, sobre todo industrial, pierde peso, y vemos como los precios de nuestra cesta de la compra se disparán, mientras que con nuestros salarios y pensiones cada vez cuesta más llenar el carrito.

Gráfico 1

Los salarios no son responsables de la inflación, pero se devalúan con el incremento desmedido. El Pacto de Rentas propuesto por el gobierno y que pasa por contener salarios y precios no es ninguna solución, sino una nueva amenaza sobre los bolsillos de la mayoría social pues los salarios se moderan, pero los precios no respetan el pacto.

En relación al empleo, uno de los grandes objetivos de la última reforma laboral del gobierno PSOE-UP pactada con los sindicatos es darle la vuelta a la contratación como a un calcetín, y que los contratos indefinidos sean la norma y no la excepción del total del volumen de contratación. En este sentido, es cierto que la contratación indefinida se ha triplicado desde diciembre (ver gráfico 1), pero no es menos cierto, que en la actualidad estos contratos todavía suponen solo un 30,7% de la contratación, teniendo en cuenta que tras la eliminación del contrato de obra o servicio estos contratos se han convertido en indefinidos, con lo que no se puede hablar estrictamente de “nueva” contratación.

La renuncia a derogar la reformas laborales de Zapatero (2010) y Rajoy (2012) ha dado paso a a una “maquillada derogación” de los aspectos más lesivos de aquéllas; la reforma laboral de PSOE-UP mantiene el abaratamiento del despido, intenta poner coto al fraude en la contratación, y aunque hace aflorar contratos indefinidos, sigue manteniendo un inaceptable índice de temporalidad y no toca aspectos esenciales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores tan depauperadas por la uberización del mercado de trabajo y las reformas laborales anteriores.

Un ejemplo de la tibieza de la reforma laboral lo podemos encontrar en la feria de abril de Sevilla, en la que los caseteros profesionales (gremio) anunciaban huelga por entender que la nueva reforma laboral les impedía contratar trabajadores para que trabajaran más de 12h al día. Sin embargo, la ministra de trabajo ha aclarado que “La reforma laboral no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso”. Los caseteros han desconvocado la huelga al ver que la reforma laboral no era tan fiera como la pintaban, y que pueden seguir aplicando las mismas condiciones abusivas para lucro de sus propios bolsillos, a costa de explotar a los trabajadores.

En el 1 de mayo de 2021 los sindicatos nos convocaban bajo el lema “Ahora Toca Cumplir. Un País en deuda con sus trabajadores y trabajadoras». Hoy, un año después, los sindicatos sacan pecho de los acuerdos alcanzados en los últimos meses, como el aumento del SMI o la reforma de las pensiones, y la reforma laboral. Desde Tribuna Socialista, creemos que es absolutamente insuficiente y, aun así, nos sentimos apelados por el lema de este nuevo 1º de mayo, porque la solución, o una parte de la solución, pasa por subir salarios, contener precios y una justa redistribución de la riqueza.

Ya hemos hablado de la importancia de un aumento de los salarios, y de que el anunciado Pacto de rentas no supone ninguna solución, sino al contrario, empeoraría la situación de la clase trabajadora. Y para contener los precios no basta con subvencionar la energía ni por conseguir, durante tres meses, desvincular el precio de la electricidad del precio del gas (aunque ayudará). La lucha contra la subida de precios pasa por la independencia energética, es decir, ni depender del gas ruso, ni depender del gas argelino (en riesgo de encarecerse por el cambio de posición de España con respecto al Sáhara) ni depender del gas licuado norteamericano. Asegurar el autoabastecimiento energético en el país europeo con más horas de sol y más kilómetros de costa no es fácil, pero sí posible, si nos “independizamos” de los intereses de las multinacionales del sector, incluidas las españolas, y apostamos por un sector público energético fuerte.

Respecto a la redistribución de la riqueza, vemos como la derecha reclama bajada generalizada de impuestos, cuando en realidad lo que necesitamos es un aumento de los impuestos al capital y una mayor progresividad fiscal, para que quien más tenga más contribuya en beneficio de las rentas más bajas. Solo existe un pacto de rentas útil: el que redistribuye las rentas del capital para favorecer las rentas del trabajo.

Para acabar esta editorial, no podemos sino apelar a la unidad de la clase trabajadora, en España y en el mundo, y, por tanto, juntamente a la lucha por los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora de nuestro país, hemos de exigir el No a la guerra de la Rusia de Putin, el No a la Guerra de expansión de la OTAN y el No a la carrera armamentística que no traerá otra cosa que nuevos recortes sociales en pro del gasto público militar y destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en todos los pueblos del mundo.

Viva el 1º de mayo

¡Subir salarios!, ¡contener precios!, ¡igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

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La Monarquía heredada

Hace tiempo ya que debiera haberse abierto el debate Monarquía o República, aunque solo sea porque quienes nacieron después de diciembre de 1960 no pudieron votar la Constitución. El debate no se ha abierto en el ámbito institucional, ni en los medios de comunicación de masas, ni en el interior de los partidos políticos con representación parlamentaria, no al menos en los grandes partidos. Sin embargo, en el seno de la sociedad se extiende el desapego, cada día mayor, a la institución monárquica; en buena medida gracias a la familia Borbón.

Los más conscientes vienen recordando que la institución monárquica y los inquilinos del Palacio de la Zarzuela fueron una herencia que nos dejó el franquismo. Cosa que las instituciones del Estado, los medios de comunicación de masas (públicos y privados), y los grandes partidos y organizaciones que se reclaman de la izquierda niegan, faltaría más.

Me propongo en este artículo demostrar que, por mucho que la Constitución de 1978 incluyera en su texto la monarquía, los padres de la Constitución, los partidos y las Cortes Generales, se limitaron a asumir la herencia de Franco.

La decisión la tomó el dictador el 22 de julio de 1969, designando al entonces príncipe Juan Carlos sucesor de Franco en la Jefatura del Estado con título de Rey, conforme a las Leyes Fundamentales del Régimen; concretamente al artículo once de la Ley Fundamental de 26 de julio de 1947(1) por el que se instauraría La Corona a la muerte de Franco. Es decir, que la monarquía data de 1947, tan solo ocho años después de acabada la guerra.

Esta Ley del franquismo fue sometida a referéndum de 6 de julio de 1947, un referéndum al estilo franquista, atado y bien atado. En él, pudieron votar todos los españoles mayores de 21 años, para responder a la pregunta: «¿Ratifica con su voto el proyecto de Ley sobre Sucesión en la Jefatura del Estado aprobado por las Cortes Españolas el siete de junio de 1947?». Hay que saber que quien no votara perdería el racionamiento y el derecho a cobrar el sueldo. Como hoy sigue ocurriendo en muchas residencias de mayores, propiedad de la Iglesia, y en muchas zonas rurales, donde el caciquismo de derechas está a la orden del día, la papeleta se rellenaba previamente en el domicilio particular.

En 1969, la prensa del régimen se hacía eco de la designación:

Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, (…) ha designado hoy a su sucesor: don Juan Carlos de Borbón y Borbón, de 31 años. Las Cortes Españolas, reunidas hoy en sesión plenaria extraordinaria, convocadas el pasado día 17 del actual, han aprobado la propuesta de Franco, presentada en forma de ley, tras un mensaje de dos mil quinientas palabras, al que dio lectura, con emoción en la voz y firme acento en cada palabra, el propio Jefe del Estado”(2).

Por tanto, el hoy huido a Abu Dabi, Juan Carlos de Borbón era designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, conforme al artículo primero de la Ley 62/1969, de 22 de julio(3). Se le designó con un argumento que deja poco lugar a la duda sobre la naturaleza y origen de esta institución:

Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento”.Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento

El 22 de julio de 1969, Juan Carlo de Borbón pronunció su discurso de adhesión y aceptación de los principios del Movimiento Nacional franquista al responder a la pregunta:

En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino?

SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

A lo que respondió:

SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

Juan Carlos de Borbón traicionó a su padre al romper el orden sucesorio de la Casa BorbónLos conflictos y traiciones en la Casa Real, entre padre e hijo debe ser parte de la tradición borbónica, por mucho maquillaje que los medios de comunicación le pongan. En aquel caso fue tan así que Juan de Borbón no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977. Vamos, que lo asumió “por imperativo legal”.

La colaboración de Juan Carlos de Borbón con el régimen fue total. El 19 de julio de 1974, se convierte en jefe del Estado, supliendo a Franco por enfermedad, porque el Gobierno debía firmar la ratificación del Tratado con los Estados Unidos, alcanzado en 1970, por el que los estadounidenses implantaban bases militares en suelo español, dado que el tratado vencía en 1975. Ratificación que el hoy Emérito firmó sin ninguna objeción. En este periodo, que duró mes y medio, firmo convenios, decretos y sentencias propias de la vida diaria del franquismo.

El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón preside el Consejo de Ministros para abordar la crisis que Hassan II abrió con la “Marcha Verde”. El 2 de noviembre de ese año volvía a dar el relevo a Franco, en su “spring” final, esta vez para consumar el desbarajuste de la salida de España del territorio colonizado del Sahara occidental. En calidad de jefe del Estado, con plenos poderes, viajó a El Aaiún para mentir en nombre del Gobierno de Carlos Arias: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres”, “no dudéis que vuestro comandante en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

Lo que no les dijo a los sahauis es que estaba en tratos secretos con Henry Kissinger y con el Rey de Marruecos, para abandonar precipitadamente el territorio y dejarlo en manos marroquíes, traicionando así al pueblo saharaui. Abandono que se consumó pocos días después de su viaje a El Aaiún.

En mi opinión, Juan Carlos I fue jefe de los tres ejércitos antes que Rey. Pues antes de ser proclamado Rey, título que no le había hecho falta en distintas ocasiones para suplir al dictador, ya había ejercido de jefe del Estado franquista. 48 horas después de hacerse pública la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado Rey, el 22 de noviembre de 1975. Ese momento no es el primer paso de la transición, es un paso más en el camino que Franco y sus más allegados trazaron muchos años antes.

La ruptura con el franquismo aún está pendiente. Felipe VI no ha hecho más que heredar la gorra de plato y la Corona que su padre recibió de las manos manchadas de sangre de un dictador. Vivimos en democracia, sí, pero con muchos límites y condiciones; tantos que a veces no parece una democracia.

(1)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf

(2)https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/el-cronista/1969-franco-designa-20210803123755-nt.html#:~:text=El%2023%20de%20julio%20de%201969%20El%20Norte%20de%20Castilla,a%20los%20Principios%20del%20Movimiento%C2%BB.

(3)https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-915

Roberto Tornamira

Militantes del PSOE

Agrupación de Arganzuela (Madrid)

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Editorial

NO A LA GUERRA

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SALARIOS, PARAR LA ESPECULACIÓN

En el momento de escribirse esta editorial la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su primer mes; en los primeros 25 días de guerra, 3,3 millones los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras el ejercito de Putin bombardea ciudades causando víctimas civiles. Las imagines retransmitidas dan cuenta de la barbarie que está viviendo la población ucraniana, en su mayoría trabajadores.

La guerra también la sufre la clase obrera rusa quien, sin duda, pagará las consecuencias de las sanciones económicas a las que está siendo sometida por parte del imperialismo americano y los gobiernos de la Unión Europea. La guerra no es de los pueblos, ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso son partidarios de la guerra y sin embargo son los principales afectados por la misma. Es difícil de calcular el coste, solo en destrucción de empleo, que supondrán las sanciones impuestas a Rusia, hay informes que lo cifran en más de un millón de empleos.

Los efectos de la guerra se hacen sentir en Europa, con matices distintos y de modo diferente a como hemos percibido las guerras que hemos venido conociendo hasta ahora. EEUU disputa con Putin, Xi Jinping y con los gobiernos de europeos el control de más cuotas de mercado, para ello, Joe Biden, impone a la UE cuál debe ser su política: Alemania tiene que renunciar al gas ruso del que depende más de la mitad del consumo alemán y obliga a aumentar el gasto armamentístico al pasar de los 57,5 millones de dólares de 2021, a los 83,5 millones de dólares en el presupuesto de 2024; España ha aumentado su gasto en defensa desde los 5.711 millones de euros de 2015 a los 9.791 presupuestados para 2022, lo que supone un incremento del 71,44% (Fuente: Ministerio de Hacienda). Aun así, no es suficiente para la industria del armamento; Rajoy se comprometió en 2014 a llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 (se estima en torno a 20.000 millones de euros). Se abre la perspectiva a aumentos escandalosos en los próximos años, pasando a ocupar una prioridad en los presupuestos, otra prioridad junto al pago de la deuda; la presidenta de Suecia, Magdalena Anderson, lo expresaba con claridad en la Cumbre Europea del pasado 10 y 11 de marzo, «me gustaría invertir más en pensiones y escuelas, pero lo he de hacer en defensa«.

Después de la pandemia la guerra. El Gobierno de España se dispone en primera línea en la aplicación de las exigencias del mercado especulativo, medidas que van a decidir en la cumbre europea de final de mes.

Atrás han quedado las promesas incumplidas de derogar las reformas laborales y la ley mordaza. Los llamados ajustes económicos afectan más a los más desfavorecidos, de tal manera que todavía no hemos salido de las medidas adoptadas por la pandemia y preparan toda una oleada de ajustes que sin duda empobrecerán más la mayoría de asalariados.

La inflación se dispara sin control y se ha situado en el 7,6%, el interanual en febrero (el IPC más alto en los últimos 34 años). Los carburantes han superado incrementos del 30%, el precio del gas está desbocado, mientras que, el pasado año, las pensiones subieron un 2% y los salarios una media del 1,47%. Por el contrario, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. La UGT denuncia que la escalada de precios es irregular y especulativa, pues el precio del Mkh se sitúa en 200€, mientras el coste de producción es de 20€ o más bajo. Ejemplo concreto de lo que denuncian los informes sobre la dinámica de rentas lo vemos en el incremento de la escandalosa remuneración del presidente de Iberdrola o de la presidenta del banco de Santander: en 2021, el señor Sánchez Galán, ha cobrado 13,2 millones de euros, un incremento del 8,23. Por su parte, la señora Botín percibió, en el mismo ejercicio económico, 11,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15%. Estos son solo dos ejemplos de cómo se explica el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, que viene produciéndose desde la crisis de 2008.

En el conflicto del transporte por carretera, en concreto, hay que decir que está siendo utilizado por la extrema derecha y no es admisible que se utilice un conflicto legítimo para hacer la política de “cuanto peor mejor” que tanto le gusta a VOX y a los salvadores de la patria. Sin embargo, no se puede deslegitimar un conflicto y a sus promotores colgándoles etiquetas. Tampoco se entiende mucho lo de las legitimidades. No estamos ante un sindicato minoritario de trabajadores que se presenta a elecciones cada cuatro años y no alcanza el 5% de representatividad. Estamos ante organizaciones patronales, con más o con menos asociados, pero la pregunta que hay que hacer a los empresarios que rechazan a la Plataforma en Defensa del Sector del Trasnporte ¿a que proceso electoral se presentan las grandes patronales, de cualquier sector de actividad?, a ninguno. Por ende, aquí lo importante es resolver el conflicto con todas las partes implicadas y que ninguna de ellas pretenda sacar réditos espurios al verdadero problema, el alza insoportable de los precios.

El giro político del PSOE hacia la derecha, operado en el 40º Congreso que se celebró en Valencia en octubre del paso año, se va plasmando en acciones de Gobierno que se hacen difíciles de entender incluso para la propia militancia. La negativa a derogar las reformas laborales, la renuncia a blindar el Sistema Público de Pensiones. O el último episodio, el cambio drástico de criterio en relación con el Sahara, en el que todo apunta a que una vez más nuestro Gobierno de España se ha plegado a los criterios estadounidenses. Solo cabe esperar que esta decisión no nos complique el suministro de gas argelino; en su cantidad y en su precio.

Tampoco nos sirve de mucho el juego del “poli bueno” al que parece estar empeñado el otro socio del Gobierno. Un gobierno es un órgano colegiado y no cuela el permanente “nosotros no”, pero solo de boquilla en los medios.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobará lo que haya establecido el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de este mes; nada bueno para la mayoría social podemos esperar de esa reunión. En las calles, carreteras, en los puertos y los campos de todo el país hay movilizaciones que expresan como la mayoría de la sociedad no puede tolerar que desprecien sus derechos y no se atiendan sus reivindicaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña han dando un claro ejemplo de ello, con la jornada exitosa de huelga del 16 de marzo, aunque esta movilización haya sido acallada en los medios de comunicación.

Desde Tribuna Socialista decimos no a la Guerra y rechazamos la rapiña que lleva a cabo un mercado infectado de especuladores, al calor del desastre. El Gobierno debe posicionarse en la defensa de los derechos de la mayoría, no en la lógica del mercado para sacrificar dichos derechos.

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Editorial

Las “enfermedades” del PP son de origen genético

El PP está exteriorizando todas las patologías que sufren las instituciones del Estado. Enfermedades crónicas de origen genético; no tienen cura y la heredaron del franquismo.

La primera es la corrupción sistémica que corroe las instituciones, y al PP. Para ver la continuidad del “modus operandi” de los poderosos e instituciones de este país, antes y después de 1978, solo hay que acudir a las hemerotecas y refrescar los casos: “Barcelona Tracción” (1948/1951), “La agenda Rivara” (1958), “La quiebra de Manufactura Metálicas Madrileñas, S.A.” (años 50), “Matesa” (1969) o “Sofico” (1974). Estos ejemplos, de entre los muchos que se podrían citar, guardan toda la cadena de ADN con los Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal… La corrupción no es cosa individual, es algo colectivo: uno o una no se lo lleva si otros y otras no lo consienten.

En la locura desatada en estas semanas pasadas en el PP, parece que quienes ejercen y llevan a gala la “enfermedad” heredada de sus ancestros políticos le han dicho a Casado lo que él le dijo a Abascal: “hasta aquí hemos llegado”. Que Casado y su escudero, Teodoro “El Tosco”, hagan en ridículo ante las instituciones de la UE, no hay problema; que se peleen con Ayuso por ver en qué fecha les conviene más el congreso del PP en Madrid, vale; que en una huida hacia adelante convoquen elecciones anticipadas en territorios, comenzando por Castilla y León, pase. Pero que se persiga la corrupción, aunque sea por tacticismo, ¡Ah no, eso sí que no!

Nadie del PP se ha manifestado frente a la sede de la calle Génova por el caso “Kitchen”, en el que utilizando los medios y recursos del Ministerio de Interior se allanó el domicilio se Bércenas para eliminar pruebas de los sobres en efectivo, la contabilidad paralela y vaya usted a saber qué más de los años de Aznar y Rajoy. Esto, es sin duda alguna, mucho más grave que si Almeida, el alcalde de Madrid ha utilizado recursos y medios del Ayuntamiento para conseguir pruebas de las, presuntas, corruptelas de IDA.

Por tanto, no es por la forma por lo que se han cargado a Casado, es por haber señalado la corrupción. Esta corrupción congénita, heredada del franquismo, plantea que la solución no puede ser solo depurar a los corruptos sino la trama institucional en que se sustenta, y que coge de abajo arriba y de arriba abajo al Estado monárquico. Esto quiere decir REPÚBLICA.

Esto explica que el PP, junto a los otros formatos de la derecha: C´s y VOX, se haya erigido en defensor y máximo justificador de los “desmanes”, bonito eufemismo, del Rey Emérito.

Esto aclara, si es que no estaba claro, porque el PP dice tener contralada la sala 2ª del Tribunal Supremo, lo dice ellos, porque obstruye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o porque impone a jueces como Enrique Arnaldo en el Tribunal Supremo.

Jefatura del Estado, poder judicial y un partido político manchados por la corrupción, el abuso de poder para enriquecerse, participación en tramas sucias… de ahí que solo reconozcan como legítimo al gobierno cuando ellos gobiernan: Ejecutivo, Judicial y legislativo (aunque solos sea en parte, cuando no tiene mayoría absoluta). Es la verdadera situación de la separación de poderes, en apariencia.

Esta descripción, que nos ha facilitado el Partido que fundó el ex ministro de Franco, el que se bañó en Palomares, no puede ocultar el papel de los partidos y organizaciones de la izquierda.

Las elecciones en Castilla y León, aunque parezca que se celebraron hace mucho, resulta que fue el 13 de este mismo mes de febrero.

Los resultados de estas elecciones anticipadas por el PP, por Casado y “El Tosco”, solo fueron buenas para la extrema derecha y para algún partido regionalista. El PP sacó 55.000 votos menos que en 2019, pero gracias al aumento de la abstención ha sacado más procuradores en cortes.

La izquierda, PSOE y UP, ha tenido muy mal resultado. Los datos no admiten excusas, solo el PSOE perdió 117.000 votos y UP ha sacado la mitad de votos que cuando IU y Podemos se presentaron por separado.

Además del trasvase de votos, hay un fenómeno central: el aumento de la abstención, pues a pesar de que todos los partidos se emplearon a fondo en la participación, se produce un rechazo general a estos partidos y a unas instituciones regionales que, en Castilla y León en particular, son vistas como un artificio para cuadrar el mapa.

Cada cual podrá achacarle la derrota a quién quiera y al factor que más le convenga: a la inoportunidad del ministro Garzón en sacar el debate de las macro granjas, a que los progresistas de la España vaciada se han cansado de que les aldeanicen los pueblos, o al mal tiempo porque ese día llovía.

Desde el Comité de Tribuna Socialista pensamos que el problema está en que el Gobierno de coalición decepciona a gran parte de la clase trabajadora de nuestro país. Lo ha hecho con la reforma laboral que, sin ser negativa, deja sin tocar muchos de los aspectos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012; justo los que afectan a la protección por despido de los trabajadores y trabajadoras. Lo hace con su timorata actitud ante la Iglesia. Lo hace con inacción ante el problema de exclusión financiera que ha generado la banca privada. Lo hace cuando no defiende con contundencia y vigor la Sanidad Pública: la atención primaria y la hospitalaria. Lo hace cuando las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo. Lo hace cuando, tras inyectar ingentes cantidades de dinero en empresas privadas, como en la banca o en la industria, no solo, consiente que se destruyan puestos de trabajo por miles: ya sea vía fusiones, ya sea vía deslocalizaciones. Lo hace cuando no deroga la “Ley Mordaza”. Etc.

A la derecha no se le para diciendo “que viene la derecha”, ya sabemos que viene. A la derecha se le para atendiendo las necesidades que reclama la mayoría social, se para a la derecha no tragando con todo lo que nos imponen las instituciones económicas internacionales: FMI, BCE y la Comisión Europea (¿se acuerdan de la Troyka?).

Si el Gobierno de Coalición y los partidos que apoyan la legislatura quieren parar a la derecha más extrema, deben tomar decisiones que den satisfacción a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados y desempleadas, de los y las pensionistas, de los y las autónomos, de los y las jóvenes que no ven presente ni futuro.

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Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html
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Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf
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Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

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Editorial

¿Resurge la socialdemocracia europea?

Dicen que estamos ante el resurgir de la socialdemocracia ¿es esto cierto o es un espejismo? 

El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), ha crecido en votos y escaños. Ha pasado del 20,5% de 2017 al 25,7% en las elecciones del 26 de septiembre. Resulta excesivo hablar de resuirgimiento si recordamos el 45,8% que octuvo en 1972 o el 40,9% de 1998. Sin duda, el SPD en Alemania, como el PSOE en España, continúa siendo el partido de referencia para la mayoría de la clase trabajadora.

La coalición conservadora CDU/CSU, acumula su segunda caída consecutiva: obtuvieron un 41,5% de los votos en 2013, cayeron al 33% en 2017 y cae al 24,1% en estas últimas elecciones. Más que de resurgir socialdemócrata habría que hablar de una alternancia en el gobierno.

El Partido Socialista de Portugal, en las elecciones municipales del 26 de septiembre, perdió un 5% de apoyo respecto a las municipales de 2017, siendo derrotado en Lisboa y en grandes ciudades como Coimbra o Funchal.

El caso del partido Laborista Noruego es similar. Tras las elecciones celebradas el día 13 de septiembre gobernará en minoría, con el apoyo del Partido centrista, a pesar de haber perdido 1,1 puntos, pasando del 27,4% de los votos que obtuvo en las elecciones de 2017, al 26,3% obtenido el mes pasado.

El Partido Democrático italiano, en las municipales del 18 de este mismo mes, ha obtenido unos buenos resultados: ha ganado alcaldías como la de Roma o Turín. Pero no se puede perder de vista que la abstención se ha disparado al 56% del censo electoral.

Celebramos los avances de estos partidos socialdemócratas y de centro izquierda, pero afirmamos que la situación de la socialdemocracia en su conjunto, no permite alharacas.

El 15, 16 y 17 de este mes se ha celebrado el 40 Congreso Federal del PSOE. Se ha dedicado tan solo una hora, a debatir el periodo 2017-2019, en el que se han producido dos elecciones generales y las autonómicas de Madrid. Como muy acertadamente ha dicho Cándido Méndez en un artículo publicado por la Cadena SER el sábado 16: “Los temas para debatir son muy interesantes, pero no hay ninguna de ellas (mesas de debate) que analice en profundidad el futuro del trabajo, en el marco de la doble transformación verde digital”. El Congreso de un Partido democrático es donde se supone que se fraguan las líneas maestras de la acción política de cara a los próximos cuatro años; líneas que deberían ser el programa electoral con el que el Partido acuda a las elecciones generales que, si no se adelantan, se celebrarán en otoño de 2023.

Paralelamente al desarrollo del Congreso, el sábado 16 de octubre, llegadas de todos los puntos del país, se manifestaban en Madrid más de 20.000 personas en defensa del Sistema Público de Pensiones y en demanda de una auditoria pública a las cuentas a la Seguridad Social. El congreso hubiese sido un buen lugar para dar una respuesta pública y satisfactoria para esa justa demanda. ¿Por qué no se ha hecho?

Otro ejemplo que muestra el “divorcio” de las grandes organizaciones con las masas, es la cuestión de la Monarquía y lo acaecido en el Congreso a ese respecto. Este mismo mes de octubre, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) hacía pública una encuesta: el 53% “ve la Monarquía como una institución de otro tiempo”, un 43,8% considera necesario un referéndum sobre la forma de Estado y la mayoría se decanta por la República con un 39,4% frente al 31% que prefiere la monarquía. Sin embargo, el congreso no solo no ha no ha tratado esa opinión de la población, ¿por qué no se tienen en cuenta esas preferencias que emanan del pueblo y que corresponden a nuestra mejor tradición republicana? Por contra, se han puesto impedimentos para que se debatan las enmiendas sobre República, como la presentada por Izquierda Socialista. Apareciendo ante nuestros votantes como un partido más de los que encubren al rey corrupto.

A mitad de mandato, aseveramos que hay luces y sombras de cara a las próximas elecciones generales. No invertiremos tiempo en aplaudir las luces, como: la derogación del Artº. 315.3 del Código Penal, los avances sociales como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia; si bien queda mucho por hacer.

A pesar del anuncio mediático del discurso de cierre de Pedro Sánchez, no nos queda más remedio que criticar al Gobierno, por no haber derogado aún las reformas laborales: la primera abrió las puertas a la brutalidad de la segunda. Continúan vigentes los cambios de 2010, como: la posibilidad de descuelgue del convenio por parte patronal; el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente al pasar de 45 a 33 días por año; o la calificación de los despidos objetivos, con 20 días de indemnización. Por supuesto fue la reforma de 2012, impuesta por el gobierno de Rajoy, la que provocó una enorme destrucción de empleo con derechos, devaluó los salarios e incrementó la temporalidad, con elementos como: la subordinación del convenio sectorial al de empresa, la eliminación del principio de ultraactividad o las facilidades dadas a las empresas para implementar Expedientes de Regulación de Empleo.

La clase trabajadora, con sus organizaciones a la cabeza, respondió con tres huelgas generales (1 en 2010 y 2 en 2012). Nueve años han pasado desde la última huelga general y las reformas siguen intactas, a excepción del Artº. 52 d) que permitía despedir a los trabajadores por caer enfermos, derogado en febrero de 2020.

Otra sombra importante del Gobierno actual (PSOE y UP) es la reforma de pensiones que está en marcha, por la que se pretende penalizar a los trabajadores y trabajadoras con largas carreras de cotización y a las cotizaciones más altas.

De estas cuestiones que afectan a millones de ciudadanos, no tenemos ni una solo noticia en las resoluciones del Congreso. No somos ingenuos; tanto la materia laboral, así como de pensiones, están entre los “compromisos” adquiridos con las instituciones europeas a cambio de los “Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Es decir, el daño que las reformas laborales infringen a los trabajadores en activo, a los jóvenes trabajadores… y la devaluación del Sistema Público de Pensiones, es moneda de cambio para unas inversiones de las que, previsiblemente y como siempre, se beneficiarán las grandes corporaciones empresariales.

No nos vengan con que repercutirá positivamente en los trabajadores, pues ni la digitalización ni la transformación que promete la “economía verde” garantizan el empleo ni la recuperación. Es precisamente a nombre de la digitalización que se ha “justificado” la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo; un ejemplo de ello son el sector financiero, el de las artes gráficas…

Respecto al eufemismo de la “Economía Verde”, ya se está generando destrucción de empleo; no tanto por el cambio del producto final como por la deslocalización de las fábricas: ejemplo de ello es NISSAN o las cuencas mineras tras la descarbonización.

¿Resurge la socialdemocracia?, nos gustaría poder celebrar el verdadero resurgir de políticas que defiendan los derechos de la mayoría social: el empleo de calidad y con derechos, la salud y la educación públicas, la robustez de los sistemas públicos de pensiones, es decir, la defensa del Estado de Bienestar.

La mayoría social: los trabajadores y trabajadoras, los y las jóvenes trabajadores y estudiantes, los y las pensionistas, los autónomos, los desempleados y desempleadas son los votantes que después se echan de menos en elecciones. Quizá, porque no ven soluciones a sus problemas en los partidos de izquierda o porque se han visto defraudados una y otra vez. Buen ejemplo de esto es la situación de la socialdemocracia en Madrid.

Comité de Redacción

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Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que «en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios».


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: «Algo huele mal», decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

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Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

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La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tribuna socialista 116. septiembre 2020. La pandemia nos muestra lo antidemocrático del sistema. Comparte!

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Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

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Huir como tradición familiar

 

El señor Borbón, el padre, le ha comunicado al señor Borbón, el hijo, que se marcha de España por la: “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.»

En primer lugar, a quien debería darle explicaciones es al pueblo que le ha estado manteniendo en el cargo desde hace 45 años. Explicaciones que entre otras vías deberá dar ante la Justicia. Es una nueva anomalía que alguien que está incurso en una investigación abandone el país, y nadie puede estar por encima de la ley y la Justicia. Por tanto, ni el Rey actual ni el Gobierno debieran dar cobertura a esta nueva actuación irregular de ese señor.

Cuando el señor Juan Carlos de Borbón habla de: “ciertos acontecimientos”, en realidad se refiere a la costumbre establecida en esa familia de pedir dinero a cambio de llevar al Estado al que representan hacía los intereses del pagador. Es lo que su hija, la señora Cristina de Borbón y su marido hicieron con la Fundación Noos.

No nos interesan en absoluto sus líos de faldas, sus juergas ni su vidorra. Las explicaciones que el pueblo merece son las de saber qué consecuencias económicas, para el erario público y para la política de nuestro Estado, han tendido sus “andanzas” a lo largo de estas cuatro décadas y media. Explicaciones que aclaren, de verdad, de dónde ha salido la fortuna estimada en más de dos mil millones de euros y a cambio de qué le han dado esos regalos dinerarios e inmobiliarios los jefes de Estado de otros países.

Tribuna Socialista siempre nos hemos declarado republicanos, por ende, no necesitábamos este espectáculo para declarar nuestra posición respecto a la forma de Estado. Venimos reflexionando, en común con muchos otros ciudadanos y ciudadanas, desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar. Consideramos que el avance es por la vía de la República, vemos que la Monarquía constituye un ancla en el pasado, a la par de incompatible con una verdadera Democracia.

Los pueblos que componen el Estado español no pueden avanzar si continúan lastrados por una institución que, para defenderse a sí misma, necesita confrontar a los ciudadanos unos contra otros. La unidad de los pueblos tiene que ser libre y voluntaria, no por la atadura a una institución simbólica que ha degenerado en una sanguijuela para el Estado.

No podemos seguir diciendo que vivimos en democracia si vivimos pendientes de un poder corporativo dentro del Estado que solo reconoce a su jefe de armas. Es la gorra de plato, más que la corona, el nudo “atado y bien atado” que nos quedó del régimen fascista.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que se reclaman de la izquierda, a reflexionar y a trabajar políticamente, para caminar hacia una mayoría que permita un cambio constitucional que aborde todos los asuntos que en la Constitución hacen aguas desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo.

No es por tanto un problema de este señor, ni de si lo que aparece ahora fue antes o después de 2014. Es un problema constitucional, de la institución: La Corona. No podemos tragar la rueda de molino de la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Es evidente que el Jefe del Estado ha sido un irresponsable, pero sus irresponsabilidades no pueden quedar impunes. Fue él quien dijo aquello de: “Todos somos iguales ante la ley”, pues que se cumpla.

De la misma manera, es un problema que el Estado siga ligado a la Iglesia por la “aséptica” palabra: aconfesional. Avancemos hacia la laicidad del Estado, donde cada cual pueda practicar libremente la fe que considere oportuna, pero en el que la fe no interfiera en la Educación pública, en los costes del Estado ni en los actos públicos. Necesitamos democratizar el Poder Judicial, para que esté despolitizado y además lo parezca; pues desde hace mucho ni lo uno ni lo otro.

 

Hay que avanzar hacia la España federal, superando el Estado de las autonomías de la Transición. Adecuando a la actualidad la relación entre los pueblos que nos configuran como Estado.

Son muchos los problemas pendientes de resolver. Por ello, no podemos estar de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando insiste en separar el problema entre Juan Calos I y Felipe VI, no es un problema de personas, el problema es intrínseco a la institución.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

7 de agosto de 2020

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Tribuna socialista y el derecho a decidir

Quince años de Tribuna Socialista en el periodo histórico actual ha supuesto un esfuerzo permanente por estar al día de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, para entender cada uno de los fenómenos que se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa, rupturista con cualquier situación de confort que indujera al conformismo, comprender, sintetizar y explicar los principales acontecimientos ha supuesto nadar, aparentemente, a contracorriente, sin embargo, el marxismo, su método de análisis, nos lo ha facilitado en cada momento, y podemos afirmar que los análisis, reflexiones, debates y formulaciones políticas de la línea editorial de Tribuna Socialista se han visto corroborados en estos quince años.

Quizás la iniciativa que imprimió y definió más a Tribuna Socialista, fue la decisión  tomada en el 2006, por buscar una solución política negociada a la violencia en el Pais Vasco dirigiéndonos a José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, defendíamos que el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y derogar la ley de partidos facilitaría los posibles acuerdos. Defender que los problemas políticos requieren soluciones políticas y no represivas define bien nuestro carácter socialista sin ambigüedad.

Recién se cumplen 10 años que el Tribunal Constitucional derogaba una cantidad de artículos importantes, del nuevo Estatuto catalán que previamente había sido aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Españolas y en un referéndum en Cataluña. Quizás de aquellas aguas vengan estos lodos. Participamos en la manifestación encabezada por Pepe Montilla presidente de la Generalitat en la época bajo el lema “som una nación, nosoltres decidim”, (somos una nación nosotros decidimos). La manifestación reunió a más de un millón de personas.

Entender y reconocer el carácter  nacional de Cataluña, Galicia y Euskadi supone de entrada reconocer el derecho a decidir de estos pueblos, tomar posición y situarnos al lado del 80% de la población catalana que lo reclama con insistencia, así lo reflejamos en carta dirigida a la dirección de PSC donde criticamos que el derecho a decidir fuese sacado del programa electoral porque suponía una ruptura con las bases fundacionales del mismo PSC. Así lo reflejaban los números de Tribuna Socialista especiales que sacamos en julio del 20015 y el 11 de septiembre  del mismo año donde defendíamos el derecho a decidir.

Criticamos con contundencia al PP y sus gobiernos por judicializar el llamado “problema catalán”, defendiendo la negociación y el dialogo, y nunca admitimos el enfrentamiento entre pueblos alentado por la derecha franquista.

Es por eso que defendimos un referéndum legal y vinculante en el que los socialistas defenderíamos la Republica federal en la que los diferentes pueblos del estado estuviesen libremente federados.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto rechacemos la actitud del Rey Felipe VI en octubre de 2017 ante el referéndum catalán.

Desde el Manifiesto de Silla, primer documento público que sacamos el grupo de Tribuna Socialista, defender derechos y libertades es la misma cosa. Hemos defendido que no hay derechos sin libertades ni libertades sin derechos.

José A Iniesta

Afiliado al PSC Sant Boi de Llobregat

 Miembro del Comité de Redacción T.S.

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Hoy como hace 15 años: ningún acuerdo con la derecha

El 16 de julio de 2005,  reunidos en la localidad valenciana de Silla, compañeros y compañeras socialistas, de distintas procedencias territoriales, pusimos en común nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país y decidimos crear esta Revista que reflejara las conclusiones de los debates que se producían en agrupaciones socialistas y secciones sindicales de las empresas, ayudando, de esta forma, a promover el debate entre socialistas.

La línea editorial de Tribuna Socialista se ha mantenido fiel a aquellos propósitos durante estos 15 años.  TS y las conclusiones de los debates que en él se reflejan no se hacen al albur de los congresos internos del partido o de la táctica política de cada momento, sino que, con pleno respeto a las resoluciones congresuales, hemos enfocado los debates en torno a los intereses de la mayoría social, y el papel que, bajo nuestra opinión, han de jugar las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos y partidos que se reclaman de la clase trabajadora: incluido el PSOE, como partido referente de la clase trabajadora en nuestro país.

Hace 15 años, la actualidad política pasaba por el reto independentista que lideraba Ibarretxe en Euskadi y su propuesta de referendum -al que Aznar respondió con la amenaza de la cárcel-, mientras la derecha intentaba dinamitar el diálogo político con el mundo abertatzle defendido por Zapatero para acabar con el terrorismo de ETA, mientras en Catalunya, Pascual Maragall, lideraba la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya que finalmente fue aprobado por: el pueblo catalán, el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya, e impugnado por el PP y mutilado por el Tribunal Constitucional.

Hace 15 años, la CEOE rompía el diálogo social exigiendo la revisión a la baja del salario mínimo, mientras las deslocalizaciones de empresas empezaban a hacer estragos profundizando en la desindustrialización del país.

Hace 15 años la Unión Europea sometía a aprobación de los estados la llamada “Constitución Europea”, ante la que Tribuna Socialista siempre mantuvo una posición crítica, puesto que se construía sobre los cimientos del libre comercio y los intereses de las multinacionales y del capital Financiero sin tener en cuenta los derechos sociales.  El rechazo a esta constitución en países donde se sometió a referéndum, como el caso de Francia y Holanda, significó un toque de atención sobre la necesidad de construir Europa hacia la Unión libre de los trabajadores y los pueblos, una Europa social frente a una Europa puramente económica.

Hace 15 años, comenzaba a imputarse a ilustres políticos del PP acusados de corrupción por el caso Fabra: después vendría una cascada interminable de casos, imputados y condenados.

Hace 15 años, la sanidad pública era atacada por la derecha españolista nacional católica, que quería seguir avanzando en la privatización y concertación de sus residencias y hospitales hasta llegar al actual modelo de sanidad y residencias que nuestros abuelos han padecido durante la pandemia de la COVID-19.

Hace 15 años, la derecha nacional españolista y católica se movilizaba contra la enseñanza pública, contra el matrimonio homosexual y contra cualquier intento de avance en el terreno social.

Como podemos apreciar, hace 15 años las propuestas de progreso y justicia social del PSOE eran atacadas de forma sistemática por la derecha, la iglesia, el poder económico y financiero con el objetivo de mantener sus privilegios, al amparo de unas instituciones ancladas en el pasado más oscuro de nuestra historia, defensoras a ultranza de una falsa unidad de España, contraria a cualquier intento de avanzar en el autogobierno regional.

Hoy, 15 años después, la derecha nacional españolista y católica: la iglesia, los poderes económico, mediático y financiero, y el PP, C´s y VOX… al amparo de una cada vez más cuestionada judicatura, y de una cada vez más cuestionada y desprestigiada monarquía, boicotean, una y otra vez, cualquier intento de avanzar en el progreso social y político, y de cumplir con el programa electoral que la mayoría trabajadora de este país ha votado.

Intentan promover un gran pacto de Estado, que primero fue llamado “nuevos pactos de la Moncloa” y ahora “pacto de reconstrucción nacional” que deja de lado la prometida derogación de las reformas del PP: la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013, la ley Mordaza, etc. Mientras que se acerca a nuestro país al desastre económico por la vía de la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, el deterioro de los servicios públicos… para construir un país de servicios “Low Cost”, que encaje en una Europa cada vez más dividida y al servicio del capital financiero.

Como socialistas, nos posicionamos contra cualquier pacto con la derecha. Nos reivindicamos del “No es No” de Pedro Sánchez contra la colaboración con la derecha de esos que dicen ser socialistas. No podemos tolerar ni un despido más, ni un cierre empresarial más. Reconstruir el país pasa por mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo hoy amenazados. Reconstruir el país significa avanzar en una política industrial que garantice la independencia de nuestra industria respecto de las multinacionales, y derogar las últimas reformas laborales que no han servido sino para generar más precariedad y pobreza en la clase trabajadora.

El capital financiero necesita un PSOE que, amparado en un gran pacto de Estado, lidere una ¿“nueva”? época de recortes y de ataque a los derechos colectivos. Los socialistas nos tenemos que sacudir de ese lastre con el que nos quieren cargar.  El acercamiento de C’s y los discursos del Gobernador del Banco de España y/o de la Ministra de Economía, son señales que nos alertan sobre los peligros de ese pacto con la derecha, al que quiere sumarse el PP y C´s.  La deuda pública de nuestro país alcanza ya el 115%, y exige la liberación de fondos para las empresas sin garantía alguna de mantenimiento del empleo.  Medidas como la renta mínima de supervivencia, no solucionan ningún problema pero sitúan nuestra caja única de la seguridad social en una situación de insostenibilidad financiera que la derecha pretende solucionar con nuevos recortes en las pensiones, con más chance para los planes de pensiones privados, subidas de impuestos al consumo, y con mayor liberalización del sector público, etcétera.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha destapado nuestras vergüenzas al poner en jaque un modelo sanitario y de servicios sociales que se ha ido privatizando en la última década; una bicoca puesta al servicio de las multinacionales que, al priorizar el beneficio al servicio, no son capaces de autoabastecer de productos básicos de protección; un modelo productivo excesivamente basado en los servicios de bajo valor añadido, y un modelo financiero que propone abundar en el endeudamiento del Estado para seguir derivando fondos públicos al sector privado mientras los recortes los sufrimos los de siempre. Cuatro millones de desempleados, desindustrialización, desmantelamiento del sector público, mayor desigualdad, mayor tensión regional y la cada vez más evidente podredumbre de las cloacas del Estado son la consecuencia más visible de las políticas opuestas al socialismo y al avance de la democracia. Por el contrario, son el caldo de cultivo del neo fascismo al que asistimos cada día.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta que tiene la clase trabajadora. El PSOE, la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de hacer frente común a los intentos de acuerdos por la derecha y, de no actuar, entregarán el país a los intereses del libre mercado, de la especulación produciendo más pobreza, más desigualdad y más desafección política, que por otro lado, es la puerta de entrada de la ultraderecha. No podemos echarnos las manos a la cabeza al escuchar al relator de la ONU, sobre la pobreza en España. y continuar haciendo lo mismo o no haciendo nada.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta capaz de avanzar en un encaje territorial que avance en la vía federal y republicana, y que acabe con las caducas y corruptas instituciones herederas del franquismo entre las que destacan el aparato judicial y la propia Monarquía.

En esta línea seguiremos trabajando desde Tribuna Socialista, conjuntamente con todos los militantes políticos y sindicales que se reclaman del socialismo.

El Comité de Redacción

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Dos años de la moción de censura

Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez alcanzara la presidència del gobierno tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y sus políticas de la Moncloa. Hoy, dos años después , preside el primer gobierno de coalición de la democracia y se enfrenta a la derecha más rància, más nostàlgica del franquismo, y con actuaciones más impunes que nunca.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy se despedía, tras la sentencia del caso Gürtel, que sentenciaba al PP como un partido corrupto;  tras haber agravado el conflicto catalán con los líderes independentistas en prisión o huídos de la justícia, y tras dejar un país recortado en derechos laborales y sociales,

La mayoría del parlamento reclamaba una acción política libre de corrupción, con el diálogo como bandera para resolver el encaje territorial de los pueblos, y que abordara los principales problemas de desigualdad, y de pérdida de derechos, que hoy la crisis de la COVID-19 ha acentúado.

La debilidad del gobierno es evidente. Seguimos con los mismos presupuestos prorrogados que aprobó Rajoy, y a pesar de las constantes llamadas a la unidad de los partidos, se está sudando la gota gorda para sacar adelante cada prórroga del estado de alarma y las medidas para afrontar esta crisis sanitaria y econòmica.

Dos años después de la moción de censura a Rajoy es necesario revivir el espíritu que posibilitó que aquélla saliera adelante, y más necesario si cabe, tras analizar las carencias de nuestro tejido productivo y las primeras consecuencias económicas de la pandemia.

La coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez prometía estabilidad y un programa claro para los próximos cuatro años, pero a los dos meses de iniciar su andadura se topó con dos virus: uno, el coronavirus, que hasta el momento se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, El otro virus, el del capitalismo Financiero que ya antes de la COVID-19 anunciaba una crisis más grave que la anterior, y que está aprovechando la liberación de fondos públicos para dejarlo todo como un desierto, menos sus cuentas de resultados.

La recesión es ya una realidad y mucho mayor que la de 2008. La mayoría social de este país requiere medidas urgentes. Si queremos que la crisis no vuelva a caer sobre la clase trabajadora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá empezar a hacer cosas diferentes a las del gobierno Rajoy en asuntos económicos.

El Ingreso Mínimo vital no es la panacea, ni puede ser el eje central de esta legislatura recién iniciada. Es más, el IMV puede convertirse en una ayuda a las empresas, al permitirse que su cobro sea compatible con el salario, complementándolo….desde el Estado.

Es necesario recuperar el espíritu de unidad de la moción de censura, el espíritu de ilusión con que la mayoría de este país recibíamos a este gobierno de coalición. Es necesario abordar el conflicto catalán desde el diálogo, es necesario que se deroge en su integridad las últimas reformas laborales, es necesario que las ayudas lleguen a los parados, pero sobretodo es necesario que no haya más parados. Necesitamos con urgència una moratoria indefinida para los despidos, al tiempo que se aborda una política industrial que aproveche las fortalezas de nuestro país para fabricar barcos, para producir energía eòlica, solar y mareomotriz, para fabricar respiraderos, mascarillas, y todo aquéllo que hoy importamos.

Es necesario proteger lo público, fortaleciendo el sector sanitario, la investigación, la enseñanza, y protegiendo el dinero público de la Seguridad social de las zarpas de los especuladores ansiosos por liberalizar las pensiones y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad y de los Servicios sociales, para mayor pesar de nuestra salud y la de nuestros abuelos.

Hemos de olvidar los grandes pactos de estado con esta derecha retrógrada y facha, que vive de la confrontación y se alimenta de nuestras debilidades para tirar adelante con las reformas que todos esperamos de este gobierno. El tiempo se agota. La derecha se crece apoyada en sus lobbies (Iglesia, sector Financiero, y especuladores de distinto pelaje), y amparados en una judicatura que necesita una urgente renovación democràtica y democratizadora.

El Gobierno de coalición no tiene los votos suficientes y necesita seguir negociando todos y cada uno de los asuntos que tiene que sacar adelante, por ello es necesario recuperar la unidad de la moción de censura.

No hay mejor aval para la consolidación del gobierno de coalición que hacer políticas para la mayoría social, cerrando la Puerta a la demagogia y al populismo franquista y fascista.

 Baltasar Santos

TS Tarragona

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La derecha está rabiosa, en defensa de sus privilegios

Desde noviembre de 1975 hasta las elecciones de junio del 77, la derecha estuvo muy alterada, después también; no olvidemos el intento de golpe militar de febrero de 1981. Se negaban a legalizar partidos de izquierdas, no querían desarticular el Sindicato Vertical, pretendían que la reforma legal solo fuese estética…Fraga y otros exministros de Franco, y miembros del continuista Gobierno de Arias Navarro, azuzaban a los mandos de las fuerzas armadas, también vinculados al régimen dictatorial, para que no se avanzase por una “peligrosa” (peligrosa para sus intereses, prebendas y privilegios) democratización de España.

Esa obsesión de la derecha, contra la posibilidad de que un partido de izquierdas gobierne “SU España”, en contra de que los trabajadores reconquisten derechos, de que los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español puedan decidir su destino, continúa viva, no se han curado. Esa tara mental colectiva es el resultado del miedo que tienen a perder sus privilegios; a pesar de que, más allá de los estéticos, como acompañar a “SU Caudillo” bajo palio y los festejos del 18 de julio para celebrar la criminal victoria genocida contra su propio pueblo, pocos privilegios han perdido.

La derecha está nuevamente rabiosa, con una rabia que, al parecer, han tenido en conserva durante cuatro décadas. Olfatean que esta vez va a ser complicado que la crisis la paguen las rentas del trabajo, pues la resistencia de la mayoría social es evidente. Temen que este Gobierno no sea capaz o no tenga la voluntad de tomar medidas agresivas en “SU favor”, como las que tomó Aznar con su ley de liberalización del suelo, que desembocó en la burbuja inmobiliaria, o la agresiva reforma laboral que impuso Rajoy.

Quieren desestabilizar al Gobierno. Desean llevar a este país a una situación insostenible sin importarles los costes económicos ni humanos, para forzar un gobierno de unidad nacional, de coalición o como sea, pero que les dé la tranquilidad de que no se van a subir impuestos para cubrir las necesidades sanitarias (eso sí, a las 8 aplauden para guardar las apariencias ante sus vecinos. Apariencias que quedan claras una hora después cacerola en mano), ni se van a establecer mecanismos de afianzamiento del Estado de Bienestar, al que no están dispuestos a contribuir.

La música es la misma de siempre, aunque AP y Fuerza Nueva o PP y VOX le pusieran y le pongan letra algo diferente. Sin embargo saben que la presencia del PSOE en cualquier tipo de gobierno que se forme es imprescindible, ningún partido por si solo tiene la suficiente credibilidad para aplicar las políticas que las instituciones financieras internacionales les requieren.

Somos solidarios del Presidente, Pedro Sánchez, de los ministros socialistas, de la coalición que han formado, pues representan a muchos millones de trabajadores y ciudadanos que quieren cambiar el país. Reivindicamos que tengan libertad para atender a las demandas de millones de trabajadores y ciudadanos en difícil situación, para aplicar el mandato de los electores, sin las abrumadoras exigencias de la patronal, a la que nadie ha elegido, de la Guardia Civil, a la que nadie ha elegido, del Banco de España y la Airef, que tienen prohibido recibir instrucciones de los que representan la soberanía del pueblo. De la misma manera que reivindicamos el derecho a gobernar de los que han sido elegidos para ayuntamientos y autonomías. Exigimos que se deje gobernar al Gobierno, para que pueda cumplir con los compromisos de investidura y de los programas electorales. Es legítimo que el Gobierno satisfaga las reivindicaciones pendientes de la mayoría social, no hay mejor forma de combatir a la derecha franquista que fortaleciendo derechos y libertades. Sabemos que es un Gobierno que aún no ha cuajado, apenas llevaba dos meses formado cuando estalló la pandemia, es un Gobierno de coalición con distintas sensibilidades en su seno y encima les ha tocado lidiar con la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. El resto de dificultades ya las pone la derecha.

No se trata de apoyar incondicionalmente al Gobierno, pues solo de sí mismo dependerá si se debilita, cayendo y arrojándonos a las fauces del gobierno que añoran los nostálgicos rabiosos o si se fortalece demostrando que gobierna para la mayoría social. Una medida así sería que el acuerdo del PSOE, UP y Bildu se hiciese extensivo a otras fuerzas políticas: ERC, BNG, Compromís, Mas País…para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013, la LOMCE, la derogación del Artº 135.3 de la Constitución…

El Gobierno se verá fortalecido si no aplica las recomendaciones que el Gobernador de Banco de España hizo en su reciente comparecencia ante las Cortes, en la que recetó: nuevos recortes, más despidos, etc. Las recetas de siempre.

La alternativa de los de la cacerola rojigualda es la regresión, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La alternativa al Gobierno actual es otro ataque al sistema público de pensiones, es otra andanada de leyes restrictivas contra los derechos fundamentales, no por el estado de alarma; Rajoy no necesitó un estado de alarma para abusar del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar el derecho de huelga, ni para la Ley Mordaza contra la libertad de expresión y movilización.

La deuda aumenta; los expertos la sitúan por encima del 115%, y de otra parte el  PIB desciende -9 puntos, es la previsión. Las posibilidades de entrar en una recesión fuerte son más que reales. El Gobierno se fortalecerá si no titubea, si se enfrenta a los que quieren que la crisis la paguen los de siempre, si impide los despidos, si reactiva la economía con todos los productos que les son necesarios a la sociedad e interviene, si hace falta, las entidades financieras y las fábricas que considere necesario. Competir con China no puede ser a base de bajar los salarios.

Con el anuncio de cierre de la planta de Nissan de Barcelona se corre el riesgo de dejar sin sustento a 23.000 familias, entre trabajadores directos e indirectos. Ante esto, el Gobierno debe actuar sin medias tintas. Alguna vez habrá que pararle los pies a las multinacionales. Los patriotas lo comprenderán; no se puede mentir al Presidente de un país que está dándote ayudas económicas por los cuatro costados y que no pase nada. Si se metieron más de 60 mil millones para sanear entidades bancarias que después fueron entregadas gratis o baratas a otras entidades financieras, no es descabellado expropiar una fábrica que te hace un roto laboral del tamaño de Nissan, máxime cuando es evidente que este país no puede depender en exclusiva del sector servicios. Más aún cuando ha quedado claro que tenemos carencias básicas como la fabricación de respiradores hospitalarios, por poner solo un ejemplo.

Nissan, a pesar del tremendo drama que representa, puede que sea la primera parte de la punta del iceberg que se nos echa encima. Los despidos se están produciendo en la mismísima sanidad pública; por ejemplo en la Comunidad de Madrid –icono del PP de lo que debiera ser un Gobierno- se está despidiendo a los sanitarios que fueron contratados para paliar el déficit de personal, y se está contratando con cuentagotas en la atención primaria. Como dicen los católicos: “desvestir un santo para vestir a otro”. Las compañías aéreas están anunciando despidos masivos. El 30 de junio termina la protección a los trabajadores que han caído en la desgracia de los ERTE de fuerza mayor, los cuales suman más de tres millones y cuyos salarios han descendido por este hecho entre un 30% y un 50%. Todo hace temer una ola de ERE, por eso es muy urgente la derogación íntegra de la reforma laboral. El turismo se va a resentir sin duda, y así un largo listado de sectores y empresas a las que el Gobierno está ayudando con multimillonarias cifras, pero que no garantizan el empleo. Por ende, las ayudas económicas deben ir destinadas a impedir la destrucción de puestos de trabajo y sólo a las empresas que aseguren el mantenimiento del empleo.

Hay que recordar nuevamente que el Gobierno de quienes enarbolan la cacerola, soltó más de 60.000 millones de euros solo para un solo sector, el Financiero; cuyo “agradecimiento” a la sociedad fue la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo de los que no han devuelto ni el 10% de esa deuda con el Estado. 60 mil millones equivalen al 50% del coste económico estimado de la actual pandemia.

La mayoría social debe percibir, tiene que ser tangible, que el gasto público se destina a las prioridades de la mayoría: el Ingreso Mínimo Vital, aunque insuficiente, lo es; siempre que no se termine utilizando para complementar salarios, lo que sería una manera indirecta de financiar a las empresas. Necesitamos que se refuerce y se asegure como un derecho, como una conquista histórica, un subsidio de desempleo que cubra todas las necesidades de una unidad familiar media. Reforzar el sistema sanitario con infraestructuras, medios técnicos y personal bien remunerado lo es. Desdoblar las aulas y contratar profesorado para que el septiembre se inicie el curso con normalidad y con medidas de prevención para alumnos y profesores lo es…Esas son, entre otras muchas, las prioridades que hay que abordar.

Ante todo esto, que es mucho, no basta con salir a aplaudir a las ventanas. Las organizaciones que representan a la mayoría social, sean de la naturaleza que sean: partidos, sindicatos o asociaciones, deben aunar una respuesta por y para la mayoría social. No tenemos los medios de comunicación, carecemos del dinero para financiar campañas como hace Steve Bannon, no tenemos los medios de producción, pero seguimos siendo la mayoría que trabaja para llevar un salario a casa con el que mantener a nuestras familias, la que cotizó y recibe una pensión, la que estudia para tener opción a un futuro digno, y cada día esos sueldos, esas pensiones y ese futuro están más devaluados.

 El Comité de Redacción

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Un 1º de Mayo virtual, pero no menos reivindicativo

Por vez primera en la historia, se va a celebrar el 1º de Mayo, “Día internacional del Trabajo”, virtualmente; solo con videos, manifiestos, entradas en páginas web, blog y redes sociales. Es el cóctel de la digitalización y la pandemia del COVID-19. Pero el hecho de que nos veamos obligados, por las circunstancias, a no poder manifestarnos en la calle, no significa que este 1º de Mayo no esté cargado de reivindicaciones.

Los trabajadores de todos los sectores de actividad, sin exclusión, están exigiendo protección para el desempeño de su trabajo. Es lo mismo que venimos exigiendo desde hace muchas décadas: inversión en prevención de riesgos laborales. En esta ocasión con un motivo añadido muy concreto, como es minimizar el riesgo de contagio. La prevención de los riesgos laborales no es una cuestión menor, en enero se produjeron 56 muertes en accidente laboral, un 27,3% más que en enero de 2019. Y el año 2019 se cerró con la muerte de 605 trabajadores y trabajadoras. Lo hemos visto con la explosión vírica del coronavirus. Uno de los grandes problemas ha sido el desabastecimiento de equipos de protección, incluídos los más básicos. No hay nada que inventar, lo que hay que hacer es invertir. Este 1º de Mayo reivindicamos protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Reivindicamos empleo para todos y todas, de calidad. La tasa de paro al cierre de 2019 fue del 13,78%, es decir que 3.200.000 de trabajadores carecían de puesto de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por un ERTE, a fecha de 14 de abril publicado en la revista digital “Mercado Libre”. En julio veremos la EPA del fatídico segundo trimestre. Recodemos que el primer trimestre de 2013 –justo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP- se alcanzó la espeluznante cifra histórica de 6,2 millones de desempleados en nuestro país. Estos datos justifican el temor al desempleo, generan incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro inmediato.

La experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó en 2008, y de la que muchos y muchas de los de nuestra clase social aún no han salido, nos ha dejado la sospecha de que se pretenda que la reconstrucción económica sea pagada nuevamente por los más desfavorecidos. Aquella crisis sirvió para abaratar el despido, para devaluar los salarios y para deteriorar las condiciones de trabajo.

Esta crisis sanitaria nos está enseñando la cara más cruel del capital. Desde la derecha: política, económica y mediática, se ha presionado al Gobierno para que se reabra la actividad económica; y así se hizo desde el 13 de abril. A la vez, muchas comunidades autónomas han presionado para que las familias salgan con los niños menores de 14 años, en su afán por aparecer ante la ciudadanía como los que abren las puertas, dejando al Gobierno solo, ante el agotamiento de la ciudadanía tras siete semanas de confinamiento; así está ocurriendo desde el domingo 26 de abril. A fecha de redactar esta editorial ya se está produciendo un repunte en el número de muertos y afectados, que se mide comparando el bajón que iba produciéndose con las cifras actuales, según datos del Ministerio de Sanidad a 25 de abril. ¿Quién se hace responsable de ese plus de muertes y de esos contagios? ¿Son bajas asumibles, daños colaterales?

En la sesión de control al Gobierno, celebrada el 22 de abril, el PP pedía al Gobierno determinación. Desde Tribuna Socialista coincidimos en eso con el señor Casado, aunque solo sea en la formulación. Los trabajadores también le pedimos determinación al Gobierno. Pedimos determinación para intervenir en la sanidad privada y que se devuelva el dinero público que haya podido pagar el Govern del Sr. Torra a establecimientos privados sanitarios. Determinación para paralizar la privatización permanente que lleva a cabo la señora Ayuso en Madrid, utilizando infojob para gestionar empleo público o cadenas de comida basura para asistir a las familias en situación de pobreza. Determinación para exigir la devolución del dinero público con el que se sanearon entidades bancarias que al poco fueron entregadas a otras entidades privadas, máxime cuando nuestros bancos se dedican a sacar dinero de España en dirección a paraísos fiscales: es el caso de Caixabank que prepara la “apertura de un banco en Luxemburgo para ricos españoles”, según informa eldiario.es en su edición del 13 de abril. Determinación para dotarse de un polo de Banca Pública que canalice el crédito del ICO sin depender de las entidades financieras privadas, para que garantice los servicios bancarios básicos en todos los municipios del Estado. Determinación para depurar responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores. Determinación para municipalizar la gestión de los servicios funerarios y que la muerte deje de ser un negocio…Deternimación.

El compañero Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de no repetir lo que hizo el compañero José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Ha tomado una serie de medidas para proteger a los sectores más afectados… No es suficiente. Lo que la mayoría social reclama es un plan de emergencia que levante el país y genere masivamente empleo público, reforzando la sanidad y demás servicios públicos.  La reconstrucción no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas ni de los jóvenes de nuestro país.

La respuesta a aquellas medidas de mayo de 2010 ya la vimos en noviembre de 2011. Y lo peor es que las sufrimos en marzo de 2012 y en el mismo mes de 2013, con la violenta reforma laboral y la agresiva reforma de las pensiones, respectivamente. El Gobierno debe restaurar los derechos de los trabajadores que el PP lesionó. Derechos que son fundamentales para defendernos en esta crisis: restableciendo el principio de ultractividad de los convenios, anulando el despido barato, quitando el descuelgue empresarial en los convenios… que derogue la reforma laboral y garantice el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, apoyamos a los trabajadores de hospitales de Cataluña, de Madrid, de Galicia… que se movilizan diciendo que no son héroes sino trabajadores y que a los políticos que les llaman héroes les piden hechos: revertir los recortes de la sanidad desde 2010, de medios, de personal, y también el 5% del salario. Eso sería apoyarles y valorar su labor, lo demás son gestos y palabras huecas.

El pacto de reconstrucción debería ser posible con todas las fuerzas que representan a los trabajadores y a los pueblos del Estado español, para proteger a la mayoría, para corregir lo que se ha puesto en evidencia que no funciona, para llevar a cabo una reforma constitucional que aborde las prioridades de la mayoría. Lo que planteamos no es una quimera ni una utopía, es simplemente democracia.

¡Viva el 1º de Mayo!

Comité de Redacción de TS

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Las necesidades de la población vs los intereses de los poderosos


El Parlamento aprobó el jueves día 9 quince días más de confinamiento, Sumarán 42 días, de momento. Tras las primeras cuatro semanas, no se han despejado las incertidumbres que pesaban sobre la mayoría social antes del 14 de marzo; lejos de ello se han agravado.  Veíamos con perplejidad como se suspendían eventos internacionales como el World Trade Mobile Congress de Barcelona mientras se permitían otros eventos de impacto similar, en cuanto a concentración del número de personas se refiere: partidos de fútbol, mítines en plazas de toros…

Sin duda, el escándalo de las residencias de las personas mayores muestra la cara más atroz, más temeraria y cruel del Mercado. Las residencias, como la Salud y muchos servicios públicos, se han convertido en un negocio que juega con la vida de las personas. El afán del beneficio y la mordida; en forma de porcentaje y/o puerta giratoria, han convertido las residencias en auténticos morideros. El negocio de las residencias demuestra que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, ni es para todos igual, ni estamos todos en el mismo barco.

¿Es una crisis sanitaria? Desde el primer momento se han dado mensajes que limitan y distorsionan el carácter de la pandèmia. Se dice: “la pandemia es una crisis sanitaria”; pero no es sólo eso. La expansión vírica ha puesto al descubierto, con toda su crudeza, el carácter del sistema económico y social al que estamos sometidos y del que somos víctimas. No abundaremos en cifras que conocen los lectores de Tribuna Socialista, es el sistema que antepone los intereses de unos pocos frente a la vida de las personas, tengan estas la edad que tengan.

Los recortes en la sanidad pública lo demuestran. La destrucción de puestos de trabajo, la carencia de medios de protección, de respiradores en la UCIs… se ha convertido en un aliado del virus

Las políticas económicas aplicadas en los últimos 10 años han dejado  desprovisto de los profesionales necesarios al sistema público sanitario. El presidente del Gobierno prometía la incorporación de 50.000 profesionales de la sanidad a los hospitales para atender a los afectados por el Covid19,  y no se han incorporado ni la mitad.

La lógica del capital, consistente en el cierre de plantas hospitalarias, la merma en infraestructuras, en medios para la investigación y la disminución de profesionales, se muestra como un arma letal cada día contribuyendo al incremento del número de muertos. Van más de quince mil, a la espera de que las comunidades autónomas, cada una con sus sistema de recuento propio (¿?), informen del número de fallecidos por coronavirus. No es una crisis sanitaria o no sólo; es la consecuencia de las decisiones impuestas por quienes nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos dicen que la crisis es de todos, porque el virus afecta a todos; sí, pero a unos afecta más que a otros. Las afectaciones en los barrios populares, donde el poder adquisitivo es más bajo, las condiciones de trabajo más precarias y el tipo de viviendas más reducido y en peores condiciones de salubridad, los contagios y las transmisiones son mayores que en barrios más pudientes, donde el poder adquisitivo está por encima de la media, como demuestra un estudio publicado estos días por El Periódico de Cataluña. Todos no son como Aznar que se recluye en su mansión de Marbella con todo tipo de lujos, por tanto las consecuencias del virus no son lo mismo para todos y todas.

Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTEs supone de entrada una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 30% del salario, ¿cuánto tiempo podrá resistir la economía familiar de estos trabajadores, si la mayoría de ellos no llegaba o llegaba muy justo a final de mes? La incertidumbre se incrementa para todos aquellos que han sido despedidos sin ningún tipo de garantías de volver a encontrar empleo. También los trabajadores autónomos y pequeños empresarios ven con terror el futuro de sus proyectos empresariales o de negocio. Los estudiantes ven amenazado el curso académico sin que nadie garantice un final con aprovechamiento adecuado del aprendizaje ni que las evaluaciones serán justas para todos los alumnos; la brecha digital –por localización geográfica, renta, generación, conocimiento digital…- se está haciendo muy evidente en estos momentos.

Un coro formado por las patronales y los partidos de la derecha, están presionando al Gobierno para que éste permita a las empresas ser las que decidan qué actividad de empresa es servicio esencial o no, por tanto, quién vuelve a trabajar y en qué condiciones, sin que esté suficientemente garantizada la seguridad a los trabajadores o trabajadoras que se incorporan. Ni el Gobierno debería ceder ni un ápice a dichas presiones, ni las centrales sindicales consentirlo; la salud, la vida de las personas debe estar por encima de los intereses de unos cuantos desaprensivos que solo piensan en sus beneficios.

La crisis ha puesto al descubierto las carencias democráticas de un sistema con muchas reminiscencias del pasado, empezando por la monarquía, que actúa al servicio de los poderosos y las altas finanzas.

En el debate parlamentario del día 9 de abril, Pedro Sánchez dijo que “la Unión Europea está en peligro si no muestra su solidaridad sin fisuras«, pero la UE sigue mirando para el mismo sitio que en la crisis del 2008, es decir a los sectores financieros que nada hacen por combatir el Covid19, más al contrario, sólo ven negocio, negocio y negocio. El Banco Central Europeo hace todo lo posible para facilitar a las entidades financieras la obtención de sustanciosos beneficios: por un lado avala al 80% los créditos empresariales para que las entidades privadas no corran ningún riesgo en caso de impagos y por otro da créditos a coste cero, para que sean estas mismas entidades financieras las que fijen el porcentaje de interés por crédito a los gobiernos. Llueve sobre mojado.

De nuevo, el Gobierno tendrá que decidir entre aplicar el artículo 135 de la Constitución, que el gobierno de Zapatero pactó reformar, por el que se da prioridad al pago de la deuda o destinar dinero a la sanidad y a otros servicios públicos. La UE está descompuesta y sumida en una crisis sin fin, aparece más como un obstáculo insalvable para la solución que necesita la mayoría social que como una herramienta en favor de los pueblos de Europa. Queda en evidencia que la UE es una herramienta para los mercados. Sus estructuras e instituciones no están diseñadas para socorrer a los ciudadanos.

Es necesario un cambio en profundidad del sistema económico y de producción, en el que las principales empresas: de servicios estratégicos, energéticas, financieras, del textil, farmacológicas, y todas aquellas que sean necesarias  para atender las demandas sanitarias de la población,  se pongan al servicio del Estado, para que sea el Gobierno, con el debido control parlamentario, quien determine las prioridades de producción necesarias para cubrir las necesidades que la situación de pandemia exige hoy, y en el futuro. Con o sin pandemia, con o sin crisis, la vida de las personas y su bienestar tienen que prevalecer sobre el beneficio y la acumulación privada.

Comité de Redacción de TS

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Hay que acabar con el virus y con los parásitos

covid19 No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

 

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“Lo decimos una vez más: Necesitamos un Gobierno que gobierne para la mayoría”

Tras las elecciones del pasado día 10 de noviembre, los acontecimientos se suceden con rapidez. Unos resultados que Tribuna Socialista ya analizó en la edición Especial Elecciones 10-N, editada el 11 de noviembre: “Contra el ascenso del fascismo: políticas en favor de la mayoría”.

En menos de un mes se han puesto en marcha más iniciativas y se han dado más pasos que en seis meses tras el proceso electoral de abril. Acontecimientos que han tomado su forma más relevante en el pacto entre PSOE y UP, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez y la inmediatamente posterior formación de Gobierno de coalición. A pesar de la ambigüedad y falta de compromiso sobre las demandas planteadas por la mayoría social el acuerdo ha sido refrendado muy mayoritariamente por las bases en las consultas realizadas por ambos partidos.

Este acuerdo ha abierto la puerta a las negociaciones con ERC, quienes también han recibido el apoyo de sus bases para apoyar la investidura del líder socialista. Si bien el apoyo está condicionado a que se abra una mesa de diálogo. Esta condición ha sido interpretada por los agoreros de la derecha como un chantaje, como si cupiese esperar que ERC le fuese a entregar el apoyo a Pedro Sánchez sin ninguna condición, como si una mesa de diálogo no fuese lo mínimo, el primer paso, para buscar una salida a medio y largo plazo a la cuestión catalana, siendo lo más urgente la libertad de los presos. Como si todos los partidos, desde siempre, no hubiesen puesto condiciones a la investidura presidencial, a cambio de sus votos.

El camino iniciado debería permitir establecer una base firme para encontrar apoyos en el Parlamento entre las fuerzas que se reclaman de la izquierda, para que se forme Gobierno, para que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PP.GG.EE) que no sean los que elaboró Montoro (PP).  Somos conscientes de que el camino no será sencillo, pues la derecha: la extremada, la de siempre y de la que se hace pasar por otras cosas, trabajan para quién trabajan y harán todo lo posible y más para trabar la normalidad de la dinámica parlamentaria. Lo previsible es que la actual batalla por desbaratar la formación de un Gobierno que aplique políticas favorables a la mayoría de la sociedad se traslade a los PP.GG.EE.

La presión contra el pacto de PSOE y UP es tremenda. Una presión que se hubiese aguantado mejor con los resultados del 28 de abril. Una presión que a modo de campaña organizada llega desde los tradicionales flancos: mediático, político y económico. En este sentido, hay que reconocer la perseverancia de Felipe González y su coro, coincidiendo con los medios de comunicación más radicales en sus posiciones antiobreras y con las instituciones del capital: CEOE, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Círculo de Empresarios,… Incluso en el seno del PP, a la desesperada, Feijóo –el amigo de los narcos- entre otros, sugieren una gran coalición y ofrecen los votos del Partido más corrupto de nuestra historia, para condicionar la política del futuro Gobierno, para que se continúe gobernando en favor de la minoría.

Los representantes de los responsables de la crisis que se inició en 2007, los mismos que se han beneficiado de esa crisis, braman contra la necesaria derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aúllan contra la marcha atrás de la reforma de Pensiones de 2013, graznan contra la derogación de las leyes regresivas y represivas que impuso el PP: Ley Mordaza, Artº 315.3 del Código Penal, la LOMCE…

La pantalla de humo perfecta para la derecha es el lío y la confrontación; de ahí la hiperbólica actitud de los dirigentes de VOX. Por eso el PP alimenta los conflictos con represión y judicialización de la vida política, en connivencia con los jueces y fiscales que “trabajan a favor de obra y de la Obra”.

Nuestra historia está atravesada por conflictos territoriales, el más reciente y cruento es el sufrido en el País Vasco, con sus terribles consecuencias, a pesar de conseguirse una salida positiva y democrática; gracias al proceso de paz y negociación que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidamos la actitud de la derecha: el PP de Aznar, Mayor Oreja, y demás secuaces. Y ya vamos oyendo los mantras de PP, VOX y C’s en relación con el conflicto en Cataluña: “155, cárcel, represión». Son capaces de tensar la convivencia hasta extremos inusitados de manera irresponsable y reiterada.

Los conflictos políticos se resuelven con política, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones como por ejemplo las apuntadas por el PSC, en la línea de una reforma constitucional, entre otras reformas urgentes que la Constitución necesita, que asiente la realidad de este país: un país plurinacional. Una reforma que supere la etapa de las autonomías, para avanzar por la vía del federalismo dejando atrás la “España una grande y libre” (libre para los abyectos afines al franquismo).

Los desafíos y las incertidumbres son importantes, complejos, pero si la izquierda se une tenemos la oportunidad de dar respuesta a una etapa en la historia caracterizada por crisis económicas recurrentes que la han hecho pagar a los más desfavorecidos con enormes retrocesos sociales y un profundo recorte del Estado de Bienestar, en España y en tantos y tantos países.

Esta es la situación política actual, de ahí la importancia de lo que desde Tribuna Socialista venimos pidiendo reiteradamente: un Gobierno que gobierne para la mayoría, con la agenda social necesaria. Sabemos de los obstáculos que las instituciones financieras, nacionales e internacionales pondrán, también somos conscientes de que los poderes  venidos del régimen anterior se opondrán a dar solución política a los problemas políticos y buscarán la confrontación permanente Es por ello que estamos expectantes y esperanzados en que los que teniendo representación parlamentaria, y reclamándose de la izquierda, tomen consciencia de la gran responsabilidad que tienen.

Hace unas pocas semanas hablábamos de incertidumbre, y ahora tenemos lo que deseábamos, pero sigue siendo una situación delicada, frágil, que requiere prudencia y generosidad. Al mismo tiempo que firmeza para recuperar todos los retrocesos que los Gobiernos de la derecha nos quitaron con sus medidas, sólo con más derechos y más democracia paremos los pies a los que nos quieren volvernos al pasado.

Desde Tribuna Socialista reiteramos ese deseo compartido, esperamos inteligencia y paciencia, para garantizar una legislatura estable, provechosa y progresista. Solo pedimos esto, un Gobierno que gobierne para la mayoría de la sociedad.

Comité de Redacción

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Que no haya Gobierno es desoír el mandato de las urnas

El 28 de abril las urnas hablaron claro, pero tras más de 140 días no se ha entendido o no se quiere entender. Lo primero sería grave, pero lo segundo sería peor.

La mayoría de la sociedad se volcó en participar de las últimas elecciones legislativas; la mayor participación desde 2004. Más de 12,6 millones de votos fueron a los partidos políticos que se reclaman de izquierdas. El resultado, por si alguien aún no ha echado cuentas, es que hay 185 diputados (PSOE, UP, ERC, Bildu, Compromís) que pertenecen a ese conjunto de organizaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Recordando que la mayoría absoluta está en 176.

La respuesta de los votantes de izquierda no fue una contestación sólo ante la amenaza real de la llegada de la ultraderecha. Fue una reacción positiva para poner freno a las políticas del PP; tanto si las adopta en común con Ciudadanos o sin ellos, con VOX dentro o con VOX fuera del Partido que fundó el ex ministro de Franco, Manuel fraga.

Las urnas respondieron en sintonía con el «No es No» con el que las bases del PSOE apoyaron a Pedro Sánchez, frente a lo que suponía Susana Díaz y el «felipismo» del que ella se reclama, que pugnaba por dar continuidad a las políticas del PP absteniéndose en la investidura a Rajoy.

El 28 de abril, más de doce millones y medio de ciudadanos y ciudadanas votaron para que hubiese un Gobierno que defienda el actual Sistema Público de Pensiones derogando las reformas que lo condicionan y que sólo garantizan recortes y devaluación de las pensiones; como así ocurre con el mecanismo de revalorización introducido en 2013 por el PP, por el que sólo se revalorizan un miserable 0,25% anual. Es lo que ocurre con el «factor de sostenibilidad», que estira el importe de la pensión en función de la esperanza de vida; es decir que los pensionistas cotizaron en dinero real mientras trabajaban y ahora se les pretende pagar la pensión en base a artificios estadísticos.

Se votó para que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012; que son las vías abiertas en la legislación laboral que han facilitado el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. Esto explica cómo es posible que los trabajadores, a pesar de tener un puesto de trabajo, no tengan garantizado no vivir en la pobreza; lo que sufre casi un 15% de los asalariados y asalariadas. Por el contrario, el número de superricos se ha triplicado. Esto ha ocurrido en los años más duros de la crisis que provocaron los especuladores, pero que mientras las medidas legislativas que se tomaron sigan en vigor, contra las que hicimos tres huelgas generales, seremos los trabajadores los que pondremos el esfuerzo para que la minoría que provocó la crisis se siga viendo beneficiada.

Parar a la derecha no es cuestión de filias y fobias, es una cuestión práctica: la mayoría social (asalariados, pensionistas, desempleados, autónomos, estudiantes) necesita cambios legislativos valientes para defender un Sistema de Educación Público de calidad, en el que la religión no interfiera ni influya. Necesitamos que se legisle para potenciar económicamente a los centros públicos, con medios materiales y humanos, en lugar de primar la enseñanza privada; «casualmente» propiedad de las órdenes religiosas, en la mayoría de los casos.

Un Gobierno de la izquierda es una necesidad, para recuperar lo privatizado del Sistema Público Sanitario, pues es inadmisible e inaceptable la situación que se está viviendo en las urgencias hospitalarias, las listas de espera o la tercermundista situación que se vive en la Comunidad de Madrid con la lencería hospitalaria. Igual que en la Educación, en la Sanidad pública, hay que dotar de medios humanos y materiales a los centros hospitalarios públicos, en lugar de derivar a los pacientes a los centros privados; también muchos de ellos en manos de la Iglesia y de especuladores de la salud.

Son necesarias medidas medioambientales que pongan freno al «pirocrimen» al que asistimos todos los años en la etapa estival. Como son necesarias medidas medioambientales que combatan la contaminación atmosférica en las grandes urbes.

Para abordar estas necesidades, es preciso acometer una reforma fiscal que equilibre lo que hoy es exageradamente desequilibrado. El peso de los tributos por rentas del trabajo es, con diferencia, el mayor de los tres grandes bloques de ingresos vía impuestos, los otros dos son el IVA y el de sociedades o rentas del capital.

En nuestro país se recauda un 7% menos que la media de la zona euro, lo que equivale a unos 80.000 millones de euros cada año. No sólo se trata de ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en cuanto a presión fiscal; hay que luchar seriamente contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, pero no al estilo Montoro con amnistías para los defraudadores.

Todas estas políticas fueron introducidas por los gobiernos del PP a base de represión: haciendo un uso abusivo del artículo 315.3 del Código Penal, por parte de la fiscalía y de algunos jueces, y con la introducción de la Ley Morzada. Fue y es evidente que se legisló para criminalizar la legítima respuesta de los trabajadores, de la mayoría social; lesionando derechos fundamentales como la huelga, la libertad de expresión o el de movilización. Por eso necesitamos un Gobierno que derogue esta legislación atentatoria contra las libertades.

Necesitamos un Gobierno que dé una salida democrática, desde la política, al conflicto generado en Cataluña. Coincidimos con CCOO y UGT de Cataluña quienes, en su manifiesto unitario de este 11 de septiembre, reclaman la libertad para los presos, consideran abusivos el uso que se está haciendo de la prisión preventiva y manifiestan que con los presos en libertad sería más fácil de evitar la polarización de la sociedad catalana. La mayoría social del resto del Estado no nos podemos desentender de esta cuestión, que es central para la democracia y los derechos.

Los discursos de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, auguran sentencias ejemplares que caerán como una losa sobre la mayoría social de nuestro país y, sin ninguna duda, serán un verdadero obstáculo para una solución democrática, que deberá pasar necesariamente por que el pueblo catalán decida libremente su destino, en un referéndum negociado y legalmente reconocido. UGT y CCOO lo expresan de la siguiente forma en su manifiesto: «Nos declaramos  a favor del ejercicio del derecho a decidir entendiéndolo como un derecho democrático que incluye todas las cuestiones individuales y colectivas que nos afectan, sociales, laborales y políticas»

Que no haya un Gobierno, independientemente de quiénes lo conformen, y que no haya un acuerdo que lo sustente, es vulnerar el mandato de las urnas. Un mandato que fue nítido y mayoritariamente de izquierdas.

El escenario de unas nuevas elecciones es legítimo, claro que sí, y no nos da miedo, pero dejaría el mensaje de que no se quiere tener un Gobierno que tenga que afrontar las también legítimas aspiraciones de la mayoría de la sociedad.

No alcanzar un acuerdo y no poner en marcha la legislatura para abordar las cuestiones expuestas, entre otras muchas, es darle un balón de oxígeno a la derecha. Por eso los voceros de esa derecha: política, mediática y económica llevan semanas animando a que no haya acuerdo, diciendo “no pasa nada por volver a votar”. Desde Tribuna Socialista decimos que sí pasa: pasa la oportunidad de iniciar una senda distinta a la que venimos sufriendo la mayoría.

Comité de Redacción

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Para que ganen los derechos y libertades, que no gane la derecha.

Haz que pase.
Haz que pase

Las elecciones del 28 de abril son de una trascendencia fundamental. Hay que terminar con la derecha franquista de una vez por todas.

Después de 8 meses con Pedro Sánchez en el gobierno y sin que se hayan cubierto muchas de las expectativas que generó la moción de censura, nos encontramos, seguramente, ante la campaña electoral en la que los electores desconfían más de las instituciones del Estado y de las candidaturas que tienen opción de gobernar. El 41% del electorado no tiene definido su intención de voto.

Corresponde a toda la izquierda diferenciarse con propuestas claras y sin ambigüedades de las propuestas que representan a los intereses de los poderes financieros, de sus planes económicos y de sus políticas de recortes de libertades.

El PSOE es, una vez más, la fuerza política de referencia que concentra las expectativas de la mayoría social. Detener a los partidos de la derecha es defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Los intereses que PP, C’s y VOX representan, son contrarios al mantenimiento del Sistema de Pensiones públicas y son incompatibles con el mantenimiento de la Sanidad y la Educación públicas. Por ello, debemos volcarnos en la campaña electoral, para conseguir el máximo de votos; esta es la principal tarea que tenemos los militantes socialistas.

Desde Tribuna Socialista contribuiremos para conseguir el triunfo necesario.

La precampaña se está librando en paralelo a los juicios contra los políticos catalanes, por donde están desfilando, policías y guardias civiles con declaraciones que carecen de la veracidad requerida en cualquier juicio que se precie de democrático, contando además con la complicidad de la presidencia de la sala del Tribunal Supremo, quien, como si de un director de escena se tratase, dirige a los actores para que el juicio parezca justo.

La campaña también coincide con el escándalo de la “policía patriótica”, eufemismo de “policía franquista”, que no ha cambiado ni un ápice las formas y modos mafiosos y criminales de la dictadura de la que provienen; las escuchas y audios de las conversaciones grabadas, sobre los espionajes a partidos en los que aparecen implicados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el mismísimo Mariano Rajoy y su Gobierno.

Hay una necesidad perentoria de cerrar el paso a las posiciones extremistas de las tres opciones de la derecha que se disputan la representatividad de los franquistas y que quieren imponer verdaderos retrocesos en derechos y libertades.

Todos quieren acorralar al PSOE para que no ofrezca ninguna resistencia a los planes de los poderes financieros y mucho menos se pueda ofrecer una salida democrática al “problema de Cataluña”.

No podemos desentendernos de nuestra responsabilidad; derechos y libertades están siendo cuestionados continuamente por PP, C,s y Vox. Quieren hacer retroceder e incluso derogar todas las conquistas y libertades conseguidas. La realidad demuestra que la defensa de los derechos y de las libertades es inseparable.

En estas elecciones generales no cabe la ambigüedad, y es por ello que desde posiciones socialistas cualquier acercamiento a C,s  significará abrir la vía a la crispación y el enfrentamiento entre pueblos; además de generar dudas y quiebras de confianza entre los votantes socialistas.

Debemos defender con firmeza el diálogo y la negociación como la seña de identidad socialista frente a los que impulsan el enfrentamiento entre los pueblos y la judicialización de la política.

La mayoría social sigue esperando que se deroguen las reformas laborales, que tanto daño sigue haciendo, mientras tanto repuntan de nuevo los expedientes de regulación que provocan la destrucción de miles de empleos. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para recuperar y garantizar los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores tiene que ser un compromiso claro de los partidos de izquierda.

La defensa de la industria garantizando el empleo digno y con derechos, debe ser permanente para un gobierno socialista.

Establecer una política fiscal de forma progresiva que pague más el que más tiene y no exima a las grandes fortunas ni reduzca a su mínima expresión la presión fiscal sobre las empresas.

Es urgente la derogación del artículo 315.3 del código penal mediante el cual hay encausados más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga para defender los derechos colectivos.

La defensa de los servicios públicos pasa necesariamente por la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago a acreedores y entidades financieras que al mantenimiento de los servicios públicos. Hemos de volver a situar la economía al servicio de las personas y no al revés.

La derogación de la ley Mordaza debe ser un compromiso firme y sin ambigüedades, no hay país democrático que meta en la cárcel a raperos, artistas y titiriteros por expresarse libremente o aludir a la Casa Real, institución cada vez más desprestigiada al haberse hecho evidentes las corruptelas que todos sospechábamos. Una institución, La Corona, anacrónica, aparece cada vez más incomprensible ante las demandas de la mayoría social.

También ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso en la defensa un estado federal en que podamos proponer y defender nuestro modelo de Estado, en un referéndum en el que la mayoría pueda elegir libremente entre Monarquía o República..

Comité de Redacción

 

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Compromiso para recuperar derechos y libertades

Una vez fijada la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, observamos que se abre un periodo de desconcierto, en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el futuro de los derechos y libertades.

Frente a la incertidumbre y el miedo que siempre genera no ver un horizonte claro, la izquierda debería tomar compromisos claros y sin ambigüedades, en relación con las preocupaciones que más afectan al movimiento obrero, es decir a la mayoría de la sociedad. Es preciso arrojar luz en el futuro, pues en función de qué tendencia tenga el gobierno, tras las elecciones generales, la incertidumbre que se cierne sobre el Sistema Público de Pensiones se acentuará o se disipará; la reforma laboral salvaje de 2012 continuará vigente o se le dará otra vuelta de tuerca para hacerla más sangrante contra los trabajadores; los retrocesos en derechos y libertades se acentuarán o recuperaremos los derechos y libertades: como ocurre con el Artº 315.3 del Código Penal o la Ley Mordaza.

Hay una cosa cierta, la conjura de la derecha neofranquista es la garantía de la minoría social para doblar cualquier tipo de resistencia, machacar la más mínima oposición a que se cumplan los planes de los poderosos, en el terreno económico, en el social y de las libertades.

En la declaración surgida de nuestra asamblea anual y publicada en TS n.º 99, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de derechos y libertades, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez frente a los ataques del Partido Popular y sus aliados. También a las movilizaciones que recorren las calles de nuestras ciudades defendiendo las conquistas conseguidas durante años de lucha.

La defensa del estado de bienestar ha caído en el olvido para algunos dirigentes, pero la situación es tozuda, el diario El País del día 18, publicaba que 600 000 pacientes permanecen en lista de espera para operarse y 1,5 millones esperan visita con el especialista, para el médico de familia la espera es hasta de 15 días.

UGT y CCOO reclaman con razón la derogación de la reforma laboral, al menos, en sus elementos más dañinos: como la recuperación de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación del principio de ultraactividad. Pero la legislatura se agota y continúa sin realizarse, a pesar de haber sido acordado en las mesas de Diálogo Social.

Mientras, la Unión Europea se empantana en el sórdido espectáculo del Bréxit (todos los derechos en el aire), los planes económicos de los organismos internacionales y de los bancos continúan: en España las cifras de paro y precariedad siguen aumentando, se prevén miles de despidos en el sector financiero, añadidos a los 90.000 puestos de trabajo destruidos desde 2008. El sector del automóvil amenaza con una remodelación de consecuencias incalculables. España sigue exportando jóvenes, y los organismos internacionales del capital ya han redactado el encargo para el próximo Gobierno: realizar otra reforma de pensiones y otra ronda de recortes para pagar la deuda creada por Rajoy en defensa de los intereses de su clase social.

El juicio contra los políticos catalanes se está mostrando ante la opinión pública como un juicio político que será incapaz de solucionar el llamado , sin embargo, está siendo utilizado como arma arrojadiza contra el diálogo y la negociación para crear un clima de excepción, en el que no podamos defender ningún derecho. Los socialistas debemos distinguirnos y afirmar con fuerza: frente a la judicialización negociación, frente a la confrontación diálogo.
Para la mayoría social este 28 de abril no debe reducirse a un simple cambio de gobierno, se trata más que nunca de obtener una mayoría de diputados que recojan las necesidades de pensionistas, jóvenes trabajadores y/o estudiantes, autónomos, mujeres y hombres asalariados, ¡y hasta de los niños! que no tienen garantizado su futuro, qué el 28% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza. Hay que legislar para garantizar la solución a estos graves problemas. Necesitamos una mayoría parlamentaria, en Congreso y Senado, que plante cara a los depredadores de la libertad y los derechos y garanticen el porvenir.

El PSOE tiene una gran responsabilidad en esta situación, es el máximo referente de la clase trabajadora, concentra la principal responsabilidad para inclinar la balanza hacia, recuperar los derechos y las libertades perdidas o que la situación se siga degradando hasta que sea insostenible.

Derrotar a la derecha exige que el socialismo se comprometa con la recuperación de derechos y libertades, solo así recuperaremos la confianza suficiente para ganar.

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El diálogo y la negociación necesarios

El pasado 15 de febrero Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder la votación de los presupuestos generales para el 2019 en cortes.

Pedro Sánchez fue atacado por la derecha desde el minuto cero. Tras ganar la moción de censura, y el correspondiente desalojo del PP del Gobierno, a la mayoría social se le abrió una luz de esperanza, había posibilidades reales de ver satisfechas las demandas que Rajoy negaba, mientras aplicaba con puño de hierro todas las reformas que las clases pudientes deseaban.

Ni el PP ni C,s reconocieron la legitimidad de su Gobierno. Debían impedir a toda costa que el Gobierno socialista  llevara a cabo la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones del 2013 o que reformara el Atc. 315.3 del código penal, la ley mordaza o toda la lista de compromisos que había contraído durante su campaña de primarias.

La sensación de que se han perdido 8 meses, existe en amplias capas de votantes socialistas. Habrá que trabajar duro y adquirir compromisos, sin ambigüedades, si queremos ganar las próximas elecciones para evitar la nueva oleada de recortes que tienen preparadas los poderes económicos internacionales, FMI, BCE etc.

Pero, sobre todo, no podían tolerar  que el conflicto catalán encontrase soluciones mediante el diálogo y la negociación, sacándolo de la vía judicial al que fue avocado por Mariano Rajoy y sus acólitos.

No solo la derecha neofranquista, abiertamente declarada, se muestra contraria al diálogo y la negociación. «El fuego amigo»,  de la vieja guardia encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, expresan la parte más arraigada del estado, para que el enfrentamiento se produzca. A estas declaraciones se suma la resolución del Parlamento extremeño, cuyo presidente de comunidad es socialista, las declaraciones de García Page;  Lambán y Ximo Pons nos hacen ver cómo. Los de dentro de nuestras filas, que ayudaron a que Mariano Rajoy formara Gobierno en el 2016, coinciden hoy con los que convocaron la fracasada manifestación en la Plaza de Colón de Madrid, el pasado 10 de febrero contra Pedro Sánchez llamándole golpista, traidor y acusándole de defender la línea trazada por ETA.

A la lista de los que se oponen al diálogo y la negociación hay que añadir al Rey Felipe VI, que en el mismo momento en el que están siendo juzgados los políticos catalanes, interviene con una declaración intransigente, que parece tener el objetivo de influir en la mesa del Tribunal Supremo.

El pasado 9 de enero enviamos una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que  en la actualidad  han firmado más de 800 militantes. Dicha carta llevaba por título «Diálogo y negociación frente a judicialización y represión».  Más allá del apoyo de los militantes socialistas, creemos importante resaltar el apoyo de la ciudadanía.  La Vanguardia publicó el día 17 de febrero una encuesta en la que solo el 13,5%  optaba por aplicar el art. 155, mientras que un 78,5 % prefería el diálogo entre gobiernos.

«Diálogo y negociación» son necesarios para evitar el enfrentamiento y para llegar a  acuerdos que sirvan para resolver las demandas que la mayoría social está reclamando. Solo así podremos parar los ataque que están recibiendo nuestros derechos y libertades.

José A Iniesta.

TS Barcelona

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Tribuna Socialista nº 99. Febrero 2019

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Andalucía 2-D: Unas elecciones en ausencia de Socialismo

Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Se han dado una serie de factores que han terminado por arrojar un resultado del que difícilmente saldrá un gobierno de izquierdas. Incluso habría que preguntarse si el Gobierno de Andalucía, ahora en funciones, apoyado por Ciudadanos es de izquierdas a la luz de sus actos.

Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía, pero ella solita se ha encargado de hacer desaparecer de la escena al Partido Socialista; que la Dirección Federal intervenga lo justo en la campaña, perfil personalísimo y egocéntrico de la “Sultana”, corte nacionalista andaluz en los discursos,…

“Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía”

Incluso en el seno interno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, la política diseñada desde la Dirección territorial ha sido excluyente; desde el 39º Congreso se ha machacado literalmente a quienes discreparon de ella en el intento brutal de descabezar a la Comisión Ejecutiva Federal, en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

“Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal”

Pero lo anterior son solo las formas, lo importante son los contenidos políticos. Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal, la de la investidura de Rajoy, para que pudieran aplicar las políticas económicas más duras y lesivas contra los intereses de los trabajadores. Es la política de aplicación de recortes en sanidad, que en estos últimos años ha perdido más de 6.700 millones de euros y educación, siguiendo los dictados del Gobierno Central y de las instituciones del capital, medidas que levantaron la indignación y la movilización de miles de andaluces y andaluzas.

“el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto”

La abstención ha sido muy elevada, un 3,65% más que en 2015 (el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto). Pero en coherencia con lo antes dicho, no se puede culpar a los electores que han decidido no ir a votar. Claro que la mayoría son voto de izquierdas, por eso quizás no han ido a votar, porque no iban a votar a la derecha.

En el planteamiento de campaña, desde la izquierda, no todos los errores han sido de Susana y su aparato. Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE: ¡objetivo conseguido! El fratricidio entre las fuerzas de izquierda da como resultado gran parte del éxito de la derecha. En estas condiciones no es difícil comprender quienes no fueron a votar el pasado día 2; los mensajes de división de la izquierda no son compartidos por la verdadera izquierda.

“Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE:

¡objetivo conseguido!”

El rechazo es cuantitativo y cualitativo en el voto nulo, que suele ser testimonial, pero que en este proceso electoral se ha multiplicado por 2 (81.000 votos nulos). Más 57.000 votos blancos.

La izquierda ha perdido 684.554 votos (-402.035 el PSOE y -282.519 Adelante Andalucía, comparado con la suma de IU+Podemos en 2015).

La derecha ha sumado 350.881 votos (-316.410 PP, +289.735 C´s y +377.556 Vox).

La familia de la derecha que se ha beneficiado del apoyo prestado al Gobierno de Andalucía ha sido Ciudadanos, que ha marcado la política, pero sin desgastarse en tareas de Gobierno.

Las otras dos familias de la derecha: PP y VOX, son en realidad la misma, pues por mucho que los analistas y demás “sabios” de la política de laboratorio se empeñen en presentar a esta esquirla del PP, como algo novedoso; que ha llegado para quedarse, dicen. Lo cierto es que ya estaban aquí, en el seno del PP, desde que los guardianes del franquismo se camuflaron en las instituciones: los Villarejo en la policía y servicios de inteligencia; los jueces del Tribunal de Orden Público en la Audiencia nacional; y los Fuerza, Nueva, Cristo Rey, el Batallón Vasco Español,…en la AP que fundo el ex Ministro de Franco, Manuel Fraga.

No es posible saber con precisión cuantos votos de la abstención hubiesen ido, de haberse emitido, a un partido o a otro, como es muy difícil saber cuántos votos se han trasladado de un partido a otro. Pero a groso modo, en grandes bloques se puede ver que el grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE.

“El grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE”

Como si de un principio científico se tratase, se vuelve a cumplir una vez más: cuando la izquierda gobierna en coalición con la derecha o condicionada por su apoyo, termina perdiendo votos; ¿será porque los votantes de izquierdas esperan políticas de izquierdas?

Comité de Redacción

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Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   «El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

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Son necesarias políticas de izquierdas para seguir avanzando

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: «La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas«.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

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«…IS corriente?»

Surgen nuevos partidos, partidos con afán de militancia activa que manifiestan intenciones de devolver el protagonismo a los ciudadanos, que se dicen socialdemócratas… Hay un leve renacer de la izquierda, un giro social en medio de paradojas como Trump, Putin, Macron, y es evidente que los ciudadanos reclaman políticas progresistas…

Nosotros, los socialistas del Estado español, no somos ajenos a estos cambios, en nuestro partido se ha producido un cambio copernicano donde los militantes hemos orientado al partido hacia la izquierda…  Y sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra corriente, IS aparece al margen, más cómo corriente de opinión que como corriente organizada y apenas tiene presencia en los órganos renovados del partido.

¿Por qué?

 Cómo muchos militantes, la mayoría de integrantes de la corriente hemos participado directa o indirectamente en esta importante transformación, y como es lógico esperábamos una adecuada representación, no para ocupar «sillas ni sillones», sino porque estando en sintonía con una nueva orientación, acorde con lo que la corriente ha venido defendiendo desde las primarias de 2014, lo lógico y razonable es participar y transmitir en los órganos del Partido esa sensibilidad que emana democráticamente de la vida de la Corriente, y sin embargo no ha sido así. La nueva dirección ha optado por personas que tienen o han tenido relevancia personal, pero que no han salido de asamblea alguna de IS.

 Es un signo evidente de irrelevancia organizativa, y de que teniendo una buena capacidad propositiva y muy buenas «cabezas», nos faltan piernas para caminar, aunque nuestras ideas, y nuestras acciones han acompañado el proceso de cambio.

 En todo caso, ¿qué hacer?

¿Es posible recuperar o relanzar a IS?

Hay un trabajo hecho con dignidad, y creo que si, que hay muy buenas personas con cabezas brillantes, con afán de transformación, con años de militancia y/o grandes esperanzas. Tenemos muchos militantes esperando que nuestro Partido, el PSOE, llegue al gobierno para poder aplicar la política en la que creemos; de justicia social y estado de derecho, y para ello creemos útil una corriente política, con respeto al partido y a sus órganos, que trascienda las ideas y participe activa y ordenadamente en este proceso de cambio.

Nos gustaría poder hacer algo, desde nuestra corriente, con el reconocimiento justo, sin «regalos», es por ello, por lo que considero necesario un proceso de debate para decidir cómo hacerlo…

Eduardo Hernández Oñate

Afiliado PSOE. Barrio de Salamanca (Madrid)

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Millennials. La Generación de la precariedad.

Nos llaman generación Y, otros Millennials y otros dicen que somos la generación mejor preparada, pero si algo somos es una nueva clase trabajadora, la de la precariedad. Resulta totalmente kafkiano definir a nuestra generación con términos anglosajones que denotan frescura y modernidad cuando no hay  nada de moderno, y menos de progreso, en lo que realmente somos: pobres y precarios.  

 La realidad que sufrimos la juventud en pleno siglo XXI es absolutamente dramática, ni más ni menos. Estamos pendiendo de un hilo, el que el Gobierno de Rajoy no va a dudar en recortar en cuanto tenga la oportunidad para dejarnos caer en la más triste miseria (si es que no estamos ya sumidos en ella). Así está echando a perder al presente y al futuro de un país al que ha convertido en el oasis de la precariedad laboral y la indecencia.

 En primer lugar, sufrimos un paro que se está convertido en crónico: actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga duración casi el 40% de las y los menores de 25 años, el 47% de quienes tienen entre 25 y 29 años, y el 50,5% de las y los jóvenes de entre 30 y 34 años. Y lo que es peor, un porcentaje muy alto está en riesgo de pobreza. 

Por otro lado, la calidad del empleo es pésima, la mayoría de jóvenes que trabaja concadena contrato temporal tras contrato temporal y los sueldos son auténticas limosnas.

Nos están sumiendo en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad fruto de una constante degradación de nuestras condiciones de empleo y, por ende, de vida. Es decir, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo encuentra, la situación es trágica, más si se es mujer. Estas son las consecuencias de las dos últimas reformas laborales (esencialmente la segunda) y de la denostación (o desprecio) incesante del talento de la juventud.  

 En tercer lugar, tenemos la guinda del pastel (aunque de dulce nada): el exilio, al que recurren de forma desesperada miles de jóvenes en nuestro país. La única escapatoria en muchas ocasiones es buscar fuera de nuestro país las oportunidades y la calidad de vida que aquí se nos niega.  

 Se nos dan pocas opciones y, además, ninguna buena. Nos están haciendo elegir entre desamparo y precariedad, y cuando nos negamos a cualquiera de esas dos alternativas nos condenan al ostracismo.

Esta es la España del 2017, nada que ver con lo que soñaban quienes lucharon años atrás por los derechos laborales y el fortalecimiento de la negociación colectiva y demás mecanismos de acción. Así ha truncado el PP de Rajoy todo avance y progreso, así nos ha sumido en la desesperante oscuridad del mercado laboral. 

 Vivimos una pesadilla continua de la que la juventud queremos despertar, pero seguimos atrapados en ella, con la impotencia de no poder escapar. El monstruo ya no está debajo de la cama, está en la Moncloa, salpicado por casos de corrupción y disfrutando de la impunidad concedida a través de las urnas. Lo peor de todo es que la puerta se la dejamos abierta.  

 Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que cambiar esta situación y no desistir en la lucha contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza crecientes. Luchemos por un mercado laboral más justo, menos discriminatorio y que proporcione empleo de calidad.

Empecemos derogando las últimas reformas laborales así como acabando con los falsos autónomos y los becarios precarios.

Continuemos estableciendo incentivos a la contratación joven y al relevo generacional y subiendo el salario mínimo.  

 Sólo así quienes se fueron podrán volver y quienes nos hemos quedado podremos vivir. Queda mucho trabajo por delante pero estos retos no son nuevos.  

 Andrea Carrascal Miralles 

Secretaria General de JSE-CyL

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UNIVERSIDAD ¿PÚBLICA?

Hace pocos días el Ministerio de educación aprobó el nuevo decreto de becas para el curso 17-18, anunciando triunfalmente que el presupuesto para becas era el mayor de la historia de España y que el número de becarios bajo su gobierno tampoco nunca había sido superior. Estos datos, si bien ciertos, no son tan buenos como nos quieren hacer entender. No son más que una cortina de humo para encubrir la progresiva elitización de la Universidad Pública. Veamos el porqué.

Para estudiar en una universidad pública solo hay dos requisitos. Uno académico, obtener una determinada nota en la selectividad y aprobar un determinado número de asignaturas para poder seguir estudiando (en general la mitad del curso). El segundo es económico, y consiste en pagar una matrícula que representa entre un 15 y un 25% del coste total de los estudios en función de la CCAA de la Universidad. El Estado, por otro lado es quien paga el tanto por ciento restante a las propias universidades

Veámoslo en un ejemplo. Un estudiante cualquiera paga 1500€ de matrícula para estudiar derecho, siendo el estado quien asume los 4500 restantes que se supone que cuesta un curso en la universidad. Y esto con total independencia de la situación económica del estudiante.

No obstante es evidente que 1500€ pueden suponer un gran esfuerzo para algunas familias, así como no podemos olvidar que de estudiar se derivan otros costes que muchas familias no pueden cubrir, por dar un numero la OCDE los cifra en unos 7000€ anuales, y que si no se cubren evitan que el joven con menos recursos pueda estudiar. Para paliar estos costes existen unas becas que, como para estudiar, tienen dos requisitos. Económicos, no superar una renta determinada, y académicos.

Es en estos últimos donde está la trampa. Se exige aprobar un 80% del total de créditos para obtener la beca más básica y un 90% si se quiere optar a la beca completa. Un rendimiento muy superior al que se exige al resto de estudiantes, un 50% para seguir en la universidad. No siendo de recibo el argumento de que como las becas son recursos públicos se deben destinar a potenciar el rendimiento académico porque como hemos dicho antes SIEMPRE es el estado quien se hace cargo de la mayor parte del precio del curso.

Volviendo al ejemplo anterior, si ese joven necesita la beca por no poder afrontar la matricula, necesitara rendir muchísimo más que si no necesita esa beca, y, en cualquiera de los casos, será la sociedad quien financie la mayor parte de sus estudios a través de sus impuestos.

Es fácil ver el resultado de esta política. Los más desfavorecidos están obligados a no fallar si no quieren perder la protección, por otro lado insuficiente, de las Instituciones. En cambio los que se pueden permitir pagar no deben sufrir, pues por más fallos que cometan podrán seguir en la universidad, y, lo mejor de todo, siendo toda la sociedad los que paguen la mayor parte de sus estudios.

En definitiva, nuestra Universidad es Pública sí, pero solo a la hora de pagarla, ya que a la hora de poder estudiar nuestra educación superior es, cada vez, más privada.

Didac  Ramírez

Joventut Socialista de Catalunya

 

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Serpiente (neoliberal) de verano

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

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PENSIONES: EL GOBIERNO HACE TRAMPAS

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que «el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social«.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la «quiebra» de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal «hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

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Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

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EL SISTEMA DE PENSIONES ES NUESTRO, DEFENDÁMOSLO

Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes  cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.

Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.

Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.

El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.

Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.

La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad  se separó la sanidad, con el resultado de la  crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.

En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.

Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.

Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.

Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.

Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.

La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.

El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo  a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.

El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.

La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.

El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.

Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.

Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.

Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.

Roberto Tornamira


Manifiesto ¡Alto a la guerra!

Nota introductoria

Tribuna Socialista participa en el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), y junto a los demás colectivos que lo conforman, participamos en la “Confe- rencia Europea de Urgencia”, celebrada el 9 de abril bajo el lema:

¡Abajo la Guerra!
¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!
¡No a la unión sagrada de los Gobiernos promotores de la Guerra!

A esta Conferencia, se conectaron telemáticamente militantes sindicales y políticos de 19 países de Europa, y abrimos una sección especial en Tribuna Socialista nº 133, en la que reflejamos una amplia información sobre la Conferencia. Así mismo, el CATP editó un Boletín especial (Documentos que ponemos a disposición de quien tenga interés).

Producto de la Conferencia del 9 de abril, adquirimos el compromiso de organizar unEncuentro europeo el 25 de junio, en Madrid, coincidiendo con la celebración de lacumbrede laOTANenMadrid,conellema:

Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación
¡Ni Putin ni OTAN!

También sobre este Encuentro se editó un Boletín con las resoluciones del evento, y dimos cumplida cuenta del mismo en TS-134.

De la cita del 25 de junio, entre otras resoluciones, salió el compromiso de constituir un Comité de Enlace Europeo. Los miembros de este Comité hemos mantenido c0rrespondencia a lo largo de estos meses pasados. Recientemente, se ha acordado poner en marcha un Manifiesto, bajo el título “¡Altoalaguerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!”. En una primera fase, saldrá el documento con las primeras firmas de cada país europeo que está trabajando en ello: Alemania, España, Francia, Italia,entre otros.

Dado que los ritmos en unos y otros países no son los mismos, publicamos en este número 138 de Tribuna Socialista, el Manifiesto y las primeras 53 adhesiones en el Estado español.

Manifiesto:

¡Alto a la guerra!

¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Primeros firmantes del manifiesto:

¡Alto a la guerra!

¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Asamblea General 30 de noviembre de 2022

A todos los compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas del CATP, os convocamos a la Asamblea General del CATP. El acto será por conexión telemática, el miércoles 30 de noviembre, a las 19:00.

La situación nos impone la obligación de actuar, y por ende de avanzar en el fortalecimiento del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos.

La inflación está empobreciendo a la parte mayoritaria de la sociedad. Las estadísticas oficiales dicen que más de 13 millones es el número de personas que en el Estado español están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un 27,8% de la población. El 20% de los asalariados y asalariadas cobran el SMI, 3,5 millones de trabajadores. En un estudio que Adecco publicó el pasado mes de agosto, sitúa el salario medio en los 1.751 euros brutos mensuales en 2021, que es el máximo que puede llegar a cobrar el 65% de los asalariados, casi 12 millones de trabajadores y trabajadoras, que están por debajo de ese salario medio. Esta cifra está un 20,2% por debajo del sueldo medio ordinario bruto de los 27 países de la Unión Europea (UE).

Han devaluado nuestros salarios diferidos, a través de las reformas de las Pensiones públicas, a nombre de que el Sistema no era sostenible. Ahora, gracias a la movilización tienen pendiente hacer una Auditoría que desvele ¿cuánto dinero se ha detraído de las pensiones, desde 1967? Es ante esta exigencia que, en el debate parlamentario del 2 de noviembre, interpelada por el diputado de ERC Jordi Salvador, la ministra de Hacienda reconocía que el Sistema es sostenible; entonces ¿por qué el Gobierno, se ha comprometido con la Comisión Europea a devaluar las pensiones futuras en un 8%, por la vía de la ampliación de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora?

Y están devaluando brutalmente nuestros salarios indirectos, es decir los servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Dependencia.

Pero no se escatima dinero público para participar en todas las guerras en la que los EE.EE., decide meter- nos, y nuestros gobiernos deciden seguirles: Lo hizo el PP en la guerra de Irak, para facilitar los intereses energéticos yanquis en Oriente Medio y lo hace ahora el Gobierno “más progresista de la historia”, esta vez coordinado a través de la OTAN para así involucrar a la práctica totalidad de los países europeos. Unos y otros alimentan la Guerra, en lugar de exigir un ¡alto el fuego!

Los y las militantes obreros; políticos y sindicales, no podemos permanecer como espectadores ante lo que lleva mucho tiempo ocurriendo, en un Estado monárquico corrompido desde lo más alto a lo más bajo de las instituciones. Afirmamos que la orientación que compartimos hacia la República, solo es posible sobre la base de los derechos políticos y sociales de la mayoría.

Forma parte de este proyecto y participa del CATP, en sus iniciativas y en las reuniones periódicas que celebrará la Asamblea General. Nos vemos el 30 de noviembre.

La Coordinadora Estatal del CATP

Carta a Pedro Sánchez, y respuesta recibida en Noviembre

Nota introductoria:

El pasado mes de Julio de 2022, el TS nº 136 publicaba una carta a Pedro Sánchez promovida por un grupo de sindicalistas, a partir del Llamamiento reivindicativo de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, secundado por hombres y mujeres militantes de distintas organizaciones sindicales de clase, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas. A mediados del mes de julio del presente año, se dirigieron al presidente del Gobierno, para trasladarle su compromiso con la defensa del Sistema Público de Pensiones y la petición de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que se convirtió en obligación legal desde la aprobación de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre.

Presidente:

Nos dirigimos a ti, militantes del PSOE y miembros de otras organizaciones y colectivos de los movimientos sociales, para expresarte nuestra preocupación por las reformas que, desde el Gobierno que presides, se están operando en la Ley de Seguridad Social y otras legislaciones que afectan al Sistema Público de Pensiones.

Hace ya décadas, desde el pasado siglo, que los lobbies, gabinetes de estudios y supuestos expertos al ser- vicio del mundo financiero se lanzaron a teorizar sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, en todo el mundo. Sin embargo, las fechas en las que profetizaban que los sistemas quebrarían han ido venciendo y los sistemas públicos de pensiones continúan siendo viables. Prueba de ello es el papel que los y las pensionistas del Estado español jugaron en la crisis de 2008 y años subsiguientes, siendo una autentica red de seguridad para las familias trabajadoras y para la sociedad en su conjunto, pues, muy probablemente, el esfuerzo de nuestros mayores evitó un estallido social:

“En el periodo que va del 2008 al 2016, los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años aumentaron su gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas un 36,9% mientras que en aquellas familias en que la persona de referencia tenía menos de 44 años se dio un descenso del 22,3%.” Datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, elaborado por Josep Oliver (UAB) y Ramon Roig y Xavier Segura (Tracis).

Nos preocupan las reformas que se están introduciendo en la Ley de Seguridad Social y las que se anuncian, como la que tu Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, anuncia que se aumentaría a 35 años el periodo de cotización para hallar la base reguladora.

Estas reformas, y las que se vienen haciendo desde 1985, están enfocadas a reducir la tasa de reposición, a endurecer el acceso a la pensión y a paliar las exenciones y bonificaciones que los distintos gobiernos venís haciendo a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son otra cosa que salario diferido de los trabajadores, debiendo ser un concepto intocable.

Esto no es una mera opinión, con datos de la Seguridad Social: en 1980, las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hasta el acuerdo de primeros de 2022, las empresas han estado cotizando el 23,60% y los trabajadores un 4,70%. Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, las empresas van a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas seguirán cotizando un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos.

A lo anterior, hay que añadir la utilización de los fon- dos de la Seguridad Social para realizar pagos indebidos y en todo caso ajenos a las pensiones; como así puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de 2020, por el que, solo en el periodo 1989-2013, el Estado ha generado una deuda en la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros en concepto de “pagos indebidos”.

A pesar de todos estos elementos, nuestro Sistema Público de Pensiones continúa siendo una herramienta fundamental de cohesión para el Estado y un instrumento que dignifica la vida de más de 9 millones de pensionistas en nuestro país.

Por todo lo expuesto, consideramos que, antes de acometer nuevas reformas que sigan en la senda de recorte de la las Pensiones, el Gobierno está obligado por la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, a encargar un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.” Pues, a fecha de hoy, se han incumplido los plazos señalados en dicha Ley. En este mismo sentido, entendemos que corresponde al Tribunal de Cuentas llevar a cabo el in- forme al que obliga la Ley, para el periodo 1967-2019.

Los abajo firmantes de esta carta, quedamos a tu entera disposición y de los miembros de tu equipo para abordar cualquier cuestión, relativa al Sistema Público de Pensiones, que estimes oportuna.

Atentamente.

Suscrito por 227 firmantes, a título individual.

Respuesta

La respuesta de Moncloa ha tardado 4 meses y no da respuesta a lo que se plantea en la carta. La respuesta de hecho, es un “banco de niebla”, en el que se entremezclan los acuerdos con los “agentes sociales”, en el marco del “Pacto de Toledo” y con el “apoyo de la UE”, pero no se pronuncia sobre el compromiso y la obligación legal de una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social. Vamos, lo que se dice “salirse por la tangente».

Canciones con poder: “Cuervo ingenuo”

Javier Khahe nace el 30 de marzo de 1944 y muere el 15 de julio de 2015. Este letrista madrileño fue a contra corriente hasta para nacer, pues lo hizo en el barrio de Salamanca aunque su hábitat natural era el de Malasaña, con permiso de su querida Zarhara de los Atunes, en Cádiz. Decía de sí mismo que él era «anarquista de cinco a seis y media, que es cuando duermo la siesta«.

Cuervo ingenuo” es una sátira al giro que dio el PSOE de Felipe González respecto a la ratificación de la pertenencia de España en la OTANFelipe González se había manifestado, ambiguamente, el “OTAN de entrada No”. Sin embargo, durante la campaña del referéndum en el que debía decidirse la cuestión, el PSOE y Felipe González fueron girando hasta posicionarse a favor.

Krahe ya se había manifestado en contra de la pertenencia de España a la OTAN en su canción «Me internarán», retransmitida en RTVE en 1984. Canción que entre otros versos dice:

«Quizá sea digna

de alabanza

pero yo no pienso firmar

ninguna bélica alianza,

tendrá mi huella dactilar»

El giro copernicano del líder del PSOE, acarreó que se instalase, en la conciencia colectiva, que fue el Gobierno del PSOE el que metió a España en la OTAN, idea que aún perdura. Lo cierto es que fue el Gobierno de UCD, presidido por Calvo Sotelo, quien el 2 de diciembre de 1981 comunicó a la Alianza su intención formal de adherirse al Tratado de Washington; recibiendo de forma automática la invitación del Consejo del Atlántico Norte (CAN) para iniciar el proceso de adhesión. El 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número dieciséis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Un mes antes de la celebración del referéndum para la ratificación de España en la OTAN, que se celebró el 12 de marzo de 1986, Joaquín Sabina grababa en directo, en el teatro Salamanca de Madrid, su disco “Joaquín Sabina y Viceversa en directo”. Javier Khahe, que estaba invitado a participar, interpretó “Cuervo ingenuo”.

En la retransmisión del concierto de Sabina, cuando Krahe se disponía a interpretar su canción, RTVE dio paso a publicidad, por lo que “Cuervo ingenuo” está considerada como la primera canción censurada en España después de la Transición.

Vivimos tiempo de guerra, y es por ello que me ha parecido que esta es la canción con poder adecuada para este mes. Sin embargo, Javier Krahe también es autor de “La hoguera”, que incluyó en su disco “Valle de lágrimas” en 1980. En verdadero alegato irónico contra la pena de muerte, que fue abolida dos años antes de que viera la luz esta canción, si bien, hasta 1995 permaneció en el Código Penal militar. Es un tema sugerido por la letra de Georges Brassens “La guerre de 14-18”, que el cantautor francés lanzó en los primeros años de la década de los 60.

Brassens ironiza en su tema con las grandes guerras de la historia, de entre las que se decanta por la primera guerra mundial. En ese paralelismo, Krahe centra su preferencia por la hoguera. Quizá en otro número de Tribuna Socialista tenga cabida.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

9 de Noviembre: Una gran huelga paralizó las principales ciudades de Grecia.

Los problemas vienen de lejos. El 5 de julio de 2015 se realizó un referéndum en Grecia convocado por el Gobierno de SYRIZA, había que determinar; si el pueblo griego aceptaba o no los planes de rescate que las distintas instancias económicas internacionales querían imponer a los griegos. Pese a las presiones recibidas en favor del Sí e, inesperadamente para algunos, el 62% de los electores votó en contra del rescate con más de 20 puntos de diferencia sobre el Sí.

Alexis Tsipras presidente del gobierno que había hecho campaña por el no, desobedece el mandato del pueblo y acepta las condiciones de la Cumbre de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en algunos aspectos más duros que los que proponían antes del Referéndum.

En las siguientes elecciones generales gana las elecciones Nueva Democracia (ND) obteniendo una mayoría de 158 escaños de los 300 que tiene la cámara de representantes griegos.

Durante estos 12 años, a los trabajadores del sector público se le han aplicado recortes salariales de hasta el 40% y el salario mínimo pese a haber percibido algún aumento está en 713€.

La huelga del día 9 de noviembre convocada por la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y el Frente General de Lucha (PAME) sindicatos mayoritarios tuvo un gran seguimiento, miles de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores sociales se manifestaron contra la subida de precios que el gobierno permite y exigen subidas salariales, subida de las pensiones y del salario mínimo. Además del restablecimiento de la negociación colectiva.

El lema contra la pobreza y la guerra fue ampliamente coreado por las manifestaciones convocadas.

Según algunos dirigentes la huelga fue masiva no porque fuese convocada por los sindicatos mayoritarios sino porque era una necesidad para la mayoría social, para gritar que hay que acabar con el saqueo al trabajo y salarios de hambre que no permite llegar a final de mes a las familias trabajadoras, contra las subidas de precios en la alimentación y la energía por la codicia de los patronos y empresas energéticas.

También fue muy extendido el grito contra la guerra, que los manifestantes no hacen suya.

Las declaraciones de responsables sindicales indican que la lucha continuará, y se preparan nuevas movilizaciones en el sector público y privado.

Sorprenderá la clase obrera griega cómo dice la editorial de T.S en este número.

José Antonio Iniesta
Militante socialista y miembro del Comité de Redacción de T.S.

12 de octubre de 2022

La Hispanidad, o quizás el día de la Raza, o puede que el día del Pilar o será el día de la guardia civil, o es el día de la fiesta nacional. No sé, es que ya me pierdo con la nomenclatura, lo que si sé es que a nada que se profundice en la historia real, se puede ver que todo es una farsa, un cumulo de hipocresía, en muchos casos que aun sabiendo lo que realmente significa el 12 de Octubre, quieren seguir engañando al ciudadano, al que le da pereza investigar y prefiere creer la falacias patrióticas que les siguen contando.

Para mí, y creo que para muchos más que como yo nos hemos interesado en investigar la historia real, no nos lo han hecho creer, pero siguen intoxicando con la historia falsa, tratando de embaucar a nuestros nietos.

Celebrar como se sigue haciendo el 12 de Octubre de cada año, denominándolo “día de la Raza”, proclamado así en el XIX por Alfonso XIII, o el “Día de la Hispanidad” que así lo llamó el dictador Franco en 1958, ni siquiera el “día de la fiesta nacional» que instauro nuestro ínclito Isidoro, resulta extemporáneo, incongruente, vergonzoso, además de incompatible con los valores morales promulgados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como inadecuados para la deseada convivencia entre las diversas sociedades del mundo actual.

Alguien puede insinuar, tratando de contrastar mi opinión que el 12 de Octubre, fue declarado así por varios países de América latina, pero eso a principios del siglo XX, ha sido sustituido o anulado en casi todos ellos, de manera que ahora se denominan de distintas formas más adecuadas a la realidad, como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, o “Día de la Descolonización “o “Día de la Liberación”, o “Dia de la Interculturalidad”, o “Día del Encuentro de Dos Mundos”, o “Día de las Culturas”, o “Día de la Resistencia Indígena, o “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”, o quizás o como en el caso de Cuba, en lugar del 12, se celebra el 10 de Octubre, como día en que comenzó la Guerra de Independencia contra España en 1868.

Que en pleno siglo XXI, celebremos con tanta pompa y boato esta fecha, es tan aberrante como sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, por haber llevado a cabo una inconcebible y deshonrosa ocupación político-militar, que solo consiguió en una terrible serie de masacres, el exterminio de millones de seres humanos, una esclavitud sin precedentes, y el exilio forzado de cientos de tribus indígenas oriundos de aquellas tierras, actuaciones estas que en ningún caso deberían de ser dignos de festejar.

Como es posible que seamos tan insensibles, que nos sintamos orgullosos de haber colonizado unas tierras y a sus legítimos propietarios, imponiéndoles unas estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, tan inconcebibles para sus costumbres, con unas características tan sumamente machistas, racistas, homófobas, y heteropatriarcales, tan extrañas para ellos y que han dado origen a esas desigualdades, conflictos sociales, violaciones a los derechos humanos, provocando aun a día de hoy, esa evidente vulnerabilidad de las poblaciones originarias.

Como puede ser, que hayamos olvidado y minimizado el impacto tan nefasto de aquellos acontecimientos de hace 524 años, deberíamos de ser un poco más sensibles y conscientes de que en el proceso de colonización, con la llegada de los conquistadores, se provocó el exterminio de 70 millones de pobladores de la región, sintiendo el lógico dolor en lugar de celebrar una masacre.

Alguien me puede decir exculpatoriamente, que no hemos sido los únicos piratas, pero eso evidentemente no nos debe de tranquilizar, es cierto que el ansia imperialista y la arrogancia euro centrista, hundió en la desolación más absoluta toda la expectativa transcendental y milenaria de la vida americana. La llegada de aquellos piratas europeos a aquellas tierras, fue para los aborígenes, así como para la verdadera historia universal, una invasión, una conquista, una masacre.

Se destruyo inmisericordemente el tejido cultural autóctono, imponiéndose una perdida casi absoluta de la riqueza cultural de aquellos pueblos, provocando una evangelización, no deseada, que destruía todas sus creencias ancestrales, así como la destrucción de las economías autóctonas, pasando todo a ser dominio de los invasores, tanto las enormes riquezas naturales, como las gentes que hasta entonces las conservaban y respetaban. Los invasores, destruyeron moral y éticamente a los pueblos originarios, llevándose para la metrópoli todas las riquezas custodiadas por ellos hasta entonces, dejándoles a cambio todo tipo de vicios, enfermedades y pandemias, desconocidas hasta entonces en aquellas latitudes

Son a día de hoy muchos los historiadores que coinciden en que, el 12 de octubre, no hay nada que celebrar, en contra de lo que nos han querido inculcar con la manipulada historia. Coinciden, en que no se realizó con el descubrimiento, ningún acto de civilización, sino todo lo contrario, se destruyó la cultura autóctona. Con esta celebración anual tan arbitraria, negamos el valor de la vida humana, desconocemos a los pueblos aborígenes y también negamos los avances sociológicos, que revelan «la otra historia», la real.

Al margen de todas estas consideraciones , a mi me parece que es bochornoso inmoral e incomprensible, que en pleno siglo XXI con la que esta cayendo, con la sucesión de crisis económicas y sociales en nuestro país, se produzca una ostentación falsa de poder militar, absurda, con militares disfrazados ridículamente, con corazas de acero, cascos con grotescos plumeros, banderitas por doquier, Cabras seguidas por unos hombres, que al tiempo que presumir de masculinidad, van ceñidos como queriendo mostrar sus atributos, un despliegue de carros de combate, aviones y helicópteros cuyo consumo especialmente escandaloso hoy de energía y un largo etc. de aberraciones que en estos tiempos que corren son más para avergonzarse, que para sentir orgullo patriótico.

Pero lo que mas me inquieta, es que tanto los políticos de todos los colores como nuestra siempre “Imparcial Prensa “, de lo único que se ocupan y seguirán haciéndolo en todas sus portadas, durante bastante tiempo, es de que uno de nuestros ocupadísimos monarcas, haya tenido que esperar unos minutos, la llegada del presidente del gobierno, que quizás por una vez, estaba cumpliendo con su obligación de gobernar.

Pero, en fin, este es el País que al parecer queremos.

Paco Ascón
Xares, Octubre 2022

Dependencia Política, ¿Por qué?

¿Por qué, no hemos sabido mantener nuestros ideales?, yo solo os daré mi opinión; porque seguimos siendo reticentes en tomar las medidas, que sabemos que tenemos que tomar, pero claro, unas veces no queremos desairar al gran capital, las otras tenemos que contentar a los que os cobran tan caro su apoyo.

Sabemos, que en la segunda legislatura, cuando tomamos las riendas de este país, al venir prácticamente del exilio, con nuestros ideales a flor de piel, intactos, alguien pensó que no estábamos preparados para gobernar, que habíamos conseguido ilusionar a tanto votante, que el resultado electoral fue tan abrumador e inesperado, que a nuestros inexpertos dirigentes, que solo habían soñado con el poder desde el exilio, se les ocurrió la brillante idea de abrir las puertas a cuantos buitres vividores sin principios pululaban en nuestro país, con ansia desmesurada de poltrona, pero ninguna de trabajar por una sociedad justa. Se les abrieron las puertas de nuestro partido, tras eliminar las básicas condiciones existentes para la pertenencia a él, que siempre habían sido imprescindibles, para todos los que ya militábamos entonces.

Eso supuso que se fueron cubriendo cargos de enorme responsabilidad política, con una serie de personajes indeseables, sin moral y sin principios, que consiguieron torcer los más básicos principios socialistas, que habíamos conservado fielmente en el exilio, desde nuestro Pablo Iglesias, hasta entonces.

Todo desde aquel momento, se fue deteriorando en nuestro seno, se fueron eliminando como bien sabéis, todos nuestros principios básicos socialistas y con ellos, se fueron perdiendo también militantes, que se iban, doloridos por la deriva, sintiéndose profundamente engañados.

Hoy gobernamos, si es que a esto se le puede llamar así, con una considerable carga hipotecaria, con unos socios, pertenecientes a una supuesta izquierda, que también ha perdido completamente su norte, que no ha sido capaz de unirse en unos ideales sociales, que solo les importa mantener su estatus personal y les interesa poco o nada el bien general, vendiendo su apoyo a nuestro partido, de forma torticera, sobornándolo miserablemente, para conseguir sus propias prebendas.

Por otra parte, el pasotismo, la falta de criterio y de capacidad de análisis de la ciudadanía, francamente asusta. Asume cada vez con mas resignación la voraz derechización de nuestros gobernantes, con la consiguiente pérdida de derechos conseguidos y la práctica imposibilidad de conseguir nuevas metas progresistas.

Nuestro gobierno llamado de coalición, tampoco parece disponer de ese criterio y de esa capacidad de análisis, tan necesaria para no seguir destruyendo a los más desprotegidos, dan la impresión de estar empeñados en descalificarse unos a los otros, en lugar de tomar las decisiones, sean las que sean, con la coherencia que se les debe exigir a los miembros de un gobierno, en vez de eso y en lugar de defenderse, se ponen en evidencia unos a los otros, resaltando sus fallos más que sus aciertos, atacándose unos ministros a otros, como si fueran algunos de nuestros varones más destacados por su derechización, da la impresión, de que están deseando mostrar a la oposición, esa evidente y manifiesta debilidad, consiguiendo que nuestro electorado cada vez más desmotivado no sea capaz de orientarse y de entender lo que hacen aquellos a los que les entregaron su confianza

¿Volveremos algún día a nuestra senda?, ¿sabremos ganarnos la confianza, de aquellos que de verdad desean una sociedad sin abismos sociales?, ¿seremos capaces de nuevo de trabajar unidos por una sociedad justa?, ¿recuperaremos la cordura?, ¿seremos capaces de volver a ser socialistas?

Yo, a mi edad, creo que no tendré tiempo de verlo, pero espero al menos que mis nietos puedan vivir en una sociedad, donde las distancias sociales, vitales y económicas, entre unos y otros, sean cada vez menores.

Como veis, sigo siendo considerablemente utópico, pero pobres de nosotros cuando no disfrutemos ni siquiera de una utopía a la que agarrarnos.

Paco Ascón
Militante socialista de Ourense

Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (I)

Por Manuel Ruiz Robles

La crisis del Estado español, acrecentada por el declive de la Monarquía, desembocará, antes o después, en un cambio de Régimen, focalizado por la crisis económica, la guerra de Ucrania y la crisis territorial.

Crisis económica, estimulada por el efecto adverso de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, agravada por la inminente recesión, abatiéndose con intensidad sobre las capas populares.

Guerra de Ucrania, criminal y odiosa, como todas las guerras. Guerras en las que las víctimas civiles no son “daños colaterales”, sino objetivos militares deliberados: Gernika, Carretera de la Muerte (Málaga-Almería), Dresde, Hiroshima, Kiev…

Crisis territorial, motivada por el antagonismo entre el núcleo duro del nacionalismo español (que controla el aparato del Estado) y las naciones sin Estado (Cataluña, País Vasco, Galicia).

Crece la desigualdad económica y se generaliza la pobreza

La incomprensible actuación de los dirigentes políticos de Europa, arrastrados a la guerra por los USA, así como a la imposición de sanciones a Rusia, estancan el conflicto y debilitan la industria alemana, motor de la economía europea.

La crisis, agravada por la guerra, está provocando una subida incontenible de precios, especialmente de los productos básicos -energía y alimentos- golpeando a las clases populares.

Los pobres serán más pobres, las clase medias trabajadoras perderán poder adquisitivo y los ricos serán más ricos.

Tales desigualdades económicas, junto a la insoportable generalización de la pobreza, provocarán conflictos sociales prolongados en el tiempo.

Los militares y el modo de producción capitalista

Los militares formamos parte de la sociedad a la que tenemos el deber de servir.

Sin embargo, la sociedad está atravesada por contradicciones propias del modo de producción capitalista, que la divide en clases con intereses antagónicos. Este antagonismo da lugar a ideologías contrapuestas.

Pese al férreo control que el régimen del capital ejerce sobre los ejércitos, sus miembros no son ajenos a los conflictos sociales nacidos de los antagonismos de clase.

Estos conflictos surgen como consecuencia de las relaciones de producción existentes entre explotadores y explotados, es decir entre los grupos sociales mayoritarios que producen los bienes -la riqueza- y aquellos otros grupos minoritarios que detentan el poder de decidir el destino de la riqueza producida.

Una de las principales contradicciones del sistema de producción capitalista es la apropiación privada del trabajo social.

El saqueo perpetrado a lo largo de decenios de la caja de la Seguridad Social y la pretensión de privatización de las pensiones públicas, está ocasionando una ola de protestas.

El llamado “rescate” de las grandes entidades financieras, con cantidades ingentes de dinero público, no ha sido aún recuperado en su totalidad por el Estado.

La creciente privatización de los servicios sanitarios, acompañada de los recortes en la sanidad pública, degradan uno de los pilares esenciales del llamado estado del bienestar, socavando la salud y la esperanza de vida de la población.

La pauperización de la enseñanza pública con salarios indignos e interinidad abusiva, unida a las excesivas ratios de alumnos en las aulas, redundan en el bajo rendimiento escolar y en las altas tasas de abandono educativo temprano.

Esa dinámica, que tiende a acrecentarse, afecta sobre todo a la clase trabajadora, por tanto a la mayoría de los militares, y más concretamente a las escalas de tropa y marinería. La actividad sindical en los cuarteles, prohibida por ley, impide a estos compañeros la defensa de sus derechos más elementales.

Las escalas de oficiales, por el contrario, detentan privilegios abusivos. Su clasismo de grupo cerrado determina su ideología; ajena al funcionariado, que repudian. Por ello tienden a adoptar creencias y actitudes propias de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad.

¿Colapsará el modo de producción capitalista?

No parece probable que los medios de producción, en un próximo cambio de régimen, pasen a ser propiedad colectiva de la clase trabajadora, pues nadie en sus cabales desea una guerra civil, salvo algunos exaltados fascistas con mando en plaza.

No se trata, por tanto, de plantear la viabilidad del cambio del modo de producción, ni tan siquiera de su conveniencia, cuya concreción plantearía dudas razonables.

En efecto, la Revolución de Octubre de 1917 -que trató de construir un mundo sin explotadores ni explotados, despertando grandes esperanzas entre las clases populares- involucionó hacia formas muy alejadas de las teorías desarrolladas por K. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895) en el siglo XIX. Teorías que pusieron genialmente en evidencia las contradicciones internas del sistema de explotación capitalista.

La crítica de tal modo de producción cambió para siempre la forma de analizar los procesos sociales: “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases”.

El inevitable antagonismo de clases transcurre en nuestros días sometido a constituciones y leyes desiguales. Constituciones resultantes de los procesos históricos por los que cada país ha transitado. El desarrollo de tales procesos determina finalmente el status y el prestigio social de sus Fuerzas Armadas, así como la ideología de éstas y sus valores internos.

La constitución española del 78 refleja el punto de equilibrio entre los antagonismos de clases -jurídico y militar- impuesto por el aparato de la dictadura franquista, que transitó indemne hacia el nuevo régimen. En la llamada Transición, la clase dominante siguió detentando idéntico poder al que ejerció durante la dictadura, quedando en papel mojado toda la falsa retórica constitucionalista referente a los derechos sociales. Mientras tanto, se blindaban los exorbitantes privilegios del Rey, jefe de fila de la oligarquía.

Cuando la lucha de clases se agudiza por efecto de las contradicciones internas del sistema, ésta puede llegar a forzar un cambio de régimen en sentido progresivo o, por el contrario, en sentido regresivo. En ambos casos -de producirse un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas- cambia la base jurídica fundamental, es decir la Constitución, que rige de forma estructural la pugna de intereses entre ambas clases.

Un cambio de régimen no implica necesariamente una revolución que destruya el régimen de producción capitalista; ni, por el contrario, una contrarrevolución que derive en una dictadura militar fascista, forma extrema de la explotación capitalista.

*(Manuel Ruiz Robles es antiguo miembro de la Unión Militar Democrática)

Entrevista: Núria Magdaleno Fuentetaja

Nuria Magdaleno es enfermera generalista, con actividad profesional desde 1994. Ha trabajado en distintos ámbitos del sistema sanitario público español, tanto local como autonómico y central de la Administración: Atención Primaria urbana y rural, residencias geriátricas y Atención Hospitalaria. Desde 2002 desarrolla su actividad en Urgencias hospitalarias de distintos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad desempeña su labor y en el Hospital General Universitario 12 de Octubre, desde 2011.

Pregunta.- Llevas muchos años trabajando en la Sanidad Pública ¿En qué momento comenzó el deterioro de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Comenzó con la construcción de los 7 hospitales privados en tiempos de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008, que supusieron un drenaje de dinero público. Las obras costaron 663 millones de euros (747,4 millones de euros según la Cámara de Cuentas).

Progresivamente el deterioro se ha ido incrementando, hasta llegar a la situación actual en la cual ya está descontrolado (citas superiores a 15 días en Atención Primaria, de varios meses con el especialista, cierre de Urgencias extrahospitalarias…)

P.- Las condiciones de trabajo del personal sanitario hospitalario ¿Se ajustan a las necesidades del trabajo que desempeñáis?

R.- Actualmente, en el servicio de Urgencias hospitalarias, existe una sobrecarga de trabajo debido a demoras en las citas en Atención Primaria y Especializada y el cierre de los SUAP, con lo cual no hay dique de contención que frene la llegada de pacientes a Urgencias en el Hospital.

Ello unido al despido de más de 6.000 sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores…) efectuado por la Consejería de Sanidad en marzo de 2022.

A veces, la situación ha llegado a ser tan insostenible que han pedido “voluntarios“ para doblar turnos… después de despedir a más de 6.000 sanitarios en Marzo de 2022.

P.- ¿Y las salariales?

R.- La Comunidad de Madrid es la cuarta por la cola en los sueldos a los sanitarios, cuando el coste de la vida/vivienda sólo es comparable a País Vasco, Cataluña y Baleares.

Esto, unido a los contratos que se realizan (los hay por días), hace que muchos sanitarios huyan de Madrid, no sólo a otros países de la Unión Europea, sino a otras Comunidades de España.

P.- Participaste en la gran manifestación del día 13 ¿Cómo la viviste, qué ambiente percibiste?

R.- SI. Fue una manifestación histórica, sólo comparable a las del 23 F, terrorismo (ETA y 11 M) y las manifestaciones del NO a la guerra de 2003.

P.- La situación de la Sanidad Pública en Madrid está afectada por el histrionismo de la presidenta, pero ¿Piensas que la situación de desmantelamiento de la Sanidad Pública es similar en otras comunidades autónomas?

NO, la situación en la Comunidad de Madrid no es comparable a la de otras Comunidades.

Esto se puede analizar objetivamente:

1.- El número de sanitarios que han huido de la Comunidad de Madrid es muy superior al de cualquier otra Comunidad.

2.- El porcentaje de la población de la Comunidad de Madrid que ha contratado un seguro privado de salud en los 2 últimos años es muy superior al del resto de las Comunidades.

P.- Como profesional sanitaria que eres ¿Qué opinión tienes de los hospitales públicos que se han entregado a la gestión privada?

R.- Lo considero un drenaje de recursos públicos detraídos de la Sanidad Pública Madrileña.

El caso más extremo de esta situación es el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de losReyes, donde la torre número 4 de dicho hospital permanece cerrada a pesar de tener un equipamiento hospitalario completo (quirófanos, habitaciones…) que no tiene el Zendal, donde se han enterrado millones de euros.

En medio de la pandemia, muchos sanitarios y madrileños pedimos la apertura de estas instalaciones hospitalarias cerradas.

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