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Editorial: No somos neutrales

Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.

No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.

Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.

La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.

Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.

A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.

No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.

Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.

Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.

Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.

La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.

La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.

Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.

Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.

Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.

Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.

No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.

En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.

Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.

Comite Redaccion Tribuna Socialista.
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Editorial: ¡Alto a la Guerra social y militar!

La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.

Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.

La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:

Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).

Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la persona de (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:

“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”

A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.

Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.

La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.

Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.

Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.

La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.

El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…

La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.

Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.

Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.

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Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022
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Editorial: Doce meses de destrucción y muerte

Se ha cumplido el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania; concretamente el pasado 24 de febrero, día de 2022 en el que las tropas de Putin invadieron territorio ucraniano.

Las cifras son espeluznantes. En septiembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general, Serguéi Rudskoi, afirmaba que 14.000 soldados ucranianos podrían haber muerto desde el inicio de la guerra. Un par de meses después, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., hablaba en la BBC de 200.000 soldados muertos -100.000 rusos y 100.000 ucranianos-, además de 40.000 civiles. En el mes de enero de este año, el jefe del ejército de Noruega, calculaba que 180.000 soldados rusos han muerto o que habían resultado heridos durante el transcurso del conflicto.

La propaganda de guerra -los medios de comunicación al servicio de la guerra- hace muy difícil conocer la verdad, y más aún la exactitud de muertos, heridos y desaparecidos, quizá algún día lo sepamos. Toda guerra es la máxima expresión de la barbarie. National Geographic cifra en 10 millones de muertos y 20 millones de heridos en la I Guerra Mundial. La Enciclopedia del Holocausto eleva a 55 los millones de personas muertas en la II Guerra Mundial, no sabemos si esa cifra incluye los, entre 50.000 y 100.000, muertos en Hiroshima que, el 6 de agosto de 1945, provocó la primera de las bombas atómicas que lanzó EE.UU., ni los entre 30.000 y 50.000 muertos que provocó la segunda bomba, lanzada tres días después sobre Nagasaki,. La BBC cifra en más 58.000 los soldados estadounidenses muertos en Vietnam y en no menos de 1,1 millones de vietnamitas. La guerra de los Balcanes, que se desarrolló entre 1992 y 1995, dejó 130.000 muertos… Un solo muerto ya es un espanto.

La destrucción de Ucrania está siendo doble: física, con la destrucción de viviendas, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, estaciones eléctricas… y social, pues son más de 7 millones de personas las que se encuentran refugiadas en otros países de Europa y otras tantas las que se encuentra desplazadas, fuera de sus hogares, en el interior de Ucrania. El drama de la guerra se está cebando con mujeres y niños y niñas, como siempre. Ya en marzo del pasado año, el Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa advertía del riesgo de ser víctima de trata en un momento en el que el flujo de refugiados en Europa estaba experimentando «su mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial».

Muerte, destrucción y sufrimiento es lo que sufre el pueblo ucraniano. El resto de los pueblos de Europa, incluido el pueblo ruso, están sintiendo los efectos del intercambio de sanciones económicas, en forma de empobrecimiento y deterioro de los servicios públicos; sanciones que, a la vista de los resultados económicos de las grandes empresas de la energía, los combustibles, la banca, el armamento, etc., solo afectan a los más débiles. Un efecto perverso, el de las sanciones, que llevamos décadas viendo en Cuba, que se vio en Irak, que se continúa viendo en Siria…; las sanciones son para los débiles, los ricos sacan producto de la guerra.

Pero la llama de la resistencia contra la guerra no está apagada. Más 1.200 militantes; políticos y sindicales, docentes, periodistas, activistas de diversos movimientos y 29 organizaciones a nivel internacional han firmado el Manifiesto ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!, manifiesto que se hizo público el pasado 11 de enero.

Diputados del Bundestag han llevado a cabo una movilización el pasado día 25 d febrero ante la Puerta de Brandemburgo, en Berlín, para llamar a la paz y la negociación. Este llamamiento ha sido apoyado en Change por más de 600.000 firmas. Como en Berlín, en Madrid, en Génova, en Bruselas, en Londres y en otras grandes ciudades europeas, miles de personas han salido a la calle a decir ¡Alto a la Guerra!

A lo largo del mes de febrero han tenido lugar actos por el ¡Alto a la guerra!, manifestaciones y concentraciones, de forma acentuada en los días del aniversario de la guerra, los días 24 y 25 de febrero, y hay actos programados para estos días próximos de marzo. De todo ellos se da cuenta detallada en los Boletines informativos del CATP. Toda esta actividad es ninguneada por los medios de comunicación de masas.

Las bravuconadas de Putin y Biden, lanzadas en escenarios y platós de TV al aire libre, acompañan a los presupuestos de guerra a los que la OTAN empuja a sus aliados, a los que el epígono de Stolypin responde que dedicará recurso ilimitados a la guerra y que suspende el tratado de control de armas nucleares. ¿Dónde nos quieren llevar? La barbarie no es la garantía de la democracia y la libertad.

La sociedad tiene que despertar, y lo va a hacer con o sin el concurso de las organizaciones políticas y sindicales que debieran estar, desde hace tiempo, al frente de la movilización y la organización contra la guerra y la barbarie.

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Editorial: La Economía va bien, según a quién preguntes

El legítimo ejercicio de decir lo que se piensa es tan saludable como hacer deporte. Es agotador, sí, como el ejercicio físico, pero según los facultativos estimula el organismo y se duerme mejor. También se corre el riesgo de lesiones, pues siempre habrá quién nos pongan una zancadilla o la etiqueta de “enemigo”. El Comité de Redacción de Tribuna Socialista venimos practicando esta disciplina desde que iniciamos la actividad en julio de 2005, y lo hacemos como un deporte de equipo, debatiendo cada editorial que firmamos. En TS-140 queremos poner el foco en la situación económica.

El Gobierno de coalición resalta y pone en valor lo bien que va la economía: el IPC se ha moderado al 5,7% “el más bajo de Europa”; la tasa de paro es la de las más bajas desde que hay registros; la temporalidad ha caído en picado; tenemos los precios de energía, gas en particular, más bajos de la UE…

Todo eso que se dice y se publica es cierto, los datos son irrefutables. No obstante, como decía Gila: “depende de con quién lo compares”.

En relación con el IPC(1), en 2021 se impuso el IPC medio, 3,08%, para la revalorización de las pensiones y para las comparativas con el incremento salarial, cuando el IPC interanual a diciembre fue del 6,5%. Este año que ha terminado, el IPC medio se ha situado en el 8,39%, sin embargo, se toma de referencia el interanual a diciembre que ha sido del 5,7%.

Las Pensiones contributivas, que representan el 95% de todas las pensiones, se revalorizaron para 2022 con un 2,5%, cuando debieran haberse revalorizado con el 6,5%, acorde al IPC de diciembre. Por lo que las pensiones contributivas arrastran un déficit del 4%. Para 2023, la revalorización aprobada por el Gobierno para las pensiones contributivas es del 8,5%, parejo al IPC medio del año pasado, por tanto, siendo una medida positiva motivada por la movilización del movimiento de pensionistas del 15 de octubre, se arrastra una pérdida de poder de compra del 4%. Sin olvidar la pérdida de poder adquisitivo de los años en los que el PP impuso el incremento de las pensiones con un mísero 0,25% (de 2014 a 2017 ambos inclusive).

Por su parte, los salarios se incrementaron en promedio el 1,47% y el 3,24%, en 2021 y 2022 respectivamente. Esto supone una pérdida acumulada, en estos dos últimos años, del 7,54%. Comparando el incremento con el IPC de diciembre, que es el que el Gobierno está utilizando este año.

Hay que señalar, pues ahí el foco alumbra con menos intensidad, que el IPC de la cesta de la compra: Alimentación y bebidas no alcohólicas, se ha situado en el 15,7%, prácticamente tres veces el IPC interanual y el doble que el IPC medio. Esto vale para salarios y para pensiones. Para evitar este juego de IPCs; entre interanual, subyacente, medio… habría que aplicar el mismo principio que se utiliza en derecho penal: “la condición más beneficiosa”, en este caso para el ciudadano. Como veremos a continuación esta propuesta no es descabellada, a la vista de los beneficios empresariales.

Para la clase empresarial la economía va muy bien, aunque no lo reconozcan. Los beneficios de las 35 empresas que componen el Ibex, se estiman en 56.321 millones de euros, al cierre de 2022, a expensas de que las empresas hagan públicos sus beneficios al cierre del 4º trimestre de 2022. Banco Sabadell ya ha declarado que, en 2022, ha obtenido un 62% más de beneficio neto que en el ejercicio anterior.

Un dato que orienta sobre la lujuria en la que está instalado el mercado libre, libre según para quién, es la remuneración de un banquero (no confundir con un bancario) del Banco Santander que en 2021 percibió una remuneración de 14,6 millones de euros; dato aportado por la Asociación Española de Banca (AEB). Alguien puede argumentar que esto es anecdótico, pero estaría mintiendo, pues la “anécdota” beneficia, al menos, a 221 directivos del sector financiero, que cobran más de 1 millón de remuneración cada año, según la misma fuente, la AEB. Por ejemplo, la señora Botín, presidenta del Banco Santander percibió en 2021 (aún no hay datos del 2022) 12,29 millones de euros, un 23% más que antes de la pandemia. El consejero delegado del BBVA, el Sr. Álvarez tuvo una remuneración de 9,16 millones de euros y el presidente de Caixabank, el Sr. Goirigolzarri, dobló la remuneración que tenía en Bankia, al pasar de cobrar en torno a 800.000 euros al año, cuando Bankia era de propiedad pública, para percibir en 2021 1,7 millones de euros. Remuneraciones que no incluyen las aportaciones a los Fondos de Pensiones.

Estos datos son de estos años de pandemia y crisis. Datos que no permiten pensar más que el alza desmesurada de los precios tiene la finalidad única de saquear los bolsillos de la clase trabajadora para cebar las cuentas de una minoría social privilegiada. Una vergüenza, en definitiva, porque esos beneficios salen del incremento de los precios de los productos básicos.

La lujuria económica no está instalada solo en el sector financiero. Se estima que las empresas de la energía también han obtenido beneficios multimillonarios: Iberdrola 12.825 millones de euros, Repsol 6.033. O las de telecomunicaciones, como Telefónica, con un beneficio estimado de 12.815 millones de euros. Los presidentes de estas empresas obtuvieron remuneraciones estratosféricas, en 2021: el señor Galán, presidente de Iberdrola, se embolsó 13,2 millones de euros, el Sr. Brufau, presidente de Repsol, obtuvo una retribución de 2,77 millones de euros y el presidente de Telefónica, el Sr. Álvarez Pallete, percibió 1,92 millones de euros.

El Banco de España ha hecho público que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios. ¿Solo 7 veces? Teniendo en cuenta que, según el INE, el salario mediano en España en 2021, mismo año de las cifras dadas respecto a las remuneraciones de los altos directivos, fue de 1.757,4 € brutos. Según esto, los percibido por el presidente de Iberdrola supone 626 veces el salario mediano de los trabajadores y trabajadoras, y la remuneración de la señora Botín supone 583 veces dicho salario mediano.

En una cosa tiene razón la ministra Belarra, cuando llama “capitalistas despiadados” a los propietarios y directivos españoles, y pone de ejemplo a Juan Roig, presidente y propietario de Mercadona – este señor tuvo un sueldo bruto de 10,65 millones de euros en 2021-. Si tomamos el Convenio Colectivo de Mercadona, veremos que el grupo profesional mejor pagado es el de “Gerentes y Coordinadores”, con un sueldo base mensual de 1.643,35, es decir que el Sr. Roig, ese que tanto se ha ofendido por las palabras de la ministra, gana 540 veces más que la media de los mejor pagados de su empresa. En lo que no tiene tanta razón la Sra. Belarra, o habría que matizar, es en que solo señala a los capitalistas despiadados, como si hubiese un capitalismo no despiadado.

Por otra parte, en relación a los datos de empleo, es indudable que las estadísticas de temporalidad han mejorado, en el sentido de que con el cambio legal en la última reforma laboral, la que no derogó los aspectos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012; al derogar el “contrato de obra o servicio” y flexibilizar, es decir, ampliar las posibilidades de uso del “contrato fijo-discontinuo” la temporalidad ha caído de forma muy significativa, al haberse reducido un 5%, respecto a 2021.

El número de parados, con datos de la EPA a cierre del 4º trimestre de 2022, se ha situado en 3.024.000 (12,9%), lejos del 1.927.600 (8,60%) que arrojó la EPA al final de 2007, mejor dato de paro previo a la citada crisis. El empleo de los jóvenes menores de 25 años tampoco ha ido bien, pues el paro juvenil ha subido del 31,2% de 2021 al 32,3% en 2022.

Hay un dato que quizá nos dé una imagen fidedigna de la situación del empleo en nuestro país, como lo es el número de horas trabajadas semanalmente, dato que el INE desagrega por trimestres. Según esta fuente, la media de horas trabajadas semanalmente, por los y las asalariados, en 2008, fue de 547.787.300, mientras que la media de los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de 521.109.100, un 4,87% inferior al primer año de la gran crisis de lo que va de s. XX. ¿Se puede decir que hemos salido de la crisis de 2008? La mayoría de la sociedad no.

El último informe que publicó el INE, en junio de 2022, en base a los datos de 2021, el riesgo de pobreza se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

Podríamos analizar otros factores e índices, pero ya no sería una editorial sino una tesis, y no es nuestra intención desarrollar un documento excesivamente extenso. Con los datos analizados, podemos sacar al menos tres conclusiones objetivas:

  • Los salarios y las pensiones están perdiendo poder adquisitivo.
  • La inflación no se justifica, en un porcentaje muy importante, con el alza de los carburantes y/o la energía, sino con el incremento de los márgenes de beneficio de las grandes empresas y grupos empresariales.
  • Los datos estadísticos de empleo han mejorado, pero aun no se ha recuperado el nivel de empleo ni de horas trabajadas previo a la crisis económica que el mercado libre desató en 2008.

Y alguna conclusión política:

  • Están muy bien la ayudas y medidas que el Gobierno viene tomando, pero es evidente que esas medidas paliativas y transitorias no resuelven los graves problemas estructurales que generan pobreza entre las asalariados y asalariados.
  • Que no es posible hablar de pactos de rentas, no de hecho ni de derecho, con una clase empresarial avariciosa y despiadada.
  • Que es necesario defender las rentas del trabajo, no solo en el salario directo (los sueldos), también el salario diferido (las pensiones) y el salario indirecto (los servicios públicos: Sanidad, Educación y Dependencia.

Fuente: INE

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Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

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Editorial: No acatar los dictámenes del TC, es defender la democracia

l jueves 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una vuelta de tuerca más a las presiones sobre el Gobierno (el Ejecutivo) y las Cortes (el Legislativo), para impedir que estas voten el cambio del sistema de renovación en el CGPJ y en el TC y seguir bloqueando ambos organismos. Impiden con un auto judicial que el poder legislativo; único poder que emana directamente del pueblo, supuestamente soberano, pueda cambiar las leyes, aunque estos cambios no sean de la conveniencia de los miembros del TC y del CGPJ.

La connivencia con el PP es tan descarada que les resulta imposible ocultarla; el TC jamás se había dado tanta prisa en admitir a trámite el recurso de Amparo de un particular o de una organización. Por contra, rechazan las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidad Podemos, el Congreso, el Senado y la Fiscalía. Esta última, solicitó la recusación de Tribiño y Narváez por tener caducado su mandato desde hace seis meses y afectarles de forma directa el cambio legal en cuestión, lo que no ha sido obstáculo para que ambos magistrados votasen en la decisión del Pleno del TC.

El Tribunal Constitucional fue creado para que hiciera de guardián de la Constitución, lo hace de forma absolutamente sesgada, pues no es para nada imparcial y hace una lectura reiteradamente favorable a los intereses del bloque conservador, representante claro de los intereses de la minoría privilegiada de la sociedad. Como garante de los intereses de esa minoría privilegiada, se pronunció a favor de reforma laboral en sus contenidos más lesivos para los trabajadores, o cuando el Parlament de Cataluña aprobaba leyes que protegían a las familias sin recursos económicos, para que las compañías eléctricas no pudiesen cortar los suministros energéticos de sus casas, declarando inconstitucionales estas medidas protectoras.

La intervención TC en el Estatuto de Cataluña se produjo después de ser aprobado por las Cortes Generales, el Parlament de Cataluña y por un referéndum pactado, demostrándose, por tanto, que no es la primera vez que el TC se inmiscuye en asuntos que no son de sus competencias y que se sitúa por encima de la soberanía popular, creando la discordia y el enfrentamiento entre pueblos, y dejando al descubierto los nudos del “atado y bien atado”.

Esta vez han ido más lejos, impidiendo que los diputados elegidos por el pueblo cumplan con las funciones que son propias de cualquier parlamento de nuestro entorno, proponer leyes debatirlas y en su caso aprobarlas es, en definitiva, legislar.

Quieren impedir que se realice la reforma del Código Penal tanto en lo que respecta a la sustitución de sus miembros que, sin duda, está más que justificada, porque necesitan tener un aparato judicial que garantice que, por encima de las decisiones democráticas, se paraliza cualquier avance social que no sea de la conveniencia de los intereses económicos de los de siempre, como cuando el Tribunal Supremo se pronunció groseramente a favor de la Banca y en contra de los ciudadanos, en el asunto de los gastos notariales de las hipotecas. Pero no interfieren en la evidente destrucción de la sanidad pública y el sistema público de pensiones, en eso sí colaboran.

La intromisión del TC en el poder legislativo ha recibido, entre otros, el calificativo de “golpe de las togas”. Un golpe que demuestra la incompatibilidad de la democracia y la judicatura que hunde sus raíces en el franquismo y pone al descubierto el verdadero carácter de esa institución que, al igual que el CGPJ es presidido por el Rey Felipe VI cada año, al inicio del año judicial y que solo obedece a la defensa de la institución monárquica. Vivimos por tanto en un sistema, que dice ser democrático, cuyo jefe del Estado es jefe a su vez de los tres ejércitos, como lo fue el Dictador durante 36 años, es inviolable e irresponsable, y, por si algo falla, está el “cortafuegos” de un Tribunal Constitucional que se sitúa por encima de los otros dos poderes del Estado, dejando la división de poderes en un chiste sin gracia.

Los hechos ocurridos durante estos días muestran que la Constitución del 78, fruto del pacto con los franquistas, no da para más; hace aguas por lo cuatro costados, grietas por las que solo supura corrupción. Una democracia que está atenazada, controlada y mutilada, no es merecedora de tal nombre, no, al menos, para resolver las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social.

Aceptar que el Congreso de los Diputados y el Senado queden cautivos del TC no solo debe ser rechazado, es intolerable, y como tal no debería ser acatada por ninguna de las cámaras de representantes con mayoría suficiente. Acatar las decisiones del TC, da alas a la derecha y los anima a continuar en sus ataques a derechos y libertades.

La gravedad de los hechos acaecidos hace necesario que las organizaciones que se reclaman de izquierdas y los sindicatos, convoquen movilizaciones masivas. Movilizaciones a la que los socialistas debemos acudir y ocupar el lugar que nos corresponde, trasladar a nuestros dirigentes que es urgente deshacerse de estos organismos para defender los derechos democráticos. El socialismo es avance social, no conservadurismo. El socialismo debe garantizar que los representantes del pueblo ejercen su mandato sin ningún obstáculo.

Ante la situación que vivimos, que se viene pudriendo desde hace mucho tiempo, el socialismo debe trabajar por la democracia plena, en el marco de la República.

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista
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Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista
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Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

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Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

Destacado

Editorial

No es honesto guardar silencio

No podemos mirar para otro lado ni guardar silencio ante la barbarie. Tal cosa sería impropia de personas que dicen ser socialistas, progresistas, de izquierdas.
Lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes día 24 es un crimen, como los de guerra. Esta acción de la gendarmería marroquí no se puede justificar, bajo ningún concepto; por encima del respeto a la vida humana no se pueden poner las normas, las leyes ni la soberanía (en marruecos la soberanía no es precisamente del pueblo). De la misma manera que es injustificable la acción de la Guardia Civil española que, mientras los desesperados subsaharianos se amontonaban sobre las concertinas de la valla, se dedicaban a lanzarles pelotas de goma a bocajarro ¿qué acción violenta había que reprimir?, la misma violencia que ejercían los 15 muertos que el 6 de febrero de 2014 trataban de llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, que tan solo nadaban para intentar salvar su vida.
Asombra escuchar las declaraciones del Gobierno español. Del Gobierno de Marruecos, sometido por una dinastía sátrapa no sorprende, aunque han pasado una línea que nunca se debería trasgredir; por el crimen cometido y por el desenlace de esconder los cuerpos en una fosa común, sin autopsia ni identificación. ¿Dónde ha quedado el respeto a los Derechos Humanos?
Este crimen se ha cometido a las puertas temporales de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tribuna Socialista no somos neutrales ni tomamos posición por esta estructura militar que, con unas formas u otras, lleva en España, y España vinculada a ella, desde 1953, como ya explicitamos en la editorial del número 134 de Tribuna Socialista. Es un error caer en el frentismo. Nuestra posición está del lado de los pueblos; por eso exigimos la retirada inmediata del ejército de Putin de suelo ucraniano y decimos no a la Guerra, decimos no a cualquier guerra que se lleva por delante la vida de civiles y de soldados de ambos bandos, hijos de familias trabajadoras, en este caso rusos y ucranianos.
Pero la guerra contra los pueblos y los menesterosos toma muchas formas. Las “armas” económicas de los oligarcas, imperialistas y explotadores de toda laya tomaron la forma de reformas laborales en 2010 y 2012 y tuvieron como consecuencia la destrucción masiva de derechos y calidad de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país; devaluaron y precarizaron el empleo, empujando a millones de ciudadanos a las puertas de la pobreza, cuando no a la pobreza misma: recordemos que hoy el salario más frecuente en España es de 1.357 € en 14 pagas, 357 € más que el SMI. Un 32% inferior al engañoso salario medio (que se halla contando salarios como el del Gobernador del Banco de España, quien en 2021 obtuvo un sueldo anual de 214.956,01 €).
En paralelo a la Guerra en Ucrania, recorre toda Europa una ola inflacionaria provocada por la especulación de los carburantes, la energía y los alimentos, entre otros productos de primera necesidad. La reacción de los gobiernos, de todos, no ha tenido ni por asomo la contundencia que los cuerpos de represión han ejercido en la valla de Melilla. La respuesta está siendo de parches. Respuesta que eso que llaman los mercados se está tomando a risa, pues tanto las rebajas fiscales como las subvenciones del Gobierno español han aplicado a los carburantes han sido absorbidas por los oligarcas de la luz, el gas, el petróleo…
Ante esta situación, en su conjunto, es llamativo el silencio de las organizaciones que se reclaman de la izquierda; políticas y sindicales. Han puesto sordina a sus quejas. Tienen la misma actitud que Podemos, IU y el PCE (miembros también del Gobierno) que se quejan, dicen no estar de acuerdo con esto o con aquello y punto. Los derechos sociales y laboral es no se consiguieron con cortes mediáticos y declaraciones de intenciones.
Lo que está ocurriendo e muy grave.Estamos en una etapa de crecimiento armamentístico muy peligroso. Es llamativa la docilidad con la que la Unión Europea se está subordinando a los intereses de los EE.UU.; el gran beneficiario con el incremento de los presupuestos para armamento y con las restricciones a la compra de gas y petróleo a Rusia es EE.UU., quien está incrementando exponencialmente sus ventas de gas licuado a España y al resto de países de Europa. ¿Tendrá estos relación con la maniobra de la Administración Biden para que España gire en su política respecto al Sahara?
¿a quién beneficia si Argelia corta o incrementa el precio del gas que consume España?
El hecho de que el Gobierno de Rajo y en 2014 aceptase incrementar el presupuesto en defensa al 2% del PIB, compromiso que el Gobierno actual está por la labor de cumplir a rajatabla, es una bomba para los servicios públicos del Estado español, ya de por sí muy deteriorados por la crisis económica de 2008 y por la pandemia de 2020/2021.
Los ataques se anuncian últimamente, pero parece que no escuchamos: los organismos internacionales dicen que los gobiernos tienen que reducir su deuda pública y que tiene que rebajar el déficit público. Es decir, que hay que amortizar deuda y que no se pueden endeudar más para cubrir las necesidades sociales. No olivamos la reforma constitucional del Artº 135.3. Todo ello a la vez que van a duplicar el presupuesto en Defensa para alcanzar los 23.000 millones de euros (el equivalente al 2% del PIB actual), desde los 9.700 de este año.Está claro de dónde va a salir el cuadre de las cuentas: de Sanidad, de Educación, de Dependencia y de Pensiones.
Pero no están dispuestos a cuadrar las cuentas exigiendo que la banca privada devuelva los 100.000 millones de euros públicos que se le dieron (65.000 en efectivo para el saneamiento + 35.000 de la Sareb). Como se resisten a cumplir el compromiso legal de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para saldar la deuda de más de 103.000 millones con las pensiones, por el uso indebido del dinero de las pensiones para otras partidas que debieran haber sido asumidas con dinero de los impuestos.
Lo ocurrido en la Valla de Melilla nos da la pauta de hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus intereses la minoría social que dirige el mundo. La pena es que esto solo es posible por la colaboración de los dirigentes.
La emigración, en este caso africana, es producto de la destrucción de estos países llevado a cabo por las potencias imperialistas europeas y sus multinacionales que explotan las riquezas de estos países, empujando a la emigración a su juventud y utilizan después a los emigrantes como mano de obra barata y sin derechos.

Comité de Redacción
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Editorial

Ni un euro para la guerra

Puede que al Gobierno le llene de orgullo albergar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Sin embargo, para las personas y organizaciones de izquierdas, que se mantiene leal a sus valores y principios, es una vergüenza y motivo de rechazo. Es por respeto a uno mismo y porque los hechos, pasados y presentes, son irrefutables. Quizá la falta de respeto a los valores y principios sea lo que esté detrás del ascenso de la derecha en el mundo; no tanto por acierto de a la derecha como por la pérdida de apoyo de la izquierda.

Rechazamos con rotundidad la invasión que la Rusia de Putin está llevando a cabo desde hace tres meses en Ucrania. En distintos actos que hemos participado en nombre de Tribuna Socialista hemos dejado claro que la acción expansionista de, carácter militar, llevada a cabo por la OTAN no justifica la acción criminal de Putin. De la misma manera que la guerra iniciada por Putin no justica la aceleración de los planes de OTAN por tomar posiciones en el este de Europa. Nuestra posición está en defensa de los pueblos; del ucraniano en primer lugar, como del ruso y de todos los pueblos del continente europeo.

No olvidamos que en septiembre de 1953, el Gobierno franquista firmó el vergonzoso “Pacto de Madrid” con la Administración de Eisenhower: los EE.UU., se comprometían a suministrar a la España de Franco material de guerra de segunda mano, concedía créditos (a devolver) al Gobierno de Franco por valor de unos 1.500 millones de $, a condición de comprar productos estadounidenses, y a cambio Franco y su Gobierno le cedían espacio en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón a los EE.UU., para que estableciese bases militares y el ejército franquista y la Guardia Civil ejercían de guardianes y protectores de dicha bases. Estos acuerdos se han ido ajustando y modificando a lo largo del tiempo, como cuando en julio de 1974 el actual Emérito suplió a Franco en funciones de jefe del Estado para ratificar estos acuerdos con la Administración Nixon.

¿Se puede decir que hoy la izquierda asume las decisiones políticas de los ilegítimos gobiernos franquistas?

La OTAN nace el 4 de abril de 1949, no por casualidad en Washinton D.C., bajo los auspicios de los EE.UU., con 10 países (hoy la conforman 30 países). Los Estados Unidos dirigen esta estructura militar que no ha parado de crecer hacia el este de Europa. Tienen en su historial la curiosa manera de “salvar vidas” bombardeando ciudades y causando miles de muertes; es el caso de la intervención de la OTAN en 1999 en la extinta Yugoslavia.

Fue el Gobierno de Calvo Sotelo quien, en mayo de 1982, hace ingresar a España en la OTAN. En la práctica, nada cambió respecto al periodo 1953/1982.

En enero de 1986, el Gobierno de Felipe González convocó un referéndum (que se celebró el 12 de marzo de 1986) para ratificar la permanencia de España en la OTAN. Un referéndum plagado de manipulación mediática, cuyo voto favorable solo obtuvo el 56,85%, con una abstención del 60%.

Nadie que se reclame de izquierdas puede asumir estos antecedentes: decisiones franquistas, decisión de un Gobierno salido de un intento de Golpe de Estado y el referéndum que avergonzó y avergüenza a tantos y tantas socialistas en el Estado español. Rechazar la OTAN es rechazar ser partícipes de una estructura militar al servicio de los intereses del mayor imperialismo del planeta, y sus consecuencias para los pueblos que componen el Estado español.

Siendo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la cumbre de la OTAN celebrada del el 4 y 5 de septiembre de 2014, en Cardif, acordaron incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, hasta 2024. Estos acuerdos fueron asumidos por el Gobierno de M. Rajoy.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2014, España destino 5.743 millones de euros a Defensa(1). El presupuesto ha crecido el 70,49% en estos 8 años, hasta los 9.791 presupuestados para este año 2022(2). El actual Gobierno ratificará, previsiblemente, el acuerdo de 2014 en la cumbre del próximo mes de junio. Esto significa que en los próximos dos años tendrán que aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido, es decir, llegar a los 24.000 millones de euros; teniendo en cuenta que el PIB español se situó en 2021 en 1,2 billones de euros.

Es políticamente importante señalar que las administraciones de Obama, Trump y Biden, mantienen exactamente la misma política expansionista y de fomento de la industria militar.

Es inaceptable este incremento en gasto militar mientras mantenemos un paro cronificado por encima de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo, mientras la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE, mientras 2021 cerró con 1.024.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras la tasa de paro juvenil está, a cierre de 2021, en el 30,7%.

No aceptamos este brutal incremento del gasto militar para mantener la política imperialista de la OTAN y los Estados Unidos, en tanto que la Sanidad, la Educación y la Dependencia públicas continúen en franco deterioro por el recorte de los presupuestos en gasto social. Recorte del gasto que ya se anuncia, en base a las llamadas del FMI y de la Comisión Europea a rebajar deuda y a que en los próximos meses volverán las reglas, suspendidas por la pandemia, de control del déficit público.

En este contexto se pide un “Pacto de Rentas” a patronal y sindicatos. A lo que la patronal exige que los salarios se incrementen por debajo del IPC, lo que equivale a continuar devaluando los salarios. A la par que desde Bruselas se indica que las pensiones no deben revalorizarse por encima del IPC; ya en 2021 se han devaluado un 4% por debajo del IPC (subieron el 2,5% frente al IPC interanual del 6,5%).

Estos planteamientos los hacen cuando las 35 empresas del IBEX han batido récord de beneficios en 2021, más de 58.000 millones de euros, y se encuentran entre las principales responsables de que la inflación esté desbocada. Estos beneficios, en el caso de las empresas de la energía, demuestran que es falso que los costes de producción de la electricidad obliguen al alza del precio de la luz. Lo que obliga a subir el precio de la luz es la presión de los inversores por incrementar el reparto de dividendos multimillonarios. Esta es la interpretación que hacen los empresarios del “Pacto de Rentas”.

Por ende, rechazamos la política de sometimiento de nuestro Gobierno a los dictados de la OTAN o, lo que es lo mismo, de los USA, consistente en incrementar los presupuestos militares en detrimento de los gastos sociales. Poco ha cambiado en este aspecto desde 1953, quizá tenga que ver con que la jefatura del Estado no ha dejado de estar en manos de un militar desde 1939.

Tribuna Socialista participará y llama a participar en el Encuentro Internacional que se prepara para el 25 de junio en Madrid, así como en la Manifestación unitaria que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del 26 de junio.

(1)https://www.defensa.com/espana/defensa-recorta-presupuesto-3-2-para-2014-gasto-defensa-espana

(2)https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

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1º de mayo:

¡Subir salarios!, ¡contener precios!,¡Igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

Este 1º de mayo, los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos la oportunidad de salir a las calles a denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones, y reivindicar que se revierta la situación. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 8,4%. la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la de las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, en la actualidad la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pensiones que sufre la clase trabajadora es de un 8,35%, 7,8% y 7,3% respectivamente, con respecto al año anterior. Cabe reseñar que entre los años 2008 y 2019 la pérdida de poder de compra de los salarios ya había caído un 4,8% Los sindicatos reconocen que se está generando “un polvorín social que pone en riesgo la recuperación económica”.

Aumentar salarios y reducir los precios son necesidades urgentes, pero… ¿por qué suben los precios? La primera respuesta quizás sería La guerra de Putin. Sin embargo, el IPC del 2021 se cerró en diciembre con un aumento del 6,5%, y la invasión de Ucrania fue el 24 de febrero de 2022. Por tanto, la guerra de Putin no es la causa del aumento de los precios, es la acción especulativa del mercado lo que desboca la inflación.

Según el gabinete económico confederal de CCOO, los precios al consumo han aumentado más en España que en el resto de la Unión Europea (ver gráfico 1). La razón está en una excesiva dependencia energética del gas, y del lucrativo negocio que el sector energético supone para las multinacionales quienes actuan en régimen de oligopolio y especulan a su antojo. Quienes pagamos su “fiesta de los beneficios”, otros lo llaman “pa la saca”, somo los trabajadores, que vemos como cierran nuestras empresas, temporal o definitivamente, por no poder hacer frente al aumento de la energía y materias primas. Vemos como el empleo, sobre todo industrial, pierde peso, y vemos como los precios de nuestra cesta de la compra se disparán, mientras que con nuestros salarios y pensiones cada vez cuesta más llenar el carrito.

Gráfico 1

Los salarios no son responsables de la inflación, pero se devalúan con el incremento desmedido. El Pacto de Rentas propuesto por el gobierno y que pasa por contener salarios y precios no es ninguna solución, sino una nueva amenaza sobre los bolsillos de la mayoría social pues los salarios se moderan, pero los precios no respetan el pacto.

En relación al empleo, uno de los grandes objetivos de la última reforma laboral del gobierno PSOE-UP pactada con los sindicatos es darle la vuelta a la contratación como a un calcetín, y que los contratos indefinidos sean la norma y no la excepción del total del volumen de contratación. En este sentido, es cierto que la contratación indefinida se ha triplicado desde diciembre (ver gráfico 1), pero no es menos cierto, que en la actualidad estos contratos todavía suponen solo un 30,7% de la contratación, teniendo en cuenta que tras la eliminación del contrato de obra o servicio estos contratos se han convertido en indefinidos, con lo que no se puede hablar estrictamente de “nueva” contratación.

La renuncia a derogar la reformas laborales de Zapatero (2010) y Rajoy (2012) ha dado paso a a una “maquillada derogación” de los aspectos más lesivos de aquéllas; la reforma laboral de PSOE-UP mantiene el abaratamiento del despido, intenta poner coto al fraude en la contratación, y aunque hace aflorar contratos indefinidos, sigue manteniendo un inaceptable índice de temporalidad y no toca aspectos esenciales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores tan depauperadas por la uberización del mercado de trabajo y las reformas laborales anteriores.

Un ejemplo de la tibieza de la reforma laboral lo podemos encontrar en la feria de abril de Sevilla, en la que los caseteros profesionales (gremio) anunciaban huelga por entender que la nueva reforma laboral les impedía contratar trabajadores para que trabajaran más de 12h al día. Sin embargo, la ministra de trabajo ha aclarado que “La reforma laboral no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso”. Los caseteros han desconvocado la huelga al ver que la reforma laboral no era tan fiera como la pintaban, y que pueden seguir aplicando las mismas condiciones abusivas para lucro de sus propios bolsillos, a costa de explotar a los trabajadores.

En el 1 de mayo de 2021 los sindicatos nos convocaban bajo el lema “Ahora Toca Cumplir. Un País en deuda con sus trabajadores y trabajadoras». Hoy, un año después, los sindicatos sacan pecho de los acuerdos alcanzados en los últimos meses, como el aumento del SMI o la reforma de las pensiones, y la reforma laboral. Desde Tribuna Socialista, creemos que es absolutamente insuficiente y, aun así, nos sentimos apelados por el lema de este nuevo 1º de mayo, porque la solución, o una parte de la solución, pasa por subir salarios, contener precios y una justa redistribución de la riqueza.

Ya hemos hablado de la importancia de un aumento de los salarios, y de que el anunciado Pacto de rentas no supone ninguna solución, sino al contrario, empeoraría la situación de la clase trabajadora. Y para contener los precios no basta con subvencionar la energía ni por conseguir, durante tres meses, desvincular el precio de la electricidad del precio del gas (aunque ayudará). La lucha contra la subida de precios pasa por la independencia energética, es decir, ni depender del gas ruso, ni depender del gas argelino (en riesgo de encarecerse por el cambio de posición de España con respecto al Sáhara) ni depender del gas licuado norteamericano. Asegurar el autoabastecimiento energético en el país europeo con más horas de sol y más kilómetros de costa no es fácil, pero sí posible, si nos “independizamos” de los intereses de las multinacionales del sector, incluidas las españolas, y apostamos por un sector público energético fuerte.

Respecto a la redistribución de la riqueza, vemos como la derecha reclama bajada generalizada de impuestos, cuando en realidad lo que necesitamos es un aumento de los impuestos al capital y una mayor progresividad fiscal, para que quien más tenga más contribuya en beneficio de las rentas más bajas. Solo existe un pacto de rentas útil: el que redistribuye las rentas del capital para favorecer las rentas del trabajo.

Para acabar esta editorial, no podemos sino apelar a la unidad de la clase trabajadora, en España y en el mundo, y, por tanto, juntamente a la lucha por los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora de nuestro país, hemos de exigir el No a la guerra de la Rusia de Putin, el No a la Guerra de expansión de la OTAN y el No a la carrera armamentística que no traerá otra cosa que nuevos recortes sociales en pro del gasto público militar y destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en todos los pueblos del mundo.

Viva el 1º de mayo

¡Subir salarios!, ¡contener precios!, ¡igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

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La Monarquía heredada

Hace tiempo ya que debiera haberse abierto el debate Monarquía o República, aunque solo sea porque quienes nacieron después de diciembre de 1960 no pudieron votar la Constitución. El debate no se ha abierto en el ámbito institucional, ni en los medios de comunicación de masas, ni en el interior de los partidos políticos con representación parlamentaria, no al menos en los grandes partidos. Sin embargo, en el seno de la sociedad se extiende el desapego, cada día mayor, a la institución monárquica; en buena medida gracias a la familia Borbón.

Los más conscientes vienen recordando que la institución monárquica y los inquilinos del Palacio de la Zarzuela fueron una herencia que nos dejó el franquismo. Cosa que las instituciones del Estado, los medios de comunicación de masas (públicos y privados), y los grandes partidos y organizaciones que se reclaman de la izquierda niegan, faltaría más.

Me propongo en este artículo demostrar que, por mucho que la Constitución de 1978 incluyera en su texto la monarquía, los padres de la Constitución, los partidos y las Cortes Generales, se limitaron a asumir la herencia de Franco.

La decisión la tomó el dictador el 22 de julio de 1969, designando al entonces príncipe Juan Carlos sucesor de Franco en la Jefatura del Estado con título de Rey, conforme a las Leyes Fundamentales del Régimen; concretamente al artículo once de la Ley Fundamental de 26 de julio de 1947(1) por el que se instauraría La Corona a la muerte de Franco. Es decir, que la monarquía data de 1947, tan solo ocho años después de acabada la guerra.

Esta Ley del franquismo fue sometida a referéndum de 6 de julio de 1947, un referéndum al estilo franquista, atado y bien atado. En él, pudieron votar todos los españoles mayores de 21 años, para responder a la pregunta: «¿Ratifica con su voto el proyecto de Ley sobre Sucesión en la Jefatura del Estado aprobado por las Cortes Españolas el siete de junio de 1947?». Hay que saber que quien no votara perdería el racionamiento y el derecho a cobrar el sueldo. Como hoy sigue ocurriendo en muchas residencias de mayores, propiedad de la Iglesia, y en muchas zonas rurales, donde el caciquismo de derechas está a la orden del día, la papeleta se rellenaba previamente en el domicilio particular.

En 1969, la prensa del régimen se hacía eco de la designación:

“Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, (…) ha designado hoy a su sucesor: don Juan Carlos de Borbón y Borbón, de 31 años. Las Cortes Españolas, reunidas hoy en sesión plenaria extraordinaria, convocadas el pasado día 17 del actual, han aprobado la propuesta de Franco, presentada en forma de ley, tras un mensaje de dos mil quinientas palabras, al que dio lectura, con emoción en la voz y firme acento en cada palabra, el propio Jefe del Estado”(2).

Por tanto, el hoy huido a Abu Dabi, Juan Carlos de Borbón era designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, conforme al artículo primero de la Ley 62/1969, de 22 de julio(3). Se le designó con un argumento que deja poco lugar a la duda sobre la naturaleza y origen de esta institución:

“Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento”.Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento

El 22 de julio de 1969, Juan Carlo de Borbón pronunció su discurso de adhesión y aceptación de los principios del Movimiento Nacional franquista al responder a la pregunta:

“En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino?

“SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

A lo que respondió:

“SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

Juan Carlos de Borbón traicionó a su padre al romper el orden sucesorio de la Casa Borbón. Los conflictos y traiciones en la Casa Real, entre padre e hijo debe ser parte de la tradición borbónica, por mucho maquillaje que los medios de comunicación le pongan. En aquel caso fue tan así que Juan de Borbón no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977. Vamos, que lo asumió “por imperativo legal”.

La colaboración de Juan Carlos de Borbón con el régimen fue total. El 19 de julio de 1974, se convierte en jefe del Estado, supliendo a Franco por enfermedad, porque el Gobierno debía firmar la ratificación del Tratado con los Estados Unidos, alcanzado en 1970, por el que los estadounidenses implantaban bases militares en suelo español, dado que el tratado vencía en 1975. Ratificación que el hoy Emérito firmó sin ninguna objeción. En este periodo, que duró mes y medio, firmo convenios, decretos y sentencias propias de la vida diaria del franquismo.

El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón preside el Consejo de Ministros para abordar la crisis que Hassan II abrió con la “Marcha Verde”. El 2 de noviembre de ese año volvía a dar el relevo a Franco, en su “spring” final, esta vez para consumar el desbarajuste de la salida de España del territorio colonizado del Sahara occidental. En calidad de jefe del Estado, con plenos poderes, viajó a El Aaiún para mentir en nombre del Gobierno de Carlos Arias: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres”, “no dudéis que vuestro comandante en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

Lo que no les dijo a los sahauis es que estaba en tratos secretos con Henry Kissinger y con el Rey de Marruecos, para abandonar precipitadamente el territorio y dejarlo en manos marroquíes, traicionando así al pueblo saharaui. Abandono que se consumó pocos días después de su viaje a El Aaiún.

En mi opinión, Juan Carlos I fue jefe de los tres ejércitos antes que Rey. Pues antes de ser proclamado Rey, título que no le había hecho falta en distintas ocasiones para suplir al dictador, ya había ejercido de jefe del Estado franquista. 48 horas después de hacerse pública la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado Rey, el 22 de noviembre de 1975. Ese momento no es el primer paso de la transición, es un paso más en el camino que Franco y sus más allegados trazaron muchos años antes.

La ruptura con el franquismo aún está pendiente. Felipe VI no ha hecho más que heredar la gorra de plato y la Corona que su padre recibió de las manos manchadas de sangre de un dictador. Vivimos en democracia, sí, pero con muchos límites y condiciones; tantos que a veces no parece una democracia.

(1)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf

(2)https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/el-cronista/1969-franco-designa-20210803123755-nt.html#:~:text=El%2023%20de%20julio%20de%201969%20El%20Norte%20de%20Castilla,a%20los%20Principios%20del%20Movimiento%C2%BB.

(3)https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-915

Roberto Tornamira

Militantes del PSOE

Agrupación de Arganzuela (Madrid)

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Editorial

NO A LA GUERRA

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SALARIOS, PARAR LA ESPECULACIÓN

En el momento de escribirse esta editorial la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su primer mes; en los primeros 25 días de guerra, 3,3 millones los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras el ejercito de Putin bombardea ciudades causando víctimas civiles. Las imagines retransmitidas dan cuenta de la barbarie que está viviendo la población ucraniana, en su mayoría trabajadores.

La guerra también la sufre la clase obrera rusa quien, sin duda, pagará las consecuencias de las sanciones económicas a las que está siendo sometida por parte del imperialismo americano y los gobiernos de la Unión Europea. La guerra no es de los pueblos, ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso son partidarios de la guerra y sin embargo son los principales afectados por la misma. Es difícil de calcular el coste, solo en destrucción de empleo, que supondrán las sanciones impuestas a Rusia, hay informes que lo cifran en más de un millón de empleos.

Los efectos de la guerra se hacen sentir en Europa, con matices distintos y de modo diferente a como hemos percibido las guerras que hemos venido conociendo hasta ahora. EEUU disputa con Putin, Xi Jinping y con los gobiernos de europeos el control de más cuotas de mercado, para ello, Joe Biden, impone a la UE cuál debe ser su política: Alemania tiene que renunciar al gas ruso del que depende más de la mitad del consumo alemán y obliga a aumentar el gasto armamentístico al pasar de los 57,5 millones de dólares de 2021, a los 83,5 millones de dólares en el presupuesto de 2024; España ha aumentado su gasto en defensa desde los 5.711 millones de euros de 2015 a los 9.791 presupuestados para 2022, lo que supone un incremento del 71,44% (Fuente: Ministerio de Hacienda). Aun así, no es suficiente para la industria del armamento; Rajoy se comprometió en 2014 a llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 (se estima en torno a 20.000 millones de euros). Se abre la perspectiva a aumentos escandalosos en los próximos años, pasando a ocupar una prioridad en los presupuestos, otra prioridad junto al pago de la deuda; la presidenta de Suecia, Magdalena Anderson, lo expresaba con claridad en la Cumbre Europea del pasado 10 y 11 de marzo, «me gustaría invertir más en pensiones y escuelas, pero lo he de hacer en defensa«.

Después de la pandemia la guerra. El Gobierno de España se dispone en primera línea en la aplicación de las exigencias del mercado especulativo, medidas que van a decidir en la cumbre europea de final de mes.

Atrás han quedado las promesas incumplidas de derogar las reformas laborales y la ley mordaza. Los llamados ajustes económicos afectan más a los más desfavorecidos, de tal manera que todavía no hemos salido de las medidas adoptadas por la pandemia y preparan toda una oleada de ajustes que sin duda empobrecerán más la mayoría de asalariados.

La inflación se dispara sin control y se ha situado en el 7,6%, el interanual en febrero (el IPC más alto en los últimos 34 años). Los carburantes han superado incrementos del 30%, el precio del gas está desbocado, mientras que, el pasado año, las pensiones subieron un 2% y los salarios una media del 1,47%. Por el contrario, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. La UGT denuncia que la escalada de precios es irregular y especulativa, pues el precio del Mkh se sitúa en 200€, mientras el coste de producción es de 20€ o más bajo. Ejemplo concreto de lo que denuncian los informes sobre la dinámica de rentas lo vemos en el incremento de la escandalosa remuneración del presidente de Iberdrola o de la presidenta del banco de Santander: en 2021, el señor Sánchez Galán, ha cobrado 13,2 millones de euros, un incremento del 8,23. Por su parte, la señora Botín percibió, en el mismo ejercicio económico, 11,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15%. Estos son solo dos ejemplos de cómo se explica el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, que viene produciéndose desde la crisis de 2008.

En el conflicto del transporte por carretera, en concreto, hay que decir que está siendo utilizado por la extrema derecha y no es admisible que se utilice un conflicto legítimo para hacer la política de “cuanto peor mejor” que tanto le gusta a VOX y a los salvadores de la patria. Sin embargo, no se puede deslegitimar un conflicto y a sus promotores colgándoles etiquetas. Tampoco se entiende mucho lo de las legitimidades. No estamos ante un sindicato minoritario de trabajadores que se presenta a elecciones cada cuatro años y no alcanza el 5% de representatividad. Estamos ante organizaciones patronales, con más o con menos asociados, pero la pregunta que hay que hacer a los empresarios que rechazan a la Plataforma en Defensa del Sector del Trasnporte ¿a que proceso electoral se presentan las grandes patronales, de cualquier sector de actividad?, a ninguno. Por ende, aquí lo importante es resolver el conflicto con todas las partes implicadas y que ninguna de ellas pretenda sacar réditos espurios al verdadero problema, el alza insoportable de los precios.

El giro político del PSOE hacia la derecha, operado en el 40º Congreso que se celebró en Valencia en octubre del paso año, se va plasmando en acciones de Gobierno que se hacen difíciles de entender incluso para la propia militancia. La negativa a derogar las reformas laborales, la renuncia a blindar el Sistema Público de Pensiones. O el último episodio, el cambio drástico de criterio en relación con el Sahara, en el que todo apunta a que una vez más nuestro Gobierno de España se ha plegado a los criterios estadounidenses. Solo cabe esperar que esta decisión no nos complique el suministro de gas argelino; en su cantidad y en su precio.

Tampoco nos sirve de mucho el juego del “poli bueno” al que parece estar empeñado el otro socio del Gobierno. Un gobierno es un órgano colegiado y no cuela el permanente “nosotros no”, pero solo de boquilla en los medios.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobará lo que haya establecido el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de este mes; nada bueno para la mayoría social podemos esperar de esa reunión. En las calles, carreteras, en los puertos y los campos de todo el país hay movilizaciones que expresan como la mayoría de la sociedad no puede tolerar que desprecien sus derechos y no se atiendan sus reivindicaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña han dando un claro ejemplo de ello, con la jornada exitosa de huelga del 16 de marzo, aunque esta movilización haya sido acallada en los medios de comunicación.

Desde Tribuna Socialista decimos no a la Guerra y rechazamos la rapiña que lleva a cabo un mercado infectado de especuladores, al calor del desastre. El Gobierno debe posicionarse en la defensa de los derechos de la mayoría, no en la lógica del mercado para sacrificar dichos derechos.

Destacado

Editorial

Las “enfermedades” del PP son de origen genético

El PP está exteriorizando todas las patologías que sufren las instituciones del Estado. Enfermedades crónicas de origen genético; no tienen cura y la heredaron del franquismo.

La primera es la corrupción sistémica que corroe las instituciones, y al PP. Para ver la continuidad del “modus operandi” de los poderosos e instituciones de este país, antes y después de 1978, solo hay que acudir a las hemerotecas y refrescar los casos: “Barcelona Tracción” (1948/1951), “La agenda Rivara” (1958), “La quiebra de Manufactura Metálicas Madrileñas, S.A.” (años 50), “Matesa” (1969) o “Sofico” (1974). Estos ejemplos, de entre los muchos que se podrían citar, guardan toda la cadena de ADN con los Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal… La corrupción no es cosa individual, es algo colectivo: uno o una no se lo lleva si otros y otras no lo consienten.

En la locura desatada en estas semanas pasadas en el PP, parece que quienes ejercen y llevan a gala la “enfermedad” heredada de sus ancestros políticos le han dicho a Casado lo que él le dijo a Abascal: “hasta aquí hemos llegado”. Que Casado y su escudero, Teodoro “El Tosco”, hagan en ridículo ante las instituciones de la UE, no hay problema; que se peleen con Ayuso por ver en qué fecha les conviene más el congreso del PP en Madrid, vale; que en una huida hacia adelante convoquen elecciones anticipadas en territorios, comenzando por Castilla y León, pase. Pero que se persiga la corrupción, aunque sea por tacticismo, ¡Ah no, eso sí que no!

Nadie del PP se ha manifestado frente a la sede de la calle Génova por el caso “Kitchen”, en el que utilizando los medios y recursos del Ministerio de Interior se allanó el domicilio se Bércenas para eliminar pruebas de los sobres en efectivo, la contabilidad paralela y vaya usted a saber qué más de los años de Aznar y Rajoy. Esto, es sin duda alguna, mucho más grave que si Almeida, el alcalde de Madrid ha utilizado recursos y medios del Ayuntamiento para conseguir pruebas de las, presuntas, corruptelas de IDA.

Por tanto, no es por la forma por lo que se han cargado a Casado, es por haber señalado la corrupción. Esta corrupción congénita, heredada del franquismo, plantea que la solución no puede ser solo depurar a los corruptos sino la trama institucional en que se sustenta, y que coge de abajo arriba y de arriba abajo al Estado monárquico. Esto quiere decir REPÚBLICA.

Esto explica que el PP, junto a los otros formatos de la derecha: C´s y VOX, se haya erigido en defensor y máximo justificador de los “desmanes”, bonito eufemismo, del Rey Emérito.

Esto aclara, si es que no estaba claro, porque el PP dice tener contralada la sala 2ª del Tribunal Supremo, lo dice ellos, porque obstruye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o porque impone a jueces como Enrique Arnaldo en el Tribunal Supremo.

Jefatura del Estado, poder judicial y un partido político manchados por la corrupción, el abuso de poder para enriquecerse, participación en tramas sucias… de ahí que solo reconozcan como legítimo al gobierno cuando ellos gobiernan: Ejecutivo, Judicial y legislativo (aunque solos sea en parte, cuando no tiene mayoría absoluta). Es la verdadera situación de la separación de poderes, en apariencia.

Esta descripción, que nos ha facilitado el Partido que fundó el ex ministro de Franco, el que se bañó en Palomares, no puede ocultar el papel de los partidos y organizaciones de la izquierda.

Las elecciones en Castilla y León, aunque parezca que se celebraron hace mucho, resulta que fue el 13 de este mismo mes de febrero.

Los resultados de estas elecciones anticipadas por el PP, por Casado y “El Tosco”, solo fueron buenas para la extrema derecha y para algún partido regionalista. El PP sacó 55.000 votos menos que en 2019, pero gracias al aumento de la abstención ha sacado más procuradores en cortes.

La izquierda, PSOE y UP, ha tenido muy mal resultado. Los datos no admiten excusas, solo el PSOE perdió 117.000 votos y UP ha sacado la mitad de votos que cuando IU y Podemos se presentaron por separado.

Además del trasvase de votos, hay un fenómeno central: el aumento de la abstención, pues a pesar de que todos los partidos se emplearon a fondo en la participación, se produce un rechazo general a estos partidos y a unas instituciones regionales que, en Castilla y León en particular, son vistas como un artificio para cuadrar el mapa.

Cada cual podrá achacarle la derrota a quién quiera y al factor que más le convenga: a la inoportunidad del ministro Garzón en sacar el debate de las macro granjas, a que los progresistas de la España vaciada se han cansado de que les aldeanicen los pueblos, o al mal tiempo porque ese día llovía.

Desde el Comité de Tribuna Socialista pensamos que el problema está en que el Gobierno de coalición decepciona a gran parte de la clase trabajadora de nuestro país. Lo ha hecho con la reforma laboral que, sin ser negativa, deja sin tocar muchos de los aspectos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012; justo los que afectan a la protección por despido de los trabajadores y trabajadoras. Lo hace con su timorata actitud ante la Iglesia. Lo hace con inacción ante el problema de exclusión financiera que ha generado la banca privada. Lo hace cuando no defiende con contundencia y vigor la Sanidad Pública: la atención primaria y la hospitalaria. Lo hace cuando las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo. Lo hace cuando, tras inyectar ingentes cantidades de dinero en empresas privadas, como en la banca o en la industria, no solo, consiente que se destruyan puestos de trabajo por miles: ya sea vía fusiones, ya sea vía deslocalizaciones. Lo hace cuando no deroga la “Ley Mordaza”. Etc.

A la derecha no se le para diciendo “que viene la derecha”, ya sabemos que viene. A la derecha se le para atendiendo las necesidades que reclama la mayoría social, se para a la derecha no tragando con todo lo que nos imponen las instituciones económicas internacionales: FMI, BCE y la Comisión Europea (¿se acuerdan de la Troyka?).

Si el Gobierno de Coalición y los partidos que apoyan la legislatura quieren parar a la derecha más extrema, deben tomar decisiones que den satisfacción a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados y desempleadas, de los y las pensionistas, de los y las autónomos, de los y las jóvenes que no ven presente ni futuro.

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Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

“La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html
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Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf
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Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

“Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

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Editorial

¿Resurge la socialdemocracia europea?

Dicen que estamos ante el resurgir de la socialdemocracia ¿es esto cierto o es un espejismo? 

El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), ha crecido en votos y escaños. Ha pasado del 20,5% de 2017 al 25,7% en las elecciones del 26 de septiembre. Resulta excesivo hablar de resuirgimiento si recordamos el 45,8% que octuvo en 1972 o el 40,9% de 1998. Sin duda, el SPD en Alemania, como el PSOE en España, continúa siendo el partido de referencia para la mayoría de la clase trabajadora.

La coalición conservadora CDU/CSU, acumula su segunda caída consecutiva: obtuvieron un 41,5% de los votos en 2013, cayeron al 33% en 2017 y cae al 24,1% en estas últimas elecciones. Más que de resurgir socialdemócrata habría que hablar de una alternancia en el gobierno.

El Partido Socialista de Portugal, en las elecciones municipales del 26 de septiembre, perdió un 5% de apoyo respecto a las municipales de 2017, siendo derrotado en Lisboa y en grandes ciudades como Coimbra o Funchal.

El caso del partido Laborista Noruego es similar. Tras las elecciones celebradas el día 13 de septiembre gobernará en minoría, con el apoyo del Partido centrista, a pesar de haber perdido 1,1 puntos, pasando del 27,4% de los votos que obtuvo en las elecciones de 2017, al 26,3% obtenido el mes pasado.

El Partido Democrático italiano, en las municipales del 18 de este mismo mes, ha obtenido unos buenos resultados: ha ganado alcaldías como la de Roma o Turín. Pero no se puede perder de vista que la abstención se ha disparado al 56% del censo electoral.

Celebramos los avances de estos partidos socialdemócratas y de centro izquierda, pero afirmamos que la situación de la socialdemocracia en su conjunto, no permite alharacas.

El 15, 16 y 17 de este mes se ha celebrado el 40 Congreso Federal del PSOE. Se ha dedicado tan solo una hora, a debatir el periodo 2017-2019, en el que se han producido dos elecciones generales y las autonómicas de Madrid. Como muy acertadamente ha dicho Cándido Méndez en un artículo publicado por la Cadena SER el sábado 16: “Los temas para debatir son muy interesantes, pero no hay ninguna de ellas (mesas de debate) que analice en profundidad el futuro del trabajo, en el marco de la doble transformación verde digital”. El Congreso de un Partido democrático es donde se supone que se fraguan las líneas maestras de la acción política de cara a los próximos cuatro años; líneas que deberían ser el programa electoral con el que el Partido acuda a las elecciones generales que, si no se adelantan, se celebrarán en otoño de 2023.

Paralelamente al desarrollo del Congreso, el sábado 16 de octubre, llegadas de todos los puntos del país, se manifestaban en Madrid más de 20.000 personas en defensa del Sistema Público de Pensiones y en demanda de una auditoria pública a las cuentas a la Seguridad Social. El congreso hubiese sido un buen lugar para dar una respuesta pública y satisfactoria para esa justa demanda. ¿Por qué no se ha hecho?

Otro ejemplo que muestra el “divorcio” de las grandes organizaciones con las masas, es la cuestión de la Monarquía y lo acaecido en el Congreso a ese respecto. Este mismo mes de octubre, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) hacía pública una encuesta: el 53% “ve la Monarquía como una institución de otro tiempo”, un 43,8% considera necesario un referéndum sobre la forma de Estado y la mayoría se decanta por la República con un 39,4% frente al 31% que prefiere la monarquía. Sin embargo, el congreso no solo no ha no ha tratado esa opinión de la población, ¿por qué no se tienen en cuenta esas preferencias que emanan del pueblo y que corresponden a nuestra mejor tradición republicana? Por contra, se han puesto impedimentos para que se debatan las enmiendas sobre República, como la presentada por Izquierda Socialista. Apareciendo ante nuestros votantes como un partido más de los que encubren al rey corrupto.

A mitad de mandato, aseveramos que hay luces y sombras de cara a las próximas elecciones generales. No invertiremos tiempo en aplaudir las luces, como: la derogación del Artº. 315.3 del Código Penal, los avances sociales como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia; si bien queda mucho por hacer.

A pesar del anuncio mediático del discurso de cierre de Pedro Sánchez, no nos queda más remedio que criticar al Gobierno, por no haber derogado aún las reformas laborales: la primera abrió las puertas a la brutalidad de la segunda. Continúan vigentes los cambios de 2010, como: la posibilidad de descuelgue del convenio por parte patronal; el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente al pasar de 45 a 33 días por año; o la calificación de los despidos objetivos, con 20 días de indemnización. Por supuesto fue la reforma de 2012, impuesta por el gobierno de Rajoy, la que provocó una enorme destrucción de empleo con derechos, devaluó los salarios e incrementó la temporalidad, con elementos como: la subordinación del convenio sectorial al de empresa, la eliminación del principio de ultraactividad o las facilidades dadas a las empresas para implementar Expedientes de Regulación de Empleo.

La clase trabajadora, con sus organizaciones a la cabeza, respondió con tres huelgas generales (1 en 2010 y 2 en 2012). Nueve años han pasado desde la última huelga general y las reformas siguen intactas, a excepción del Artº. 52 d) que permitía despedir a los trabajadores por caer enfermos, derogado en febrero de 2020.

Otra sombra importante del Gobierno actual (PSOE y UP) es la reforma de pensiones que está en marcha, por la que se pretende penalizar a los trabajadores y trabajadoras con largas carreras de cotización y a las cotizaciones más altas.

De estas cuestiones que afectan a millones de ciudadanos, no tenemos ni una solo noticia en las resoluciones del Congreso. No somos ingenuos; tanto la materia laboral, así como de pensiones, están entre los “compromisos” adquiridos con las instituciones europeas a cambio de los “Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Es decir, el daño que las reformas laborales infringen a los trabajadores en activo, a los jóvenes trabajadores… y la devaluación del Sistema Público de Pensiones, es moneda de cambio para unas inversiones de las que, previsiblemente y como siempre, se beneficiarán las grandes corporaciones empresariales.

No nos vengan con que repercutirá positivamente en los trabajadores, pues ni la digitalización ni la transformación que promete la “economía verde” garantizan el empleo ni la recuperación. Es precisamente a nombre de la digitalización que se ha “justificado” la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo; un ejemplo de ello son el sector financiero, el de las artes gráficas…

Respecto al eufemismo de la “Economía Verde”, ya se está generando destrucción de empleo; no tanto por el cambio del producto final como por la deslocalización de las fábricas: ejemplo de ello es NISSAN o las cuencas mineras tras la descarbonización.

¿Resurge la socialdemocracia?, nos gustaría poder celebrar el verdadero resurgir de políticas que defiendan los derechos de la mayoría social: el empleo de calidad y con derechos, la salud y la educación públicas, la robustez de los sistemas públicos de pensiones, es decir, la defensa del Estado de Bienestar.

La mayoría social: los trabajadores y trabajadoras, los y las jóvenes trabajadores y estudiantes, los y las pensionistas, los autónomos, los desempleados y desempleadas son los votantes que después se echan de menos en elecciones. Quizá, porque no ven soluciones a sus problemas en los partidos de izquierda o porque se han visto defraudados una y otra vez. Buen ejemplo de esto es la situación de la socialdemocracia en Madrid.

Comité de Redacción

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Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que «en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios».


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: «Algo huele mal», decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

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Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

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La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tribuna socialista 116. septiembre 2020. La pandemia nos muestra lo antidemocrático del sistema. Comparte!

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Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

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Huir como tradición familiar

 

El señor Borbón, el padre, le ha comunicado al señor Borbón, el hijo, que se marcha de España por la: “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.»

En primer lugar, a quien debería darle explicaciones es al pueblo que le ha estado manteniendo en el cargo desde hace 45 años. Explicaciones que entre otras vías deberá dar ante la Justicia. Es una nueva anomalía que alguien que está incurso en una investigación abandone el país, y nadie puede estar por encima de la ley y la Justicia. Por tanto, ni el Rey actual ni el Gobierno debieran dar cobertura a esta nueva actuación irregular de ese señor.

Cuando el señor Juan Carlos de Borbón habla de: “ciertos acontecimientos”, en realidad se refiere a la costumbre establecida en esa familia de pedir dinero a cambio de llevar al Estado al que representan hacía los intereses del pagador. Es lo que su hija, la señora Cristina de Borbón y su marido hicieron con la Fundación Noos.

No nos interesan en absoluto sus líos de faldas, sus juergas ni su vidorra. Las explicaciones que el pueblo merece son las de saber qué consecuencias económicas, para el erario público y para la política de nuestro Estado, han tendido sus “andanzas” a lo largo de estas cuatro décadas y media. Explicaciones que aclaren, de verdad, de dónde ha salido la fortuna estimada en más de dos mil millones de euros y a cambio de qué le han dado esos regalos dinerarios e inmobiliarios los jefes de Estado de otros países.

Tribuna Socialista siempre nos hemos declarado republicanos, por ende, no necesitábamos este espectáculo para declarar nuestra posición respecto a la forma de Estado. Venimos reflexionando, en común con muchos otros ciudadanos y ciudadanas, desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar. Consideramos que el avance es por la vía de la República, vemos que la Monarquía constituye un ancla en el pasado, a la par de incompatible con una verdadera Democracia.

Los pueblos que componen el Estado español no pueden avanzar si continúan lastrados por una institución que, para defenderse a sí misma, necesita confrontar a los ciudadanos unos contra otros. La unidad de los pueblos tiene que ser libre y voluntaria, no por la atadura a una institución simbólica que ha degenerado en una sanguijuela para el Estado.

No podemos seguir diciendo que vivimos en democracia si vivimos pendientes de un poder corporativo dentro del Estado que solo reconoce a su jefe de armas. Es la gorra de plato, más que la corona, el nudo “atado y bien atado” que nos quedó del régimen fascista.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que se reclaman de la izquierda, a reflexionar y a trabajar políticamente, para caminar hacia una mayoría que permita un cambio constitucional que aborde todos los asuntos que en la Constitución hacen aguas desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo.

No es por tanto un problema de este señor, ni de si lo que aparece ahora fue antes o después de 2014. Es un problema constitucional, de la institución: La Corona. No podemos tragar la rueda de molino de la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Es evidente que el Jefe del Estado ha sido un irresponsable, pero sus irresponsabilidades no pueden quedar impunes. Fue él quien dijo aquello de: “Todos somos iguales ante la ley”, pues que se cumpla.

De la misma manera, es un problema que el Estado siga ligado a la Iglesia por la “aséptica” palabra: aconfesional. Avancemos hacia la laicidad del Estado, donde cada cual pueda practicar libremente la fe que considere oportuna, pero en el que la fe no interfiera en la Educación pública, en los costes del Estado ni en los actos públicos. Necesitamos democratizar el Poder Judicial, para que esté despolitizado y además lo parezca; pues desde hace mucho ni lo uno ni lo otro.

 

Hay que avanzar hacia la España federal, superando el Estado de las autonomías de la Transición. Adecuando a la actualidad la relación entre los pueblos que nos configuran como Estado.

Son muchos los problemas pendientes de resolver. Por ello, no podemos estar de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando insiste en separar el problema entre Juan Calos I y Felipe VI, no es un problema de personas, el problema es intrínseco a la institución.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

7 de agosto de 2020

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Tribuna socialista y el derecho a decidir

Quince años de Tribuna Socialista en el periodo histórico actual ha supuesto un esfuerzo permanente por estar al día de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, para entender cada uno de los fenómenos que se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa, rupturista con cualquier situación de confort que indujera al conformismo, comprender, sintetizar y explicar los principales acontecimientos ha supuesto nadar, aparentemente, a contracorriente, sin embargo, el marxismo, su método de análisis, nos lo ha facilitado en cada momento, y podemos afirmar que los análisis, reflexiones, debates y formulaciones políticas de la línea editorial de Tribuna Socialista se han visto corroborados en estos quince años.

Quizás la iniciativa que imprimió y definió más a Tribuna Socialista, fue la decisión  tomada en el 2006, por buscar una solución política negociada a la violencia en el Pais Vasco dirigiéndonos a José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, defendíamos que el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y derogar la ley de partidos facilitaría los posibles acuerdos. Defender que los problemas políticos requieren soluciones políticas y no represivas define bien nuestro carácter socialista sin ambigüedad.

Recién se cumplen 10 años que el Tribunal Constitucional derogaba una cantidad de artículos importantes, del nuevo Estatuto catalán que previamente había sido aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Españolas y en un referéndum en Cataluña. Quizás de aquellas aguas vengan estos lodos. Participamos en la manifestación encabezada por Pepe Montilla presidente de la Generalitat en la época bajo el lema “som una nación, nosoltres decidim”, (somos una nación nosotros decidimos). La manifestación reunió a más de un millón de personas.

Entender y reconocer el carácter  nacional de Cataluña, Galicia y Euskadi supone de entrada reconocer el derecho a decidir de estos pueblos, tomar posición y situarnos al lado del 80% de la población catalana que lo reclama con insistencia, así lo reflejamos en carta dirigida a la dirección de PSC donde criticamos que el derecho a decidir fuese sacado del programa electoral porque suponía una ruptura con las bases fundacionales del mismo PSC. Así lo reflejaban los números de Tribuna Socialista especiales que sacamos en julio del 20015 y el 11 de septiembre  del mismo año donde defendíamos el derecho a decidir.

Criticamos con contundencia al PP y sus gobiernos por judicializar el llamado “problema catalán”, defendiendo la negociación y el dialogo, y nunca admitimos el enfrentamiento entre pueblos alentado por la derecha franquista.

Es por eso que defendimos un referéndum legal y vinculante en el que los socialistas defenderíamos la Republica federal en la que los diferentes pueblos del estado estuviesen libremente federados.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto rechacemos la actitud del Rey Felipe VI en octubre de 2017 ante el referéndum catalán.

Desde el Manifiesto de Silla, primer documento público que sacamos el grupo de Tribuna Socialista, defender derechos y libertades es la misma cosa. Hemos defendido que no hay derechos sin libertades ni libertades sin derechos.

José A Iniesta

Afiliado al PSC Sant Boi de Llobregat

 Miembro del Comité de Redacción T.S.

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Hoy como hace 15 años: ningún acuerdo con la derecha

El 16 de julio de 2005,  reunidos en la localidad valenciana de Silla, compañeros y compañeras socialistas, de distintas procedencias territoriales, pusimos en común nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país y decidimos crear esta Revista que reflejara las conclusiones de los debates que se producían en agrupaciones socialistas y secciones sindicales de las empresas, ayudando, de esta forma, a promover el debate entre socialistas.

La línea editorial de Tribuna Socialista se ha mantenido fiel a aquellos propósitos durante estos 15 años.  TS y las conclusiones de los debates que en él se reflejan no se hacen al albur de los congresos internos del partido o de la táctica política de cada momento, sino que, con pleno respeto a las resoluciones congresuales, hemos enfocado los debates en torno a los intereses de la mayoría social, y el papel que, bajo nuestra opinión, han de jugar las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos y partidos que se reclaman de la clase trabajadora: incluido el PSOE, como partido referente de la clase trabajadora en nuestro país.

Hace 15 años, la actualidad política pasaba por el reto independentista que lideraba Ibarretxe en Euskadi y su propuesta de referendum -al que Aznar respondió con la amenaza de la cárcel-, mientras la derecha intentaba dinamitar el diálogo político con el mundo abertatzle defendido por Zapatero para acabar con el terrorismo de ETA, mientras en Catalunya, Pascual Maragall, lideraba la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya que finalmente fue aprobado por: el pueblo catalán, el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya, e impugnado por el PP y mutilado por el Tribunal Constitucional.

Hace 15 años, la CEOE rompía el diálogo social exigiendo la revisión a la baja del salario mínimo, mientras las deslocalizaciones de empresas empezaban a hacer estragos profundizando en la desindustrialización del país.

Hace 15 años la Unión Europea sometía a aprobación de los estados la llamada “Constitución Europea”, ante la que Tribuna Socialista siempre mantuvo una posición crítica, puesto que se construía sobre los cimientos del libre comercio y los intereses de las multinacionales y del capital Financiero sin tener en cuenta los derechos sociales.  El rechazo a esta constitución en países donde se sometió a referéndum, como el caso de Francia y Holanda, significó un toque de atención sobre la necesidad de construir Europa hacia la Unión libre de los trabajadores y los pueblos, una Europa social frente a una Europa puramente económica.

Hace 15 años, comenzaba a imputarse a ilustres políticos del PP acusados de corrupción por el caso Fabra: después vendría una cascada interminable de casos, imputados y condenados.

Hace 15 años, la sanidad pública era atacada por la derecha españolista nacional católica, que quería seguir avanzando en la privatización y concertación de sus residencias y hospitales hasta llegar al actual modelo de sanidad y residencias que nuestros abuelos han padecido durante la pandemia de la COVID-19.

Hace 15 años, la derecha nacional españolista y católica se movilizaba contra la enseñanza pública, contra el matrimonio homosexual y contra cualquier intento de avance en el terreno social.

Como podemos apreciar, hace 15 años las propuestas de progreso y justicia social del PSOE eran atacadas de forma sistemática por la derecha, la iglesia, el poder económico y financiero con el objetivo de mantener sus privilegios, al amparo de unas instituciones ancladas en el pasado más oscuro de nuestra historia, defensoras a ultranza de una falsa unidad de España, contraria a cualquier intento de avanzar en el autogobierno regional.

Hoy, 15 años después, la derecha nacional españolista y católica: la iglesia, los poderes económico, mediático y financiero, y el PP, C´s y VOX… al amparo de una cada vez más cuestionada judicatura, y de una cada vez más cuestionada y desprestigiada monarquía, boicotean, una y otra vez, cualquier intento de avanzar en el progreso social y político, y de cumplir con el programa electoral que la mayoría trabajadora de este país ha votado.

Intentan promover un gran pacto de Estado, que primero fue llamado “nuevos pactos de la Moncloa” y ahora “pacto de reconstrucción nacional” que deja de lado la prometida derogación de las reformas del PP: la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013, la ley Mordaza, etc. Mientras que se acerca a nuestro país al desastre económico por la vía de la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, el deterioro de los servicios públicos… para construir un país de servicios “Low Cost”, que encaje en una Europa cada vez más dividida y al servicio del capital financiero.

Como socialistas, nos posicionamos contra cualquier pacto con la derecha. Nos reivindicamos del “No es No” de Pedro Sánchez contra la colaboración con la derecha de esos que dicen ser socialistas. No podemos tolerar ni un despido más, ni un cierre empresarial más. Reconstruir el país pasa por mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo hoy amenazados. Reconstruir el país significa avanzar en una política industrial que garantice la independencia de nuestra industria respecto de las multinacionales, y derogar las últimas reformas laborales que no han servido sino para generar más precariedad y pobreza en la clase trabajadora.

El capital financiero necesita un PSOE que, amparado en un gran pacto de Estado, lidere una ¿“nueva”? época de recortes y de ataque a los derechos colectivos. Los socialistas nos tenemos que sacudir de ese lastre con el que nos quieren cargar.  El acercamiento de C’s y los discursos del Gobernador del Banco de España y/o de la Ministra de Economía, son señales que nos alertan sobre los peligros de ese pacto con la derecha, al que quiere sumarse el PP y C´s.  La deuda pública de nuestro país alcanza ya el 115%, y exige la liberación de fondos para las empresas sin garantía alguna de mantenimiento del empleo.  Medidas como la renta mínima de supervivencia, no solucionan ningún problema pero sitúan nuestra caja única de la seguridad social en una situación de insostenibilidad financiera que la derecha pretende solucionar con nuevos recortes en las pensiones, con más chance para los planes de pensiones privados, subidas de impuestos al consumo, y con mayor liberalización del sector público, etcétera.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha destapado nuestras vergüenzas al poner en jaque un modelo sanitario y de servicios sociales que se ha ido privatizando en la última década; una bicoca puesta al servicio de las multinacionales que, al priorizar el beneficio al servicio, no son capaces de autoabastecer de productos básicos de protección; un modelo productivo excesivamente basado en los servicios de bajo valor añadido, y un modelo financiero que propone abundar en el endeudamiento del Estado para seguir derivando fondos públicos al sector privado mientras los recortes los sufrimos los de siempre. Cuatro millones de desempleados, desindustrialización, desmantelamiento del sector público, mayor desigualdad, mayor tensión regional y la cada vez más evidente podredumbre de las cloacas del Estado son la consecuencia más visible de las políticas opuestas al socialismo y al avance de la democracia. Por el contrario, son el caldo de cultivo del neo fascismo al que asistimos cada día.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta que tiene la clase trabajadora. El PSOE, la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de hacer frente común a los intentos de acuerdos por la derecha y, de no actuar, entregarán el país a los intereses del libre mercado, de la especulación produciendo más pobreza, más desigualdad y más desafección política, que por otro lado, es la puerta de entrada de la ultraderecha. No podemos echarnos las manos a la cabeza al escuchar al relator de la ONU, sobre la pobreza en España. y continuar haciendo lo mismo o no haciendo nada.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta capaz de avanzar en un encaje territorial que avance en la vía federal y republicana, y que acabe con las caducas y corruptas instituciones herederas del franquismo entre las que destacan el aparato judicial y la propia Monarquía.

En esta línea seguiremos trabajando desde Tribuna Socialista, conjuntamente con todos los militantes políticos y sindicales que se reclaman del socialismo.

El Comité de Redacción

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Dos años de la moción de censura

Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez alcanzara la presidència del gobierno tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y sus políticas de la Moncloa. Hoy, dos años después , preside el primer gobierno de coalición de la democracia y se enfrenta a la derecha más rància, más nostàlgica del franquismo, y con actuaciones más impunes que nunca.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy se despedía, tras la sentencia del caso Gürtel, que sentenciaba al PP como un partido corrupto;  tras haber agravado el conflicto catalán con los líderes independentistas en prisión o huídos de la justícia, y tras dejar un país recortado en derechos laborales y sociales,

La mayoría del parlamento reclamaba una acción política libre de corrupción, con el diálogo como bandera para resolver el encaje territorial de los pueblos, y que abordara los principales problemas de desigualdad, y de pérdida de derechos, que hoy la crisis de la COVID-19 ha acentúado.

La debilidad del gobierno es evidente. Seguimos con los mismos presupuestos prorrogados que aprobó Rajoy, y a pesar de las constantes llamadas a la unidad de los partidos, se está sudando la gota gorda para sacar adelante cada prórroga del estado de alarma y las medidas para afrontar esta crisis sanitaria y econòmica.

Dos años después de la moción de censura a Rajoy es necesario revivir el espíritu que posibilitó que aquélla saliera adelante, y más necesario si cabe, tras analizar las carencias de nuestro tejido productivo y las primeras consecuencias económicas de la pandemia.

La coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez prometía estabilidad y un programa claro para los próximos cuatro años, pero a los dos meses de iniciar su andadura se topó con dos virus: uno, el coronavirus, que hasta el momento se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, El otro virus, el del capitalismo Financiero que ya antes de la COVID-19 anunciaba una crisis más grave que la anterior, y que está aprovechando la liberación de fondos públicos para dejarlo todo como un desierto, menos sus cuentas de resultados.

La recesión es ya una realidad y mucho mayor que la de 2008. La mayoría social de este país requiere medidas urgentes. Si queremos que la crisis no vuelva a caer sobre la clase trabajadora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá empezar a hacer cosas diferentes a las del gobierno Rajoy en asuntos económicos.

El Ingreso Mínimo vital no es la panacea, ni puede ser el eje central de esta legislatura recién iniciada. Es más, el IMV puede convertirse en una ayuda a las empresas, al permitirse que su cobro sea compatible con el salario, complementándolo….desde el Estado.

Es necesario recuperar el espíritu de unidad de la moción de censura, el espíritu de ilusión con que la mayoría de este país recibíamos a este gobierno de coalición. Es necesario abordar el conflicto catalán desde el diálogo, es necesario que se deroge en su integridad las últimas reformas laborales, es necesario que las ayudas lleguen a los parados, pero sobretodo es necesario que no haya más parados. Necesitamos con urgència una moratoria indefinida para los despidos, al tiempo que se aborda una política industrial que aproveche las fortalezas de nuestro país para fabricar barcos, para producir energía eòlica, solar y mareomotriz, para fabricar respiraderos, mascarillas, y todo aquéllo que hoy importamos.

Es necesario proteger lo público, fortaleciendo el sector sanitario, la investigación, la enseñanza, y protegiendo el dinero público de la Seguridad social de las zarpas de los especuladores ansiosos por liberalizar las pensiones y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad y de los Servicios sociales, para mayor pesar de nuestra salud y la de nuestros abuelos.

Hemos de olvidar los grandes pactos de estado con esta derecha retrógrada y facha, que vive de la confrontación y se alimenta de nuestras debilidades para tirar adelante con las reformas que todos esperamos de este gobierno. El tiempo se agota. La derecha se crece apoyada en sus lobbies (Iglesia, sector Financiero, y especuladores de distinto pelaje), y amparados en una judicatura que necesita una urgente renovación democràtica y democratizadora.

El Gobierno de coalición no tiene los votos suficientes y necesita seguir negociando todos y cada uno de los asuntos que tiene que sacar adelante, por ello es necesario recuperar la unidad de la moción de censura.

No hay mejor aval para la consolidación del gobierno de coalición que hacer políticas para la mayoría social, cerrando la Puerta a la demagogia y al populismo franquista y fascista.

 Baltasar Santos

TS Tarragona

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La derecha está rabiosa, en defensa de sus privilegios

Desde noviembre de 1975 hasta las elecciones de junio del 77, la derecha estuvo muy alterada, después también; no olvidemos el intento de golpe militar de febrero de 1981. Se negaban a legalizar partidos de izquierdas, no querían desarticular el Sindicato Vertical, pretendían que la reforma legal solo fuese estética…Fraga y otros exministros de Franco, y miembros del continuista Gobierno de Arias Navarro, azuzaban a los mandos de las fuerzas armadas, también vinculados al régimen dictatorial, para que no se avanzase por una “peligrosa” (peligrosa para sus intereses, prebendas y privilegios) democratización de España.

Esa obsesión de la derecha, contra la posibilidad de que un partido de izquierdas gobierne “SU España”, en contra de que los trabajadores reconquisten derechos, de que los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español puedan decidir su destino, continúa viva, no se han curado. Esa tara mental colectiva es el resultado del miedo que tienen a perder sus privilegios; a pesar de que, más allá de los estéticos, como acompañar a “SU Caudillo” bajo palio y los festejos del 18 de julio para celebrar la criminal victoria genocida contra su propio pueblo, pocos privilegios han perdido.

La derecha está nuevamente rabiosa, con una rabia que, al parecer, han tenido en conserva durante cuatro décadas. Olfatean que esta vez va a ser complicado que la crisis la paguen las rentas del trabajo, pues la resistencia de la mayoría social es evidente. Temen que este Gobierno no sea capaz o no tenga la voluntad de tomar medidas agresivas en “SU favor”, como las que tomó Aznar con su ley de liberalización del suelo, que desembocó en la burbuja inmobiliaria, o la agresiva reforma laboral que impuso Rajoy.

Quieren desestabilizar al Gobierno. Desean llevar a este país a una situación insostenible sin importarles los costes económicos ni humanos, para forzar un gobierno de unidad nacional, de coalición o como sea, pero que les dé la tranquilidad de que no se van a subir impuestos para cubrir las necesidades sanitarias (eso sí, a las 8 aplauden para guardar las apariencias ante sus vecinos. Apariencias que quedan claras una hora después cacerola en mano), ni se van a establecer mecanismos de afianzamiento del Estado de Bienestar, al que no están dispuestos a contribuir.

La música es la misma de siempre, aunque AP y Fuerza Nueva o PP y VOX le pusieran y le pongan letra algo diferente. Sin embargo saben que la presencia del PSOE en cualquier tipo de gobierno que se forme es imprescindible, ningún partido por si solo tiene la suficiente credibilidad para aplicar las políticas que las instituciones financieras internacionales les requieren.

Somos solidarios del Presidente, Pedro Sánchez, de los ministros socialistas, de la coalición que han formado, pues representan a muchos millones de trabajadores y ciudadanos que quieren cambiar el país. Reivindicamos que tengan libertad para atender a las demandas de millones de trabajadores y ciudadanos en difícil situación, para aplicar el mandato de los electores, sin las abrumadoras exigencias de la patronal, a la que nadie ha elegido, de la Guardia Civil, a la que nadie ha elegido, del Banco de España y la Airef, que tienen prohibido recibir instrucciones de los que representan la soberanía del pueblo. De la misma manera que reivindicamos el derecho a gobernar de los que han sido elegidos para ayuntamientos y autonomías. Exigimos que se deje gobernar al Gobierno, para que pueda cumplir con los compromisos de investidura y de los programas electorales. Es legítimo que el Gobierno satisfaga las reivindicaciones pendientes de la mayoría social, no hay mejor forma de combatir a la derecha franquista que fortaleciendo derechos y libertades. Sabemos que es un Gobierno que aún no ha cuajado, apenas llevaba dos meses formado cuando estalló la pandemia, es un Gobierno de coalición con distintas sensibilidades en su seno y encima les ha tocado lidiar con la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. El resto de dificultades ya las pone la derecha.

No se trata de apoyar incondicionalmente al Gobierno, pues solo de sí mismo dependerá si se debilita, cayendo y arrojándonos a las fauces del gobierno que añoran los nostálgicos rabiosos o si se fortalece demostrando que gobierna para la mayoría social. Una medida así sería que el acuerdo del PSOE, UP y Bildu se hiciese extensivo a otras fuerzas políticas: ERC, BNG, Compromís, Mas País…para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013, la LOMCE, la derogación del Artº 135.3 de la Constitución…

El Gobierno se verá fortalecido si no aplica las recomendaciones que el Gobernador de Banco de España hizo en su reciente comparecencia ante las Cortes, en la que recetó: nuevos recortes, más despidos, etc. Las recetas de siempre.

La alternativa de los de la cacerola rojigualda es la regresión, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La alternativa al Gobierno actual es otro ataque al sistema público de pensiones, es otra andanada de leyes restrictivas contra los derechos fundamentales, no por el estado de alarma; Rajoy no necesitó un estado de alarma para abusar del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar el derecho de huelga, ni para la Ley Mordaza contra la libertad de expresión y movilización.

La deuda aumenta; los expertos la sitúan por encima del 115%, y de otra parte el  PIB desciende -9 puntos, es la previsión. Las posibilidades de entrar en una recesión fuerte son más que reales. El Gobierno se fortalecerá si no titubea, si se enfrenta a los que quieren que la crisis la paguen los de siempre, si impide los despidos, si reactiva la economía con todos los productos que les son necesarios a la sociedad e interviene, si hace falta, las entidades financieras y las fábricas que considere necesario. Competir con China no puede ser a base de bajar los salarios.

Con el anuncio de cierre de la planta de Nissan de Barcelona se corre el riesgo de dejar sin sustento a 23.000 familias, entre trabajadores directos e indirectos. Ante esto, el Gobierno debe actuar sin medias tintas. Alguna vez habrá que pararle los pies a las multinacionales. Los patriotas lo comprenderán; no se puede mentir al Presidente de un país que está dándote ayudas económicas por los cuatro costados y que no pase nada. Si se metieron más de 60 mil millones para sanear entidades bancarias que después fueron entregadas gratis o baratas a otras entidades financieras, no es descabellado expropiar una fábrica que te hace un roto laboral del tamaño de Nissan, máxime cuando es evidente que este país no puede depender en exclusiva del sector servicios. Más aún cuando ha quedado claro que tenemos carencias básicas como la fabricación de respiradores hospitalarios, por poner solo un ejemplo.

Nissan, a pesar del tremendo drama que representa, puede que sea la primera parte de la punta del iceberg que se nos echa encima. Los despidos se están produciendo en la mismísima sanidad pública; por ejemplo en la Comunidad de Madrid –icono del PP de lo que debiera ser un Gobierno- se está despidiendo a los sanitarios que fueron contratados para paliar el déficit de personal, y se está contratando con cuentagotas en la atención primaria. Como dicen los católicos: “desvestir un santo para vestir a otro”. Las compañías aéreas están anunciando despidos masivos. El 30 de junio termina la protección a los trabajadores que han caído en la desgracia de los ERTE de fuerza mayor, los cuales suman más de tres millones y cuyos salarios han descendido por este hecho entre un 30% y un 50%. Todo hace temer una ola de ERE, por eso es muy urgente la derogación íntegra de la reforma laboral. El turismo se va a resentir sin duda, y así un largo listado de sectores y empresas a las que el Gobierno está ayudando con multimillonarias cifras, pero que no garantizan el empleo. Por ende, las ayudas económicas deben ir destinadas a impedir la destrucción de puestos de trabajo y sólo a las empresas que aseguren el mantenimiento del empleo.

Hay que recordar nuevamente que el Gobierno de quienes enarbolan la cacerola, soltó más de 60.000 millones de euros solo para un solo sector, el Financiero; cuyo “agradecimiento” a la sociedad fue la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo de los que no han devuelto ni el 10% de esa deuda con el Estado. 60 mil millones equivalen al 50% del coste económico estimado de la actual pandemia.

La mayoría social debe percibir, tiene que ser tangible, que el gasto público se destina a las prioridades de la mayoría: el Ingreso Mínimo Vital, aunque insuficiente, lo es; siempre que no se termine utilizando para complementar salarios, lo que sería una manera indirecta de financiar a las empresas. Necesitamos que se refuerce y se asegure como un derecho, como una conquista histórica, un subsidio de desempleo que cubra todas las necesidades de una unidad familiar media. Reforzar el sistema sanitario con infraestructuras, medios técnicos y personal bien remunerado lo es. Desdoblar las aulas y contratar profesorado para que el septiembre se inicie el curso con normalidad y con medidas de prevención para alumnos y profesores lo es…Esas son, entre otras muchas, las prioridades que hay que abordar.

Ante todo esto, que es mucho, no basta con salir a aplaudir a las ventanas. Las organizaciones que representan a la mayoría social, sean de la naturaleza que sean: partidos, sindicatos o asociaciones, deben aunar una respuesta por y para la mayoría social. No tenemos los medios de comunicación, carecemos del dinero para financiar campañas como hace Steve Bannon, no tenemos los medios de producción, pero seguimos siendo la mayoría que trabaja para llevar un salario a casa con el que mantener a nuestras familias, la que cotizó y recibe una pensión, la que estudia para tener opción a un futuro digno, y cada día esos sueldos, esas pensiones y ese futuro están más devaluados.

 El Comité de Redacción

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Un 1º de Mayo virtual, pero no menos reivindicativo

Por vez primera en la historia, se va a celebrar el 1º de Mayo, “Día internacional del Trabajo”, virtualmente; solo con videos, manifiestos, entradas en páginas web, blog y redes sociales. Es el cóctel de la digitalización y la pandemia del COVID-19. Pero el hecho de que nos veamos obligados, por las circunstancias, a no poder manifestarnos en la calle, no significa que este 1º de Mayo no esté cargado de reivindicaciones.

Los trabajadores de todos los sectores de actividad, sin exclusión, están exigiendo protección para el desempeño de su trabajo. Es lo mismo que venimos exigiendo desde hace muchas décadas: inversión en prevención de riesgos laborales. En esta ocasión con un motivo añadido muy concreto, como es minimizar el riesgo de contagio. La prevención de los riesgos laborales no es una cuestión menor, en enero se produjeron 56 muertes en accidente laboral, un 27,3% más que en enero de 2019. Y el año 2019 se cerró con la muerte de 605 trabajadores y trabajadoras. Lo hemos visto con la explosión vírica del coronavirus. Uno de los grandes problemas ha sido el desabastecimiento de equipos de protección, incluídos los más básicos. No hay nada que inventar, lo que hay que hacer es invertir. Este 1º de Mayo reivindicamos protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Reivindicamos empleo para todos y todas, de calidad. La tasa de paro al cierre de 2019 fue del 13,78%, es decir que 3.200.000 de trabajadores carecían de puesto de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por un ERTE, a fecha de 14 de abril publicado en la revista digital “Mercado Libre”. En julio veremos la EPA del fatídico segundo trimestre. Recodemos que el primer trimestre de 2013 –justo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP- se alcanzó la espeluznante cifra histórica de 6,2 millones de desempleados en nuestro país. Estos datos justifican el temor al desempleo, generan incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro inmediato.

La experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó en 2008, y de la que muchos y muchas de los de nuestra clase social aún no han salido, nos ha dejado la sospecha de que se pretenda que la reconstrucción económica sea pagada nuevamente por los más desfavorecidos. Aquella crisis sirvió para abaratar el despido, para devaluar los salarios y para deteriorar las condiciones de trabajo.

Esta crisis sanitaria nos está enseñando la cara más cruel del capital. Desde la derecha: política, económica y mediática, se ha presionado al Gobierno para que se reabra la actividad económica; y así se hizo desde el 13 de abril. A la vez, muchas comunidades autónomas han presionado para que las familias salgan con los niños menores de 14 años, en su afán por aparecer ante la ciudadanía como los que abren las puertas, dejando al Gobierno solo, ante el agotamiento de la ciudadanía tras siete semanas de confinamiento; así está ocurriendo desde el domingo 26 de abril. A fecha de redactar esta editorial ya se está produciendo un repunte en el número de muertos y afectados, que se mide comparando el bajón que iba produciéndose con las cifras actuales, según datos del Ministerio de Sanidad a 25 de abril. ¿Quién se hace responsable de ese plus de muertes y de esos contagios? ¿Son bajas asumibles, daños colaterales?

En la sesión de control al Gobierno, celebrada el 22 de abril, el PP pedía al Gobierno determinación. Desde Tribuna Socialista coincidimos en eso con el señor Casado, aunque solo sea en la formulación. Los trabajadores también le pedimos determinación al Gobierno. Pedimos determinación para intervenir en la sanidad privada y que se devuelva el dinero público que haya podido pagar el Govern del Sr. Torra a establecimientos privados sanitarios. Determinación para paralizar la privatización permanente que lleva a cabo la señora Ayuso en Madrid, utilizando infojob para gestionar empleo público o cadenas de comida basura para asistir a las familias en situación de pobreza. Determinación para exigir la devolución del dinero público con el que se sanearon entidades bancarias que al poco fueron entregadas a otras entidades privadas, máxime cuando nuestros bancos se dedican a sacar dinero de España en dirección a paraísos fiscales: es el caso de Caixabank que prepara la “apertura de un banco en Luxemburgo para ricos españoles”, según informa eldiario.es en su edición del 13 de abril. Determinación para dotarse de un polo de Banca Pública que canalice el crédito del ICO sin depender de las entidades financieras privadas, para que garantice los servicios bancarios básicos en todos los municipios del Estado. Determinación para depurar responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores. Determinación para municipalizar la gestión de los servicios funerarios y que la muerte deje de ser un negocio…Deternimación.

El compañero Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de no repetir lo que hizo el compañero José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Ha tomado una serie de medidas para proteger a los sectores más afectados… No es suficiente. Lo que la mayoría social reclama es un plan de emergencia que levante el país y genere masivamente empleo público, reforzando la sanidad y demás servicios públicos.  La reconstrucción no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas ni de los jóvenes de nuestro país.

La respuesta a aquellas medidas de mayo de 2010 ya la vimos en noviembre de 2011. Y lo peor es que las sufrimos en marzo de 2012 y en el mismo mes de 2013, con la violenta reforma laboral y la agresiva reforma de las pensiones, respectivamente. El Gobierno debe restaurar los derechos de los trabajadores que el PP lesionó. Derechos que son fundamentales para defendernos en esta crisis: restableciendo el principio de ultractividad de los convenios, anulando el despido barato, quitando el descuelgue empresarial en los convenios… que derogue la reforma laboral y garantice el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, apoyamos a los trabajadores de hospitales de Cataluña, de Madrid, de Galicia… que se movilizan diciendo que no son héroes sino trabajadores y que a los políticos que les llaman héroes les piden hechos: revertir los recortes de la sanidad desde 2010, de medios, de personal, y también el 5% del salario. Eso sería apoyarles y valorar su labor, lo demás son gestos y palabras huecas.

El pacto de reconstrucción debería ser posible con todas las fuerzas que representan a los trabajadores y a los pueblos del Estado español, para proteger a la mayoría, para corregir lo que se ha puesto en evidencia que no funciona, para llevar a cabo una reforma constitucional que aborde las prioridades de la mayoría. Lo que planteamos no es una quimera ni una utopía, es simplemente democracia.

¡Viva el 1º de Mayo!

Comité de Redacción de TS

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Las necesidades de la población vs los intereses de los poderosos

El Parlamento aprobó el jueves día 9 quince días más de confinamiento, Sumarán 42 días, de momento. Tras las primeras cuatro semanas, no se han despejado las incertidumbres que pesaban sobre la mayoría social antes del 14 de marzo; lejos de ello se han agravado.  Veíamos con perplejidad como se suspendían eventos internacionales como el World Trade Mobile Congress de Barcelona mientras se permitían otros eventos de impacto similar, en cuanto a concentración del número de personas se refiere: partidos de fútbol, mítines en plazas de toros…

Sin duda, el escándalo de las residencias de las personas mayores muestra la cara más atroz, más temeraria y cruel del Mercado. Las residencias, como la Salud y muchos servicios públicos, se han convertido en un negocio que juega con la vida de las personas. El afán del beneficio y la mordida; en forma de porcentaje y/o puerta giratoria, han convertido las residencias en auténticos morideros. El negocio de las residencias demuestra que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, ni es para todos igual, ni estamos todos en el mismo barco.

¿Es una crisis sanitaria? Desde el primer momento se han dado mensajes que limitan y distorsionan el carácter de la pandèmia. Se dice: “la pandemia es una crisis sanitaria”; pero no es sólo eso. La expansión vírica ha puesto al descubierto, con toda su crudeza, el carácter del sistema económico y social al que estamos sometidos y del que somos víctimas. No abundaremos en cifras que conocen los lectores de Tribuna Socialista, es el sistema que antepone los intereses de unos pocos frente a la vida de las personas, tengan estas la edad que tengan.

Los recortes en la sanidad pública lo demuestran. La destrucción de puestos de trabajo, la carencia de medios de protección, de respiradores en la UCIs… se ha convertido en un aliado del virus

Las políticas económicas aplicadas en los últimos 10 años han dejado  desprovisto de los profesionales necesarios al sistema público sanitario. El presidente del Gobierno prometía la incorporación de 50.000 profesionales de la sanidad a los hospitales para atender a los afectados por el Covid19,  y no se han incorporado ni la mitad.

La lógica del capital, consistente en el cierre de plantas hospitalarias, la merma en infraestructuras, en medios para la investigación y la disminución de profesionales, se muestra como un arma letal cada día contribuyendo al incremento del número de muertos. Van más de quince mil, a la espera de que las comunidades autónomas, cada una con sus sistema de recuento propio (¿?), informen del número de fallecidos por coronavirus. No es una crisis sanitaria o no sólo; es la consecuencia de las decisiones impuestas por quienes nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos dicen que la crisis es de todos, porque el virus afecta a todos; sí, pero a unos afecta más que a otros. Las afectaciones en los barrios populares, donde el poder adquisitivo es más bajo, las condiciones de trabajo más precarias y el tipo de viviendas más reducido y en peores condiciones de salubridad, los contagios y las transmisiones son mayores que en barrios más pudientes, donde el poder adquisitivo está por encima de la media, como demuestra un estudio publicado estos días por El Periódico de Cataluña. Todos no son como Aznar que se recluye en su mansión de Marbella con todo tipo de lujos, por tanto las consecuencias del virus no son lo mismo para todos y todas.

Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTEs supone de entrada una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 30% del salario, ¿cuánto tiempo podrá resistir la economía familiar de estos trabajadores, si la mayoría de ellos no llegaba o llegaba muy justo a final de mes? La incertidumbre se incrementa para todos aquellos que han sido despedidos sin ningún tipo de garantías de volver a encontrar empleo. También los trabajadores autónomos y pequeños empresarios ven con terror el futuro de sus proyectos empresariales o de negocio. Los estudiantes ven amenazado el curso académico sin que nadie garantice un final con aprovechamiento adecuado del aprendizaje ni que las evaluaciones serán justas para todos los alumnos; la brecha digital –por localización geográfica, renta, generación, conocimiento digital…- se está haciendo muy evidente en estos momentos.

Un coro formado por las patronales y los partidos de la derecha, están presionando al Gobierno para que éste permita a las empresas ser las que decidan qué actividad de empresa es servicio esencial o no, por tanto, quién vuelve a trabajar y en qué condiciones, sin que esté suficientemente garantizada la seguridad a los trabajadores o trabajadoras que se incorporan. Ni el Gobierno debería ceder ni un ápice a dichas presiones, ni las centrales sindicales consentirlo; la salud, la vida de las personas debe estar por encima de los intereses de unos cuantos desaprensivos que solo piensan en sus beneficios.

La crisis ha puesto al descubierto las carencias democráticas de un sistema con muchas reminiscencias del pasado, empezando por la monarquía, que actúa al servicio de los poderosos y las altas finanzas.

En el debate parlamentario del día 9 de abril, Pedro Sánchez dijo que “la Unión Europea está en peligro si no muestra su solidaridad sin fisuras«, pero la UE sigue mirando para el mismo sitio que en la crisis del 2008, es decir a los sectores financieros que nada hacen por combatir el Covid19, más al contrario, sólo ven negocio, negocio y negocio. El Banco Central Europeo hace todo lo posible para facilitar a las entidades financieras la obtención de sustanciosos beneficios: por un lado avala al 80% los créditos empresariales para que las entidades privadas no corran ningún riesgo en caso de impagos y por otro da créditos a coste cero, para que sean estas mismas entidades financieras las que fijen el porcentaje de interés por crédito a los gobiernos. Llueve sobre mojado.

De nuevo, el Gobierno tendrá que decidir entre aplicar el artículo 135 de la Constitución, que el gobierno de Zapatero pactó reformar, por el que se da prioridad al pago de la deuda o destinar dinero a la sanidad y a otros servicios públicos. La UE está descompuesta y sumida en una crisis sin fin, aparece más como un obstáculo insalvable para la solución que necesita la mayoría social que como una herramienta en favor de los pueblos de Europa. Queda en evidencia que la UE es una herramienta para los mercados. Sus estructuras e instituciones no están diseñadas para socorrer a los ciudadanos.

Es necesario un cambio en profundidad del sistema económico y de producción, en el que las principales empresas: de servicios estratégicos, energéticas, financieras, del textil, farmacológicas, y todas aquellas que sean necesarias  para atender las demandas sanitarias de la población,  se pongan al servicio del Estado, para que sea el Gobierno, con el debido control parlamentario, quien determine las prioridades de producción necesarias para cubrir las necesidades que la situación de pandemia exige hoy, y en el futuro. Con o sin pandemia, con o sin crisis, la vida de las personas y su bienestar tienen que prevalecer sobre el beneficio y la acumulación privada.

Comité de Redacción de TS

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Hay que acabar con el virus y con los parásitos

covid19 No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

 

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“Lo decimos una vez más: Necesitamos un Gobierno que gobierne para la mayoría”

Tras las elecciones del pasado día 10 de noviembre, los acontecimientos se suceden con rapidez. Unos resultados que Tribuna Socialista ya analizó en la edición Especial Elecciones 10-N, editada el 11 de noviembre: “Contra el ascenso del fascismo: políticas en favor de la mayoría”.

En menos de un mes se han puesto en marcha más iniciativas y se han dado más pasos que en seis meses tras el proceso electoral de abril. Acontecimientos que han tomado su forma más relevante en el pacto entre PSOE y UP, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez y la inmediatamente posterior formación de Gobierno de coalición. A pesar de la ambigüedad y falta de compromiso sobre las demandas planteadas por la mayoría social el acuerdo ha sido refrendado muy mayoritariamente por las bases en las consultas realizadas por ambos partidos.

Este acuerdo ha abierto la puerta a las negociaciones con ERC, quienes también han recibido el apoyo de sus bases para apoyar la investidura del líder socialista. Si bien el apoyo está condicionado a que se abra una mesa de diálogo. Esta condición ha sido interpretada por los agoreros de la derecha como un chantaje, como si cupiese esperar que ERC le fuese a entregar el apoyo a Pedro Sánchez sin ninguna condición, como si una mesa de diálogo no fuese lo mínimo, el primer paso, para buscar una salida a medio y largo plazo a la cuestión catalana, siendo lo más urgente la libertad de los presos. Como si todos los partidos, desde siempre, no hubiesen puesto condiciones a la investidura presidencial, a cambio de sus votos.

El camino iniciado debería permitir establecer una base firme para encontrar apoyos en el Parlamento entre las fuerzas que se reclaman de la izquierda, para que se forme Gobierno, para que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PP.GG.EE) que no sean los que elaboró Montoro (PP).  Somos conscientes de que el camino no será sencillo, pues la derecha: la extremada, la de siempre y de la que se hace pasar por otras cosas, trabajan para quién trabajan y harán todo lo posible y más para trabar la normalidad de la dinámica parlamentaria. Lo previsible es que la actual batalla por desbaratar la formación de un Gobierno que aplique políticas favorables a la mayoría de la sociedad se traslade a los PP.GG.EE.

La presión contra el pacto de PSOE y UP es tremenda. Una presión que se hubiese aguantado mejor con los resultados del 28 de abril. Una presión que a modo de campaña organizada llega desde los tradicionales flancos: mediático, político y económico. En este sentido, hay que reconocer la perseverancia de Felipe González y su coro, coincidiendo con los medios de comunicación más radicales en sus posiciones antiobreras y con las instituciones del capital: CEOE, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Círculo de Empresarios,… Incluso en el seno del PP, a la desesperada, Feijóo –el amigo de los narcos- entre otros, sugieren una gran coalición y ofrecen los votos del Partido más corrupto de nuestra historia, para condicionar la política del futuro Gobierno, para que se continúe gobernando en favor de la minoría.

Los representantes de los responsables de la crisis que se inició en 2007, los mismos que se han beneficiado de esa crisis, braman contra la necesaria derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aúllan contra la marcha atrás de la reforma de Pensiones de 2013, graznan contra la derogación de las leyes regresivas y represivas que impuso el PP: Ley Mordaza, Artº 315.3 del Código Penal, la LOMCE…

La pantalla de humo perfecta para la derecha es el lío y la confrontación; de ahí la hiperbólica actitud de los dirigentes de VOX. Por eso el PP alimenta los conflictos con represión y judicialización de la vida política, en connivencia con los jueces y fiscales que “trabajan a favor de obra y de la Obra”.

Nuestra historia está atravesada por conflictos territoriales, el más reciente y cruento es el sufrido en el País Vasco, con sus terribles consecuencias, a pesar de conseguirse una salida positiva y democrática; gracias al proceso de paz y negociación que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidamos la actitud de la derecha: el PP de Aznar, Mayor Oreja, y demás secuaces. Y ya vamos oyendo los mantras de PP, VOX y C’s en relación con el conflicto en Cataluña: “155, cárcel, represión». Son capaces de tensar la convivencia hasta extremos inusitados de manera irresponsable y reiterada.

Los conflictos políticos se resuelven con política, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones como por ejemplo las apuntadas por el PSC, en la línea de una reforma constitucional, entre otras reformas urgentes que la Constitución necesita, que asiente la realidad de este país: un país plurinacional. Una reforma que supere la etapa de las autonomías, para avanzar por la vía del federalismo dejando atrás la “España una grande y libre” (libre para los abyectos afines al franquismo).

Los desafíos y las incertidumbres son importantes, complejos, pero si la izquierda se une tenemos la oportunidad de dar respuesta a una etapa en la historia caracterizada por crisis económicas recurrentes que la han hecho pagar a los más desfavorecidos con enormes retrocesos sociales y un profundo recorte del Estado de Bienestar, en España y en tantos y tantos países.

Esta es la situación política actual, de ahí la importancia de lo que desde Tribuna Socialista venimos pidiendo reiteradamente: un Gobierno que gobierne para la mayoría, con la agenda social necesaria. Sabemos de los obstáculos que las instituciones financieras, nacionales e internacionales pondrán, también somos conscientes de que los poderes  venidos del régimen anterior se opondrán a dar solución política a los problemas políticos y buscarán la confrontación permanente Es por ello que estamos expectantes y esperanzados en que los que teniendo representación parlamentaria, y reclamándose de la izquierda, tomen consciencia de la gran responsabilidad que tienen.

Hace unas pocas semanas hablábamos de incertidumbre, y ahora tenemos lo que deseábamos, pero sigue siendo una situación delicada, frágil, que requiere prudencia y generosidad. Al mismo tiempo que firmeza para recuperar todos los retrocesos que los Gobiernos de la derecha nos quitaron con sus medidas, sólo con más derechos y más democracia paremos los pies a los que nos quieren volvernos al pasado.

Desde Tribuna Socialista reiteramos ese deseo compartido, esperamos inteligencia y paciencia, para garantizar una legislatura estable, provechosa y progresista. Solo pedimos esto, un Gobierno que gobierne para la mayoría de la sociedad.

Comité de Redacción

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Que no haya Gobierno es desoír el mandato de las urnas

El 28 de abril las urnas hablaron claro, pero tras más de 140 días no se ha entendido o no se quiere entender. Lo primero sería grave, pero lo segundo sería peor.

La mayoría de la sociedad se volcó en participar de las últimas elecciones legislativas; la mayor participación desde 2004. Más de 12,6 millones de votos fueron a los partidos políticos que se reclaman de izquierdas. El resultado, por si alguien aún no ha echado cuentas, es que hay 185 diputados (PSOE, UP, ERC, Bildu, Compromís) que pertenecen a ese conjunto de organizaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Recordando que la mayoría absoluta está en 176.

La respuesta de los votantes de izquierda no fue una contestación sólo ante la amenaza real de la llegada de la ultraderecha. Fue una reacción positiva para poner freno a las políticas del PP; tanto si las adopta en común con Ciudadanos o sin ellos, con VOX dentro o con VOX fuera del Partido que fundó el ex ministro de Franco, Manuel fraga.

Las urnas respondieron en sintonía con el «No es No» con el que las bases del PSOE apoyaron a Pedro Sánchez, frente a lo que suponía Susana Díaz y el «felipismo» del que ella se reclama, que pugnaba por dar continuidad a las políticas del PP absteniéndose en la investidura a Rajoy.

El 28 de abril, más de doce millones y medio de ciudadanos y ciudadanas votaron para que hubiese un Gobierno que defienda el actual Sistema Público de Pensiones derogando las reformas que lo condicionan y que sólo garantizan recortes y devaluación de las pensiones; como así ocurre con el mecanismo de revalorización introducido en 2013 por el PP, por el que sólo se revalorizan un miserable 0,25% anual. Es lo que ocurre con el «factor de sostenibilidad», que estira el importe de la pensión en función de la esperanza de vida; es decir que los pensionistas cotizaron en dinero real mientras trabajaban y ahora se les pretende pagar la pensión en base a artificios estadísticos.

Se votó para que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012; que son las vías abiertas en la legislación laboral que han facilitado el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. Esto explica cómo es posible que los trabajadores, a pesar de tener un puesto de trabajo, no tengan garantizado no vivir en la pobreza; lo que sufre casi un 15% de los asalariados y asalariadas. Por el contrario, el número de superricos se ha triplicado. Esto ha ocurrido en los años más duros de la crisis que provocaron los especuladores, pero que mientras las medidas legislativas que se tomaron sigan en vigor, contra las que hicimos tres huelgas generales, seremos los trabajadores los que pondremos el esfuerzo para que la minoría que provocó la crisis se siga viendo beneficiada.

Parar a la derecha no es cuestión de filias y fobias, es una cuestión práctica: la mayoría social (asalariados, pensionistas, desempleados, autónomos, estudiantes) necesita cambios legislativos valientes para defender un Sistema de Educación Público de calidad, en el que la religión no interfiera ni influya. Necesitamos que se legisle para potenciar económicamente a los centros públicos, con medios materiales y humanos, en lugar de primar la enseñanza privada; «casualmente» propiedad de las órdenes religiosas, en la mayoría de los casos.

Un Gobierno de la izquierda es una necesidad, para recuperar lo privatizado del Sistema Público Sanitario, pues es inadmisible e inaceptable la situación que se está viviendo en las urgencias hospitalarias, las listas de espera o la tercermundista situación que se vive en la Comunidad de Madrid con la lencería hospitalaria. Igual que en la Educación, en la Sanidad pública, hay que dotar de medios humanos y materiales a los centros hospitalarios públicos, en lugar de derivar a los pacientes a los centros privados; también muchos de ellos en manos de la Iglesia y de especuladores de la salud.

Son necesarias medidas medioambientales que pongan freno al «pirocrimen» al que asistimos todos los años en la etapa estival. Como son necesarias medidas medioambientales que combatan la contaminación atmosférica en las grandes urbes.

Para abordar estas necesidades, es preciso acometer una reforma fiscal que equilibre lo que hoy es exageradamente desequilibrado. El peso de los tributos por rentas del trabajo es, con diferencia, el mayor de los tres grandes bloques de ingresos vía impuestos, los otros dos son el IVA y el de sociedades o rentas del capital.

En nuestro país se recauda un 7% menos que la media de la zona euro, lo que equivale a unos 80.000 millones de euros cada año. No sólo se trata de ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en cuanto a presión fiscal; hay que luchar seriamente contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, pero no al estilo Montoro con amnistías para los defraudadores.

Todas estas políticas fueron introducidas por los gobiernos del PP a base de represión: haciendo un uso abusivo del artículo 315.3 del Código Penal, por parte de la fiscalía y de algunos jueces, y con la introducción de la Ley Morzada. Fue y es evidente que se legisló para criminalizar la legítima respuesta de los trabajadores, de la mayoría social; lesionando derechos fundamentales como la huelga, la libertad de expresión o el de movilización. Por eso necesitamos un Gobierno que derogue esta legislación atentatoria contra las libertades.

Necesitamos un Gobierno que dé una salida democrática, desde la política, al conflicto generado en Cataluña. Coincidimos con CCOO y UGT de Cataluña quienes, en su manifiesto unitario de este 11 de septiembre, reclaman la libertad para los presos, consideran abusivos el uso que se está haciendo de la prisión preventiva y manifiestan que con los presos en libertad sería más fácil de evitar la polarización de la sociedad catalana. La mayoría social del resto del Estado no nos podemos desentender de esta cuestión, que es central para la democracia y los derechos.

Los discursos de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, auguran sentencias ejemplares que caerán como una losa sobre la mayoría social de nuestro país y, sin ninguna duda, serán un verdadero obstáculo para una solución democrática, que deberá pasar necesariamente por que el pueblo catalán decida libremente su destino, en un referéndum negociado y legalmente reconocido. UGT y CCOO lo expresan de la siguiente forma en su manifiesto: «Nos declaramos  a favor del ejercicio del derecho a decidir entendiéndolo como un derecho democrático que incluye todas las cuestiones individuales y colectivas que nos afectan, sociales, laborales y políticas»

Que no haya un Gobierno, independientemente de quiénes lo conformen, y que no haya un acuerdo que lo sustente, es vulnerar el mandato de las urnas. Un mandato que fue nítido y mayoritariamente de izquierdas.

El escenario de unas nuevas elecciones es legítimo, claro que sí, y no nos da miedo, pero dejaría el mensaje de que no se quiere tener un Gobierno que tenga que afrontar las también legítimas aspiraciones de la mayoría de la sociedad.

No alcanzar un acuerdo y no poner en marcha la legislatura para abordar las cuestiones expuestas, entre otras muchas, es darle un balón de oxígeno a la derecha. Por eso los voceros de esa derecha: política, mediática y económica llevan semanas animando a que no haya acuerdo, diciendo “no pasa nada por volver a votar”. Desde Tribuna Socialista decimos que sí pasa: pasa la oportunidad de iniciar una senda distinta a la que venimos sufriendo la mayoría.

Comité de Redacción

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Para que ganen los derechos y libertades, que no gane la derecha.

Haz que pase.
Haz que pase

Las elecciones del 28 de abril son de una trascendencia fundamental. Hay que terminar con la derecha franquista de una vez por todas.

Después de 8 meses con Pedro Sánchez en el gobierno y sin que se hayan cubierto muchas de las expectativas que generó la moción de censura, nos encontramos, seguramente, ante la campaña electoral en la que los electores desconfían más de las instituciones del Estado y de las candidaturas que tienen opción de gobernar. El 41% del electorado no tiene definido su intención de voto.

Corresponde a toda la izquierda diferenciarse con propuestas claras y sin ambigüedades de las propuestas que representan a los intereses de los poderes financieros, de sus planes económicos y de sus políticas de recortes de libertades.

El PSOE es, una vez más, la fuerza política de referencia que concentra las expectativas de la mayoría social. Detener a los partidos de la derecha es defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Los intereses que PP, C’s y VOX representan, son contrarios al mantenimiento del Sistema de Pensiones públicas y son incompatibles con el mantenimiento de la Sanidad y la Educación públicas. Por ello, debemos volcarnos en la campaña electoral, para conseguir el máximo de votos; esta es la principal tarea que tenemos los militantes socialistas.

Desde Tribuna Socialista contribuiremos para conseguir el triunfo necesario.

La precampaña se está librando en paralelo a los juicios contra los políticos catalanes, por donde están desfilando, policías y guardias civiles con declaraciones que carecen de la veracidad requerida en cualquier juicio que se precie de democrático, contando además con la complicidad de la presidencia de la sala del Tribunal Supremo, quien, como si de un director de escena se tratase, dirige a los actores para que el juicio parezca justo.

La campaña también coincide con el escándalo de la “policía patriótica”, eufemismo de “policía franquista”, que no ha cambiado ni un ápice las formas y modos mafiosos y criminales de la dictadura de la que provienen; las escuchas y audios de las conversaciones grabadas, sobre los espionajes a partidos en los que aparecen implicados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el mismísimo Mariano Rajoy y su Gobierno.

Hay una necesidad perentoria de cerrar el paso a las posiciones extremistas de las tres opciones de la derecha que se disputan la representatividad de los franquistas y que quieren imponer verdaderos retrocesos en derechos y libertades.

Todos quieren acorralar al PSOE para que no ofrezca ninguna resistencia a los planes de los poderes financieros y mucho menos se pueda ofrecer una salida democrática al “problema de Cataluña”.

No podemos desentendernos de nuestra responsabilidad; derechos y libertades están siendo cuestionados continuamente por PP, C,s y Vox. Quieren hacer retroceder e incluso derogar todas las conquistas y libertades conseguidas. La realidad demuestra que la defensa de los derechos y de las libertades es inseparable.

En estas elecciones generales no cabe la ambigüedad, y es por ello que desde posiciones socialistas cualquier acercamiento a C,s  significará abrir la vía a la crispación y el enfrentamiento entre pueblos; además de generar dudas y quiebras de confianza entre los votantes socialistas.

Debemos defender con firmeza el diálogo y la negociación como la seña de identidad socialista frente a los que impulsan el enfrentamiento entre los pueblos y la judicialización de la política.

La mayoría social sigue esperando que se deroguen las reformas laborales, que tanto daño sigue haciendo, mientras tanto repuntan de nuevo los expedientes de regulación que provocan la destrucción de miles de empleos. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para recuperar y garantizar los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores tiene que ser un compromiso claro de los partidos de izquierda.

La defensa de la industria garantizando el empleo digno y con derechos, debe ser permanente para un gobierno socialista.

Establecer una política fiscal de forma progresiva que pague más el que más tiene y no exima a las grandes fortunas ni reduzca a su mínima expresión la presión fiscal sobre las empresas.

Es urgente la derogación del artículo 315.3 del código penal mediante el cual hay encausados más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga para defender los derechos colectivos.

La defensa de los servicios públicos pasa necesariamente por la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago a acreedores y entidades financieras que al mantenimiento de los servicios públicos. Hemos de volver a situar la economía al servicio de las personas y no al revés.

La derogación de la ley Mordaza debe ser un compromiso firme y sin ambigüedades, no hay país democrático que meta en la cárcel a raperos, artistas y titiriteros por expresarse libremente o aludir a la Casa Real, institución cada vez más desprestigiada al haberse hecho evidentes las corruptelas que todos sospechábamos. Una institución, La Corona, anacrónica, aparece cada vez más incomprensible ante las demandas de la mayoría social.

También ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso en la defensa un estado federal en que podamos proponer y defender nuestro modelo de Estado, en un referéndum en el que la mayoría pueda elegir libremente entre Monarquía o República..

Comité de Redacción

 

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Compromiso para recuperar derechos y libertades

Una vez fijada la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, observamos que se abre un periodo de desconcierto, en el que nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre el futuro de los derechos y libertades.

Frente a la incertidumbre y el miedo que siempre genera no ver un horizonte claro, la izquierda debería tomar compromisos claros y sin ambigüedades, en relación con las preocupaciones que más afectan al movimiento obrero, es decir a la mayoría de la sociedad. Es preciso arrojar luz en el futuro, pues en función de qué tendencia tenga el gobierno, tras las elecciones generales, la incertidumbre que se cierne sobre el Sistema Público de Pensiones se acentuará o se disipará; la reforma laboral salvaje de 2012 continuará vigente o se le dará otra vuelta de tuerca para hacerla más sangrante contra los trabajadores; los retrocesos en derechos y libertades se acentuarán o recuperaremos los derechos y libertades: como ocurre con el Artº 315.3 del Código Penal o la Ley Mordaza.

Hay una cosa cierta, la conjura de la derecha neofranquista es la garantía de la minoría social para doblar cualquier tipo de resistencia, machacar la más mínima oposición a que se cumplan los planes de los poderosos, en el terreno económico, en el social y de las libertades.

En la declaración surgida de nuestra asamblea anual y publicada en TS n.º 99, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de derechos y libertades, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez frente a los ataques del Partido Popular y sus aliados. También a las movilizaciones que recorren las calles de nuestras ciudades defendiendo las conquistas conseguidas durante años de lucha.

La defensa del estado de bienestar ha caído en el olvido para algunos dirigentes, pero la situación es tozuda, el diario El País del día 18, publicaba que 600 000 pacientes permanecen en lista de espera para operarse y 1,5 millones esperan visita con el especialista, para el médico de familia la espera es hasta de 15 días.

UGT y CCOO reclaman con razón la derogación de la reforma laboral, al menos, en sus elementos más dañinos: como la recuperación de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de empresa o la recuperación del principio de ultraactividad. Pero la legislatura se agota y continúa sin realizarse, a pesar de haber sido acordado en las mesas de Diálogo Social.

Mientras, la Unión Europea se empantana en el sórdido espectáculo del Bréxit (todos los derechos en el aire), los planes económicos de los organismos internacionales y de los bancos continúan: en España las cifras de paro y precariedad siguen aumentando, se prevén miles de despidos en el sector financiero, añadidos a los 90.000 puestos de trabajo destruidos desde 2008. El sector del automóvil amenaza con una remodelación de consecuencias incalculables. España sigue exportando jóvenes, y los organismos internacionales del capital ya han redactado el encargo para el próximo Gobierno: realizar otra reforma de pensiones y otra ronda de recortes para pagar la deuda creada por Rajoy en defensa de los intereses de su clase social.

El juicio contra los políticos catalanes se está mostrando ante la opinión pública como un juicio político que será incapaz de solucionar el llamado , sin embargo, está siendo utilizado como arma arrojadiza contra el diálogo y la negociación para crear un clima de excepción, en el que no podamos defender ningún derecho. Los socialistas debemos distinguirnos y afirmar con fuerza: frente a la judicialización negociación, frente a la confrontación diálogo.
Para la mayoría social este 28 de abril no debe reducirse a un simple cambio de gobierno, se trata más que nunca de obtener una mayoría de diputados que recojan las necesidades de pensionistas, jóvenes trabajadores y/o estudiantes, autónomos, mujeres y hombres asalariados, ¡y hasta de los niños! que no tienen garantizado su futuro, qué el 28% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza. Hay que legislar para garantizar la solución a estos graves problemas. Necesitamos una mayoría parlamentaria, en Congreso y Senado, que plante cara a los depredadores de la libertad y los derechos y garanticen el porvenir.

El PSOE tiene una gran responsabilidad en esta situación, es el máximo referente de la clase trabajadora, concentra la principal responsabilidad para inclinar la balanza hacia, recuperar los derechos y las libertades perdidas o que la situación se siga degradando hasta que sea insostenible.

Derrotar a la derecha exige que el socialismo se comprometa con la recuperación de derechos y libertades, solo así recuperaremos la confianza suficiente para ganar.

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El diálogo y la negociación necesarios

El pasado 15 de febrero Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder la votación de los presupuestos generales para el 2019 en cortes.

Pedro Sánchez fue atacado por la derecha desde el minuto cero. Tras ganar la moción de censura, y el correspondiente desalojo del PP del Gobierno, a la mayoría social se le abrió una luz de esperanza, había posibilidades reales de ver satisfechas las demandas que Rajoy negaba, mientras aplicaba con puño de hierro todas las reformas que las clases pudientes deseaban.

Ni el PP ni C,s reconocieron la legitimidad de su Gobierno. Debían impedir a toda costa que el Gobierno socialista  llevara a cabo la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones del 2013 o que reformara el Atc. 315.3 del código penal, la ley mordaza o toda la lista de compromisos que había contraído durante su campaña de primarias.

La sensación de que se han perdido 8 meses, existe en amplias capas de votantes socialistas. Habrá que trabajar duro y adquirir compromisos, sin ambigüedades, si queremos ganar las próximas elecciones para evitar la nueva oleada de recortes que tienen preparadas los poderes económicos internacionales, FMI, BCE etc.

Pero, sobre todo, no podían tolerar  que el conflicto catalán encontrase soluciones mediante el diálogo y la negociación, sacándolo de la vía judicial al que fue avocado por Mariano Rajoy y sus acólitos.

No solo la derecha neofranquista, abiertamente declarada, se muestra contraria al diálogo y la negociación. «El fuego amigo»,  de la vieja guardia encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, expresan la parte más arraigada del estado, para que el enfrentamiento se produzca. A estas declaraciones se suma la resolución del Parlamento extremeño, cuyo presidente de comunidad es socialista, las declaraciones de García Page;  Lambán y Ximo Pons nos hacen ver cómo. Los de dentro de nuestras filas, que ayudaron a que Mariano Rajoy formara Gobierno en el 2016, coinciden hoy con los que convocaron la fracasada manifestación en la Plaza de Colón de Madrid, el pasado 10 de febrero contra Pedro Sánchez llamándole golpista, traidor y acusándole de defender la línea trazada por ETA.

A la lista de los que se oponen al diálogo y la negociación hay que añadir al Rey Felipe VI, que en el mismo momento en el que están siendo juzgados los políticos catalanes, interviene con una declaración intransigente, que parece tener el objetivo de influir en la mesa del Tribunal Supremo.

El pasado 9 de enero enviamos una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que  en la actualidad  han firmado más de 800 militantes. Dicha carta llevaba por título «Diálogo y negociación frente a judicialización y represión».  Más allá del apoyo de los militantes socialistas, creemos importante resaltar el apoyo de la ciudadanía.  La Vanguardia publicó el día 17 de febrero una encuesta en la que solo el 13,5%  optaba por aplicar el art. 155, mientras que un 78,5 % prefería el diálogo entre gobiernos.

«Diálogo y negociación» son necesarios para evitar el enfrentamiento y para llegar a  acuerdos que sirvan para resolver las demandas que la mayoría social está reclamando. Solo así podremos parar los ataque que están recibiendo nuestros derechos y libertades.

José A Iniesta.

TS Barcelona

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Tribuna Socialista nº 99. Febrero 2019

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Andalucía 2-D: Unas elecciones en ausencia de Socialismo

Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Se han dado una serie de factores que han terminado por arrojar un resultado del que difícilmente saldrá un gobierno de izquierdas. Incluso habría que preguntarse si el Gobierno de Andalucía, ahora en funciones, apoyado por Ciudadanos es de izquierdas a la luz de sus actos.

Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía, pero ella solita se ha encargado de hacer desaparecer de la escena al Partido Socialista; que la Dirección Federal intervenga lo justo en la campaña, perfil personalísimo y egocéntrico de la “Sultana”, corte nacionalista andaluz en los discursos,…

“Susana Díaz ha vivido de la inercia y de la historia del socialismo en Andalucía”

Incluso en el seno interno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, la política diseñada desde la Dirección territorial ha sido excluyente; desde el 39º Congreso se ha machacado literalmente a quienes discreparon de ella en el intento brutal de descabezar a la Comisión Ejecutiva Federal, en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

“Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal”

Pero lo anterior son solo las formas, lo importante son los contenidos políticos. Susana Díaz encarna al PSOE que ha flirteado con el PP en el ámbito estatal, la de la investidura de Rajoy, para que pudieran aplicar las políticas económicas más duras y lesivas contra los intereses de los trabajadores. Es la política de aplicación de recortes en sanidad, que en estos últimos años ha perdido más de 6.700 millones de euros y educación, siguiendo los dictados del Gobierno Central y de las instituciones del capital, medidas que levantaron la indignación y la movilización de miles de andaluces y andaluzas.

“el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto”

La abstención ha sido muy elevada, un 3,65% más que en 2015 (el 41% del censo de electores no han acudido a votar, es decir 2,5 millones de andaluces y andaluzas con derecho a voto). Pero en coherencia con lo antes dicho, no se puede culpar a los electores que han decidido no ir a votar. Claro que la mayoría son voto de izquierdas, por eso quizás no han ido a votar, porque no iban a votar a la derecha.

En el planteamiento de campaña, desde la izquierda, no todos los errores han sido de Susana y su aparato. Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE: ¡objetivo conseguido! El fratricidio entre las fuerzas de izquierda da como resultado gran parte del éxito de la derecha. En estas condiciones no es difícil comprender quienes no fueron a votar el pasado día 2; los mensajes de división de la izquierda no son compartidos por la verdadera izquierda.

“Adelante Andalucía ha fijado como su principal objetivo que no gobierne el PSOE:

¡objetivo conseguido!”

El rechazo es cuantitativo y cualitativo en el voto nulo, que suele ser testimonial, pero que en este proceso electoral se ha multiplicado por 2 (81.000 votos nulos). Más 57.000 votos blancos.

La izquierda ha perdido 684.554 votos (-402.035 el PSOE y -282.519 Adelante Andalucía, comparado con la suma de IU+Podemos en 2015).

La derecha ha sumado 350.881 votos (-316.410 PP, +289.735 C´s y +377.556 Vox).

La familia de la derecha que se ha beneficiado del apoyo prestado al Gobierno de Andalucía ha sido Ciudadanos, que ha marcado la política, pero sin desgastarse en tareas de Gobierno.

Las otras dos familias de la derecha: PP y VOX, son en realidad la misma, pues por mucho que los analistas y demás “sabios” de la política de laboratorio se empeñen en presentar a esta esquirla del PP, como algo novedoso; que ha llegado para quedarse, dicen. Lo cierto es que ya estaban aquí, en el seno del PP, desde que los guardianes del franquismo se camuflaron en las instituciones: los Villarejo en la policía y servicios de inteligencia; los jueces del Tribunal de Orden Público en la Audiencia nacional; y los Fuerza, Nueva, Cristo Rey, el Batallón Vasco Español,…en la AP que fundo el ex Ministro de Franco, Manuel Fraga.

No es posible saber con precisión cuantos votos de la abstención hubiesen ido, de haberse emitido, a un partido o a otro, como es muy difícil saber cuántos votos se han trasladado de un partido a otro. Pero a groso modo, en grandes bloques se puede ver que el grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE.

“El grueso de los votos de Vox ha salido del PP, y que el grueso de los votos recibidos por Ciudadanos, han salido del PSOE”

Como si de un principio científico se tratase, se vuelve a cumplir una vez más: cuando la izquierda gobierna en coalición con la derecha o condicionada por su apoyo, termina perdiendo votos; ¿será porque los votantes de izquierdas esperan políticas de izquierdas?

Comité de Redacción

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Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   «El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

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Son necesarias políticas de izquierdas para seguir avanzando

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: «La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas«.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

Declaracion tras el 28M

Los malos resultados de la izquierda tienen explicación.

Ahora hay que acertar en la rectificacióN.

Han sido muchas y muy rápidas las lecturas que se han hecho del resultado de las elecciones del 28 de mayo. Tribuna Socialista quiere dar su punto de vista, pues no en todo coincidimos con lo leído y escuchado.

La valoración cuantitativa, es negativa para la izquierda. Mientras en las municipales de 2019, el PSOE le sacó al PP 1.598.577 votos, el pasado domingo, el PP le ha sacado al PSOE 757.727 votos. Ciudadanos ha tenido una caída del -84%, de lo que se han beneficiado PP y VOX. El proyecto de Sumar ha terminado restando, y Podemos ha corrido casi la misma suerte que Ciudadanos.

La participación media en 2019 fue del 65,2%, frente al 63,91 de este pasado domingo, o lo que es lo mismo, la abstención ha alcanzado en las dos últimas contiendas electorales el 35% del electorado.

Los resultados tienen un denominador común: el ascenso de PP y VOX. Ell PP ha obtenido 1.988.092 votos que se nutren de 1.574.707 que han dejado de recibir las candidaturas de Ciudadanos, más los 368.212 que han dejado de votar al PSOE y que probablemente han migrado al PP.

Sin embargo, esta pauta no se ha producido en todas las comunidades y municipios. Nadie está resaltando que el PP, en su flamante Comunidad de Madrid, donde ha obtenido más diputados, lo ha hecho con -44.623 votos que en 2019 (-2,73%). La clave de este resultado está en la desaparición de Podemos, que, a pesar de recibir 158.831 votos no ha obtenido ningún diputado (Podemos obtuvo en 2019, 263.871 votos). Hay que decir que si Podemos hubiese entrado en la Asamblea de Madrid no hubiesen dado los números para gobernar, aunque sí para que Ayuso no tuviese mayoría absoluta.

En Extremadura, la derrota del PSOE sólo es atribuible al propio PSOE, que ha caído un -15,73% en sus votos (-45.253 votos). Mientras que el PP ha recibido 67.108 votos más que hace cuatro años. Este es uno de los casos en los que es muy evidente el trasvase de votos del PSOE al PP.

En el País valenciano el contexto ha sido diferente. La coalición de Gobierno de PSOE con Compromís y Podemos se podría haber reeditado si no se hubiesen hundido las dos últimas, pues el PSOE ha crecido en 4 diputados y en 47.806 votos: Compromís ha perdido 2 diputados (-94.594 votos) y Podemos ha perdido sus 8 diputados por una caída del 60% de los votos. A lo anterior hay que sumar que PP y VOX se han repartido los 434.630 votos de Ciudadanos.

Si las circunstancias en las diferentes comunidades son variadas, en los municipios más si cabe. Sin embargo, hay casos muy llamativos. Uno de ellos es el de Arroyomolinos (Madrid), donde la alcaldesa del PP está imputada por varios casos de corrupción. Pues bien, en este municipio, el PP ha duplicado sus votos y ha pasado de 5 a 8 concejales. Mientras que, en Móstoles, otro municipio cercano al anterior, donde la alcaldesa presuntamente corrupta es del PSOE; sí se ha impuesto la coherencia: El PSOE ha pasado de 10 a 7 concejales y, consiguientemente, perderá la alcaldía.

La casuística es muy diversa, pero el repaso cuantitativo de estos ejemplos nos permite sacar nuestros puntos de vista cualitativos.

La primera conclusión, no por novedosa, es que el electorado de derechas no castiga la corrupción, mientras que el electorado de izquierdas no la tolera; prueba de esto es el caso de Móstoles, o el enorme daño que ha hecho en Andalucía el caso de los ERE, en tanto que al PP no le pasan factura sus desmanes.

La segunda es que el PP ha ganado estas elecciones dopado con los votos de Ciudadanos, un partido que ha ejercido de mamporrero del PP desde sus comienzos con Albert Rivera, hasta el final de sus días, dejando más de 1,5 millones de votos de herencia al PP y a VOX.

La tercera conclusión es que la izquierda ha venido gobernando, como casi siempre, con paños calientes (políticas liberales) en las políticas económicas y con paños socialdemócratas en las políticas sociales, algunas de estas última no ejecutadas con demasiada fortuna. Es la constatación de que cuando se pretende contentar a todos se suele molestar a la mayoría, principalmente a la mayoría del voto natural de la izquierda.

A lo anterior hay que añadir decisiones que el electorado de izquierdas ni entiende ni le gustan, por ejemplo:

  • En lugar de avanzar hacia el laicismo, o como mínimo respetar la aconfesionalidad constitucional, el Gobierno ha extendido a todas las religiones las exenciones de la que goza la Iglesia católica.
  • La posición de los partidos que se reclaman de la izquierda respeto a la defensa de los servicios públicos es poco clara, cuando no se han puesto de perfil. Es el caso de la escasa o nula implicación que los partidos y candidatos de la izquierda han tenido, salvo para hacerse fotos en las movilizaciones, en la defensa de la Sanidad Pública, recayendo el esfuerzo en las asociaciones médicas corporativas y en el resurgente movimiento vecinal, al menos en Madrid.

Tanto en los programas electorales, como en sus declaraciones, no queda clara la posición respecto a la colaboración público-privada como vía para la privatización. Lo que si suele quedar claro es la posición favorable a estas colaboraciones, y en coherencia ni una palabra respecto a compromisos que reviertan las políticas privatizadoras de la derecha, y de algunos gobiernos autónomos progresistas.

  • Es llamativo el “dejar hacer”, aun con posicionamientos de cara a la galería, en el seguidismo que nuestro país está haciendo del atlantismo. ¿Desde cuándo la izquierda avala el militarismo? Se echa de manos la posición del PSOE contra la guerra de Marruecos, plasmada en “El Socialista” del 19 de agosto de 1921, donde señalaban los dos tipos de patriotismo que había en España: el de las exaltaciones y el de los trabajadores. Rechazaban la guerra que siempre esconde intereses económicos, pero que son los hijos de la clase trabajadora quienes pagan con su vida. O el contundente rechazo de la guerra en Irak, en 2003.

Mientras se escatima en Educación, en Sanidad y en Dependencia, no se duda en incrementar los presupuestos militares.

  • A finales de 2021, se aprobó la Ley 21/2021. Esta Ley, aprobada con los votos de toda la izquierda, no se está cumpliendo en el importante mandato legal que establece que el Gobierno encargaría una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en el plazo de un mes (plazo que venció a finales de enero de 2022) y que presentaría un Informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, plazo que venció a final de junio de 2022). De esta Auditoría depende se clarifique cuál es la cuantía de la “hucha de la Pensiones”. En lugar de cumplir con estos preceptos legales, se lleva a cabo una nueva reforma del sistema y se mantiene el falso mantra de la insostenibilidad de las Pensiones Públicas.
  • Los paños calientes del PSOE, junto con alborotos innecesarios de los socios de Gobierno, han dejado intacta la Ley Mordaza. Una Ley intolerable heredada del Gobierno del PP (Rajoy) que ataca derechos como la libertad de expresión y movilización.
  • Mientras que las grandes empresas y los comisionistas se han llenado los bolsillos, la clase trabajadora: asalariados y pensionistas, han visto como se han empobrecido con el alza de los precios (2021 y 2022 se ha perdido mucho poder de compra). Mientras que desde el Gobierno se adoptaban medidas paliativas de escaso y limitado alcance.

Ahora nos cuentan que el IPC está moderándose, que no significa que los precios bajen. Mientras el precio de la vivienda, en alquiler y en propiedad, no para de subir y se incrementa en cantidad insoportable los precios de las hipotecas.

Se podrían poner muchos otros ejemplos, pero el listado sería largo.

La izquierda debe dejar de hacer seguidismo del liberalismo que lleva a la clase trabajadora a la ruina y al mundo a la barbarie. Debe ser fiel a su razón de ser: un partido político es una herramienta para resolver problemas, si no es para eso es un estorbo.

Los partidos de la izquierda, incluidos muchos de sus militantes, asumen los mantras que se les imponen desde la derecha. Es llamativo que los apoyos que Bildu ha venido dando a lo largo de la legislatura; la mitad de esta campaña pasada ha versado sobre los exmiembros de ETA que figuraban como candidatos en la lista de ese Partido. Nosotros nada tenemos que ver con el mundo abertzale, pero nos negamos a cuestionar a ciudadanos que han cumplido sus penas y ahora se insertan la sociedad por la vía política. Por el contrario, se está asumiendo como “normal” que un partido abiertamente fascista (negacionista de la libertad y la democracia) forme parte de gobierno en todos los ámbitos del Estado.

Tanto los colaboradores de TS en sus artículos, como el Comité de Redacción en nuestras editoriales, lo venimos diciendo desde hace tiempo: entre la mayoría social se detecta la sensación de una gran orfandad política.

La misma determinación que ha demostrado el presidente del Gobierno para anticipar las elecciones generales al 23 de julio nos gustaría verla a la hora de adoptar políticas económicas que afronten los problemas de la mayoría y para cumplir con las promesas electorales que se hicieron, y eso va por todos y todas.

Comite de Redacción

Noticias de la campaña internacional

¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Próximos actos:
  • 31 de mayo, en Madrid, el Club de Amigos de la Unesco (CAUM) organiza una Mesa Redonda sobre la necesidad de alcanzar la paz y el desarme nuclear, en relación con la guerra de Ucrania. A las 19:00 en C/ San Bernardo, 20 – 2ª planta (Puerta 5). Habrá una participación de Tribuna Socialista. Acto pendiente de concretar.
  • 8 de junio, el CATP de Madrid y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, organizamos un acto de presentación del Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! Acto pendiente de concretar.

Otras noticias:

El manifiesto por la paz lanzada por Sahra Wagenknecht y Alice Schwarcer, publicado en el Boletín Informativo de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!, ha superado las 800.000 adhesiones.

DESPUES DEL 28M, NO PODEMOS PARAR

Cuatro décadas preparando la privatización de nuestro Sistema Público Sanitarios

Con la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990, que permitía el uso de hospitales privados con financiación pública, y el informe Abril Martorell de 1991, que pretendía reducir el nivel de aportación de cotizaciones a la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud, y con copagos de los usuarios por los servicios reducidos, se inicia el proceso de privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Estos procesos se paralizaron parcialmente por la ciudadanía en la calle. Sin embargo, leyes de calado privatizador como la 15/97 es un apoyo más a las políticas privatizadores, al permitir que en la gestión de los servicios sanitario puedan intervenir entidades públicas y privadas.

En 1999 se crea en la Comunidad Valenciana el primer modelo público de gestión privada en España, el llamado modelo Alzira. La senda privatizadora continúa con Esperanza Aguirre con la construcción en la Comunidad de Madrid, en el periodo entre 2005 y 2008, de seis hospitales nuevos con gestión privada.

En octubre de 2012, el entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasketty, intentó privatizar seis hospitales y 27 Centros de Salud. Las condiciones que constaban en los pliegos hechos públicos en el BOCM dejaban bien a las claras que estas medidas suponían asegurar el beneficio de las empresas que participarían en la gestión hospitalaria, más que proteger el Sistema Sanitario Público y la propia asistencia médica a la población.

El proceso de privatización de Lasketty suponía el despido de más de 5.000 profesionales sanitarios. La respuesta no se dejó esperar. Una histórica Marea Blanca se hizo visible en las calles. Los ataques contra nuestro sistema sanitario público que comenzaron en los años 90 llenan las calles dos años después del nacimiento del 15 M.

El 15 M devolvió la ilusión a la ciudadanía. Los sindicatos volvieron a estar beligerantes en defensa de lo público. Las medidas privatizadoras que habían pasado desapercibidas toman cuerpo en el mismo momento que Ignacio González y el Consejero de Sanidad Lasketty sacan a la luz el plan que intenta transformar el sistema.

Un espacio en defensa de la salud y la vida basado en la autoorganización

En 2022 el dúo Ayuso-Lasketty, retoma la senda privatizadora. Aprovechan la pandemia para desmantelar otro poco más la Atención Primaria, primer escalón fundamental de nuestro sistema sanitario público. La cartera de servicios se ve mermada. Cientos de miles de usuarios se ven privados de asignación de médicos. Más de seiscientos mil niños se encuentran sin pediatras. Se cierran los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). El consejero Ruíz Escudero, presenta un nuevo modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y video consultas.

La respuesta no se deja esperar. Esta vez corre a cargo de los usuarios de la Sanidad Pública. Con los cierres de los SUAP la ciudadanía de barrios de clase trabajadora se laza a las calles. Carabanchel, Latina y Villaverde se movilizan semanalmente. Concentraciones, manifestaciones semanales recorren las calles de los barrios de estos distritos. Durante dos años las movilizaciones no cesan. La idea de autoorganización va calando en las vecinas y vecinos de estos barrios. Las Asambleas semanales que dan paso a las manifestaciones o concentraciones son cada vez más numerosas y la implicación ciudadana también. Tareas como pegada de carteles y mesas informativas va creando un espacio de compromiso ciudadano por la apertura de las urgencias, por la demanda de más personal médico y por la defensa de una Atención Primaria que está siendo programada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia su destrucción.

En julio de 2022, los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde hacen un llamamiento a organizar una gran movilización. A este llamamiento se unen barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que llevaban un proceso movilizador idéntico. Rivas Vaciamadrid, Arganzuela, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Getafe, Guadarrama. En julio de 2022 una Asamblea en la que participan representantes de Asambleas de barrios, municipios, colectivos sociales, asociaciones vecinales constituyen el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid.

El 13 de noviembre se produce la primera convocatoria de este espacio. Las calles de Madrid se convierten en una riada ciudadana que accede a la Plaza de Cibeles en cuatro columnas, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria que haya existido en nuestro país hasta esa fecha, por la defensa de la Sanidad Pública.

Los planes de Ayuso siguen adelante y, en febrero, de nuevo la ciudadanía toma la calle con una manifestación más numerosa que la celebrada en el mes de noviembre.

En el mes de abril Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ante la continuación de los planes del Gobierno Ayuso organiza una Consulta Ciudadana por la Sanidad. Más de 324.000 ciudadanos y ciudadanas participan en la misma exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita la dotación de personal y medios necesarios para la Atención Primaria, Servicios de Urgencias Rurales, Summa 112 y Hospitales de la Comunidad de Madrid.

En esta consulta en la que no participan, UGT, CC.OO., FRAVM, SOCIEDADES MÉDICAS adquiere un gran valor de auto organización. Miles de voluntarios, convierten la consulta en una acción que ha servido para aumentar el compromiso por la defensa de la Sanidad Pública, estableciendo una conexión directa con la ciudadanía y sus preocupaciones por el deterioro de nuestro sistema sanitario público.

Gobierne quien gobierne la Sanidad Pública se defiende

Este lema es repetido hasta la saciedad en las múltiples movilizaciones en defesan de la Sanidad Pública. Sea el que sea el resultado de las próximas elecciones Autonómicas, la movilización no va a parar hasta frenar los procesos de destrucción de nuestro sistema sanitario público. El próximo 29 de mayo, la lucha se retoma. No hemos ganado nada todavía, en lo que se refiere a frenar los planes de destrucción de los servicios públicos. Sin embargo, ahora mismo hemos acumulado un capital inmenso. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos conseguido un espacio de lucha y auto organización. Un espacio que nace de la movilización. Un espacio que está siendo capaz de organizar grandes movilizaciones. Un espacio que tenemos que expandir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un espacio en el que tienen cabida todos los barrios y municipios que se movilizan por la defensa del derecho a la salud y la vida que es lo que nos une.

Damián Caballero Martínez
Presidente de la PLAFHC
Miembro del Grupo Técnico de VHC del Ministerio de Sanidad.

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

28M, sin alternancia, sin esperanzas

Hoy se publican dos noticias que leídas juntas dejan poca esperanza en que las cosas puedan ir a mejor en Bizkaia y en Euskadi tras el 28M.

El diario el “El Correo” nos cuenta como el 56% de los municipios bizkainos siguen gobernados por el mismo partido político desde 1979, y nos da la lista de municipios, entre ellos su capital Bilbao, donde las cosas nunca cambian. Otro Diario “Argia” confirma la culminación de la privatización de la gestión del agua en Bizkaia tras acabar con todos los consorcios del agua, el ultimo el de Busturialdea.

Vivo en Barakaldo, margen izquierda del Nevión, cuna del socialismo bizkaiano y capital de la zona minera, de lo que ya no queda más que el recuerdo, tanto de lo uno como de lo otro y algo del paisaje. Mi municipio es de los que se sale de ese 56% que menciona el correo, aunque por muy poco, estuvimos gobernados por el PSE/PSOE desde el 1983 hasta 2015, 32 años, desde entonces estamos en manos del PNV, partido que consiguió la primera alcaldía de la democracia de 1979 a 1983. Como se puede ver no hay una gran alternancia política en Barakaldo, menos si tenemos en cuenta el pacto de gobierno que une a estos dos partidos en las instituciones vascas y que suele llegar hasta las políticas municipales. Las políticas de unos y otros son muy difíciles de diferenciar, si buscamos políticas “Socialistas”, por ejemplo, resulta chocante que el PSE/PSOE, como aspirante a recuperar el ayuntamiento, en sus promesas electorales se incluyan mejoras en barrios degradados, que llevan más de 30 años degradados y por los que poco hicieron en su día.

El partido socialista en Bizkaia y en Euskadi tiene muy fácil el distanciarse del PNV y de sus políticas conservadoras sin tener que recurrir a grandes obras en las infraestructuras de nuestros barrios, bastaría con defender simples ideales “Socialistas” como la lucha por lo público y contra las privatizaciones o por una laicidad real empezando por los municipios y llegando al gobierno autonómico.

El pasado mes de abril las centrales sindicales vascas, ESK y ELA, denunciaban la privatización de los almacenes de Osakidetza, el objetivo real de Osakidetza no es otro que el de cerrar los diferentes almacenes con los que cuenta hoy en las diferentes Organizaciones de Servicios, gestionados con medios y personal propio, para centralizarlos en la futura plataforma logística, cuya gestión se va a subcontratar a una empresa externa y por lo tanto, a privatizar. No es el primer ataque de privatización que sufre el Servicios Vasco de Salud, como es práctica habitual en todos los servicios de Salud del Estado, empiezan con derivaciones de pacientes a centros privados “colaboradores” para ciertos procedimientos, siguen el engorde de las listas de espera que hasta para la atención primaria pasa de horas o dias a semanas. Y acaban con el cierre de servicios, como el módulo psicosocial de Cruces, en mi municipio, que este sí que llevaba funcionando desde 1979.

También en estos días, y cara a la actual campaña a las elecciones municipales para el 28M, desde la asociación “Langilen Informazioa” nos hemos dirigido a los candidatos para que incluyan en sus mítines y en sus discursos la discusión sobre el proyecto de ley que prepara Gobierno Vasco en el que se va un poco más allá del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez con diferentes religiones. La propuesta del gobierno vasco obliga a los municipios a reservar terreno público para cualquiera de las confesiones religiosas, esta carta ya la publicamos en el número 143 de TS ( https://tribunasocialista.com/2023/05/02/ley-de-culto-en-euskadi/ ), como bromeaba, y no sin razón, un periodista de La Cadena Ser, nos vamos a convertir en el paraíso para las STARTUP religiosas.

También hemos preparado una mesa redonda en Leioa, para el próximo día 25, a la que hemos invitado a los candidatos a estas municipales a significarse en favor de la Auditoria a las cuentas de la seguridad social, algo que por ley aprobada en el congreso se debería haberse llevado a cabo hace meses.

Estos son los ejemplos más cercanos y recientes del poco interés de los candidatos en Euskadi por políticas “Socialistas”, porque el problema que siempre queda patente del PSE/PSOE en Euskadi es el pacto con los conservadores que le ata de pies mi manos para poder hacer suyas cualquiera de estas políticas por lo público, contra las privatizaciones, por una laicidad real en nuestros municipios, un pacto que se hace notar hasta en Madrid cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los abertzales.

Iñaki Merino
Comite de Redaccion de TS

Fuentes:

Derechos sociales. Servicios Públicos y de calidad

Bajo este lema tuvo lugar el pasado día 20 de mayo otra gran manifestación en Madrid, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Una Manifestación convocada por distintos colectivos vecinales, pensionistas… a la que nos sumamos como Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

Una vez más, miles de personas recorrieron las calles de Madrid para pedir respeto a los servicios públicos y exigir:

  • que se deje de privatizar la Sanidad Pública, dotándola de recursos económicos que eviten la precariedad y la infra remuneración del personal sanitario.

Que se termine con la colaboración público-privada, vía por la que se trasvasa dinero público al negocio de la salud y se deteriora lo público.

Que se dé marcha atrás a todas las políticas privatizadoras hospitalarias y que se reabran todos los centros de Atención Primaria, con personal suficiente.

El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno del PP en Madrid ha llevado a que los nuevos médicos que terminan su periodo de formación (MIR) no quieran trabajar en Madrid en la Atención Primaria, concretamente en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría. Ya son dos años consecutivos en los que la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), no consigue cubrir el 16% de las plazas ofertadas.

  • una Educación Pública de calidad a la que se destinen todos los recursos económicos que hoy se desvían a la educación concertada (en un 80% en manos de la Iglesia, en muchos casos para segregar a niños y niñas). Que se acabe con la Educación concertada, un negocio en el que predomina el beneficio sobre la enseñanza.

La Educación Pública está siendo “descapitalizada”: los fondos públicos para la educación concertada crecieron diez veces más que los destinados a la educación pública en el decenio 2010 a 2020. Esta descapitalización provoca que no haya profesorado suficiente para cubrir bajas, con la consecuente pérdida de horas lectivas para el alumnado en los centros públicos.

  • la desprivatización de las Residencias, para que el dinero público vaya a una alimentación digna para nuestros mayores y la dotación de personal profesional suficiente, en lugar de a la cuenta de beneficios de las empresas y fondos buitre que las gestionan.

Los manifestantes no olvidaron a los 7.291 fallecidos en las Residencias de Madrid, como consecuencia del protocolo criminal del Gobierno de Ayuso; por el que se les negó la asistencia hospitalaria en la pandemia.

  • la realización de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para el periodo 1967 a 2021, cumpliendo de una vez con la Ley 21/2021 que hasta hoy está incumpliendo el Gobierno.

Hay que terminar con la utilización indebida del dinero de las Pensiones Públicas. Las Pensiones son sostenibles, lo insostenible es su saqueo. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en 2020 en el que asentaba que el Estado ha estado haciendo un uso indebido del dinero de las pensiones públicas, por lo que la deuda del Estado con la caja de las Pensiones ascendía a más de 103.000 millones de euros (para el periodo 1989 a 2013). Recientemente, el ministro Escrivá elevaba esa deuda a los 140.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones sí son sostenibles, lo insostenible es el saqueo al que el Sistema Público de Pensiones viene siendo sometido, por todos los gobiernos, desde los franquistas años 60 de siglo XX.

Basta de incrementar los presupuestos para alimentar la Guerra; dinero para matar, mientras se escatima en los presupuestos para curar, para educar y para vivir con dignidad.

Tras las elecciones del 28 de mayo continuará la lucha por la defensa de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y de todos los servicios públicos.

Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

La ideología y el voto

Estamos de nuevo ante un proceso electoral. Dada la situación actual de la política en general en nuestro país, este, es uno de los mas preocupantes de los que yo he vivido en mi ya larga vida, como votante y como militante de nuestro veterano partido.

La descomposición sistemática en lo que se refiere a valores, principios éticos de honradez y decencia, que en mi opinión se le suponen a alguien que se quiera dedicar al noble arte de la política últimamente son escasos y en ocasiones inexistentes, se están dedicando a esta básica y fundamental actividad cada vez más, esos ciudadanos que sin ningunas ansias de mejorar la sociedad, se van introduciendo en los engranajes políticos, ante la ausencia de los militantes concienciados poseedores de ese espíritu solidario imprescindible a la hora de legislar y que al menos en nuestro partido yo sé que existen, aunque su alto grado de dignidad les frena, al intentar introducirse en ese estercolero en el que poco a poco se está convirtiendo la política a todos los niveles.

Es evidente que, a la hora de emitir mi voto, tengo muy en cuenta mi ideología de Izquierdas, en todas y cada una de las convocatorias electorales, pero no es menos evidente que en el caso de las Municipales la influencia sobre mi decisión es mayor la personalidad de los candidatos, su forma de trabajar demostrada y sus valores éticos y morales, mas aun al tratarse en mi caso, de una zona históricamente olvidada del rural, con un alto grado de depresión subsanada brillantemente por la actual corporación, y que por lo tanto tendrán mi voto aunque no sean militantes de mi partido por la valentía de ejercer como verdaderos artífices del bien social.

Distinto es cuando se trata de unos comicios mediante los cuales tenemos que decidir quien estará encargado de legislar para un futuro, pues en este caso sí que mi interés será siempre el que las leyes sean progresistas y busquen la igualdad de oportunidades, siendo vital para ello evitar por todos los medios posibles la derechización de las instituciones, animando para ello a nuestros políticos más honrados, decentes y solidarios que den un paso hacia adelante con valentía para impedir la derechización de nuestras estructuras organizativas internas.

Esto, que siempre ha sido muy difícil de entender por parte de algunos compañeros de Partido, que ahora se autodenominan Socialdemócratas, es muy sencillo para los que hemos vivido el socialismo real dentro del mismo, cuando sin dejar de ser demócratas, nos llamábamos Socialistas sin complejos.

Yo, en las Elecciones Municipales de mi pueblo, seguiré apoyando al mejor gestor, al que mejore la vida de sus vecinos, sin importarme de qué color político sea, evidentemente sería más fácil para mí que ese gestor tuviera una ideología similar a la mía, pero si lo hace bien tendrá mi voto.

De todas formas, el día 28 todos a votar, con fanatismo o sin él, pero ejerciendo nuestro derecho, si puede ser en conciencia mejor aún.

Paco Ascón
Militante socialista de Xares (Ourense)

Sin novedad en el frente

El ¡Alto a la guerra! llevado al cine

La novela antibelicista de Erich Maria Remarque, publicada en 1929, recogía su experiencia como soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y recogía el horror y el terror que sufrieron todos los soldados que van participar en ese conflicto y que los traumatizó durante muchos años después de su final.

Ante los estallidos de violencia limitada en el tiempo y en el espacio de las batallas que caracterizaron los conflictos anteriores, en la Gran Guerra se impuso la potencia letal de armas nuevas, el terror de los gases asfixiantes, la aparición aviación como herramienta de destrucción y de los blindados.

El conflicto se eternizó y se enquistó en una ida y vuelta continua de millones de hombres a lo largo de un frente de miles de kilómetros de largo, pero únicamente con cientos de metros de una anchura cubierta de trincheras, alambre, minas antipersonas y francotiradores. Remarque tuvo el talento de captar la brutalidad y la falta de sentido de un conflicto que transformó a los soldados en máquinas programadas para matar y sobrevivir, que luchaban por no perder totalmente su humanidad.

Se trata de la tercera adaptación al cine de la novela antibelicista de Erich M. Remarque y retrata con brutalidad y crudeza el absurdo de la guerra, alejada de la épica de las películas de guerra más popularesy de la precisión aséptica e impersonal de los video-juegos.

Producción alemana de 147 minutos de duración, dirigida por Edward Berger, adaptación de la novela homónima de Dan Simmons; y protagonizada por Felix Kammerer y el actor hispano-alemán Daniel Brühl.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y posteriormente pasó a Netflix, donde se estrenó el 28 de octubre de 2022. La cinta fue una de las ganadoras de la última edición de los premios Oscar con los galardones a mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor diseño de producción.

También recibió el premio a mejor película y mejor director en los premios BAFTA. La novela antibelicista de Erich Maria Remarque, publicada en 1929, recogía su experiencia como soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y recogía el horror y el terror que sufrieron todos los soldados

que van participar en ese conflicto y que los traumatizó durante muchos años después de su final. Ante los estallidos de violencia limitada en el tiempo y en el espacio de las batallas que caracterizaron los conflictos anteriores, en la Gran Guerra se impuso la potencia letal de armas nuevas, el terror de los gases asfixiantes, la aparición aviación como herramienta de destrucción y de los blindados. El conflicto se eternizó y se enquistó en una ida y vuelta continua de millones de hombres a lo largo de un frente de miles de kilómetros de largo, pero únicamente con cientos de metros de una anchura cubierta de trincheras, alambre, minas antipersonas y francotiradores. Remarque tuvo el talento de captar la brutalidad y la falta de sentido de un conflicto que transformó a los soldados en máquinas programadas para matar y sobrevivir, que luchaban por no perder totalmente su humanidad.

Im Westen nichts Neues forma parte de la mejor tradición del cine antibelicista, como las adaptaciones anteriores de la misma novela y otras obras maestras como Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

Baltasar Santos
TribunaSocialista

La V República en entredicho

El sábado 15 de abril, con nocturnidad y alevosía, el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron, promulgó la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para el 2023, es el nombre oficial de la conocida popularmente como reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Esta ley, que fue enviada al Consejo Constitucional, una institución que podríamos asemejar al Tribunal Constitucional español, pero formado por algunos ex ministros de Macron, dio luz verde a la propuesta de ley en el punto más conflictivo: prolongar la edad de jubilación dos años más.

Nada más conocerse la decisión del Consejo Constitucional, los sindicatos pidieron al Presidente que no promulgara la Ley, pero este hizo caso omiso y la promulgó, con la arrogancia que le caracteriza no quiso ni oír a los sindicatos que, unánimemente llevan meses convocando huelgas y manifestaciones en contra de la reforma de pensiones. Pero si Macron fue rápido en promulgar la Ley, igualmente rápidas fueron las caceroladas y manifestaciones que de forma espontáneas se concentraron en calles y plazas de todo el país, mostrando de esta forma que los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo francés no está dispuesto a aceptar la imposición de una ley que es sentida como una agresión intolerable a uno de los derechos más valorados por los trabajadores franceses.

En el centro de las movilizaciones está la clase obrera con todas las organizaciones sindicales haciendo la unidad y han conseguido el apoyo de la juventud y toda la sociedad francesa.

Pero la reforma de Macron que es la reforma del capital, no solo significa quitar dos años de merecido descanso a los trabajadores franceses, significa prolongar dos años más la explotación de esos trabajadores, soportar los próximos recortes que Macron tiene en cartera y por tanto incrementar dos años más el beneficio que esos patrones extraen de cada uno de los trabajadores afectados.

Como muestra la disposición aprobada por el Consejo Constitucional francés, cada día aparece con más claridad el papel de las instituciones de la V República, que actúan en contra de la gran mayoría de la sociedad francesa, en defensa de una legalidad antidemocrática que permite actuar en beneficio de una minoría y al presidente de la República mostrarse como un monarca. Es por eso que una mayoría de franceses no da legitimidad al presidente para que aplique una Ley que, ni tan siquiera se ha votado en el parlamento.

Macron está en un callejón sin salida, solo, aislado, enfrentado a su pueblo y sin capacidad de respuesta ante la oleada de movilizaciones que recorre todo el país desde hace meses y que seguramente este Primero de Mayo, en las calles de las ciudades de toda Francia volverá a resonar el grito de repudio a Macron y su Ley.

José A. Iniesta
Miembro del Comité de Redacción de T.S.
Militante del PSC en la agrupación socialista de Sant Boi
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