Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022

Entrevista a Montse Martín

Tribuna Socialista entrevista a Montse Martín, trabajadora del hospital del Vendrell y concejal de salud, servicios sociales y personas mayores del Ayuntamiento del Vendrell.

Entrevistamos a Montse en plena movilización de la plantilla del hospital para reclamar que se reviertan los 10 años de recortes en sanidad, y que se invierta en la ampliación del hospital, en más dotación de profesionales tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria y salud mental.

Junto a Montse, apoyamos la concentración del día 16 de febrero, varios compañeros y compañeras de distintas agrupaciones del PSC. Tribuna Socialista estuvo allí.

Pregunta – En Cataluña y también en el resto de España ha habido serios recortes en sanidad pública. ¿Cómo lo padecen los trabajadores y trabajadoras del sector?

Respuesta.- Desde que empezaron los recortes del 2010, los trabajadores han ido viendo mermados sus sueldos y, paralelamente la ratio de atención por paciente han aumentado, sobrecargando el trabajo tanto de los sanitarios como del personal no sanitario, llegando a afectar muy negativamente la salud de los propios trabajadores, además de su bolsillo. Los recortes aplicados en sanidad han producido largas listas de espera para visitas, pruebas, intervenciones quirúrgicas…, abocando a la gente a hacerse mutuas privadas, para no tardar tanto en ser atendidos.

Otra de las cosas que han propiciado los recortes ha sido la fuga de profesionales al extranjero con mejores ofertas de sueldo y de conciliación familiar. De hecho, varios compañeros míos tanto de enfermería como médicos del Hospital del Vendrell han marchado a trabajar al extranjero.

Pregunta – La sociedad ha aplaudido al personal sanitario que ha estado en primera línea de fuego durante la pandemia. Os habeis sentido apoyados por la gente? y por la administración sanitaria?

Respuesta: Desde la Pandemia el apoyo recibido por la gente ha ido cambiando. Durante el principio de la pandemia, cuando la gente salia a los balcones a aplaudir, los profesionales percibían que la sociedad había entendido el mensaje: sin los sanitarios al pie del cañón, en primera línea de fuego, trabajando muchas horas, incluso dejándose la vida algunos compañeros…los peores momentos de la pandemia no se habrían superado de la forma en que se hizo.

Ahora mismo no sentimos ese apoyo. Hay muchos problemas, desde insultos a agresiones físicas a los sanitarios, olvidando que somos un servicio por y para los ciudadanos, para seguir salvando vidas, para ayudar a hacer las gestiones, para cuidar a las personas enfermas.

Parece que todo el mundo ha olvidado que sin la sanidad pública la calidad de vida de la gente empeora y se pierden vidas.

Los profesionales están agotados, y si la administración sanitaria no invierte, el servicio a las personas empeora, y la gente culpa a los profesionales creando un estado de ánimo muy malo.

Por ejemplo, en relación a la ampliación del hospital, la empresa ha presentado un proyecto acabado que incluye más camas, ampliación de urgencias, ampliación de consultas externas, quirófanos y una unidad de cuidados intensivos, entre otros servicios.

Desde la Generalitat nos dicen que ya lo estudiaran, que harán un proyecto, ¡que ya está hecho!, no sé por qué se tiene que hacer otro???

Entre todo esto la población va creciendo y las necesidades también, y la falta de espacio produce derivaciones a otros Hospitales que también están saturados.

Hay una sensación de que se pasan la pelota unos a otros, y va pasando el tiempo sin respuiestas por parte de la Generalitat, sin compromisos, en fin, que llevan 10 años de recortes y que esto desmoraliza mucho a todos los que luchamos para que se haga realidad.

Pregunta.- El comité de empresa del hospital comarcal del Vendrell está en plena movilización para exigir mejoras. ¿qué se está pidiendo?

Respuesta: Básicamente, lo que pide la plantilla son mejoras salariales para equipararse con los salarios del resto de hospitales públicos de Cataluña. También se está pidiendo más contratación, para atender a los usuarios en mejores condiciones y poder disminuir las listas de espera en consultas externas, en quirófano, en las salas de espera de urgencias.

A la lucha de los trabajadores se añade la reinvidicación de los ayuntamientos de la comarca, porque son conscientes de que la ampliación del Hospital es absolutamente necesaria para poder atender a la población del Baix Penedés que es una de las comarcas con mayor crecimiento demográfico de toda Cataluña.

Pregunta.- Dicen que la digitalización ha llegado para quedarse, también en el sector sanitario. ¿hasta que punto la atención primaria y la atención hospitalaria se ven mermadas por este hecho?

Respuesta.- La digitalización en el sector sanitario ya se estaba preparando antes de la pandemia, esto solo ha hecho que se acelerara el proceso.

Aquí hay una brecha que afecta a la mayoría de pacientes que son gente mayor, que no entiende de videollamadas, ni llamadas por teléfono, y que a veces por problemas de audición no entienden lo que les dicen por teléfono, quieren una atención personalizada.

En atención primaria, por mi experiencia de 29 años de profesión, puedo decir que mucha gente mayor va al médico cuando existen problemas de salud, pero también buscan el contacto social, el lado humano, hablar de sus problemas semanal o quincenalmente con alguien que les escuche, aunque no exista ningún problema de salud que atender.

Ahora se nos pide que hagamos mucha pedagogía para que se entienda que el médico solo está para atender cuando se está enfermo, y que lo demás es hacer un mal uso de la sanidad.

Creo que aunque la digitalización puede conllevar mayor agilidad, la brecha digital nos tiene que hacer pensar que a los mayores los tenemos que atender presencialmente, y la atención telemática dejarla para las personas sin problemas de brecha digital. .

Militantes socialistas y de otros partidos participan en la concetración del 16 de febrero en apoyo a la plantilla

Pregunta- Los servicios de salud mental brillan por su ausencia. Los profesionales de salud mental llevan años pidiendo más servicio porque existe una necesidad imperiosa. ¿Hay respuesta a estas necesidades?

Todavía falta mucho por avanzar en el terreno de la salud mental, ahora en los centros de primaria habrá los gestores en salud emocional. Esto es un parche que no va a solucionar nada. Tendrían que ampliar mucho los equipos de psicólogos y psiquiatras, ya que desde la pandemia los problemas de salud mental se han extendido por todas las franjas de edad de la población, desde los mas jóvenes hasta las personas mayores, soledad, desprotección, falta de trabajo, etc. Afectan mas de lo que nos pensamos

El suicidio es la primera causa de muerte no natural de España y está creciendo exponencialmente sobretodo entre la gente más joven. Es imprescindible dotar de recursos la atención psicológica y psiquiátrica.

Entrevista realizada por Baltasar Santos

Entrevistamos a Mar Noguerol Álvarez

Pregunta.- Hace años que resulta evidente que faltan decenas de miles de médicos y enfermeras en el SNS. Todos lo reconocen, pero esto no cambia. ¿Qué crees que deben hacer los médicos para contribuir a revertir esta situación?

El déficit estructural de médicos se vive con especial crudeza en Atención Primaria. La medicina familiar y comunitaria es la especialidad más afectada, desde hace varios años, con un futuro sombrío por la cercanía a la jubilación de numerosos compañeros sin expectativas de recambio. Las crecientes necesidades en las urgencias hospitalarias, el crecimiento de la sanidad privada con grandes hospitales, o la fuga masiva de profesionales a otros países ante la precariedad y las malas condiciones laborales, han detraído masivamente profesionales y condicionado que el recambio sea insuficiente para garantizar siquiera el mantenimiento de la plantilla de los centros de salud.

Enfermería es el otro colectivo profesional con unas ratios claramente insuficientes máxime si las comparamos con las de otros países europeos, sin que haya habido voluntad política de potenciar el colectivo en competencias y efectivos.

Los médicos hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo: denunciar la situación y proponer soluciones en todos los foros donde es posible, movilizaciones que han incluido la huelga, denuncias ante la opinión pública… Todas las tribunas han sido una oportunidad para alertar y exigir medidas tangibles. Agradezco que se me brinde esta.

La pandemia ha sacado a la luz, como nunca, la situación de deterioro estructural. Las nuevas tareas y necesidad de atención nos ha arrasado, con esta 6ª ola como puntilla.

En los centros de salud hemos reclamado insistentemente un aumento de los recursos, y como médicos, como directores de centros de salud, como entidades reivindicativas de la sanidad, hemos elevado múltiples solicitudes para cambiar la situación, con propuestas realistas y razonables que requieren un aumento de la inversión que se nos niega. Hemos llegado al punto de presentar una demanda colectiva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó en marzo de 2021 una sentencia condenatoria para la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de atención primaria en materia de integridad física y salud, condenándola a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con determinación de la carga de trabajo: fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma. La Comunidad ha recurrido esta sentencia y estamos pendientes de la inminente vista en el Tribunal Supremo.

P.- ¿Qué piensas de la política sanitaria del Gobierno durante estos dos años de pandemia?

Curiosamente un ministerio que era considerado “de segunda” por recaer las competencias en las comunidades autónomas y sus servicios de salud, pasó a ser el centro del gobierno y de la política nacional. La primera ola fue tan inesperada y devastadora que limitó la capacidad de reacción y respuesta adecuadas. El resto me ha parecido un tanto errática, manejando la contradicción entre la falta de competencias y la necesidad de unificar criterios y de una autoridad sanitaria con credibilidad y claridad. Sí ha habido un esfuerzo por generar consensos y el Consejo Interterritorial no ha debido reunirse tanto en toda su historia, pero hacían falta algo más que reuniones, y a las CCAA, al menos a la de Madrid, hay que pedirle rendición de cuentas de los fondos que se le entregan, porque desde luego en atención primaria no llegan o llegan en gastos absurdos, pero no en lo que realmente hace falta que son recursos humanos. Los consensos en ocasiones han sido más políticos que científicos y, en mi opinión, hubiera sido deseable haber implicado en mayor medida a la comunidad científica en órganos consultivos estables más allá de los efectivos ministeriales.

El principal acierto considero que ha sido la apuesta firme por la vacunación, con una de las mayores coberturas a escala internacional.

En atención primaria no hemos vivido un apoyo significativo y tangible en momentos particularmente difíciles, como esta 6ª ola que nos ha arrasado. Hubiera sido muy positivo sentir un gobierno que no permite diferencias entre comunidades tan abrumadoras, por ejemplo en la gestión de las incapacidades temporales por COVID. Esperamos también que se hagan realidad los fondos anunciados para atención primaria, con rendimiento de cuentas incluido.

P.- La Atención Primaria es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Crees que los incumplimientos, del Gobierno de Díaz Ayuso, pone a los madrileños y madrileñas en una indefensión equiparable a la que sufren nuestros mayores en la red de residencias?

El Gobierno de Díaz Ayuso es un enemigo declarado de la Atención Primaria, en la que, según sus palabras, se atiende mal al ciudadano, se cuelgan los teléfonos y de repente no hay médicos. Cuando alardea de haber aumentado los recursos y haber renovado los contratos de refuerzo, debería informarle la gerencia de Atención Primaria que no ha habido más que una ridícula contratación de gestores COVID y de algunos refuerzos en enfermería y unidades de atención al usuario, que no se han renovado en muchos casos, o que se han renovado hasta finales de marzo, para lo cual tuvimos que organizar una protesta exigiéndolo, por parte de los Equipos Directivos de 202 centros de salud (de un total de 267) y sus 97 consultorios locales.

En realidad, lo que hace IDA y sus lacayos de la consejería y viceconsejería de sanidad es echar cortinas de humo sobre el problema de fondo que es la infrafinanciación crónica de la sanidad madrileña y especialmente de la atención primaria, con años y años de inversión nula en centros de salud que se caen de viejos y cutres, y especialmente con una antipolítica de recursos humanos que nos ha llevado a un debilitamiento estructural y un estallido en la pandemia.

Sí, profesionales y pacientes estamos en una situación intolerable de indefensión y crispación ante una nave que va a la deriva y que cada día vemos como se empeñan más en destruir. Nuestro modelo de sistema sanitario público con una primaria como columna vertebral no les interesa porque no es permeable a la penetración del capital privado de los lobbies sanitarios y restringe la capacidad de expansión de la sanidad privada, así que su apuesta es el abandono y la desinversión.

P.- ¿Se han recuperado los recortes que sufrió la Sanidad entre 2008 y 2017?

No, las infraestructuras no se han renovado, las plantillas no se han recuperado y el avance de la sanidad privada en estos años ha sido impresionante en la Comunidad de Madrid, al punto que será difícil de revertir si en el futuro no hay un cambio de política sanitaria que apueste por el fortalecimiento del sistema público.

P.- ¿Qué se debe hacer para retener a los profesionales que están pensando abandonar la Sanidad Pública y para recuperar a los que ya se han ido?

Mejorar las condiciones del ejercicio profesional y de los niveles asistenciales. Acabar con la precariedad, mejorar las retribuciones, apostar por la conciliación familiar. El diagnóstico y el tratamiento está hecho hace tiempo, en atención primaria hasta lo hemos sintetizado en unas cifras sencillas como son la inversión del 25% del presupuesto sanitario y los 12’ por paciente o el máximo de 28 pacientes día, y la plantilla necesaria para ello, que estimamos entre 600-1000 médicos de familia y 150-300 pediatras. Las cifras más bajas implicarían al menos igualarnos con la media del resto de CCAA, pues es público y notorio que la CM es la que menos invierte en sanidad en porcentaje sobre el PIB y por habitante, y específicamente en atención primaria con una inversión del 10-11% del presupuesto, muy alejada de la media de las CCAA en torno al 14%.

P.- Los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, por distintas causas, han sufrido recortes económicos y sus consecuencias se han visto agravadas por la pandemia. Pensionistas, familiares de fallecidos en las residencias, colectivos sanitarios y educativos se movilizan en defensa de estos servicios públicos ¿No sería el momento de unificar los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos?

La pandemia ha implicado aislamiento, miedo al encuentro social, desmovilización y agotamiento. La evolución en oleadas sucesivas y sorprendentes, como en el caso de esta 6ª que estamos viviendo que ha acabado con las expectativas optimistas tras la vacunación y que augura un futuro todavía incierto tras 2 años de sufrimiento, hace todavía más difícil sobreponerse y poder hacer planes de futuro. El cambio a un tipo de relación social y comunitario basado en las redes y lo virtual, a las protestas y propuestas virtuales, y a la confianza o expectativa de cambio o mejora sobre todo desde las instituciones, es otro de los regalos envenenados que nos ha traído la pandemia, que además de haber sido una lección de humildad a la humanidad, para quien quiera entenderla, y una oportunidad de cambio, ha sido también portadora de muchos cambios vitales entre ellos de la forma de luchar, al menos de momento. Pero si algo nos ha dejado claro es la necesidad de unos servicios públicos fuertes que nos protejan y estén preparados para responder a situaciones extremas, y que además sean los que puedan corregir la desigualdad en aumento de nuestra sociedad, garantizando a los sectores más desfavorecidos y vulnerables los derechos básicos. Por supuesto, es el momento de que todos nuestros esfuerzos se centren en ello.

Entrevista realizada por Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

No hemos aprendido nada

 

A pesar de lo que la mayor parte de los profesionales sanitarios deseaban y de lo que la mayor parte de la población demandaba, la segunda ola de la pandemia de SARS-CoV2 ha vuelto a ser gestionada con improvisación y sin un plan real en el corto y en el medio plazo. Un síntoma más, y van unos cuantos, de que no existen soluciones buenas a los retos colectivos como especie bajo la óptica de la rentabilidad capitalista.

Y es que, aunque con la primera oleada era esperable cierta falta de organización y caos asistencial, lo razonable era tratar de encontrar todos los fallos del sistema sanitario durante el período crítico, analizar los problemas estructurales como país en una crisis de esta índole, establecer acuerdos entre administraciones para unificar criterios, mejorar la comunicación, compartir recursos y, por último, generar estructuras de prevención y vigilancia eficaces. Lejos de esto, y a pesar de los esfuerzos de miles de profesionales de diversas disciplinas, los hitos de la gestión política pasaron por fomentar el consumo y el turismo además de escenificar un homenaje a las víctimas, cuanto menos, carente de todo sentido.

Por tanto, antes de cuestionarnos por qué nos ha vuelto a pasar esto, debemos pararnos a pensar en cual era la posición estructural de partida y, con esta revisión, encarar el futuro con una mirada mucho más amplia.

Fallos del sistema sanitario

Nuestro sistema sanitario gozaba de un gran prestigio interno gracias a una importante calidad asistencial por parte de las profesionales de salud y a la extensión universal de sus servicios. Sin embargo, a pesar de lo que la gente supone, la sanidad pública nació ya seriamente dañada desde el principio.

Y es que, aunque el modelo español sitúa a su atención primaria como la base se su sistema, la realidad es que la atención especializada y hospitalaria centran la mayor inversión del sistema. Esta descapitalización de la atención primaria, unida a una progresiva medicalización de los procesos comunes de la vida y un aumento exponencial de la demanda por parte de la población, han convertido a la urgencia hospitalaria en una segunda puerta de entrada al sistema sanitario. Algo así como una extensión de la atención primaria. Un ejemplo claro de esto es la conversión de los antiguos cuartos de socorro, auténticas urgencias ambulatorias, en puntos de atención continuada. Es decir, en una consulta médica 24 horas, a demanda, sin cupo límite. El resultado de esto: encarecimiento innecesario de la asistencia, consumismo sanitario y desborde de la capacidad de absorción de la demanda sanitaria.

Aparejado a este problema tenemos el “hospital-centrismo” (muy conveniente para la política autonómica) que produce, a nivel funcional, que los hospitales y la medicina súper-especializada sea el centro sobre el que giran todos los demás elementos del sistema sanitario. De este modo, millones de euros que servirían para programas de prevención o mejora de la vida de toda la población se han destinado a tecnología sanitaria puntera que, aunque abra las portadas de la prensa, sirve a muy poca gente y no tiene trascendencia en la salud general de la población.

Del mismo modo, los profesionales sanitarios del país, a pesar de tener una formación excelente (fruto de una gran inversión estatal), tienen unas condiciones laborales y contractuales pésimas. De entrada, el volumen de trabajo diario sería imposible sin la mano de obra “esclavizada” del personal en formación.

El programa MIR-EIR, lejos de ser un programa de excelencia formativa, se ha convertido en un ejército de mano de obra barata con la que capear la presión asistencial. Una vez que se finaliza el período formativo, nuestra élite académica acaba durante muchos años soportando contratos temporales, precarios, mal pagados, con jornadas extenuantes y una carga de trabajo difícil de asumir. Todo ello con la paradoja de que, para salir de esa precariedad, hay que aprobar unas oposiciones donde quién más investiga, publica y experiencia clínica tiene dispone de menos tiempo para preparar el examen.

Además de ello, los ratios asistenciales son deplorables. Somos el país número 20 del mundo en médicos por cada 1.000 habitantes y el número 59 en enfermeras, siendo ellas el pilar fundamental de la atención sanitaria en la mayoría de países. En concreto, España ha caído trece puestos en el ranking mundial en tan solo diez años, fruto de los graves recortes soportados durante la crisis. Solo entre 2010 y 2014 se destruyeron 10.000 empleos sanitarios y se calcula que un número aproximado del 25% de los médicos y el 30% de las enfermeras formadas desde entonces han emigrado al extranjero.

Por último y no menos importante: la inversión. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos (léase infrafinanciados) de la Unión Europea. No solo es que invirtamos menos porcentaje del PIB que la media (un 1% menos), es que la sociedad española también es de las que más paga por servicios privados o seguros médicos (24% del gasto sanitario total, frente al 16% de media europea). El problema es que, además, una parte no pequeña de esa inversión pública se destina a concertaciones público-privadas, es decir, a privatizaciones encubiertas. Si a esto le unimos que los presupuestos que el gobierno central envía a las CCAA no tiene carácter finalista, es decir, que el gobierno autonómico puede gastar el dinero que recibe para sanidad en lo que considere oportuno (sea sanitario o no) sin rendir cuentas sobre ello, el cóctel resultante es la tormenta perfecta.

Problemas sociolaborales graves

Un elemento clave para entender la capacidad del país a la hora de aguantar durante los periodos de restricción de la movilidad eran todas aquellas cuestiones más relevantes para la población que la propia pandemia, entre ellas, el trabajo.

La economía sumergida supone el 24,6% del PIB nacional. Es decir, todo el trabajo que genera 1 de cada 4 euros del país se ha quedado sin amparo de subvenciones, ayudas, paro y demás formas de sobrevivir durante el forzoso parón económico impuesto durante las dos oleadas de COVID. Junto a ellos, el 16% de la masa laboral se encuentra en régimen de autónomos y dos tercios de ellos, unos dos millones, no tienen ningún empleado a su cargo. Junto a todo ello, y según la OCDE, el 32% de los españoles son incapaces de ahorrar a final de mes y solo el 10% sería capaz de sobrevivir seis meses sin ingresos. ¿Cómo va a mantener la población periodos de cuarentena o confinamientos cuando la pobreza es más urgente que el riesgo de un contagio?

Junto a este problema, y fruto de la desindustrialización ordenada por Maastrich, la terciarización económica española, ha secuestrado las decisiones en política sanitaria. Solo el turismo y la hostelería ocupan a 4 millones de personas lo que supone aproximadamente el 20% de la población activa. De hecho, si cogemos los datos de 2019, de los 70.000 millones que España ingresó por turismo extranjero, el 48% (33.600 millones) se obtuvieron entre junio y septiembre.

Problemas de perfil clínico y geográfico

Que la sociedad española está envejecida, no es ninguna novedad. En España, 8,7 millones de personas tiene más de 65 años, de los que unos 372.000 viven en residencias de mayores, el 72% en residencias privadas. Junto a ellos, como población de riesgo por perfil clínico se unen, 14 millones de hipertensos, 6 millones de diabéticos, 3 millones de enfermos pulmonares y más de 8 millones de obesos. Todo este conjunto es la población vulnerable por perfil clínico de nuestro país.

Además de ello, España tiene un gran problema de concentración poblacional. El total de la población española vive en el 13% del territorio. De hecho, de las 33 áreas de un kilómetro cuadrado con más de 400.000 habitantes de la Unión Europea, 22 están en territorio nacional. Esto significa que, en un contexto pandémico, las aglomeraciones son algo insalvable incluso para las cuestiones más sencillas como son pasear cerca del hogar. Un auténtico reto difícil de solventar sin una adecuada planificación urbana y de movilidad.

Problemas de credibilidad

La comunicación durante todo este periodo ha sido uno de los grandísimos problemas. Si bien durante el periodo inicial las instituciones parecían mantener un frente común sobre la gravedad de la situación, a medida que pasaba el tiempo, los intereses partidistas centraron la comunicación institucional en una carrera por ver quien tenía más razón. Las comunidades autónomas pelearon por desconfinar antes, por inaugurar playas y por llegar antes a una ansiada “nueva normalidad” que, más allá del nombre, prácticamente nadie alcanzó a entender en qué consistía. Esta tensión partidista ha minando un crédito institucional al que tampoco ha ayudado unos medios de comunicación que han encontrado en la pandemia un nuevo show sensacionalista del que sacar rentabilidad.

Por último, la nula ayuda de los países europeos en general y de la Unión Europea en particular, junto con las rivalidades empresariales entre farmacéuticas, están dejando un poso en el pensamiento colectivo difícil de dimensionar. Si bien la sociedad española ha demostrado enormes dosis de responsabilidad en toda la crisis, este caldo de cultivo puede hacer que en el corto plazo la población deje de obedecer las recomendaciones e inicie dinámicas de protesta y desacato que ya se han visto en otros países europeos.

Y ahora, ¿qué?

En la actualidad nos enfrentamos a una nueva desescalada con las urgencias económicas de un nuevo período clave para alguna industria: la navidad. Cabe esperar que si durante la segunda ola apenas se vieron aprendizajes de lo ocurrido en la primera, cometamos los mismos errores de la primera desescalada en la segunda. La falta de liderazgo político claro y la falta de una protección social suficiente, hace que no sea previsible otro escenario. Sin embargo, si se comienza la vacunación poblacional antes de la llegada de una tercera ola, es posible que podamos prever un escenario normalizado para la segunda mitad del 2021.

Por todo ello, lo que debemos sacar como conclusión de toda esta enorme crisis sanitaria es que sea hace urgente abordar los problemas estructurales de nuestro país en materia de salud. Más aún cuando por cuestiones climáticas se prevé la aparición de nuevas enfermedades infecto contagiosas en Europa y nuevas oleadas pandémicas a lo largo de la primera mitad de este siglo.

Los hechos y los datos científicos dan la razón a quienes abogamos por reforzamiento de los servicios públicos, una disminución de la desigualdad, un reparto del empleo y una extensión de las coberturas sociales. Pensar en salud no es sólo pensar en sanidad. Debemos combatir la pobreza, la precariedad, acometer el reto de la repoblación de la España vaciada, mejorar la composición orgánica del empleo, planificar adecuadamente infraestructuras, movilidad y transporte, reindustrializar el país y diversificar la economía por sectores sostenibles y estables. Pero también pensar en cómo cuidamos a nuestras personas vulnerables y quienes van a soportar esta tarea que debe ser remunerada y digna.

Debemos huir de mitos y glorificaciones propias de intereses espurios de los medios de comunicación. Un TAC de última generación no salva tantas vidas como un tiempo de consulta adecuado en el ambulatorio. Si esto no abre titulares en la prensa es porque no le interesa al capital que está detrás de ese medio de comunicación. Lo que no interesa a los grandes capitales es la necesidad de la gente común, esa que con su esfuerzo diario sostiene y paga sus servicios públicos.

Se abre por tanto un periodo convulso y difícil económicamente pero interesante a nivel político. Quien y cómo canalizará la agitación surgida de este periodo condicionará la política del corto y puede que del medio plazo. No permitamos que nos vuelvan robar la indignación.

Asier Muñoz González

Portavoz de la Red de Salud de Izquierda Unida

La Sanidad en el Estado del Bienestar Andaluz, ¿un pilar de público a privado?

Una de las cosas de las que constantemente hacían gala con orgullo todos los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía era la Sanidad Andaluza. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) funcionaba aceptablemente bien, la atención ciudadana en los centros de salud era de una gran profesionalidad y afectividad, el ciudadano se sentía cercano a su médico de cabecera, la valoración de estos profesionales en todas las encuestas se acercaba al notable alto, la atención sanitaria primaria era estimada positivamente. Además la percepción de la ciudadanía sobre la valoración de la medicina que en Andalucía se realizaba era bastante alta, a la gran estima que sobre los avances científicos, médicos y quirúrgicos que en Andalucía se desarrollaban (el estudio con células madres, el desarrollo de la biomedicina, los líneas de estudio y avances que sobre el cáncer u otras dolencias se iniciaban o se alcanzaban desde Andalucía, entre otros logros) se unía la admiración por la profesionalidad y los hitos quirúrgicos y sanitarios que en Andalucía se realizaban en sus grandes centros de referencia tanto a nivel nacional como internacional (Hospital Reina Sofía en Córdoba referente en trasplante de órganos, el Hospital Universitario Regional de Málaga referente en trasplantes de páncreas y de médula ósea infantil, el Virgen de las Nieves en Granada referente en cirugía facial o el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, uno de los mayores complejos sanitarios de Europa y referente en biomedicina y en otras varias disciplinas). Cosa diferente era la percepción por parte de la ciudadanía de otros aspectos como las listas de espera para acceder a un especialista o para las intervenciones quirúrgicas programadas, asuntos que siempre fueron polémicos por su tardanza excesiva, a pesar de todos los Decretos y toda la legislación autonómica que se desarrolló para paliarlos. Así mismo, aunque también habría que señalar para hacer honor a la verdad, que en los últimos años los profesionales de la Salud venían reivindicando cambios y mejoras, que en Andalucía también fraguaron en forma de las llamadas ‘mareas sanitarias’. No obstante aquí las reivindicaciones tenían un carácter más laboral que asistencial que en otras Comunidades Autónomas, aunque sin duda también en última instancia todo repercute en lo asistencial.

Esta era groso modo la radiografía de la atención y la situación sanitaria en Andalucía.

Desde que la derecha alcanzó a gobernar Andalucía la degradación, tanto de la asistencia sanitaria, como del desarrollo en todo lo referente a la situación de la medicina en Andalucía ha venido degradándose a pasos agigantados. En uno de los últimos decretos de la Junta de Andalucía se ha cercenado el derecho de los profesionales sanitarios endureciendo las condiciones para el disfrute de sus vacaciones, para acogerse a las medidas de conciliación familiar, para los traslados, para la promoción o para los periodos de descanso entre guardias. Los recortes en personal sanitario, tanto de médicos, como del resto de profesionales han sido una constante que ha venido produciéndose desde que el PP junto con Ciudadanos y apoyados en Vox gobiernan en Andalucía. En este sentido fueron varias las movilizaciones, por parte de los profesionales sanitarios, reivindicando que se reforzara el Plan de Atención Primaria en los Ambulatorios y Centros de Salud. Reivindicaciones que fueron noticia junto con la denuncia en varias ocasiones de los colapsos de las urgencias hospitalarias en varias ocasiones durante el año 2019, antes de la llegada de la Pandemia Covid19, como se puede comprobar acudiendo a las hemerotecas. Junto a estas denuncias, otras de las cosas más evidenciadas por parte de los profesionales sanitarios han sido los recortes presupuestarios en partidas destinadas a la investigación y el ensayo clínico, especialmente de aquellas partidas dedicadas a todo lo relacionado con las células madres y su empleo en medicina.

A este deterioro de todo lo relacionado con la salud y la sanidad en Andalucía ha venido a sumarse el uso político de la Pandemia Covid19, la cual ha venido a servir de excusa para ahondar en medidas que benefician la sanidad privada y deterioran la calidad de la Sanidad pública andaluza. En Andalucía, los profesionales sanitarios que solo ejercían en el ámbito público, venían cobrando un plus como concepto de exclusividad; excusándose en la pandemia, el Gobierno Andaluz ha aprobado a partir de este mes el pago de este plus a todos los médicos aunque también trabajen en la sanidad privada, provocando así por tanto que los médicos no tengan ningún tipo de aliciente por dedicarse únicamente al servicio público y empujándolos a ofrecerse a las corporaciones privadas. No es muy difícil apreciar lo que esto supondrá en la bajada de la calidad y atención al ciudadano.

Pero así mismo, si empezábamos este artículo señalando la buena atención que sobre la atención primaria tenía el ciudadano en Andalucía, esta ha sido borrada de un plumazo como hace tan solo dos años nadie hubiera creído en Andalucía que ocurriría. Ya en Andalucía la atención primaria no se realiza en los Centros de Salud, al menos no presencialmente, ahora el Centro de Salud está cerrado para el usuario, hay que llamar por teléfono o mediante una aplicación informática para solicitar consulta telefónica, a menudo días después, el médico te llamará para valorar si te atiende personalmente o por el contrario puede solucionar tu consulta por teléfono. La pregunta que yo y millones de andaluces nos hacemos es ¿por qué los Centros de Salud públicos están cerrados a la atención primaria y a los privados se puede acudir a consulta personalmente?, la diferencia de trato para quien puede permitirse sanidad privada y para quien no puede o simplemente quiere que se le atienda en la pública es palpable.

Por tanto acabo denunciando que la Pandemia está siendo utilizada como agua de mayo para quienes tienen en su hoja de ruta recortar prestaciones sociales públicas y favorecer la proliferación de empresas privadas que ven en la realización de esos servicios públicos una cuantiosa posibilidad de negocio seguro.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla 

Agrupación municipal de Almensilla.

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