A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

Derogación reforma laboral: no hay más tiempo que perder

Fue el 30 de noviembre de 2019, cuando PSOE y UP firmaron el acuerdo de coalición que dio lugar a la constitución del Gobierno actual. Han pasado más de 600 días y la tan manoseada derogación de la reforma laboral de 2012 sigue aún vigente, prácticamente en todos sus términos.


Todo este tiempo transcurrido, ha dado para muchas declaraciones de ministras y ministros del Gobierno, incluido su presidente Pedro Sánchez. Además del acuerdo firmado por PSOE, UP y EH Bildu que se comprometían a “…. derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivada de la crisis originada por el Covid-19”, sobran comentarios para los intereses de la clase trabajadora sobre la nota aclaratoria enviada por Whasapp del PSOE ese mismo día por la noche.


La triste realidad a fecha de este artículo, es que la única medida efectiva es la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que regulaba el despido objetivo por acumulación de ausencias al trabajo justificadas, incluidas las bajas médicas de corta duración, si bien ya recordó el Ministerio de Trabajo, que las empresas pueden usar ahora la vía del despido disciplinario, indemnizado con 33 días en lugar de 20, para ausencias justificadas e injustificadas, por tanto el despido del trabajador por esta causa sigue vigente.
En el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con datos hasta el segundo trimestre del año 2021, apunta un incremento de los despidos del 41,3% y del 24,7% respecto a las reclamaciones de cantidad. (Periodo -2º trimestre 2020- 2º trimestre 2021. Covid-19.)


Los datos reflejan de manera clara y contundente que la pandemia ha puesto de manifiesto la crisis social y económica que ya se venía gestando, siendo una vez más los trabajadores quienes la estamos sufriendo.


Es evidente que se han llevado a cabo medidas para paliar esta crisis, si bien con la pequeña perspectiva que logramos alcanzar, como siempre se ha favorecido más a las empresas (excluyamos autónomos y micro-empresa) que a la clase trabajadora. A fin de cuentas, ¿De qué le sirve a un trabajador una mejora en su indemnización si lo importante es que se ha quedado sin su trabajo?
Desde la reforma laboral del año 1984 hasta la del año 2012 nos encontramos que en materia de contratación si bien el mercado de trabajo ha sido capaz de generar un gran volumen de empleos, este ha sido temporal y de muy baja calidad aún en los tiempos de bonanza económica, situándonos en fechas actuales en un 26,8% de trabajos temporales lo que representa casi el doble de la media de la Unión Europea que es del 14,2%. A esto hay que añadir la flexibilización en la contratación a tiempo parcial que ha dado lugar en los últimos tiempos a grandes nichos de contratos en fraude de ley con la consiguiente pérdida de ingresos en la caja de la Seguridad Social.


Si abordamos la “salida del mercado de trabajo”, es decir, los despidos de los trabadores en román paladino, la indemnización ha pasado de 45 a 33 días de salario por año de servicio para los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012. En los contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012 pero que se extingan tras dicha fecha, el importe de la indemnización no podrá ser superior a 720 días y se ha eliminado el pago de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. En concreto con las últimas reformas que han abaratado y facilitado el despido, ha conllevado un aumento de número de despidos al utilizarlo las empresas de manera excesiva y no utilizando como último recurso como ocurre en otros países de nuestro entorno.
Además, la reforma laboral del año 2012 facilita la modificación de las condiciones laborales de manera unilateral por las empresas, eliminaba la prórroga automática de los convenios transcurrido un año (la llamada ultraactividad) y establecía la primacía de los convenios de empresa frente a los de sector.


No nos podemos olvidar que, en total, los principales EREs presentados por grandes compañías (Endesa, El Corte Inglés, Caixabank-Bankia, BBVA, Sabadell, Norwegian, H&M, Naturgy, Seat, etc…) en los últimos meses cuentan con una cifra aproximada de 30.000 despedidos, y todo indica que no van a parar de despedir a trabajadoras y trabajadores.


Por tanto, pasado este tiempo y viendo los dimes y diretes de este Gobierno de coalición, claro incumplidor de sus propios compromisos y a la vista de la posición de este Gobierno y su política de marketing vacía de hechos en favor de los trabajadores, hace imprescindible que las dos direcciones de los sindicatos de clase (UGT-CCOO) lleven a término sus declaraciones en pos de la derogación de la reforma laboral del PP y no sólo de sus aspectos más lesivos y para ello convoquen a movilizarse a los trabajadores y así eliminar esta parálisis en la que estamos envueltos.

Jose Antonio Fdez. Guerras