El Comité de Redacción de Tribuna Socialista y todos sus abonados, expresamos nuestra solidaridad con mas víctimas, familiares y amigos y hacemos nuestras sus pérdidas.
Pero más allá de expresar nuestra solidaridad y apoyo con víctimas y familiares, hay que analizar causas de estos accidentes y tomar las ineludibles medidas para que no se repitan y exigir las responsabilidades que procedan.
De nuevo ha ocurrido un accidente ferroviario en la vía del Ave de Andalucía con el resultado de 69 muertos y más de una centena de heridos, algunos gravísimos. Resulta, que justo antes de las elecciones andaluzas, en esta misma vía, ocurrió otro accidente ferroviario en Ardamuz, con 46 muertos.
Como en el accidente de Ardamuz, en principio se habla de factor humano, pero avanzadas las iniciales investigaciones, parece que se trata de un fallo gravísimo en la tecnología informática digital que debería haber evitado el accidente, y se avanza que no ha sido un solo fallo, sino una concatenación de fallos en diversos sistemas de seguridad ferroviaria que deberían haber funcionado y no lo hicieron, con el funesto resultado comentado.
Entendemos que esta sucesión de accidentes, sin querer entrar en otras posibles causas no casuales sino provocadas, se debe principalmente en la caída general y diríamos que calamitosa, de la inversión en infraestructuras en particular.
Resulta evidente el abandono de la inversión en la actualización y eficiencia de los servicios públicos, vivienda, sanidad, enseñanza, mayores, infancia, mujeres, carreteras, obras hidráulicas, pero la palma de la disminución de la inversión, de la lleva los ferrocarriles, donde la inversión en infraestructuras ferroviarias ha caído un 66,7% respecto al año 2009, con una reducción de dos tercios, situándose en 4.589 millones de euros, siendo la inversión pública en España en 2025 de 37.177 millones de euros, que si bien crece en un 9,1% respecto al año anterior, está a años luz de la inversión producida en 2009, concretamente un 34% inferior.
Por el contrario, los gastos militares se han triplicado respecto a 2018, en que se situaba en unos 11.000 millones de euros, hasta alcanzar los previstos por la OTAN, fijados en 35.000 millones de euros.
Las conclusiones saltan por sí mismas, el aumento de accidentes ferroviarios es proporcional a la disminución gravísima y paulatina en infraestructuras ferroviarias, a menos inversión, más accidentes,
Y la máxima conclusión es que los recortes matan.
Tenemos en el horizonte unas elecciones generales. Todos los partidos deben comprometerse a reducir el gasto militar, para dedicarlo a gastos sociales e infraestructuras. La mayoría social se expone a accidentes de tren o de carretera, a retrasos, a multitud de incidencias producto de la falta de mantenimiento o de intereses espurios. Y a esto se unen las listas de espera o la falta de sanitarios, el deterioro de la sanidad pública, los centros de enseñanza inacabados por falta de presupuesto, la falta de profesores, la falta de dotaciones, el ahogo de la enseñanza pública, …etc. Y todo con viviendas precarias o inaccesibles. Tenemos que exigir a los candidatos que centren su programa en beneficio de la mayoría trabajadora y no de capitalistas y especulador.
Los jóvenes que indignados acampáis en las plazas sois un ejemplo de coherencia y solidaridad. Defendéis una causa justa: derecho a una vivienda y salarios dignos. Exigís y anunciáis por tanto un mundo mejor. Por el contrario, los jóvenes que irrumpís con gritos de odio, representáis lo peor de la juventud: sois los escuadristas violentos del nuevo orden que se anuncia por doquier, amenazante.
A vosotros, “escuadristas” violentos (“arriba escuadras a vencer”), me dirijo principalmente en este escrito.
Sois parte de una juventud en una etapa en la que buscáis un lugar en el mundo. Queréis también tener un trabajo digno, acceder a una vivienda y construir un futuro mejor. Sin embargo, muchos de vosotros sufrís la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades para independizaros; muchos, incluso, no encontráis un trabajo acorde con vuestras capacidades. Es comprensible sentir frustración ante esta situación, pero debéis rechazar a quienes aprovechan vuestro malestar para convertirlo en odio hacia otras personas más débiles o en situación vulnerable.
Determinados discursos presentan a las personas inmigrantes, a las minorías étnicas o a las personas LGTBI como responsables de los problemas sociales. Mediante rumores, noticias falsas y mensajes repetidos en las redes sociales, intentan convenceros de que hay personas que merecen menos derechos que otras.
¿Mejora vuestro salario por insultar a una persona inmigrante? ¿Encontráis una vivienda más barata por difundir mensajes racistas? ¿Solucionáis vuestro futuro atacando a los acampados en Sol? Es evidente que no. Los problemas sociales necesitan soluciones reales, no culpables inventados. Se puede debatir sobre inmigración, seguridad o empleo, pero debemos hacerlo con argumentos y datos, sin discriminar ni atacar la dignidad de las personas más vulnerables.
Las redes sociales pueden difundir rápidamente mentiras y mensajes de odio. Por eso, antes de compartir una publicación, debéis comprobar si es cierta, consultar fuentes fiables y preguntaros quién pretende beneficiarse de vuestra ignorancia. Pensar por vosotros mismos significa no dejaros manipular.
¿Qué es un delito de odio?
El artículo 510 del Código Penal español castiga determinadas conductas que fomentan o promueven el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos como el racismo, la religión, la ideología, el origen nacional, el sexo, la orientación o identidad sexual, la discapacidad o la aporofobia, es decir el odio a las personas pobres o en situación vulnerable.
También contempla determinadas conductas de humillación grave y la difusión de contenidos que incitan al odio. Las penas dependen de los hechos cometidos. Algunos supuestos del artículo 510 del Código Penal español pueden castigarse con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses; otros, con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses. La pena concreta depende de los hechos y de las circunstancias del caso. No cualquier insulto o mensaje ofensivo constituye automáticamente un delito.
¿Qué consecuencias puede tener para un joven “escuadrista”?
En España, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Entre los 14 y los 17 años se aplica la Ley Orgánica 5/2000, que contempla medidas como libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad y, en los casos previstos, internamiento en un centro.
A partir de los 18 años se aplica el Código Penal. Según los hechos, pueden imponerse penas de prisión, multas y otras consecuencias legales. Las amenazas, las agresiones y las lesiones también pueden constituir delitos independientes, agravados si se dan simultáneamente las circunstancias del delito de odio.
Frente al odio, solidaridad
No permitáis que nadie utilice vuestras dificultades para enfrentaros a otros jóvenes, quizá más conscientes y solidarios, o a otras personas en situación vulnerable. Si falta empleo, reclamad oportunidades; si no podéis acceder a una vivienda, exigid soluciones; y si existe delincuencia, pedid justicia sin culpar a colectivos enteros.
La libertad no consiste en humillar al más débil o desfavorecido, sino en defender los derechos de todos. Podéis discrepar sin odiar, criticar sin discriminar y luchar por vuestros intereses sin destruir la dignidad de los demás.
No permitáis que os roben el futuro enseñándoos a odiar. Una juventud informada, crítica y solidaria es más difícil de manipular y está mejor preparada para construir una sociedad más justa, libre y respetuosa.
¡Jóvenes, Indignaos!
Luchad por salarios que permitan vivir con dignidad, que no sea un lujo tener una vivienda digna, por una sanidad pública que nos cuide a todos, por una educación pública que nos abra caminos, por transportes públicos accesibles y por unas pensiones dignas que os permitan vivir con tranquilidad cuando llegue el momento.
Porque la dignidad no se mendiga, los derechos no se regalan y el futuro no se espera: se defiende.
No olvidéis que hoy sois jóvenes, pero el tiempo no se detiene para nadie. La vida fluye, los años pasan y aquello que hoy defendéis para los demás será, tarde o temprano, lo que necesitaréis vosotros.
No renunciéis a vuestra voz. No dejéis que otros decidan por vosotros. Cada voto cuenta, cada derecho importa y cada generación tiene la responsabilidad de defender aquello que hace una sociedad más justa.
Que vuestra indignación se convierta en conciencia, vuestra conciencia en compromiso y vuestro compromiso en voto.
El próximo 29 de noviembre, recordadlo: no está en juego solo el presente. También está en juego el futuro que todas y todos merecemos vivir.
Indignaos y votad, a sabiendas de que la política es mucho más que votar cada cuatro años.
Manuel Ruiz Robles.Capitán de Navío de la Armada española, retirado.
Antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
Los salarios de la clase media y trabajadora no alcanzan para asumir el crecimiento desorbitado del precio de una vivienda o de un alquiler. En el primer caso a un ritmo anual medio del 12%, lo que supone una subida acumulada en los últimos cinco años del 52% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto al alquiler la media acumulada de subida, desde 2021, es del 27% según los datos que manejan los principales operadores en el sector inmobiliario. En paralelo los salarios en este mismo periodo, tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han subido un 30%, merced a la subida del Gobierno progresista desde los 965 a los 1.180 actuales. Por último, para completar el cuadro, el dato de la inflación que en España subió en el último lustro un 26% (INE). Según estos guarismos, una persona con un salario medio entre los 1.300 y los 1.800 euros brutos al mes, debe destinar hasta un 50% de su nómina mensual a pagar un alquiler, según los operadores inmobiliarios, y un 37,5% para la compra de una vivienda, que en Madrid y Barcelona supera el 40%, según la patronal bancaria. En ambos casos, por encima del 30% tope que la banca recomienda para poder pagar una vivienda de manera desahogada.
Éste es el cuadro del esfuerzo, imposible, que debe afrontar un ciudadano medio para alquilar o comprar una vivienda, que ya de por sí justifica la necesidad de una huelga general. Razón que sube de grado, si se suma la degradación de la sanidad, educación y servicios sociales, por los recortes en sus presupuestos que reducen la calidad de las prestaciones que ofrecen a la ciudadanía, para justificar así la necesidad de establecer convenios y conciertos con empresas del sector privado para reforzar y garantizar las prestaciones, según dice la derecha que gobierna en Comunidades y Ayuntamientos. Argumento para enredar a la ciudadanía al expandir la idea de que sin la colaboración público privada el sistema sanitario, educativo y la prestación de los servicios sociales sería inviable. Mantra que repiten hasta la saciedad como un trampantojo para que no hablemos de la raíz del problema, la negativa de las administraciones gobernadas por el PP y Vox a contratar los médicos, sanitarios, profesores y trabajadores sociales necesarios para ofrecer unas prestaciones púbicas de calidad.
Trampantojo que oculta que esos convenidos, acuerdos marco o delegaciones de gestión de los servicios públicos a empresas privadas, suponen un trasvase de las rentas del trabajo a rentas de capital como se observa de manera palmaria en el balance anual de los grandes grupos empresariales del sector sanitario, educativo o de los fondos buitre que operan en el sector inmobiliario, con un aumento de sus beneficios desorbitado gracias a la inyección de dinero público que reciben de los presupuestos de Comunidades y Ayuntamientos, generalmente opacos, vía conciertos y convenios para gestionar los servicios públicos en los que se asienta el estado del bienestar.
Así lo confirma un estudio de la Fundación Dialnet que apunta cómo el equilibrio en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo es cada vez más desigual: desde la década de los años setenta del siglo pasado se estádando una caída paulatina del peso de los salarios en la renta nacional, inclinándose la balanza cada vez más a favor de las rentas empresariales… En España la población asalariada ha crecido de forma continuada, pero la proporción de la renta que recibe no ha dejado de disminuir. Datos que justifican que los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se hayan unido a la Huelga General del 11 de noviembre, promovida por el Sindicato de Inquilinas, para trasladar a los centros de trabajo el malestar de millones de ciudadanos ante unos precios de compra y alquiler que absorben una parte cada vez mayor de sus salarios, como señalan sus secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo, en el comunicado conjunto que anunció la participación de sus organizaciones en la movilización contra la especulación inmobiliaria.
Declaración en la que reclaman una subida salarial del 7%, porque los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación, como justificación para participar en la huelga general y replicar a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, donde puso en duda la legalidad de la convocatoria porque la vivienda no es un conflicto laboral, declaración en la que anunció que actuará por la vía legal si la huelga finalmente se convoca. Desconoce Garamendi, o lo oculta para defender su argumento, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respaldan la legalidad de las huelgas que tengan incidencia en las condiciones de trabajo, aunque critiquen políticas más generales.
Misma tesis que apoya Silvia Arribas, letrada del Gabinete Jurídico Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) al señalar, con la experiencia de haber redactado la solicitud de las convocatorias de las huelgas generales del 8M en 2018 y 2019, y por Palestina en 2024 y 2025, que el acceso a la vivienda tiene una clara vinculación con las condiciones laborales, porque el salario mínimo actual no permite acceder a una vivienda ni, en general, asumir el coste de la vida.
Más allá del absurdo que supone dudar del derecho que asiste a los sindicatos mayoritarios a participar y promover la huelga general por la vivienda, lo significativo, en esta ocasión, es que no han sido ellos sino un sindicato, el de inquilinas, nacido desde abajo para defender el derecho constitucional a una vivienda digna, el que ha aglutinado el descontento de un sector amplio y transversal de la sociedad por la degradación de los servicios públicos que, poco a poco, va horadando el significado y sentido del Estado del Bienestar.
Tensión social que estaba latente y larvada a la que solo le faltaba la chispa necesaria para despertar las conciencias y animar a la movilización contra la injusticia y mercadeo del capitalismo salvaje con los derechos que asisten a las personas. Esa centella luminaria fue el desahucio de Maricarmen, por su firmeza en la denuncia de la injusticia a la que la sometía el fundo buitre Urbagestión que quería apropiarse de su casa, de su vida, que contrastaba con la creciente debilidad física que se acentuó durante el proceso de expulsión y que finalmente provocó su fallecimiento.
Esta ambivalencia de fortaleza y debilidad que vio toda España cuando la sacaron en camilla de su casa, mientras ella animaba de seguir en la lucha, despertó en la ciudadanía comprometida un sentimiento de humanidad y la necesidad de actuar contra el oprobio sistemático al que nos somete el capitalismo salvaje y quienes lo amparan, que ha desembocado en las concentraciones y acampadas que se mantienen activas en la práctica totalidad de ciudades españolas, dando sentido y forma a la necesidad de una huelga general. Movilización que demuestra que la sociedad española no está dormida, como muchos pensaban, y que cuando se pone en movimiento no hay quien la pare, harta de que los yonquis del dinero jueguen con sus derechos y marchiten sus perspectivas de vida.
De Madrid a Europa: cuando la dignidad se organiza
Hay acontecimientos que, por sí solos, consiguen retratar las profundas contradicciones sociales y políticas de una época.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, paralítica y residente durante toda una vida en su vivienda de alquiler, ha sido uno de esos acontecimientos. Más allá de los detalles concretos de su caso, lo sucedido ha sido la chispa que ha aflorado una indignación acumulada durante años entre amplias capas de la sociedad española, pero, sobre todo, entre la clase obrera, la clase media y la pobreza expulsada del sistema.
La ciudadanía que sufre con el sistema, ha visto en aquel desahucio algo más que un conflicto entre una propiedad especuladora y una inquilina. Vieron un modelo que convierte la vivienda en un negocio abusivo, mientras miles de personas sufren inseguridad habitacional, alquileres abusivos y la amenaza constante de perder el hogar. Las protestas posteriores, las grandes manifestaciones y las tensiones vividas en las calles, reflejan que existe un malestar social mucho más profundo que no puede reducirse a un caso individual y que se vincula necesariamente con lo político y con la lucha de clases, la lucha de una ciudadanía mayoritaria por la supervivencia.
La ocupación y acampada de la Puerta del Sol por centenares de estudiantes, trabajadores, pensionistas y ciudadanos de todas las edades, recordando al 15M de 2011, representa precisamente esa realidad. La protesta comenzó alrededor de la cuestión del desahucio de Maricarmen y de la vivienda, pero pronto se convirtió en un espacio donde confluyen numerosas reivindicaciones sociales. Allí se habla de sanidad pública, de educación, de salarios insuficientes, de la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes, de la situación de los mayores, de los derechos de las mujeres, de la protección de la infancia y también del rechazo al incremento de los gastos militares y a la lógica de la guerra.
Lo significativo es que la acampada no expresa únicamente una protesta. Expresa también una voluntad de participación política directa. Personas que a menudo no encuentran cauces efectivos para hacerse escuchar, han decidido reunirse, debatir y organizarse colectivamente. Esa es seguramente la razón por la que la movilización ha despertado tanto interés y tanta simpatía entre amplios sectores de la población.
La tragedia adquiere una dimensión aún mayor si se considera que, pese al cambio de posición de la propiedad respecto al regreso de Maricarmen a su vivienda, este retorno nunca llegó a producirse debido a su fallecimiento. Para muchas personas, este desenlace se ha convertido en una dolorosa metáfora de la reacción y la lucha que debe darse, ante problemas que llevan años agravándose. Pone de manifiesto que es necesaria la movilización permanente contra el sistema.
Pero España no está sola en estas luchas. Lo que estamos viendo forma parte de un fenómeno internacionalista más amplio que recorre Europa, como pudo apreciarse en las reuniones internacionales realizadas en París en 2025 y en Londres en 2026 contra la guerra y el aumento de los gastos armamentísticos, pero donde también se habló de otros problemas como las pensiones, los salarios, la vivienda y otros.
En Francia, cientos de miles de personas han protagonizado movilizaciones contra políticas sociales percibidas como regresivas, especialmente en materia de pensiones, salarios y educación. Los estudiantes han vuelto a ocupar un papel destacado en las protestas, recordando que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar pasivamente un futuro marcado por la precariedad, la incertidumbre y el debilitamiento de los servicios públicos. Las movilizaciones actuales nos recuerdan mucho a las habidas en mayo de 1968.
En Portugal, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda y otros países europeos también se han desarrollado importantes movilizaciones relacionadas con el coste de la vida, la vivienda, los derechos laborales, la defensa de las pensiones, la educación pública y la oposición a las políticas de austeridad. Aunque cada país tiene sus particularidades, existe un hilo conductor evidente: millones de personas sienten que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera justa mientras aumentan las desigualdades y la inseguridad social.
A ello se suma una creciente preocupación por el incremento de los presupuestos militares en numerosos Estados europeos y una creciente contestación a la guerra, a todas las guerras. Cada vez más ciudadanos se preguntan por qué existen dificultades para financiar hospitales, escuelas o políticas de vivienda, mientras se anuncian importantes aumentos del gasto armamentístico. Independientemente de las posiciones ideológicas concretas, este debate está ganando terreno en la opinión pública y se ha convertido en una de las grandes cuestiones políticas de nuestro tiempo: NO A LA GUERRA.
Todas estas movilizaciones no son fenómenos aislados. La ciudadanía comienza a reconocerse en luchas que tienen lugar más allá de sus fronteras nacionales. Los jóvenes franceses observan lo que sucede en Madrid. Los movimientos por la vivienda en España siguen con atención las experiencias portuguesas. Los trabajadores de distintos países descubren que comparten problemas similares y que muchas de sus reivindicaciones son comunes.
Es precisamente ahí donde surge una pregunta que hace pocos años podía parecer utópica: ¿sería posible una gran movilización europea coordinada?
Una huelga general europea puede parecer, hoy por hoy, un objetivo difícil. Yo opino que no lo es. Si fortalecemos una buena organización que lance a los trabajadores a la lucha de clases en Europa y aprovechamos el clima de crispación y contestación social que recorre la mayoría de los países europeos, podrá pararse Europa.
Existen diferencias culturales, jurídicas y sindicales entre los distintos países. Sin embargo, también es cierto que la integración económica del continente ha generado problemas compartidos y respuestas cada vez más similares por parte de gobiernos e instituciones. Si las decisiones económicas tienen una dimensión europea, las resistencias sociales tiene que adquirir una dimensión continental, avanzando hacia el internacionalismo.
Una huelga general europea protagonizada por trabajadores, estudiantes, sindicalistas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, constituiría un precedente histórico muy importante. No se trataría únicamente de detener la actividad económica durante unas horas o unos días. Se trataría de enviar un mensaje claro: que la clase obrera organizada se ha puesto en marcha, que la mayoría social existe, que puede coordinarse más allá de las fronteras y que exige prioridades diferentes.
Sería una seria advertencia dirigida a los capitalistas que consideran que los derechos sociales pueden sacrificarse indefinidamente en nombre de los mercados, de la competitividad o de la geopolítica. Sería una reivindicación del derecho de los pueblos europeos a decidir que la vivienda, la sanidad, la educación, el trabajo digno y la paz ocupen el centro de las políticas públicas.
Estamos en el inicio de una nueva etapa de movilización social a escala europea, la lucha internacional se ha puesto en marcha. Desde la Puerta del Sol hasta las calles de París, desde Lisboa hasta Atenas, miles de personas están expresando una misma convicción: que otro modelo social, otro sistema, es posible y que merece la pena luchar por él.
Quizá esa sea la principal enseñanza del momento. Cuando la dignidad se organiza, cuando la ciudadanía deja de sentirse sola y descubre que comparte problemas y esperanzas con millones de personas, las protestas dejan de ser acontecimientos aislados y se convierten en una fuerza histórica. Y esa fuerza en marcha, tiene la capacidad de abrir caminos que antes parecían imposibles.
Si podemos parar Europa, paremos Europa pues, luchemos contra un sistema capitalista e imperialista cuya máxima prioridad es la guerra. Paz, casa y alquileres asequibles, trabajo digno con salarios justos que permitan superar día a día el alza de los precios, Sanidad, Enseñanza, cuidado de Mayores e Infancia, derechos de las mujeres y erradicación de la violencia en su contra, estas son las prioridades de la ciudadanía mayoritaria que se ha puesto en marcha y ha dicho ¡BASTA YA ¡
Tras mes y medio de haberse iniciado las clases, en Madrid hay alumnas y alumnos de grados superiores, en Institutos públicos de FP, que no tienen profesorado en un elevado porcentaje de sus asignaturas. Es este un hecho concreto por el que, tanto el alumnado como madres y padres estamos indignados y preocupados por el devenir del curso.
Para el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid todo el mundo es culpable de todos los desastres que sus políticas liberales provocan. Pongo este caso concreto y preciso para evidenciar la mezquindad de la Consejera de Educación en el Gobierno de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, quien está todo el día en los medios de comunicación mintiendo y diciendo que no hay motivos para la huelga que el profesorado ha emprendido. Hay muchos motivos: salariales, de estabilidad laboral, de condiciones de trabajo, de carga de trabajo…
El hecho concreto que denuncio públicamente es el caso de las y los alumnos de Grado Superior de Ortoprótesis y Productos de Apoyo que se imparte en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares.
De las seis asignaturas que tienen en primer curso, carecen de profesorado en dos de ellas -las alumnas y alumnos de segundo curso también sufren un situación similar-. Por qué ocurre esto, pues porque el Gobierno de Ayuso, a estas alturas, con el curso ya iniciado, no ha aprobado en la Asamblea de Madrid el Decreto que debe fijar las condiciones de contratación del profesorado experto en las materias correspondientes.
De este modo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está garantizando que el alumnado de FP tenga asegurado el acceso a sus estudios, vulnerando de esta manera el artículo 27 de la Constitución.
Las señoras Ayuso y Zarzalejo, por orden de responsabilidad, están provocando una grave distorsión en la formación de decenas de alumnas y alumnos de FP en esta Comunidad Autónoma.
Los afectados han recurrido a la DAT de Madrid-Este mediante cartas, iniciativa a la que madres y padres nos hemos sumado, sin haber recibido respuesta ni explicación seis semanas después. Las alumnas y alumnos se han concentrado y han protestado a la puerta de esa Dirección de Área Territorial. Sin que la Consejera de Educación se haya inmutado.
Este asunto es un claro caso de destrucción de la Educación Pública en Madrid. Un método que el Gobierno del PP utiliza para empujar a las opciones educativas privadas, las cuales cobran unas sumas inalcanzables para la mayoría de familias; opciones privadas que ofertan cursos on-line o semipresenciales en el mejor de los casos. Un negocio, a fin de cuentas, donde lo que menos importa es la calidad de la enseñanza.
Es inaceptable e intolerable, por lo que toda la comunidad educativa está legitimada a protestar hasta que se resuelvan todas las reivindicaciones y todos los problemas generados por la política destructiva de lo público.
Este sábado 24 de octubre, pensionistas y trabajadores de todo el Estado español, se han manifestado en Madrid para defender el Sistema Público de Pensiones y que se realice una auditoría pública sobre las cuentas de la Seguridad Social. Esta convocatoria, anunciada antes del verano, confluye con la gran movilización de jóvenes exigiendo una vivienda digna y la expropiación de los fondos buitre que están impidiendo la posibilidad de obtenerla. También confluye con la movilización que llevan a cabo los enseñantes y los alumnos para defender la educación pública, y con todos los movimientos que están preparando la huelga general, convocada por el Sindicato de Inquilinas, las confederaciones sindicales, para el 11 de noviembre, y a la que se adhieren organizaciones populares y democráticas de todo el Estado. Reclaman salarios dignos, subidas del SMI, y vivienda digna, frenando a los especuladores. El desahucio y fallecimiento de Maricarmen, han sido la gota que ha colmado el vaso, desencadenando el llamado a la huelga y la convocatoria de elecciones. Los partidos de la derecha, empujados por los cantos de sirena de las encuestas, se han lanzado a cuestionar la viabilidad del actual sistema de pensiones, calificándolo de “zombi”, “inviable”, o directamente “que va a petar”, proponiendo un sistema mixto con “mecanismos de capitalización”, es decir, abrir un camino a la privatización de las pensiones.
Los pensionistas todavía recuerdan el 0,25% de Rajoy Durante años Rajoy condenó a la mayoría social a grandes penalidades, haciéndola cargar con la crisis que habían provocado los especuladores. Esos mismos especuladores que ahora quieren aprovechar los “mecanismos de capitalización”, o que expulsan a la gente de sus casas. El Gobierno de Sánchez atendió el clamor de las movilizaciones de pensionistas y ha aplicado su revalorización en base al IPC anual, sin embargo ha olvidado el apartado de la Ley 21/2021 que les comprometía a encargar una auditoría de la Seguridad Social. Los manifestantes no lo han olvidado y esta exigencia se podía leer en numerosas pancartas. “¡Qué no! ¡qué no!, no queremos pagar sus deudas con sanidad o nuestra pensión”, gritaban. Lo tienen claro, no pueden consentir que jueguen o especulen con sus vidas. Hartos de amenazas, exigen que se cumpla la ley y que se audite las cuentas, no solo para negar la supuesta inviabilidad de las pensiones, sino también para denunciar los desvíos de fondos de la caja de la Seguridad Social y las continuas subvenciones a las empresas, de algo que no es otra cosa que salario diferido que pertenece a los trabajadores. Es una respuesta al proceso reaccionario que provocan las políticas de los gobiernos europeos, entregados al imperialismo, que aumentan los gastos militares en detrimento de los gastos sociales. Estos días, en Francia, hay manifestaciones en todas las ciudades contra las políticas del Gobierno Macron, que intenta impedirlas enviando a la policía y al ejército. Se anuncia una huelga general el 5 de noviembre en Francia, al mismo tiempo que en Italia se convoca también huelga general para el 20 de noviembre. El 30 de octubre en 100 puertos de Europa, convocan una huelga en contra del envío de armas al Estado genocida de Israel.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), movimiento en el que se integra ASTRADE, formó un nutrido cortejo y portaba una pancarta con las consignas: “¡En defensa de las pensiones públicas! ¡Presupuestos militares para vivienda y gastos sociales! ¡11N Huelga General! Esta es la linea con la que asociados de ASTRADE y Tribuna Socialista nos integramos en los comités de apoyo a la huelga que se están formando en barrios y pueblos de todo el Estado. Sin duda se trata de ayudar a organizar la lucha, porque como explica Roberto Tornamira, presidente de ASTRADE, “La movilización es la única solución, por eso estamos aquí. Hoy tocan las pensiones, como hace dos semanas tocaron dos buenas manifestaciones de vivienda, y como hace diez días los profesores, alumnos y padres de estos se movilizan en defensa de la educación pública. Las pensiones están amenazadas porque la derecha quiere privatizarlas, como privatiza la sanidad, la educación, y todo lo que es público. Por eso estamos aquí, porque la movilización es la única solución”.
La derecha catalana se pasó de frenada votando en contra de los decretos de vivienda. La derecha españolista (PP y VOX) llevan desbocados desde el 24 de julio de 2023; sin que esto signifique que alguna vez dejaron de ser filofranquistas. La consecuencia lógica es el adelanto electoral, si no han sido capaces de votar a favor de unos decretos de mínimos, era absurdo prolongar una legislatura boicoteada sistemáticamente.
Por su parte, la derecha mediática se empeña en presentar, desde ya, los comicios anunciados por el presidente del Gobierno como un plebiscito sobre Pedro Sánchez, y si eso no cuela intentan llevar la discusión al pucherazo. No son más que artimañas para intoxicar al electorado. Una de las toxinas que llevan mucho tiempo instaladas en la opinión publicada es la de que con cada candidato se olvida el pasado del Partido; es por esto que Feijóo siempre apela a que el caso Kitchen, Gürtel, Púnica, o sus relaciones con el narco gallego…son cosa del pasado. NO, las organizaciones, como las personas, han de apechugar con sus aciertos y sus errores, por muy pretéritos que sean.
Por tanto, no estamos a la vista de un plebiscito sobre tal o cual candidato, estamos ante dos formas de ver la vida, dos ideas diferentes condicionadas por la posición de clase de cada organización y sus dirigentes. Hay quienes tienen la firme determinación de favorecer al capital y quienes trabajan para intentar favorecer a la mayoría social: trabajadoras y trabajadores, pensionistas, autónomas y autónomos, desempleadas y desempleados y a las hijas e hijos de todos ellos cuando aún son estudiantes.
Pongamos un ejemplo de los beneficios que genera el voto negativo a los decretos del pasado viernes por parte de PP, VOX y Junts:
La mayor compañía inmobiliaria del IBEX-35 es Merlin Properties, poseedora de más de 4 millones de metros cuadrados en la Península ibérica. El CEO de esta compañía tiene una retribución que supera los 3 millones de euros anuales y esta empresa tiene un beneficio acumulado en lo que va de año del 13%. El lunes 5, primer día hábil de la bolsa española tras el viernes, ha comenzado subiendo un 3,30% en el mercado de valores.
A los “señoros” de Merlin no hace falta que nadie les diga a quién deben votar, su cuenta corriente se lo indica claramente.
La intoxicación social sostenida en el tiempo tiene por efecto que muchas personas que no llegan a fin de mes, que tienen que elegir entre poner la calefacción o comprar alimentos frescos, quienes llevan años perdiendo poder adquisitivo porque sus salarios o pensiones no crecen ni siquiera lo mismo que el IPC, quienes tras toda una vida de estudios y esfuerzos, suyos y de sus familias, a lo más que pueden optar es a un puesto de trabajo precario…a muchas de estas personas, la rabia las confunde y terminan votando a los mismos que los dirigentes de Merlin.
Por ende, el 29N no es un plebiscito sobre tal o cual persona, tal o cual partido, es la lucha de intereses entre la minoría privilegiada y la mayoría desfavorecida. Es continuar en la escalada especulativa que sufrimos la mayoría en: alimentos, en vivienda, en energía, en carburantes… o darnos la oportunidad de continuar intentando cambiar la situación aún con todas las carencias y sombras que podamos achacar al Gobierno de coalición. Quizá sea el momento de exigir que los programas electorales de los partidos de la izquierda sean auténticos contratos sociales, compromisos exigibles por el electorado.
El 29N también es la confrontación de intereses de quienes están privatizando y saqueando los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la dependencia y el cuidado de mayores, frente a quienes necesitamos esos servicios públicos porque nuestros salarios no nos permiten otra opción y porque creemos firmemente en lo público.
En noviembre se dirimirá seguir defendiendo el Sistema Público de Pensiones o que las pensiones públicas caigan en manos de los buitres económicos que se frotan las manos con su privatización: PP y VOX están dispuestos a ello, así lo explicitan sus dirigentes.
Claro que los partidos de la izquierda han cometido y cometen errores, por acción y por omisión, pero son la única opción que la mayoría social tiene en este momento para intervenir en el presente para modelar su futuro.
Por tanto, la rabia hay que canalizarla en forma de movilización en las calles, en todos y cada uno de los conflictos que se viven: en la huelga convocada por el profesorado en Madrid para el 14 de octubre y en la Huelga General que UGT y CCOO han previsto convocar para fecha próximas. La Huelga General no le gusta a la patronal, que argumenta que la vivienda no es una cuestión salarial, como si los salarios insuficientes no fuesen un factor determinante en la carestía de la vivienda.
Quedan más de 50 días hasta llegar a las urnas, si todas y todos remamos en una sola dirección, la izquierda, sin renunciar a la posición y trayectoria de cada cual, será posible una victoria de la mayoría social.
El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una indignación que ha llevado a muchos miles de personas a salir a las calles en Madrid y en otras ciudades. Podría haber ocurrido con alguno de los 24.540 lanzamientos practicados en 2025 o alguno de los 4.005 que se llevaron a cabo en el primer trimestre del presente año.
Ha sido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quién ha convocado, pues ninguna otra organización u organizaciones se han puesto al frente de organizar una respuesta que diese voz a la ciudadanía, cuyo sentir se representó muy bien en la manifestación de Madrid en el cántico “No tenemos miedo, si tenemos rabia”.
Esta contundente respuesta de participación, en una movilización que se ha gestado en muy poco tiempo, es la demostración de que la clase trabajadora si está por la labor de movilizarse, como viene ocurriendo cada año, por ejemplo, con las convocatorias del Espacio de Vecinas y Vecinos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Y digo clase trabajadora pues debemos ir dejando los eufemismos que el capital nos impone, en tanto que las familias de clase adinerada no tienen problemas para disfrutar de su derecho a una vivienda digna, incluso de varias, ni sus hijas e hijos tienen negado su derecho a la emancipación.
Hay algunos elementos básicos para acercarnos a entender cómo y por qué se ha generado el drama humano de no tener asegurado un techo para vivir:
La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3 €/m2 en julio de 2014 a 15,3€ m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%.
Los inversores han huido de las inversiones financieras tradicionales, pues a nivel agregado, la media ponderada del total de los fondos de inversión en España, han registrado una rentabilidad entre el 25% y el 32% en los últimos 10 años, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco).
La filosofía sin ética del capitalismo les lleva a pretender incrementar sus beneficios cada año, sobre los récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del año anterior, por lo que igual que juegan con el precio de los carburantes o la energía, arruinando a millones de personas en el mundo, juegan con la inversión en la industria del armamento, provocando la muerte en guerras como la de Ucrania o alimentando el genocidio en Gaza, del mismo modo que animan la voracidad de los fondos buitre inmobiliarios que echan a las personar a la calle sin ningún miramiento, como le ocurre a Teresa, a quien la propiedad de su vivienda quiso subirle el alquiler de 400 a 1.500 euros, a principios de este pasado verano, y hoy, a sus 72 años, se ve viviendo tirada en un banco de un parque.
Estas barbaridades sociales solo son posibles porque las leyes les amparan y una mayoría de jueces y fiscales protegen a los especuladores y sus agentes colaboradores, como cuando, en 2020, el Tribunal Supremo absolvió a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de 1.860 viviendas públicas a Fidere Gestión y Fidere Vivienda, pertenecientes a Blackstone.
El poder legislativo tampoco ha cumplido con el mandato que mayoritariamente le dio el pueblo soberano, cuya soberanía parece durar las horas en las que los colegios electorales están abiertos al voto.
En este país se expropió RUMASA, un emporio empresarial descomunal, pero en favor de la expropiación estaban los 7 grandes bancos en 1983, indemnizando a los propietarios con 1 peseta por acción; en 2017 se expropió el Banco Popular, aunque lo vistieron como una intervención bancaria, con una indemnización de 1 euro par acción. Todos los días se expropian inmuebles y terrenos, para favorecer el bien general, cuando una gran empresa hace inversiones… Sin embargo, parece que no es hacer el bien general expropiar a propietarios que acumulan grandes cantidades de inmuebles, sean estos socimis, fondos o particulares, cuando pretenden aplicar incrementos astronómicos a sus inquilinas e inquilinos, a sabiendas de que les es imposible poder pagar.
El Estado tiene la obligación de cumplir con su papel de equilibrio, pero parece que pueden más los intereses de la minoría poderosa que se organiza en lobbies/grupos de presión.
Las instituciones del Estado tienen responsabilidad en este drama social, pues han convertido muchos artículos de la Constitución en papel mojado, según los que convienen a la minoría privilegiada o los que protegen a la mayoría desfavorecida. Prueba de esto es que la lectura del artículo 47 de la Constitución de 1978 comienza producir sonrojo:
Todos los españoles tienenderecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicospromoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
El Gobierno, debería aprobar el Real Decreto-Ley sobre Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 29, y ahorrarnos un bochorno de bronca entre los socios de gobierno. De la misma manera que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados deben convalidarlo, de lo contrario, la ira que se expresaba en las manifestaciones del sábado 26, deberá canalizarse hacia quienes lo impidan.
El Decreto tiene que salir adelante, pero el problema social es tan grave que no basta con una ley, va a hacer falta bastante valentía política para abordarlo y atajarlo. De momento, la movilización es la solución.
El día 23 de septiembre, representantes de las asociaciones ADEPPU, ASTRADE, el Movimiento de Pensionistas de Madrid y de la Asociación Vecinal de Collado Villalba, se reunieron con la presidenta de la Comisión en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Toledo, Mercè Perea.
El objeto de la reunión, a solicitud de las organizaciones, era el de trasladar la exigencia de eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, en carreras de cotización de 40 años o más. En este sentido, se valoró positivamente que el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el martes 22 de septiembre, aprobase por mayoría: con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH, PNV y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores con largas carreras de cotización -40 años o más-.
Así mismo, se planteó la exigencia de eliminar la regla por la que, para acceder a una pensión contributiva, además de haber cotizado 15 años como mínimo, haya que tener 2 de entre los 15 años previos a la petición de jubilación.
Y se exigió el blindaje del derecho a la pensión, mediante el traslado de lo los artículos 41 y 50 de la Constitución al Capítulo segundo, Sección 1ª “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas, hoy ubicados en el Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica”.
A estas exigencias de modificaciones legales se añadió en la reunión la necesidad de cumplir con la Disposición adicional sexta de la ley 21/2021, por la que el Gobierno debería haber encargado una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, para el periodo 1967 – 2019 -un periodo de 53 años-. Además de ser un mandato legal que ya debería de haberse cumplido, es necesario restituir la deuda del Estado con la Caja de las Pensiones, pues según el informe del 2020, emitido por el Tribunal de Cuentas, el Estado era deudor de más de 103.690 millones de euros a la Seguridad Social, por haber efectuado pagos indebidos con dinero de las pensiones; cantidad correspondiente al periodo 1989 – 2013. La cantidad señalada por el Tribunal de Cuentas creció hasta los 140.000 millones de euros -en los últimos 30 años, es decir en el periodo 2003 – 2023- según explicó en la prensa económica el hoy Gobernador del Banco de España, el 21 de abril de 2023, siendo Ministro de Seguridad Social.
La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo se comprometió a trasladar las peticiones y a continuar con el diálogo con las organizaciones.
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista.
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 24 de junio 2026. Fotografía cedida por la Asociación Vecinal NUDO SUR.
Madrid está gobernada por el PP con una idea política que desprecia la vida de las personas. La presidenta Ayuso lo expresó perfectamente, “se iban a morir igual”, dijo, al referirse a las 7291 personas mayores que murieron en las residencias de Madrid, tras negárseles la atención sanitaria hospitalaria.
El liberalismo asume la muerte violenta, pues es violencia no actuar o tomar decisiones a sabiendas de las consecuencias de ello, de personas inocentes; es la lógica de la guerra, llevada al extremo en Gaza por parte del Gobierno sionista de Netanyahu, apoyada por toda la derecha internacional y consentida de forma más o menos pasiva de muchas naciones que se dicen progresistas. La responsabilidad incluye a quienes votan a los partidos liberales, conservadores y de extrema derecha.
Esta lógica es con la que se gobierna en las comunidades autónomas en nuestro país; en unas con mayor intensidad, como es el caso evidente de Madrid y en otras más solapadamente. Bajo la cobertura de la abstracción de la “colaboración publico privada”, pues, llegados a este punto, donde dice “colaboración”, en realidad evitan decir “fomento del negocio privado.
Lo vimos en el Hospital Universitario de Torrejón, en el que el CEO de la empresa Rivera Salud, a la que el Gobierno de Madrid otorgó por segunda vez, en 2018, la gestión de este centro hospitalario, dio la orden de aumentar las listas de espera y desechar a los pacientes no rentables, con la finalidad de aumentar los beneficios empresariales. Las denuncias contra esto fueron inadmitidas el caso fue archivado por el Tribunal de Instancia de Torrejón, decisión avalada por la Audiencia de Madrid. El CEO dimitió, los denunciantes sanitarios fueron despedidos y ahí continua Rivera Salud haciendo beneficio.
A la filosofía política de la derecha, en la que no hay respeto a la vida de las personas, se suma el autentico burladero en el que se ha convertido la ¿Justicia?, cuando los casos caen en manos de jueces, magistrados y fiscales que, por coincidencia ideológica, dan cobertura a estas aberraciones.
Podría citar más casos, como la gestión de los cribados de cáncer de mamá en Andalucía, las consecuencias de los recortes sanitarios en Galicia o las que la privatización en Castilla y León han tenido y están teniendo en el Hospital de Burgos, por señalar tres ejemplos.
Si embargo, quiero y debo resaltar la última explosión derivada de la gestión política de los seguidores de la motosierra en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el que un cirujano denunció hace unos días que, en este hospital público de gestión directa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se están manipulando las listas de espera cambian rebajando la gravedad de los pacientes pendientes de intervenciones quirúrgicas.
La denuncia del cirujano, contra quien la Consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso ha arremetido con todo tipo de infamias, decía que: Solo entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del presente año, a 57 pacientes en espera de cirugía se les cambió el criterio de preferente, cuyo plazo de intervención no debía superar los 90 días, a normal, para quienes el plazo es de 180 días.
La manipulación de la consideración de la gravedad se llevó a cabo a espaldas del médico que había dado esa calificación, por parte los jefes de servicio, quienes siguen órdenes y criterios de la parte política de gestión del centro hospitalario; puestos que pone a dedo el Gobierno de Ayuso.
Este nuevo escándalo sanitario supone un salto cualitativo respecto a la destrucción de la Sanidad pública, para allanar el camino por el que avanza la privatización de lo público.
Es urgente parar la privatización de la Sanidad pública, tan urgente como poner coto a la especulación de la vivienda.
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