Desde la Junta de la Asociación Civil Milicia y República y en nombre de todos/as los/as componentes de ACMYR, expresamos nuestro más sentido pésame por el repentino fallecimiento de nuestro compañero y Presidente de ACMYR (2022-2024) Floren Dimas Balsalobre, que dedicó gran parte de su vida a reivindicar la memoria de los luchadores antifascistas tras el Golpe de Estado fascista contra la legalidad del Gobierno de la II República española, que desembocó en una cruenta Guerra Civil a la que siguió una cruel represión franquista.
Floren Dimas, luchó por defender la justicia y reparación de las víctimas del franquismo y por la proclamación de la III República. Desde ACMYR, continuamos su legado de lucha..
Desde la Junta Directiva de ASTRADE y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, vemos la necesidad de poner en marcha de manera inmediata esta iniciativa, en forma de carta abierta, para que sea suscrita por militantes del PSOE, socialistas no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas (a título individual)
Presidente:
Nos dirigimos a ti, en abierto, militantes socialistas afiliados y no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas, todas ellas y ellos a título individual, para compartir contigo una serie de consideraciones.
El 23 de julio se cumplirán tres años desde que las urnas dieron un resultado que legitimó al Gobierno actual. Sin embargo, esa legitimidad es cuestionada, antidemocráticamente, por la derecha de siempre de este país.
Los líderes del PP han lanzado consignas como “El que pueda hacer que haga” (Aznar), o más recientemente “Haré todo lo posible para acabar con el Gobierno, y todo es todo” (Feijóo). Son las consignas que han servido de ignición para desencadenar la secuencia: Denuncias en pseudomedios de comunicación-apertura de casos judiciales-actuaciones de policía y guardia Civil-utilización del poder legislativo, todo ello con el fin de derribar al Gobierno que presides.
Esta secuencia puesta en marcha por la derecha españolista no justifica el caso “Mascarillas”, en el que se ha hecho evidente que una cuadrilla de corruptos y puteros utilizaron el poder y los recursos del Estado para sus fechorías. Si bien no nos deja de llamar la atención el abultado número de años para José L. Ávalos y Koldo García, frente a la puesta en libertad -sin exigencia de devolución de lo sustraído- para Víctor Aldama, a quien, para más recochineo, se dice literalmente en la sentencia que el fallo, en su caso, es “un premio”.
Pocas cosas sorprenden ya de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la misma que sentenció sin pruebas al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García, e instauró la doctrina: “Si no has sido tú, habrá sido alguien de tu entorno.” Solo cabe reconocer que Ignacio Cosidó tenía razón cuando, siendo portavoz del PP en el Senado (noviembre de 2018), tranquilizaba a sus compadres de Partido aseverando que “la Sala 2ª del TS está controlada desde detrás”. Lo cierto es que percibimos que un importantísimo porcentaje de jueces, fiscales y magistrados están controlados por la derecha o militan para ella.
Otra consecuencia de la consigna lanzada por los líderes de la derecha españolista es la diferencia en la agilidad temporal en las actuaciones de organismos como la UCO o la UDEF y la instrucción judicial de según qué casos:
El caso “Pujol” comenzó a instruirse en 2014 y el juicio oral no comenzó hasta finales de 2025. Aun sin sentencia.
El caso Montoro ha estado siete años bajo secreto de sumario, y a fecha de hoy no está claro en qué ámbito judicial recaerá el proceso.
El caso abierto contra el ex Fiscal General del Estado se abrió en 2024 y en 2025 ya estaba juzgado y sentenciado.
El caso “Alberto Quirón” se inició con un fraude a la Hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021, pero no está previsto que se abra juicio hasta 2027, garantizando sus señorías que será tras las elecciones autonómicas en Madrid.
Podríamos citar más casos comparativos, en los que los ritmos y los tiempos se manejan según convenga ideológicamente. Unas veces para que el asunto prescriba, como el fraude fiscal atribuido a Juan Carlos de Borbón o pareciera que se espera a que el principal sujeto del caso haya cumplido tantos años que pueda alegar déficit cognitivo, como en el caso del fundador del Partido antecesor de Junts.
La última aberración judicial-policial a la que hemos asistido es al escarnio al que se está sometiendo al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al haberse filtrado sus conversaciones privadas: agendas, mensajes de whastsApp y Mail, aunque el contenido nada tenga nada que ver con la causa abierta. Un atentado a la privacidad, cuya única finalidad parece ser la destrucción personal y la provocación; mismos objetivos que buscan contra ti, al acosar judicialmente a tu compañera y a tu hermano.
A nuestro modo de ver, el problema parte de que en nuestro país nunca hubo un programa para erradicar la ideología franquista, al modo y manera que sí se llevó a cabo en Alemania tras la II Guerra Mundial. Un proceso que garantizase que los miembros del Movimiento Nacional no pudiesen mantener su influencia en las instituciones del Estado, la cultura o la política. Una prueba evidente de esto fue el tránsito de la gran mayoría de jueces y magistrados franquistas, incluyendo a los del Tribunal de Orden Público (TOP), a las instancias judiciales democráticas, destacando la Audiencia Nacional. Esto explica hechos como que decisiones judiciales dejasen escapar a Emilio Hellín, el asesino de la joven militante de izquierdas Yolanda González, asesinada a la edad de 19 años. O que torturadores policiales como González Pacheco, alisas “Billy el Niño”, continuasen siendo miembros de la policía nacional hasta 1982, quien murió en 2020 conservando su medalla al mérito policial.
El corporativismo ha conseguido que el nacionalismo españolista excluyente se conserve entre la mayoría de juezas, jueces y no pocos fiscales, por lo que el poder del Estado que tiene por función interpretar las leyes e impartir justicia interviene en política como un eslabón más de la secuencia antes mencionada.
Los herederos del franquismo llevan muchos años disfrazados de demócratas. No te perdonan que pusieses en marcha y sacases adelante la Ley de Amnistía, pues cuestiona su principio de “España Una, Grande y Libre”; solo que su concepto de libertad esta restringido a su minoría social.
No soportan que seas el presidente de la UE que no se pliega a los caprichos del déspota de la Casa Blanca.
No quieren consentir que des un solo paso hacia la democratización del acceso a la carrera de jueces y fiscales.
En definitiva, la democracia, por limitada que sea, les causa una reacción alérgica en cuanto atisban cualquier avance para la mayoría social.
Consideramos que:
Defender al actual Gobierno actual es defender que el Estado y su pluralidad de pueblos pueda seguir la senda de la democracia y la modernización.
El mejor antídoto contra la extrema derecha es satisfacer los derechos y aspiraciones de la mayoría:
Presentando un plan urgente de construcción de vivienda pública y poniendo coto a al precio de los alquileres, acorde con las necesidades vitales de millones de jóvenes y no tan jóvenes.
Combatiendo con contundencia la privatización de la Sanidad Pública, presentando de inmediato medidas legislativas y presupuestos extraordinarios y que tengan como destinataria única la Sanidad Pública, al objeto de dotar de personal sanitario y medios suficientes que, en un plazo corto, erradiquen las listas de espera hospitalaria y reduzca a no más de 72 horas en Atención Primaria, entre otros objetivos.
Del mismo modo, se actúe en defensa de la Educación Pública en todos sus escalafones: 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria, Bachillerato, FP y universitaria.
Asegurando la viabilidad de las pensiones públicas, encargando una Auditoría independiente, atendiendo a los estipulado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 21/2021.
Exigiendo y utilizando todos los resortes a disposición del Gobierno para que se aplique la Ley de Amnistía
No tenemos intención de dictar lo que el Gobierno debe hacer, pero estamos convencidos que es en esta línea de gobernar, atendiendo las reivindicaciones sentidas por la mayoría de la sociedad, como en las urnas podremos doblegar a la derecha reaccionaria, se presenten bajo la sigla que se presenten.
astrayde@gmail.com
Suscriben esta carta a título individual:
Roberto Tornamira Sánchez, Presidente de ASTRADE, Madrid; Miguel Sagüés Navarro, Secretario de ASTRADE. Madrid; Enrique Dargallo Guerra, Director de Tribuna Socialista. Madrid; Gloria Mora Ridruejo, Vicepresidenta de ASTRADE. Madrid; María Iglesias Domínguez, Militante del PSOE en Andalucía. Sevilla; Eduardo Hernández Oñate, Militante del PSOE y de UGT. Madrid; Iñaki Merino Montes, Sindicalista de la UGT. Bizkaia; Juanfer Díaz-Mayordomo Martínez, Sindicalista de la UGT. Madrid; Silvia Font Jurado, Afiliada a UGT y PSOE. Madrid; Rafael Arévalo Gimeno, Miembro de ASTRADE. Madrid; Manuel Ruiz Robles, Ex Capitán de Navío, Fue miembro de la UMD. Madrid; Juan José Fuentetaja Olmos, Profesor de Tecnología Educación Secundaria. Madrid; Eduardo Sabina Blasco, Militante de UGT e Izquierda Socialista PSOE. Madrid; Antonio «Toño» Villa Antoñana, Socialista no afiliado. Madrid; Baltasar Santos Fernández, 1er. Secretario de la Agrupación PSC. El Vendrell-Tarragona; Isabel Cerdá Martín, Colectivo Mujeres Republicanas. Madrid; Antón Saracibar Sautúa, Ex Secretario de Organización de la UGT. Madrid; Fernando Plaza Ruíz, Movimiento Ético Social (MÉS). Madrid; Leonor Mogio Gabardino, Presidenta ADEPPU. Madrid; José Manuel Álvarez Morales, Militante del PSOE. Madrid; Dunya El-Sahoud Pérez, Ciudadana progresista. Barcelona; José Luis Pedreira Massa, Agrupación Socialista de Villa de Vallecas (Madrid). Palencia; Juan Manuel López-Nadal, Movimiento SUMAR. Mallorca; Ángel Viviente Core,Activista sin adscripción. Madrid; Maráa Reyes Caballero Martínez, Ciudadana progresista. Alicante; Ángel Alonso Calvo, Militante PSOE. Agrupación Socialista de Arganzuela. Madrid; María Barrón Cordero, Ciudadana progresista. Sevilla; Antonio López Gómez,Militante del PSOE. Madrid; Mar Díez Montero, Afiliada UGT. Madrid; Eduardo Rodríguez Núñez, Afiliado a CCOO. Madrid; Marisa Cuesta Arandilla, Afiliada PSE-EE y a CCOO. Profesora jubilada. Álava; Pedro Gómez Lozano. Ciudadano pensionista. La Rioja; Adoración Cañibano Hidalgo, Afiliada PSOE. Agrupación Usera. Madrid; Cristina Pereda Postigo, Exdiputada Regional PSOE Cantabria. Santander; Teodoro Piñuela Pérez, Secretario General del PSOE en Parcuellos del Jarama. Madrid; María Luz Galera Quereda, Militante del PSOE en Murcia; Antonia Graells Ferrer, Militante del PSOE en la Agrupación de Alicante; Juana Serna Masiá, PSOE local y Círculo Progresista de Alicante; Carmen Gris Llaurado, Socialista no afiliada. Barcelona; Jesús Pérez Martínez, Miembro de la CEC de UGT (de 1995 a 2009). Madrid; Antonio Cutillas Herrero, Militante socialista del PSOE en la Agrupación Alicante; Felisa Díez de la Rosa, Militante del PSOE en la Agrupación de Moncloa. Madrid; José Miguel Villa Antoñana, Sº de política municipal PSOE Villalba. Militante de UGT. Madrid; Mercedes Bedmar Pérez, Militante del PSOE en la Agrupación de Latina. Madrid; Yago de Ron Fernández-Mosquera, Militante PSOE-Arteixo. A Coruña; Iñaki Malda Fuentes, Militante del PSOE y la UGT. Asturias; Nieves Arroyo Pecino, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Ángeles Higueras Carpio, Militante del PSC-PSOE. Barcelona; María del Carmen Alonso Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Susana Alberdi González, Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Miguel González Miranda, Militante PSOE. Agrupación Avilés. Asturias; Tomas López Arias, Militante PSOE en la Agrupación Socialista de Latina. Madrid; Pedro García Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Isabel Mora García, Sª de Organización del PSOE-Brunete y afiliada de UGT. Madrid; Julián Ordóñez Ropero, Militante PSOE y afiliado a UGT. Madrid; Francisca Fontalba Barba, Militante PSOE Puente Vallecas. Madrid; Francisco Arenas Murillo, Ex Secretario General Comarca Norte de UGT. Madrid; Luis Manuel Lobera García, Militante PSOE Gijón. Asturias; David Astorga González. Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Magdalena Antuña Camblor, Militante PSOE Gijón. Asturias; Ana María Begoña Sariego Martínez, Militante de la Agrupación Socialista de Gijón. Asturias; Fernando Prendes Fernández-Heres, Militante de la Agrupación Socialista de Avilés. Asturias; Francisco García Jiménez, Pensionista. Ciudad Real; María Mercedes Huertas Aguilera, Activista progresista. Madrid; M. Gimena Camino Alcón, Militante de UGT. Madrid; José Antonio Fernández Guerras, Militantes de CCOO. Madrid; Elia Borbolla Díaz, Militante PSOE y UGT. Asturias; Olga Bravo Losada, Militante PSOE y UGT. Madrid; Miguel-Ángel Zamarrón Moreno PSOE y UGT. Madrid
El protagonismo que ha alcanzado en los últimos meses en el escenario político y público la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la ya famosa UCO, se compadece mal con la función que tiene asignada de investigar la delincuencia y corrupción ramificadas en el territorio nacional. Misión que debe desarrollarse con discreción para que sea eficaz, y por la exigencia legal de respetar el derecho de los investigados a la presunción de inocencia. Requisitos básicos que la ciudadanía tiene la impresión de que se incumplen cuando, un día sí y otro también, las televisiones ofrecen imágenes de sus agentes entrando en despachos profesionales, empresas y sedes de partidos políticos, acompañadas de titulares periodísticos en los que se dice que la UCO acusa a tal o cual investigado de, por ejemplo, estar al frente de una organización criminal.
Acciones periodísticas deliberadas cuyo objetivo es implantar en las mentes de la ciudadanía la idea de culpabilidad de los investigados que se convierten, sin haber sido juzgados ni condenados, en reos de la condena mediática, de la ordalía que intencionadamente se desata contra ellos por un interés político espurio. En este panorama embarrado de la política nacional, la UCO no puede, ni debe, formar parte del juego, y menos convertirse en el eje axial del enfrentamiento político, papel en el que parece haber incurrido, según la percepción de buena parte de la ciudadanía que, con lícito derecho, se pregunta: ¿por qué la UCO se presta a ese juego si no es su papel ni su función?, ¿son sus mandos operativos los que determinan que la UCO sea participe del mismo?, ¿se dan cuenta, o no, de que por el camino se degrada a la unidad y a la Guardia Civil?
La UCO fue creada en 1987 y está sometida a un control doble, orgánico y operativo, con el objetivo de garantizar la independencia de sus investigaciones sobre la corrupción y la delincuencia. Orgánicamente la UCO depende de la Jefatura de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y, en última instancia, del Ministerio del Interior. Operativamente, la UCO actúa como policía judicial bajo la dirección estricta de jueces, tribunales o fiscales, por lo que no puede abrir investigaciones por iniciativa propia, sino con autorización judicial.
Así pues, la función de la UCO no es instruir sumarios judiciales, sino recoger pruebas sobre los investigados con las que redacta informes técnicos con datos recopilados en la investigación que entrega al juez que la encargó, en los que no puede, ni debe, imputar delitos a ningún investigado ni convertirlos en un remedo de sumario configurado con presunciones e inferencias—deducir algo y sacarlo como conclusión de otra cosa (RAE)— cogidas con alfileres que, en ningún caso, pueden tratarse como pruebas. Los informes técnicos que debe redactar la UCO, no deben tratar como elemento probatorio de la culpabilidad del investigado el mero hecho de que se haya reunido con tal o cual persona, sin saber de qué hablaron y su relación con la causa que se investiga.
Hasta hoy reunirse con una persona no es, en sí mismo, un delito, en todo caso podría ser un hecho sospechoso, pero la mera sospecha—imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios— es papel mojado si no puede confirmarse que esa reunión sirvió para articular o maquinar la comisión de un delito. Como tampoco es un delito tener apuntado en un cuaderno o agenda, nombres de distintos cargos públicos, sin saber ni tener confirmado el motivo ni la relación existente entre el propietario de la agenda y la persona a la que se refiere, o sin conocer con pruebas si esa reunión llegó a producirse y sin verificar de qué se habló en la misma.
Hechos que no deben servir para certificar la culpabilidad del investigado porque todos tenemos notas apuntadas de muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, algunas surgidas de deseos inconfesables y otras con ilusiones infantiles, pero eso no nos hace responsables ni culpables de un delito. Sin embargo, esas presuntas pruebas, esos indicios, de la posible comisión de un ilícito, son tomados como hechos indubitables de la culpabilidad del investigado por los medios y pseudomedios que, en lugar de informar con objetividad, hiperbolizan con grandes titulares la culpabilidad del investigado, al convertir meros indicios en hechos consumados.
La concomitancia de la condena mediática a partir de la difusión de los informes que la UCO elabora para determinados casos y jueces, y el hecho de que una vez levantado el secreto del sumario se constate que la instrucción judicial es un calco del informe policial, desprende un cierto olor a conchabeo entre algunos de los miembros de la UCO que han realizado el informe y el juez que lo ha solicitado, por un interés político. El epitome de esta relación tóxica fue el informe elaborado por once agentes de la UCO que sirvió al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, para sentar en el banquillo al Fiscal General. Informe que, sin pruebas fehacientes que demostraran su culpabilidad, sirvió al Tribunal para condenarle. Informes que degradan la Justicia como han señalado numerosos catedráticos de derecho penal y magistrados como el emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que recordó en una entrevista al medio digital Público el pasado mes de mayo: que los informes de la policía judicial no tienen más valor que el de una mera denuncia.
También degrada la justicia la diferente velocidad con la que la UCO elabora sus informes, y la filtración de las próximas operaciones que van a realizar en determinados casos. Hechos que solo pueden obedecer a el interés político de poner en la picota mediática a los investigados que, incluso llegan a enterarse por los medios de comunicación que agentes de la UCO están registrando sus despachos en búsqueda de pruebas de su participación en un presunto ilícito. Ya no nos sorprende que las cámaras y los periodistas se apelotonen en los portales a la espera de que lleguen los agentes judiciales que van a hacer un registro o a recabar información—que tiene significados judiciales diferentes—, que con deliberación los pseudomedios confunden con un interés político. El registro requiere de la presencia física de los agentes, mientras que reclamar o recabar información se puede solicitar de manera telemática.
¿Por qué se filtran sus actuaciones en unos casos y en otros no? ¿Buscaba el juez Pedraz la condena mediática del PSOE, con el espectáculo circense de los agentes de la UCO entrando en su sede para solicitar información de las andanzas de Leire Díaz? Preguntas, dudas, interrogantes sobre las diferentes decisiones judiciales, según sea el color político de los investigados, que es lícito formular y criticar públicamente, por mucho que el Consejo General de Poder Judicial haga pública su protesta porque se critica la labor de los jueces. Este enfado permanente—tienen la piel muy fina—, es la demostración de que se consideran intocables: un coto de poder cerrado, que coadyuva a la degradación de la Justicia. En una democracia cualquier poder puede ser objeto de crítica al amparo del derecho a la libertad de expresión, que el CGPJ siempre olvida.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.
La Conferencia y el Mitin, que reúne a más de 20 países en Londres, los días 19 y 20 de junio, significan un asidero para los millones de militantes políticos, sindicalistas y activistas que luchan contra la guerra: contra los más de 100 conflictos armados que hoy están activos en el mundo, y contra el genocidio que el Estado sionista de Israel viene cometiendo en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania.
No se puede hablar de democracia en las naciones del continente europeo o en cualquier otro país del planeta donde se mire para otro lado ante la guerra y el intento de exterminio de un pueblo. La democracia no es compatible con ser aliado de países genocidas.
La mayoría social en países como España está contra la guerra, así lo dice el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de marzo: el 70% de las y los españoles rechazan los ataques de EE.UU., e Israel contra Irán, y la cifra se eleva hasta el 77% para rechazar la guerra en general. Estamos convencidos de que la opinión del resto de países de Europa es similar. Por tanto, las encuestas ratifican que la guerra no es de los pueblos. Nos preguntamos ¿por qué los gobiernos desoyen a sus gobernados? La respuesta está en el verdadero motivo de las guerras, que, como en el caso de la guerra en Ucrania, obedece principalmente a la confrontación entre multinacionales y oligarcas de la energía, en su pugna por el mercado del suministro de gas y petróleo a Europa.
La guerra no es de los pueblos, pero la sufrimos los pueblos
Es la clase trabajadora la que pone los muertos, tanto si se trata de población civil, como los 75.000 civiles asesinados por Israel en Gaza desde octubre de 2023, las 120 niñas iraníes asesinadas por los USA en Minab o los centenares de soldados rusos y ucranianos que mueren en el frente cada día, desde hace ya más de cuatro años. Se cuentan por cientos de miles los jóvenes rusos y ucranianos perseguidos por negarse a ser carne de cañón en una guerra que les es ajena, o los jóvenes que se manifiestan en Alemania o Francia ante los intentos de imponerles servicios militares.
Son los pueblos los que sufren cuando se ven expulsados de sus casas y ciudades, como les ocurre a los cisjordanos que se ven acosados por los colonos sionistas, con la colaboración del ejército de Netanyahu, como los son los millones de exiliados y desplazados de Ucrania o las y los libaneses que huyen del asedio y la muerte en el sur de Líbano.
La guerra militar agrava y acelera la guerra económica que la clase dominante, minoritaria, lleva a cabo contra la clase trabajadora, mayoritaria. Es en los momentos de crisis y de guerras provocadas, cuando la especulación se ceba en los precios de los productos básicos: en el sexenio 2020 – 2025, en España, los alimentos han subido un 30,67%, alza de precios frente a la que los salarios han perdido un 14,61% de poder de compra y un 11,77% en el caso de las pensiones.
Parar la guerra y exigir la paz no es solo un deseo bienintencionado, es una necesidad imperiosa para la mayoría de la población mundial.
La delegación de ASTRADE que participará en la Conferencia y el Mitin de Londres, organizado por Stop the War, felicita a los organizadores por el acierto en la organización de estos eventos y animamos a dar continuidad organizada a la lucha contra la guerra bélica y la guerra social.
Defraudar las expectativas con las que se llega a una posición de poder, a la dirección del principal partido de la derecha, el PP, es un continuo, es la vitola que viene caracterizando la ejecutoria política de Alberto N. Feijoo. Al cumplir cuatro años al frente del partido, la hoja de servicios del hombre que vino de Galicia con el mensaje de moderación para hacer una oposición racional y dialogante no solo se ha diluido como un azucarillo en el café, sino que ha mutado en beligerancia y frentismo que convierte al oponente en enemigo al que hay que batir, sin importar que por el camino se degraden las instituciones y, con ello, la democracia.
Feijoo viene demostrando desde que llegó a la sede de Génova que no le importa nada, ni ocho ni ochenta como decía mi abuela, más que cazar la pieza: el usurpador que habita en la Moncloa, el que le arrebató el poder, Pedro Sánchez, que de este modo convierte en una obsesión que nubla su capacidad de pensamiento y le sitúa en la realidad paralela en la que vive. Cerrazón mental obsesiva que trasmuta la acción política en mera táctica que se mueve al albur de cualquier acontecimiento que pueda utilizar y retorcer con la mentira para atacar al enemigo, que para fructificar necesita de una corte pretoriana que comulgue y diga amén a sus erráticas propuestas, con el efecto de convertir al PP en una formación política que no mira por las necesidades de la ciudadanía, centrada en conseguir el poder como sea: a costa de lo que sea.
Por eso, su PP carece de proyecto y estrategia política para el medio y largo plazo que aporte soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que se mueve por mero tacticismo a golpe de falsedades configuradas con titulares de periódicos y medios digitales afines, para elaborar un discurso puntual que le sirva para atacar al Gobierno a partir de un hecho circunstancial, por nimio que sea, que eleva de categoría hiperbolizando lo sucedido que le permite lanzar las muletillas siempre presentes en sus discursos: éste Gobierno genera caos porque no sabe gestionar los problemas, está inundado de corrupción y usa las instituciones en su propio beneficio.
Deslegitimar al Gobierno es el mensaje axial que permea toda la táctica que emplea Feijoo en sus intervenciones desde el inicio de la legislatura: usted es un presidente ilegitimo. Afirmación que levantó la veda para utilizar todo tipo de discursos disruptivos y faltones, mentirosos y falaces, para acabar con Pedro Sánchez convertido en un desalmado al que hay que disparar a toda hora y con lo que sea. Táctica que anuló, que mató, cualquier tipo de negociación e inauguro la polarización en el escenario político español.
En su obsesiva torpeza, Feijoo no cayó en la cuenta —o a lo mejor sí y nos tiene a todos engañados— de qué al deslegitimar la capacidad del Gobierno progresista para gobernar, deslegitima la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado, tal y como figura en la Constitución, donde se establece que gobierna el grupo político que obtiene el apoyo parlamentario mayoritario. Esta incapacidad para comprender, para aceptar las reglas del juego, por la razón egoísta de que no me conviene, degrada el sistema democrático— bien sea por acción deliberada o desconocimiento— que convierte al PP de Feijoo en un partido tóxico para la democracia.
Desde este punto, y en lugar de reflexionar sobre el porqué de la incapacidad de su PP para articular apoyos parlamentarios para alcanzar la mayoría, lo que le llevaría a tener que aceptar la diversidad de la sociedad española articulada en un Estado Autonómico, cuasi federal; Feijoo y sus secuaces, se empeñan en mantener una visión frentista con respecto a algunos territorios con una fuerte carga nacionalista y una cultura propia definida, que choca con su modelo uniformador y homogéneo de lo que es y debe ser España. Es este poso autoritario, franquista, que anida en el sector de la derecha más rancia y tridentina, el que opera en la mente de Feijoo y le impide situarse en el tiempo histórico en el que estamos, que reclama una derecha racional acorde con los parámetros de la derecha moderada europea capaz de llegar a acuerdos con la izquierda socialdemócrata que España necesita como el comer, para acabar de una vez con el frentismo y la polarización de la política nacional.
Quizá sea pedirle peras al olmo, ante la indignidad que supone acusar de ilegítimo al Gobierno, y por tanto de inconstitucional, por parte de una formación política que durante cinco años se nego a cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. Formación que mantiene y utiliza un brazo judicial afín para acosar judicialmente al Gobierno, el Presidente y parte de su familia, a partir de denuncias sin pruebas fundamentadas en titulares de medios, financiados con dinero público de Ayuntamientos y CCAA gobernados por la derecha. Partido que rechaza la reforma del vetusto sistema judicial español, para mantener el reducto de poder de determinados jueces que les ayudan a opacar en la instrucción de sumarios, los desmanes y corruptelas de dirigentes del partido para que se vayan de rositas personajes como M. Rajoy o Cospedal.
PP de Feijoo que olvida, porque le beneficia, que el Fiscal General del Estado siempre es elegido por el Gobierno de turno, como los eligió Aznar y Rajoy cuando gobernaron, y no una usurpación de los poderes del Estado de la que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez. Que hace más mal que bien a la democracia y a la ciudadanía cuando utiliza el mantra del sanchismo, para criticar las reformas sociales aprobadas por el gobierno que mejoran la vida de las clases medias y trabajadoras, para ocultar su voto en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, o su no a apoyar la declaración de zonas tensionadasen los barrios de las ciudades donde han subido tanto los precios del alquiler de vivienda, que obliga muchas personas a, en el mejor de los casos, compartir piso como sucedía en los años cincuenta del siglo pasado.
Y ya el sumun es la incapacidad del PP de Feijoo para presentar un proyecto de futuro a la ciudadanía que no sea el mantra de bajar impuestos, mientras pide de continuo al Gobierno progresista aumentar la inversión en cualquier sector económico o social donde surge un problema, o le acusa de no invertir lo suficiente; por ejemplo, aprovechando indignamente la tragedia de la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. Feijoo utiliza sin tiento todo para atacar al Gobierno, pero oculta sus errores que no reconoce nunca, y ampara a los miembros del partido inmersos en procesos judiciales por malversación o abusos sobre la mujer.
La estrategia de estar al ataque de manera permanente, con y por lo que sea, no solo emponzoña el ambiente político que se hace irrespirable para sus propios protagonistas, sino que aburre a la ciudadanía que huye de los conflictos forzados e inventados, que dejan libre el espacio conservador a Vox. Éste es el actual PP, convertido por Feijoo en tóxico para la democracia española.
Vicente Mateos Sainz de Medrano
Periodista y profesor universitario. Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
Cómo el imperialismo disfraza el genocidio de «Derecho Internacional»
Israel ataca posiciones de la ONU en Líbano
El derecho internacional se confirma como un compromiso de la humanidad, para evitar que el mundo volviera a desangrarse, tras dos guerras mundiales: la Primera 1914-1918 y la Segunda 1939-1945. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, ahora incluso muy agravado, no ha habido ni un día de paz, ni un día sin guerras, en el mundo.
Se nos vende la idea de que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los árbitros imparciales de la paz mundial, guardianes de la soberanía de los pueblos y defensores de los derechos humanos. La realidad nos demuestra todo lo contrario: las instituciones internacionales, en manos de las potencias imperialistas, no son un escudo para los débiles, sino un arma arrojadiza contra ellos, para que grandes multinacionales capitalistas sigan enriqueciéndose con una presunta legitimidad que disfrazan de derecho internacional. Es el ropaje jurídico con el que se disfrazan invasiones, matanzas y auténticos genocidios.
La gran paradoja del orden mundial contemporáneo es que, quienes se autoproclaman defensores de la legalidad internacional, son, precisamente, quienes la vulneran. El diseño de las instituciones internacionales está viciado desde su origen. No estamos ante un foro democrático de naciones iguales, sino ante una estructura oligárquica controlada por los Estados imperialistas. El Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano con capacidad para autorizar el uso de la fuerza, está secuestrado por el derecho al veto de cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que son las que desarrollan un imperialismo más brutal.
Este derecho al veto no es más que la legalización de la impunidad. Si un aliado de estas potencias, o alguna de las mismas, cometen una atrocidad decidiendo asfixiar o invadir a un país soberano, el veto paraliza cualquier acción, la institución no tiene instrumentos ni argumentos para oponerse y se consuma la impunidad, porque el veto está normativizado y vigente en la Institución.
Es el caso, entre otros muchos, de Venezuela, atacada por EEUU y secuestrando a su presidente, el caso del Estado sionista de Israel, que invaden Palestina y Líbano, ejecutando a miles de personas, en un auténtico genocidio y una limpieza étnica, con apropiación del territorio de estados soberanos. Es el caso del ataque e invasión de Rusia a Ucrania, y más recientemente, el ataque de EEUU a Irán, pretendiendo, además, ignorando el derecho internacional, cometiendo atrocidades, violaciones de los derechos humanos impunemente, quebrando el derecho internacional, al que apelan cuando les conviene.
Así, la ONU, deja de ser un instrumento de paz y garantía del respeto global de los derechos humanos y se convierte en una herramienta geopolítica que los imperios utilizan según sus conveniencias, invocando resoluciones del derecho internacional cuando les interesa y cuando no, pisoteándolas con toda impunidad. La Corte Penal Internacional, tampoco funciona, con la complicidad de muchos países de Europa y otros lugares del mundo, que cuidan intereses propios y que no tienen el menor interés en que se procese a ninguno de los altos representantes de tales Estados imperialistas, que pisotean el derecho internacional y de todo sentido humanitario.
Insistimos en la constante agresión contra la soberanía en América Latina, bajo una cínica apelación a la «democracia» y la «asistencia humanitaria» -conceptos retorcidos hasta la náusea-. Estados Unidos ha justificado intervenciones, bloqueos criminales e incluso operaciones de desestabilización flagrantes, como los intentos de intervención armada y el secuestro fáctico de la soberanía en Venezuela, los 67 años bloqueando a Cuba, o persiguiendo, deteniendo o eliminando físicamente a los líderes que no se someten a sus dictados, bajo acusaciones fabricadas en Washington.
Para los imperialistas, el derecho internacional se resume en un mandamiento simple: lo que beneficia a sus intereses energéticos y geopolíticos es legal; lo que los impide o desafía, debe ser destruido.
Sin embargo, el caso más sangriento y prolongado de cómo se manipula la legalidad internacional para cometer un genocidio, lo encontramos en Oriente Medio. La tragedia de Palestina es la crónica de un abuso histórico legalizado y ampliado en el tiempo.
En 1947, la ONU dictó la Resolución 181, que pretendía repartir el territorio palestino para crear dos Estados, otorgando de manera desproporcionada más tierra y de mejor calidad a la minoría judía, en detrimento de la población autóctona palestina.
Lo flagrante de la historia es que el liderazgo sionista, a pesar de usar esa resolución como el certificado de nacimiento formal de su Estado, no la respetaron nunca, y dio lugar en 1948, a la invasión de Palestina por las tropas sionistas, con apoyo militar y logístico por parte del UK.
Rechazada la división, por injusta, por los palestinos y utilizada de forma oportunista por los sionistas, estos últimos iniciaron de inmediato-1948- una campaña militar de expansión y limpieza étnica. Hoy, décadas después, Israel sigue apropiándose por la fuerza no solo de Palestina, sino extendiéndose e invadiendo el Líbano. Todo esto bajo una interpretación retorcida del supuesto derecho a la «legítima defensa”, un concepto que el imperialismo occidental acepta y financia con miles de millones en armas, mientras califica de terrorismo cualquier intento de resistencia del pueblo ocupado.
Asistimos en pleno siglo XXI a auténticos genocidios retransmitidos, incluso, en directo, donde escuelas, hospitales y campos de refugiados son borrados del mapa bajo el pretexto de «objetivos militares legítimos». Es la denigración absoluta del derecho internacional humanitario. Las potencias occidentales miran hacia otro lado o emiten tibias declaraciones de preocupación, mientras siguen vendiendo armas y enviando misiles a los genocidas sionistas, que ejecutan la matanza. La legalidad internacional se convierte así, en una macabra farsa: se aplica con rigidez implacable contra los países del Sur global que no se someten al imperio, pero es invisible cuando los perpetradores son los imperialistas habituales y sus aliados protegidos.
Reclamar, como hace Pedro Sánchez, el respeto al derecho internacional, aunque hay que valorarlo como un enfrentamiento a la impunidad que representa la invasión de Irán o el genocidio en Gaza, no puede ocultar la aceptación de un sistema que, en los hechos, niega la soberanía de los pueblos, y beneficia a los Estados y a los poderosos, que en cada momento histórico, se imponen sobre países y poblaciones.
Podemos decir claramente que el derecho internacional ha muerto y lo que siguen llamando tal, no busca la justicia, sólo busca la estabilidad de los estados poderosos, es una estructura que santifica el statu quo colonial e imperialista.
Cuando las potencias hablan de un «orden internacional basado en reglas», no se refieren al derecho internacional de la Carta de la ONU, sino que se refieren a sus propias reglas, a las normas impuestas por Washington, Bruselas, Tel Aviv o Moscú.
No podemos seguir tolerando esta situación. Desenmascarar el uso hipócrita del derecho, es el primer paso para construir una verdadera justicia global. Mientras las instituciones sigan en manos de quienes provocan las guerras, el derecho internacional no será más que la tinta con la que los imperialistas firman las sentencias de muerte de los pueblos sometidos.
Es hora de decir basta a la normalización del horror y del genocidio y clamar muy alto NO A LA GUERRAS, SÍ A LA PAZ.
Es por este llamamiento del NO A LA GUERRA, por el que los días 19 y 20 de junio, se celebrarán en Londres, impulsado en España, entre otros, por el COMITÉ PARA LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS-CATP- una conferencia-día 19 y un mitin-día 20- al que asistirán miles de trabajadores y sindicalistas de todo el mundo, habiendo confirmado su asistencia representaciones de 27 países. Vamos a debatir nuestra oposición y cómo vamos a parar la guerra, cómo vamos a organizarnos, a luchar y a movilizarnos de forma global y masiva en todo el mundo, pero especialmente en el mundo occidental.
La clase obrera internacional, los trabajadores y pueblos de todo el mundo, están hartos de poner siempre los muertos en las guerras de los imperialistas (vuestras guerras, nuestros muertos) y claman fuerte NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ.
Puede parecer contradictorio, pero a pesar de que ha aumentado un 8,71 % la participación en las recientes elecciones autonómicas andaluzas (en votos 482.134 votantes nuevos a diversas candidaturas), la abstención representa el 35,15 % del electorado (2.287.141 se han quedado en casa).
Hay que señalar que la desafección electoral había ido aumentando progresivamente en las últimas tres convocatorias (2015, 2019 y 2022) y que el incremento de participación puede explicarse por un mayor interés de la ciudadanía, probablemente debido al progresivo enconamiento de la vida política a nivel nacional, pero también internacional, a la vista de cómo se desenvuelve el imperialismo impunemente con agresiones sociales y guerras por doquier. No es la primera vez, ni será la última, que el electorado se muestra remiso o directamente contrario, cuando se le consulta sobre cualquier tema.
El Partido Popular había planteado una escenografía electoral con cuatro elecciones autonómicas —adelantando las de Extremadura y Aragón— para poner de manifiesto el derrumbe del Partido Socialista, y de paso liberarse de pactos con Vox. No se han conseguido ninguna de estas dos pretensiones: depende de Vox tras las cuatro elecciones, más que antes de estos comicios, y el PSOE se ha mantenido y sigue siendo la referencia principal para la clase trabajadora, a pesar de las derrotas electorales regionales. Además, se han servido de un cierto despertar en el electorado de izquierda. Tras los sucesivos pactos con Vox, es indudable que la mayoría nos sentimos preocupados por la deriva armamentística o las amenazas a derechos individuales, que sentimos en peligro, o por el avance privatizador de servicios públicos y el arrinconamiento de derechos sociales.
Tras las elecciones andaluzas, cinco formaciones tendrán representación en el nuevo parlamento: el PP, a pesar de ganar 146.547 votantes, pierde 2 parlamentarios; el PSOE gana 59.388 y pierde 2 parlamentarios; Vox gana 80.017 y un parlamentario; Adelante Andalucía gana 232.772 y gana 6 parlamentarios; y Por Andalucía, —coalición de IU, Sumar y Podemos—, pierde 20.412 votantes y sigue con 5 parlamentarios. Es decir, entre los cinco se reparten 498.312 de los cuales 271.748 se los lleva la izquierda (54,53%), un aumento escaso del que es Adelante Andalucía el partido que se lleva la parte del león.
Cabe destacar que la abstención es notablemente más alta en las zonas obreras. Los apoyos al PP se dan en las zonas acomodadas, donde la participación ha sido mayor. En los barrios sevillanos de Los Remedios o Nervión, donde la participación ronda el 80%, el PP supera el 73% y el 62% de los votos, respectivamente. En barrios mixtos, como el sur de Sevilla, la participación supera el 66%, pero mientras las zonas altas se colocan por encima del 80% y en las más pobres no alcanzan el 50%. En las zonas más empobrecidas la abstención llega hasta el 70%, llamando la atención el alto porcentaje que obtienen Vox o SALF.
Como es lógico el PSOE obtiene sus mejores porcentajes, superando ampliamente el 30%, en barrios con mayoría trabajadora, pero en líneas generales, en estos barrios la abstención ha sido mucho más alta y, además hay un voto de rechazo del que se beneficia Adelante Andalucía, pero también Vox y SALF.
También es destacable que el voto trabajador ha primado Adelante Andalucía sobre la coalición Por Andalucía, saliendo de su nicho en Sevilla y Cádiz para extenderse por el resto de las provincias andaluzas. Adelante Andalucía, con un programa más apegado al terreno, con reivindicaciones más locales, al estilo Zohran Mamdani1. La coalición Por Andalucía, aunque ha mantenido sus escaños debido a los “restos”, producto del método D’Hondt, pierde más de veinte mil votos, demostrando que la “unidad” por sí misma no es bastante para arrastrar su base electoral a las urnas, y que los pactos por arriba no son percibidos como una solución a los problemas a los que se enfrenta.
Por otro lado, Adelante Andalucía acierta al proponer, por ejemplo, la obligación de que la vivienda, en manos de fondos buitre o grandes tenedores, se ponga en alquiler al 20% del salario mínimo. Aunque hay que señalar que este es el único elemento que rompe con el entramado jurídico por el que se rige nuestro país, que sigue quedando atado y bien atado. Ningún partido habla de romper con la OTAN, o dedicar el gasto militar a servicios públicos esenciales para la población…
El PSOE, aunque recupera votos, pierde 2 parlamentarios y sigue sin poder movilizar el granero de votos del que ha gozado históricamente (en los últimos 11 años ha perdido más de 463.565 votantes). De cualquier modo, sigue siendo el partido más votado en pueblos pequeños y con menores niveles de renta, mejorando sus resultados en zonas con mayor número de pensionistas y en general en poblaciones envejecidas, siendo superado ampliamente en ciudades grandes y, claro está, entre las rentas más altas. La asunción de un papel institucional ha alejado a los socialistas de ciudades y pueblos —numerosas Casas del Pueblo permanecen cerradas y la militancia se ha funcionarializado, perdiendo la conexión con un tejido social esencial para reivindicarse ante el Gobierno de Moreno Bonilla en el día a día.
En resumen, si la izquierda quiere recuperar su natural base social se debe aplicar en atender las necesidades más perentorias en vivienda, salarios, servicios públicos, pero no con promesas si no con hechos.
Enrique Dargallo
Director de Tribuna Socialista
1 Zohran Mamdani, alcalde de New York, ha derrotado en las primarias a los candidatos demócratas ligados al aparato del partido, y posteriormente a los republicanos en la elección a la alcaldía de New York
Un artículo publicado en el New York Times denunciando las torturas contra presos palestinos en las prisiones israelíes provoca una onda de choque sin precedentes
François Lazar
La conmoción provocada por el artículo de opinión de Nicholas Kristof en el New York Times —« El silencio que rodea la violación de palestinas y palestinos» – no se debe a la revelación de hechos desconocidos, sino al hecho de que lo que antes se relegaba a los informes de ONG (cabe citar los del PCHR1 en mayo, de B’Tselem en enero, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025, de Euro-Med Human Rights Monitor, de la asociación israelí Physicians For Human Rights…), a los relatos de supervivientes y a escasas tribunas militantes en la prensa israelí, lo desvele el periódico de referencia del liberalismo estadounidense. En una tribuna publicada por el periódico británico The Guardian, Yuli Novak, dirigente de B’Tselem, la organización israelí de defensa de los derechos de los palestinos, afirma que «la violenta reacción suscitada por las revelaciones sobre las torturas sexuales infligidas a los presos palestinos tiene como objetivo hacer que sea más costoso denunciar estos hechos. La respuesta de Israel a los recientes artículos del New York Times que detallan los horribles abusos sexuales infligidos a los detenidos busca silenciar a quienes afirman el simple hecho de que los palestinos son seres humanos». Para ella, retomando las conclusiones del último informe de su organización que detalla los malos tratos sufridos en las cárceles israelíes, «la tortura de los detenidos palestinos se inscribe en el marco de un ataque israelí más amplio contra la vida de los palestinos. En Gaza, el genocidio continúa. En Cisjordania, la violencia ejercida por el ejército y las milicias de colonos se intensifica, expulsando a comunidades palestinas enteras de sus tierras. En los centros de detención, los palestinos son torturados sistemáticamente. El patrón es el mismo en todas partes: escalada de la violencia, levantamiento de las restricciones y normalización de un sistema que priva a los palestinos de toda protección».
UN SISTEMA DE VIOLACIÓN Y TORTURA, NO DE «EXCESOS»
El informe de Euro-Med Human Rights Monitor sobre la detención de los habitantes de Gaza es inequívoco y ha sido recogido por el New York Times: desde el 7 de octubre de 2023, el sistema penitenciario israelí «ha sobrepasado su función de seguridad declarada para convertirse en una estructura oficial que institucionaliza la tortura sistemática y la destrucción generalizada de los palestinos». Los centros de tortura como Sde Teiman se describen como «agujeros negros jurídicos y físicos», lugares de «genocidio tras los muros» donde leyes de excepción como la ley sobre los «combatientes ilegales» han «suprimido las últimas garantías procesales de los presos y detenidos palestinos, en particular los de la Franja de Gaza».
Euro-Med habla explícitamente de «patrones generalizados de violencia sexual contra los detenidos de Gaza, utilizados como herramienta para quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos». No se trata de simples tocamientos: «Estas violaciones van más allá del acoso sexual e incluyen la violación, la violación con objetos, el uso de perros adiestrados para agresiones sexuales y la desnudez forzada permanente». Numerosos testimonios, todos ellos insoportables, ilustran el informe de Euro-Med.
La comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU resume así la situación: formas específicas de violencia sexual y de género —desnudez pública forzada, acoso, amenazas de violación, violaciones y mutilaciones genitales— «se practican de manera sistemática y forman parte efectiva de las políticas de trabajo y los procedimientos estándar» del ejército y los servicios israelíes.
CUANDO LOS MÉDICOS SE CONVIERTEN EN CÓMPLICES
Euro-Med señala que parte del personal médico «ya no se limita a ejercer la atención sanitaria, sino que se convierte en facilitador de la legitimación y la continuación de la tortura». Esto se traduce en la expedición de certificados de «buena salud para el interrogatorio» a detenidos que presentan signos evidentes de tortura; el ocultamiento, en los expedientes, de lesiones relacionadas con la violencia sexual; la omisión de los nombres de los médicos y de los autores de los malos tratos, lo que imposibilita cualquier trazabilidad; amputaciones impuestas tras lesiones provocadas por la tortura, bajo chantaje —«firme aquí para aceptar la amputación de sus dos piernas o morirá», como informa B’Tselem.
POR LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES PALESTINOS
Euro-Med no se limita a describir los horrores. El informe analiza cómo esta violencia sexual se inscribe en una política más amplia: «Desde el punto de vista del derecho internacional, los actos generalizados de tortura y violencia sexual… considerados en el contexto más amplio de la ofensiva y las políticas asociadas, violan la Convención sobre el Genocidio. Esto incluye causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo y aplicar medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, todo ello con el objetivo más amplio de destruir, total o parcialmente, la comunidad palestina de la Franja de Gaza». Entrevistado en el canal independiente estadounidense Democracy Now sobre el artículo del New York Times, Omer Bartov, historiador israelí, especialista en la historia de genocidios, afirma: «Me alegro de que el New York Times haya publicado información al respecto. Pero en Israel, todo el mundo lo sabe desde hace tiempo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue fotografiado mientras visitaba prisiones israelíes, humillando —ante las cámaras de televisión— a presos palestinos. Se ha convertido en la política del país: maltratar, humillar, violar de forma sistemática. Y lo que me parece especialmente repugnante es que en Israel —y esto forma parte de lo que ocurre cuando una sociedad se convierte en una sociedad genocida—, en general, salvo algunos artículos en Haaretz y en +972, nadie se pronuncia. La Asociación Médica Israelí no se ha pronunciado. El Colegio de Abogados de Israel no se ha pronunciado. Las asociaciones universitarias no se han pronunciado. Los rectores de las universidades tampoco. A los medios de comunicación no les interesa realmente».
En el mismo programa, el periodista palestino Muhammad Shehada recuerda que «las agresiones sexuales contra los palestinos se remontan a 1948. Existen declaraciones oficiales de David Ben-Gurión, el padre fundador de Israel, en las que se hace constar la comisión de múltiples violaciones contra palestinos. Benny Morris, el eminente historiador israelí, también ha documentado las violaciones sistemáticas de palestinos en 1948. Y desde entonces, estos incidentes no han dejado de producirse». Señala que «tan pronto como Kristof publicó su artículo en el New York Times, Israel se vio amenazado en su propia existencia, ya que el New York Times se considera una especie de biblia para los liberales. Así pues, estamos asistiendo, en esencia, a una crisis de pánico israelí como reacción».
Andalucía se aproxima a una encrucijada histórica. El 17 de mayo las urnas no solo decidirán la composición del Parlamento en San Telmo; pondrán a prueba la capacidad de supervivencia y rearticulación del bloque progresista frente a un modelo, el de Juanma Moreno, que ha logrado colonizar el centro político con una estrategia de “gestión amable en las formas” y marketing institucional para aplicar las políticas neoliberales más duras.
Detrás de una imagen amable, casi de “osito de peluche desgastado”, el PP ha ejecutado un modelo político reconocible: el progresivo debilitamiento de lo público: Sanidad, educación, servicios esenciales…piezas clave de un sistema que durante décadas representó un ideal de equidad social, donde el acceso universal a derechos básicos no son una opción, sino derechos irrenunciables, hoy parecen estar resquebrajándose.
No es una percepción aislada. Es la constatación de una lógica: cuando lo público se debilita, lo privado se fortalece. Y con ello, se consolida una idea peligrosa: si tienes recursos, te curas; si no, te resignas. Si tienes dinero estudias y si no eres explotado por quien si pudo estudiar.
La sanidad Andaluza es hoy uno de los ejemplos más evidentes. No se trata solo de edificios o infraestructuras. Se trata de profesionales que no son contratados, de médicos que emigran o se ven empujados al sector privado, de recursos públicos infrautilizados mientras se derivan pacientes a clínicas privadas para pruebas básicas. Todo ello configura un modelo que alimenta el negocio privado, erosionando lo que es de todas y todos.
Lo mismo ocurre con otros servicios privados que trabajan para Hospitales, instituciones públicas o colegios, etc. como: limpieza, seguridad, logística… externalizados, precarizados, ajustados a licitaciones que no cubren las necesidades reales y básicas. El resultado es un deterioro silencioso pero constante.
Para la izquierda, el escenario es complejo, pero no irreversible. El éxito dependerá de superar dos grandes lastres: la fragmentación orgánica y la desconexión emocional con su base.
El mapa de la izquierda: entre la unidad y el arraigo.
El tablero a la izquierda del PSOE presenta una bicefalia que ya conocemos, pero con matices renovados. Por un lado, la coalición “Por Andalucía” ha logrado una integración in extremis con Podemos, bajo el liderazgo de Antonio Maíllo. El regreso del coordinador federal de IU a la arena andaluza busca insuflar veteranía y rigor intelectual a un espacio castigado por las cuitas internas.
Por otro, Adelante Andalucía, se mantiene firme en su tesis de “obediencia andaluza”. Esta fragmentación no es baladí: en las provincias pequeñas, la Ley D´Hondt no perdona. Si el voto progresista se dispersa en tres o cuatro papeletas, el bloque progresista corre el riesgo de convertir miles de votos en escaños fantasma que terminen reforzando al bloque de derechas.
Por eso, más allá de siglas o corrientes —izquierda moderada, transformadora o más clásica—, la clave está en la unidad. En entender que solo a través de la participación colectiva se puede frenar este proceso de desmantelamiento.
El PSOE-A: El gigante que debe despertar
El socialismo andaluz, bajo la candidatura de María Jesús Montero, afronta su reto más difícil: recuperar el “voto prestado”. Los barómetros indican que un sector del electorado moderado, antaño fue el puño y la rosa, hoy se siente cómodo en la Andalucía de postal de Moreno Bonilla. Pero esa postal tiene reverso, como ya hemos explicado antes, y es ahí donde el PSOE debe reintroducir su discurso en defensa de lo público.
Necesitamos liderazgo, sí, pero también honestidad, trabajo, conocimiento de la tierra y empatía real. Más allá de promesas, más allá de discursos.
No es momento de lamentos. El PSOE-A necesita recordar que su ADN es el motor de la transformación de esta tierra. La verdadera política no se hace en los platós, sino en las Casas del Pueblo, en los mercados y en la movilización social que se expresa en las calles, explicando que el 17 de mayo quedarse en casa es, de facto, contribuir a otros cuatro años de recortes y destrucción de lo que es de todas y todos.
A quienes están decepcionados, a quienes piensan que “todos los políticos son iguales”, conviene recordarles que no lo son. No es lo mismo quién gobierna cuando hablamos de derechos, de condiciones laborales, de servicios públicos. No lo es, especialmente para quienes viven de su trabajo, para quienes sostienen el día a día de esta tierra.
Nuestros mayores lo sabían. Aquellos tiempos de alpargatas que duraban un mes, se rompían al siguiente y había que esperar otro para reemplazarlas no son solo una anécdota: son memoria. Y la memoria debe servirnos para no continuar retrocediendo.
Claves para una movilización real
Si la izquierda quiere evitar una mayoría absoluta del PP o asistir a la entrada de VOX en la ecuación de gobierno, debe pivotar sobre tres ejes:
1. Defensa de la Sanidad, la Educación, las Pensiones y la Dependencia, como señas de identidad: Convertir cada lista de espera y cada falta de especialistas en una razón de voto. No es gestión, es ideología.
2. Unidad de Acción: Superar el ruido de las siglas. Aunque en las mesas haya tres papeletas (PSOE, Por Andalucía y Adelante), el objetivo debe ser común: sumar para gobernar.
3. Vencer al fatalismo: Las encuestas no votan. El día 17 de mayo es la oportunidad de demostrar que Andalucía no se resigna a ser un monocultivo de la derecha.
La campaña que comienza el 30 de abril será el termómetro definitivo. La izquierda andaluza tiene poco tiempo para convencer a los suyos de que la esperanza es más movilizadora que el miedo. Andalucía necesita un gobierno progresista que piense en los jóvenes; es la hora de que el bloque progresista demuestre que todavía sabe hablarlos al oído y ganar su confianza.
El 17 de mayo, Andalucía decide si quiere seguir siendo una foto fija o volver a ser el motor de cambio de este país.
La Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados del Líbano condena la espantosa masacre perpetrada ayer por el enemigo sionista contra nuestro pueblo en Beirut y en todas las regiones del Líbano, que ha convertido este día sangriento en un día negro, cobrándose la vida de mártires inocentes entre los trabajadores y ciudadanos en sus lugares de trabajo, los conductores en las carreteras, los niños, las mujeres y las personas mayores en sus hogares, dejando cientos de heridos y causando daños considerables en los barrios residenciales.
Nosotros, desde la FENASOL, expresamos nuestro más sincero pésame a las familias de los mártires, nos inclinamos en homenaje a sus sacrificios y deseamos una pronta recuperación a los heridos, así como seguridad para nuestras familias y nuestros trabajadores en todo el Líbano, afirmando que este crimen no quebrantará la voluntad y la resistencia de nuestro pueblo. Esta agresión bárbara y brutal solo puede calificarse de crimen de guerra, reflejo de la criminalidad organizada y de la sed de sangre, en la que se han utilizado miles de toneladas de armas letales, con el apoyo y el armamento estadounidenses, y bajo la cobertura política directa de la administración estadounidense, lo que constituye una complicidad total en estos crímenes cometidos contra nuestro pueblo.
La FENASOL considera a la entidad sionista plenamente responsable de la masacre, en colaboración con la administración estadounidense en la prosecución de esta agresión.
Ante estos crímenes contra la humanidad, la FENASOL hace un llamamiento a los Estados árabes y a la comunidad internacional para que asuman sus responsabilidades morales, humanitarias y jurídicas.
Asimismo, hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y humanitarias, en primer lugar a las Naciones Unidas y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, para que califiquen esta masacre de crimen de guerra y la condenen de manera clara y explícita.
Pedimos asimismo a la Organización Internacional del Trabajo, al movimiento sindical mundial y a las organizaciones de trabajadores que declaren su solidaridad con los trabajadores y el pueblo libanés, y que actúen para poner fin de inmediato a la agresión.
Hacemos asimismo un llamamiento a imponer un boicot total a la entidad sionista, a romper toda relación con ella y a anular todos los acuerdos firmados con ella.
La FENASOL exige asimismo que los responsables de estos crímenes sean perseguidos y llevados ante los tribunales internacionales competentes, para que respondan por sus crímenes contra la humanidad.
La FENASOL, al tiempo que reafirma su compromiso con el derecho de nuestro pueblo a la vida, la dignidad y la seguridad, subraya que la sangre de los mártires seguirá siendo una mancha de infamia en la frente de todos aquellos que se han aliado contra nuestro pueblo, que aspira a la libertad, la independencia y el progreso.
Beirut, 9 de abril de 2026 Buró Ejecutivo
Desde ASTRADE hemos enviado nuestro apoyo a los compañero de FENASOL.
Tribuna Socialista 
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