El belicismo estadounidense y el llamamiento al rearme de las autoridades europeas, obedientes al mandato trumpista, amenaza con destruir las conquistas sociales nacidas de la victoria de la clase trabajadora en los frentes de batalla y en la Resistencia contra el nazi-fascismo.
Europa, desde el punto de vista geográfico, no es más que una pequeña península del gran continente euroasiático. Esta evidencia influyó decisivamente en la orientación de la defensa francesa en la segunda mitad del siglo pasado, que desarrolló una capacidad de disuasión nuclear independiente de los USA. Por ello la República francesa es hoy el único Estado miembro de la UE capaz de dar credibilidad a las medidas disuasorias, pues frente a Estados con poder nuclear el armamento convencional deja de ser disuasivo.
La creciente e impredecible agresividad de los USA, junto al colapso del régimen internacional de control nuclear, empujará a dotarse del arma nuclear a otros Estados que se sientan amenazados. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1968) se debilita, proyectando un futuro sombrío sobre la humanidad.
Las guerras imperialistas
La crisis ucraniana constituye un punto de inflexión en la seguridad europea. El golpe de estado de 2014 en Ucrania, auspiciado por los USA, desembocó en una guerra civil en la región del Donbás. Ocho años más tarde, el presidente Vladimir Putin ordenó la denominada “operación militar especial”, en auxilio de la población rusófona con la esperanza de frenar la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Lejos de estabilizar la región, la invasión constituyó una grave vulneración del “derecho internacional” y sirvió como pretexto a los USA para iniciar una guerra proxy contra la Federación de Rusia.
El envío de armas a Ucrania alimenta la guerra de Occidente contra Rusia, que no aceptará una derrota humillante ni ver sus fronteras cercadas por una OTAN amenazante.
El rearme estanca la guerra y provoca numerosas víctimas inocentes en una sanguinaria carnicería, abriendo heridas que serán difíciles de cerrar.
La paz y la seguridad global están amenazadas por los USA, que viola sistemáticamente el derecho internacional. Su creciente agresividad lo prueba: Irak, Libia, Canadá, Dinamarca (UE), Venezuela, Gaza, Cuba, Irán, etc. Asesinatos masivos, con la complicidad del ente sionista, incluidas escuelas infantiles, sin previa provocación, con la finalidad de doblegar la voluntad de resistencia de los pueblos, extendiendo su siniestro manto de terror sobre el planeta.
El móvil de tales crímenes no es otro que su voluntad de apoderarse por la fuerza del control de las fuentes de energía fósiles y de las tierras raras. Su rivalidad con la República Popular China -intentando imponer a cualquier precio su supremacía geoestratégica, tecnológica y de control de los mercados- incrementa el riesgo de una conflagración nuclear.
Similitudes inquietantes
La Historia nos advierte que los horrores del pasado pueden repetirse. El golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República española en 1936 -y la posterior guerra civil, con la implicación directa de la Alemania nazi y de la Italia fascista- anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que desembocó en el holocausto atómico de Hiroshima y Nagasaki.
La tragedia de dos guerras mundiales, constituye una advertencia severa sobre los riesgos que amenazan, por tercera vez consecutiva en poco más de cien años, al continente europeo.
El anuncio del canciller alemán “queremos hacer de nuestro ejército el ejército convencional más grande de la Unión Europea” tampoco es muy alentador, pues llueve sobre mojado.
¿Quo vadis, Europa? La urgencia de un nuevo rumbo
Pese a su gigantesca capacidad económica, la Unión Europea seguirá siendo un actor vasallo en tanto no asuma plenamente su condición geográfica. La seguridad europea, incluida la de Rusia, es indivisible. La seguridad de uno es la seguridad de todos. Difícilmente podrá construirse una paz duradera en Europa bajo la dependencia estructural del Pentágono.
La Europa que nació sobre las ruinas de la II Guerra Mundial, con la promesa de derribar muros, parece hoy obstinada en construirlos. Al abandonar los principios de solidaridad y derechos humanos en favor de un frenético rearme, la UE corre tras el espejismo de una falsa seguridad armamentista, perdiendo la autoridad moral que una vez la convirtió en un referente global.
Los países miembros de la UE actúan hoy bajo el temor al futuro. Tienden a refugiarse en un nacionalismo que fragmenta la respuesta común ante desafíos globales como la inteligencia artificial, el cambio climático o las crisis migratorias.
La situación actual ya no admite más evasivas diplomáticas ni silencios de conveniencia. Si el proyecto europeo desea sobrevivir a las tormentas del siglo XXI, debe dejar de huir de sus propios fantasmas y regresar a la senda de sus valores fundacionales, degradados por la infamia neoliberal enemiga de los pueblos.
Porque el camino hacia el futuro no consiste en seguir avanzando a ciegas, impulsados por un irresponsable ardor guerrero, sino en tener la valentía de corregir el rumbo antes de que el horizonte termine por desvanecerse entre la niebla de la guerra.
Las bases USA en España
El uso de las bases de Rota y Morón, bajo soberanía española, dependen de un convenio bilateral firmado en plena dictadura franquista con los USA, posteriormente actualizado. Por ello el Gobierno de España, en el pleno ejercicio de la soberanía española, ha decidido que no se utilicen para participar en guerras ilegales.
Tras las delirantes e intolerables amenazas proferidas por el presidente Donald Trump contra España, y la contundente y clara respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición progresista, es imperativa la denuncia del convenio, que vence en mayo, y la salida inmediata de todos los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, antes de que sea demasiado tarde.
Para ello, es necesario contar con el apoyo y movilización de todos los demócratas, de todos los progresistas de buena voluntad.
Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada (retirado),
miembro del colectivo de militares demócratas contra la guerra.
Qué difícil es salir del marco que define un sátrapa, máxime cuando ese ser sin alma dirige los destinos de la, todavía, primera potencia mundial con una ejecutoria que se mueve en función de la última ocurrencia que se implanta en su mente, siempre con el objetivo de apoderarse de las fuentes de riqueza económica que esquilma a las naciones que poseen esos recursos, por la fuerza y al margen del derecho internacional y la carta de los derechos humanos, que para el dictador global no existen.
La aparición de un nuevo estilo en la gestión de las relaciones internacionales que ha implantado D. Trump, el matonismo, ha desbaratado el valor de la diplomacia como guía de conducta entre las naciones para atemperar las disputas y evitar que deriven en conflictos bélicos. Diplomacia que hoy está siendo sustituida por la ley del más fuerte que es lo que determina el modelo de relaciones entre los países, sobre todo sobre aquellos que tienen recursos naturales estratégicos, para apoderarse de ellos, que es lo que desea y busca el matón de la Casa Blanca.
Cambio de modelo que tiene múltiples efectos de envergadura planetaria. El primero, el caos y desconcierto que genera en las relaciones internacionales que ya no se rigen por el derecho, los convenios y acuerdos internacionales, sino que se mueven al albur de los deseos, de la apetencia con la que se levante cada mañana el rey felón en su guarida del despacho oval. El segundo, la aparente estrategia errática en la gestión del poder global es un trampantojo para ocultar que todo, hasta las patochadas, están orquestadas con el objetivo de despistar a los líderes internacionales sobre cómo deben relacionarse con el nuevo reyezuelo planetario. Tres: desconcierto con el que son recibidos cuando visitan la Casablanca, dónde les espera una encerrona rodeado de su guardia pretoriana que les acogota y los lleva a decir y aceptar todo lo que el rey de bastos quiere escuchar conforme a sus deseos, pues si se desmanda es rápidamente recriminado por los secuaces del sátrapa, como le pasó a Zelensky.
Cuatro: Estrategia para acogotar el interlocutor que retransmite al planeta a través de las múltiples cámaras de las televisiones, que contribuyen configurar un escenario que amedrenta al interpelado que no le queda más opción que declarar su pleitesía al sátrapa, para salir huyendo de ese plató televisivo planetario lo antes posible. Ninguno de los que líderes mundiales que por allí han pasado se han atrevido a contravenir al narcisista supremo, solo Macrón se atrevió a aclararle un dato, no para contravenirle, sino para marcar la diferencia que Francia siempre busca patentizar. Y quinto: el miedo que se configura como actor protagonista del nuevo guion diplomático. Miedo a ser sancionado económicamente en los intercambios comerciales, a que tu país sea bloqueado por la USA Navy o, en el peor de los casos, a que sea bombardeado e invadido si rechazas las pretensiones del sátrapa. Intenciones que ya no se ocultan, sino que se explicitan y propalan públicamente, sin vergüenza y con amenazas, dichas como si fueran ideas sueltas que pasean por la mente Trump, cuando en realidad anticipan lo ya planeado que está a punto de ocurrir. Lo último el bombardeo de Irán.
En este panorama, todo líder político, qué impelido por las circunstancias, le dice NO, Trump lo convierte en un apestado, en un socio no fiable, como antesala, como advertencia de lo que le podría pasar si no se aviene a sus deseos. De este modo, se genera una omertá, una ley del silencio planetaria, que solo admite la sumisión a los dictados del dictador, que solo son capaces de vulnerar los líderes que alzan la voz para defender la ética política que supone no dar el visto bueno, no aceptar, la vulneración de los derechos internacionales para justificar el bombardeo de un país y desatar con ello un conflicto armado de futuro impredecible.
Se dan aquí el cruce de dos principios que, por interés político se confunden y parangonan, forzando al ciudadano a tomar partido por uno u otro, cuando en realidad es un debate falaz. La historia está repleta de ejemplos en los que las naciones poderosas, los imperios, han querido imponer su organización y estructura social sobre otros, con el resultado de ser un fracaso que ha costado miles, millones, de vidas, porque no se puede imponer por la violencia de las armas un orden social, por muy beneficioso que pueda ser, porque eso supone negar el derecho de los pueblos a evolucionar por sí mismos. Máxime en zonas del planeta como es oriente medio, donde las potencias del siglo XIX, fundamentalmente el Reino Unido en esa zona del mundo, marcaron fronteras a su interés económico sin tener en cuenta los lazos religiosos y culturales de los pueblos afectados.
El derecho internacional nace, precisamente, para limar y negociar los conflictos mediante la guía de los derechos que asisten a los países, las personas y las relaciones internacionales, para que ninguna nación haga lo que quiera con otro país menos poderoso. Para eso nació la ONU, hoy devaluada por el derecho a veto de cinco países que lo han utilizado siempre para defender por sus intereses o los de sus aliados. Desigualdad infumable a estas alturas del siglo XXI que debe corregirse. Aun así, las Naciones Unidas han evitado conflictos y mediado en otros con los casos azules.
Que en su ejecutoria las organizaciones y el derecho internacional no haya funcionado con eficacia, y más cuando su objetivo es evitar la guerra, no quiere decir que haya que meterlos en un cajón y olvidarnos de ellos, sino que hay que defenderlos por una razón ética para evitar que la vida en el planeta se convierta en una jungla gobernada por el más fuerte, que es lo que busca Trump. Por eso la postura adoptada por el Gobierno de España de negarse a aumentar el gasto militar, porque lo quiere Trump —que podía haber elegido en lugar del 5 el 10 o el 15% del PIB—, como denunciar la vulneración del derecho internacional por el ataque deliberado sobre Irán, o negarse a que las bases USA en España sean utilizadas para una guerra injusta, nos sitúan como país en el lado correcto de la historia.
No hacerlo hubiera supuesto una decepción para los españoles que defendemos los derechos internacionales, que no queremos más guerras —no hay guerras justas—, y que aborrecemos el seguidismo baboso que hacen del sátrapa otros dirigentes políticos, que así se sitúan en el lado oscuro diciéndole amén a todo. Postura que siguen el PP y Vox, derecha extrema y ultra derecha, que una vez más dejan sus meninges a un lado—si las tienen—por la obsesión de acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anula en sus mentes cualquier tipo de consideración sobre la importancia de defender el derecho internacional. Defensa que no está en sus cabezas con lo que demuestran su nulo interés por las vidas humanas que, de manera abyecta, ocultan, lo que supone aceptar sin critica alguna los designios del dictador planetario, que confirma que en el fondo y en la forma son lo mismo.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.
Una vez más, el mundo contempla imágenes que creíamos desterradas del siglo XXI: ciudades bombardeadas, hospitales alcanzados por misiles, escuelas destruidas y poblaciones civiles atrapadas entre drones y artillería. Tras la devastación de Gaza, los bombardeos contra Irán y Líbano confirman que Oriente Medio vuelve a convertirse en el epicentro de una escalada militar con consecuencias imprevisibles.
La explicación oficial que ofrecen los gobiernos implicados suele ser siempre la misma: seguridad, estabilidad, defensa preventiva. Sin embargo, basta observar con atención el contexto geopolítico para comprender que estos acontecimientos forman parte de algo más profundo: una lucha por el control del orden mundial en un momento de gran inestabilidad internacional.
En este escenario, las palabras del presidente estadounidense Donald Trump resultan especialmente reveladoras. En un mensaje público reciente afirmó: “Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero.” Y añadió que su prioridad es impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear.
Detrás de esa cínica declaración se esconde una verdad incómoda: el petróleo continúa siendo uno de los ejes centrales de la política internacional. Oriente Medio es una de las zonas del planeta donde se concentran algunas de las mayores reservas energéticas del mundo. Controlar su estabilidad —o su inestabilidad— significa influir en el mercado energético global, y ese es el objetivo para la estrategia MAGA de Trump (Make America Great Again).
Los llamados Acuerdos de Abraham, impulsados durante la presidencia de Trump, respondían precisamente a ese objetivo: integrar a diversos países árabes en un nuevo equilibrio regional basado en el reconocimiento del Estado israelí y en la contención de Irán. Sin embargo, esa reorganización regional choca con un obstáculo que sigue sin resolverse: la cuestión palestina, convertida en genocidio del pueblo palestino. Mientras ese conflicto permanezca abierto, cualquier intento de construir una “normalización” estable en Oriente Medio seguirá siendo frágil.
Pero el tablero no termina en la región. Lo que está en juego es también la rivalidad creciente entre las grandes potencias. China es uno de los principales compradores de petróleo iraní y venezolano, lo que introduce una dimensión económica directa en los conflictos actuales. La presión militar, las sanciones y las crisis regionales se entrelazan con una competencia global por recursos energéticos, mercados y rutas comerciales. Un día Trump sube aranceles. Al siguiente, Trump rebaja las sanciones al petróleo ruso. Las bolsas y la economía mundial se tambalean a ritmo de declaración trumpista.
A esta situación se añade un riesgo que ya está teniendo consecuencias inmediatas para la economía mundial: el cierre o bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Por ese paso marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se transporta por mar en el mundo. Cualquier interrupción del tráfico en esa zona tiene efectos inmediatos sobre el comercio internacional, que además los especuladores del mundo entero aprovechan para aumentar su margen de beneficio.
Las consecuencias ya se notan en la vida cotidiana de millones de personas. El encarecimiento del petróleo provoca un aumento generalizado de los costes de transporte, producción y energía. Esto se traduce inevitablemente en una subida del precio de bienes y servicios que golpea con especial dureza a la clase trabajadora, tanto en Estados Unidos como en Europa y en el resto del mundo.
Europa, por su parte, se encuentra atrapada en esta dinámica. La guerra en Ucrania ha obligado a los países europeos a aumentar rápidamente su gasto militar y a reforzar su dependencia estratégica de la OTAN. El resultado es una aceleración general de la militarización internacional.
Oriente Medio no es el único foco de tensión. En distintos continentes se multiplican conflictos armados y crisis regionales: desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta los conflictos en Sudán, Yemen o la República Democrática del Congo. No estamos ante una guerra mundial en el sentido clásico del siglo XX, pero sí ante un escenario de confrontación permanente y fragmentado.
La consecuencia es un sistema internacional cada vez más inestable. Las intervenciones militares de las últimas décadas en Irak, Afganistán o Libia no han producido estabilidad, sino Estados debilitados, territorios fragmentados y sociedades profundamente heridas, pero eso al capitalismo le da igual. La destrucción de muchos hace ganar dinero a unos pocos.
Quienes aseguran que las nuevas operaciones militares pretenden reforzar el orden mundial olvidan una evidencia cada vez más visible: el uso sistemático de la fuerza no está produciendo estabilidad, sino exactamente lo contrario. En lugar de un orden internacional sólido, el mundo parece avanzar hacia una era de tensiones permanentes, conflictos regionales y una carrera armamentística cada vez más intensa.
En ese contexto, el mensaje que subyace tras muchas decisiones políticas resulta inquietante: cuando la economía global entra en crisis y la competencia entre potencias se intensifica, la guerra deja de ser una excepción y vuelve a convertirse en una herramienta habitual de la política internacional.
Por eso, frente a la lógica del rearme y de la confrontación permanente, resulta más necesario que nunca abrir un camino diferente. Frenar la escalada militar, detener las guerras en curso y reconstruir mecanismos internacionales de cooperación y diálogo no es solo una aspiración moral: es una condición imprescindible para garantizar la estabilidad económica, la seguridad colectiva y la posibilidad de construir un mundo en paz.
El capitalismo necesita la guerra. Los pueblos necesitan la paz.
La violencia es consustancial al capitalismo y sus contradicciones generan guerras imperialistas (RAE: Tendencia de un Estado a extender su dominio sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política.), para aumentar su poder y su riqueza, perpetuarse y evitar su hundimiento que actualmente se ve acelerado, pero jamás ponen muertos, los muertos los ponen siempre, los trabajadores.
Hay una verdad incómoda que atraviesa la historia contemporánea como una herida abierta: las guerras no las deciden los pueblos, sino los poderosos, pero quienes pagan el precio son siempre los mismos: trabajadores, familias humildes, jóvenes sin futuro, otras razas por el mero hecho de serlo, civiles atrapados entre fronteras que no eligieron. Ese es el sentido profundo del grito que desgarra y que vuelve una y otra vez en las calles del mundo. Hay un patrón que atraviesa siglos, fronteras y sistemas políticos: las guerras las deciden los poderosos; Los capitalistas, los gobiernos, los bloques militares, las farmaindustrias, las industrias armamentísticas, de alta tecnología, las multinacionales de la energía…quienes caen bajo las bombas, huyen con sus hijos en brazos, entierran a sus muertos en silencio, son siempre los mismos: obreros, campesinos, trabajadores.
Desde las guerras mundiales hasta los conflictos actuales, la lógica se repite Las élites económicas y políticas compiten por territorios y recursos. Los complejos industriales —especialmente el militar y la especulación bursátil— se enriquecen con cada bomba lanzada. Los agresores justifican sus decisiones en nombre de la seguridad, la patria o la libertad. Hacen las guerras para imponer su “libertad” a los países victimarios.
Antes de las guerras actuales y tras dos guerras mundiales, hubo otras guerras con las mismas falsas motivaciones: Vietnam, Corea, Guerra del Golfo 1ª 1990 a 1991 2ª 2003 a 2011), Afganistán, Irak, entre otras.
Y hoy, en pleno siglo XXI, el patrón se ha vuelto más evidente y más cruel, como se ha visto en el genocidio de Israel en Gaza.
Palestina y Oriente Medio: una crisis humanitaria que no deja de crecer.
En los últimos años, organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado repetidamente que las operaciones militares en Gaza y Cisjordania han provocado un número devastador de víctimas civiles, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructuras esenciales. Las acusaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos han sido constantes, y muchos analistas señalan que las decisiones de líderes políticos han contribuido directamente a la escalada del conflicto y al sufrimiento de la población palestina.
Mientras tanto, los niños palestinos siguen muriendo bajo los bombardeos, las familias pierden sus hogares y la comunidad internacional se limita a declaraciones tibias que no detienen la tragedia, cuando no amparan y protegen a los genocidas; recientemente el genocida Netanyahu, con una orden internacional de detención, ha estado en Alemania de forma oficial y nada le ha ocurrido, para vergüenza de los alemanes que siguen arrastrando su mala conciencia histórica.
Estados Unidos y su papel en la región.
Estados Unidos, con menos de doscientos cincuenta años de historia, es el país más genocida que nunca ha existido, y hoy, junto con Israel. Son los dos países más peligrosos para la seguridad del mundo y provocadores de la crisis humanitaria que padecemos.
Distintos gobiernos estadounidenses, incluyendo el de Donald Trump, según numerosos análisis y reportes periodísticos, han tomado decisiones que han intensificado tensiones en Oriente Medio. Entre ellas, destacan:
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, criticado por la ONU y por gran parte de la comunidad internacional.
El aumento del apoyo militar a Israel, indispensables para el exterminio gazatí.
La retirada del acuerdo nuclear con Irán, que reavivó un clima de confrontación y justificó las sanciones que afectaron directamente a la población iraní.
Estas decisiones, según múltiples expertos, contribuyeron a un escenario más inestable y más propenso al conflicto. Y, como siempre, los que sufren no son los que firman los decretos, sino los que viven bajo ellos.
Irán: entre sanciones, amenazas y miedo.
Irán vive desde hace décadas bajo un régimen teocrático brutal y una presión internacional que golpea sobre todo a la población civil, especialmente a las mujeres, que han estado y siguen estando en la vanguardia de la lucha y la resistencia contra el régimen de los curas barbudos. Pero que su régimen sea un sistema misógino y vulnerador de derechos, no puede justificar nunca ataques contra la soberanía iraní, y lo de atacar para dar al País la libertad, es una patraña, porque el verdadero fin es apropiarse del petróleo iraní, como han hecho con Venezuela. Las sanciones económicas, decididas por gobiernos y organismos internacionales. no afectan a los dirigentes, sino a la gente común: familias que no pueden acceder a medicinas, jóvenes sin oportunidades, trabajadores empobrecidos, atraso cultural y muchas situaciones de abusos y pobreza.
A esto se suman ataques, represalias y tensiones militares que mantienen a la región en un estado permanente de incertidumbre. Una vez más, las decisiones de unos pocos se traducen en sufrimiento para millones de trabajadores y gente del común.
Ucrania: otra guerra que no eligieron los pueblos.
La invasión de Ucrania abrió una herida más en el mapa del mundo, por causas geopolíticas, estratégicas, económicas… pero las consecuencias, como siempre, son humanas: miles de civiles muertos, millones de desplazados, ciudades arrasadas, jóvenes fusilados o encarcelados por oponerse a la leva obligatoria, mientras los gobiernos discuten, negocian o se acusan mutuamente, los jóvenes ucranianos y rusos mueren a millares en los frentes, y las familias quedan destrozadas a ambos lados de la frontera.
El capitalismo de guerra: un negocio que nunca pierde.
Hay un elemento que atraviesa todos estos conflictos: la guerra es un negocio para quienes la deciden, pero no la sufren.
Las industrias armamentísticas baten récords de beneficios, los gobiernos aumentan presupuestos militares mientras recortan en servicios públicos, las potencias compiten por gas, petróleo, rutas comerciales o influencia regional. Y los grandes medios de comunicación, alineados con el sistema capitalista, moldean la opinión pública para justificar lo injustificable, a base de fakenews, mentiras y bulos de todo tipo.
Una crisis humanitaria global.
Lo que vemos hoy no son conflictos aislados, sino una crisis humanitaria global alimentada por decisiones políticas, intereses económicos y rivalidades internacionales. Desde Gaza hasta Ucrania, desde Yemen hasta Irán, y en todas las guerras africanas, millones de personas viven bajo bombas, sanciones, ocupaciones o invasiones, siendo empujadas a la emigración. Y lo más doloroso es que la mayoría de estas personas no tienen ninguna responsabilidad en las decisiones que las condenan. Porque mientras los poderosos juegan a la geopolítica, la historia se repite y da vueltas como en un carrusel de muerte.
Hasta que no se rompa ese patrón, mientras que los pueblos no puedan decidir sobre su propio destino y la vida valga menos que los intereses económicos, este grito seguirá siendo necesario, real y vigente: NO A LA GUERRA.
Miguel Sagüés Navarro
Fue abogado laboralista de CCOO
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
Datos anexos
Todas las fuentes se han obtenido de Wikipedia y de IA Copilot)
ASESINADOS EN PALESTINA
1.- Palestina / Gaza desde octubre de 2023.
No existe una cifra única y definitiva, pero sí órdenes de magnitud bastante claros, muertos totales y perfiles básicos.
Muertos totales en Gaza: Distintas fuentes (Ministerio de Salud de Gaza, ONU, proyectos independientes) sitúan las muertes directas oficialmente registradas en torno a 70.000–75.000 personas desde el 7 de octubre de 2023, sin contar miles de desaparecidos bajo escombros, sobre lo que se calcula que pueden triplicar la cifra de muertos que se baraja.
Niños y niñas: En torno a 20.000 menores muertos (aprox. un tercio del total).
Mujeres: En torno a 12.000–13.000 mujeres muertas.
Son proporciones brutales: mujeres y menores suman, como mínimo, cerca de la mitad de las víctimas, pero la razón de la propia realidad se impone, asesinando mujeres, evitan nacimientos de nuevos futuros combatientes “terroristas”, asesinando niñas, evitan futuras paridoras de combatientes, asesinando niños, no llegarán a combatientes.
Personal sanitario y periodistas
Personal médico y sanitario: Registros combinados de ONU y proyectos de datos hablan de alrededor de 1.700 profesionales sanitarios asesinados.
Defensa civil / rescatistas: Al menos 140 miembros de defensa civil muertos.
Periodistas y trabajadores de prensa:
En Gaza, las cifras de autoridades palestinas y organizaciones de prensa hablan de más de 200 periodistas y trabajadores de medios muertos.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) documenta al menos 210 periodistas palestinos en Gaza y, en total regional (Gaza, Yemen, Líbano, Irán, Israel), más de 250 periodistas y trabajadores de medios muertos desde el inicio de la guerra.
Todo esto son cifras de muertos directos; estudios recientes estiman que, sumando muertes indirectas (hambre, colapso sanitario, agua, etc.), el coste real de vidas podría ser aún mucho mayor.
2.- Ucrania: muertos ucranianos y rusos, civiles y militares.
Aquí la opacidad es enorme: Rusia oculta datos, Ucrania da cifras parciales, y las estimaciones independientes varían mucho.
Civiles
Ucrania: La ONU y análisis como el del Council on Foreign Relations hablan de alrededor de 56.000 víctimas civiles (muertos + heridos) desde 2022; los muertos civiles confirmados son varios miles, pero se considera que están infra contabilizados.
No hay un desglose fiable por sexo y edad comparable al de Gaza, aunque se sabe que hay muchos ancianos y también niños entre las víctimas.
Militares (ucranianos y rusos)
Las estimaciones totales (muertos + heridos) para ambos bandos, desde 2022, se mueven en el rango de cientos de miles:
Estimaciones globales de bajas (muertos + heridos): Algunas fuentes hablan de entre 400.000 y 1,5 millones de bajas militares combinadas (Rusia + Ucrania) desde 2022, dependiendo de la metodología.
3.- DESERTORES (Fuente: Diario Socialista)
Ucrania
Atraviesa una profunda crisis de deserciones en su ejército, con cifras récord que revelan el agotamiento de las tropas tras casi cuatro años de guerra a gran escala contra Rusia. Según datos de la Fiscalía ucraniana, desde febrero de 2022 se han registrado cerca de 235.000 casos de ausencia sin permiso (AWOL) y casi 54.000 deserciones propiamente dichas. Estas cifras han explotado en el último año: entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se contabilizaron 176.000 AWOL y 25.000 deserciones.
El fenómeno se acelera en un contexto de pérdidas territoriales constantes. En noviembre de 2025, las fuerzas rusas capturaron unos 500 kilómetros cuadrados, principalmente en el este del país, mientras las negociaciones de paz mediadas por Washington vuelven a estancarse. Comandantes como Valentyn Manko admiten que «solo» se movilizan 30.000 hombres al mes, cuando se necesitarían 70.000 para rellenar todas las unidades.
La legislación marcial se aplica con dureza: 24 horas de ausencia se considera deserción y puede conllevar de 5 a 12 años de prisión, y el AWOL hasta 10 años. Sin embargo, muchos prefieren el riesgo de cárcel al frente. Testimonios de desertores describen formaciones que los convierten en «carne de cañón» con pocas probabilidades de supervivencia.
Desde noviembre de 2024, el Gobierno de Volodymyr Zelenskyy decretó una amnistía para desertores primerizos, permitiendo su regreso «sin castigo». Al menos 30.000 jóvenes han vuelto. Esta medida busca mitigar la hemorragia, pero expertos como el teniente general Ihor Romanenko advierten que los números son «demasiado altos», superando incluso los de Rusia en algunos indicadores.
Rusia
Tras el anuncio de Putin de movilización parcial el 21 de septiembre de 2022, comenzó una tercera ola de emigración rusa, con estimaciones de cientos de miles de ciudadanos varones huyendo. En la primera semana después del anuncio, 98.000 rusos huyeron a Kazajistán. Solo el 24 de septiembre, más de 8.500 rusos entraron en Finlandia por tierra, un aumento del 62% con respecto al sábado anterior. Al día siguiente, se informó que «En la frontera con Georgia, las colas de coches rusos se extienden más de 30 kilómetros (19 millas)», mientras que en los puestos de control que limitan con las regiones de Kostanay y Kazajistán Occidental, «las imágenes de coches haciendo cola para salir de Rusia muestran filas que se extienden hasta donde alcanza la vista».
Solo en esta tercera oleada, casi 300.000 ciudadanos rusos habían abandonado Rusia antes del 27 de septiembre y esa cifra se acercaba a los 400.000 para el 4 de octubre.
Una estimación indica que 700.000 rusos han huido de la movilización desde que se anunció. Muchos se dirigieron a Kazajistán, Serbia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Finlandia.
El 28 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que la movilización había concluido, aunque legalmente aún continúa. Después de eso, algunas personas siguieron emigrando por razones políticas y económicas, mientras que otras decidieron regresar a casa.
Putin firmó un decreto que introduce penas de prisión de hasta 15 años por actos cometidos en tiempos de guerra, incluyendo la rendición voluntaria y la deserción durante la movilización o la guerra.
El actor Artur Smolyaninov huyó de Rusia en octubre de 2022. Fue acusado de «desacreditar» al ejército bajo las leyes de «noticias falsas”, por hacer declaraciones antibélicas después de haber abandonado Rusia.
Destinos
Entre los destinos elegidos por los ciudadanos rusos se encuentra Turquía , con más de 100.000 rusos que buscan residencia, muchos de ellos utilizando Turkish Airlines para volar a Antalya. Georgia y Armenia también recibieron un gran número.
A principios de abril, se estimaba que 100.000 rusos habían huido a Georgia y 50.000 fueron a Armenia. En 2022, 104.000 ciudadanos rusos registraron su estancia en Serbia.
En Latinoamérica, Argentina recibió hasta enero de 2023 a más de 5.000 mujeres rusas embarazadas, quienes eligieron tener a sus hijos allí debido a la facilidad para obtener visa, la obtención automática de la nacionalidad para el recién nacido y la atención médica gratuita. En 2023, 37.700 rusos ingresaron a Argentina y 13.000 durante los primeros tres meses de 2024; de los cuales 3750 obtuvieron la residencia.
4. Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y víctimas civiles.
Ataques puntuales antes de la guerra abierta
Ataque israelí a instalaciones en Isfahán (abril 2024): Las versiones oficiales iraníes dicen que sin víctimas; se habrían destruido o dañado radares y sistemas antiaéreos, pero sin muertos reportados.
En otros ataques anteriores (por ejemplo, contra mandos de la Guardia Revolucionaria en Siria o Irak) sí ha habido muertos, pero suelen ser militares o mandos iraníes, y casi nunca se publica un desglose claro de mujeres y niños.
Guerra abierta EE. UU. / Israel – Irán (2026)
En la escalada más reciente:
Muertos en Irán por ataques de EE.UU. e Israel: Autoridades iraníes hablan de más de 1.300 civiles muertos por los bombardeos; medios como CBS recogen esa cifra, pero no pueden verificarla de forma independiente.
Niños y mujeres: No hay un desglose fiable y sistemático por edad y sexo publicado y verificado internacionalmente.
Periodistas iraníes: CPJ documenta al menos 3 periodistas iraníes muertos en el contexto de esta guerra, uno de ellos en ataques de EE. UU. e Israel.
Al menos 1.001 personas han perdido la vida en los ataques israelíes en Líbano y 2.584 han resultado heridas desde el inicio de la operación militar, según los datos de Ministerio de Salud del país recogidos por diferentes medios.
Según el comunicado, el número de fallecidos incluye a 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios.
GUERRAS Y GOLPES DE ESTADO DE EEUU
Desde 1850, Estados Unidos ha participado en cientos de conflictos. Aunque solo ha declarado la guerra formalmente en 5 ocasiones en toda su historia (3 de ellas desde 1850). El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. ha documentado más de 469 intervenciones militares entre 1798 y 2022, de las cuales más de la mitad ocurrieron después de 1991.
Guerras y Conflictos Principales
Desde 1850, estas son las guerras más destacadas por su escala y duración:
Guerra de Secesión (1861–1865): Conflicto interno entre la Unión y la Confederación.
Guerra Hispano-estadounidense (1898): Resultó en la adquisición de Puerto Rico, Guam y Filipinas.
Primera Guerra Mundial (1917–1918): Intervención contra las Potencias Centrales.
Segunda Guerra Mundial (1941–1945): Contra el Eje (Japón, Alemania, Italia).
Guerra de Corea (1950–1953): Apoyo a Corea del Sur contra el Norte.
Guerra de Vietnam (1964–1975): Intervención prolongada que terminó en retirada.
Guerra del Golfo (1990–1991): Para liberar a Kuwait tras la invasión iraquí.
Guerra en Afganistán (2001–2021): La más larga de su historia, iniciada tras el 11-S.
Guerra de Irak (2003–2011): Invasión para derrocar a Sadam Husein.
Intervenciones y Cambios de Régimen
Además de las guerras formales, EE. UU. ha realizado operaciones militares directas en numerosos países:
América Latina: Invasiones u ocupaciones en Panamá (1989), Granada (1983), República Dominicana (1916-24, 1965), Haití (1915-34, 1994, 2004), Nicaragua (1912-33) y Cuba (1898-1902, 1961).
Asia y Medio Oriente: Operaciones en Libia (1986, 2011), Somalia (1993, 2007-presente), Siria (2014-presente) y Yemen (2002-presente).
Golpes de Estado y Apoyo a Cambios de Gobierno
EE. UU. ha estado vinculado (directa o indirectamente a través de la CIA) con el derrocamiento de diversos gobiernos, especialmente durante la Guerra Fría:
Año
País
Contexto/Resultado
1893
Hawái
Derrocamiento de la Reina Liliʻuokalani por intereses azucareros.
1953
Irán
Operación Ajax: Derrocamiento de Mossadegh para restaurar al Sah.
1954
Guatemala
Operación PBSUCCESS: Derrocamiento de Jacobo Árbenz.
1964
Brasil
Apoyo al golpe militar contra João Goulart.
1965
Indonesia
Apoyo al ejército en la masacre y golpe contra Sukarno.
1971
Bolivia
Apoyo al golpe de Hugo Banzer contra Juan José Torres.
1973
Chile
Apoyo al golpe de Pinochet contra Salvador Allende (no mencionado explícitamente en el fragmento, pero parte del registro histórico estándar de intervenciones)
En poco más de veinte años las redes sociales han cambiado las relaciones sociales, la manera de relacionarnos, con mayor o menor intensidad en la práctica totalidad de naciones. La eclosión de las redes comenzó entre 2002 y 2004, ínterin temporal en el que nacieron Friendster, LinkedIn, MySpace y se consolido Facebook, y su auge masivo arrancó con la aparición de YouTube en 2005, y Twitter (hoy llamada X) en 2006. Años del despegue en el uso de una tecnología que ha quebrado el modelo comunicativo precedente, analógico de uno para todos (vertical), al transformarlo en digital en el que el intercambio de información y conocimiento se globaliza y deja de estar dirigido por unos pocos—con recursos para crear un periódico, una radio a una televisión—, al otorgar al usuario la capacidad de elaborar y difundir contenido e información de manera global y sin barreras de tiempo y espacio. Nace así el modelo comunicativo configurado por todos los usuarios, entre todos (horizontal), que está en permanente actividad.
Nació así un nuevo modelo de medios de comunicación asociados a la idea de la libertad sin límite para decir y difundir mensajes, sin ningún control por parte de los creadores de esas redes. Idea sobre la que asienta un negocio multimillonario que ha convertido en superricos a los propietarios de unas empresas caracterizadas por su opacidad, y con un poder económico que supera al PIB de la mayoría de naciones del mundo, incluidas algunas de la UE. Amparados por esta idea de libertad libérrima, con el paso de estos pocos años las sociedades empiezan a darse cuenta del impacto directo que produce en la vida personal y social, esa falta de control sobre lo que se dice y se difunde, y su carácter adictivo. Es aquí donde surge la necesidad de poner coto a sus efectos negativos, en especial, para adolescentes y jóvenes, cuyas mentes están en el proceso de formación de sus valores personales y para relacionarse con los demás.
Antes de abordar como se puede poner coto a su poder, hay que desbrozar un bosque muy enmarañado por el desconocimiento que genera en la población ideas confusas, algunas con un claro interés espurio.
Primero, la tecnología no es mala ni buena, es una herramienta que nace de la mente humana para servir a la especie y, por tanto, depende del uso que se haga de ella tendrá unas repercusiones positivas o negativas.
Segundo, las redes sociales beben de este mismo principio y son solo una parte de algo mucho más grande que es internet que ha propiciado, y sigue haciéndolo, el intercambio de conocimiento compartido que mejora el desarrollo de las sociedades y los pueblos.
Tercero, la digitalización ha favorecido, al abaratar el coste, la aparición de medios digitales, no solo las redes sociales, que han generado confusión sobre lo que es un medio de información basado en la veracidad contrastada de los hechos que relata y los que, al amparo de una interpretación falsaria e interesada de la libertad de expresión, solo son correa de transmisión de información sesgada, falaz e hiperbólica, con el objetivo político de desinformar a la ciudadanía para expandir confusión y caos.
Cuarto, desinformación que se traslada a las redes sociales mediante la retroalimentación de los mensajes de estos medios y voceros que los difunden en la red.
Quinto, junto al aspecto mediático, la libertad libérrima de acceso con la que sus creadores dejan operar a los usuarios favorece la difusión de contenidos que requieren de un conocimiento y un criterio formado para dar sentido; por ejemplo, a la pornografía y el abuso sexual, a los videos de acciones estrambóticas imitativas que producen graves efectos físicos o para la salud o directamente fomentan la estupidez humana. O, lo más peligroso, el acceso libre a mensajes de odio contra el diferente que favorecen el acoso constante o la tergiversación de la historia que blanquea el fascismo y los regímenes dictatoriales.
La reacción exaltada, faltona y zafia con la que han reaccionado Elon Musk, propietario de X, y de Pável Dúrov, propietario de Telegram, contra el presidente Pedro Sánchez por su anuncio de la decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años —adoptada ya en Australia y Francia, y que tramitan Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido—, demuestra el daño que les hace que los gobiernos comiencen a tomar medidas contra su poder omnímodo; no para cercenar la libertad de expresión como argumentan, sino para impedir el adocenamiento de las mentes en proceso de formación que son, para estos oligarcas, el caldo de cultivo para asegurar la continuación de su negocio milmillonario: de su poder sobre los gobiernos, sus leyes y las sanciones que les imponen que se saltan a la torera.
A partir de aquí surgen las opiniones de quienes afirman que no se pueden poner puertas al mar, y los que pensamos que sí se puede, empezando por acabar con la opacidad de los algoritmos que las manejan—vivimos en el reino del algoritmo—, como si fueran un ente intocable y con vida propia como nos hacen creer, para ocultar que se crean con los objetivos empresariales que trasladan los CEO a los desarrolladores. Directrices que apenas establecen restricciones a la información que circula ni filtros sobre quienes pueden acceder a ellas: filosofía del acceso libre basada en una mendaz interpretación de la libertad de expresión. Todo con el objetivo de hacernos creer la dificultad, la imposibilidad, de alterar los algoritmos que las regulan, como si fueran entes que viven al margen de sus creadores, para ocultar que sí se pueden establecer filtros por edad o acceso a determinadas informaciones audiovisuales, porque todos los usuarios ya estamos identificados en la red que usamos definidos por los comentarios que subimos o por las elecciones que hacemos en nuestras búsquedas que definen nuestros gustos personales, como comprobamos a diario.
Los algoritmos se pueden retocar, modificar, alterar o cambiar en todos los sentidos, para regular el uso que hacen las empresas con nuestros datos, para seleccionar a los usuarios, la violencia visual o escrita de los mensajes, las mentiras —los bulos—, o la veracidad de las informaciones. Por eso no se puede argüir que las medidas restrictivas que se quieren imponer por parte de los Gobiernos, vayan a resultar ineficaces. En los meses de puesta en marcha en Australia de la restricción de acceso a menores de 16 años, ya se han borrado cinco millones de cuentas según los datos del Gobierno australiano.
Exigir a los tecno-oligarcas que modifiquen sus algoritmos es una necesidad no solo por la salud mental de los adolescentes, sino por higiene democrática para limitar la difusión de mensajes y soflamas que buscan derruir el modelo democrático de convivencia. Como establecer acuerdos internacionales para evitar que entidades privadas adquieran un poder superior al de los propios estados para saltarse las reglas de fiscalidad de los países, o para difundir sin control mensajes de odio e incitación al abuso del que es diferente o tiene opinión propia. Poder ante el que los Gobiernos y la ciudadanía no deben permanecer inermes.
En su intromisión en la soberanía del resto de los países de América, Trump ha dado un nuevo paso amenazando a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. La amenaza contra la isla es real, las sanciones arancelarias a Canadá o México, las injerencias electorales en Argentina u Honduras, los bombardeos y asesinatos en aguas de Venezuela y Colombia, las descalificaciones al Presidente de Colombia, el bombardeo de Caracas –con más de 100 muertos según cifras oficiales– y el secuestro del presidente venezolano y su mujer…, hacen pensar que las amenazas no son simples baladronadas ni delirios de un loco, como gusta calificarle la prensa. Son producto de un plan que va más allá del propio Trump.
“Cuba es una nación en decadencia y uno siente lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no, no estoy intentando decirlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”. Estas son las declaraciones de Trump tras firmar un decreto contra “cualquier país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera proporcione petróleo a Cuba”.
De esta manera, Trump busca impedir que, ante una más que previsible crisis humanitaria, algún país tenga la peregrina idea de ayudar a paliarla. Es obvio que cuando habla de que han tratado mal a la gente no se refiere a los once millones de cubanos que viven en la isla, habla de los oligarcas y familiares que le rodean y con los que hace negocios por el mundo, igual que tampoco cuenta con los dos millones de habitantes de Gaza cuando habla de montar un “resort” en la franja. Más que un “idiota a las doce” o el “principal faro del mundo libre”, como dice Ayuso, a quién más se parece es a Luis XIV de Francia, un rey absolutista. Cuando los estadounidenses se manifiestan al grito de “No Kings” no les falta razón.
Cuando dice: “tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar” –como si hubiera cubanos que son asiáticos–, no se refiere a los cubanos que se marcharon de la isla tras la revolución, se refiere a las multinacionales petroleras como Esso, agrarias como la United Fruit Company, telefónicas como la ITT, eléctricas como la Compañía Cubana de Electricidad o azucareras como la Atlántica del Golfo. Estas y otras muchas fueron nacionalizadas en la década de los sesenta tras la revolución de 19591 que expulsó del país a una casta corrupta encabezada por el presidente del momento, Fulgencio Batista. La saga de “El Padrino” lo retrata muy bien.
Se avecina un desastre humanitario
Cuba necesita combustible para alimentar las centrales termoeléctricas de las que dispone y, según las informaciones del Financial Times, en este momento dispondrían de combustible para dos o tres semanas. En los últimos años los principales proveedores de petróleo han sido Venezuela y México cuyo suministro permitía, precariamente, mantener las necesidades eléctricas de sus habitantes, aun conviviendo con apagones de unas horas regularmente en toda la isla.
Tras el ataque a Venezuela, principal proveedor de Cuba, el Gobierno estadounidense impuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez el cese total del suministro. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México es soberano y decide por si solo con quien comercia, lo cierto es que México había suspendido los envíos de petróleo tras la conversación telefónica de la presidenta con Trump.
Según el Gobierno cubano, las necesidades de electricidad se limitarían al 50% gracias a las plantas fotovoltaicas existentes en el país. La población no solo se enfrenta a apagones –el diario Granma informó de que el servicio de energía eléctrica se vio afectado el miércoles2 durante 24 horas–, también depende para las tareas cotidianas de las llamadas “plantas eléctricas” –baterías de litio– que les permiten acumular energía cuando hay suministro eléctrico. Las necesidades de hospitales e industriales se verán gravemente comprometidas.
No hay que olvidar que Cuba sufre un bloqueo comercial desde la fallida invasión estadounidense de Bahía Cochinos en 1961. Este bloqueo condiciona fuertemente la economía cubana y ha sido condenado con reiteradas resoluciones por la inmensa mayoría de los países de la ONU; la última en 2024 solo rechazada por EE.UU., e Israel.
Defender Cuba es defendernos
Trump define el imperialismo como nadie cuando declara que las petroleras y empresas estadounidenses asociadas van a explotar las reservas de petróleo venezolanas, y los beneficios se van a repartir a medias con Venezuela y que, a cambio, el Gobierno venezolano tendrá que comprar con ese beneficio productos de EE.UU. Es un imperialismo descarnado que amenaza a toda la humanidad, pues vamos sabiendo, por los pasos que da, que la inacción de los gobiernos es una invitación a ir más lejos en sus criminales actos, ya sean asesinatos, aranceles, secuestros, censuras, insultos, … etc.
Para frenar a Trump tenemos un ejemplo palmario en las movilizaciones de los ciudadanos de Minneapolis que se han organizado ante los asesinatos de Rennée Good y Jeffrey Pretti, extendiendo la repulsa a los ICE y a las medidas represivas de Trump a lo largo de todo EE.UU. Ya no hay careta que oculte la verdadera cara del presidente estadounidense, su avaricia y la de su corte se alimenta de represión.
La respuesta de la mayoría de los Gobiernos ante la agresión a Venezuela está siendo nula y es de temer que sea la misma con relación a Cuba. En España, los partidos de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, CC y Compromis, han registrado una iniciativa legislativa para que el Gobierno manifieste un rechazo absoluto a las medidas de Trump, y que lidere en Europa y en los organismos internacionales la oposición al embargo a Cuba.
No es hora de discutir si Cuba es una democracia o una dictadura. Lo que está en juego es la independencia, la soberanía de los pueblos, y que la defensa del pueblo cubano es en los hechos la defensa de toda la humanidad frente a la arbitrariedad y el imperialismo de Trump. Como en el caso de Palestina, Venezuela, Irán, etc., o como las guerras en curso, la mayoría social, la clase trabajadora, los sindicatos, deben ser los que abanderen la defensa del pueblo cubano.
Enrique Dargallo (10 de febrero de 2026)
Director de Tribuna Socialista
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1 Aunque la ofensiva revolucionaria se desarrollo en los últimos meses de 1958, fue el 1 de enero de 1959 cuando Fulgencio Batista sale del país y los revolucionarios entran en La Habana
2 Publicado en el diario La Jornada de México del 30 de enero de 2026
A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.
El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.
La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.
Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.
Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.
A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.
La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.
De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22
Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.
Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.
Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.
Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.
Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.
El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.
El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.
Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.
Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.
Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino
Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.
Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:
La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
Topar el precio de venta y alquiler.
Movilizar dinero público para VPO.
Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.
Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.
Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.
Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026
Fotografía: Diego Vitores
Cartelería: Natalia Sánchez
Enrique Dargallo
Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE
Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026
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1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT
La red ferroviaria española atraviesa un momento de vulnerabilidad estructural que trasciende la anécdota técnica. Los recientes siniestros, desde el descarrilamiento en Adamuz —atribuido a un defecto en una vía recién renovada— hasta las recurrentes incidencias en el núcleo de Cataluña, que han llegado a cobrarse víctimas mortales, son la manifestación física de un sistema al límite que afecta a la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios, y que tiene consecuencias nefastas para sus principales usuarios trabajadores y estudiantes, gran parte de la clase trabajadora.
El propio Ministro de Transportes ha admitido la urgencia al describir una «infraestructura viejísima» tras años de abandono. Los datos validan esta alarma: el 24% de la infraestructura ferroviaria española supera ya los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento no es fortuito, sino el resultado de una descapitalización sistemática que demuestra que el modelo de liberalización actual no es ninguna herramienta de eficiencia sino un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado en corredores rentables mientras desmantela el carácter vertebrador del servicio público.
El espejo británico: La anatomía de un colapso anunciado
Para proyectar el futuro de España, es imperativo analizar el fracaso del Reino Unido tras la privatización de 1993 bajo el gabinete de John Major. Aquel modelo, diseñado por el legado de Thatcher, fragmentó el sistema en más de 30 entidades, resultando en una externalización de riesgos que, ante el colapso, terminó asumiendo el erario público.
Las métricas financieras de este experimento son demoledoras:
• Explosión de costes operativos: El coste de operar el sistema se duplicó en una década, pasando de 2.400 millones de libras (1990-95) a 5.400 millones (2005-10), sin una mejora correlativa en los activos fijos.
• Transferencia de rentas públicas: Los subsidios estatales crecieron un 300%; paradójicamente, el 90% de las inversiones fueron sufragadas por el contribuyente, mientras las operadoras privadas extraían dividendos.
• Colapso de Railtrack: El gestor privado de infraestructuras quebró en 2001 tras una cadena de accidentes derivados de la falta de integridad técnica, obligando a la creación de la entidad pública Network Rail.
Este deterioro fue retratado con precisión por Ken Loach en La Cuadrilla (The Navigators), donde se ilustra cómo la rentabilidad del accionista tritura la seguridad laboral y técnica. La prueba final del fracaso es que, en 2025, el Reino Unido completará la renacionalización de la South Western Railway (SWR), admitiendo que el mercado es incapaz de gestionar un derecho social.
La asimetría del modelo español: AVE para pocos, olvido para muchos
España ha adoptado un rol de «Quijote» de la liberalización, implementando las directivas de la UE con un celo regulatorio que contrasta con la cautela de nuestros vecinos. Mientras Francia protege su operador nacional con «trabas inacabables» para asegurar la cohesión del servicio, la CNMC en España facilita el acceso a los activos más lucrativos (AVE) a operadores como Ouigo o Iryo sin exigir contrapartidas equivalentes en vertebración territorial.
Esta lógica de extracción financiera genera una distorsión profunda reflejada en la siguiente comparativa:
Segmento Ferroviario
Situación y Evolución Técnica
Impacto Social y Operativo
Alta Velocidad (AVE)
Concentración masiva de inversión pública; competencia de precios en corredores de alta densidad.
Modelo de «lujo» que absorbe recursos mientras el retorno social se limita a usuarios de alto poder adquisitivo.
Tren de Mercancías
Declive crítico: caída de una cuota modal del 11% (2005) a un exiguo 2,4% actual (mínimo histórico del 1,9% en 2017).
Fracaso en la transición ecológica y pérdida de competitividad logística industrial.
Red Convencional
Déficit de mantenimiento acumulado y obsolescencia de activos; reducción sistemática de frecuencias.
Supresión de 40.000 trenes regionales y cierre de paradas en 172 estaciones desde 2014; aislamiento de la «España vaciada».
Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) se han instrumentalizado para justificar recortes, priorizando el flujo de caja sobre el derecho constitucional a la movilidad.
Radiografía del abandono: Las cifras del déficit estructural
El deterioro de la red responde a la política de «inaugurar antes que mantener». El ahorro en mantenimiento preventivo es una negligencia con consecuencias trágicas, similar a lo ocurrido con las obras hidráulicas postergadas en el Barranco del Poyo: la falta de inversión hoy es la catástrofe de mañana.
Los datos de la descapitalización sistemática son incontestables:
1. Deuda de inversión y reposición de activos: Según el IEE, el déficit acumulado para compensar el desgaste y envejecimiento supera los 60.000 millones de euros.
2. El desplome porcentual: Existe una «ilusión de inversión». Aunque se anuncien cifras récord, la inversión actual de 3.469 millones de euros está un 63% por debajo de los niveles de 2009-2010, cuando superaba los 11.000 millones.
3. Mantenimiento insuficiente: El gasto por kilómetro en mantenimiento en España sigue siendo un 50% inferior a la media de la Unión Europea, una asimetría fiscal insostenible para una red de nuestra extensión.
Durante el periodo 2011-2018 (años de gobierno del Partido Popular, la inversión en infraestructuras sufrió una caída real acumulada del 56,3%, marcando el inicio de la crisis actual de reposición de activos.
Focos críticos: La crisis de Rodalies y el Corredor Mediterráneo
Cataluña es el exponente máximo de la «tormenta perfecta»: falta de inversión histórica sumada a una saturación estratégica extrema. El Corredor Mediterráneo, lejos de ser solo una oportunidad, actúa como un cuello de botella donde se mezclan tráficos de larga distancia, mercancías y cercanías en una red exhausta.
En 2024, ADIF destinó 710,6 millones de euros a Cercanías. Sin embargo, para un analista de políticas públicas, esta cifra es apenas un parche de emergencia. Frente a una necesidad técnica estimada en 11.700 millones anuales para compensar el envejecimiento nacional, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir décadas de descapitalización. La fiabilidad del servicio no volverá hasta que se priorice la seguridad integral sobre la inauguración de nuevos hitos políticos.
Conclusión y Propuesta Política: Recuperar el tren como bien común
La seguridad ferroviaria no es un coste; es una inversión por la vida. El modelo de gestión actual, que subcontrata el mantenimiento mediante licitaciones a la baja para preservar márgenes empresariales, compromete la estructura misma del Estado. Es imperativo transitar hacia un modelo que reconozca que la rentabilidad social es el único balance que importa.
Manifiesto por un Ferrocarril Público y Social:
• Renacionalización integral del sistema: Siguiendo el ejemplo de la SWR británica en 2025, España debe revertir la segregación vertical y poner fin a la liberalización agresiva. El control 100% público debe eliminar la extracción de beneficios privados de un sector que sobrevive gracias al subsidio estatal.
• Priorización de la rentabilidad social: Las OSP deben dejar de ser una excusa para el recorte. El éxito del sistema debe medirse por la recuperación de las 172 estaciones abandonadas y la vertebración de la «España vaciada», garantizando frecuencias dignas en la red convencional.
• Plan de choque de inversión pública y reposición de activos: Exigimos un plan masivo que sitúe el mantenimiento de la red convencional y de mercancías por encima de la expansión de nuevas líneas de lujo. La seguridad —desde la circulación hasta la ciberseguridad— debe ser la prioridad absoluta, entendiendo que el ferrocarril es un derecho ciudadano y el gran vertebrador del territorio bajo gestión pública directa.
La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.
Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.
El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.
Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.
Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.
El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.
Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.
Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.
En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.
Toni Ferrer Sais
Exsecretario de Acción Sindical de UGT
Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado
El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.
La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.
El auge y declive del control nuclear
El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.
Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.
El fin del “New START” y el vacío normativo
El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.
Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.
Un contexto global de rearme
El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.
Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.
La Unión Europea ante un entorno más inseguro
La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.
Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.
Autonomía estratégica: ambición y límites
En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.
La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.
Impacto político y normativo
La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.
Conclusión
El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.
La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.
Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.
A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.
Manuel Ruiz Robles
ex-capitán de navío de la Armada (retirado),
ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).
Tribuna Socialista 
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