Categoría: ACTUALIDAD POLITICA

Senadores por la Democracia. Manifiesto fundacional

El próximo martes 6 de octubre a las 12h en el Ateneo de Madrid (sala Pérez Galdós) presentaremos la iniciativa ciudadana Senadoras y senadores por la democracia. Más de 3.600 firmas apoyan el manifiesto que reclama listas conjuntas de toda la izquierda al Senado en las elecciones generales de 2027, como ocurrió en muchas provincias en 1977.  

Nuestro objetivo es que la Cámara Alta deje de ser un búnker de la derecha, pero además somos muy conscientes de que, si la izquierda presenta listas unitarias al Senado, donde el sistema de elección es mayoritario (el partido que gana se lleva el 75% de los senadores), ello podría tener un efecto dinamizador y movilizador en el electorado progresista también en el Congreso. Consideramos que las actuaciones conjuntas de la derecha y la ultraderecha, políticas, judiciales, incluso amparando episodios de movilización violenta, están poniendo en peligro nuestra democracia social y de derecho. 

El que haya listas unitarias de la izquierda en el Senado, y que incorporen a personas progresistas de reconocido prestigio social, podría dar la vuelta a los resultados de 2023 en el Senado en cerca de 30 provincias, lo que permitiría obtener una clara mayoría progresista.  

Conseguir este objetivo está en tus manos, ven al Ateneo el próximo 6 de octubre. Y no te olvides de firmar tu adhesión al manifiesto: https://senadoresporlademocracia.es/ 

Bruno Estrada López, miembro del grupo promotor. 

Manifiesto

El avance de las extremas derechas y el contagio de sus postulados en las derechas tradicionales suponen un peligro para la convivencia, los derechos y el bienestar de las grandes mayorías sociales. La democracia social y de derecho está en peligro. Lo está en EEUU, lo está en muchos países europeos y lo está en España. 

La iniciativa de Senadoræs por la Democracia convoca a la ciudadanía, las organizaciones sociales y los partidos políticos progresistas de todo el Estado español para que, de cara a las próximas elecciones generales, se involucren en la construcción de candidaturas conjuntas para el Senado en todas las circunscripciones provinciales.   

El sistema de elección de senadoras y senadores supone un premio desorbitado para la lista que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Lo habitual es que tres de los cuatro senadores provinciales elegidos directamente se asignen a la lista más votada, quedando el cuarto para el segundo partido. Los escaños del Senado se completan con los elegidos proporcionalmente por los parlamentos autonómicos, ahora mismo sometidos a las alianzas entre PP y VOX. 

La mayoría absoluta en el Senado se ha estado utilizando de forma filibustera por el PP para tratar de impedir y obstaculizar la gobernabilidad del país durante esta legislatura. Sin embargo, su control en la próxima será aún más determinante, pues la cámara deberá nombrar cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, con el mandato ya caducado, que el PP bloquea esperando “tiempos mejores” para la derecha. El Senado que salga de las próximas urnas deberá también afrontar, en el año 2029, la renovación de la mitad de los miembros del CGPJ. 

El PP aspira, con el apoyo de Vox y el desplome y la fragmentación de las fuerzas progresistas, a obtener un cuatro a cero en muchas provincias y alcanzar una mayoría de tres quintos en el Senado que les permita controlar esos órganos judiciales, que se han mostrado decisivos hasta ahora. En este contexto es esencial sacudirse cualquier derrotismo, recalcar que la suerte de las próximas elecciones generales aún no está echada y que la verdadera prioridad nacional es impedir que las circunstancias para el triunfo conservador se den. El futuro no está escrito ni decidido; depende de cada voto que se deposite en las urnas. 

Es esencial que el Senado sea una cámara que impida el control por las derechas de los órganos judiciales mencionados. La división y pugna electoral entre ellas nos concede una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista.   

Nuestro objetivo es que las próximas elecciones generales renueven la posibilidad de una coalición progresista y el Senado deje de ser una herramienta de crispación política que obstaculice la gobernabilidad del país. Hay tiempo para movilizar al electorado y reeditar una mayoría política y social capaz de sostener un nuevo acuerdo de gobierno progresista que continúe, mejore y profundice la labor desarrollada por los últimos gobiernos de coalición.   

Con esta iniciativa reclamamos también el carácter de cámara territorial del Senado, que en la actual realidad ecosocial adquiere una nueva dimensión política al dar un plus de poder electoral a las provincias vaciadas, las más castigadas por los incendios y la desertización asociadas al cambio climático. Aspiramos, por ello, a recoger las expresiones políticas ya existentes de la sociedad civil que apuestan por un nuevo equilibrio territorial del poder.   

Defendemos que la mayoría social y electoral de este país es demócrata, y que en este momento considera esencial anticiparse para impedir las regresiones legislativas marcadas por las pulsiones antisociales, xenófobas, machistas, racistas, autoritarias y excluyentes que impulsarían las derechas más reaccionarias nada más llegar al poder.   

En el Senado se eligen personas y los programas electorales tienen menos relevancia. Converger en torno a la defensa de la democracia no es tarea que se pueda circunscribir a los partidos políticos, pero es fundamental su generosidad para que fragüe una iniciativa en la que todos tenemos mucho que ganar, pues puede redundar en una mayoría en la Cámara Alta. Nuestra voluntad es empujar para que siga adelante y combatir cualquier actitud que la ignore o minimice.   

Somos plenamente conscientes de la diversidad territorial, social, ideológica y política existente en nuestro país. Por ello, debe ser en el ámbito descentralizado, de comunidades autónomas y provincias, donde se tengan que tomar las decisiones definitivas sobre esta iniciativa y las personas más adecuadas para representarla. 

Existen valores y objetivos compartidos que obligan a actuar conjuntamente, sin condicionamientos previos y con una clara perspectiva común de revertir la ola reaccionaria que nos asola. Ningún interés particular puede estar por encima de lo que como sociedad democrática necesitamos. Los matices y las diferencias no pueden desdeñarse ni ocultarse, pero no deben situarse por encima de los valores que todos decimos compartir. 

Llamamos a los colectivos sociales y territoriales existentes a que asuman esta iniciativa sin esperar al último momento preelectoral, y a que se coordinen con las fuerzas políticas locales para facilitar su éxito. Buscamos fortalecer una amplia confluencia de esfuerzos democráticos, sin ninguna perspectiva orgánica, en un momento trascendental para la democracia en España. 

Esta declaración no es ni pretende ser un llamamiento retórico a la unidad. Es una fórmula práctica para llamar a la participación social y empujar a la cooperación de las fuerzas progresistas con el objetivo de reforzar la calidad de nuestro sistema democrático. El objetivo final de la propuesta Senadoræs por la Democracia es ilusionar y activar a la ciudadanía para implicarla en las trascendentales decisiones democráticas que afectarán a su futuro y a la mejora de la vida de la mayoría. 

Todos los participantes en esta iniciativa y la mayoría democrática del país tendrían mucho que ganar con la concreción de esta propuesta.  

El Estrecho de Gibraltar 

La tragedia  

Es aterrador el odio, el miedo y la xenofobia que la extrema derecha internacional genera y propaga contra los migrantes. No podemos ignorar impunemente el sufrimiento y la desesperación de miles de seres humanos, pobres o perseguidos, que arriesgan todo en busca de un futuro mejor. 

Detrás de cada llegada, de cada salto a la valla o de cada rostro agotado, hay una historia de miedo, esperanza y supervivencia. Son vidas que han recorrido quizá miles de kilómetros, dejando atrás guerras, pobreza, persecuciones o, simplemente, la desesperación de no encontrar un futuro en su propia tierra. 

Muchos llegan exhaustos, heridos y confundidos, después de haber arriesgado sus vidas para alcanzar una oportunidad. Otros mueren ahogados en el mar sin llegar siquiera a la anhelada orilla, que se desvanece ante sus ojos esperanzados como un espejismo entre la bruma. 

Marruecos  

Marruecos ha ido adquiriendo durante las últimas décadas una posición particularmente fuerte dentro del sistema de alianzas occidental en África y el Mediterráneo. 

Su posición geográfica le permite funcionar como puente entre Europa, África occidental, el Atlántico y el Mediterráneo. A ello se añade su cooperación militar con Estados Unidos, sus relaciones con Israel y su creciente importancia económica en África. 

El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, pendiente de resolución por parte de Naciones Unidas, constituyó un salto cualitativo. La decisión unilateral del presidente USA fortaleció considerablemente la posición diplomática de Rabat y contribuyó a consolidar su posición como potencia regional. En paralelo, Marruecos ha reforzado sus vínculos militares con Estados Unidos, Israel y varias potencias europeas. 

Ceuta y Melilla 

Sería demasiado simple reducir la reivindicación marroquí a una mera maniobra de Mohamed VI, aunque también lo sea. Existe una cuestión nacional real y un sentimiento territorial ampliamente extendido en la sociedad marroquí. 

Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades disputadas. Son enclaves situados en una zona donde se cruzan varias estructuras de poder: la soberanía española, la frontera exterior de la Unión Europea, la política migratoria europea, la estrategia militar de la OTAN, la política magrebí de Estados Unidos y las aspiraciones regionales de Marruecos. 

La propia Unión Europea ha reafirmado que Ceuta y Melilla son territorio de la UE y forman parte de su frontera exterior. Al mismo tiempo, Bruselas ha mantenido la consideración de Marruecos como socio estratégico y ha procurado preservar la cooperación económica, migratoria y de seguridad con Rabat. 

La defensa de la frontera europea y la cooperación con el Estado marroquí no son necesariamente políticas incompatibles dentro de la lógica del capitalismo europeo. 

La UE necesita a Marruecos para controlar flujos migratorios, combatir determinadas formas de criminalidad transnacional, proteger intereses comerciales y proyectarse hacia África. Marruecos, por su parte, necesita el acceso al mercado europeo, las inversiones, la cooperación financiera y la legitimidad política que proporciona su relación con Bruselas. 

La Unión Europea 

Existe un elemento esencial que suele quedar oculto cuando el análisis se limita al enfrentamiento Madrid-Rabat: la Unión Europea tiene un interés estratégico propio en el Estrecho. 

La UE es una estructura supranacional mediante la cual las diferentes burguesías europeas articulan parcialmente sus intereses frente al mercado mundial. No constituye simplemente un instrumento estadounidense subordinado a la OTAN, aunque la dependencia militar europea respecto de Estados Unidos siga siendo, por ahora, inevitable. 

La Unión Europea necesita que el Estrecho permanezca abierto al comercio, que sus rutas energéticas estén aseguradas y que el Mediterráneo occidental permanezca relativamente estable. Necesita también controlar sus fronteras exteriores y evitar que Marruecos pueda convertir periódicamente los flujos migratorios en un mecanismo de presión política sobre un Estado miembro. 

Pero la UE necesita simultáneamente mantener una relación económica y política privilegiada con Marruecos. La estrategia europea, por tanto, no debería consistir en escoger entre España y Marruecos, sino en impedir que la relación entre ambos quede sometida a la lógica de una potencia exterior, es decir, de Estados Unidos. 

EEUU 

El interés de los USA no tiene por qué consistir en que Marruecos «conquiste» Ceuta y Melilla. Eso sería una afirmación demasiado simple. 

Su interés consiste más bien en preservar una correlación de fuerzas en el Mediterráneo occidental que garantice la circulación del capital, la superioridad militar estadounidense y la subordinación de los principales Estados de la región al sistema atlántico. Dentro de esa estrategia, un Marruecos fuerte le resulta sumamente útil. 

Mucho más útil, incluso, si puede aumentar su capacidad de presión sobre España sin llegar a una ruptura con ella. En otras palabras: Washington podría obtener ventajas del conflicto sin necesitar resolverlo a favor de Marruecos. 

Por eso resulta más adecuado hablar de una convergencia objetiva de intereses entre Washington y Rabat que de un supuesto plan estadounidense para entregar Ceuta y Melilla. 

Una estrategia europea 

España puede defender legítimamente su soberanía sobre las ciudades. Marruecos puede mantener sus reivindicaciones nacionales. Pero ninguna de estas posiciones existe en un vacío geopolítico. 

Por encima de la disputa territorial opera una estructura imperial en la que Estados Unidos conserva una posición dominante; debajo de ella operan los intereses de las burguesías españolas y marroquíes, las estrategias de sus respectivos Estados y las necesidades de reproducción del capitalismo regional. 

Pero la Unión Europea no debería aceptar que su posición estratégica quede determinada ni por Washington ni por Rabat. Su interés objetivo pasa por convertir el Estrecho en un espacio de seguridad y cooperación bajo control político europeo, garantizando la integridad territorial de sus Estados miembros, preservando la libertad de navegación y desarrollando una relación estable con Marruecos y el conjunto del Magreb. 

Esto exige superar simultáneamente dos posiciones igualmente adversas: el nacionalismo español, que reduce el problema a la defensa de una soberanía estatal, y el atlantismo, que acepta que sea Estados Unidos quien determine las prioridades estratégicas europeas. 

Una estrategia verdaderamente europea debería defender las fronteras de la Unión sin convertirlas en trincheras nacionalistas; cooperar con Marruecos sin aceptar relaciones de subordinación; y desarrollar autonomía estratégica sin reproducir dentro del Mediterráneo una nueva política imperial europea. 

El Estrecho seguirá siendo estratégico independientemente de quién ondee una bandera sobre Ceuta y Melilla. Y precisamente por eso, cualquier análisis debe distinguir entre la cuestión formal de la soberanía y la cuestión material del control de los flujos, las rutas, los puertos, las bases y las alianzas militares. 

El verdadero objetivo de una política europea no debería ser poseer cada enclave (Ceuta, Melilla, Gibraltar…). Debería consistir en garantizar que ninguna potencia exterior pueda utilizar el Estrecho contra los intereses europeos y que ningún Estado vecino pueda convertir las interdependencias económicas, migratorias o energéticas en instrumentos permanentes de coerción. 

Por tanto, la cuestión verdaderamente decisiva es: ¿quién dispone de los medios materiales necesarios para controlar el Estrecho? Porque detrás de la disputa por Ceuta y Melilla se encuentra una cuestión mucho más vital: la lucha por determinar quién tendrá la capacidad de organizar políticamente uno de los espacios estratégicos clave del capitalismo mundial: el Estrecho de Gibraltar. 

Manuel Ruiz Robles 

Capitán de Navío de la Armada (retirado), exmiembro de la UMD. 

Frente al abuso económico, contundencia del Estado . Frente a los desahucios abusivos, expropiación sin paliativos 

El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una indignación que ha llevado a muchos miles de personas a salir a las calles en Madrid y en otras ciudades. Podría haber ocurrido con alguno de los 24.540 lanzamientos practicados en 2025 o alguno de los 4.005 que se llevaron a cabo en el primer trimestre del presente año. 

Ha sido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quién ha convocado, pues ninguna otra organización u organizaciones se han puesto al frente de organizar una respuesta que diese voz a la ciudadanía, cuyo sentir se representó muy bien en la manifestación de Madrid en el cántico “No tenemos miedo, si tenemos rabia”. 

Esta contundente respuesta de participación, en una movilización que se ha gestado en muy poco tiempo, es la demostración de que la clase trabajadora si está por la labor de movilizarse, como viene ocurriendo cada año, por ejemplo, con las convocatorias del Espacio de Vecinas y Vecinos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Y digo clase trabajadora pues debemos ir dejando los eufemismos que el capital nos impone, en tanto que las familias de clase adinerada no tienen problemas para disfrutar de su derecho a una vivienda digna, incluso de varias, ni sus hijas e hijos tienen negado su derecho a la emancipación. 

Hay algunos elementos básicos para acercarnos a entender cómo y por qué se ha generado el drama humano de no tener asegurado un techo para vivir: 

La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3 €/m2 en julio de 2014 a 15,3€ m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%. 

Los inversores han huido de las inversiones financieras tradicionales, pues a nivel agregado, la media ponderada del total de los fondos de inversión en España, han registrado una rentabilidad entre el 25% y el 32% en los últimos 10 años, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). 

La filosofía sin ética del capitalismo les lleva a pretender incrementar sus beneficios cada año, sobre los récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del año anterior, por lo que igual que juegan con el precio de los carburantes o la energía, arruinando a millones de personas en el mundo, juegan con la inversión en la industria del armamento, provocando la muerte en guerras como la de Ucrania o alimentando el genocidio en Gaza, del mismo modo que animan la voracidad de los fondos buitre inmobiliarios que echan a las personar a la calle sin ningún miramiento, como le ocurre a Teresa, a quien la propiedad de su vivienda quiso subirle el alquiler de 400 a 1.500 euros, a principios de este pasado verano, y hoy, a sus 72 años, se ve viviendo tirada en un banco de un parque. 

Estas barbaridades sociales solo son posibles porque las leyes les amparan y una mayoría de jueces y fiscales protegen a los especuladores y sus agentes colaboradores, como cuando, en 2020, el Tribunal Supremo absolvió a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de 1.860 viviendas públicas a Fidere Gestión y Fidere Vivienda, pertenecientes a Blackstone. 

El poder legislativo tampoco ha cumplido con el mandato que mayoritariamente le dio el pueblo soberano, cuya soberanía parece durar las horas en las que los colegios electorales están abiertos al voto. 

En este país se expropió RUMASA, un emporio empresarial descomunal, pero en favor de la expropiación estaban los 7 grandes bancos en 1983, indemnizando a los propietarios con 1 peseta por acción; en 2017 se expropió el Banco Popular, aunque lo vistieron como una intervención bancaria, con una indemnización de 1 euro par acción. Todos los días se expropian inmuebles y terrenos, para favorecer el bien general, cuando una gran empresa hace inversiones… Sin embargo, parece que no es hacer el bien general expropiar a propietarios que acumulan grandes cantidades de inmuebles, sean estos socimis, fondos o particulares, cuando pretenden aplicar incrementos astronómicos a sus inquilinas e inquilinos, a sabiendas de que les es imposible poder pagar. 

El Estado tiene la obligación de cumplir con su papel de equilibrio, pero parece que pueden más los intereses de la minoría poderosa que se organiza en lobbies/grupos de presión. 

Las instituciones del Estado tienen responsabilidad en este drama social, pues han convertido muchos artículos de la Constitución en papel mojado, según los que convienen a la minoría privilegiada o los que protegen a la mayoría desfavorecida. Prueba de esto es que la lectura del artículo 47 de la Constitución de 1978 comienza producir sonrojo: 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 

El Gobierno, debería aprobar el Real Decreto-Ley sobre Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 29, y ahorrarnos un bochorno de bronca entre los socios de gobierno. De la misma manera que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados deben convalidarlo, de lo contrario, la ira que se expresaba en las manifestaciones del sábado 26, deberá canalizarse hacia quienes lo impidan. 

El Decreto tiene que salir adelante, pero el problema social es tan grave que no basta con una ley, va a hacer falta bastante valentía política para abordarlo y atajarlo. De momento, la movilización es la solución. 

Roberto Tornamira 

Militante del PSOE en Madrid 

Reunión con la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo 

El día 23 de septiembre, representantes de las asociaciones ADEPPU, ASTRADE, el Movimiento de Pensionistas de Madrid y de la Asociación Vecinal de Collado Villalba, se reunieron con la presidenta de la Comisión en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Toledo, Mercè Perea. 

El objeto de la reunión, a solicitud de las organizaciones, era el de trasladar la exigencia de eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, en carreras de cotización de 40 años o más. En este sentido, se valoró positivamente que el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el martes 22 de septiembre, aprobase por mayoría: con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH, PNV y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores con largas carreras de cotización -40 años o más-. 

Así mismo, se planteó la exigencia de eliminar la regla por la que, para acceder a una pensión contributiva, además de haber cotizado 15 años como mínimo, haya que tener 2 de entre los 15 años previos a la petición de jubilación. 

Y se exigió el blindaje del derecho a la pensión, mediante el traslado de lo los artículos 41 y 50 de la Constitución al Capítulo segundo, Sección 1ª “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas, hoy ubicados en el Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica”. 

A estas exigencias de modificaciones legales se añadió en la reunión la necesidad de cumplir con la Disposición adicional sexta de la ley 21/2021, por la que el Gobierno debería haber encargado una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, para el periodo 1967 – 2019 -un periodo de 53 años-. Además de ser un mandato legal que ya debería de haberse cumplido, es necesario restituir la deuda del Estado con la Caja de las Pensiones, pues según el informe del 2020, emitido por el Tribunal de Cuentas, el Estado era deudor de más de 103.690 millones de euros a la Seguridad Social, por haber efectuado pagos indebidos con dinero de las pensiones; cantidad correspondiente al periodo 1989 – 2013. La cantidad señalada por el Tribunal de Cuentas creció hasta los 140.000 millones de euros -en los últimos 30 años, es decir en el periodo 2003 – 2023- según explicó en la prensa económica el hoy Gobernador del Banco de España, el 21 de abril de 2023, siendo Ministro de Seguridad Social. 

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo se comprometió a trasladar las peticiones y a continuar con el diálogo con las organizaciones. 

Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista. 

Obituario Floren Dimas

Madrid, 16 de julio de 2026

Desde la Junta de la Asociación Civil Milicia y República y en nombre de todos/as los/as componentes de ACMYR, expresamos nuestro más sentido pésame por el repentino fallecimiento de nuestro compañero y Presidente de ACMYR (2022-2024) Floren Dimas Balsalobre, que dedicó gran parte de su vida a reivindicar la memoria de los luchadores antifascistas tras el Golpe de Estado fascista contra la legalidad del Gobierno de la II República española, que desembocó en una cruenta Guerra Civil a la que siguió una cruel represión franquista.

Floren Dimas, luchó por defender la justicia y reparación de las víctimas del franquismo y por la proclamación de la III República. Desde ACMYR, continuamos su legado de lucha..

Descanse en paz el compañero Floren.

La UCO no puede imputar delitos a los investigados

El protagonismo que ha alcanzado en los últimos meses en el escenario político y público la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la ya famosa UCO, se compadece mal con la función que tiene asignada de investigar la delincuencia y corrupción ramificadas en el territorio nacional. Misión que debe desarrollarse con discreción para que sea eficaz, y por la exigencia legal de respetar el derecho de los investigados a la presunción de inocencia. Requisitos básicos que la ciudadanía tiene la impresión de que se incumplen cuando, un día sí y otro también, las televisiones ofrecen imágenes de sus agentes entrando en despachos profesionales, empresas y sedes de partidos políticos, acompañadas de titulares periodísticos en los que se dice que la UCO acusa a tal o cual investigado de, por ejemplo, estar al frente de una organización criminal.

Acciones periodísticas deliberadas cuyo objetivo es implantar en las mentes de la ciudadanía la idea de culpabilidad de los investigados que se convierten, sin haber sido juzgados ni condenados, en reos de la condena mediática, de la ordalía que intencionadamente se desata contra ellos por un interés político espurio. En este panorama embarrado de la política nacional, la UCO no puede, ni debe, formar parte del juego, y menos convertirse en el eje axial del enfrentamiento político, papel en el que parece haber incurrido, según la percepción de buena parte de la ciudadanía que, con lícito derecho, se pregunta: ¿por qué la UCO se presta a ese juego si no es su papel ni su función?, ¿son sus mandos operativos los que determinan que la UCO sea participe del mismo?, ¿se dan cuenta, o no, de que por el camino se degrada a la unidad y a la Guardia Civil?

La UCO fue creada en 1987 y está sometida a un control doble, orgánico y operativo, con el objetivo de garantizar la independencia de sus investigaciones sobre la corrupción y la delincuencia. Orgánicamente la UCO depende de la Jefatura de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y, en última instancia, del Ministerio del Interior. Operativamente, la UCO actúa como policía judicial bajo la dirección estricta de jueces, tribunales o fiscales, por lo que no puede abrir investigaciones por iniciativa propia, sino con autorización judicial.

Así pues, la función de la UCO no es instruir sumarios judiciales, sino recoger pruebas sobre los investigados con las que redacta informes técnicos con datos recopilados en la investigación que entrega al juez que la encargó, en los que no puede, ni debe, imputar delitos a ningún investigado ni convertirlos en un remedo de sumario configurado con presunciones e inferencias—deducir algo y sacarlo como conclusión de otra cosa (RAE)— cogidas con alfileres que, en ningún caso, pueden tratarse como pruebas. Los informes técnicos que debe redactar la UCO, no deben tratar como elemento probatorio de la culpabilidad del investigado el mero hecho de que se haya reunido con tal o cual persona, sin saber de qué hablaron y su relación con la causa que se investiga.

Hasta hoy reunirse con una persona no es, en sí mismo, un delito, en todo caso podría ser un hecho sospechoso, pero la mera sospecha—imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios— es papel mojado si no puede confirmarse que esa reunión sirvió para articular o maquinar la comisión de un delito. Como tampoco es un delito tener apuntado en un cuaderno o agenda, nombres de distintos cargos públicos, sin saber ni tener confirmado el motivo ni la relación existente entre el propietario de la agenda y la persona a la que se refiere, o sin conocer con pruebas si esa reunión llegó a producirse y sin verificar de qué se habló en la misma.

Hechos que no deben servir para certificar la culpabilidad del investigado porque todos tenemos notas apuntadas de muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, algunas surgidas de deseos inconfesables y otras con ilusiones infantiles, pero eso no nos hace responsables ni culpables de un delito. Sin embargo, esas presuntas pruebas, esos indicios, de la posible comisión de un ilícito, son tomados como hechos indubitables de la culpabilidad del investigado por los medios y pseudomedios que, en lugar de informar con objetividad, hiperbolizan con grandes titulares la culpabilidad del investigado, al convertir meros indicios en hechos consumados.

La concomitancia de la condena mediática a partir de la difusión de los informes que la UCO elabora para determinados casos y jueces, y el hecho de que una vez levantado el secreto del sumario se constate que la instrucción judicial es un calco del informe policial, desprende un cierto olor a conchabeo entre algunos de los miembros de la UCO que han realizado el informe y el juez que lo ha solicitado, por un interés político. El epitome de esta relación tóxica fue el informe elaborado por once agentes de la UCO que sirvió al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, para sentar en el banquillo al Fiscal General. Informe que, sin pruebas fehacientes que demostraran su culpabilidad, sirvió al Tribunal para condenarle. Informes que degradan la Justicia como han señalado numerosos catedráticos de derecho penal y magistrados como el emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que recordó en una entrevista al medio digital Público el pasado mes de mayo: que los informes de la policía judicial no tienen más valor que el de una mera denuncia. 

También degrada la justicia la diferente velocidad con la que la UCO elabora sus informes, y la filtración de las próximas operaciones que van a realizar en determinados casos. Hechos que solo pueden obedecer a el interés político de poner en la picota mediática a los investigados que, incluso llegan a enterarse por los medios de comunicación que agentes de la UCO están registrando sus despachos en búsqueda de pruebas de su participación en un presunto ilícito. Ya no nos sorprende que las cámaras y los periodistas se apelotonen en los portales a la espera de que lleguen los agentes judiciales que van a hacer un registro o a recabar información—que tiene significados judiciales diferentes—, que con deliberación los pseudomedios confunden con un interés político. El registro requiere de la presencia física de los agentes, mientras que reclamar o recabar información se puede solicitar de manera telemática.

¿Por qué se filtran sus actuaciones en unos casos y en otros no? ¿Buscaba el juez Pedraz la condena mediática del PSOE, con el espectáculo circense de los agentes de la UCO entrando en su sede para solicitar información de las andanzas de Leire Díaz? Preguntas, dudas, interrogantes sobre las diferentes decisiones judiciales, según sea el color político de los investigados, que es lícito formular y criticar públicamente, por mucho que el Consejo General de Poder Judicial haga pública su protesta porque se critica la labor de los jueces. Este enfado permanente—tienen la piel muy fina—, es la demostración de que se consideran intocables: un coto de poder cerrado, que coadyuva a la degradación de la Justicia. En una democracia cualquier poder puede ser objeto de crítica al amparo del derecho a la libertad de expresión, que el CGPJ siempre olvida.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

Aportación de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a laConferencia contra la Guerra y el GenocidioLondres 19 de junio de 2026

La Conferencia y el Mitin, que reúne a más de 20 países en Londres, los días 19 y 20 de junio, significan un asidero para los millones de militantes políticos, sindicalistas y activistas que luchan contra la guerra: contra los más de 100 conflictos armados que hoy están activos en el mundo, y contra el genocidio que el Estado sionista de Israel viene cometiendo en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania.

No se puede hablar de democracia en las naciones del continente europeo o en cualquier otro país del planeta donde se mire para otro lado ante la guerra y el intento de exterminio de un pueblo. La democracia no es compatible con ser aliado de países genocidas.

La mayoría social en países como España está contra la guerra, así lo dice el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de marzo: el 70% de las y los españoles rechazan los ataques de EE.UU., e Israel contra Irán, y la cifra se eleva hasta el 77% para rechazar la guerra en general. Estamos convencidos de que la opinión del resto de países de Europa es similar. Por tanto, las encuestas ratifican que la guerra no es de los pueblos. Nos preguntamos ¿por qué los gobiernos desoyen a sus gobernados? La respuesta está en el verdadero motivo de las guerras, que, como en el caso de la guerra en Ucrania, obedece principalmente a la confrontación entre multinacionales y oligarcas de la energía, en su pugna por el mercado del suministro de gas y petróleo a Europa.

La guerra no es de los pueblos, pero la sufrimos los pueblos

Es la clase trabajadora la que pone los muertos, tanto si se trata de población civil, como los 75.000 civiles asesinados por Israel en Gaza desde octubre de 2023, las 120 niñas iraníes asesinadas por los USA en Minab o los centenares de soldados rusos y ucranianos que mueren en el frente cada día, desde hace ya más de cuatro años. Se cuentan por cientos de miles los jóvenes rusos y ucranianos perseguidos por negarse a ser carne de cañón en una guerra que les es ajena, o los jóvenes que se manifiestan en Alemania o Francia ante los intentos de imponerles servicios militares.

Son los pueblos los que sufren cuando se ven expulsados de sus casas y ciudades, como les ocurre a los cisjordanos que se ven acosados por los colonos sionistas, con la colaboración del ejército de Netanyahu, como los son los millones de exiliados y desplazados de Ucrania o las y los libaneses que huyen del asedio y la muerte en el sur de Líbano.

La guerra militar agrava y acelera la guerra económica que la clase dominante, minoritaria, lleva a cabo contra la clase trabajadora, mayoritaria. Es en los momentos de crisis y de guerras provocadas, cuando la especulación se ceba en los precios de los productos básicos: en el sexenio 2020 – 2025, en España, los alimentos han subido un 30,67%, alza de precios frente a la que los salarios han perdido un 14,61% de poder de compra y un 11,77% en el caso de las pensiones.

Parar la guerra y exigir la paz no es solo un deseo bienintencionado, es una necesidad imperiosa para la mayoría de la población mundial.

La delegación de ASTRADE que participará en la Conferencia y el Mitin de Londres, organizado por Stop the War, felicita a los organizadores por el acierto en la organización de estos eventos y animamos a dar continuidad organizada a la lucha contra la guerra bélica y la guerra social.

Carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la Junta Directiva de ASTRADE y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, vemos la necesidad de poner en marcha de manera inmediata esta iniciativa, en forma de carta abierta, para que sea suscrita por militantes del PSOE, socialistas no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas (a título individual)

Presidente:

Nos dirigimos a ti, en abierto, militantes socialistas afiliados y no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas, todas ellas y ellos a título individual, para compartir contigo una serie de consideraciones.

El 23 de julio se cumplirán tres años desde que las urnas dieron un resultado que legitimó al Gobierno actual. Sin embargo, esa legitimidad es cuestionada, antidemocráticamente, por la derecha de siempre de este país.

Los líderes del PP han lanzado consignas como “El que pueda hacer que haga” (Aznar), o más recientemente “Haré todo lo posible para acabar con el Gobierno, y todo es todo” (Feijóo). Son las consignas que han servido de ignición para desencadenar la secuencia: Denuncias en pseudomedios de comunicación-apertura de casos judiciales-actuaciones de policía y guardia Civil-utilización del poder legislativo, todo ello con el fin de derribar al Gobierno que presides.

Esta secuencia puesta en marcha por la derecha españolista no justifica el caso “Mascarillas”, en el que se ha hecho evidente que una cuadrilla de corruptos y puteros utilizaron el poder y los recursos del Estado para sus fechorías. Si bien no nos deja de llamar la atención el abultado número de años para José L. Ávalos y Koldo García, frente a la puesta en libertad -sin exigencia de devolución de lo sustraído- para Víctor Aldama, a quien, para más recochineo, se dice literalmente en la sentencia que el fallo, en su caso, es “un premio”.

Pocas cosas sorprenden ya de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la misma que sentenció sin pruebas al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García, e instauró la doctrina: “Si no has sido tú, habrá sido alguien de tu entorno.” Solo cabe reconocer que Ignacio Cosidó tenía razón cuando, siendo portavoz del PP en el Senado (noviembre de 2018), tranquilizaba a sus compadres de Partido aseverando que “la Sala 2ª del TS está controlada desde detrás”. Lo cierto es que percibimos que un importantísimo porcentaje de jueces, fiscales y magistrados están controlados por la derecha o militan para ella.

Otra consecuencia de la consigna lanzada por los líderes de la derecha españolista es la diferencia en la agilidad temporal en las actuaciones de organismos como la UCO o la UDEF y la instrucción judicial de según qué casos:

  • El caso “Pujol” comenzó a instruirse en 2014 y el juicio oral no comenzó hasta finales de 2025. Aun sin sentencia.
  • El caso Montoro ha estado siete años bajo secreto de sumario, y a fecha de hoy no está claro en qué ámbito judicial recaerá el proceso.
  • El caso abierto contra el ex Fiscal General del Estado se abrió en 2024 y en 2025 ya estaba juzgado y sentenciado.
  • El caso “Alberto Quirón” se inició con un fraude a la Hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021, pero no está previsto que se abra juicio hasta 2027, garantizando sus señorías que será tras las elecciones autonómicas en Madrid.

Podríamos citar más casos comparativos, en los que los ritmos y los tiempos se manejan según convenga ideológicamente. Unas veces para que el asunto prescriba, como el fraude fiscal atribuido a Juan Carlos de Borbón o pareciera que se espera a que el principal sujeto del caso haya cumplido tantos años que pueda alegar déficit cognitivo, como en el caso del fundador del Partido antecesor de Junts.

La última aberración judicial-policial a la que hemos asistido es al escarnio al que se está sometiendo al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al haberse filtrado sus conversaciones privadas: agendas, mensajes de whastsApp y Mail, aunque el contenido nada tenga nada que ver con la causa abierta. Un atentado a la privacidad, cuya única finalidad parece ser la destrucción personal y la provocación; mismos objetivos que buscan contra ti, al acosar judicialmente a tu compañera y a tu hermano.

A nuestro modo de ver, el problema parte de que en nuestro país nunca hubo un programa para erradicar la ideología franquista, al modo y manera que sí se llevó a cabo en Alemania tras la II Guerra Mundial. Un proceso que garantizase que los miembros del Movimiento Nacional no pudiesen mantener su influencia en las instituciones del Estado, la cultura o la política. Una prueba evidente de esto fue el tránsito de la gran mayoría de jueces y magistrados franquistas, incluyendo a los del Tribunal de Orden Público (TOP), a las instancias judiciales democráticas, destacando la Audiencia Nacional. Esto explica hechos como que decisiones judiciales dejasen escapar a Emilio Hellín, el asesino de la joven militante de izquierdas Yolanda González, asesinada a la edad de 19 años. O que torturadores policiales como González Pacheco, alisas “Billy el Niño”, continuasen siendo miembros de la policía nacional hasta 1982, quien murió en 2020 conservando su medalla al mérito policial.

El corporativismo ha conseguido que el nacionalismo españolista excluyente se conserve entre la mayoría de juezas, jueces y no pocos fiscales, por lo que el poder del Estado que tiene por función interpretar las leyes e impartir justicia interviene en política como un eslabón más de la secuencia antes mencionada.

Los herederos del franquismo llevan muchos años disfrazados de demócratas. No te perdonan que pusieses en marcha y sacases adelante la Ley de Amnistía, pues cuestiona su principio de “España Una, Grande y Libre”; solo que su concepto de libertad esta restringido a su minoría social.

No soportan que seas el presidente de la UE que no se pliega a los caprichos del déspota de la Casa Blanca.

No quieren consentir que des un solo paso hacia la democratización del acceso a la carrera de jueces y fiscales.

En definitiva, la democracia, por limitada que sea, les causa una reacción alérgica en cuanto atisban cualquier avance para la mayoría social.

Consideramos que:

  • Defender al actual Gobierno actual es defender que el Estado y su pluralidad de pueblos pueda seguir la senda de la democracia y la modernización.
  • El mejor antídoto contra la extrema derecha es satisfacer los derechos y aspiraciones de la mayoría:
  1. Presentando un plan urgente de construcción de vivienda pública y poniendo coto a al precio de los alquileres, acorde con las necesidades vitales de millones de jóvenes y no tan jóvenes.
  2. Combatiendo con contundencia la privatización de la Sanidad Pública, presentando de inmediato medidas legislativas y presupuestos extraordinarios y que tengan como destinataria única la Sanidad Pública, al objeto de dotar de personal sanitario y medios suficientes que, en un plazo corto, erradiquen las listas de espera hospitalaria y reduzca a no más de 72 horas en Atención Primaria, entre otros objetivos.
  3. Del mismo modo, se actúe en defensa de la Educación Pública en todos sus escalafones: 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria, Bachillerato, FP y universitaria.
  4. Asegurando la viabilidad de las pensiones públicas, encargando una Auditoría independiente, atendiendo a los estipulado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 21/2021.

Exigiendo y utilizando todos los resortes a disposición del Gobierno para que se aplique la Ley de Amnistía

No tenemos intención de dictar lo que el Gobierno debe hacer, pero estamos convencidos que es en esta línea de gobernar, atendiendo las reivindicaciones sentidas por la mayoría de la sociedad, como en las urnas podremos doblegar a la derecha reaccionaria, se presenten bajo la sigla que se presenten.


astrayde@gmail.com


Suscriben esta carta a título individual:

Roberto Tornamira Sánchez, Presidente de ASTRADE, Madrid; Miguel Sagüés Navarro, Secretario de ASTRADE. Madrid; Enrique Dargallo Guerra, Director de Tribuna Socialista. Madrid; Gloria Mora Ridruejo, Vicepresidenta de ASTRADE. Madrid; María Iglesias Domínguez, Militante del PSOE en Andalucía. Sevilla; Eduardo Hernández Oñate, Militante del PSOE y de UGT. Madrid; Iñaki Merino Montes, Sindicalista de la UGT. Bizkaia; Juanfer Díaz-Mayordomo Martínez, Sindicalista de la UGT. Madrid; Silvia Font Jurado, Afiliada a UGT y PSOE. Madrid; Rafael Arévalo Gimeno, Miembro de ASTRADE. Madrid; Manuel Ruiz Robles, Ex Capitán de Navío, Fue miembro de la UMD. Madrid; Juan José Fuentetaja Olmos, Profesor de Tecnología Educación Secundaria. Madrid; Eduardo Sabina Blasco, Militante de UGT e Izquierda Socialista PSOE. Madrid; Antonio «Toño» Villa Antoñana, Socialista no afiliado. Madrid; Baltasar Santos Fernández, 1er. Secretario de la Agrupación PSC. El Vendrell-Tarragona; Isabel Cerdá Martín, Colectivo Mujeres Republicanas. Madrid; Antón Saracibar Sautúa, Ex Secretario de Organización de la UGT. Madrid; Fernando Plaza Ruíz, Movimiento Ético Social (MÉS). Madrid; Leonor Mogio Gabardino, Presidenta ADEPPU. Madrid; José Manuel Álvarez Morales, Militante del PSOE. Madrid; Dunya El-Sahoud Pérez, Ciudadana progresista. Barcelona; José Luis Pedreira Massa, Agrupación Socialista de Villa de Vallecas (Madrid). Palencia; Juan Manuel López-Nadal, Movimiento SUMAR. Mallorca; Ángel Viviente Core,Activista sin adscripción. Madrid; Maráa Reyes Caballero Martínez, Ciudadana progresista. Alicante; Ángel Alonso Calvo, Militante PSOE. Agrupación Socialista de Arganzuela. Madrid; María Barrón Cordero, Ciudadana progresista. Sevilla; Antonio López Gómez,Militante del PSOE. Madrid; Mar Díez Montero, Afiliada UGT. Madrid; Eduardo Rodríguez Núñez, Afiliado a CCOO. Madrid; Marisa Cuesta Arandilla, Afiliada PSE-EE y a CCOO. Profesora jubilada. Álava; Pedro Gómez Lozano. Ciudadano pensionista. La Rioja; Adoración Cañibano Hidalgo, Afiliada PSOE. Agrupación Usera. Madrid; Cristina Pereda Postigo, Exdiputada Regional PSOE Cantabria. Santander; Teodoro Piñuela Pérez, Secretario General del PSOE en Parcuellos del Jarama. Madrid; María Luz Galera Quereda, Militante del PSOE en Murcia; Antonia Graells Ferrer, Militante del PSOE en la Agrupación de Alicante; Juana Serna Masiá, PSOE local y Círculo Progresista de Alicante; Carmen Gris Llaurado, Socialista no afiliada. Barcelona; Jesús Pérez Martínez, Miembro de la CEC de UGT (de 1995 a 2009). Madrid; Antonio Cutillas Herrero, Militante socialista del PSOE en la Agrupación Alicante; Felisa Díez de la Rosa, Militante del PSOE en la Agrupación de Moncloa. Madrid; José Miguel Villa Antoñana, Sº de política municipal PSOE Villalba. Militante de UGT. Madrid; Mercedes Bedmar Pérez, Militante del PSOE en la Agrupación de Latina. Madrid; Yago de Ron Fernández-Mosquera, Militante PSOE-Arteixo. A Coruña; Iñaki Malda Fuentes, Militante del PSOE y la UGT. Asturias; Nieves Arroyo Pecino, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Ángeles Higueras Carpio, Militante del PSC-PSOE. Barcelona; María del Carmen Alonso Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Susana Alberdi González, Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Miguel González Miranda, Militante PSOE. Agrupación Avilés. Asturias; Tomas López Arias, Militante PSOE en la Agrupación Socialista de Latina. Madrid; Pedro García Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Isabel Mora García, Sª de Organización del PSOE-Brunete y afiliada de UGT. Madrid; Julián Ordóñez Ropero, Militante PSOE y afiliado a UGT. Madrid; Francisca Fontalba Barba, Militante PSOE Puente Vallecas. Madrid; Francisco Arenas Murillo, Ex Secretario General Comarca Norte de UGT. Madrid; Luis Manuel Lobera García, Militante PSOE Gijón. Asturias; David Astorga González. Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Magdalena Antuña Camblor, Militante PSOE Gijón. Asturias; Ana María Begoña Sariego Martínez, Militante de la Agrupación Socialista de Gijón. Asturias; Fernando Prendes Fernández-Heres, Militante de la Agrupación Socialista de Avilés. Asturias; Francisco García Jiménez, Pensionista. Ciudad Real; María Mercedes Huertas Aguilera, Activista progresista. Madrid; M. Gimena Camino Alcón, Militante de UGT. Madrid; José Antonio Fernández Guerras, Militantes de CCOO. Madrid; Elia Borbolla Díaz, Militante PSOE y UGT. Asturias; Olga Bravo Losada, Militante PSOE y UGT. Madrid; Miguel-Ángel Zamarrón Moreno PSOE y UGT. Madrid

El PP de Feijoo, es tóxico para la democracia

Defraudar las expectativas con las que se llega a una posición de poder, a la dirección del principal partido de la derecha, el PP, es un continuo, es la vitola que viene caracterizando la ejecutoria política de Alberto N. Feijoo. Al cumplir cuatro años al frente del partido, la hoja de servicios del hombre que vino de Galicia con el mensaje de moderación para hacer una oposición racional y dialogante no solo se ha diluido como un azucarillo en el café, sino que ha mutado en beligerancia y frentismo que convierte al oponente en enemigo al que hay que batir, sin importar que por el camino se degraden las instituciones y, con ello, la democracia.

Feijoo viene demostrando desde que llegó a la sede de Génova que no le importa nada, ni ocho ni ochenta como decía mi abuela, más que cazar la pieza: el usurpador que habita en la Moncloa, el que le arrebató el poder, Pedro Sánchez, que de este modo convierte en una obsesión que nubla su capacidad de pensamiento y le sitúa en la realidad paralela en la que vive. Cerrazón mental obsesiva que trasmuta la acción política en mera táctica que se mueve al albur de cualquier acontecimiento que pueda utilizar y retorcer con la mentira para atacar al enemigo, que para fructificar necesita de una corte pretoriana que comulgue y diga amén a sus erráticas propuestas, con el efecto de convertir al PP en una formación política que no mira por las necesidades de la ciudadanía, centrada en conseguir el poder como sea: a costa de lo que sea.

Por eso, su PP carece de proyecto y estrategia política para el medio y largo plazo que aporte soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que se mueve por mero tacticismo a golpe de falsedades configuradas con titulares de periódicos y medios digitales afines, para elaborar un discurso puntual que le sirva para atacar al Gobierno a partir de un hecho circunstancial, por nimio que sea, que eleva de categoría hiperbolizando lo sucedido que le permite lanzar las muletillas siempre presentes en sus discursos: éste Gobierno genera caos porque no sabe gestionar los problemas, está inundado de corrupción y usa las instituciones en su propio beneficio.

Deslegitimar al Gobierno es el mensaje axial que permea toda la táctica que emplea Feijoo en sus intervenciones desde el inicio de la legislatura: usted es un presidente ilegitimo. Afirmación que levantó la veda para utilizar todo tipo de discursos disruptivos y faltones, mentirosos y falaces, para acabar con Pedro Sánchez convertido en un desalmado al que hay que disparar a toda hora y con lo que sea. Táctica que anuló, que mató, cualquier tipo de negociación e inauguro la polarización en el escenario político español.

En su obsesiva torpeza, Feijoo no cayó en la cuenta —o a lo mejor sí y nos tiene a todos engañados— de qué al deslegitimar la capacidad del Gobierno progresista para gobernar, deslegitima la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado, tal y como figura en la Constitución, donde se establece que gobierna el grupo político que obtiene el apoyo parlamentario mayoritario. Esta incapacidad para comprender, para aceptar las reglas del juego, por la razón egoísta de que no me conviene, degrada el sistema democrático— bien sea por acción deliberada o desconocimiento— que convierte al PP de Feijoo en un partido tóxico para la democracia.

Desde este punto, y en lugar de reflexionar sobre el porqué de la incapacidad de su PP para articular apoyos parlamentarios para alcanzar la mayoría, lo que le llevaría a tener que aceptar la diversidad de la sociedad española articulada en un Estado Autonómico, cuasi federal; Feijoo y sus secuaces, se empeñan en mantener una visión frentista con respecto a algunos territorios con una fuerte carga nacionalista y una cultura propia definida, que choca con su modelo uniformador y homogéneo de lo que es y debe ser España. Es este poso autoritario, franquista, que anida en el sector de la derecha más rancia y tridentina, el que opera en la mente de Feijoo y le impide situarse en el tiempo histórico en el que estamos, que reclama una derecha racional acorde con los parámetros de la derecha moderada europea capaz de llegar a acuerdos con la izquierda socialdemócrata que España necesita como el comer, para acabar de una vez con el frentismo y la polarización de la política nacional.

Quizá sea pedirle peras al olmo, ante la indignidad que supone acusar de ilegítimo al Gobierno, y por tanto de inconstitucional, por parte de una formación política que durante cinco años se nego a cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. Formación que mantiene y utiliza un brazo judicial afín para acosar judicialmente al Gobierno, el Presidente y parte de su familia, a partir de denuncias sin pruebas fundamentadas en titulares de medios, financiados con dinero público de Ayuntamientos y CCAA gobernados por la derecha. Partido que rechaza la reforma del vetusto sistema judicial español, para mantener el reducto de poder de determinados jueces que les ayudan a opacar en la instrucción de sumarios, los desmanes y corruptelas de dirigentes del partido para que se vayan de rositas personajes como M. Rajoy o Cospedal.

PP de Feijoo que olvida, porque le beneficia, que el Fiscal General del Estado siempre es elegido por el Gobierno de turno, como los eligió Aznar y Rajoy cuando gobernaron, y no una usurpación de los poderes del Estado de la que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez. Que hace más mal que bien a la democracia y a la ciudadanía cuando utiliza el mantra del sanchismo, para criticar las reformas sociales aprobadas por el gobierno que mejoran la vida de las clases medias y trabajadoras, para ocultar su voto en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, o su no a apoyar la declaración de zonas tensionadasen los barrios de las ciudades donde han subido tanto los precios del alquiler de vivienda, que obliga muchas personas a, en el mejor de los casos, compartir piso como sucedía en los años cincuenta del siglo pasado.

Y ya el sumun es la incapacidad del PP de Feijoo para presentar un proyecto de futuro a la ciudadanía que no sea el mantra de bajar impuestos, mientras pide de continuo al Gobierno progresista aumentar la inversión en cualquier sector económico o social donde surge un problema, o le acusa de no invertir lo suficiente; por ejemplo, aprovechando indignamente la tragedia de la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. Feijoo utiliza sin tiento todo para atacar al Gobierno, pero oculta sus errores que no reconoce nunca, y ampara a los miembros del partido inmersos en procesos judiciales por malversación o abusos sobre la mujer.

La estrategia de estar al ataque de manera permanente, con y por lo que sea, no solo emponzoña el ambiente político que se hace irrespirable para sus propios protagonistas, sino que aburre a la ciudadanía que huye de los conflictos forzados e inventados, que dejan libre el espacio conservador a Vox. Éste es el actual PP, convertido por Feijoo en tóxico para la democracia española.

Vicente Mateos Sainz de Medrano

Periodista y profesor universitario. Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

EL IMPERIALISMO, LA GUERRA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Cómo el imperialismo disfraza el genocidio de «Derecho Internacional»

Israel ataca posiciones de la ONU en Líbano

El derecho internacional se confirma como un compromiso de la humanidad, para evitar que el mundo volviera a desangrarse, tras dos guerras mundiales: la Primera 1914-1918 y la Segunda 1939-1945. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, ahora incluso muy agravado, no ha habido ni un día de paz, ni un día sin guerras, en el mundo.

Se nos vende la idea de que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los árbitros imparciales de la paz mundial, guardianes de la soberanía de los pueblos y defensores de los derechos humanos. La realidad nos demuestra todo lo contrario: las instituciones internacionales, en manos de las potencias imperialistas, no son un escudo para los débiles, sino un arma arrojadiza contra ellos, para que grandes multinacionales capitalistas sigan enriqueciéndose con una presunta legitimidad que disfrazan de derecho internacional. Es el ropaje jurídico con el que se disfrazan invasiones, matanzas y auténticos genocidios.

La gran paradoja del orden mundial contemporáneo es que, quienes se autoproclaman defensores de la legalidad internacional, son, precisamente, quienes la vulneran. El diseño de las instituciones internacionales está viciado desde su origen. No estamos ante un foro democrático de naciones iguales, sino ante una estructura oligárquica controlada por los Estados imperialistas. El Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano con capacidad para autorizar el uso de la fuerza, está secuestrado por el derecho al veto de cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que son las que desarrollan un imperialismo más brutal.

Este derecho al veto no es más que la legalización de la impunidad. Si un aliado de estas potencias, o alguna de las mismas, cometen una atrocidad decidiendo asfixiar o invadir a un país soberano, el veto paraliza cualquier acción, la institución no tiene instrumentos ni argumentos para oponerse y se consuma la impunidad, porque el veto está normativizado y vigente en la Institución.

Es el caso, entre otros muchos, de Venezuela, atacada por EEUU y secuestrando a su presidente, el caso del Estado sionista de Israel, que invaden Palestina y Líbano, ejecutando a miles de personas, en un auténtico genocidio y una limpieza étnica, con apropiación del territorio de estados soberanos. Es el caso del ataque e invasión de Rusia a Ucrania, y más recientemente, el ataque de EEUU a Irán, pretendiendo, además, ignorando el derecho internacional, cometiendo atrocidades, violaciones de los derechos humanos impunemente, quebrando el derecho internacional, al que apelan cuando les conviene.

Así, la ONU, deja de ser un instrumento de paz y garantía del respeto global de los derechos humanos y se convierte en una herramienta geopolítica que los imperios utilizan según sus conveniencias, invocando resoluciones del derecho internacional cuando les interesa y cuando no, pisoteándolas con toda impunidad. La Corte Penal Internacional, tampoco funciona, con la complicidad de muchos países de Europa y otros lugares del mundo, que cuidan intereses propios y que no tienen el menor interés en que se procese a ninguno de los altos representantes de tales Estados imperialistas, que pisotean el derecho internacional y de todo sentido humanitario.

Insistimos en la constante agresión contra la soberanía en América Latina, bajo una cínica apelación a la «democracia» y la «asistencia humanitaria» -conceptos retorcidos hasta la náusea-. Estados Unidos ha justificado intervenciones, bloqueos criminales e incluso operaciones de desestabilización flagrantes, como los intentos de intervención armada y el secuestro fáctico de la soberanía en Venezuela, los 67 años bloqueando a Cuba, o persiguiendo, deteniendo o eliminando físicamente a los líderes que no se someten a sus dictados, bajo acusaciones fabricadas en Washington.

Para los imperialistas, el derecho internacional se resume en un mandamiento simple: lo que beneficia a sus intereses energéticos y geopolíticos es legal; lo que los impide o desafía, debe ser destruido.

Sin embargo, el caso más sangriento y prolongado de cómo se manipula la legalidad internacional para cometer un genocidio, lo encontramos en Oriente Medio. La tragedia de Palestina es la crónica de un abuso histórico legalizado y ampliado en el tiempo.

En 1947, la ONU dictó la Resolución 181, que pretendía repartir el territorio palestino para crear dos Estados, otorgando de manera desproporcionada más tierra y de mejor calidad a la minoría judía, en detrimento de la población autóctona palestina.

Lo flagrante de la historia es que el liderazgo sionista, a pesar de usar esa resolución como el certificado de nacimiento formal de su Estado, no la respetaron nunca, y dio lugar en 1948, a la invasión de Palestina por las tropas sionistas, con apoyo militar y logístico por parte del UK.

Rechazada la división, por injusta, por los palestinos y utilizada de forma oportunista por los sionistas, estos últimos iniciaron de inmediato-1948- una campaña militar de expansión y limpieza étnica. Hoy, décadas después, Israel sigue apropiándose por la fuerza no solo de Palestina, sino extendiéndose e invadiendo el Líbano. Todo esto bajo una interpretación retorcida del supuesto derecho a la «legítima defensa”, un concepto que el imperialismo occidental acepta y financia con miles de millones en armas, mientras califica de terrorismo cualquier intento de resistencia del pueblo ocupado.

Asistimos en pleno siglo XXI a auténticos genocidios retransmitidos, incluso, en directo, donde escuelas, hospitales y campos de refugiados son borrados del mapa bajo el pretexto de «objetivos militares legítimos». Es la denigración absoluta del derecho internacional humanitario. Las potencias occidentales miran hacia otro lado o emiten tibias declaraciones de preocupación, mientras siguen vendiendo armas y enviando misiles a los genocidas sionistas, que ejecutan la matanza. La legalidad internacional se convierte así, en una macabra farsa: se aplica con rigidez implacable contra los países del Sur global que no se someten al imperio, pero es invisible cuando los perpetradores son los imperialistas habituales y sus aliados protegidos.

Reclamar, como hace Pedro Sánchez, el respeto al derecho internacional, aunque hay que valorarlo como un enfrentamiento a la impunidad que representa la invasión de Irán o el genocidio en Gaza, no puede ocultar la aceptación de un sistema que, en los hechos, niega la soberanía de los pueblos, y beneficia a los Estados y a los poderosos, que en cada momento histórico, se imponen sobre países y poblaciones.

Podemos decir claramente que el derecho internacional ha muerto y lo que siguen llamando tal, no busca la justicia, sólo busca la estabilidad de los estados poderosos, es una estructura que santifica el statu quo colonial e imperialista.

Cuando las potencias hablan de un «orden internacional basado en reglas», no se refieren al derecho internacional de la Carta de la ONU, sino que se refieren a sus propias reglas, a las normas impuestas por Washington, Bruselas, Tel Aviv o Moscú.

No podemos seguir tolerando esta situación. Desenmascarar el uso hipócrita del derecho, es el primer paso para construir una verdadera justicia global. Mientras las instituciones sigan en manos de quienes provocan las guerras, el derecho internacional no será más que la tinta con la que los imperialistas firman las sentencias de muerte de los pueblos sometidos.

Es hora de decir basta a la normalización del horror y del genocidio y clamar muy alto NO A LA GUERRAS, SÍ A LA PAZ.

Es por este llamamiento del NO A LA GUERRA, por el que los días 19 y 20 de junio, se celebrarán en Londres, impulsado en España, entre otros, por el COMITÉ PARA LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS-CATP- una conferencia-día 19 y un mitin-día 20- al que asistirán miles de trabajadores y sindicalistas de todo el mundo, habiendo confirmado su asistencia representaciones de 27 países. Vamos a debatir nuestra oposición y cómo vamos a parar la guerra, cómo vamos a organizarnos, a luchar y a movilizarnos de forma global y masiva en todo el mundo, pero especialmente en el mundo occidental.

La clase obrera internacional, los trabajadores y pueblos de todo el mundo, están hartos de poner siempre los muertos en las guerras de los imperialistas (vuestras guerras, nuestros muertos) y claman fuerte NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ.

Miguel