Millones de estadounidenses empiezan a padecer las repercusiones de las políticas de Trump. El mayor ataque contra la clase trabajadora: •Aumento de los precios de bienes de primera necesidad: La aplicación de aranceles resultará en un aumento inmediato de los precios. Según Reuters, un 73 % de los estadounidenses anticipan un incremento en los precios de artículos esenciales. •Riesgo para las pensiones: Los fondos de pensiones han perdido mucho dinero de sus fondos, como consecuencia del colapso de las bolsas. •Servicios públicos: Los empleados federales enfrentan la amenaza del despido. Han perdido el derecho al teletrabajo y su capacidad de negociación colectiva está en riesgo. •Inmigración: El sector de la clase trabajadora más afectado por las políticas de Trump son los inmigrantes. Expulsiones rbitrarias, multas a los inmigrantes que no se marchen tras una orden de expulsión, cancelación de solicitudes para entrar en el país. Criminalización de la inmigración y deportaciones a cárceles de El Salvador.
•Aumento del gasto en el presupuesto militar: En detrimento de los derechos civiles y los derechos sociales.
Más de 1 millón de estadounidenses se manifestaron a prinicipios de abril en 1400 ciudades de todo el país bajo el lema «Hands off», (Aparta tus garras…de nuestros derechos y libertades». Un lema que refleja la oposición frontal a toda la agenda de Trump. La política arancelaria, el desmantelamiento de los servicios públicos, la militarización o la ampliación del poder presidencial son objeto de las protestas. Concretamente, algunas de las demandas de los organizadores fueron;
•“El fin del control multimillonario y la corrupción desenfrenada de la Administración de Trump. •El cese de los recortes en fondos federales para Medicaid, la Seguridad Social y otros programas de los que dependen los trabajadores. •La finalización de los ataques a inmigrantes, personas trans y otras comunidades.
“Ya sea que te movilices por los ataques a nuestra democracia, la reducción de empleos, la invasión de la privacidad o el asalto a nuestros servicios —este momento es para ti”
“Estamos buscando construir un rechazo masivo, visible y nacional ante esta crisis”.
También Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fueron objeto de las proclamas de los manifestantes:
«No queremos reyes» «No al fascismo» «Apoyo a los trabajadores federales»
Parece que estas movilizaciones han despertado al fin a algunos demócratas: El octogenario Bernie Sanders y la líder antitrumpista, Alexandria Ocasio-Cortez, están organizando eventos para organizar una oposición en torno al lema “Combatir la oligarquía”, También, y es un hecho muy importante, las principales organizaciones sindicales se unieron a la convocatoria de manifestación por el rechazo a Trump y a sus políticas antiobreras. Hay que recordar que en Estados Unidos existe una clase trabajadora organizada de casi 15 millones de personas que están afiliadas a sindicatos y que defiende sus logros sociales enfrentándose al capital y a los gobiernos. Actualmente, se enfrenta a los ataques del gobierno de Trump y busca establecer su propia alternativa política. Mientras tanto, los propios republicanos empiezan a dudar, ya que ven como las políticas anti migratorias encarecen la mano de obra y las políticas arancelarias encarecen las importaciones de materias primas y componentes para la industria. Atentos a lo que puede llegar! La clase obrera americana se organiza.
He leído atentamente el artículo titulado «El Gobierno tiene las manos manchadas de sangre» en la sección de Tribuna abierta (sección donde se publican artículos que no tienen porqué coincidir con la posición de algunos de los miembros del comité de redacción). Sin querer erigirme en portavoz de la postura oficial del gobierno ni del partido en el que milito (PSC), no puedo dejar de expresar mi opinión sobre el desafortunado título, que en aras a la democracia y diversidad de pareceres, publicamos en esta revista mensual. Mi crítica al artículo va más allá del título, que por sí solo ya merecería réplica, puesto que conozco a algunos de las personas que gobiernan en nuestro país, y piensan exactamente igual que yo: no se tiene que comerciar con Israel, y el genocidio del pueblo palestino es intolerable. No solo triste, atroz e inaceptable, sino también criminal. Dicho esto, el artículo parece tener más que ver con cargar contra el gobierno de España que buscar alianzas y apoyos para acabar con el genocidio, defender al pueblo palestino o llevar a los sionistas frente a la justicia.
Para empezar, no leo ninguna crítica al perverso sistema económico capitalista, en aras del cual, los capitales se concentran en fondos de inversión que buscan su rentabilidad en la venta de armas o el narcotráfico. Es el verdadero cáncer. Un capital financiero que busca maximizar el beneficio importando un bledo cómo ni porqué. Es el capitalismo el que produce guerras y financia a genocidas. Delante de este capital financiero está la gran banca internacional, incluída la española (BBVA, Santander o Caixabank) han financiado y financian la indústria de la guerra, y también a las empresas armamentísticas de Israel. No me extenderé.
Pueden leer el artículo publicado por Oscar F, Civieta en el diario digital «La Marea» que encontrarán en este enlace. Estoy de acuerdo con Añys Samson en que hay que poner fin al comercio de armas con Israe. Incluso, si me apuras, creo que hay que poner fin al comercio de armas, no solo con Israel. También estoy de acuerdo que ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania no se puede ser neutral y me sumo a la exigencia de máxima proactividad española e internacional para evitar que el gobierno sionista de Israel se financie o reciba armamento o tecnología que pueda ser utilizado para masacrar al pueblo palestino o cualquiera otro. Mi máximo respeto a la campaña «Fin al Comercio de Armas Con Israel», liderada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), e integrada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil. Y mi máximo apoyo para romper relaciones comerciales con Israel, de la que casi soy cómplice.
Les contaré una terrible anécdota: como concejal de contratación pública del ayuntamiento donde tengo el honor de estar, me toca presidir las mesas de contratación. Para todo aquella persona profana en la materia, los contratos públicos de la administración se someten a la Ley de contratos del sector público. Esta Ley establece el procedimiento a seguir para contratar un servicio de suministro, de obras, de bienes o servicios. Pues bien, recientemente teníamos una licitación para el suministro de material de protección (chalecos) para la policia local. Mi sorpresa fue cuando descubrí que una de las empresas que concursaba era israelí. Con la ley en la mano, me fue imposible evitar dicho concurso. ¿se imaginan que hubiera ganado esta empresa israelí? ¿tendría yo las manos manchadas con la sangre del pueblo palestino?. Afortunadamente, esta empresa no ganó, pero eso me hace pensar que debemos instar a un cambio de normativa en la ley para evitar que empresas de países cuyo gobierno está vulnerando los derechos humanos pueda concursar y hacerse con servicios de suministro en España.
No tengo los datos suficientes, para saber si esto mismo es lo que ha pasado con la contratación de las balas del ministerio de interior, pero apoyo plenamente al gobierno de Pedró Sánchez en la ruptura del contrato, igual que apoyo a Pedro Sánchez en las condenas públicas a los ataques israelís en la franja de Gaza, o cuando reconoció el estado palestino (que ahora por cierto, se propone Francia). Y coincido con que se debe hacer más: decretar un embargo de armas, promover el reconocimiento internacional del Estado Palestino, promover alianzas para parar el genocidio y llevar a Netanyahu a los tribunales, promover soluciones para la convivencia del pueblo palestino y el pueblo israelí. Pero para todo ello, no podemos equivocar el foco. Hay que acabar con esos fondos de inversión, refugio del capital para financiar la destrucción y la muerte como negocio. ¡Socialismo o barbarie!. Pues mientras en el mundo crecen las oligarquías y la extrema derecha, lo que tenemos es barbarie. España está en el lado correcto de la historia, con el pueblo palestino, y creo no se deben cometer más errores y que debemos buscar unidad entre quienes tenemos el mismo objetivo sin pegarnos un tiro en el pie, buscando enemigos en los aliados de clase. Por ello, no, el gobierno no tiene las manos manchadas de sangre, y mi apoyo al gobierno para acabar con el apoyo internacional a Israel.
“Triste, atroz e inaceptable” es que el Gobierno aún tenga relaciones militares con Israel
El pasado 20 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) donde compartía un artículo de El País sobre la ruptura del alto al fuego y el asesinato, en un solo día, de 400 personas palestinas por parte de Israel. El Presidente añadía: “Triste. Atroz. Inaceptable.”
Al poco, la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Francesca Albanese le respondió: “Es un genocidio, Presidente. Atroz, triste, inaceptable y CRIMINAL. Por eso debe detenerse, llevarse ante la justicia y castigarse.”
Además ese día salieron a la luz unos datos deleznables. Según el portal oficial DataComex, en el mes de enero de 2025 España exportó a Israel material de defensa por valor de 22.730 euros, concretamente en partes y accesorios militares. En el mismo mes, el Gobierno importó desde Israel armamento por un valor de 2.150.000 euros, de la categoría de bombas, granadas y proyectiles. Estos datos desmienten el relato oficial y demuestran que, lejos de suspenderse, las relaciones bilaterales en materia militar siguen plenamente activas en plena ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.
Lo que es “Triste, atroz e inaceptable” es que el gobierno aún tenga relaciones militares con Israel. Porque mientras Sánchez tuitea sobre el asesinato de personas palestinas, España sigue vendiendo, comprando y permitiendo el tránsito de armamento con destino a Israel. Y lo hace mintiendo a la población.
Las contradicciones del gobierno: decir una cosa y hacer otra
Según datos recogidos por Centre Delàs, en los últimos años España ha formalizado acuerdos con empresas israelíes por más de 1.000 millones de euros, destinados a adquirir tecnología militar utilizada en territorio palestino.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en el pleno del Congreso de los Diputados, el 5 de diciembre de 2023, que desde el 7 de octubre “no se habían producido operaciones de exportación de armas españolas a Israel”. Fue la primera vez que lo dijo, pero han sido múltiples las veces desde entonces que representantes del gobierno han declarado no tener relaciones militares con Israel desde el 7 de octubre. Mienten.
España nunca ha dejado de comprar armamento a Israel, ni de permitir el tránsito de armas en su territorio, ni siquiera después del anuncio gubernamental de suspensión tras el 7 de octubre. Las cifras recogidas en registros oficiales demuestran que las importaciones desde Israel continúan activas y que numerosos buques sospechosos de transportar material militar han hecho escala en puertos españoles o han cruzado nuestro espacio marítimo. El comercio y la colaboración militar con Israel no se han detenido en ningún momento, pese a las declaraciones del Gobierno.
El ejemplo más reciente de esta participación en el tránsito de armas hacia Israel es el del buque Nexoe Maersk, que pasó por los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras los días 14, 16 y 23 de abril, respectivamente (las movilizaciones populares y de trabajadores han retrasado su calendario inicial). Su objetivo es encontrarse en el puerto de Tánger con el Maersk Detroit —buque vinculado al programa militar estadounidense Maritime Security Program—, donde tiene previsto cargar componentes de aviones de combate F-35. Estos serán recogidos por el Nexoe Maersk, con destino final en la base aérea israelí de Nevatim. Aunque el puerto de Haifa figura como destino final, esta escala no aparece en el itinerario público del buque, en una práctica habitual de ocultamiento y opacidad por parte de Maersk, que ha llegado a apagar sus sistemas de identificación automática (AIS) y a ocultar al menos cuatro visitas previas a Israel durante 2024. Tanto el Gobierno español como el sistema judicial han rechazado las peticiones de inspección y retención del buque, alimentando así la cadena de complicidad con el genocidio.
Mientras el Gobierno proclama su solidaridad con el pueblo palestino, buques cargados con armas han seguido haciendo escala en puertos españoles o cruzando el espacio aéreo bajo control del Estado. En marzo de 2024, tras la presión popular ejercida por la sociedad civil organizada, se denegó el atraque en Cartagena al barco Marianne Danica, que transportaba armas con destino a Israel. Tras esta decisión, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró: “Es la primera vez que lo hacemos, porque es la primera vez que detectamos un barco que lleva un cargamento de armas a Israel y que quiere hacer escala en un puerto español. Les adelanto que esta va a ser una política consistente con cualquier barco que lleve armas (…) a Israel y quiera hacer escala en puertos españoles. Desde el Ministerio de Exteriores rechazaremos sistemáticamente esas escalas por un motivo que es evidente: Oriente Medio no necesita más armas, necesita más paz”. En noviembre de 2024 se denegó el atraco a dos barcos más.
Pero esta decisión —tardía y motivada por la presión de la sociedad civil— no oculta la realidad: el Marianne Danica, Borkum, Overseas Santorini (a estos dos segundos no se les denegó atraco pero los barcos no pararon gracias a la presión popular), Maersk Denver y el buque Maersk Seletar son solo la punta del iceberg. La mayoría de los buques con cargamento militar rumbo a Israel no han sido detectados o simplemente han pasado sin restricciones. Como afirma el investigador Alejandro Pozo del Centre Delàs d’Estudis per la Pau “El tránsito por España de envíos de armas a Israel es la norma y no la excepción”. España forma parte de una cadena logística global que sigue permitiendo, directa o indirectamente, el tránsito de armas hacia un genocidio donde se están cometiendo crímenes atroces. Lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora es una ínfima parte frente a la magnitud del problema.
La presión popular funciona. Debemos aumentarla.
Durante estos meses, la sociedad civil organizada ha conseguido que el Gobierno haya dado pasos. La campaña Fin al Comercio de Armas Con Israel, liderada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), e integrada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, han conseguido hitos impensables desde hace poco más de un año: la negativa del Gobierno a permitir la escala de tres barcos sospechosos de llevar armamento a Israel, la exclusión oficial de Israel como expositor en FEINDEF, la feria de armamento más grande del Estado español, el anuncio de la Secretaría de Estado de Comercio asegurando que rechazó en el primer semestre de 2024 hasta 47 solicitudes de exportaciones a Israel formuladas por empresas españolas y el anuncio de la puesta en marcha para rescindir una compra millonaria de balas para la Guardia Civil de la filial de Elbit Systems, IMI Systems, de la cual la empresa Guardian Defence & Homeland Security hizo representante de la adjudicataria (aunque el 23 de abril el Gobierno se contradijo y cerró el contrato con la empresa).
Estos logros demuestran que la presión popular funciona y que lo que hacemos, importa y puede marcar la diferencia. Que cuando miles de personas se movilizan, el gobierno no puede seguir ignorando la complicidad española con el genocidio. Pero también indican que esto no es suficiente.
Porque mientras se dan estos pequeños pasos —muchos de ellos reversibles, como demuestra la reanudación de exportaciones en enero— las relaciones militares con Israel siguen intactas en su mayoría. Se siguen comprando sistemas de vigilancia, se siguen manteniendo convenios de colaboración tecnológica, se siguen autorizando transferencias bajo el paraguas del “doble uso” o el “material no letal”.
¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que mientras Pedro Sánchez condena públicamente los ataques israelíes en la Franja de Gaza, su gobierno sigue participando activamente en el sostenimiento del aparato militar israelí.
Lo que se financia, se apoya
Los datos oficiales dicen que desde octubre de 2023, más de 60.000 personas palestinas han sido asesinadas en la Franja de Gaza. En Cisjordania aumentan los derribos de viviendas, el control de la población y más de 40.000 desplazamientos forzosos. La prestigiosa revista médica The Lancet advirtió en julio de 2024 que el número de muertos podría alcanzar los 200.000 si se tienen en cuenta las personas fallecidas por hambre, falta de atención médica, enfermedades y condiciones de vida inhumanas. Ningún lugar es seguro en la Franja de Gaza. Los hospitales han sido destruidos o inutilizados. Las universidades, arrasadas. Las viviendas, convertidas en polvo. Es una destrucción sistemática de la vida.
Esta no es una guerra. Es un genocidio. Y como tal, obliga a todos los Estados del mundo a actuar. No solo a denunciar. A actuar.
La poeta y activista palestina Rafeef Ziadah lo resume así: “Lo básico, si realmente los gobiernos se opusieran al genocidio, es suspender su comercio de armas hasta que Israel deje de hacer lo que está haciendo en Gaza.”
España tiene el poder de cortar la complicidad. Puede hacerlo mañana mismo. Puede decretar un embargo total de armas a Israel, tal como piden desde hace décadas desde Palestina, reclaman las organizaciones de derechos humanos, y más de 50 países que ya han exigido un embargo desde foros como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
No hay excusas legales que lo impidan. El derecho internacional y la legislación española obligan a suspender la venta y cooperación en materia de defensa cuando existe un riesgo de que esas armas se usen para cometer crímenes de guerra.
Además, el pasado mes de julio más de 500 organizaciones sociales registramos una propuesta de ley ante el Congreso de los Diputados para imponer un embargo de armas a Israel. El texto está sustentado jurídicamente y es apoyado por una amplia mayoría social. Solo falta voluntad política.
Si de verdad está con Palestina, deje de financiar su exterminio
Si el gobierno español quiere estar, como dice, con el pueblo palestino, tiene que actuar en consecuencia. No basta con palabras. No basta con tuits.
Porque lo verdaderamente triste, lo atroz y lo inaceptable es que el Estado español siga financiando, directa o indirectamente, a quien perpretra el genocidio contra el pueblo palestino.
No hay neutralidad posible. Las armas no son neutras. Lo que se financia, se apoya. Y España, a día de hoy, sigue apoyando —económica, tecnológica y políticamente— al aparato militar israelí.
España puede y debe decretar mañana mismo un embargo de armas a Israel. No es un gesto radical. Es lo mínimo.
Si España quiere estar al lado correcto de la historia, debe dejar de ser parte del engranaje del genocidio. Y debe hacerlo ya.
En el mes de febrero, Tribuna Socialista tituló su editorial en TS-163: “El siglo de las crisis”. Se desglosaron las cuatro crisis sufridas desde 2002 comenzando por la entrada del euro, hasta 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania y la onda expansiva en forma de ola inflacionaria que ha recorrido Europa. Finalizando con la guerra de aranceles que Trump anunció en su toma de posesión el 20 de enero.
Una secuencia de crisis encadenadas, de naturaleza distinta, pero con un común denominador: el alza de los precios, y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de sueldos y pensiones. Una crisis por lustro en lo que llevamos de siglo XXI. Y ahora, como si se tratase una función circense, pero con payasos sin gracia, el líder del imperialismo estadounidense anuncia una imposición arancelaria que nos arrastra a una guerra comercial mundial.
No deberíamos ver esta situación como el producto de un loco impresentable, por muy deplorable que nos parezca y sea Donald Trump y la “troupe” que lo acompaña y adula. Esta es una situación lógica; teniendo en cuenta la deriva del sistema económico hegemónico que rige el mundo, llámese liberalismo económico, capitalismo o libre mercado.
El imperialismo estadounidense no está actuando de forma distinta a como ya actuó en el pasado, al imponer a la brava sus condiciones, en favor de sus capitalistas. Ya lo hizo Nixon, otro “glorioso” presidente yanki cuando en 1971 impuso el dólar como moneda de referencia, abandonando el patrón oro. Por qué lo hicieron, porque la guerra de Vietnam metió a los EE.UU., en una dinámica en la que se priorizó la industria militar y en consecuencia le llevó a un gran endeudamiento y a un déficit comercial al tener que importar (comprar a otros) en lugar de exportar (vender a otros). Hoy, la deuda externa de los EE.UU., asciende a 32,9 billones de dólares y un déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) de 1,2 billones de dólares anuales.
La economía capitalista es un campo plagado de contradicciones:
Estados Unidos se aplica con fuerza en garantizar que el dólar sea una moneda fuerte, a ser posible la más fuerte; de eso se trataba cuando Nixon impuso el dólar como patrón de cambio, en lugar del oro. Esto provoca que los productos y servicios que se producen fuera de los USA resulten más económicos que los que se producen en Estados Unidos y, por ende, los consumidores prefieren comprar coches alemanes y/o japoneses que estadounidenses.
Para paliar la reducción de ventas, muchas fábricas estadounidenses, incluidas las automovilísticas, optaron hace décadas por deslocalizarse a países con mano de obra barata. La consecuencia en Estados Unidos fue la caída brutal de la antes floreciente Detroit.
Estados Unidos se comporta como un Estado matón, rol que ha adoptado Israel. Un rol propio de países que gastan en armamento cifras astronómicas: EE.UU., dedicó a gasto militar 861.633 millones de dólares en 2023 (un 9,06% de su gasto público, que no es lo mismo que el PIB).
Llegados a este punto, Estados Unidos comete los mismos errores del pasado, alienta y alimenta un sistema económico contradictorio- aceptado por casi todos los países; incluidas Rusia y China- y ahora quiere cargar sobre las demás economías sus problemas económicos.
Las consecuencias materiales las vamos a pagar los de siempre, los consumidores; y cuanto menor sea la capacidad de compra mayor será el empobrecimiento, pues el litro de aceite y la barra de pan cuestan lo mismo a un trabajar que cobra el SMI que a la presidenta del Banco Santander.
Otra consecuencia puede ser el debilitamiento de las redes públicas de protección social: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, ya ni hablemos del desarrollo de planes de construcción de vivienda protegida.
Estados Unidos, en su búsqueda de negocio para reducir el déficit público, nos ha empujado a una guerra en Europa. Ha presionado por todas las vías: económicas y militares, y ha conseguido apropiarse del negocio energético que Rusia tenía hasta 2022, un negocio de 40.000 millones de euros anuales en gas y petróleo. Ahora, una vez consolidado el negocio, se retira del conflicto, y no conforme con el botín (ser el mayor proveedor de Europa de gas natural licuado), pretende apropiarse de los minerales ucranianos y de su energía nuclear.
La Unión Europea se equivocará si se deja arrastrar al incremento del gasto en Defensa, tal y como exige Trump. Pondrá en riesgo la estabilidad social de los pueblos del continente europeo y no será más que un títere de los EE.UU., en su guerra, de momento comercial, con China: país que se ha convertido en el taller del mundo, cuyo sector industrial ha crecido hasta representar más del 40% de su PIB, gracias a la deslocalización de las grandes multinacionales industriales y a que produce sobre explotando a su pueblo.
La guerra arancelaria no va a impedir que Levi Strauss & Co deje de comprar el algodón a China ni que deje de confeccionar en India o en Méjico. Puede que las empresas que se deslocalizaron a China, buscando sueldos bajos, se trasladen a países como Vietnam o a Bangladesh, pero difícilmente trasladarán su producción a Estados Unidos, más que nada porque la clase trabajadora estadounidense no aceptará trabajar por salarios anuales de entre 6.000 y 18.000 dólares anuales, que es la horquilla salarial en Vietnam, para la mal denominada clase media: el sueldo mínimo en Vietnam es 360 dólares mensuales.
Esta lógica vale para el empresariado estadounidense y para el empresariado español, pues esta guerra comercial no va a llevar a Inditex a traer a España sus fábricas de Pakistán, China o Marruecos. Tendrían que cumplir con los convenios colectivos del textil en nuestro país, y por ahí D. Amancio si que no pasa.
Este sistema económico, nos llevó a la primera guerra mundial por la competencia por las materias primas de los países colonizados. Nos llevó a la segunda guerra mundial porque una serie de criminales como Hitler y Mussolini quisieron arrebatar el control colonial a las potencias hegemónicas y ahora, el gran imperialismo norteamericano, en manos de un fascista, nos está empujando hacia una tercera conflagración, porque para resolver sus problemas tiene que hacerse con mercados que controla Rusia, un país en manos del jefe de un grupo de oligarcas que se ha apropiado de los bienes y riquezas de su propio pueblo, y de China, un país en manos de un partido que dice que es comunista pero que explota a su propio pueblo.
En esta “lógica” criminal se mueve Netanyahu, que ha decidido apropiarse de la franja de Gaza, animado por el anormal de la Casa Blanca, y antes animado por Biden.
La guerra no es de los pueblos, ni la bélica ni la económica, es contra los pueblos.
La segunda llegada de Donald Trump al despacho Oval, es el epítome de la crisis que afronta el sistema de democracia liberal que articula el orden social y de reparto de poder en las democracias occidentales desde el final de la II Guerra Mundial. Crisis que se viene cociendo por la falta de respuesta del sistema a los efectos sociales que se vienen produciendo desde que nos adentramos en el siglo XXI.
Cocción que comenzó el 11 de septiembre de 2001, fecha del ataque y colapso de las Torres Gemelas de Nueva York a manos de terroristas islamistas que causó más de 3000 muertos. Ataque que la ciudadanía global presenció en directo viendo en televisión cómo dos aviones comerciales, en los que podrían haber viajado ellos mismos, impactaban contra las torres expandiendo la sensación de terror y el silogismo de que, si el país más poderoso del mundo había sido atacado en su casa—USA under attack—, cualquier otro podía ser atacado. Ataque que se convirtió en símbolo de la inseguridad y el miedo con el que arrancaba el nuevo milenio que, como segunda derivada, incorporaba el mensaje de que las instituciones democráticas habían fallado a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Como fallaron en los atentados terroristas del 11M de 2004 en Madrid (192 muertos), en Londres en 2005 (56 muertos), en Paris en 2015 (90 muertos), en Berlín en 2016 (12 muertos), por no enumerar todos los habidos en diferentes ciudades europeas en estos veinticinco años.
El descubrimiento fehaciente de que vivimos en una falsa seguridad, en una inseguridad global, se implementó con la crisis económico financiera de 2008, la Gran Recesión según la prensa especializada, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis de las hipotecas surpime, que arruinó a millones de familias, quebró bancos globales de inversión y llevó a la quiebra a varios países occidentales. Ya no solo era la inseguridad frente a la violencia terrorista, sino también por el desvalimiento ante los popes del capitalismo salvaje que venía, y sigue, funcionando sin control ni límite, con el efecto del aumento desbocado de la desigualdad entre ricos y pobres. Según el informe global de Intermon Oxfan de 2023, en la última década, el 1 % más rico ha capturado alrededor del 50 % de la riqueza global.
Hechos que unidos a los casos de corrupción en las esferas de poder en la mayoría de países con democracias asentadas —que no parecen tener fin—, expanden el mensaje de que la política es un nido de corrupción y que todos los políticos son iguales. Mensaje que degrada el sentido de la política y devalúa el sistema democrático y sus instituciones, y se expande por la ausencia de una pedagogía democrática que desarme ese discurso con sentencias ejemplares para los corruptos, y el establecimiento de controles férreos para evitar el desvío de fondos públicos en la adjudicación de contratos, las gabelas de empresarios amigos y el nepotismo familiar.
Ésta sensación de inseguridad creciente, de corrupción constante, de desamparo ante el capitalismo salvaje que beneficia a una minoría que se enriquece sin límite, mientras las economías familiares se estancan porque el trabajo ya no garantiza poder vivir bajo un techo en condiciones y pagar las facturas, fomentan el descreimiento hacia un sistema que no protege ni ampara a la mayoría social. Sistema en el que es muy difícil intervenir para reconducir las políticas delineadas desde el poder que afectan a sus vidas cotidianas, que induce a las personas a sentirse discriminadas y a no aceptar nuevos derechos para las minorías sociales, étnicas o de género o que se destinen recursos a los inmigrantes. Idea azuzada por el discurso de la ultraderecha: los inmigrantes nos roban el trabajo, el pan y violan a nuestras mujeres.
Discurso que explota en las redes sociales con furia, con rabia, con insultos hacia todo aquello que cada usuario considera la causa de sus males. Canales que son aprovechados por la ultraderecha y el fascismo para ahondar en la herida con mentiras y falsedades que apelan a los sentimientos más viscerales, con mensajes de una simpleza rayana en el infantilismo que concentra en un enemigo, real o ficticio, para exacerbar la ira contenida contra un sistema que no responde a las necesidades e ilusiones de los ciudadanos. Vía inmejorable para el discurso disruptivo y populista centrado en la idea, proto fascista, de que el sistema de democracia liberal no ofrece un futuro ni claro, ni seguro ni estable ni mejor que el de las generaciones precedentes. Un futuro sin futuro.
Mensaje que busca acentuar la quiebra del binomio democracia—liberalismo que viene siendo el eje axial de los sistemas democráticos, y abre el camino a un nuevo modelo de satrapía que supone una actualización de los regímenes de monarquía absolutista del pasado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A un iliberalismo o democracia sin derechos como apunta el politólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins,YaschaMounk, en su libro <<El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla>>, asentado en un creciente número de votantes que, según Mounk, no están dispuestos a tolerar los derechos de las minorías, mientras los poderosos están cada vez menos dispuestos a ceder ante la presión de las clases medias y menestrales.
El efecto es una sociedad progresivamente menos empática con las minorías y el multiculturalismo, que una parte de la ciudadanía empieza a percibir como una amenaza consecuencia de los mensajes de la ultraderecha que califica la inmigración como una invasión cultural que destruye los valores tradicionales de la mayoría. Así, el otro, el que viene de una cultura diferente pasa a la consideración de enemigo, borrando de un plumazo el hecho verificado a lo largo de la historia de que la mezcla, la mixtura de razas y culturas, la simbiosis entre ellas, siempre enriquece a las sociedades y hace avanzar a Sapiens.
La secuela de todo este mejunje no es solo el desprestigio del sistema democrático que garantiza derechos y libertades, sino la simplificación del pensamiento, del análisis y la reflexión que favorece la llegada al poder de personajes con una oquedad cultural, ausencia de conocimiento y una simplicidad mental sin precedentes. Propagadores del rechazo a las reglas del juego mediante la puesta en cuestión de los resultados electorales si no les favorecen, y que no reconocen la legitimidad de los gobiernos de coalición con más apoyo parlamentario que el partido ganador de las elecciones. Todo para inocular la idea de la bondad de Gobiernos fuertes, de ordeno y mando sin rechistar, que saben lo que hay que hacer para acabar con todo aquello que atenta contra la tradición y las buenas costumbres que alienan la mente: ¡Se acabó que hasta los gatos quieran zapatos!
Enfrentar estos graves problemas que ponen en crisis a las democracias liberales exige, como primeras medidas, atenuar la desigualdad entre ricos y pobres, atender con preferencia a los sectores menos favorecidos, poner controles férreos a los monstruos digitales, y promover con ahínco los beneficios de la democracia multiétnica y del avance tecno científico para favorecer la comprensión sin miedo de ambos fenómenos imparables.
Si hay un personaje estrafalario, prepotente y pagado de sí mismo en la escena política, ese es Miguel Ángel Rodríguez, conocido por el acrónimo de MAR; el mejor referente del muñidor que maniobra detrás del telón fraguando intrigas y mentiras para su superior, hoy Isabel Díaz Ayuso, y antes José María Aznar. Rodríguez es de esas personas listas —no inteligentes— que interpretan la vida como una lucha, un combate, contra el adversario político, con habilidad innata para tergiversar y darle la vuelta a la realidad. Marco mental en el que las personas son herramientas de usar y tirar, válidas mientras cumplen a rajatabla con la estrategia configurada por él, siempre con el mismo fin: machacar y acabar con el enemigo. El oponente no existe en su vocabulario.
Así lo atestigua el rastro de su larga trayectoria profesional, jalonado de amenazas contra el que no acepta sus dictados o le muestra sus vergüenzas que no son pocas. El penúltimo ejemplo —habrá más— su mensaje de “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, dirigido contra elDiario.es, por publicar que Alberto González Amador, novio de Ayuso, había reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda pública, a la que había ofrecido un pacto para ser condenado a ocho meses de cárcel y el pago una multa de más de quinientos mil euros. Amenazas que el Consejo de Europa ha calificado de actos de intimidación y acoso hacia los periodistas, instando al Gobierno de España a investigar las amenazas vertidas por MAR, y a responder sobre lo que se instruya al respecto.
Información que revolvió las tripas del matón de barrio que, en su línea de siempre, articuló una mentira, un bulo, que envío al diario El Mundo —una de sus correas de transmisión para generar barro— que lo difundió sin contrastar ni investigar su veracidad. Información que recogía una parte del cruce de correos electrónicos entre el abogado de Amador y el fiscal de Hacienda, en el que éste se daba por enterado de su propuesta de pacto. Todo con la intención malévola de expandir la mentira de que era Hacienda y no el novio de Ayuso, quien había ofrecido un acuerdo. Información que MAR reconoció que era una metedura ante los medios tras declarar ante el juez del T. Supremo, que justificó porque cuando la difundió desconocía la existencia de un correo previo donde el abogado de Amador desglosaba los pormenores del acuerdo que ofrecía: el reconocimiento de la comisión de los delitos de fraude fiscal durante los años 2020 y 2021, por un monto de 350.000 euros, y falsedad documental.
Fue su propio veneno el que envenenó su mente y le obligó a confirmar que se había equivocado al acusar a LaSexta de mentir, por confirmar que era un bulo la información difundida por MAR, aunque, con la desvergüenza que le caracteriza, salió del apuro tirando por elevación contra el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno con su nuevo mantra de “van p`lante”. Y el más reciente “van p`dentro”, como confirmación de que dispone de hilo directo con el juez del Supremo que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, y que conoce de antemano sus resoluciones, como saber con antelación que iba a citar como imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Auto de citación en el que da por buena la declaración de MAR de que había sido el Fiscal General el que había filtrado a la prensa la oferta de negociación con Hacienda, desvelando secretos de la vida privada de Amador. Juez que, sin embargo, no da crédito en su auto a la declaración de dos periodistas que desvelaron el caso, en la que afirmaron que ellos disponían de los correos cruzados entre el abogado de Amador y Hacienda, seis días antes de que lo conocieran en la Fiscalía General del Estado, y que la información había sido publicada en la web de la SER, la noche anterior al mensaje lanzado por la FGE a los medios desmintiendo el bulo de MAR.
Todo este enredo es obra de un experto en tergiversar, mentir y salir de rositas que, en este caso, tiene la vertiente incomprensible de que nadie investigue de dónde sale la información privilegiada que difunde sobre las decisiones judiciales del juez del Supremo. Y la segunda, conseguir que el foco mediático se fije en quien desmiente una mentira, y no en el defraudador confeso, a raíz de que éste presentara una querella contra el Fiscal General por filtrar información de su vida privada. ¿Alguien duda que el inspirador de esa estrategia no haya sido el enredador y difusor de mentiras mayor del Reino?
Este episodio, que no será el último, es uno más en su currículo de instigador del enfrentamiento y el barrizal que ya le ha llevado en varias ocasiones ante los tribunales. En 1997 fue denunciado por el entonces presidente de A3TV, Antonio Asensio, por amenazas y represalias si pactaba con Canal+ compartir los derechos televisivos de los clubes de fútbol. En 2011 fue condenado por delito continuado de injurias graves y públicas, contra el doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, al que acusó de favorecer la muerte de enfermos por defender el derecho a una muerte digna de pacientes en paliativos.
Éste es el pelaje del paladín exaltado y proverbial de la derecha radical, que aceptó dimitir como Secretario de Estado de Comunicación y Portavoz del Gobierno a petición de su conmilitón en la disrupción de la política, y por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, por las presiones de varios dirigentes del PP que le consideraban un extremista sectario. Actitud que no casaba con la imagen de centrismo y moderación, falsa y oportunista, que necesitaba Aznar en 1998, porque gobernaba gracias al apoyo de la Convergencia de Pujol. A cambio de su dimisión fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
A partir de su caída política, se dedicó a chupar del bote de los contactos de primer nivel como CEO de la multinacional Carat, con la que realizó videos para la Fundación FAES de Aznar y asesoro a medios de comunicación de la derecha. Sus andanzas de bebedor consumado le llevaron de nuevo a los tribunales 2013, tras ser detenido por embriaguez, cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, tras chocar con varios coches aparcados. En 2016 Isabel Díaz Ayuso lo recuperó para la primera línea política como jefe de su campaña en 2019, y en 2021 le nombró director de su Gabinete.
Así se juntó el hambre con las ganas de comer, un tándem de ambiciosos superlativos de poder cuyo objetivo es llegar a la Moncloa, en el que una es la portavoz alocada —no da para más— de la estrategia diseñada por este émulo de Rasputín, basada en la mentira, los bulos y la tergiversación que se aleja de la realidad objetiva que convierten en imaginaria, mediante la victimización —siempre hay una campaña orquestada por el Gobierno contra ellos—, y la apropiación de conceptos propios de la izquierda que hacen suyos degradando su valor simbólico: ¡libertad! También a ellos les llegará su San Martín.
Tribuna Socialista 
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