ACTUALIDAD POLITICA – Página 8

Cruzando el abismo

El conflicto entre Israel e Irán es uno de los más complejos y peligrosos en Oriente Medio. Sus orígenes se remontan a décadas de tensiones políticas, religiosas y geopolíticas.

El primer punto clave en la relación entre ambos países es la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que derrocó al sátrapa Reza Pahleví, último Sha de Persia, aliado incondicional de EE.UU. e Israel.

Tras la Revolución, la nueva República Islámica quedó bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, líder religioso y figura clave en aquel periodo. Fue el líder supremo de la República Islámica de Irán hasta su muerte en 1989. Jomeini promovió una visión militante y revolucionaria del Islam, estableciendo el primer estado islámico relativamente moderno.

La situación de la mujer en Irán es compleja, con avances notables en educación y participación laboral, pero también con importantes restricciones legales y sociales que limitan su autonomía y participación plena en la sociedad. El movimiento «Mujer, Vida, Libertad» ha puesto de manifiesto la lucha de las mujeres iraníes por la igualdad, los derechos humanos y la libertad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia global.

El reciente ataque de Israel a Irán no es solo una de las manifestaciones violentas de una serie de disputas, que se vienen gestando desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, sino el inicio de un plan orientado a derrocar y trocear la actual República islámica; es decir, la eliminación por medios violentos del enemigo más poderoso de Israel en la región.

Prueba de ello ha sido la irrupción violenta de EEUU en el conflicto, bombardeando las instalaciones nucleares de Irán, lo que ha elevado vertiginosamente la tensión internacional hasta situarla al borde de un “abismo oscuro”, en palabras de nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez.

El bombardeo por sorpresa de las instalaciones nucleares de Irán en la noche del pasado sábado 21 de junio, prueba también la actuación aleatoria y errática de EE.UU., al margen de cualquier ley internacional.

Actuación basada en una falsedad análoga a la que se difundió como preludio de la invasión de Irak y posterior asesinato por ahorcamiento de Saddam Hussein, con la oposición de importantes países de la Unión Europea, como fue el caso de Francia. Crimen aún impune, que dio lugar a la vergonzosa foto del “trio de las Azores” y, posteriormente, al gravísimo atentado yihadista sufrido en España el 11 de marzo de 2004, en la estación de Atocha de Madrid, que provocó 193 víctimas mortales y más de 2000 heridos.

La principal razón formal por la que Israel e Irán están en desacuerdo radica en la oposición ideológica y religiosa. Irán es una república islámica chií y ve a Israel como una entidad impostora, ocupante ilegítimo de Palestina, y una amenaza a la seguridad de la región, por sus vínculos con Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Una de las áreas más críticas es el programa nuclear iraní. Israel considera que Irán en posesión de este tipo de armamento sería una amenaza existencial para su seguridad. Las tensiones sobre tal programa, que comenzó en los años 80 y se intensificó a lo largo de las décadas siguientes, llevaron a Israel a realizar operaciones encubiertas y ataques a las instalaciones iraníes, sobre todo con el fin de retrasar el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Irán. Estos ataques incluyen ciberataques, como el famoso caso de Stuxnet en 2010, y el asesinato de científicos nucleares iraníes. Sin embargo, no existe hasta la fecha pruebas fehacientes de que el programa nuclear iraní tenga objetivos diferentes de su aplicación pacífica con fines civiles.

El otro factor que contribuyó a las tensiones fue la presencia militar iraní en países como Siria y Líbano. Irán apoyaba al depuesto régimen de Bashar al-Assad en Siria, con aliados como Hezbollah en Líbano.

Israel ve la presencia iraní en la región como una forma de rodear su territorio con fuerzas hostiles y aumentar la posibilidad de ataques directos. Aunque Irán no tiene fronteras directas con Israel, apoya activamente a grupos militantes palestinos, como Hamas, que alcanzó el poder en la Franja de Gaza a mediados de 2007. Irán ve en el conflicto palestino, agravado por el criminal genocidio en la franja de Gaza, una causa fundamental para desafiar a Israel, mientras que Israel considera a Irán como su principal enemigo en la región.

El genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno sionista de Netanyahu, con el apoyo de los EE.UU. y la connivencia de la Comisión Europea, presidida por la conservadora Ursula Von der Layen, conmueve a la humanidad y presagia un sombrío panorama en la región.

El ataque de EE.UU. a Irán, sin previo aviso, sin informar a sus aliados, crea un grave precedente, convirtiéndose en el más grave problema de la Alianza del Atlántico Norte.

En efecto, la actuación unilateral y errática del presidente de los EE.UU. es un grave problema no solo para la OTAN, también para el conjunto de la Humanidad, pues comanda de hecho la Alianza más letal jamás conocida.

El siniestro precedente que supuso el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre población civil, en el siglo pasado, con la trágica destrucción de Hiroshima y Nagasaki, cuyas secuelas sigue sufriendo parte de su población, nos sitúa en la antesala del infierno.

España debe cruzar el oscuro abismo que se abre a nuestros pies -tras los bombardeos de EEUU al complejo nuclear iraní- hasta alcanzar la otra orilla fuera de la OTAN, alejada de los graves riesgos que supone seguir manteniendo nuestro peligroso y humillante vasallaje.

Veamos la viabilidad legal de salida de España de la OTAN.

La salida de un miembro de la OTAN está regulada por el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que establece el procedimiento para que un país se retire de la organización:

«Cualquier Parte podrá, después de transcurridos 20 años desde la firma del presente Tratado, notificando a los demás Gobiernos de los Países signatarios, su decisión de dar por terminado su compromiso.»

Por lo tanto, cualquier país miembro puede retirarse en cualquier momento, siempre que haya transcurrido ese plazo.

El proceso comienza con una notificación formal del país que desea retirarse. Esta notificación se debe hacer a los demás países miembros de la OTAN, indicando de manera oficial la intención de abandonar la organización. La notificación debe ser presentada por el gobierno del país en cuestión, y es generalmente a través de una carta diplomática o comunicación formal.

Una vez que se ha notificado la intención de retirarse, el Tratado establece que la salida no es inmediata. El país tiene que esperar un año después de la notificación antes de que su salida se haga efectiva. Este período de espera da tiempo para que se manejen las consecuencias políticas, estratégicas y diplomáticas de la salida.

Durante este período de espera, el país sigue siendo parte de la Alianza y sigue cumpliendo con sus obligaciones en términos de defensa colectiva y cooperación, salvo que se llegue a un acuerdo para una salida más rápida.

Una vez que transcurre el año, el país se considera oficialmente fuera de la OTAN. Desde ese momento, deja de estar sujeto a las disposiciones del Tratado, especialmente a la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5, que establece que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los miembros.

Un proceso gradual sería también posible; por ejemplo, iniciando la salida inmediata del mando militar integrado, previamente a la salida definitiva.

La República francesa se retiró en 1966 del mando militar integrado de la OTAN, bajo el liderazgo del presidente francés, general Charles de Gaulle, regresando de nuevo a las estructuras militares de la OTAN en abril de 2009 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, seis años después de la invasión de Irak.

La salida de un miembro tiene implicaciones estratégicas tanto para el país que se retira como para los demás miembros. Esto puede incluir reconfiguración de alianzas, redistribución de bases militares y la redefinición de objetivos y políticas de defensa.

El presidente Adolfo Suarez no era partidario del ingreso de España en la OTAN. Fue obligado a dimitir días antes del 23-F de 1981, presionado de forma amenazante por las intrigas palaciegas de la monarquía, secundadas por generales monárquicos (Armada, Milans). Dos días después, el nuevo presidente Leopoldo Cavo Sotelo, anunciaba en el Congreso de los Diputados el objetivo de ingresar en la Alianza del Atlántico Norte, iniciando el proceso de adhesión, consumado el 30 de mayo de 1982 con el ingreso de España en la OTAN.

Concluyendo. No existe, por tanto, ningún impedimento legal para la salida de España de la OTAN, tan solo es cuestión de voluntad política y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

España debe seguir su tradición de neutralidad formal, mantenida en las dos guerras mundiales anteriores. En mi opinión, bastaría con el apoyo del “bloque de investidura”, y la adhesión de algunos diputados de centro moderado, que no deseen ver implicado directamente a nuestro país en los conflictos armados de la OTAN ni en la escalada armamentista. Una Alianza comandada de hecho por un errático e impredecible presidente de los EEUU que nos arrastra a una más que posible guerra mundial.

Manuel Ruiz Robles

Fue miembro de la Unión Militar Democrática.

Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira

Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

El madrileñísmo de Ayuso no es Madrid ni España

Ante el Congreso Nacional del PP, del cinco y seis de julio, IDA lleva ya semanas segando la hierba bajo los pies de Feijóo, como quedó demostrado, de manera evidente, en la reunión de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrado en Barcelona, y en la concentración del pasado día 8 en Madrid, para exigir al Presidente del Gobierno que convoque elecciones: ¡ya!, como si tuvieran en su mano la capacidad imperativa para imponer su deseo. Se van a cansar de tanto repetir lo mismo y van a cansar a la ciudadanía, ya saturada, del mensaje simplón que el PP ofrece como proyecto para España. Reunir a cien mil personas después de una campaña de tres semanas animando a la militancia a asistir poniendo autobuses gratuitos, es un magro resultado para las expectativas creadas. Incluso dando por buena esa cifra, que dobla la facilitada por la Delegación del Gobierno que reduce la asistencia a la mitad.

Más allá del número, lo mollar es la pugna abierta entre dos maneras de entender el liderazgo y el proyecto que debe plantear el PP a la ciudadanía tras su Congreso. Feijóo quiere un conclave plano, como es él, donde las disputas no se conviertan en ruido mediático, por eso lo plantea como una revisión somera del proyecto archiconocido basado en la reducción de impuestos y del gasto en el estado del bienestar para beneficiar al sector privado en detrimento del público. El objetivo: que el encuentro se convierta en una aclamación de su figura política como único líder de la derecha con capacidad para ganar, esta vez sí, piensa él, la Moncloa. El problema de Feijóo es su falta <<punch>>, de la garra que le exigen los más radicales que le impide desarrollar un discurso y proyecto propio; por eso vive al albur de los acontecimientos y las presiones que recibe.

Reclamar para sí la centralidad política, no pasa de ser una afirmación discursiva que se contradice con los acuerdos suscritos con Vox, para sacar adelante los presupuestos en Comunidades Autónomas, que implican aceptar las propuestas más radicales y antidemocráticas de la ultraderecha. No se puede estar en misa y repicando, como quedó claro en su discurso en la concentración de la Plaza de España, cuando tuvo que salir al paso de las afirmaciones previas de Ayuso, al señalar que en su partido hay maneras distintas de hacer política, para rebajar el mensaje beligerante y extemporáneo de la lideresa madrileña, lanzada a dar la batalla ideológica contra el proyecto socialdemócrata, izquierdista comunista, que representa el Gobierno de coalición.

Batalla ideológica que azuzan los mentores de Ayuso, la ex lideresa Esperanza Aguirre, que en declaraciones al diario El País se quitó la careta al punto de defender que, a la larga, la dictadura fue mejor que la II República. Declaración que apuntala el revisionismo auspiciado por las notas periódicas que publica FAES —el think tank (tanque de pensamiento) del gurú de la derecha más rancia, JM Aznar— para blanquear la dictadura franquista y hacer olvidar que fue fruto de un golpe de estado contra el poder legítimo obtenido en unas elecciones democráticas. El sentido de este discurso mendaz y antidemocrático, es equiparar el actual momento político a una dictadura encabezada por el sátrapa de Sánchez.

Ésta es la situación en la que IDA se desenvuelve como pez en el agua como elemento disruptivo, deliberado y sin tapujos, como quedo claro en sus últimas declaraciones en las que señaló que España no es un estado plurinacional, término que no figura como tal en la Constitución que sí reconoce en su articulado la existencia de nacionalidades y regiones dentro de la nación española. Negar la existencia de una pluralidad de lenguas y tradiciones seculares que conforman lo que entendemos como España, es desconocer la historia y negar, por una mera razón ideológica anclada en el franquismo más medieval, que el Estado de las Autonomías del que nos hemos dotado democráticamente, con diferentes niveles de competencias, es la demostración palmaria de que vivimos en una sociedad legítimamente plural en identidades, tradiciones y culturas. Realidad que no encaja con la visión homogénea y encorsetada de la sociedad que anida desde siempre en el nacionalismo reaccionario español, del que Ayuso enarbola la bandera como su principal adalid.

Éste es el trasfondo del debate ideológico que se cuece entre bambalinas en el PP, que Feijóo quiere esconder y Ayuso propalar a los cuatro vientos, desde el convencimiento de que eso es lo que quieren y piensan los españoles de bien que, según los organizadores, son las personas que asistieron a la concentración en la Plaza de España de Madrid. Dos maneras de entender el proyecto político que debe llevar adelante el PP, aunque en el fondo el alma de estas dos caras es la de siempre; defender los privilegios de los ricos y poderosos por la vía de rechazar cualquier tipo de reconocimiento de derechos y mejoras en la vida del ciudadano medio.

De ahí que el debate no esté en oponerse a la subida del salario mínimo, de las pensiones, a la intervención del mercado del alquiler, a la reducción de la jornada laboral, al reparto equilibrado de los emigrantes que llegan en pateras y otras vías huyendo de la guerra y hambre en sus países, o a todo lo que suponga reducir el desequilibrio entre las clases ricas y adineradas, y las medias y populares. El debate es cuál debe ser la estrategia para llevarlo adelante y con qué modelo de liderazgo, terreno en el que Feijóo naufraga, como se lo hicieron ver los que asistieron a la concentración madrileña al corear tú sí que vales, cuando Ayuso subió a la tribuna. Ingrato momento para Feijóo. que ya la había oído decir que ella es partidaria de primarias para elegir al líder del partido.

Griterío que no debe sumergirnos en la idea de que Ayuso es la llamada a llevar al PP a la Moncloa, porque lo que ella representa es la derecha filo franquista que anida en su entorno, haciéndola creer que liberará a España del comunismo bolivariano. Trampantojo que no la deja ver ni pensar que su discurso contra la diversidad cultural que conforma España no gusta, sino que disgusta, no solo a una mayoría de los barones autonómicos de su partido —que no la secundaron en su patochada en la reunión de Presidentes—; sino a la mayoría silenciosa de españoles que viven y se sienten a gusto con un sistema democrático que reconoce y da carta de naturaleza política y cultural, a sus peculiaridades.

Mayoría que no comparte las locuras y excentricidades de Ayuso, que solo buscan el enfrentamiento en lugar de la concordia que supone aceptar la diversidad de la sociedad española. Por eso, no pasa nada nada si Ayuso llega a hacerse con las riendas de su partido como pretende, porque su españolismo rancio y radical genera, fuera de su entorno de palmeros, anti madrileñismo y el rechazo social de lo que representa: la rémora mental que provocó el golpe de Estado contra la II República, que condujo a una guerra cruel y degeneró en una dictadura asesina que ha dejado heridas aún sin cerrar.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Los de siempre vuelven a atacar al PSOE

En estas semanas, en las que el gobierno de Pedro Sánchez ve cuestionada su legitimidad, vale la pena recordar que quienes la cuestionan son los mismos que la llevan cuestionando desde el primer día.
Recordemos: Pedro Sánchez no era la primera opción de nadie. Tampoco la segunda. Era un rostro joven, alto, elegante, con un currículum académico respetable y una trayectoria institucional discreta, casi anodina. Pero en 2014, cuando el PSOE agonizaba tras el derrumbe electoral en las europeas —un 23% de los votos y la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba—, Sánchez fue el hombre que emergió de entre la niebla. Ganó las primarias internas sin ser el favorito del aparato ni de las federaciones más poderosas. Fue una elección de las bases, no de las élites. Y esa ha venido siendo la constante de su biografía política: el conflicto entre la militancia y la mal llamada vieja guardia del PSOE.
Apenas dos años después, en 2016, Pedro Sánchez fue derribado por el comité federal. El problema de fondo fue que Sánchez se negó a facilitar un gobierno del Partido Popular, como pedía buena parte de la vieja guardia socialista, y prefirió mantener su “no es no” a Mariano Rajoy, incluso a costa de una repetición electoral. El Comité Federal del PSOE, tras una dura batalla interna, lo obligó a dimitir. Salió derrotado y humillado, mientras una gestora tomaba el control del partido y lo relegaba al ostracismo. Las bases socialistas se movilizaron en plataformas de apoyo a Pedro Sánchez (algunos de los miembros de TS participamos activamente) haciendo del «No es No» un lema bajo el que el partido se reconstruyó, con el liderazgo de Pedro Sánchez.
En mayo de 2017, ganó las primarias con una holgada mayoría frente a Susana Díaz, la candidata del aparato,(que hoy es la primera en pedir la dimisión de Pedro), apoyada por barones territoriales, expresidentes y casi toda la estructura tradicional (que hoy vuelven a pedir la cabeza de Pedro). Su victoria fue una insurrección interna: por primera vez, un líder caído regresaba al timón del partido impulsado por las bases, no por la élite.
Un año después, el 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del caso Gürtel. La trama de corrupción que implicaba a altos cargos del Partido Popular —y que llevaba años manchando la política española— culminaba con una condena contundente: el PP había operado una estructura institucional para financiarse de forma ilegal. Por primera vez, una sentencia judicial establecía la existencia de una caja B en el partido que gobernaba España. Era un terremoto político. Pedro Sánchez, desde la oposición, supo leer la magnitud del momento.
Tan solo un día después, el PSOE presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo que parecía un gesto simbólico se convirtió en una jugada maestra. Sánchez logró, en menos de una semana, sumar el apoyo de Podemos, Compromís, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Un bloque ideológicamente diverso, incluso contradictorio, pero unido por una causa común: la regeneración democrática tras años de corrupción sistémica.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con solo 84 diputados socialistas en el Congreso. En sus primeras palabras como presidente, Sánchez prometió “dignificar la vida pública” y “rescatar el diálogo institucional”.
Aunque logró aprobar decretos sociales (como la subida del salario mínimo o medidas feministas), fracasó en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La negativa de los partidos independentistas a apoyarlos —en un clima marcado por el juicio del procés y la crispación territorial— obligó al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 marcaron un hito para Pedro Sánchez. El PSOE se impuso como primera fuerza con 123 diputados, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario. España entraba de lleno en el ciclo de la fragmentación política. A la izquierda, Unidas Podemos resistía con 42 escaños. A la derecha, el PP sufría un desplome histórico, y emergían con fuerza Ciudadanos y Vox, este último entrando por primera vez en el Congreso.
Sánchez rechazó de inicio un gobierno de coalición con Unidas Podemos —alegando falta de confianza y diferencias programáticas— y exploró una investidura en solitario, apelando a la “geometría variable” del Congreso. Pero la operación fracasó. En julio de 2019, la investidura fue rechazada, y las negociaciones se enquistaron durante meses.
La repetición electoral de noviembre de 2019 dió lugar a una estrategia diferente. En apenas 48 horas tras las elecciones, firmó un acuerdo con Pablo Iglesias para formar el primer gobierno de coalición en democracia desde la Segunda República. Fue un giro histórico. Dos líderes que meses antes no se soportaban, ahora compartían gabinete. Unidas Podemos obtenía cinco ministerios, incluida la vicepresidencia segunda para Derechos Sociales. El nuevo ejecutivo se autodefinía como “progresista, feminista y ecologista”.
El pacto no estuvo exento de tensiones. El propio PSOE vivía con recelo la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros. El establishment económico, judicial y mediático alertaba de una deriva radical. Pero Sánchez defendió su alianza como un ejemplo de responsabilidad institucional. “No hay dos gobiernos”, declaró, “sólo uno, el Gobierno de España”.
La coalición arrancó con la intención de inaugurar un nuevo ciclo reformista. Pero a los pocos meses, el mundo cambió. La pandemia del COVID19 sumió a España en la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma. El país quedó confinado, las calles en silencio, los hospitales desbordados, y el miedo se apoderó de la vida cotidiana.

Pedro Sánchez se convirtió en el rostro de la gestión de la pandemia: conferencias de prensa maratonianas, apelaciones a la unidad, decretos urgentes. El gobierno asumió una centralización sin precedentes, con competencias excepcionales en sanidad, transporte y seguridad., pero al mismo tiempo estrenó un mecanismo fedderal en la toma de decisiones, reuniendo a los presidentes autónomicos (con mayorìa del PP) para las decisiones importantes.
Durante esta etapa el gobierno logró importantes acuerdos con sindicatos y empresarios para implantar medidas sin precedentes: los ERTE el ingreso mínimo vital, moratorias de hipotecas y alquileres, blindaje de suministros básicos. Lo llamaron “escudo social”.
Se impulsaron medidas progresistas, como la subida del salario mínimo, el control de precios del alquiler y la protección de trabajadores precarios. Pero las tensiones eran constantes. Iglesias, más combativo, reclamaba mayor valentía política; Sánchez, más institucional, buscaba estabilidad y control. Las diferencias se hicieron insostenibles.
En marzo de 2021, Pablo Iglesias dejó el gobierno y su salida permitió el ascenso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dialogante, firme, feminista, con gran capacidad de negociación. Sánchez supo ver en ella una aliada estratégica. Juntos sacaron adelante una de las reformas clave de la legislatura: la reforma laboral de 2021, pactada con patronal y sindicatos, que eliminaba elementos lesivos de la legislación de 2012, reducía la temporalidad y apostaba por contratos fijos.
A la vez, el gobierno aprobaba leyes de gran calado:
La Ley de Eutanasia, que convirtió a España en uno de los pocos países del mundo en legalizarla.
La Ley de Educación (LOMLOE), que revertía aspectos de la LOMCE.
La Ley Trans y LGTBI, impulsada por Irene Montero, con fuerte oposición interna y externa.
El compromiso con la transición ecológica, con Teresa Ribera al frente. Sánchez también gestionó la llegada de los fondos europeos Next Generation EU, logrando más de 140.000 millones de euros para modernizar la economía española. Fue un éxito diplomático que elevó su perfil internacional.
Pero los intentos de desestabilización eran notables. La gestión de la pandemia fue utilizada políticamente por las comunidades autónomas del PP. El Tribunal Constitucional tumbó aspectos del estado de alarma. Los bulos y la desinformación aumentaron. La interpretación judicial de la aplicación de la ley del «solo sí es sí» redujo penas a agresores sexuales ya condenados. El escándalo fue mayúsculo. Por otra parte, el PP había bloqueado la renovación del CGPJ y utilizaba la justicia para rebatir las decisiones del gobierno y el parlamento.
La polarización se intensificaba, y el gobierno vivía bajo asedio constante. Mientras otros gobiernos europeos caían, el gobierno de Pedro Sánchez resistía, convocando elecciones generales para el 23 de julio de 2023.
Contra todo pronóstico, el PSOE resistió. Pedro Sánchez tenía, una vez más, la posibilidad de revalidar su mandato a través de pactos parlamentarios. En septiembre, Feijóo fracasó en su intento de investidura. En noviembre, Sánchez fue investido de nuevo presidente del Gobierno con el apoyo del bloque progresista, nacionalista e independentista. La clave de esta investidura fue el acuerdo para normalizar la vida institucional y política con la aprobación de la ley de amnistía que estos días, el Tribunal Constitucional ha aprobado.
La aprobación inicial de la ley de amnistia fue seguida de manifiestaciones de la derecha, la ultraderecha y la vieja guardia del PSOE.
Las sedes socialistas fueron atacadas, y los jueces y prensa franquista no cesaban de cuestionar la ley y se rebelaron contra su aplicaciòn.
Sánchez defendió la amnistía como un paso hacia la “reconciliación y la convivencia”.
Uno de los momentos culminantes fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Sánchez utilizó esta plataforma para impulsar tres ejes clave:
Reforma del Pacto de Estabilidad para hacer más flexible el gasto público tras la pandemia.
Autonomía estratégica europea en sectores como energía, defensa y tecnología.
Transición ecológica y digital, en línea con los fondos Next Generation EU.
América Latina y África: Sánchez ha reivindicado constantemente los lazos con América Latina. Ha visitado Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, defendiendo una “alianza progresista global”. Durante la Cumbre UECELAC de 2023, impulsó acuerdos sobre inversión verde y cooperación cultural. También ha aumentado la proyección de España en África, con especial interés en Senegal, Mauritania y GuineaBissau, en parte por razones migratorias y energéticas.
Reconocimiento del Estado palestino: En mayo de 2024, en plena escalada del conflicto entre Israel y Gaza, el gobierno español reconoció oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega. Fue una decisión valiente y simbólica, que colocó a España en el centro del debate internacional. El gobierno israelí llamó a consultas a su embajadora y acusó a Sánchez de “alinearse con el terrorismo”. El presidente respondió que “la paz no es posible sin justicia para el pueblo palestino”.
Este gesto consolidó el perfil internacional de Sánchez como líder comprometido con el derecho internacional, aunque también aumentó su aislamiento frente a gobiernos conservadores y a la derecha israelí y estadounidense.

Begoña Gómez: la figura silenciosa en el centro del huracán

Desde el inicio de su mandato, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido objeto de ataques políticos y mediáticos, especialmente por su actividad profesional en el ámbito universitario y empresarial. En 2024, una denuncia anónima presentada por el pseudocolectivo “Manos Limpias” desencadenó una investigación judicial contra Gómez por presunto tráfico de influencias, acusación que no fue acompañada por ninguna prueba pero que fue amplificada por ciertos medios y sectores políticos.
La situación alcanzó un punto límite cuando, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, suspendiendo su agenda pública durante cinco días para “reflexionar” sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Fue una decisión inédita en la historia democrática española. En esa misiva, Sánchez se preguntaba si “merecía la pena” continuar liderando un país mientras su familia era objeto de “acoso sin límites”.
Sánchez ha intentado mantener a sus hijas fuera de los focos. Siempre ha sido reservado con su vida personal. Pero a medida que el clima político se endurecía, esa barrera simbólica se fue debilitando. Las redes sociales se llenaron de ataques anónimos. La violencia verbal se naturalizó. La crispación dejó de ser un fenómeno institucional para volverse personal.
En la carta mencionada, el presidente hablaba de su “dolor íntimo” como ciudadano, como esposo y como padre. Ese tono humano, poco habitual en la política española, fue aplaudido por algunos y tachado de victimismo por otros. Pero mostraba algo real: el coste subjetivo del poder en una época de polarización brutal.
Sánchez ha sobrevivido a dimisiones, vetos internos, mociones de censura, elecciones fallidas, pandemias, crisis diplomáticas y campañas de difamación.
Y ahora, la traición que suponen los casos de corrupción de Ávalos y Santos Cerdán, más las actitudes misóginas y machistas que han salido a la luz tras la investigación de la Guardia Civil, ha dado rienda suelta para que los de siempre vuelvan a atacar.
Lo que más duele es que las Susana Díaz, Felipe González y García Page se vuelvan a poner del lado de la derecha y la ultraderecha, acompañando a PP, a VOX y a la Iglesia católica en su petición de dimisión y exigencia de convocatoria de elecciones.
Cegados por la gravedad de los hechos, algunos cuadros del partido vuelven a agitar las voces de petición de congreso extraordinario, y de convocatoria de elecciones.
Hace unos días manifesté públicamente que lo que sobra en este partido son lameculos cuando la cosa va bien y cobardes cuando las cosas van mal.
La corrupción hay que atajarla, desde el gobierno. ¿o alguien espera que un gobierno PPVOX luche contra la corrupción?.
La lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática ha de ser una prioridad para el PSOE y para el gobierno de progreso. Se han de endurecer las penas contra los corruptos, pero se han de endurecer las penas contra los corruptores también.
¿Saben ustedes que Acciona y la familia Entrecanales se forraron con las obras y pantanos de Franco? ¿han leído algo sobre las alianzas y relaciones entre las familias Entrecanales Franco y la descendencia de Primo de Rivera y la propia monarquía?. Pues busquen.
¿Han investigado ustedes si la empresa Levantina Ingenieria y construcción (otra de las que pagan comisiones) fue perjudicada por el posicionamiento de España sobre el Sáhara y las tensiones con el gobierno de Argelia?. Pues así fué.
Por tanto, hay muchos intereses en acabar con la vida política de Pedro Sánchez y entregar el gobierno a la derecha franquista. Así que lo que necesita la mayoría social en este país no es un cambio de presidente ni de gobierno. Al menos, no ahora.
Lo que necesita la mayoría social de este país, es acabar con la corrupción, perseguir a los corruptos y corruptores, pero sobretodo acabar de aprobar la agenda social para la que este gobierno fue elegido.
Garantizar los servicios públicos, las pensiones, el poder adquisitivo de los salarios, la normalidad política e institucional, avanzar hacia el federalismo real, y sobre todo liderar un modelo diferente al que el mundo parece abocarse: el del rearme, la guerra, la especulación y la destrucción.
Hoy día, en el que los populismos y la extrema derecha se adueñan del mundo y promueven la guerra, a la socialdemocracia no nos sobran referentes que planten cara a Trump o a Netanyahu, aunque sea de forma tímida.
Hoy día, defender la socialdemocracia es defender al partido y al gobierno socialista de Pedro Sánchez frente a los que siempre le quisieron fuera de la ecuación.
Por ello, apelo a la movilización de las bases para defender la honestidad de sus militantes, para echar a los corruptos y a los que defienden la gran coalición con el PP y sus políticas antisociales.
Y apelo a las bases del resto de fuerzas políticas que dieron soporte a la investidura para que fuerzen a sus direcciones a mantener un gobierno que gobierne para la mayoría.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell

Miembro del Comité de redacción de TS

Manifiesto del Consejo Político del PSOE de Salamanca en apoyo a Pedro Sánchez

El Consejo Político del PSOE de Salamanca ha aprobado, por unanimidad, un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez y a las políticas sociales y económicas progresistas que desde el Gobierno se están ejecutando.
El Consejo Político del que forman parte:
Francisco Alonso Rincón, Felipe Canillas Martín, Carmen García Rosado, Andrés A. Gómez Pérez, Cipriano González Hernández, Jesús M. González Rivas, Concepción Hernández Vicente, Jesús Málaga Guerrero, Inocencio Martín Clemente, Francisco Martín del Molino, Julia Pareja Corzo, Concepción Pérez Escamilla, Toribio Plaza Galán, María Luisa Puente Canosa, Francisco Javier Rodríguez Ruiz y José Miguel Sánchez Estévez.
Manifiestan su firme apoyo a Pedro Sánchez y su contundencia en defensa de las políticas de igualdad, solidaridad y bienestar.
«Nuestro deseo de seguir avanzando en la justicia social, derechos de los más desfavorecidos y el compromiso firme en defensa de las libertades y la democracia.
Estamos muy orgullosos de pertenecer al PSOE, defender sus políticas nacionales e internacionales y a su Secretario General.
Criticamos con contundencia los comportamientos corruptos, que en absoluto nos representan, a la vez que alabamos la contundencia, rapidez y firmeza en la respuesta dada desde la Comisión Ejecutiva Federal.
Señalar que el PSOE, su Gobierno y la Comisión Ejecutiva Federal cuentan con todo nuestro apoyo y deseo que sigan trabajando con eficacia por la igualdad, libertad y mejora de vida de todos los ciudadanos y muy especialmente de los más desfavorecidos», concluye el comunicado oficial.

Contra el genocidio en Palestina

El genocidio en Palestina fue el eje central de la reunión de la comisión ejecutiva del PSC del Vendrell del pasado sábado 31 de mayo.

Ante la opinión unánime sobre la tibieza de la comunidad internacional sobre la situación en Gaza, la ejecutiva local resolvió actuar a nivel comarcal y provincial con alianzas con todos los partidos políticos y entidades para exigir el Alto el fuego en Palestina, la liberación de todos los palestinos secuestrados por el régimen sionista de Israel (entre ellos, el director de Hospital Abu Safiya), y que la comunidad internacional actúe de forma contundente contra los genocidas.

Entre las acciones anunciadas, a consensuar con otros participantes, está la constitución de un comité contra el genocidio en Palestina, una manifestación en el Vendrell, una cacerolada popular, y la presentación de una moción tanto en el pleno del consejo comarcal del Baix Penedés como en el Consejo de Federación del Camp de Tarragona.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC el Vendrell

Sobre la Mocion presentada…

Un genocidio sostenido en el tiempo

Lo que está ocurriendo en Gaza provoca planteamientos profundos en cómo percibimos nuestro contexto vital y político. Me explico.

La intoxicación mediática impide que las masas salgan a la calle a exigir la ruptura de relaciones diplomáticas, y de todo tipo, con el Estado de Israel -la ausencia de información también intoxica a la opinión pública-. Además, lo impide que las grandes organizaciones políticas y sindicales tengan una posición clara y contundente frente al exterminio de gazatíes que está cometiendo Israel, pero que no decidan ponerse al frente de esa exigencia. Las dos cosas juntas, combinadas: intoxicación mediática e indecisión de las direcciones de las organizaciones de la izquierda, es la única explicación que encuentro a que la sociedad no esté movilizada contra el genocidio en Gaza.

La BBC informaba el 23 de marzo que ya eran más de 50.000 los muertos en Gaza -hace dos meses- y que los ataques en el sur de la franja se estaban intensificando tras la ruptura de la última tregua, por parte de Israel. Más de una cuarta parte de esos 50.000 muertos son niños y niñas, no menos de 15.000.

Aunque resulte una obviedad, no me resisto a no comentar la actitud asesina de la derecha española, al apoyar abiertamente a Netanyahu, en el caso de VOX, y el cínico balbuceo del PP para no condenar este genocidio. No cabe esperar otra cosa de los añorantes del franquismo y la División Azul.

La situación me lleva al sentimiento de que cada día me cuesta más apoyar al gobierno de coalición, pues siento que mantiene un doble lenguaje, en tanto que, por un lado, dice ser solidario y reconocer el Estado palestino; cosa cierta, pues ha sido un gobierno pionero en Europa en el reconocimiento del Estado palestino, pero por otro lado mantiene lazos comerciales, incluso de armamento y munición, con el gobierno sionista de Netanyahu. Este crimen de masas, este exterminio de un pueblo que se está cometiendo, no puede justificarse con diplomacias ni con atenerse a consensos en Europa, ni por intereses comerciales ¡es una cuestión de principios! Un genocidio no puede consentirse ni abordarse con paños calientes.

Ya sé que el criminal es el gobierno de Israel y las instituciones de ese Estado que merece cualquier calificativo excepto el de democrático. Ya sé que la prepotencia asesina de Israel sería imposible sin el apoyo que viene recibiendo de Washignton, tanto de la actual Administración con Trump como de la anterior con Biden. Pero me causa asco el cinismo que llevan implícitas las buenas palabras de los gobiernos europeos y que nadie plantee la ruptura con esos criminales genocidas, con ese estado fascista-sionista.

Estas reflexiones me llevan a la cuestión de a quienes estamos considerando nuestros aliados: ¿es EE.UU., nuestro aliado? ¿es correcto continuar en una estructura militar como la OTAN, comandada por los cómplices de una atrocidad del tamaño de lo que Israel está cometiendo? ¿Es esta Europa la que los pueblos europeos necesitan, cuando sus instituciones miran para otro lado o incluso, a la mínima oportunidad justifica el sionismo?

Resulta triste pensar que si estuviese gobernando la derecha las grandes organizaciones políticas y sindicales de este país estarían movilizando a la sociedad, como correctísimamente hicieron en 2003 para mostrar el rechazo de la sociedad española a la guerra de Irak en la que nos involucró el PP de Aznar, con consecuencias trágicas.

La brutalidad de lo que está ocurriendo en Gaza hizo posible que miles de personas, llagadas de distintos lugares, se manifestasen el día 10 de mayo por las calles de Madrid y que llenasen hasta rebosar la Puerta del Sol.

Miles de personas que viajaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas: Euskadi, País Valenciano…, y por supuesto muchas y muchos madrileños. Convocados por partidos minoritarios, asociaciones y colectivos que, a falta de los grandes partidos y sindicatos de la izquierda, convocaron por redes sociales y en sus círculos próximos en un contexto de bochornoso silencio de los medios de comunicación de masas; más ocupados por dar aire a la concentración filofascista que el mismo día y a la misma hora se había convocado a poca distancia, en la Plaza de Colón. Concentración que se saldó con un estruendoso fracaso, silenciado también.

Como conclusión he de decir que me embarga un sentimiento de orfandad política. Una ausencia de organizaciones que no están a la altura de lo que representan ante las cuestiones de principios; revindicar el embargo de armas y bienes de un Estado ocupante que está exterminando a la población del territorio ocupado lo es. El hecho de que en el gobierno estén los partidos de la izquierda tradicional (PSOE, IU y Sumar) debería favorecer la movilización social desde estos partidos, y si me apuras desde las instituciones del Estado, pues estas no pueden ser ajenas a esta cuestión, salvo que La Corona, los jueces… se inscriban abiertamente entre los fascistas que apoyan el sionismo y la matanza de inocentes que está cometiendo Israel.

En todo esto no cabe argumentar ignorancia, pues este es un crimen sostenido en el tiempo: desde que la Sociedad de Naciones avaló la ocupación de Palestina, por parte de Gran Bretaña, a principios del s. XX, pasando por la vulneración de las resoluciones de la ONU, del derecho internacional y de todas las normas de defensa de los derechos humanos.

El pueblo palestino lleva décadas resistiendo opresión, asesinatos, exilio, así como los gazatíes llevan 20 meses resistiendo la lluvia de bombas, drones e incursiones de un ejército armado hasta los dientes y la hambruna que está provocando la negativa de Israel a que entre ayuda humanitaria en Gaza. Su resistencia es un aval para la libertad de todos los pueblos del mundo, por eso todos los pueblos del mundo tienen que salir a las calles a exigir a su gobiernos el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Pascual Sánchez

Militante Socialista no afiliado

**Dos planos diferentes de la Manifestación del 10 de mayo a su llegada a la Puerta del Sol (Madrid)**

Libertad par el Dr Abu Safiya

El pleno del Ayuntamiento del Vendrell aprobó el pasado 26 de mayo una moción exigiendo la liberación del Dr Abu Safiya, con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns, Primer el Vendrell y Fem Vendrell, y los votos contrarios de PP y VOX.

La moción no solo se centró en la liberación del Dr Safiya, sino en la situción de hambruna y de falta de asistencia humanitaria así como la condena del genocidio del gobierno sionista de Israel, y la necesidad de que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y actúe de forma contundente contra el gobierno Israelí, rompiendo relaciones con el mismo, embargando las armas y exigiendo un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC el Vendrell

“¡El Estado palestino es una herramienta para normalizar el apartheid y el genocidio!”

¿Cuál es la verdadera intención de los países que hablan de «solución de dos Estados» y prometen reconocer pronto un Estado palestino, lo que ha suscitado la cólera histérica de la coalición sionista en el poder?

¿Debemos creer lo que estos países hablan sobre la necesidad de una «solución de dos Estados», mientras se niegan o fingen ser incapaces de detener el genocidio sionista en la Franja de Gaza?

¿Qué es más fácil y más necesario en este momento: detener las masacres o establecer un Estado palestino, una tarea de gran envergadura que requiere un cambio radical en el equilibrio de poder y una presión real para eliminar los asentamientos sionistas y la presencia militar de los territorios ocupados en 1967, de conformidad con el derecho internacional, lo que no es el caso actualmente?

¿Se toman en serio estos países lo que dicen, o se trata de una maniobra de elusión para no asumir la audacia política y moral y adoptar una postura firme para detener la guerra, lo que requiere simplemente imponer un embargo de armas a la máquina de exterminio sionista, ir al Consejo de Seguridad y adoptar una resolución para detener la masacre, y boicotear el régimen de exterminio?

Sí, tal vez la reaparición de declaraciones sobre un Estado palestino sea un indicio de una toma de conciencia de la conclusión lógica de que no hay otra salida a este conflicto colonial que una solución política, más o menos justa, pero no es una toma de conciencia real y sincera, no es nada más que una tapadera para la prosecución de la masacre sionista.

No es necesario movilizar ejércitos gigantescos para obligar a Israel a poner fin a los crímenes más atroces de la historia. Todo lo que se necesita para detener la guerra es una decisión internacional y la iniciativa de cada país, extranjero, árabe o islámico, de dejar de vender armas, suspender los acuerdos de normalización y tomar medidas punitivas contra el autor del crimen de genocidio en virtud del derecho internacional. Quien no pueda detener una masacre humana de una brutalidad sin precedentes ¿está dispuesto o deseoso de actuar para imponer una solución política a Israel? Esta es una cuestión fundamental que no se puede obviar.

No estamos hablando de unos pocos países occidentales, como Irlanda, España y quizás Noruega, que han tomado decisiones progresistas contra Israel y que son sinceros cuando hablan de un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, sino de los gobiernos occidentales que están aliados con Israel y apoyan su guerra genocida contra el pueblo palestino, como Francia, Gran Bretaña y Alemania, así como una serie de regímenes árabes que se han convertido en colonias israelíes por voluntad propia.

Esos gobiernos, los gobiernos europeos en particular, son plenamente responsables de la situación en Palestina. Ellos son los que han encubierto los crímenes de Israel durante las últimas décadas, los que le han proporcionado inmunidad permanente frente a la responsabilidad internacional y han allanado indirectamente el camino, a través de su apoyo y complicidad, al ataque del 7 de octubre y al genocidio que siguió, que solo puede entenderse en el contexto del encubrimiento de 75 años de criminalidad. Por eso sus pueblos se rebelan contra la alianza de sus gobiernos con el régimen genocida sionista, por los considerables estragos morales, económicos y políticos ocasionados por esta sórdida alianza.

El eslogan «la solución de los dos Estados» hace tiempo que se ha convertido en un cliché vacío de contenido, y es aún más nauseabundo cuando proviene de Gobiernos cómplices de los pies a la cabeza del crimen de genocidio, que son hostiles a Sudáfrica por su clara postura ética, y se muestran contrarios al Tribunal Internacional que ha reconocido efectivamente a Israel como una entidad fuera de la ley.

Estos países se contentan con declaraciones corteses, sabiendo que Israel -gobierno, oposición y sociedad- había suprimido de su agenda, y aun de su conciencia, la solución de los dos Estados, incluso en su forma mutilada, antes del ataque del 7 de octubre.

A pesar de su condena general del ataque de Hamás, los gobiernos europeos y de otros países, algunos de los cuales reconocieron que el conflicto no puede finalizar sin una solución política, no han añadido nada nuevo a la retórica de una solución de dos Estados, ni han definido lo que entienden por una solución de dos Estados y cuáles serían los mecanismos para su aplicación. Esto significa una vuelta a lo que llevó a la continuación de la colonización y el genocidio, que se desarrollaron bajo la retórica vacía de una solución de dos Estados.

Antes del acontecimiento sísmico del 7 de octubre, el régimen saudí estaba a punto de firmar un acuerdo de normalización con Israel, por mediación de la administración del imperialismo estadounidense, para completar el llamado acuerdo Abraham, que colocaba a los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos bajo la influencia directa de Israel, pero el ataque de Hamás dispersó todas las cartas y desbarató el plan estadounidense-sionista. Este plan consistía en eliminar la cuestión de Palestina de la agenda internacional, de acuerdo con las intenciones israelíes, y separar la cuestión de Palestina de la esfera árabe.

Tras el ataque del 7 de octubre, fue el reino de Arabia Saudí, consciente de su necesidad de calma para proseguir su proyecto de reforma y desarrollo, el que tuvo la iniciativa de una coalición internacional de 83 países para reintroducir la «solución de los dos Estados». No fue por ningún sentido de responsabilidad nacional, religiosa o humanitaria, sino únicamente porque la cuestión de Palestina se ha convertido en una cuestión de seguridad y un factor de inestabilidad en los propios países árabes.

Esto no significa que la continuación del plan vaya a tener un final positivo, ni que haya aspecto positivo alguno en esta orientación y en esta actividad diplomática, en un contexto complejo. Todo depende de la voluntad e intención, así como del deseo de activar todos los medios de presión y poder de que disponen los Estados árabes.

La reproducción del mito de la solución de los dos Estados significa la normalización del sistema de apartheid y genocidio.

¿Por qué la reintroducción de la solución de los dos Estados es una ilusión que solo reproduce un desastre? Hay cuatro razones:

1- no habla de lo que es un Estado, de su soberanía, de sus fronteras y su independencia, sino más bien una vaga entidad desprovista de cualquier signo de soberanía;

2- no habla de un calendario para su aplicación;

3- no se habla de adoptar un mecanismo de aplicación de la solución, es decir, un mecanismo de presión económica, diplomática y jurídica internacional real sobre un Estado salvaje y brutal, que continúa alterando radicalmente la realidad demográfica en Cisjordania y Jerusalén, en flagrante desprecio del derecho internacional y el orden moral;

4- la solución de los dos Estados es injusta para el pueblo palestino y no hace justicia a su derecho a la autodeterminación en todos sus componentes.

La necesidad de cambiar el método de definir la solución.

Desde el desastre de los acuerdos de Oslo, el estallido de la segunda Intifada y la revelación del engaño israelí, se han multiplicado las voces contrarias a la «solución de los dos Estados», incluidas las de antiguos dirigentes, intelectuales, universitarios, activistas y otros, basadas en la conclusión de que Israel es un proyecto colonialista, similar a los proyectos colonialistas de Occidente, cuya estructura es incompatible con cualquier compromiso con los pueblos autóctonos. Una gran proporción de palestinos creía que era posible llegar a un compromiso con Israel, un compromiso que se probó con el acuerdo de Oslo, cuyas catastróficas consecuencias para el proyecto de liberación palestina han continuado en términos materiales, políticos y morales.

Frente al proyecto de normalización con Arabia Saudí, que si no incluye la definición de la forma, las fronteras y la soberanía de un Estado independiente, significará la perpetuación del Estado errante y la perpetuación de la catástrofe palestina, existen dos direcciones u opciones, quizás sin una tercera vía, que permitirían frenar la carrera hacia una mayor normalización y abrir un verdadero horizonte de liberación.

La primera consiste en anunciar un programa que exija la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en sus tres componentes: Cisjordania, Gaza y Jerusalén, los refugiados y la diáspora, y los palestinos de los territorios del 48. Inspirándose en este programa, se acordó lanzar una campaña palestina, internacional, popular y oficial que exponga los peligros de la normalización con el régimen de apartheid y genocida, presionando para que se ponga fin al genocidio, al plan criminal de expulsión en Gaza, por la reconstrucción lo antes posible, y la paralización y eliminación de los asentamientos y puestos de control en Cisjordania y Jerusalén, la liberación de los presos y el cese de todas las formas de represión, opresión y persecución. […]

También es necesario vincularla al reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y a la garantía del derecho a la plena igualdad para los palestinos del 48.

La segunda dirección es hacer campaña por el desmantelamiento del sistema colonial de apartheid desde el río hasta el mar, y por el establecimiento de la justicia y la coexistencia entre palestinos e israelíes en un sistema democrático e igualitario. Un único Estado democrático. Esta es la dirección correcta, la más justa y la menos costosa en opinión de los defensores de una solución democrática de un solo Estado en la Palestina histórica.

La realidad de las relaciones de fuerza actuales es tal que ninguna de estas soluciones puede alcanzarse a corto o medio plazo. Como parte de una brutal alianza colonial imperialista, Israel se considera militarmente victoriosa, dirigida por un régimen fascista y apoyada por una sociedad movilizada de modo fascista contra el pueblo palestino y su derecho a existir.

No cederá a ninguna de esas exigencias sin una presión real y un cambio en el equilibrio de fuerzas en un plazo determinado.

Pero Israel, a pesar de su enorme poder militar y el alineamiento del Occidente colonialista, experimentaba ya radicales transformaciones internas, atraviesa una crisis sin precedentes, que tendrá profundas implicaciones a medio y largo plazo.

Un régimen racista, colonialista y ultraviolento, que alberga en su seno contradicciones fundamentales, que rechaza cualquier forma de reconciliación con la población autóctona, y que es estructuralmente hostil a la igualdad, la paz y la justicia, no puede eludir la responsabilidad oficial y popular internacional, ni el colapso interno, que podría ocurrir en un plazo inferior a una década.

Israel ha perdido su imagen moral a los ojos de Occidente y de sus pueblos, y amplios sectores de estos pueblos se han rebelado contra él. Ya no es el supuesto oasis democrático que se pintó en la mente de Occidente y en la conciencia de las generaciones más jóvenes, ni la víctima merecedora de simpatía. En consecuencia, amplios sectores de la opinión mundial, árabe y musulmana, están dispuestos a dar la espalda al régimen racista y aceptar una fórmula humana e igualitaria en Palestina.

Esto está condicionado a la reestructuración del movimiento nacional palestino movimiento, un horizonte amplio para una solución, una estrategia de acción y movilización, y al desarrollo de un lenguaje y un discurso de liberación moderno, en lugar de los viejos conceptos que obstaculizan la expansión y la influencia de la opinión pública mundial. No hay alternativa a la adopción de un proyecto de liberación democrático y humano, en el que las nuevas generaciones, las más conscientes y las más capaces de comprender los cambios que se están produciendo en la sociedad humana, desempeñen un papel protagonista.

Awad Abdel Fattah,

Co-coordinador de la Campaña por un solo Estado Democrático

Antiguo secretario general de la Agrupación Democrática Nacional, partido palestino del interior

1º de mayo 2025: mucho que reivindicar

Un año más conmemoramos el 1º de mayo. Un día de celebración reivindicativa, que no festiva.

Las crisis encadenadas que venimos sufriendo desde principios de siglo están produciendo una pérdida de poder de compra, tanto para salarios directos (sueldos) como diferidos (pensiones). El capital se ha acostumbrado a apropiarse de parte de las rentas del trabajo subiendo los precios de los productos, con cualquier excusa.

El ataque a los servicios públicos, y su deterioro es una forma de reducir el salario, en este caso el indirecto; la parte de las rentas del trabajo que dedicamos a pagar impuestos para que nos revierta en forma de servicio público.

Esta dinámica produce un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital que explica por qué a pesar de las crisis económicas y sociales los ricos son cada día más ricos y, por el contrario, cada día hay más pobreza entre la clase trabajadora.

Otra reivindicación fundamental es la defensa de la vida de los trabajadores y trabajadoras. En 2024 se produjeron en España 796 muertes en accidente laboral 2,2 muertos cada día. Demasiadas muertes que son provocadas, en la mayoría de las ocasiones, por la vulneración de las leyes de prevención de riesgos laborales y porque el empresariado antepone la maximización del beneficio a la vida de las personas que tienen contratadas.

La precariedad laboral de los y las jóvenes trabajadoras no es una cuestión menor. Se abusa de las contrataciones vinculadas a la edad: contratos de aprendizaje con un 25% menos de salario, por ejemplo. Rotación en el empleo, temporalidad; por mucho que las estadísticas hayan mejorado a consecuencia del cambio en la consideración del contrato fijo discontinuo como un contrato no temporal, etc. Todo ello, unido al alto coste de la vivienda, conlleva que incluso las y los jóvenes con puesto de trabajo tengan muchas dificultades para poder emanciparse.

El empeño de los líderes mundiales y de los gobiernos de prepararse para la guerra no hace que la clase trabajadora pueda un futuro de prosperidad. El incremento de los presupuestos para defensa, ponen en riesgo los presupuestos para esos servicios públicos que pagamos con nuestros salarios; al menos, así lo indican las previsiones y dictados del FMI, por mucho que el calculo electoral haga decir otras cosas a los dirigentes políticos.

A los trabajadores y sus organizaciones no nos queda otra salida que la movilización unida en la defensa de los derechos de nuestra clase. Atomizar las luchas, posponerlas o no darlas es un error que nos costará derechos y vidas.

Defender las Pensiones públicas, la Sanidad, la Educación o las condiciones laborales, como por ejemplo están haciendo los trabajadores de la recogida de residuos sólidos de Madrid es la única manera de garantizar nuestros derechos como clase y el futuro de nuestros hijos e hijas.

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