Categoría: ACTUALIDAD POLITICA

Jornada sobre vivienda: aportación al debate

A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.

El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.

La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.

  • Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
  • Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
  • Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
  • María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.

Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.

A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.

La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.

De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22

  • Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.

Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.

  • Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.

Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.

  • Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.

El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.

El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.

  • Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
  • Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.

Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.

Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino

Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.

Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:

  • La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
  • Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
  • No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
  • Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
  • Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
  • Topar el precio de venta y alquiler.
  • Movilizar dinero público para VPO.
  • Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
  • Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.

Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.

Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

Fotografía: Diego Vitores

Cartelería: Natalia Sánchez

Enrique Dargallo

Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

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1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT

La vía muerta de la inversión: Por qué el futuro del tren no puede ser el beneficio privado

1. Introducción: El crujido de las vías

La red ferroviaria española atraviesa un momento de vulnerabilidad estructural que trasciende la anécdota técnica. Los recientes siniestros, desde el descarrilamiento en Adamuz —atribuido a un defecto en una vía recién renovada— hasta las recurrentes incidencias en el núcleo de Cataluña, que han llegado a cobrarse víctimas mortales, son la manifestación física de un sistema al límite que afecta a la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios, y que tiene consecuencias nefastas para sus principales usuarios trabajadores y estudiantes, gran parte de la clase trabajadora.

El propio Ministro de Transportes ha admitido la urgencia al describir una «infraestructura viejísima» tras años de abandono. Los datos validan esta alarma: el 24% de la infraestructura ferroviaria española supera ya los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento no es fortuito, sino el resultado de una descapitalización sistemática que demuestra que el modelo de liberalización actual no es ninguna herramienta de eficiencia sino un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado en corredores rentables mientras desmantela el carácter vertebrador del servicio público.

El espejo británico: La anatomía de un colapso anunciado

Para proyectar el futuro de España, es imperativo analizar el fracaso del Reino Unido tras la privatización de 1993 bajo el gabinete de John Major. Aquel modelo, diseñado por el legado de Thatcher, fragmentó el sistema en más de 30 entidades, resultando en una externalización de riesgos que, ante el colapso, terminó asumiendo el erario público.

Las métricas financieras de este experimento son demoledoras:

• Explosión de costes operativos: El coste de operar el sistema se duplicó en una década, pasando de 2.400 millones de libras (1990-95) a 5.400 millones (2005-10), sin una mejora correlativa en los activos fijos.

• Transferencia de rentas públicas: Los subsidios estatales crecieron un 300%; paradójicamente, el 90% de las inversiones fueron sufragadas por el contribuyente, mientras las operadoras privadas extraían dividendos.

• Colapso de Railtrack: El gestor privado de infraestructuras quebró en 2001 tras una cadena de accidentes derivados de la falta de integridad técnica, obligando a la creación de la entidad pública Network Rail.

Este deterioro fue retratado con precisión por Ken Loach en La Cuadrilla (The Navigators), donde se ilustra cómo la rentabilidad del accionista tritura la seguridad laboral y técnica. La prueba final del fracaso es que, en 2025, el Reino Unido completará la renacionalización de la South Western Railway (SWR), admitiendo que el mercado es incapaz de gestionar un derecho social.

La asimetría del modelo español: AVE para pocos, olvido para muchos

España ha adoptado un rol de «Quijote» de la liberalización, implementando las directivas de la UE con un celo regulatorio que contrasta con la cautela de nuestros vecinos. Mientras Francia protege su operador nacional con «trabas inacabables» para asegurar la cohesión del servicio, la CNMC en España facilita el acceso a los activos más lucrativos (AVE) a operadores como Ouigo o Iryo sin exigir contrapartidas equivalentes en vertebración territorial.

Esta lógica de extracción financiera genera una distorsión profunda reflejada en la siguiente comparativa:

Segmento FerroviarioSituación y Evolución TécnicaImpacto Social y Operativo
Alta Velocidad (AVE)Concentración masiva de inversión pública; competencia de precios en corredores de alta densidad.Modelo de «lujo» que absorbe recursos mientras el retorno social se limita a usuarios de alto poder adquisitivo.
Tren de MercancíasDeclive crítico: caída de una cuota modal del 11% (2005) a un exiguo 2,4% actual (mínimo histórico del 1,9% en 2017).Fracaso en la transición ecológica y pérdida de competitividad logística industrial.
Red ConvencionalDéficit de mantenimiento acumulado y obsolescencia de activos; reducción sistemática de frecuencias.Supresión de 40.000 trenes regionales y cierre de paradas en 172 estaciones desde 2014; aislamiento de la «España vaciada».

Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) se han instrumentalizado para justificar recortes, priorizando el flujo de caja sobre el derecho constitucional a la movilidad.

Radiografía del abandono: Las cifras del déficit estructural

El deterioro de la red responde a la política de «inaugurar antes que mantener». El ahorro en mantenimiento preventivo es una negligencia con consecuencias trágicas, similar a lo ocurrido con las obras hidráulicas postergadas en el Barranco del Poyo: la falta de inversión hoy es la catástrofe de mañana.

Los datos de la descapitalización sistemática son incontestables:

1. Deuda de inversión y reposición de activos: Según el IEE, el déficit acumulado para compensar el desgaste y envejecimiento supera los 60.000 millones de euros.

2. El desplome porcentual: Existe una «ilusión de inversión». Aunque se anuncien cifras récord, la inversión actual de 3.469 millones de euros está un 63% por debajo de los niveles de 2009-2010, cuando superaba los 11.000 millones.

3. Mantenimiento insuficiente: El gasto por kilómetro en mantenimiento en España sigue siendo un 50% inferior a la media de la Unión Europea, una asimetría fiscal insostenible para una red de nuestra extensión.

Durante el periodo 2011-2018 (años de gobierno del Partido Popular, la inversión en infraestructuras sufrió una caída real acumulada del 56,3%, marcando el inicio de la crisis actual de reposición de activos.

Focos críticos: La crisis de Rodalies y el Corredor Mediterráneo

Cataluña es el exponente máximo de la «tormenta perfecta»: falta de inversión histórica sumada a una saturación estratégica extrema. El Corredor Mediterráneo, lejos de ser solo una oportunidad, actúa como un cuello de botella donde se mezclan tráficos de larga distancia, mercancías y cercanías en una red exhausta.

En 2024, ADIF destinó 710,6 millones de euros a Cercanías. Sin embargo, para un analista de políticas públicas, esta cifra es apenas un parche de emergencia. Frente a una necesidad técnica estimada en 11.700 millones anuales para compensar el envejecimiento nacional, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir décadas de descapitalización. La fiabilidad del servicio no volverá hasta que se priorice la seguridad integral sobre la inauguración de nuevos hitos políticos.

Conclusión y Propuesta Política: Recuperar el tren como bien común

La seguridad ferroviaria no es un coste; es una inversión por la vida. El modelo de gestión actual, que subcontrata el mantenimiento mediante licitaciones a la baja para preservar márgenes empresariales, compromete la estructura misma del Estado. Es imperativo transitar hacia un modelo que reconozca que la rentabilidad social es el único balance que importa.

Manifiesto por un Ferrocarril Público y Social:

• Renacionalización integral del sistema: Siguiendo el ejemplo de la SWR británica en 2025, España debe revertir la segregación vertical y poner fin a la liberalización agresiva. El control 100% público debe eliminar la extracción de beneficios privados de un sector que sobrevive gracias al subsidio estatal.

• Priorización de la rentabilidad social: Las OSP deben dejar de ser una excusa para el recorte. El éxito del sistema debe medirse por la recuperación de las 172 estaciones abandonadas y la vertebración de la «España vaciada», garantizando frecuencias dignas en la red convencional.

• Plan de choque de inversión pública y reposición de activos: Exigimos un plan masivo que sitúe el mantenimiento de la red convencional y de mercancías por encima de la expansión de nuevas líneas de lujo. La seguridad —desde la circulación hasta la ciberseguridad— debe ser la prioridad absoluta, entendiendo que el ferrocarril es un derecho ciudadano y el gran vertebrador del territorio bajo gestión pública directa.

Baltasar Santos

Primer secretari PSC el Vendrell.

La democracia en el trabajo, una nueva gobernanza empresarial

La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.

Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.

El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.

Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.

Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.

El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.

Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.

Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.

En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.

Toni Ferrer Sais

Exsecretario de Acción Sindical de UGT

Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado

El colapso del control nuclear

Introducción

El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.

La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.

El auge y declive del control nuclear

El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.

Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.

El fin del “New START” y el vacío normativo

El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.

Un contexto global de rearme

El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.

Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.

La Unión Europea ante un entorno más inseguro

La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.

Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.

Autonomía estratégica: ambición y límites

En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.

La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.

Impacto político y normativo

La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.

Conclusión

El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.

La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.

Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.

A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.

Manuel Ruiz Robles

ex-capitán de navío de la Armada (retirado),

ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).

VOX sigue creciendo en los comicios autonómicos.

Incapacidad de la izquierda para formar una coalición unida que frene al fascismo.

Desde las últimas elecciones autonómicas, el PP y de su mano VOX, detentan el poder territorial en España.

El PP, a través de Ayuso, gobierna la Comunidad de Madrid, si bien Ayuso se ve más identificada con VOX que con su partido, a la vista de las políticas y decisiones que toma y su Trumpismo declarado.

Además de Madrid, el Partido de Feijóo, detenta el poder en Andalucía, en Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y La Rioja. El Ayuntamiento de Madrid, está gobernado así mismo por el PP.

En esos Gobiernos, VOX ha tenido presencia con consejerías e incluso viceconsejerías en las comunidades de CyL, Aragón Valencia, Extremadura y Murcia.

En 2025, la presidenta de Extremadura, Guardiola, adelantó las elecciones, pensando que esta estrategia le iba a permitir distanciarse de VOX y gobernar en solitario. Nada más lejos de la realidad, PP solo ganó un escaño y perdió cerca de 10.000 votos, mientras que VOX duplicó los suyos, de tal suerte que PP con 29 escaños no puede gobernar y necesita los 11 escaños de VOX, con el que tendrá que negociar.

En Aragón las cosas han seguido como en Extremadura, se adelantaron los comicios pensando en dejar atrás a VOX. Los resultados han sido malísimos para el PP, pues, pierde 2 escaños, pierde 13.000 votos y con sus 26 escaños, se queda a 8 de la mayoría absoluta y para gobernar necesita de los 14 escaños de VOX.

El 15 de marzo hay elecciones autonómicas en CyL, donde las encuestas pronostican que ganará PP con un escaño más, con pronóstico de 32 escaños, es decir, a 10 de la mayoría absoluta, bajaría el PSOE 3 escaños, obteniendo 25 y VOX crecería de 13 a 16. Una vez más, el PP necesita de VOX para alcanzar la mayoría que le permita gobernar.

El PSOE, vuelve a expresar su preocupación por la falta de unión de las izquierdas, que ya en 2023, esa falta de unión contribuyó a la pérdida de varias autonomías.

Los hechos ponen de manifiesto que VOX sigue creciendo y que el fascismo avanza.

VOX se ha hecho imprescindible para el PP porque sin su concurso no va a poder gobernar y es claro que el PSOE, no se va a abstener en ninguna de las tres autonomías donde está pendiente la formación de gobierno.

VOX se lo está poniendo muy duro al PP, tanto en Extremadura como en Aragón, al solicitarle vicepresidencias y consejerías de alto contenido, con dotaciones presupuestarias para atender las funcionalidades que ocupe.

PP no parece dispuesto a aceptar esas exigencias por no parecerles proporcionales, pero VOX, crecido, no cede. Las candidatas o candidatos, miran de reojo al PSOE, pero saben que un pacto de abstención no es viable, la disyuntiva es clara, o VOX toma las riendas de los gobiernos en discusión, o habrá que repetir comicios en Extremadura y Aragón. Veremos qué pasa en CyL.

Y mientras tanto, ¿qué hace la izquierda?, ¿qué estamos haciendo los partidos de izquierda, los sindicatos, los trabajadores, para frenar el avance del fascismo? ¿Será la izquierda capaz de unir a toda la izquierda alternativa y formar una coalición seria, con representantes sólidos, que no sea una mera elección y ordenación de candidatos, dejando atrás los egos, el “mirarse el ombligo”, las rencillas y los viejos resquemores?

El asunto es muy complicado y complejo.

Cuando la izquierda se sienta a hablar y a reflexionar, cuando el asunto de una unión de las izquierdas se mueve, a muchos electores se le agitan las mariposas en el estómago y se llenan de expectativas que, si después no se llevan a buen puerto, les llena de frustración y se provocan abstenciones.

Es cierto que, a las fuerzas progresistas, haciendo abstracción de lo puramente ideológico, les unen muchas más cosas que las que les separan, pero sigue habiendo muchas dudas, muchos egos y muchas facturas pendientes.

Sin embargo, ante lo que nos jugamos todas y todos, ante el fascismo creciente, deben olvidarse todas las cuentas y sacar a relucir la generosidad, la fraternidad y la solidaridad para avanzar resolutivamente hacia una coalición unida de todas las izquierdas que frene al fascismo y genere la posibilidad de un gobierno que permita afrontar políticas progresistas.

Pero tratemos de abordar cuales son las causas de las dificultades de la izquierda para unirse.

En España, pese a que las izquierdas tengan una historia, un legado, de lucha obrera y de lucha revolucionaria, tras la muerte de Franco y la Transición, no existe una izquierda revolucionaria, y sí, en cambio, una izquierda muy sometida a las corrientes que vienen impuestas desde Europa, la UE, las socialdemocracias muy descafeinadas y la confusión de los problemas, pese a que las prioridades y reivindicaciones de los trabajadores, están muy claras.

Tengo el convencimiento de que la mayoría de los partidos de la izquierda alternativa, están fuera de la realidad y muy alejados de los verdaderos problemas de los trabajadores y de la lucha obrera no teórica, sino real, cuando, sin embargo, resulta esencial la unidad de la izquierda para consolidar la democracia, el estado de derecho, la justicia social y el respeto y la defensa de todos los servicios públicos fundamentales.

En la dispersión existente en la izquierda alternativa, (siguiendo la línea de pensamiento de Temi Vives, biólogo y filósofo, profesor honorífico de la Universidad de Barcelona), hay una gran diversidad ideológica, que puede ir dese un marxismo-leninismo radical, estalinistas, trotskistas, comunistas clásicos, socialistas, socialdemócratas y socio liberales, sin dejar de lado todas las ramas anarquistas y del anarco-sindicalismo. Sin embargo, no creo que esta diversidad ideológica sea un hándicap para lograr un acuerdo sobre estrategias y objetivos comunes, en una hipotética coalición electoral de las izquierdas.

Más bien, una de las mayores dificultades puede estar en la contraposición de intereses, entre los diferentes sectores de la izquierda, donde pueden coincidir trabajadores con una lucha de clase muy definida y unas reivindicaciones muy marcadas y, por ejemplo, intelectuales, con unos intereses que los lleven a prioridades diferentes, generando rivalidades y divisiones.

Puede haber influencia de poderes externos o grupos de presión que incidan sobre los diferentes sectores de la izquierda, que sin duda, debilitan la unidad e independencia de esa posible coalición unitaria de las izquierdas.

En estos momentos hay, sin embargo, un atisbo de esperanza, Gabriel Rufián, descartándose a priori como líder de nada, no será él quien represente a ninguna posible unión de las izquierdas, ha dado un paso adelante y está intentando que las izquierdas se unan, que se sienten, dialoguen y debatan, que identifiquen lo común y formen una coalición unitaria de toda la izquierda, manteniendo cada quien su identidad, que es lo que demanda el electorado progresista y que es fundamental para frenar al fascismo.

Del mismo modo, unos días después de la iniciativa del diputado Rufián, ya pública, y con conocimiento de la misma, por parte de SUMAR, IU, MÁS MADRID y los COMUNS, se han dado pasos para repetir una coalición electoral de dichas formaciones, pero sin referencia alguna ni a Gabriel Rufián ni a PODEMOS.

Parece que PODEMOS sigue teniendo muchas diferencias y ¿desafueros? Con SUMAR, y va a ser muy difícil que vaya a unirse a ningún tipo de coalición, concurriendo en solitario en los próximos comicios por venir, con el riesgo de que PODEMOS y no solo ellas queden fuera de juego, e incluso sin representación parlamentaria, como ha ocurrido en Aragón, en el Congreso y en el Senado.

Nada teme más la derecha y los fascistas que una izquierda unida, organizada y fuerte.

Sólo una izquierda fuerte, valiente, organizada, unida y rupturista, será capaz de frenar a VOX, al PP y demás fascistas que pululan por España.

Miguel Sagüés

Miembro del Comité de redacción de TS

21 de febrero: representantes de Sumar, Izquierda Unida, Mas Madrid y los Communs se reúnen en Madrid para presentar su propuesta
18 de febrero: Gabriel Rufián y Emilio Delgado convocan un acto en Madrid para «repensar la izquierda»
Podemos no participa de los actos de «un paso al frente» ni del acto de Rufián y Delgado

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516

Victoria pírrica del PP en Aragón

El PP ha ganado las elecciones en Aragón. Es lo que desde la calle Génova pregonan y celebran por todo lo alto. Para variar no es falso, pero solo desde el punto de vista matemático. Sin embargo, una lectura política, pues esto del electoralismo es política, los de Feijóo han obtenido una victoria pírrica.

Feijóo está desesperado por llegar a Moncloa, desde el minuto uno tras las elecciones de julio de 2023, cuando forzó al Rey, y Felipe VI no se opuso a la presión, para que le encargase formar gobierno; aun sabiendo que no contaba con el apoyo parlamentario necesario, pero había que probar por si podían hacer un “tamayazo estatal”.

En su miopía, la de Feijóo, está engordando a sus parientes ideológicos -derecha extrema y extrema derecha, vienen de la misma casa madre, el franquismo- para debilitar al PSOE. Incluso está poniendo en evidencia los tentáculos de la derecha de siempre en el seno del Poder Judicial. Y han acabado con el poco prestigio que le pudiera quedar a cabeceras mediáticas de la derecha.

Feijóo empuja a sus líderes territoriales a adelantar elecciones; una estrategia de tierra quemada, como es habitual buscando el efecto mediático, cuyo resultado es, que en Extremadura tiene de plazo máximo el 19 de abril, antes de volver a las urnas, si la señora Guardiola es incapaz de ser investida presidenta de la Junta extremeña. En Aragón el resultado es un retroceso, con el mismo panorama que en Extremadura; dependencia total de VOX, al perder dos diputados -un retroceso del 7,14% en número de escaños-.

Entrando en los datos cuantitativos

Aragón ha pasado de un censo electoral de 1.019.050 en 2023 a los 1.036.321 actuales. De estos electores, 317.661 el domingo se abstuvieron: la abstención ha bajado un 1,03% respecto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, aun así, el 31% de los electores no han ido a votar, por lo que políticamente, la abstención es una vez más la “ganadora” de las elecciones.

Como ya se ha dicho, el PP ha bajado de los 28 diputados que obtuvo en 2023 a 26. Y ha perdido más de 13.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, han ganado las elecciones bajando en votos y en diputados, a pesar del descenso de la abstención.

El PSOE ha tenido el mismo resultado que Javier Lambán en las elecciones aragonesas de 2015, 18 diputados, perdiendo 5 diputados y perdiendo 38.500 votos respecto a 2023.

VOX se ha visto beneficiado por el sistema de reparto de la ley electoral, pues ha doblado el número de diputados, al pasar de 7 a 14, aunque no ha multiplicado por 2 los votos recibido: en 2023 recibieron 75.349 votos y en estas elecciones ha subido a 117.347.

Chunta Aragonesista (CHA), ha doblado su número de diputados, pasando de 3 a 6, y ha doblado sus votos: de 34.163 a 63.875. Recordando que su techo lo fijaron en 2003, cuando obtuvieron 9 diputados.

Teruel Existe ha perdido un diputado, bajando de 3 a 2 e Izquierda Unida (IU) se ha quedado con el diputado que tenía, pero perdiendo un 8% de los votos recibidos en 2023.

Alguna consideración cualitativa

No tenemos intención de entrar en esta Declaración, a modo de valoración, en un análisis profundo de los porqués de estos resultados. Desgraciadamente, tenemos que constatar el retroceso que para el conjunto de la izquierda se viene produciendo, en pérdida de votos e incluso en la desaparición de Podemos, cuyos votos, no menos de 20.000, de los 26.923 que recibieron en 2023, han ido aparentemente al CHA.

Hay que señalar que Aragón es una Comunidad con un sector primario que aporta más de un 5% al PIB aragonés, más del doble que la aportación de ese sector en el ámbito estatal. Las políticas de la UE, donde es mayoritario el Partido Popular Europeo, sin olvidar que quién representa a España en las instituciones europeas es el Gobierno de la nación; son políticas que no están siendo favorables a los intereses de la agricultura y la ganadería, de ningún país de la UE, donde se incluye el sector primario de nuestro país.

La izquierda tiene demasiadas diferencias formales, partidistas…que debieran superar, tanto a la hora de las elecciones como a la hora de la acción de gobierno como la acción en el legislativo, centrándose en las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social. No hacerlo significa seguir perdiendo la confianza de quienes viven de su esfuerzo.

La Junta Directiva de ASTRADE
9 de febrero de 2026

La vivienda es un derecho constitucional minusvalorado

El capítulo tercero de la Constitución de 1978 contiene una serie derechos que, si se preguntase a la población en una encuesta, muy probablemente la inmensa mayoría consideraría fundamentales. Sin embargo, no solo no están entre los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo, sino que están minusvalorados, e incluso me atrevería a decir abandonados en la selva del mercado libre.

No me voy a remontar a la historia de la vivienda pública y/o vivienda social en nuestro país, pero sí, al menos, a las tres últimas décadas. Debo comenzar mencionando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones; aquella ley del Gobierno de Aznar y Rato fue la mecha de la bomba que estallaría diez años después, en forma de burbuja inmobiliaria. Como si se edificase sobre un terreno pantanoso, aquella ley, ha generado un perjuicio estructural.

Para agravar el problema, el mismo partido que impulsó aquella legislación, hoy fomenta el auge de la vivienda turística incumpliendo y no acatando las leyes que intentan paliar el problema, además de la nula inspección para la detección de incumplimientos, lo que está ocurriendo, al menos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

En materia de vivienda habría que hablar de suelo y de vivienda. Es por esto que la ley de 1998 antes aludida, liberalizó el suelo de manera integral, -como la ley 15/1997 liberalizó la privatización de la sanidad pública, otro servicio fundamental minusvalorado y en deterioro-. El asunto es que el gobierno central legisla y pone los recursos, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias.

A PP y VOX siempre se los verá, estén en la Administración que estén, al lado del libre mercado, de esa falsa libertad de un mercado que no tiene en cuenta que el hecho de que haya demanda satisfecha no significa que todos los demandantes de vivienda puedan acceder a una vivienda. Al mercado no le preocupa la discriminación por capacidad económica para compra o alquiler, pero, a las instituciones del Estado debería preocuparle y ocuparle.

La economía no es una ciencia exacta ni neutral, y el caso de la vivienda es un buen ejemplo, en tanto que se está utilizando como valor refugio ante la desconfianza en los mercados de inversión y a años de tipos de interés muy bajos. No hay que subir los tipos, al menos no tanto como Trump presiona a su Reversa Federal -quizá tenga que ver, entre otras cosas, porque la familia Trump es una familia que tiene por tradición la especulación en el mercado inmobiliario-.

La escasez de vivienda asequible se ha convertido en un gravísimo drama social que no solo afecta a los y las jóvenes, también lo es para otras generaciones, si bien, los jóvenes sufren un problema añadido, como lo es que el problema deriva en la negación a su derecho a la emancipación.

La gravedad del problema llega a que se está normalizando que muchas personas se vean obligadas a alquilar habitaciones y compartir piso, siendo el precio medio en Madrid de 500 €/habitación, que supone el 42,23% del SMI. El 40% de la población destina más de un tercio de sus ingresos (Julio Rodríguez “La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda” TS-156 julio de 2024”).

El Estado, los gobiernos no conservadores, deberían haberse anticipado o, al menos haber ido atajando el problema que se ha creado en estas tres últimas décadas, que ha derivado en drama social para millones de personas; los más vulnerables. Los datos así lo demuestran:

*Enero a Junio.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Elaborada por Tribuna Socialista

Cada cual saque sus conclusiones respecto a los distintos periodos de los diferentes gobiernos, en función del ritmo de caída del número de Vivienda de Protección Oficial puestas a disposición de la población más desfavorecida.

También se deben poner estos datos en función de la evolución de la población en nuestro país, que ha pasado de los 39,9 millones de habitantes censados a 1 de enero de 1997, a los 49,1 censados a 1 de enero de 2025: datos del INE.

Otro factor que es preciso contextualizar es la evolución de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y el de los salarios.

La Editorial de Tribuna Socialista nº. 165, de abril de 2025, establecía una serie de ítem de los motivos que generan este grave problema social, algunos de los cuales he retomado:

  • La alta demanda en áreas urbanas
  • La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
  • La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
  • Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
  • La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler y para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
  • El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

Las estimaciones hablan de la necesidad de construir en torno a 1,5 millones de viviendas de VPO en los próximos 5 años, es decir, a un ritmo de construcción de 300.000 viviendas asequibles.

Es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos presupuestarios del Estado, y no a la maquinaria bélica. Es en esa dirección por la que hay que caminar para cerrarle el paso a la extrema derecha y a todos lo demagogos que, en realidad, no son más que agentes comerciales del supuestamente libre mercado.

Roberto Tornamira

Militante del PSOE en Madrid,

adscrito a Izquierda Socialista

Progreso, ¿Estamos ante un avance social o hacía un control social?


Por Juan Francisco Gómez Colomera,

historiador

Escribir sobre las nuevas tecnologías en 2026 pasa inevitablemente por hablar de la IA, redes y algoritmos, tecnopoderes, control social, controles medios… en definitiva comprobar que, a pesar del “progreso” que han supuestos para la humanidad (eso es algo indiscutible), este está siendo desviado o disfrazado por las grandes tecnológicas(nuevo feudalismo) hacia un control disfrazado de progreso.

En el último año, hemos asistido a la toma de posesión del último presidente de EE.UU Donald Trump, allí estaban presentes Amazon, Meta, Tesla, ChatGPT, etc…y no estaban por casualidad, habían apoyado al “nuevo emperador” para alcanzar ese lugar y había llegado el momento de reclamabar su sitio en el nuevo mundo que quería construir, cambiando el mundo hasta ahora conocido y utilizando masivamente las nuevas tecnologías que estas corporaciones le brindan, esto significa nada más y nada menos que tomar el control de medios de información, comunicación y difusión y por supuesto, el control social.

Es evidente que estás nuevas tecnologías han sido un avance, que la IA es un logro para la evolución de la humanidad, pero a la vez un peligro si no es controlada por los poderes democráticos y esa es la lucha que en estos momentos se está produciendo entre estos nuevos poderes y los poderes elegidos por los ciudadanos y en esta batalla, por la libertad y derechos de las personas, es donde las instituciones tienen que imponer normas y reglamentos, tal como Europa está intentando, porque hay que regularlas con fuerza ya que sin regulación, contrariamente al mensaje que intentan colocarnos, “ peligran nuestros derechos y peligra la democracia, tal como la conocemos, y peligra la sociedad actual”.

Ellas, las nuevas tecnológicas, se niegan a pagar impuestos, a reconocer derechos de autor, a regular la difusión de falsedades y bulos en redes, a denunciar la manipulación de la información, a eliminar contenidos peligrosos….

Y sin embargo es importante recordar que hay otros peligros más sutiles que se están llevando a cabo cada vez con menos disimulo como es la sedación de la sociedad, está se realiza con la creación de mundos artificiales y relatos irreales y llevan a las personas a un multiverso.

Es importante hacer especial referencia a lo que está suponiendo para nuestras vidas cotidianas y para el planeta estos nuevos poderes, sustentados en inmensas fortunas y en el control de medios de comunicación o poderes políticos vía fomento ideologías de ultraderecha, apoyo a esos partidos y sus líderes. Igualmente con sus medios, manipulan o crean falsas expectativas con el objetivo de destruir las democracias liberales y sustituirlas por Autocracias, modelo China o Rusia, dando razón a lemas o dichos como “puede haber progreso sin derechos”, esto lo hemos definido como «Postdemocracia».

A nivel social, sus efectos se sienten cada vez más, sus medios de desinformación influyen en los comportamientos sociales, desincentiva la participación de la ciudadanía y con ello la capacidad de la sociedad de controlarlas. Influyen en la propia estructura de la sociedad cada vez más disgregada, más individualizada y a la vez aislada.

Vemos como las enfermedades mentales avanzan y parte de ello se debe a la insatisfacción vital que ese mundo irreal va introduciendo en nuestros pensamientos y reflexiones, pues nuestros avatares, son eso “avatares” pero cuando caemos en ello, es difícil de asumir para muchos ciudadanos y ciudadanas.

La sociedad debe recuperar o no dejarse arrebatar su capacidad de luchar, responder a esta sumisión en la que nos conducen vía IA, algoritmos o fabulaciones; la deshumanización que esto supone con sus medios de control social y la destrucción que suponen en puestos de trabajo, esquilmar los recursos naturales y con ello dañar el planeta, en su afán de acaparar riquezas y convertirse en intocables y “dioses” todo ello basado en su control tecnológico.

Hay unas realidades que hay que conocer y que nunca nos son presentadas por este nuevo cuadro económico y social:

  • La tecnología acentúa y favorece las desigualdades.
  • Afecta a la participación y la conciencia ciudadana.
  • Ataca las libertades y los derechos.
  • Destruye valores como la Igualdad, fraternidad, libertad y la solidaridad.
  • Potencian el individualismo frente a lo colectivo.

Para acabar esta reflexión, me gustaría exponer una serie de ideas que nos transmiten los pensadores que han analizado este fenómeno denominado IA.

La IA no crea, es alimentada de datos, acaparan datos en grandes centros de datos y sus dueños les aplican los algoritmos que nos darán las respuestas, pero siempre serán controladas por quien diseña dichos algoritmos, lo cual nos puede llevar a cuestionarnos, la bondad del sistema, y si es una verdadera Inteligencia artificial. Por ahora podemos decir sin miedo a equivocarnos que NO, que las maquinas toman decisiones basadas en la computación y cruce de miles de casos, pero no crean nada nuevo y por supuesto, no tienen capacidad de diseñar pensamiento propio.

No debemos olvidar además que todo esto requiere del consumo de gran cantidad de recursos, sin precedentes hasta ahora en la humanidad, esto supone expoliar y acaparar datos, explotación de mano de obra, consumo de enormes recursos naturales como: agua, energía y tierra.

Muchas personas ya comienzan a sufrir el impacto de la IA, y eso puede volverse contra esas nuevas tecnologías y la visión de ellas que tenemos, sabemos que nos venden un mundo mejor y un progreso infinito, pero esa es la definición exacta “nos venden”, mientras nos van socavando la dignidad y los derechos que hemos adquirido durante años de lucha.

Por ello hay que pelear contra la falta de transparencia, la opacidad que acompaña al desarrollo de este nuevo mundo que nos están proyectando cada vez más, o sin lugar a dudas, sucumbiremos a él y pasaremos de ser usuarios a clientes y al final desechables, para esa elite que pretende dominar a millones de personas y que sigue acumulando poder e influencia en ese futuro.

Quizás, ahora, sintamos lo que sentían aquellos obreros que formaron parte del movimiento Ludista, artesanos que con sus manos y herramientas creaban sus productos y que vieron como las maquinas, en manos de grandes comerciantes e industriales, amenazaban sus empleos, sus condiciones laborales y sus condiciones de vida.

Adamuz: 45 vidas segadas y demasiada niebla informativa

Por qué conviene entender, sin tecnicismos, cómo se investiga un siniestro ferroviario

Desde Tribuna Socialista queremos mostrar toda nuestra solidaridad y afecto a las familias, amigos y compañeros de los 45 fallecidos en unos momentos terribles por la pérdida de personas con historias, sueños, futuro…y que han visto rotas todas sus ilusiones en este maldito accidente ferroviario. Queremos así mismo mostrar todo nuestro apoyo a los heridos y desearles una pronta recuperación.

La colisión ferroviaria de Adamuz (Córdoba) no es un suceso más en la crónica de incidencias: es una herida colectiva. En cuestión de segundos, un viaje rutinario se convirtió en tragedia y el país volvió a recordar, con crudeza, que la seguridad y la verdad importan tanto como el consuelo. Pero, junto al dolor, ha crecido otro problema: la confusión. La investigación avanza, sí, pero en paralelo circulan hipótesis prematuras, siglas incomprensibles para la mayoría y desinformación que se mueve más rápido que los hechos.

Este artículo pretende ser una guía clara. No para sentenciar una causa —eso corresponde a los peritos y a los juzgados—, sino para explicar qué se sabe, qué no se sabe todavía y por qué hay términos técnicos que, bien entendidos, ayudan a no caer en el ruido.

Lo confirmado: 45 víctimas y una emergencia sanitaria sostenida

A día de hoy, el balance oficial asciende a 45 personas fallecidas. Es el dato más duro y el único que debe presidir cualquier relato. A partir de ahí, conviene tener presente que la cifra de heridos y hospitalizados puede fluctuar, porque algunos pacientes reciben el alta y otros son derivados o revaluados. Hay personas que permanecen ingresadas y otras en estado grave, con seguimiento intensivo.

En tragedias de esta magnitud, además, suele ocurrir algo que resulta insoportable para las familias: la identificación no es inmediata. Aunque en algunos casos se puede avanzar con rapidez, en otros exige procedimientos forenses más complejos. Por eso, cuando se reclama “un resumen de las víctimas”, lo responsable es distinguir entre el número total confirmado y los detalles individuales, que solo deben difundirse cuando exista confirmación oficial y comunicación familiar.

Qué pasó, explicado sin jerga

El esquema básico, a falta del informe definitivo, se describe así:

  1. Un tren de alta velocidad descarrila.
  2. Al descarrilar, parte de sus vagones pierde la alineación con la vía y puede desplazarse lateralmente.
  3. Si ese desplazamiento invade la vía contigua —la del sentido contrario—, el riesgo de choque es extremo.
  4. El tren que viene de frente puede no disponer de margen suficiente para detenerse, aunque el maquinista frene y aunque existan sistemas automáticos.

Aquí hay una palabra que ayuda a entender todo: tiempo. Un tren a 200 km/h recorre aproximadamente 55 metros por segundo. Eso significa que un intervalo de apenas 20 segundos supone poco más de un kilómetro de distancia. Y un tren de cientos de toneladas no se detiene como un coche: necesita mucho espacio para frenar, incluso en condiciones óptimas. Cuando el obstáculo aparece de forma súbita, la física impone límites brutales.

Por qué se habla de un “vagón” concreto y de “un peso arrastrado”

En las primeras horas se han mencionado testimonios que apuntan a que pudo ocurrir algo anómalo en un vagón determinado y se ha especulado con la posibilidad de un elemento “adosado” o arrastrado en los bajos. Conviene tratar esto con cautela:

  • Un testimonio es valioso para orientar la investigación, pero no prueba una causa.
  • Una hipótesis como “algo arrastrado” requiere evidencias físicas: marcas en el carril, restos metálicos, daños específicos en bajos, trazas coherentes en la zona de inicio del descarrilamiento y correlación con los registros del tren.
  • Si ese elemento existió, habrá que determinar si fue la causa del descarrilamiento o una consecuencia del propio siniestro.

En términos sencillos: lo importante no es que una explicación “parezca posible”, sino que encaje con un conjunto de pruebas independientes y consistentes.

Qué investigan los peritos en un accidente ferroviario

Para entender por qué la investigación lleva tiempo, hay que saber qué piezas se analizan. Normalmente, se trabaja en cuatro planos a la vez:

1. El tren (material rodante)
Se revisan ruedas, ejes, suspensión, sistemas de frenado, posibles fallos mecánicos, y se examinan los daños para reconstruir la secuencia: qué se rompe primero y qué se rompe después.

2. La infraestructura (la vía y su entorno)
La “vía” no es solo el carril. Incluye traviesas, sujeciones, balasto, desvíos, juntas, aparatos de dilatación y el estado geométrico del trazado. Cualquier anomalía —una deformación, una pieza suelta, una irregularidad— debe fecharse: ¿estaba antes o aparece tras el impacto?

3. La señalización y los sistemas de seguridad
Aquí aparecen las siglas. Traducidas: son capas que controlan autorizaciones, distancias y velocidades. La pregunta “¿funcionaron?” no se responde con opiniones, sino con registros: qué recibió el tren, qué detectó, qué ordenó el sistema y en qué milisegundo.

4. Los datos y comunicaciones
Los trenes registran parámetros: velocidad, frenadas, avisos, estados del sistema, etc. También se analizan comunicaciones operativas y coordinación de tráfico. Es el equivalente ferroviario a reconstruir un accidente con telemetría, no con intuiciones.

Lo que no se debe afirmar sin pruebas: explosivos, sabotajes y culpables instantáneos

En las horas posteriores a Adamuz han circulado teorías de sabotaje, explosivos o conspiraciones. A falta de cualquier evidencia pública confirmada por la investigación, esas afirmaciones son irresponsables. No solo porque pueden ser falsas, sino porque intoxican el debate, presionan a las familias con rumores crueles y desvían el foco de lo urgente: asistencia, identificación, acompañamiento y verdad.

El papel de las redes: útiles para ayudar, peligrosas para mentir

Las redes sociales han servido para localizar a personas, compartir teléfonos de atención y aportar pistas prácticas. Pero también han sido terreno fértil para imágenes falsas, vídeos descontextualizados y “confirmaciones” inventadas. En este contexto, una regla básica protege a cualquiera que lea o comparta información: si un contenido no tiene origen verificable y no está respaldado por fuentes responsables, no se difunde.

La viralización de historias periféricas —incluida la búsqueda de un animal de compañía citado en algunas crónicas— demuestra hasta qué punto el foco puede desplazarse. Es comprensible que esas historias conmuevan, pero no pueden sustituir el centro moral y periodístico del caso: las 45 vidas perdidas y la rendición de cuentas basada en hechos.

Qué puede exigirse desde ya

Hay una exigencia inmediata y otra de medio plazo:

  • Inmediata: transparencia sobre el estado de la investigación dentro de los límites necesarios (no todo puede publicarse sin interferir).
  • De medio plazo: auditorías técnicas, revisión de protocolos, evaluación de infraestructuras y sistemas, y responsabilidades donde corresponda, sin convertir el dolor en munición.

Adamuz no necesita ruido. Necesita verdad. Y la verdad solo llega con método, pruebas y paciencia, por más que duela esperar cuando lo que se ha roto es irreparable.

Maria Iglesias

A las víctimas y familiares de los accidentes

ferroviarios de Adamuz y Gelida

La Asociación Trabajo y Democracia, su Junta Directiva y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, queremos trasladar nuestro pesar a las familias de las víctimas mortales, accidentados y perjudicados en los accidentes entre el tren Iryo y el Alvia, que ha tenido lugar el día 18 de enero a su paso por Adamuz (Córdoba) y la familia del fallecido en el accidente del 19 de este mismo mes a su paso por la localidad de Gelida (Barcelona). Deseamos la más pronta recuperación de todas y todos los heridos.

Estamos en el momento de la necesaria investigación rigurosa y transparente, para determinar las causas de este desgraciado accidente, para poder depurar las responsabilidades que puedan corresponder, al objeto de evitar accidentes de características tan graves como estos.

La seguridad de las personas, trabajadores y viajeros, y de la ciudadanía en general, tiene que ser la prioridad en el transporte público, sea ferroviario, aéreo o por carretera.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Junta Directiva de ASTRADE