El colapso del control nuclear

Introducción

El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.

La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.

El auge y declive del control nuclear

El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.

Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.

El fin del “New START” y el vacío normativo

El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.

Un contexto global de rearme

El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.

Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.

La Unión Europea ante un entorno más inseguro

La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.

Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.

Autonomía estratégica: ambición y límites

En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.

La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.

Impacto político y normativo

La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.

Conclusión

El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.

La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.

Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.

A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.

Manuel Ruiz Robles

ex-capitán de navío de la Armada (retirado),

ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516

Victoria pírrica del PP en Aragón

El PP ha ganado las elecciones en Aragón. Es lo que desde la calle Génova pregonan y celebran por todo lo alto. Para variar no es falso, pero solo desde el punto de vista matemático. Sin embargo, una lectura política, pues esto del electoralismo es política, los de Feijóo han obtenido una victoria pírrica.

Feijóo está desesperado por llegar a Moncloa, desde el minuto uno tras las elecciones de julio de 2023, cuando forzó al Rey, y Felipe VI no se opuso a la presión, para que le encargase formar gobierno; aun sabiendo que no contaba con el apoyo parlamentario necesario, pero había que probar por si podían hacer un “tamayazo estatal”.

En su miopía, la de Feijóo, está engordando a sus parientes ideológicos -derecha extrema y extrema derecha, vienen de la misma casa madre, el franquismo- para debilitar al PSOE. Incluso está poniendo en evidencia los tentáculos de la derecha de siempre en el seno del Poder Judicial. Y han acabado con el poco prestigio que le pudiera quedar a cabeceras mediáticas de la derecha.

Feijóo empuja a sus líderes territoriales a adelantar elecciones; una estrategia de tierra quemada, como es habitual buscando el efecto mediático, cuyo resultado es, que en Extremadura tiene de plazo máximo el 19 de abril, antes de volver a las urnas, si la señora Guardiola es incapaz de ser investida presidenta de la Junta extremeña. En Aragón el resultado es un retroceso, con el mismo panorama que en Extremadura; dependencia total de VOX, al perder dos diputados -un retroceso del 7,14% en número de escaños-.

Entrando en los datos cuantitativos

Aragón ha pasado de un censo electoral de 1.019.050 en 2023 a los 1.036.321 actuales. De estos electores, 317.661 el domingo se abstuvieron: la abstención ha bajado un 1,03% respecto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, aun así, el 31% de los electores no han ido a votar, por lo que políticamente, la abstención es una vez más la “ganadora” de las elecciones.

Como ya se ha dicho, el PP ha bajado de los 28 diputados que obtuvo en 2023 a 26. Y ha perdido más de 13.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, han ganado las elecciones bajando en votos y en diputados, a pesar del descenso de la abstención.

El PSOE ha tenido el mismo resultado que Javier Lambán en las elecciones aragonesas de 2015, 18 diputados, perdiendo 5 diputados y perdiendo 38.500 votos respecto a 2023.

VOX se ha visto beneficiado por el sistema de reparto de la ley electoral, pues ha doblado el número de diputados, al pasar de 7 a 14, aunque no ha multiplicado por 2 los votos recibido: en 2023 recibieron 75.349 votos y en estas elecciones ha subido a 117.347.

Chunta Aragonesista (CHA), ha doblado su número de diputados, pasando de 3 a 6, y ha doblado sus votos: de 34.163 a 63.875. Recordando que su techo lo fijaron en 2003, cuando obtuvieron 9 diputados.

Teruel Existe ha perdido un diputado, bajando de 3 a 2 e Izquierda Unida (IU) se ha quedado con el diputado que tenía, pero perdiendo un 8% de los votos recibidos en 2023.

Alguna consideración cualitativa

No tenemos intención de entrar en esta Declaración, a modo de valoración, en un análisis profundo de los porqués de estos resultados. Desgraciadamente, tenemos que constatar el retroceso que para el conjunto de la izquierda se viene produciendo, en pérdida de votos e incluso en la desaparición de Podemos, cuyos votos, no menos de 20.000, de los 26.923 que recibieron en 2023, han ido aparentemente al CHA.

Hay que señalar que Aragón es una Comunidad con un sector primario que aporta más de un 5% al PIB aragonés, más del doble que la aportación de ese sector en el ámbito estatal. Las políticas de la UE, donde es mayoritario el Partido Popular Europeo, sin olvidar que quién representa a España en las instituciones europeas es el Gobierno de la nación; son políticas que no están siendo favorables a los intereses de la agricultura y la ganadería, de ningún país de la UE, donde se incluye el sector primario de nuestro país.

La izquierda tiene demasiadas diferencias formales, partidistas…que debieran superar, tanto a la hora de las elecciones como a la hora de la acción de gobierno como la acción en el legislativo, centrándose en las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social. No hacerlo significa seguir perdiendo la confianza de quienes viven de su esfuerzo.

La Junta Directiva de ASTRADE
9 de febrero de 2026

¿Por qué un acuerdo?

En fechas recientes el Gobierno – a través del Ministerio de Justicia – y las dos principales organizaciones católicas -la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos-, empujadas por el Vaticano, han llegado a un acuerdo histórico que habilita la creación de un sistema de reparación mixto entre la Iglesia católica y el Estado para las víctimas de abusos sexuales por parte de esta última.

Es el cuarto pacto al que ambas partes han llegado esta legislatura, después de los alcanzados en los asuntos de Cuelgamuros, las inmatriculaciones y el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Y tanto por el fondo del acuerdo como por la forma, las principales asociaciones de víctimas asumen que se trata de un pacto histórico.

Han sido muchos años de negar la evidencia. De colocar palos en las ruedas e intentar obstaculizar cualquier avance hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llegó a declarar que se trataba de “pocos casos o ninguno”. Y hasta la firma del acuerdo, que ha sido posible por la actitud tenaz de las víctimas y el posicionamiento del Gobierno, particularmente de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo, la jerarquía de la Iglesia católica se negaba por completo a aceptar su responsabilidad y, por supuesto, a asumir el coste de las indemnizaciones.

El reconocimiento y la reparación de las víctimas era una cuestión de justicia. Y había que finiquitarlo con las reivindicaciones exactas que las asociaciones de víctimas exigían. Para evitar que eso fuera así, en los meses previos a su firma la Conferencia Episcopal arreció sus ataques contra el Gobierno, en un intento desesperado de encubrir el oprobio que significa para los prelados reconocer públicamente -y hacerse cargo del coste posterior- de algo que por otro lado era un secreto a voces: que durante decenios miembros de la iglesia han llevado a cabo agresiones sexuales a niños, aprovechando para ello la impunidad de la que gozaron durante ese mismo tiempo. En las escuelas, en los centros de culto, en todos los actos que rodeaban la vida de los chavales y en los que su presencia era en la práctica inevitable.

Sin embargo, y aún reconociendo su extraordinaria valía, acuerdos de esta índole, que abordan con claridad un problema, evitan llegar al núcleo central del asunto que son los acuerdos de 1979, conocidos comúnmente como Concordato, que no es más que una prolongación del firmado con Franco en 1953. Y es un reflejo claro de la capacidad y el poder que la jerarquía de la Iglesia católica aún tiene como organización. Como ocurre en una sociedad que avanza hacia el laicismo, la iglesia pierde adeptos de manera incesante: cada vez menos matrimonios por el altar, cada vez menos afluencia de feligreses a las parroquias. Sin embargo en determinados aspectos, los prelados siguen gozando de un nivel de privilegios -leyes privadas- completamente incompatibles con un Estado que reclama la igualdad de sus individuos ante la ley.

Porque los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 -que permitieron la continuidad de los privilegios franquistas con el advenimiento de la democracia- son el núcleo central de ese sistema que aún con acuerdos como éste, se mantienen prácticamente intactos.

Es lo que ocurre por ejemplo con el asunto de las inmatriculaciones, en las que el Ministerio de Justicia no actuó con la misma firmeza que en este caso. Antes al contrario, con la publicación del listado de alrededor de mil inmuebles impugnables por ser susceptibles de error, se produjo de facto una amnistía registral sobre los que calculamos cerca de 100.000 más inmatriculados gracias a un privilegio franquista rehabilitado por Aznar. Inmatriculaciones cuyas ganancias, a buen seguro, contribuyen a financiar las indemnizaciones por abusos sexuales prolongados durante tanto tiempo.

Ese inmenso patrimonio inmobiliario reporta a la Iglesia católica cientos de millones de euros cada año, libres de impuestos, además. Cada vez que alguien visita un monumento, pongamos por caso la Mezquita de Córdoba, el dinero que paga por la entrada va a parar de manera íntegra a las arcas de los obispos, de manera completamente opaca, sin pasar por hacienda.

Otro tanto sucede con la financiación del Estado a la Iglesia católica a través de los conciertos educativos, otro buen pellizco a las arcas públicas. Los últimos estudios realizados al respecto, publicados en medios de comunicación, cifran en cerca de 6.000 los millones de euros que ingresan los obispos mediante este mecanismo. A lo que se ha de añadir la capacidad de adoctrinamiento de decenas de miles de alumnos y alumnas que reciben diariamente la influencia, no ya de la doctrina religiosa o de fe, sino mensajes políticos muy sesgados desde el punto de vista ideológico.

La iglesia controla televisiones, diarios escritos y ahora también digitales. En España es una de las organizaciones más influyentes en la derecha y la extrema derecha a través de subgrupos con una idea y unas tareas muy bien definidas. Evidentemente una parte importante de los y las practicantes no tienen nada que ver con esto, pero eso no desvincula a la jerarquía de la iglesia como organización con los sectores más reaccionarios del país.

El acuerdo es muy meritorio. Sumamente importante. Pero en cierto modo no deja de mantener la idea de que la jerarquía de la iglesia es un interlocutor válido, al mismo nivel que un Gobierno legítimamente elegido. Y no lo es; se trata de un grupo privado con intereses privados que además no está sometido en muchos casos a la ley. Por eso, una vez que se ha iniciado el camino y se ha determinado que es posible, todos esos privilegios deben ser removidos. Uno por uno hasta el último, que es el de la financiación. Lo conseguido por las víctimas, con la colaboración de las instituciones del Estado, es un punto de apoyo inestimable. Ahora hay que seguir esa senda y abordar políticas audaces de izquierda que desmantelen la estructura sobre la que históricamente se ha sostenido este sistema.

Enrique Herrero

Profesor de secundaria

y sindicalista de CCOO

La UE debe suspender definitivamente todo comercio con el Estado de Israel

Por Miguel Sagües

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel se firmó en 1995 y entró en vigor en el año 2000, en el marco de la Política Europea de Vecindad y del Proceso de Barcelona. Este acuerdo se diseñó para reforzar las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas partes, consolidando a Israel como socio estratégico en la región mediterránea.

Gracias a dicho acuerdo, UE es el principal socio comercial de Israel, representando aproximadamente el 30% de sus exportaciones y el 40% de sus importaciones. El comercio bilateral supera los 30.000 millones de euros anuales, con predominio de productos tecnológicos, farmacéuticos y agrícolas, pero también material militar y armamento, según hemos visto.

Para Israel, este acuerdo no solo supone acceso preferencial al mayor mercado del mundo, sino también legitimidad política y cooperación en sectores clave como innovación y seguridad. En términos estratégicos, refuerza su posición económica y diplomática frente a otros actores regionales.

Básicamente dicho acuerdo establecía:

  • Libre comercio para productos industriales y reducción progresiva de aranceles en productos agrícolas.
  • Cooperación científica y tecnológica, permitiendo la participación de Israel en programas europeos de investigación.
  • Diálogo político regular, con compromisos explícitos sobre respeto a los derechos humanos y al derecho internacional como principios fundamentales.

Pero la Unión Europea ha permitido y permite la exportación de material militar y armamento a Israel, que, desde luego, desde 1967, no respeta ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, con la venia y el apoyo militar, diplomático y político de los EEUU.

Cada Estado miembro decide sobre licencias de exportación conforme a la Posición Común 2008/944/PESC, que establece criterios como respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país de destino, no contribuir a conflictos armados ni a la represión interna y evaluación del riesgo de desvío o uso indebido del material.

Pura ficción y apariencias, según veremos.

Porque, en efecto, nada de esto se ha respetado, pese al genocidio impune de Israel y su estrategia de limpieza étnica y exterminio del pueblo palestino,

Durante la destrucción de Gaza y el genocidio indiscriminado (me niego a llamarle guerra de Gaza y hablar de fallecidos, sino de asesinatos), varios países europeos han venido autorizando las ventas de componentes, tecnología y equipos militares a Israel, especialmente en el ámbito de defensa aérea, sistemas electrónicos y piezas para aeronaves.

(*) Desde el 07/10/2023, hasta diciembre de 2025, Israel ha asesinado aproximadamente a 72.000 personas, de los que 20.179 son niños, 10.000 mujeres, 1.600 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la UNRWA, 120 académicos, 259 periodistas, y hay aproximadamente, 171.079 heridos, de los que 40.500 son niños, y 19.000 mujeres y se tiene la firma creencia de que hay miles de asesinados más, bajo las montañas de escombros de los edificios destruidos. Por su parte, en Cisjordania, los colonos han asesinado a 1.001 palestinos, de los que 213 son niños y hay 16.104 heridos, entre los que se encuentran2.503 niños. (*) Fuente: WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE.

Ante esta atroz situación, que incluye la prohibición de paso a la ayuda humanitaria y cientos de asesinatos durante los supuestos “alto el fuego”, violaciones permanentes y sistemáticas del derecho internacional y derechos humanos,algunos Estados miembros de la UE, como España, Bélgica, Irlanda, han anunciado moratorias o suspensión de licencias para evitar que el material se utilice en violaciones del derecho internacional, y además, varios Estados miembros han solicitado la suspensión del acuerdo en su última revisión.

Los Estados que apoyan la suspensión son Irlanda, España, Bélgica, Eslovenia y Malta, argumentando que Israel actúa con impunidad, bloquea la entrada de ayuda humanitaria y perpetúa ataques contra población civil y colonos palestinos.

Los Estados que se oponen a la suspensión son Alemania, Hungría, República Checa y Austria, alegando que la suspensión podría debilitar la influencia europea en la región y afectar la cooperación en seguridad.

En paralelo, en línea con la lucha de los pueblos y trabajadores europeos, en apoyo de la lucha del pueblo palestino por su supervivencia y su libertad, se ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)* que solicita la suspensión del acuerdo. https://eci.ec.europa.eu/055/public/#/sceen/home

La ICE que se está remitiendo para recogida de firmas, establece como Objetivos, el siguiente texto:

Según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza [1]. Israel también impuso un bloqueo de la ayuda humanitaria que podría equivaler a utilizar la inanición como método de guerra. Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia [2]. Sin embargo, la Unión Europea no ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel Los ciudadanos de la UE no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Por consiguiente, pedimos a la Comisión que presente al Consejo la propuesta de suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

[1] Servicio Europeo de Acción Exterior, nota de la oficina del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, 20 de junio de 2025, https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar0246a0da.

[2] Corte Internacional de Justicia, providencia de 26 de enero de 2024,https://www.icj-cij.org/node/203447.

La Comisión Europea ha reconocido la validez de esta iniciativa y ha instado a que el Consejo de la UE la examine formalmente y se debata. Esta acción refleja una creciente presión social para que la política comercial europea esté alineada con los principios de derechos humanos y derecho internacional.

La vivienda es un derecho constitucional minusvalorado

El capítulo tercero de la Constitución de 1978 contiene una serie derechos que, si se preguntase a la población en una encuesta, muy probablemente la inmensa mayoría consideraría fundamentales. Sin embargo, no solo no están entre los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo, sino que están minusvalorados, e incluso me atrevería a decir abandonados en la selva del mercado libre.

No me voy a remontar a la historia de la vivienda pública y/o vivienda social en nuestro país, pero sí, al menos, a las tres últimas décadas. Debo comenzar mencionando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones; aquella ley del Gobierno de Aznar y Rato fue la mecha de la bomba que estallaría diez años después, en forma de burbuja inmobiliaria. Como si se edificase sobre un terreno pantanoso, aquella ley, ha generado un perjuicio estructural.

Para agravar el problema, el mismo partido que impulsó aquella legislación, hoy fomenta el auge de la vivienda turística incumpliendo y no acatando las leyes que intentan paliar el problema, además de la nula inspección para la detección de incumplimientos, lo que está ocurriendo, al menos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

En materia de vivienda habría que hablar de suelo y de vivienda. Es por esto que la ley de 1998 antes aludida, liberalizó el suelo de manera integral, -como la ley 15/1997 liberalizó la privatización de la sanidad pública, otro servicio fundamental minusvalorado y en deterioro-. El asunto es que el gobierno central legisla y pone los recursos, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias.

A PP y VOX siempre se los verá, estén en la Administración que estén, al lado del libre mercado, de esa falsa libertad de un mercado que no tiene en cuenta que el hecho de que haya demanda satisfecha no significa que todos los demandantes de vivienda puedan acceder a una vivienda. Al mercado no le preocupa la discriminación por capacidad económica para compra o alquiler, pero, a las instituciones del Estado debería preocuparle y ocuparle.

La economía no es una ciencia exacta ni neutral, y el caso de la vivienda es un buen ejemplo, en tanto que se está utilizando como valor refugio ante la desconfianza en los mercados de inversión y a años de tipos de interés muy bajos. No hay que subir los tipos, al menos no tanto como Trump presiona a su Reversa Federal -quizá tenga que ver, entre otras cosas, porque la familia Trump es una familia que tiene por tradición la especulación en el mercado inmobiliario-.

La escasez de vivienda asequible se ha convertido en un gravísimo drama social que no solo afecta a los y las jóvenes, también lo es para otras generaciones, si bien, los jóvenes sufren un problema añadido, como lo es que el problema deriva en la negación a su derecho a la emancipación.

La gravedad del problema llega a que se está normalizando que muchas personas se vean obligadas a alquilar habitaciones y compartir piso, siendo el precio medio en Madrid de 500 €/habitación, que supone el 42,23% del SMI. El 40% de la población destina más de un tercio de sus ingresos (Julio Rodríguez “La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda” TS-156 julio de 2024”).

El Estado, los gobiernos no conservadores, deberían haberse anticipado o, al menos haber ido atajando el problema que se ha creado en estas tres últimas décadas, que ha derivado en drama social para millones de personas; los más vulnerables. Los datos así lo demuestran:

*Enero a Junio.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Elaborada por Tribuna Socialista

Cada cual saque sus conclusiones respecto a los distintos periodos de los diferentes gobiernos, en función del ritmo de caída del número de Vivienda de Protección Oficial puestas a disposición de la población más desfavorecida.

También se deben poner estos datos en función de la evolución de la población en nuestro país, que ha pasado de los 39,9 millones de habitantes censados a 1 de enero de 1997, a los 49,1 censados a 1 de enero de 2025: datos del INE.

Otro factor que es preciso contextualizar es la evolución de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y el de los salarios.

La Editorial de Tribuna Socialista nº. 165, de abril de 2025, establecía una serie de ítem de los motivos que generan este grave problema social, algunos de los cuales he retomado:

  • La alta demanda en áreas urbanas
  • La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
  • La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
  • Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
  • La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler y para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
  • El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

Las estimaciones hablan de la necesidad de construir en torno a 1,5 millones de viviendas de VPO en los próximos 5 años, es decir, a un ritmo de construcción de 300.000 viviendas asequibles.

Es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos presupuestarios del Estado, y no a la maquinaria bélica. Es en esa dirección por la que hay que caminar para cerrarle el paso a la extrema derecha y a todos lo demagogos que, en realidad, no son más que agentes comerciales del supuestamente libre mercado.

Roberto Tornamira

Militante del PSOE en Madrid,

adscrito a Izquierda Socialista

Progreso, ¿Estamos ante un avance social o hacía un control social?


Por Juan Francisco Gómez Colomera,

historiador

Escribir sobre las nuevas tecnologías en 2026 pasa inevitablemente por hablar de la IA, redes y algoritmos, tecnopoderes, control social, controles medios… en definitiva comprobar que, a pesar del “progreso” que han supuestos para la humanidad (eso es algo indiscutible), este está siendo desviado o disfrazado por las grandes tecnológicas(nuevo feudalismo) hacia un control disfrazado de progreso.

En el último año, hemos asistido a la toma de posesión del último presidente de EE.UU Donald Trump, allí estaban presentes Amazon, Meta, Tesla, ChatGPT, etc…y no estaban por casualidad, habían apoyado al “nuevo emperador” para alcanzar ese lugar y había llegado el momento de reclamabar su sitio en el nuevo mundo que quería construir, cambiando el mundo hasta ahora conocido y utilizando masivamente las nuevas tecnologías que estas corporaciones le brindan, esto significa nada más y nada menos que tomar el control de medios de información, comunicación y difusión y por supuesto, el control social.

Es evidente que estás nuevas tecnologías han sido un avance, que la IA es un logro para la evolución de la humanidad, pero a la vez un peligro si no es controlada por los poderes democráticos y esa es la lucha que en estos momentos se está produciendo entre estos nuevos poderes y los poderes elegidos por los ciudadanos y en esta batalla, por la libertad y derechos de las personas, es donde las instituciones tienen que imponer normas y reglamentos, tal como Europa está intentando, porque hay que regularlas con fuerza ya que sin regulación, contrariamente al mensaje que intentan colocarnos, “ peligran nuestros derechos y peligra la democracia, tal como la conocemos, y peligra la sociedad actual”.

Ellas, las nuevas tecnológicas, se niegan a pagar impuestos, a reconocer derechos de autor, a regular la difusión de falsedades y bulos en redes, a denunciar la manipulación de la información, a eliminar contenidos peligrosos….

Y sin embargo es importante recordar que hay otros peligros más sutiles que se están llevando a cabo cada vez con menos disimulo como es la sedación de la sociedad, está se realiza con la creación de mundos artificiales y relatos irreales y llevan a las personas a un multiverso.

Es importante hacer especial referencia a lo que está suponiendo para nuestras vidas cotidianas y para el planeta estos nuevos poderes, sustentados en inmensas fortunas y en el control de medios de comunicación o poderes políticos vía fomento ideologías de ultraderecha, apoyo a esos partidos y sus líderes. Igualmente con sus medios, manipulan o crean falsas expectativas con el objetivo de destruir las democracias liberales y sustituirlas por Autocracias, modelo China o Rusia, dando razón a lemas o dichos como “puede haber progreso sin derechos”, esto lo hemos definido como «Postdemocracia».

A nivel social, sus efectos se sienten cada vez más, sus medios de desinformación influyen en los comportamientos sociales, desincentiva la participación de la ciudadanía y con ello la capacidad de la sociedad de controlarlas. Influyen en la propia estructura de la sociedad cada vez más disgregada, más individualizada y a la vez aislada.

Vemos como las enfermedades mentales avanzan y parte de ello se debe a la insatisfacción vital que ese mundo irreal va introduciendo en nuestros pensamientos y reflexiones, pues nuestros avatares, son eso “avatares” pero cuando caemos en ello, es difícil de asumir para muchos ciudadanos y ciudadanas.

La sociedad debe recuperar o no dejarse arrebatar su capacidad de luchar, responder a esta sumisión en la que nos conducen vía IA, algoritmos o fabulaciones; la deshumanización que esto supone con sus medios de control social y la destrucción que suponen en puestos de trabajo, esquilmar los recursos naturales y con ello dañar el planeta, en su afán de acaparar riquezas y convertirse en intocables y “dioses” todo ello basado en su control tecnológico.

Hay unas realidades que hay que conocer y que nunca nos son presentadas por este nuevo cuadro económico y social:

  • La tecnología acentúa y favorece las desigualdades.
  • Afecta a la participación y la conciencia ciudadana.
  • Ataca las libertades y los derechos.
  • Destruye valores como la Igualdad, fraternidad, libertad y la solidaridad.
  • Potencian el individualismo frente a lo colectivo.

Para acabar esta reflexión, me gustaría exponer una serie de ideas que nos transmiten los pensadores que han analizado este fenómeno denominado IA.

La IA no crea, es alimentada de datos, acaparan datos en grandes centros de datos y sus dueños les aplican los algoritmos que nos darán las respuestas, pero siempre serán controladas por quien diseña dichos algoritmos, lo cual nos puede llevar a cuestionarnos, la bondad del sistema, y si es una verdadera Inteligencia artificial. Por ahora podemos decir sin miedo a equivocarnos que NO, que las maquinas toman decisiones basadas en la computación y cruce de miles de casos, pero no crean nada nuevo y por supuesto, no tienen capacidad de diseñar pensamiento propio.

No debemos olvidar además que todo esto requiere del consumo de gran cantidad de recursos, sin precedentes hasta ahora en la humanidad, esto supone expoliar y acaparar datos, explotación de mano de obra, consumo de enormes recursos naturales como: agua, energía y tierra.

Muchas personas ya comienzan a sufrir el impacto de la IA, y eso puede volverse contra esas nuevas tecnologías y la visión de ellas que tenemos, sabemos que nos venden un mundo mejor y un progreso infinito, pero esa es la definición exacta “nos venden”, mientras nos van socavando la dignidad y los derechos que hemos adquirido durante años de lucha.

Por ello hay que pelear contra la falta de transparencia, la opacidad que acompaña al desarrollo de este nuevo mundo que nos están proyectando cada vez más, o sin lugar a dudas, sucumbiremos a él y pasaremos de ser usuarios a clientes y al final desechables, para esa elite que pretende dominar a millones de personas y que sigue acumulando poder e influencia en ese futuro.

Quizás, ahora, sintamos lo que sentían aquellos obreros que formaron parte del movimiento Ludista, artesanos que con sus manos y herramientas creaban sus productos y que vieron como las maquinas, en manos de grandes comerciantes e industriales, amenazaban sus empleos, sus condiciones laborales y sus condiciones de vida.

Adamuz: 45 vidas segadas y demasiada niebla informativa

Por qué conviene entender, sin tecnicismos, cómo se investiga un siniestro ferroviario

Desde Tribuna Socialista queremos mostrar toda nuestra solidaridad y afecto a las familias, amigos y compañeros de los 45 fallecidos en unos momentos terribles por la pérdida de personas con historias, sueños, futuro…y que han visto rotas todas sus ilusiones en este maldito accidente ferroviario. Queremos así mismo mostrar todo nuestro apoyo a los heridos y desearles una pronta recuperación.

La colisión ferroviaria de Adamuz (Córdoba) no es un suceso más en la crónica de incidencias: es una herida colectiva. En cuestión de segundos, un viaje rutinario se convirtió en tragedia y el país volvió a recordar, con crudeza, que la seguridad y la verdad importan tanto como el consuelo. Pero, junto al dolor, ha crecido otro problema: la confusión. La investigación avanza, sí, pero en paralelo circulan hipótesis prematuras, siglas incomprensibles para la mayoría y desinformación que se mueve más rápido que los hechos.

Este artículo pretende ser una guía clara. No para sentenciar una causa —eso corresponde a los peritos y a los juzgados—, sino para explicar qué se sabe, qué no se sabe todavía y por qué hay términos técnicos que, bien entendidos, ayudan a no caer en el ruido.

Lo confirmado: 45 víctimas y una emergencia sanitaria sostenida

A día de hoy, el balance oficial asciende a 45 personas fallecidas. Es el dato más duro y el único que debe presidir cualquier relato. A partir de ahí, conviene tener presente que la cifra de heridos y hospitalizados puede fluctuar, porque algunos pacientes reciben el alta y otros son derivados o revaluados. Hay personas que permanecen ingresadas y otras en estado grave, con seguimiento intensivo.

En tragedias de esta magnitud, además, suele ocurrir algo que resulta insoportable para las familias: la identificación no es inmediata. Aunque en algunos casos se puede avanzar con rapidez, en otros exige procedimientos forenses más complejos. Por eso, cuando se reclama “un resumen de las víctimas”, lo responsable es distinguir entre el número total confirmado y los detalles individuales, que solo deben difundirse cuando exista confirmación oficial y comunicación familiar.

Qué pasó, explicado sin jerga

El esquema básico, a falta del informe definitivo, se describe así:

  1. Un tren de alta velocidad descarrila.
  2. Al descarrilar, parte de sus vagones pierde la alineación con la vía y puede desplazarse lateralmente.
  3. Si ese desplazamiento invade la vía contigua —la del sentido contrario—, el riesgo de choque es extremo.
  4. El tren que viene de frente puede no disponer de margen suficiente para detenerse, aunque el maquinista frene y aunque existan sistemas automáticos.

Aquí hay una palabra que ayuda a entender todo: tiempo. Un tren a 200 km/h recorre aproximadamente 55 metros por segundo. Eso significa que un intervalo de apenas 20 segundos supone poco más de un kilómetro de distancia. Y un tren de cientos de toneladas no se detiene como un coche: necesita mucho espacio para frenar, incluso en condiciones óptimas. Cuando el obstáculo aparece de forma súbita, la física impone límites brutales.

Por qué se habla de un vagón” concreto y de un peso arrastrado

En las primeras horas se han mencionado testimonios que apuntan a que pudo ocurrir algo anómalo en un vagón determinado y se ha especulado con la posibilidad de un elemento “adosado” o arrastrado en los bajos. Conviene tratar esto con cautela:

  • Un testimonio es valioso para orientar la investigación, pero no prueba una causa.
  • Una hipótesis como “algo arrastrado” requiere evidencias físicas: marcas en el carril, restos metálicos, daños específicos en bajos, trazas coherentes en la zona de inicio del descarrilamiento y correlación con los registros del tren.
  • Si ese elemento existió, habrá que determinar si fue la causa del descarrilamiento o una consecuencia del propio siniestro.

En términos sencillos: lo importante no es que una explicación “parezca posible”, sino que encaje con un conjunto de pruebas independientes y consistentes.

Qué investigan los peritos en un accidente ferroviario

Para entender por qué la investigación lleva tiempo, hay que saber qué piezas se analizan. Normalmente, se trabaja en cuatro planos a la vez:

1. El tren (material rodante)
Se revisan ruedas, ejes, suspensión, sistemas de frenado, posibles fallos mecánicos, y se examinan los daños para reconstruir la secuencia: qué se rompe primero y qué se rompe después.

2. La infraestructura (la vía y su entorno)
La “vía” no es solo el carril. Incluye traviesas, sujeciones, balasto, desvíos, juntas, aparatos de dilatación y el estado geométrico del trazado. Cualquier anomalía —una deformación, una pieza suelta, una irregularidad— debe fecharse: ¿estaba antes o aparece tras el impacto?

3. La señalización y los sistemas de seguridad
Aquí aparecen las siglas. Traducidas: son capas que controlan autorizaciones, distancias y velocidades. La pregunta “¿funcionaron?” no se responde con opiniones, sino con registros: qué recibió el tren, qué detectó, qué ordenó el sistema y en qué milisegundo.

4. Los datos y comunicaciones
Los trenes registran parámetros: velocidad, frenadas, avisos, estados del sistema, etc. También se analizan comunicaciones operativas y coordinación de tráfico. Es el equivalente ferroviario a reconstruir un accidente con telemetría, no con intuiciones.

Lo que no se debe afirmar sin pruebas: explosivos, sabotajes y culpables instantáneos

En las horas posteriores a Adamuz han circulado teorías de sabotaje, explosivos o conspiraciones. A falta de cualquier evidencia pública confirmada por la investigación, esas afirmaciones son irresponsables. No solo porque pueden ser falsas, sino porque intoxican el debate, presionan a las familias con rumores crueles y desvían el foco de lo urgente: asistencia, identificación, acompañamiento y verdad.

El papel de las redes: útiles para ayudar, peligrosas para mentir

Las redes sociales han servido para localizar a personas, compartir teléfonos de atención y aportar pistas prácticas. Pero también han sido terreno fértil para imágenes falsas, vídeos descontextualizados y “confirmaciones” inventadas. En este contexto, una regla básica protege a cualquiera que lea o comparta información: si un contenido no tiene origen verificable y no está respaldado por fuentes responsables, no se difunde.

La viralización de historias periféricas —incluida la búsqueda de un animal de compañía citado en algunas crónicas— demuestra hasta qué punto el foco puede desplazarse. Es comprensible que esas historias conmuevan, pero no pueden sustituir el centro moral y periodístico del caso: las 45 vidas perdidas y la rendición de cuentas basada en hechos.

Qué puede exigirse desde ya

Hay una exigencia inmediata y otra de medio plazo:

  • Inmediata: transparencia sobre el estado de la investigación dentro de los límites necesarios (no todo puede publicarse sin interferir).
  • De medio plazo: auditorías técnicas, revisión de protocolos, evaluación de infraestructuras y sistemas, y responsabilidades donde corresponda, sin convertir el dolor en munición.

Adamuz no necesita ruido. Necesita verdad. Y la verdad solo llega con método, pruebas y paciencia, por más que duela esperar cuando lo que se ha roto es irreparable.

Maria Iglesias

A las víctimas y familiares de los accidentes

ferroviarios de Adamuz y Gelida

La Asociación Trabajo y Democracia, su Junta Directiva y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, queremos trasladar nuestro pesar a las familias de las víctimas mortales, accidentados y perjudicados en los accidentes entre el tren Iryo y el Alvia, que ha tenido lugar el día 18 de enero a su paso por Adamuz (Córdoba) y la familia del fallecido en el accidente del 19 de este mismo mes a su paso por la localidad de Gelida (Barcelona). Deseamos la más pronta recuperación de todas y todos los heridos.

Estamos en el momento de la necesaria investigación rigurosa y transparente, para determinar las causas de este desgraciado accidente, para poder depurar las responsabilidades que puedan corresponder, al objeto de evitar accidentes de características tan graves como estos.

La seguridad de las personas, trabajadores y viajeros, y de la ciudadanía en general, tiene que ser la prioridad en el transporte público, sea ferroviario, aéreo o por carretera.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Junta Directiva de ASTRADE

¿Quo vadis Trump?

Tras el ataque de EEUU a Venezuela, precedido de bombardeos a lanchas motoras a las que Trump imputaba ser narcotraficantes, con más de 40 personas asesinadas por la mera decisión de Trump, se han escrito cientos de artículos describiendo los hechos y estableciendo todo tipo de reacciones, opiniones y conclusiones políticas.

Mi reflexión será sobre la impronta personal de Trump, su desquiciada personalidad y preguntarnos donde se dirige, hasta donde va a llevar sus amenazas a otros países y cuánto puede tensar el equilibrio mundial, arrastrando a los que se supone éramos sus aliados en la OTAN.

Donald Trump tomó posesión en su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y nada más tomar posesión, las primeras medidas adoptadas, algunas efectivas y otras declaraciones de intención, que ya marcaban cuál sería su deriva y su tendencia absoluta hacia el imperialismo autocrático, el poder absoluto, el capitalismo más salvaje, el desprecio a los derechos humanos y el derecho internacional y el genocidio. Trump se cree el emperador del mundo y el Marshall de las Américas.

Esas primeras medidas tomadas en sus primeras horas en el cargo, a vuela pluma, fueron las siguientes:

1. No aplicar el acuerdo alcanzado en la OCDE para aplicar el impuesto global en EEUU

El presidente avanzó que se notificará ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que los compromisos adquiridos por el anterior gabinete respecto al acuerdo fiscal global para imponer un impuesto global se quedan sin efecto.

2. Salir del Acuerdo de París contra el cambio climático

Una de las medidas que ya anunció el presidente y que ha cumplido ha sido retirar a Estados Unidos del Acuerdo climático de París. Una acción que ya hizo durante su primer mandato (2016-2021) y al que ahora expresidente Joe Biden reincorporó en 2021.

3. Retirar a EEUU de la Organización Mundial de la Salud

También ordenó la salida de EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

4. Indultar a 1.500 condenados por el asalto al Capitolio de 2021

La mayoría de los condenados por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, que se produjo el mismo día que se estaba certificando la victoria de Biden, han sido indultados por el nuevo presidente Trump. Alrededor de 1.500 personas se ven beneficiadas por esta medida.

5. Declarar la “emergencia nacional” en la frontera con México, lo que autoriza el uso de militares

En honor a su lema Make America Great Again (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo), Trump declaró una «emergencia nacional» en la frontera con México, que autoriza el uso de las fuerzas militares en esa linde.

6. Revocar la salida de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo

Donald Trump revocó la orden del pasado 14 de enero con la que el expresidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista estadounidense de Estados promotores del terrorismo.

7. Declarar la “emergencia energética nacional» para poder perforar en EEUU en busca de petróleo y gas

Igualmente firmó una orden ejecutiva para declarar una «emergencia energética nacional» que le otorga autoridad para potenciar la producción de petróleo y gas en el país, incluyendo la apertura de nuevas perforaciones en Alaska.

Esta emergencia energética es una de varias medidas con las que impulsar la industria del petróleo, el gas y la energía y revertir la transición hacia fuentes limpias promovida por su predecesor, Joe Biden.

Declaraciones de intención:

1. Renombrar el “Golfo de México” para pasar a ser llamado “Golfo de América

Otro de las reformas anunciadas fue el renombramiento del «golfo de México». «Dentro de poco, vamos a cambiar el nombre del golfo de México a ‘golfo de América’», afirmó Trump.

2. Retomar el control del Canal de Panamá

Durante su discurso aseguró que retomaría control del canal de Panamá. «China está operando el canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a retomar», dijo.

3. Convertir en «política oficial» de su nuevo gobierno el reconocer solo dos identidades de género: «el masculino y el femenino»

Una de las órdenes que decretó el nuevo presidente fue ‘tumbar’ casi 80 decretos del gobierno de Biden, incluido el que apostaba por una equidad racial y el que abogaba por prevenir y combatir la discriminación con motivo de identidad de género y orientación sexual. En su discurso de investidura afirmó que reconocerá solo dos identidades de género, «el masculino y el femenino».

4. Criticó la aportación económica de algunos países de la OTAN, como España, cuya contribución calificó de «muy baja»

El nuevo presidente criticó que la aportación de España a la OTAN es «muy baja», además de confundirse al incluir al país como un miembro de los BRICS, organización de países emergentes de la que no forma parte.

Así mismo, amenazó a Canadá, que, decía, acabará siendo parte de EEUU, a Mexico, a Cuba, sobre la que ha insinuado que será pronto invadida y a Groenlandia, respecto de la que dice que, necesariamente y sin opciones, tiene que pasar a formar parte de EEUU por razones de Seguridad.

Parece claro que no es la seguridad lo que anima a Trump, sino la pura codicia de apoderarse de todo lo que posee Groenlandia en su subsuelo, metales y minerales apreciadísimos, tierras raras y otros especímenes que codicia Trump, y lo quiere ya y gratis.

A la vista de lo ocurrido durante el primer mandato y el asalto al Congreso, y vistas las inmediatas medidas y declaración de intenciones adoptadas por Trump, ya nos da una idea de dos cosas: de un lado, su personalidad esquizoide y psicópata y su trastorno acusado de personalidad, y de otro, hacia donde nos dirige su deriva, quiere ser y se siente, el rey del mundo, al menos del hemisferio occidental y no admitirá la presencia de rusos o chinos, y también quiere que Europa y la OTAN sigan siendo sus subordinados y a sus órdenes, que le compren su material militar a los EEUU.

Es decir, Trump nos está llevando a los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial, tal es su locura.

En efecto, locura, porque Trump adolece de lo que vulgar y popularmente se denomina “estar como una cabra”, es decir, psicopatologías paranoides que derivan en un trastorno grave e intratable de la personalidad, “el narcisismo maligno” que le hace ser narcisista, destructivo y peligroso. (Arístegui Redacción AN/AG 26/10/24), lo que ha sido alertado por más de 230 psiquiatras y profesionales de la salud mental.

La Organización Anti-Psichopath PAC en un desplegado publicado en The New York Times, se afirma que el magnate republicano es engañoso, destructivo, iluso y peligroso, “que lo hacen incapaz para todo liderazgo”.

Padece de un intenso sadismo y presenta un trastorno de personalidad antisocial, carente de toda empatía, siendo sus rasgos más acusados, las mentiras repetidas, el desprecio imprudente por la seguridad de los demás, irritabilidad, impulsividad, desprecio para el cumplimiento de normas y leyes sociales, irresponsabilidad y toda falta de remordimiento.

Un psicólogo estadounidense, John Gartner, ha realizado un diagnóstico psicológico a Trump, al que ha venido estudiando desde hace años, donde lo compara con Adolf Hitler y señala que están cortados por el mismo patrón. (HUFFPOST, VIRALES,09/01/2026) y otro experto asegura que el deterioro psicológico de Trump es inminente y se duda de su capacidad cognitiva actual, ya que, con 79 años, los especialistas consideran que Trump está exhibiendo señales potenciales de un progresivo deterioro neurológico que podría agravarse con el tiempo.

Y resulta que este ser, esquizoide y psicópata, pero también imperialista, capitalista acérrimo y genocida, es el presidente de los Estados Unidos de América del Norte y está llevando a su país y al resto del mundo, al más absoluto desastre, con consecuencias imprevisibles que pueden ser irreparables y que pueden derivar en otra guerra mundial. ¿Cuánto aguantarán China y Rusia, los desvaríos megalómanos de Trump?

La Unión Europea se juega mucho en este envite, su propia supervivencia como una (pretendida) federación de Estados. Pero, sin embargo, no parece que haya sabido responder de manera unitaria a lo sucedido en Venezuela, ni a las amenazas contra la propia UE, OTAN y Groenlandia.

Con Trump, abocaremos a la barbarie y al desastre. Sin Trump, puede haber esperanza de equilibrio en el orden internacional.

Esperamos que su psicopatía acabe por arrumbarle o se le destituya por incapacidad manifiesta.

Miguel Sagüés Navarro.

Comité de redacción de TS.

El narcisismo intocable de Trump

Trump lo inunda todo, pone a todas las naciones contra la pared y nos hace ver que el modelo democrático europeo tiene los pies de barro. Solo ha hecho falta que haya llegado a la cúpula de poder del país más poderoso del mundo, un ser cuya única guía política es su voluntad y deseo, para darnos cuenta, otra vez, de la endeblez de las instituciones democráticas, nacionales e internacionales, que velan por el cumplimiento de los derechos y libertades de las personas y el derecho internacional en las relaciones entre las naciones: la diplomacia. Estructura internacional orquestada con mucho esfuerzo en las últimas décadas, después de vivir la inhumanidad desgarradora de dos guerras mundiales que costaron la vida de millones de personas, y que ahora ha saltado por los aires en cuanto un histrión se las salta a la torera chantajeando al mundo con el uso de su fuerza militar.

Vayamos por partes porque el secuestro del Presidente venezolano Nicolás Maduro, en un golpe de mano militar por las fuerzas especiales del ejército USA, abre varios escenarios de análisis sobre el significado y sentido de la acción, y los efectos en la comunidad internacional. Empecemos por despejar las dudas: Maduro ha ejercido el poder como un dictador bananero que heredo del singular Hugo Chávez, quien tras un fallido golpe de estado fue excarcelado en l994, y en las elecciones de 1998 fue elegido Presidente de Venezuela al frente del partido político Movimiento Quinta República, bajo el manto de una filosofía política basada en la defensa de los más desfavorecidos en una sociedad profundamente desigual, envuelto en el misticismo revolucionario del libertador Simón Bolivar, que supuso un cambio radical en la escala de poder de la que fue desplazada la burguesía enriquecida, por los acólitos a un régimen que para mantenerse en el poder, fue recortando libertades individuales y de expresión. Maduro fue el elegido por Chavez para continuar con el proceso revolucionario cada vez más enquistado en sí mismo.

Descabezar al Presidente de una República por otra nación más poderosa, supone siempre una ruptura del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos reconocido por la comunidad internacional en la Carta fundacional de la ONU. Defender el derecho internacionalmente aceptado tiene por objetivo garantizar que los conflictos se solventen por la vía del diálogo, monitorizado por las Naciones Unidas con el objetivo de evitar las guerras y conflictos armados. Reglas que es necesario defender para mantener la armonía en las relaciones entre las naciones y evitar los afanes expansionistas de una nación sobre otra cuando un sátrapa llega al poder.

En este contexto, siempre inestable y labrado con años, meses, días y horas de negociación diplomática internacional, la irrupción de Trump no se puede explicar como la simple llegada de un elefante que destruye todo lo construido, porque nos hace ver que las organizaciones internacionales de colaboración y seguridad entre los pueblos no sirven de nada, son meros espectadores, cuando un autócrata se pone al frente de la nación militarmente más poderosa de mundo, lo que le permite romper las reglas del juego e imponer unas nuevas surgidas de su vanidad y estulticia desmedida. Situación que coloca al mundo ante un nuevo paradigma que es el caos que genera el que no haya reglas, que quede abolido el derecho que permite la defensa del agredido, del oprimido, porque todo depende de la ocurrencia que se mueve al albedrío de una mente patológicamente narcisista.

Éste no saber qué pasará mañana, cómo se levantará el sátrapa crea una situación imprevisible a la hora de establecer planes y proyectos de carácter global que, ya sabemos, solo podrán tener salida si USA obtiene algún rédito, alguna ventaja económica. Instaurados en la ley del más fuerte, del chantajista, del matón, Trump encamina el mundo a un totum revolutum del sálvese quien pueda. Ante un histrión vanidoso nadie está a salvo. Si le peloteas te conviertes a sus ojos en muñeco objeto de burla, y si le plantas cara ante sus amenazas te arriesgas a que te envíe a sus fuerzas especiales, convertidas en su guardia pretoriana.

Éste es el meollo de la cuestión, y no si se ha sacado del poder a un autócrata como Maduro, máxime cuando se deja intacta la estructura de poder autoritario, muestra clara de que el objetivo de Trump no es llevar la democracia a los pueblos sojuzgados por una dictadura, sino dejar a un títere que haga todo lo que él quiere. Esta es la razón por la que no se puede dudar de la vulneración que ha cometido del derecho internacional ni justificarla con el hecho de haber sacado de la presidencia a un dictador, porque lo que se ha producido es la sustitución de un cromo por otro, mucho más dócil. Cuando una formación política, el PP, duda sobre la defensa de este principio por el hecho de que ya no está en el poder la encarnación maligna del comunismo bolivariano en la presidencia, demuestra su poca fe democrática al poner en una balanza el respaldo sin ambages al derecho internacional y en la otra, la ideología política propia en pos de un rédito electoral.

La única certidumbre que tenemos en este caos que se retroalimenta con discursos disruptivos de seguidismo lacayo de numerosos dirigentes internacionales, es que el histrión no se corta, como todo matón de barrio, en hacer públicas sus intenciones: Groenlandia, Cuba, México, Colombia, Irán son los nuevos objetivos declarados, que publicita con la clara intención de poner a temblar a los habitantes de esos países, y como una advertencia al mundo de que, en función de cómo le sople el aire, puede ser cualquier otro. La única defensa frente a este Levitan que todos los días amenaza a la comunidad internacional con un deseo nuevo para colmar sus ansias de poder expansionista, es la defensa del derecho que asiste a las personas y los pueblos que no puede malbaratarse por un interés político de baja estofa. Y confiar en la reacción de la sociedad norteamericana que ya sufre en su vida y en su cartera, los efectos de su política errática que les afecta, de momento, más a ellos que al resto de sociedades.

El reto para la UE, el único grupo de países que pueden plantarle cara, es establecer una estrategia común de defensa que pasa por desligarse del padrinazgo de Papá USA, en adoptar una estrategia comercial propia en el nuevo contexto mundial que se está delineando, y en dejar de fiarlo todo a que los resultados de las elecciones de medio mandato de noviembre conviertan en realidad lo que apuntan las encuestas sobre una caída sostenida del apoyo popular a Trump. Según la realizada en diciembre de 2025 por la NBC, la mayoría de los estadounidenses adultos creen que el país va por mal camino, preocupados por la mala evolución de la economía y la inflación que repercuten en la subida de la cesta de la compra y de los gastos corrientes del ciudadano medio que se ve obligado a recortar su nivel de vida reduciendo el consumo diario a lo esencial. Se puede engañar a todos, pero no todo el tiempo.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.