Categoría: ACTUALIDAD POLITICA

No a la guerra

Negras tormentas agitan los aires

El belicismo estadounidense y el llamamiento al rearme de las autoridades europeas, obedientes al mandato trumpista, amenaza con destruir las conquistas sociales nacidas de la victoria de la clase trabajadora en los frentes de batalla y en la Resistencia contra el nazi-fascismo.

Europa, desde el punto de vista geográfico, no es más que una pequeña península del gran continente euroasiático. Esta evidencia influyó decisivamente en la orientación de la defensa francesa en la segunda mitad del siglo pasado, que desarrolló una capacidad de disuasión nuclear independiente de los USA. Por ello la República francesa es hoy el único Estado miembro de la UE capaz de dar credibilidad a las medidas disuasorias, pues frente a Estados con poder nuclear el armamento convencional deja de ser disuasivo.

La creciente e impredecible agresividad de los USA, junto al colapso del régimen internacional de control nuclear, empujará a dotarse del arma nuclear a otros Estados que se sientan amenazados. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1968) se debilita, proyectando un futuro sombrío sobre la humanidad.

Las guerras imperialistas

La crisis ucraniana constituye un punto de inflexión en la seguridad europea. El golpe de estado de 2014 en Ucrania, auspiciado por los USA, desembocó en una guerra civil en la región del Donbás. Ocho años más tarde, el presidente Vladimir Putin ordenó la denominada “operación militar especial”, en auxilio de la población rusófona con la esperanza de frenar la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Lejos de estabilizar la región, la invasión constituyó una grave vulneración del “derecho internacional” y sirvió como pretexto a los USA para iniciar una guerra proxy contra la Federación de Rusia.

El envío de armas a Ucrania alimenta la guerra de Occidente contra Rusia, que no aceptará una derrota humillante ni ver sus fronteras cercadas por una OTAN amenazante.

El rearme estanca la guerra y provoca numerosas víctimas inocentes en una sanguinaria carnicería, abriendo heridas que serán difíciles de cerrar.

La paz y la seguridad global están amenazadas por los USA, que viola sistemáticamente el derecho internacional. Su creciente agresividad lo prueba: Irak, Libia, Canadá, Dinamarca (UE), Venezuela, Gaza, Cuba, Irán, etc. Asesinatos masivos, con la complicidad del ente sionista, incluidas escuelas infantiles, sin previa provocación, con la finalidad de doblegar la voluntad de resistencia de los pueblos, extendiendo su siniestro manto de terror sobre el planeta.

El móvil de tales crímenes no es otro que su voluntad de apoderarse por la fuerza del control de las fuentes de energía fósiles y de las tierras raras. Su rivalidad con la República Popular China -intentando imponer a cualquier precio su supremacía geoestratégica, tecnológica y de control de los mercados- incrementa el riesgo de una conflagración nuclear.

Similitudes inquietantes

La Historia nos advierte que los horrores del pasado pueden repetirse. El golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República española en 1936 -y la posterior guerra civil, con la implicación directa de la Alemania nazi y de la Italia fascista- anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que desembocó en el holocausto atómico de Hiroshima y Nagasaki.

La tragedia de dos guerras mundiales, constituye una advertencia severa sobre los riesgos que amenazan, por tercera vez consecutiva en poco más de cien años, al continente europeo.

El anuncio del canciller alemán “queremos hacer de nuestro ejército el ejército convencional más grande de la Unión Europea” tampoco es muy alentador, pues llueve sobre mojado.

¿Quo vadis, Europa? La urgencia de un nuevo rumbo

Pese a su gigantesca capacidad económica, la Unión Europea seguirá siendo un actor vasallo en tanto no asuma plenamente su condición geográfica. La seguridad europea, incluida la de Rusia, es indivisible. La seguridad de uno es la seguridad de todos. Difícilmente podrá construirse una paz duradera en Europa bajo la dependencia estructural del Pentágono.

La Europa que nació sobre las ruinas de la II Guerra Mundial, con la promesa de derribar muros, parece hoy obstinada en construirlos. Al abandonar los principios de solidaridad y derechos humanos en favor de un frenético rearme, la UE corre tras el espejismo de una falsa seguridad armamentista, perdiendo la autoridad moral que una vez la convirtió en un referente global.

Los países miembros de la UE actúan hoy bajo el temor al futuro. Tienden a refugiarse en un nacionalismo que fragmenta la respuesta común ante desafíos globales como la inteligencia artificial, el cambio climático o las crisis migratorias.

La situación actual ya no admite más evasivas diplomáticas ni silencios de conveniencia. Si el proyecto europeo desea sobrevivir a las tormentas del siglo XXI, debe dejar de huir de sus propios fantasmas y regresar a la senda de sus valores fundacionales, degradados por la infamia neoliberal enemiga de los pueblos.

Porque el camino hacia el futuro no consiste en seguir avanzando a ciegas, impulsados por un irresponsable ardor guerrero, sino en tener la valentía de corregir el rumbo antes de que el horizonte termine por desvanecerse entre la niebla de la guerra.

Las bases USA en España

El uso de las bases de Rota y Morón, bajo soberanía española, dependen de un convenio bilateral firmado en plena dictadura franquista con los USA, posteriormente actualizado. Por ello el Gobierno de España, en el pleno ejercicio de la soberanía española, ha decidido que no se utilicen para participar en guerras ilegales.

Tras las delirantes e intolerables amenazas proferidas por el presidente Donald Trump contra España, y la contundente y clara respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición progresista, es imperativa la denuncia del convenio, que vence en mayo, y la salida inmediata de todos los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, antes de que sea demasiado tarde.

Para ello, es necesario contar con el apoyo y movilización de todos los demócratas, de todos los progresistas de buena voluntad.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada (retirado),

miembro del colectivo de militares demócratas contra la guerra.

Defender la ética en política

Qué difícil es salir del marco que define un sátrapa, máxime cuando ese ser sin alma dirige los destinos de la, todavía, primera potencia mundial con una ejecutoria que se mueve en función de la última ocurrencia que se implanta en su mente, siempre con el objetivo de apoderarse de las fuentes de riqueza económica que esquilma a las naciones que poseen esos recursos, por la fuerza y al margen del derecho internacional y la carta de los derechos humanos, que para el dictador global no existen.

La aparición de un nuevo estilo en la gestión de las relaciones internacionales que ha implantado D. Trump, el matonismo, ha desbaratado el valor de la diplomacia como guía de conducta entre las naciones para atemperar las disputas y evitar que deriven en conflictos bélicos. Diplomacia que hoy está siendo sustituida por la ley del más fuerte que es lo que determina el modelo de relaciones entre los países, sobre todo sobre aquellos que tienen recursos naturales estratégicos, para apoderarse de ellos, que es lo que desea y busca el matón de la Casa Blanca.

Cambio de modelo que tiene múltiples efectos de envergadura planetaria. El primero, el caos y desconcierto que genera en las relaciones internacionales que ya no se rigen por el derecho, los convenios y acuerdos internacionales, sino que se mueven al albur de los deseos, de la apetencia con la que se levante cada mañana el rey felón en su guarida del despacho oval. El segundo, la aparente estrategia errática en la gestión del poder global es un trampantojo para ocultar que todo, hasta las patochadas, están orquestadas con el objetivo de despistar a los líderes internacionales sobre cómo deben relacionarse con el nuevo reyezuelo planetario. Tres: desconcierto con el que son recibidos cuando visitan la Casablanca, dónde les espera una encerrona rodeado de su guardia pretoriana que les acogota y los lleva a decir y aceptar todo lo que el rey de bastos quiere escuchar conforme a sus deseos, pues si se desmanda es rápidamente recriminado por los secuaces del sátrapa, como le pasó a Zelensky.

Cuatro: Estrategia para acogotar el interlocutor que retransmite al planeta a través de las múltiples cámaras de las televisiones, que contribuyen configurar un escenario que amedrenta al interpelado que no le queda más opción que declarar su pleitesía al sátrapa, para salir huyendo de ese plató televisivo planetario lo antes posible. Ninguno de los que líderes mundiales que por allí han pasado se han atrevido a contravenir al narcisista supremo, solo Macrón se atrevió a aclararle un dato, no para contravenirle, sino para marcar la diferencia que Francia siempre busca patentizar. Y quinto: el miedo que se configura como actor protagonista del nuevo guion diplomático. Miedo a ser sancionado económicamente en los intercambios comerciales, a que tu país sea bloqueado por la USA Navy o, en el peor de los casos, a que sea bombardeado e invadido si rechazas las pretensiones del sátrapa. Intenciones que ya no se ocultan, sino que se explicitan y propalan públicamente, sin vergüenza y con amenazas, dichas como si fueran ideas sueltas que pasean por la mente Trump, cuando en realidad anticipan lo ya planeado que está a punto de ocurrir. Lo último el bombardeo de Irán.

En este panorama, todo líder político, qué impelido por las circunstancias, le dice NO, Trump lo convierte en un apestado, en un socio no fiable, como antesala, como advertencia de lo que le podría pasar si no se aviene a sus deseos. De este modo, se genera una omertá, una ley del silencio planetaria, que solo admite la sumisión a los dictados del dictador, que solo son capaces de vulnerar los líderes que alzan la voz para defender la ética política que supone no dar el visto bueno, no aceptar, la vulneración de los derechos internacionales para justificar el bombardeo de un país y desatar con ello un conflicto armado de futuro impredecible.

Se dan aquí el cruce de dos principios que, por interés político se confunden y parangonan, forzando al ciudadano a tomar partido por uno u otro, cuando en realidad es un debate falaz. La historia está repleta de ejemplos en los que las naciones poderosas, los imperios, han querido imponer su organización y estructura social sobre otros, con el resultado de ser un fracaso que ha costado miles, millones, de vidas, porque no se puede imponer por la violencia de las armas un orden social, por muy beneficioso que pueda ser, porque eso supone negar el derecho de los pueblos a evolucionar por sí mismos. Máxime en zonas del planeta como es oriente medio, donde las potencias del siglo XIX, fundamentalmente el Reino Unido en esa zona del mundo, marcaron fronteras a su interés económico sin tener en cuenta los lazos religiosos y culturales de los pueblos afectados.

El derecho internacional nace, precisamente, para limar y negociar los conflictos mediante la guía de los derechos que asisten a los países, las personas y las relaciones internacionales, para que ninguna nación haga lo que quiera con otro país menos poderoso. Para eso nació la ONU, hoy devaluada por el derecho a veto de cinco países que lo han utilizado siempre para defender por sus intereses o los de sus aliados. Desigualdad infumable a estas alturas del siglo XXI que debe corregirse. Aun así, las Naciones Unidas han evitado conflictos y mediado en otros con los casos azules.

Que en su ejecutoria las organizaciones y el derecho internacional no haya funcionado con eficacia, y más cuando su objetivo es evitar la guerra, no quiere decir que haya que meterlos en un cajón y olvidarnos de ellos, sino que hay que defenderlos por una razón ética para evitar que la vida en el planeta se convierta en una jungla gobernada por el más fuerte, que es lo que busca Trump. Por eso la postura adoptada por el Gobierno de España de negarse a aumentar el gasto militar, porque lo quiere Trump —que podía haber elegido en lugar del 5 el 10 o el 15% del PIB—, como denunciar la vulneración del derecho internacional por el ataque deliberado sobre Irán, o negarse a que las bases USA en España sean utilizadas para una guerra injusta, nos sitúan como país en el lado correcto de la historia.

No hacerlo hubiera supuesto una decepción para los españoles que defendemos los derechos internacionales, que no queremos más guerras —no hay guerras justas—, y que aborrecemos el seguidismo baboso que hacen del sátrapa otros dirigentes políticos, que así se sitúan en el lado oscuro diciéndole amén a todo. Postura que siguen el PP y Vox, derecha extrema y ultra derecha, que una vez más dejan sus meninges a un lado—si las tienen—por la obsesión de acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anula en sus mentes cualquier tipo de consideración sobre la importancia de defender el derecho internacional. Defensa que no está en sus cabezas con lo que demuestran su nulo interés por las vidas humanas que, de manera abyecta, ocultan, lo que supone aceptar sin critica alguna los designios del dictador planetario, que confirma que en el fondo y en la forma son lo mismo.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

La democracia en el trabajo, una nueva gobernanza empresarial

La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.

Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.

El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.

Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.

Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.

El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.

Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.

Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.

En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.

Toni Ferrer Sais

Exsecretario de Acción Sindical de UGT

Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado

El colapso del control nuclear

Introducción

El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.

La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.

El auge y declive del control nuclear

El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.

Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.

El fin del “New START” y el vacío normativo

El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.

Un contexto global de rearme

El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.

Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.

La Unión Europea ante un entorno más inseguro

La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.

Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.

Autonomía estratégica: ambición y límites

En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.

La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.

Impacto político y normativo

La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.

Conclusión

El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.

La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.

Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.

A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.

Manuel Ruiz Robles

ex-capitán de navío de la Armada (retirado),

ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).

VOX sigue creciendo en los comicios autonómicos.

Incapacidad de la izquierda para formar una coalición unida que frene al fascismo.

Desde las últimas elecciones autonómicas, el PP y de su mano VOX, detentan el poder territorial en España.

El PP, a través de Ayuso, gobierna la Comunidad de Madrid, si bien Ayuso se ve más identificada con VOX que con su partido, a la vista de las políticas y decisiones que toma y su Trumpismo declarado.

Además de Madrid, el Partido de Feijóo, detenta el poder en Andalucía, en Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y La Rioja. El Ayuntamiento de Madrid, está gobernado así mismo por el PP.

En esos Gobiernos, VOX ha tenido presencia con consejerías e incluso viceconsejerías en las comunidades de CyL, Aragón Valencia, Extremadura y Murcia.

En 2025, la presidenta de Extremadura, Guardiola, adelantó las elecciones, pensando que esta estrategia le iba a permitir distanciarse de VOX y gobernar en solitario. Nada más lejos de la realidad, PP solo ganó un escaño y perdió cerca de 10.000 votos, mientras que VOX duplicó los suyos, de tal suerte que PP con 29 escaños no puede gobernar y necesita los 11 escaños de VOX, con el que tendrá que negociar.

En Aragón las cosas han seguido como en Extremadura, se adelantaron los comicios pensando en dejar atrás a VOX. Los resultados han sido malísimos para el PP, pues, pierde 2 escaños, pierde 13.000 votos y con sus 26 escaños, se queda a 8 de la mayoría absoluta y para gobernar necesita de los 14 escaños de VOX.

El 15 de marzo hay elecciones autonómicas en CyL, donde las encuestas pronostican que ganará PP con un escaño más, con pronóstico de 32 escaños, es decir, a 10 de la mayoría absoluta, bajaría el PSOE 3 escaños, obteniendo 25 y VOX crecería de 13 a 16. Una vez más, el PP necesita de VOX para alcanzar la mayoría que le permita gobernar.

El PSOE, vuelve a expresar su preocupación por la falta de unión de las izquierdas, que ya en 2023, esa falta de unión contribuyó a la pérdida de varias autonomías.

Los hechos ponen de manifiesto que VOX sigue creciendo y que el fascismo avanza.

VOX se ha hecho imprescindible para el PP porque sin su concurso no va a poder gobernar y es claro que el PSOE, no se va a abstener en ninguna de las tres autonomías donde está pendiente la formación de gobierno.

VOX se lo está poniendo muy duro al PP, tanto en Extremadura como en Aragón, al solicitarle vicepresidencias y consejerías de alto contenido, con dotaciones presupuestarias para atender las funcionalidades que ocupe.

PP no parece dispuesto a aceptar esas exigencias por no parecerles proporcionales, pero VOX, crecido, no cede. Las candidatas o candidatos, miran de reojo al PSOE, pero saben que un pacto de abstención no es viable, la disyuntiva es clara, o VOX toma las riendas de los gobiernos en discusión, o habrá que repetir comicios en Extremadura y Aragón. Veremos qué pasa en CyL.

Y mientras tanto, ¿qué hace la izquierda?, ¿qué estamos haciendo los partidos de izquierda, los sindicatos, los trabajadores, para frenar el avance del fascismo? ¿Será la izquierda capaz de unir a toda la izquierda alternativa y formar una coalición seria, con representantes sólidos, que no sea una mera elección y ordenación de candidatos, dejando atrás los egos, el “mirarse el ombligo”, las rencillas y los viejos resquemores?

El asunto es muy complicado y complejo.

Cuando la izquierda se sienta a hablar y a reflexionar, cuando el asunto de una unión de las izquierdas se mueve, a muchos electores se le agitan las mariposas en el estómago y se llenan de expectativas que, si después no se llevan a buen puerto, les llena de frustración y se provocan abstenciones.

Es cierto que, a las fuerzas progresistas, haciendo abstracción de lo puramente ideológico, les unen muchas más cosas que las que les separan, pero sigue habiendo muchas dudas, muchos egos y muchas facturas pendientes.

Sin embargo, ante lo que nos jugamos todas y todos, ante el fascismo creciente, deben olvidarse todas las cuentas y sacar a relucir la generosidad, la fraternidad y la solidaridad para avanzar resolutivamente hacia una coalición unida de todas las izquierdas que frene al fascismo y genere la posibilidad de un gobierno que permita afrontar políticas progresistas.

Pero tratemos de abordar cuales son las causas de las dificultades de la izquierda para unirse.

En España, pese a que las izquierdas tengan una historia, un legado, de lucha obrera y de lucha revolucionaria, tras la muerte de Franco y la Transición, no existe una izquierda revolucionaria, y sí, en cambio, una izquierda muy sometida a las corrientes que vienen impuestas desde Europa, la UE, las socialdemocracias muy descafeinadas y la confusión de los problemas, pese a que las prioridades y reivindicaciones de los trabajadores, están muy claras.

Tengo el convencimiento de que la mayoría de los partidos de la izquierda alternativa, están fuera de la realidad y muy alejados de los verdaderos problemas de los trabajadores y de la lucha obrera no teórica, sino real, cuando, sin embargo, resulta esencial la unidad de la izquierda para consolidar la democracia, el estado de derecho, la justicia social y el respeto y la defensa de todos los servicios públicos fundamentales.

En la dispersión existente en la izquierda alternativa, (siguiendo la línea de pensamiento de Temi Vives, biólogo y filósofo, profesor honorífico de la Universidad de Barcelona), hay una gran diversidad ideológica, que puede ir dese un marxismo-leninismo radical, estalinistas, trotskistas, comunistas clásicos, socialistas, socialdemócratas y socio liberales, sin dejar de lado todas las ramas anarquistas y del anarco-sindicalismo. Sin embargo, no creo que esta diversidad ideológica sea un hándicap para lograr un acuerdo sobre estrategias y objetivos comunes, en una hipotética coalición electoral de las izquierdas.

Más bien, una de las mayores dificultades puede estar en la contraposición de intereses, entre los diferentes sectores de la izquierda, donde pueden coincidir trabajadores con una lucha de clase muy definida y unas reivindicaciones muy marcadas y, por ejemplo, intelectuales, con unos intereses que los lleven a prioridades diferentes, generando rivalidades y divisiones.

Puede haber influencia de poderes externos o grupos de presión que incidan sobre los diferentes sectores de la izquierda, que sin duda, debilitan la unidad e independencia de esa posible coalición unitaria de las izquierdas.

En estos momentos hay, sin embargo, un atisbo de esperanza, Gabriel Rufián, descartándose a priori como líder de nada, no será él quien represente a ninguna posible unión de las izquierdas, ha dado un paso adelante y está intentando que las izquierdas se unan, que se sienten, dialoguen y debatan, que identifiquen lo común y formen una coalición unitaria de toda la izquierda, manteniendo cada quien su identidad, que es lo que demanda el electorado progresista y que es fundamental para frenar al fascismo.

Del mismo modo, unos días después de la iniciativa del diputado Rufián, ya pública, y con conocimiento de la misma, por parte de SUMAR, IU, MÁS MADRID y los COMUNS, se han dado pasos para repetir una coalición electoral de dichas formaciones, pero sin referencia alguna ni a Gabriel Rufián ni a PODEMOS.

Parece que PODEMOS sigue teniendo muchas diferencias y ¿desafueros? Con SUMAR, y va a ser muy difícil que vaya a unirse a ningún tipo de coalición, concurriendo en solitario en los próximos comicios por venir, con el riesgo de que PODEMOS y no solo ellas queden fuera de juego, e incluso sin representación parlamentaria, como ha ocurrido en Aragón, en el Congreso y en el Senado.

Nada teme más la derecha y los fascistas que una izquierda unida, organizada y fuerte.

Sólo una izquierda fuerte, valiente, organizada, unida y rupturista, será capaz de frenar a VOX, al PP y demás fascistas que pululan por España.

Miguel Sagüés

Miembro del Comité de redacción de TS

21 de febrero: representantes de Sumar, Izquierda Unida, Mas Madrid y los Communs se reúnen en Madrid para presentar su propuesta
18 de febrero: Gabriel Rufián y Emilio Delgado convocan un acto en Madrid para «repensar la izquierda»
Podemos no participa de los actos de «un paso al frente» ni del acto de Rufián y Delgado

Hay que limitar el poder de los tecno-oligarcas

En poco más de veinte años las redes sociales han cambiado las relaciones sociales, la manera de relacionarnos, con mayor o menor intensidad en la práctica totalidad de naciones. La eclosión de las redes comenzó entre 2002 y 2004, ínterin temporal en el que nacieron Friendster, LinkedIn, MySpace y se consolido Facebook, y su auge masivo arrancó con la aparición de YouTube en 2005, y Twitter (hoy llamada X) en 2006. Años del despegue en el uso de una tecnología que ha quebrado el modelo comunicativo precedente, analógico de uno para todos (vertical), al transformarlo en digital en el que el intercambio de información y conocimiento se globaliza y deja de estar dirigido por unos pocos—con recursos para crear un periódico, una radio a una televisión—, al otorgar al usuario la capacidad de elaborar y difundir contenido e información de manera global y sin barreras de tiempo y espacio. Nace así el modelo comunicativo configurado por todos los usuarios, entre todos (horizontal), que está en permanente actividad.

Nació así un nuevo modelo de medios de comunicación asociados a la idea de la libertad sin límite para decir y difundir mensajes, sin ningún control por parte de los creadores de esas redes. Idea sobre la que asienta un negocio multimillonario que ha convertido en superricos a los propietarios de unas empresas caracterizadas por su opacidad, y con un poder económico que supera al PIB de la mayoría de naciones del mundo, incluidas algunas de la UE. Amparados por esta idea de libertad libérrima, con el paso de estos pocos años las sociedades empiezan a darse cuenta del impacto directo que produce en la vida personal y social, esa falta de control sobre lo que se dice y se difunde, y su carácter adictivo. Es aquí donde surge la necesidad de poner coto a sus efectos negativos, en especial, para adolescentes y jóvenes, cuyas mentes están en el proceso de formación de sus valores personales y para relacionarse con los demás.

Antes de abordar como se puede poner coto a su poder, hay que desbrozar un bosque muy enmarañado por el desconocimiento que genera en la población ideas confusas, algunas con un claro interés espurio.

  • Primero, la tecnología no es mala ni buena, es una herramienta que nace de la mente humana para servir a la especie y, por tanto, depende del uso que se haga de ella tendrá unas repercusiones positivas o negativas.
  • Segundo, las redes sociales beben de este mismo principio y son solo una parte de algo mucho más grande que es internet que ha propiciado, y sigue haciéndolo, el intercambio de conocimiento compartido que mejora el desarrollo de las sociedades y los pueblos.
  • Tercero, la digitalización ha favorecido, al abaratar el coste, la aparición de medios digitales, no solo las redes sociales, que han generado confusión sobre lo que es un medio de información basado en la veracidad contrastada de los hechos que relata y los que, al amparo de una interpretación falsaria e interesada de la libertad de expresión, solo son correa de transmisión de información sesgada, falaz e hiperbólica, con el objetivo político de desinformar a la ciudadanía para expandir confusión y caos.
  • Cuarto, desinformación que se traslada a las redes sociales mediante la retroalimentación de los mensajes de estos medios y voceros que los difunden en la red.
  • Quinto, junto al aspecto mediático, la libertad libérrima de acceso con la que sus creadores dejan operar a los usuarios favorece la difusión de contenidos que requieren de un conocimiento y un criterio formado para dar sentido; por ejemplo, a la pornografía y el abuso sexual, a los videos de acciones estrambóticas imitativas que producen graves efectos físicos o para la salud o directamente fomentan la estupidez humana. O, lo más peligroso, el acceso libre a mensajes de odio contra el diferente que favorecen el acoso constante o la tergiversación de la historia que blanquea el fascismo y los regímenes dictatoriales.

La reacción exaltada, faltona y zafia con la que han reaccionado Elon Musk, propietario de X, y de Pável Dúrov, propietario de Telegram, contra el presidente Pedro Sánchez por su anuncio de la decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años —adoptada ya en Australia y Francia, y que tramitan Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido—, demuestra el daño que les hace que los gobiernos comiencen a tomar medidas contra su poder omnímodo; no para cercenar la libertad de expresión como argumentan, sino para impedir el adocenamiento de las mentes en proceso de formación que son, para estos oligarcas, el caldo de cultivo para asegurar la continuación de su negocio milmillonario: de su poder sobre los gobiernos, sus leyes y las sanciones que les imponen que se saltan a la torera.

A partir de aquí surgen las opiniones de quienes afirman que no se pueden poner puertas al mar, y los que pensamos que sí se puede, empezando por acabar con la opacidad de los algoritmos que las manejan—vivimos en el reino del algoritmo—, como si fueran un ente intocable y con vida propia como nos hacen creer, para ocultar que se crean con los objetivos empresariales que trasladan los CEO a los desarrolladores. Directrices que apenas establecen restricciones a la información que circula ni filtros sobre quienes pueden acceder a ellas: filosofía del acceso libre basada en una mendaz interpretación de la libertad de expresión. Todo con el objetivo de hacernos creer la dificultad, la imposibilidad, de alterar los algoritmos que las regulan, como si fueran entes que viven al margen de sus creadores, para ocultar que sí se pueden establecer filtros por edad o acceso a determinadas informaciones audiovisuales, porque todos los usuarios ya estamos identificados en la red que usamos definidos por los comentarios que subimos o por las elecciones que hacemos en nuestras búsquedas que definen nuestros gustos personales, como comprobamos a diario.

Los algoritmos se pueden retocar, modificar, alterar o cambiar en todos los sentidos, para regular el uso que hacen las empresas con nuestros datos, para seleccionar a los usuarios, la violencia visual o escrita de los mensajes, las mentiras —los bulos—, o la veracidad de las informaciones. Por eso no se puede argüir que las medidas restrictivas que se quieren imponer por parte de los Gobiernos, vayan a resultar ineficaces. En los meses de puesta en marcha en Australia de la restricción de acceso a menores de 16 años, ya se han borrado cinco millones de cuentas según los datos del Gobierno australiano.

Exigir a los tecno-oligarcas que modifiquen sus algoritmos es una necesidad no solo por la salud mental de los adolescentes, sino por higiene democrática para limitar la difusión de mensajes y soflamas que buscan derruir el modelo democrático de convivencia. Como establecer acuerdos internacionales para evitar que entidades privadas adquieran un poder superior al de los propios estados para saltarse las reglas de fiscalidad de los países, o para difundir sin control mensajes de odio e incitación al abuso del que es diferente o tiene opinión propia. Poder ante el que los Gobiernos y la ciudadanía no deben permanecer inermes.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

Ahora son los cubanos a los que amenaza Trump

En su intromisión en la soberanía del resto de los países de América, Trump ha dado un nuevo paso amenazando a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. La amenaza contra la isla es real, las sanciones arancelarias a Canadá o México, las injerencias electorales en Argentina u Honduras, los bombardeos y asesinatos en aguas de Venezuela y Colombia, las descalificaciones al Presidente de Colombia, el bombardeo de Caracas –con más de 100 muertos según cifras oficiales– y el secuestro del presidente venezolano y su mujer…, hacen pensar que las amenazas no son simples baladronadas ni delirios de un loco, como gusta calificarle la prensa. Son producto de un plan que va más allá del propio Trump.

“Cuba es una nación en decadencia y uno siente lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no, no estoy intentando decirlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”. Estas son las declaraciones de Trump tras firmar un decreto contra “cualquier país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera proporcione petróleo a Cuba”.

De esta manera, Trump busca impedir que, ante una más que previsible crisis humanitaria, algún país tenga la peregrina idea de ayudar a paliarla. Es obvio que cuando habla de que han tratado mal a la gente no se refiere a los once millones de cubanos que viven en la isla, habla de los oligarcas y familiares que le rodean y con los que hace negocios por el mundo, igual que tampoco cuenta con los dos millones de habitantes de Gaza cuando habla de montar un “resort” en la franja. Más que un “idiota a las doce” o el “principal faro del mundo libre”, como dice Ayuso, a quién más se parece es a Luis XIV de Francia, un rey absolutista. Cuando los estadounidenses se manifiestan al grito de “No Kings” no les falta razón.

Cuando dice: “tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar” –como si hubiera cubanos que son asiáticos–, no se refiere a los cubanos que se marcharon de la isla tras la revolución, se refiere a las multinacionales petroleras como Esso, agrarias como la United Fruit Company, telefónicas como la ITT, eléctricas como la Compañía Cubana de Electricidad o azucareras como la Atlántica del Golfo. Estas y otras muchas fueron nacionalizadas en la década de los sesenta tras la revolución de 19591 que expulsó del país a una casta corrupta encabezada por el presidente del momento, Fulgencio Batista. La saga de “El Padrino” lo retrata muy bien.

Se avecina un desastre humanitario

Cuba necesita combustible para alimentar las centrales termoeléctricas de las que dispone y, según las informaciones del Financial Times, en este momento dispondrían de combustible para dos o tres semanas. En los últimos años los principales proveedores de petróleo han sido Venezuela y México cuyo suministro permitía, precariamente, mantener las necesidades eléctricas de sus habitantes, aun conviviendo con apagones de unas horas regularmente en toda la isla.

Tras el ataque a Venezuela, principal proveedor de Cuba, el Gobierno estadounidense impuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez el cese total del suministro. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México es soberano y decide por si solo con quien comercia, lo cierto es que México había suspendido los envíos de petróleo tras la conversación telefónica de la presidenta con Trump.

Según el Gobierno cubano, las necesidades de electricidad se limitarían al 50% gracias a las plantas fotovoltaicas existentes en el país. La población no solo se enfrenta a apagones –el diario Granma informó de que el servicio de energía eléctrica se vio afectado el miércoles2 durante 24 horas–, también depende para las tareas cotidianas de las llamadas “plantas eléctricas” –baterías de litio– que les permiten acumular energía cuando hay suministro eléctrico. Las necesidades de hospitales e industriales se verán gravemente comprometidas.

No hay que olvidar que Cuba sufre un bloqueo comercial desde la fallida invasión estadounidense de Bahía Cochinos en 1961. Este bloqueo condiciona fuertemente la economía cubana y ha sido condenado con reiteradas resoluciones por la inmensa mayoría de los países de la ONU; la última en 2024 solo rechazada por EE.UU., e Israel.

Defender Cuba es defendernos

Trump define el imperialismo como nadie cuando declara que las petroleras y empresas estadounidenses asociadas van a explotar las reservas de petróleo venezolanas, y los beneficios se van a repartir a medias con Venezuela y que, a cambio, el Gobierno venezolano tendrá que comprar con ese beneficio productos de EE.UU. Es un imperialismo descarnado que amenaza a toda la humanidad, pues vamos sabiendo, por los pasos que da, que la inacción de los gobiernos es una invitación a ir más lejos en sus criminales actos, ya sean asesinatos, aranceles, secuestros, censuras, insultos, … etc.

Para frenar a Trump tenemos un ejemplo palmario en las movilizaciones de los ciudadanos de Minneapolis que se han organizado ante los asesinatos de Rennée Good y Jeffrey Pretti, extendiendo la repulsa a los ICE y a las medidas represivas de Trump a lo largo de todo EE.UU. Ya no hay careta que oculte la verdadera cara del presidente estadounidense, su avaricia y la de su corte se alimenta de represión.

La respuesta de la mayoría de los Gobiernos ante la agresión a Venezuela está siendo nula y es de temer que sea la misma con relación a Cuba. En España, los partidos de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, CC y Compromis, han registrado una iniciativa legislativa para que el Gobierno manifieste un rechazo absoluto a las medidas de Trump, y que lidere en Europa y en los organismos internacionales la oposición al embargo a Cuba.

No es hora de discutir si Cuba es una democracia o una dictadura. Lo que está en juego es la independencia, la soberanía de los pueblos, y que la defensa del pueblo cubano es en los hechos la defensa de toda la humanidad frente a la arbitrariedad y el imperialismo de Trump. Como en el caso de Palestina, Venezuela, Irán, etc., o como las guerras en curso, la mayoría social, la clase trabajadora, los sindicatos, deben ser los que abanderen la defensa del pueblo cubano.

Enrique Dargallo (10 de febrero de 2026)

Director de Tribuna Socialista

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1 Aunque la ofensiva revolucionaria se desarrollo en los últimos meses de 1958, fue el 1 de enero de 1959 cuando Fulgencio Batista sale del país y los revolucionarios entran en La Habana

2 Publicado en el diario La Jornada de México del 30 de enero de 2026

Jornada sobre vivienda: aportación al debate

A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.

El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.

La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.

  • Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
  • Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
  • Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
  • María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.

Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.

A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.

La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.

De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22

  • Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.

Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.

  • Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.

Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.

  • Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.

El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.

El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.

  • Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
  • Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.

Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.

Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino

Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.

Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:

  • La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
  • Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
  • No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
  • Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
  • Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
  • Topar el precio de venta y alquiler.
  • Movilizar dinero público para VPO.
  • Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
  • Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.

Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.

Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

Fotografía: Diego Vitores

Cartelería: Natalia Sánchez

Enrique Dargallo

Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

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1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT

La vía muerta de la inversión: Por qué el futuro del tren no puede ser el beneficio privado

1. Introducción: El crujido de las vías

La red ferroviaria española atraviesa un momento de vulnerabilidad estructural que trasciende la anécdota técnica. Los recientes siniestros, desde el descarrilamiento en Adamuz —atribuido a un defecto en una vía recién renovada— hasta las recurrentes incidencias en el núcleo de Cataluña, que han llegado a cobrarse víctimas mortales, son la manifestación física de un sistema al límite que afecta a la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios, y que tiene consecuencias nefastas para sus principales usuarios trabajadores y estudiantes, gran parte de la clase trabajadora.

El propio Ministro de Transportes ha admitido la urgencia al describir una «infraestructura viejísima» tras años de abandono. Los datos validan esta alarma: el 24% de la infraestructura ferroviaria española supera ya los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento no es fortuito, sino el resultado de una descapitalización sistemática que demuestra que el modelo de liberalización actual no es ninguna herramienta de eficiencia sino un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado en corredores rentables mientras desmantela el carácter vertebrador del servicio público.

El espejo británico: La anatomía de un colapso anunciado

Para proyectar el futuro de España, es imperativo analizar el fracaso del Reino Unido tras la privatización de 1993 bajo el gabinete de John Major. Aquel modelo, diseñado por el legado de Thatcher, fragmentó el sistema en más de 30 entidades, resultando en una externalización de riesgos que, ante el colapso, terminó asumiendo el erario público.

Las métricas financieras de este experimento son demoledoras:

• Explosión de costes operativos: El coste de operar el sistema se duplicó en una década, pasando de 2.400 millones de libras (1990-95) a 5.400 millones (2005-10), sin una mejora correlativa en los activos fijos.

• Transferencia de rentas públicas: Los subsidios estatales crecieron un 300%; paradójicamente, el 90% de las inversiones fueron sufragadas por el contribuyente, mientras las operadoras privadas extraían dividendos.

• Colapso de Railtrack: El gestor privado de infraestructuras quebró en 2001 tras una cadena de accidentes derivados de la falta de integridad técnica, obligando a la creación de la entidad pública Network Rail.

Este deterioro fue retratado con precisión por Ken Loach en La Cuadrilla (The Navigators), donde se ilustra cómo la rentabilidad del accionista tritura la seguridad laboral y técnica. La prueba final del fracaso es que, en 2025, el Reino Unido completará la renacionalización de la South Western Railway (SWR), admitiendo que el mercado es incapaz de gestionar un derecho social.

La asimetría del modelo español: AVE para pocos, olvido para muchos

España ha adoptado un rol de «Quijote» de la liberalización, implementando las directivas de la UE con un celo regulatorio que contrasta con la cautela de nuestros vecinos. Mientras Francia protege su operador nacional con «trabas inacabables» para asegurar la cohesión del servicio, la CNMC en España facilita el acceso a los activos más lucrativos (AVE) a operadores como Ouigo o Iryo sin exigir contrapartidas equivalentes en vertebración territorial.

Esta lógica de extracción financiera genera una distorsión profunda reflejada en la siguiente comparativa:

Segmento FerroviarioSituación y Evolución TécnicaImpacto Social y Operativo
Alta Velocidad (AVE)Concentración masiva de inversión pública; competencia de precios en corredores de alta densidad.Modelo de «lujo» que absorbe recursos mientras el retorno social se limita a usuarios de alto poder adquisitivo.
Tren de MercancíasDeclive crítico: caída de una cuota modal del 11% (2005) a un exiguo 2,4% actual (mínimo histórico del 1,9% en 2017).Fracaso en la transición ecológica y pérdida de competitividad logística industrial.
Red ConvencionalDéficit de mantenimiento acumulado y obsolescencia de activos; reducción sistemática de frecuencias.Supresión de 40.000 trenes regionales y cierre de paradas en 172 estaciones desde 2014; aislamiento de la «España vaciada».

Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) se han instrumentalizado para justificar recortes, priorizando el flujo de caja sobre el derecho constitucional a la movilidad.

Radiografía del abandono: Las cifras del déficit estructural

El deterioro de la red responde a la política de «inaugurar antes que mantener». El ahorro en mantenimiento preventivo es una negligencia con consecuencias trágicas, similar a lo ocurrido con las obras hidráulicas postergadas en el Barranco del Poyo: la falta de inversión hoy es la catástrofe de mañana.

Los datos de la descapitalización sistemática son incontestables:

1. Deuda de inversión y reposición de activos: Según el IEE, el déficit acumulado para compensar el desgaste y envejecimiento supera los 60.000 millones de euros.

2. El desplome porcentual: Existe una «ilusión de inversión». Aunque se anuncien cifras récord, la inversión actual de 3.469 millones de euros está un 63% por debajo de los niveles de 2009-2010, cuando superaba los 11.000 millones.

3. Mantenimiento insuficiente: El gasto por kilómetro en mantenimiento en España sigue siendo un 50% inferior a la media de la Unión Europea, una asimetría fiscal insostenible para una red de nuestra extensión.

Durante el periodo 2011-2018 (años de gobierno del Partido Popular, la inversión en infraestructuras sufrió una caída real acumulada del 56,3%, marcando el inicio de la crisis actual de reposición de activos.

Focos críticos: La crisis de Rodalies y el Corredor Mediterráneo

Cataluña es el exponente máximo de la «tormenta perfecta»: falta de inversión histórica sumada a una saturación estratégica extrema. El Corredor Mediterráneo, lejos de ser solo una oportunidad, actúa como un cuello de botella donde se mezclan tráficos de larga distancia, mercancías y cercanías en una red exhausta.

En 2024, ADIF destinó 710,6 millones de euros a Cercanías. Sin embargo, para un analista de políticas públicas, esta cifra es apenas un parche de emergencia. Frente a una necesidad técnica estimada en 11.700 millones anuales para compensar el envejecimiento nacional, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir décadas de descapitalización. La fiabilidad del servicio no volverá hasta que se priorice la seguridad integral sobre la inauguración de nuevos hitos políticos.

Conclusión y Propuesta Política: Recuperar el tren como bien común

La seguridad ferroviaria no es un coste; es una inversión por la vida. El modelo de gestión actual, que subcontrata el mantenimiento mediante licitaciones a la baja para preservar márgenes empresariales, compromete la estructura misma del Estado. Es imperativo transitar hacia un modelo que reconozca que la rentabilidad social es el único balance que importa.

Manifiesto por un Ferrocarril Público y Social:

• Renacionalización integral del sistema: Siguiendo el ejemplo de la SWR británica en 2025, España debe revertir la segregación vertical y poner fin a la liberalización agresiva. El control 100% público debe eliminar la extracción de beneficios privados de un sector que sobrevive gracias al subsidio estatal.

• Priorización de la rentabilidad social: Las OSP deben dejar de ser una excusa para el recorte. El éxito del sistema debe medirse por la recuperación de las 172 estaciones abandonadas y la vertebración de la «España vaciada», garantizando frecuencias dignas en la red convencional.

• Plan de choque de inversión pública y reposición de activos: Exigimos un plan masivo que sitúe el mantenimiento de la red convencional y de mercancías por encima de la expansión de nuevas líneas de lujo. La seguridad —desde la circulación hasta la ciberseguridad— debe ser la prioridad absoluta, entendiendo que el ferrocarril es un derecho ciudadano y el gran vertebrador del territorio bajo gestión pública directa.

Baltasar Santos

Primer secretari PSC el Vendrell.

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516