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Editorial: No acatar los dictámenes del TC, es defender la democracia

l jueves 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una vuelta de tuerca más a las presiones sobre el Gobierno (el Ejecutivo) y las Cortes (el Legislativo), para impedir que estas voten el cambio del sistema de renovación en el CGPJ y en el TC y seguir bloqueando ambos organismos. Impiden con un auto judicial que el poder legislativo; único poder que emana directamente del pueblo, supuestamente soberano, pueda cambiar las leyes, aunque estos cambios no sean de la conveniencia de los miembros del TC y del CGPJ.

La connivencia con el PP es tan descarada que les resulta imposible ocultarla; el TC jamás se había dado tanta prisa en admitir a trámite el recurso de Amparo de un particular o de una organización. Por contra, rechazan las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidad Podemos, el Congreso, el Senado y la Fiscalía. Esta última, solicitó la recusación de Tribiño y Narváez por tener caducado su mandato desde hace seis meses y afectarles de forma directa el cambio legal en cuestión, lo que no ha sido obstáculo para que ambos magistrados votasen en la decisión del Pleno del TC.

El Tribunal Constitucional fue creado para que hiciera de guardián de la Constitución, lo hace de forma absolutamente sesgada, pues no es para nada imparcial y hace una lectura reiteradamente favorable a los intereses del bloque conservador, representante claro de los intereses de la minoría privilegiada de la sociedad. Como garante de los intereses de esa minoría privilegiada, se pronunció a favor de reforma laboral en sus contenidos más lesivos para los trabajadores, o cuando el Parlament de Cataluña aprobaba leyes que protegían a las familias sin recursos económicos, para que las compañías eléctricas no pudiesen cortar los suministros energéticos de sus casas, declarando inconstitucionales estas medidas protectoras.

La intervención TC en el Estatuto de Cataluña se produjo después de ser aprobado por las Cortes Generales, el Parlament de Cataluña y por un referéndum pactado, demostrándose, por tanto, que no es la primera vez que el TC se inmiscuye en asuntos que no son de sus competencias y que se sitúa por encima de la soberanía popular, creando la discordia y el enfrentamiento entre pueblos, y dejando al descubierto los nudos del “atado y bien atado”.

Esta vez han ido más lejos, impidiendo que los diputados elegidos por el pueblo cumplan con las funciones que son propias de cualquier parlamento de nuestro entorno, proponer leyes debatirlas y en su caso aprobarlas es, en definitiva, legislar.

Quieren impedir que se realice la reforma del Código Penal tanto en lo que respecta a la sustitución de sus miembros que, sin duda, está más que justificada, porque necesitan tener un aparato judicial que garantice que, por encima de las decisiones democráticas, se paraliza cualquier avance social que no sea de la conveniencia de los intereses económicos de los de siempre, como cuando el Tribunal Supremo se pronunció groseramente a favor de la Banca y en contra de los ciudadanos, en el asunto de los gastos notariales de las hipotecas. Pero no interfieren en la evidente destrucción de la sanidad pública y el sistema público de pensiones, en eso sí colaboran.

La intromisión del TC en el poder legislativo ha recibido, entre otros, el calificativo de “golpe de las togas”. Un golpe que demuestra la incompatibilidad de la democracia y la judicatura que hunde sus raíces en el franquismo y pone al descubierto el verdadero carácter de esa institución que, al igual que el CGPJ es presidido por el Rey Felipe VI cada año, al inicio del año judicial y que solo obedece a la defensa de la institución monárquica. Vivimos por tanto en un sistema, que dice ser democrático, cuyo jefe del Estado es jefe a su vez de los tres ejércitos, como lo fue el Dictador durante 36 años, es inviolable e irresponsable, y, por si algo falla, está el “cortafuegos” de un Tribunal Constitucional que se sitúa por encima de los otros dos poderes del Estado, dejando la división de poderes en un chiste sin gracia.

Los hechos ocurridos durante estos días muestran que la Constitución del 78, fruto del pacto con los franquistas, no da para más; hace aguas por lo cuatro costados, grietas por las que solo supura corrupción. Una democracia que está atenazada, controlada y mutilada, no es merecedora de tal nombre, no, al menos, para resolver las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social.

Aceptar que el Congreso de los Diputados y el Senado queden cautivos del TC no solo debe ser rechazado, es intolerable, y como tal no debería ser acatada por ninguna de las cámaras de representantes con mayoría suficiente. Acatar las decisiones del TC, da alas a la derecha y los anima a continuar en sus ataques a derechos y libertades.

La gravedad de los hechos acaecidos hace necesario que las organizaciones que se reclaman de izquierdas y los sindicatos, convoquen movilizaciones masivas. Movilizaciones a la que los socialistas debemos acudir y ocupar el lugar que nos corresponde, trasladar a nuestros dirigentes que es urgente deshacerse de estos organismos para defender los derechos democráticos. El socialismo es avance social, no conservadurismo. El socialismo debe garantizar que los representantes del pueblo ejercen su mandato sin ningún obstáculo.

Ante la situación que vivimos, que se viene pudriendo desde hace mucho tiempo, el socialismo debe trabajar por la democracia plena, en el marco de la República.

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Declaracion de Urgencia

Contra el golpe togado ¡Movilización!

El ataque a la democracia no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Lo vimos en Brasil hace unos años, cuando la derecha encarceló a Lula Da Silva para sacarle de la carrera por la presidencia del Gobierno, movimiento ilegítimo que llevó al pueblo brasileño a sufrir cuatro años a Bolsonaro. Lo vimos en Bolivia, ahora lo estamos viendo en Perú. Incluso asistimos, a través de los medios de comunicación, a las inéditas imágenes de asalto al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es evidente que los hechos concretos distan mucho en las formas y los ritmos unos de otros, así como es diferente lo que está ocurriendo en el Estado español.

De la misma manera es evidente que también hay denominadores comunes: que la derecha no soporta que gobiernen otros que no sean ellos. Ya ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando la derecha, con su brazo en las Fuerzas Armadas, dio un aviso al proceso democrático.

La situación política internacional no nos es ajena, como no nos son ajenas las consignas de los think tanks, los lobbies y las instituciones internacionales del capital. La derecha política, económica, judicial y mediática no soporta que se den avances democráticos, por moderados que estos sean.

La derecha española, tome la forma que tome y se disfrace de demócrata más o menos, no soporta que se pueda avanzar en el entendimiento entre los pueblos que componen el Estado español, en particular en Cataluña. No soportan que se tomen decisiones como las que están pendientes de tomarse para incrementar el SMI, les ha molestado profundamente que las Pensiones Públicas se incrementen en el 8,5%, a partir de las movilizaciones de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Es la misma aversión que hay en Madrid, por parte del Gobierno Autonómico, contra las movilizaciones ciudadanas y la huelga de médicos para defender la Sanidad Pública. Etc, etc.

Es el Poder Judicial, que cada año preside el Rey, el que da un ¡Golpe togado! para interferir y torpedear los avances democráticos, como ocurrió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional torpedeó el Estatuto de Cataluña, votado por el Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña.

Controlan la misma Justicia que les tiene que juzgar de sus corruptelas, corruptelas que recorren las instituciones del Estado de arriba abajo.

Respetar las resoluciones judiciales es una cosa y acatar actos ilegítimos es inaceptable. Llamamos a que los partidos que se reclaman de la izquierda y las organizaciones de clase de los trabajadores, convoquen de urgencia manifestaciones masivas en todas las capitales de provincia, para rechazar el golpe de Estado Judicial.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

tribunasocialista1@gmail.com

El Golpismo togado y la quiebra de la división de poderes

Un recuerdo a María Emilia Casas Baamonde.

Acaba de ocurrir lo que todos sabíamos que iba a suceder. El Tribunal Constitucional acepta las medidas cautelarísimas presentadas por el Partido Popular y Vox, contra la tramitación de la ley de reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

Además, se da la circunstancia de que el TC rechaza apartar a los dos Magistrados recusados por PODEMOS y PSOE, gracias al voto de los propios implicados.

Decisión inédita en nuestra democracia que supone la suspensión cautelar de la acción legislativa, por la que el Gobierno quería desbloquear al TC y su renovación de parte de sus miembros que tienen el mandato caducado.

Antes hay que recordar que el conocimiento de estas medidas cautelarísimas correspondía conocer a una Sala en la que son mayoría los progresistas, porque, aunque empatados con los conservadores, dirime el voto de calidad del presidente de Sala que es progresista. Para evitar el conocimiento de este asunto por una Sala progresista, el presidente del TC con su mandato caducado, decide que sea el Pleno quien conozca del asunto, porque en el Pleno son mayoría, por uno, los conservadores, asegurándose de antemano el resultado de las votaciones.

Faltaba el debate y votación en el Senado, que ya se había aprobado en el Congreso, que ahora se corta sin que se pueda llevar a cabo por la inédita y antidemocrática decisión del TC, que quiebra el Estado de Derecho, y se carga de facto, la división de poderes, al entrometerse e inmiscuirse en asunto cuya competencia es exclusiva del Poder Legislativo, y supone, también, que los Magistrados del TC se aúpan por encima de la Constitución y por encima del Pueblo, al ignorar de modo intencionado y con fines antidemocráticos, la Soberanía Nacional, ahora secuestrada, que emana del Pueblo y reside, de forma exclusiva, en el Poder Legislativo.

Es decir, el TC no solo no reconoce la Soberanía Nacional saltándose así la Constitución, sino que, como el PP, niega la legitimidad de nuestro Gobierno, salido de las urnas y no reconoce o desconoce a los representantes del Pueblo, elegidos por las urnas y que conforman el Poder Legislativo.

Esta conducta va más allá de un mero conflicto competencial entre poderes del Estado, cuya resolución está normada y positivizada. Supone, por el contrario, un auténtico golpe de mazo, un lawfare, un golpe togado, que rompe el Estado de Derecho y quiebra la división de Poderes (han vuelto a matar a Montesquieu), porque lo que se persigue es que los conservadores no pierdan la mayoría que ahora ostentan, como ocurre con el CGPJ, secuestrado desde hace cuatro años por los conservadores, con la misma finalidad de no perder esa mayoría.

Se convierten así, los Magistrados conservadores del TC, en auténticos golpistas togados contra la Democracia y se ponen al servicio de un Partido de extrema derecha con fuerte ligazón con el fascismo que representa VOX. Con ello, los supuestos garantes de la puridad constitucional, incumplen la ley, desconocen esas garantías y presuntamente prevarican, conocedores de la impunidad de la que están revestidos.

Pero además de todo eso, se da la circunstancia de que dos de los Magistrados cuyos votos han dado lugar al triunfo de la tropelía antidemocrática, uno de ellos el Presidente del TC, estaban concernidos, es decir, les afectaba personalmente, por cuanto tienen el mandato caducado, de ahí, la recusación presentada por PODEMOS y PSOE, que ha sido rechazada con los votos de esos mismos dos magistrados, que lejos de la decencia y coherencia judicial al no abstenerse, han votado en contra de su propia recusación por tener su mandato caducado, sin el menor pudor, pundonor y sin la menor vergüenza.

Cómo no acordarnos ante estos hechos, de la insigne Magistrada, que fue miembro del TC y la primera mujer que fue presidente de dicho TC.

María Emilia Casas Baamonde y su vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez Sánchez, se inhibieron en 2007, por cuanto entendieron que tenían un interés directo en un recurso por la reforma de la LOTC, asunto muy similar al que se dirimen en el asunto que ahora se comenta.

El TC entendió en ese momento que las abstenciones eran justificadas para no producir una apariencia de pérdida de imparcialidad y razonaba que “Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional.”

Parece claro que el TC se aparta de su propia doctrina con unos fines claramente antidemocráticos.

Termino con dos reflexiones;

El silencio del Rey es ominoso por cuanto incumple claramente la Constitución al no intervenir para arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones. Es evidente que lo ocurrido es un funcionamiento claramente irregular de una institución tan importante como el TC, que obligaría claramente a la intervención del Rey. Su silencio es tan significativo que sobran más palabras.

EL Pueblo, los partidos y organizaciones de izquierda y los sindicatos de clase, debemos movilizarnos sin la mayor dilación para defender la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho y la Democracia, poniéndose al lado del Gobierno, ya que, de otro modo, nuestra falta de reacción nos hará cómplices.

Miguel Sagüés Navarro
Socialista
Abogado Laboralista. Jubilado
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