Cada vez que se habla del futuro de las pensiones reaparece la misma pregunta: ¿será sostenible el sistema? Sin embargo, más allá de las cifras o de las previsiones demográficas, las pensiones públicas representan algo más profundo: uno de los grandes contratos sociales de nuestra democracia y el pacto entre generaciones que sostiene el Estado del bienestar. El sistema español se basa en un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya han concluido su vida laboral. Este mecanismo expresa el principio de solidaridad intergeneracional. Frente a este modelo, algunos proponen sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador ahorra para su propia jubilación. La experiencia internacional muestra que estos sistemas trasladan más riesgos a los ciudadanos y dependen de los mercados financieros, mientras que los sistemas públicos de reparto son más seguros, ofrecen mayor estabilidad en las prestaciones y refuerzan la cohesión social.
La solidaridad intergeneracional constituye uno de los pilares del Estado del bienestar europeo. En España cuenta además con una base jurídica clara: la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social que asegure prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Para preservar esa estabilidad nació en 1995 uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra historia reciente: el Pacto de Toledo. Tres décadas después sigue siendo el marco que ha permitido preservar el sistema público de pensiones mediante reformas graduales y consensos políticos y sociales. La principal fortaleza del sistema español ha sido precisamente ese método basado en el acuerdo institucional y el diálogo social, que ha adaptado progresivamente el sistema a los cambios económicos y demográficos sin poner en riesgo su estabilidad ni su legitimidad social.
Desde mediados de los años noventa se han sucedido diversas reformas de las pensiones. Durante el periodo de crecimiento económico entre 1995 y 2007 se adoptaron decisiones estructurales relevantes, como la separación de fuentes de financiación, que permitió que las cotizaciones sociales financiaran las prestaciones contributivas mientras el Estado asumía otros gastos del sistema. También se reforzó el carácter contributivo de las pensiones y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó cerca de 67.000 millones de euros. En plena crisis financiera se acordó la reforma de 2011, que aprobó la elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y medidas para las jubilaciones anticipadas y parciales, así como incentivos para prolongar la vida laboral. En 2013 se adoptó una nueva reforma sin acuerdo que introdujo el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % y un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, lo que generó un amplio rechazo social ante la perspectiva de pérdida de poder adquisitivo y la descapitalización del Fondo de Reserva.
Las reformas pactadas entre 2021 y 2025 han tratado de recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre ellas destacan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, las medidas para reducir la brecha de género, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la transferencia al Estado de determinados gastos impropios y el incremento de las cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aún siguen pendientes algunas medidas relevantes para completar este proceso de reforma, entre ellas la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.
La sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la evolución del empleo. En los últimos años se han producido avances significativos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, mientras que la tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013. La reforma laboral de 2021 ha aumentado notablemente la contratación indefinida y ha reducido significativamente la temporalidad, que ha pasado de alrededor del 30 % a cerca del 15 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. A ello se suma la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en torno al 60 % del salario medio. La productividad también ha crecido en torno al 1,4 % anual desde la pandemia, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha avanzado por encima del promedio de la zona euro, reforzando la base económica del sistema de protección social.
El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas dentro del propio sistema. Depende también de las políticas económicas y sociales que determinan las oportunidades de las nuevas generaciones. Es necesario reforzar las condiciones que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida estables: empleo de calidad, salarios dignos, vivienda asequible, educación pública robusta y formación adaptada a los cambios tecnológicos. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble es imprescindible que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y desarrollar trayectorias profesionales estables que les permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida laboral.
Europa atraviesa un rápido envejecimiento demográfico. España combina una de las mayores esperanzas de vida con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. El sistema público supera hoy los 10,4 millones de pensiones y más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que podría acercarse a los 15 millones en 2050. En 2024 la ratio de cotizantes por pensionista alcanzó 2,44, el mejor dato en una década. Al mismo tiempo, la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización están transformando el mercado laboral. Esto exige políticas de transición justa que eviten el aumento del desempleo y la precariedad. En este contexto, la inmigración puede contribuir a sostener la población activa y reforzar la base de cotizantes del sistema de pensiones.
A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto actual se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Las previsiones del Gobierno y de las instituciones europeas sitúan este gasto alrededor del 15 % del PIB hacia 2050, considerando sostenible el actual esquema de ingresos y gastos. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que, en las condiciones actuales, no son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque estima que el gasto podría situarse en torno al 16 % del PIB en 2050. El organismo está preparando actualmente una nueva evaluación del sistema.
Treinta años después de su creación, el Pacto de Toledo sigue siendo una referencia esencial de la política social española. La renovación de sus recomendaciones, prevista para este año, constituye una oportunidad para actualizar los consensos que han permitido preservar la estabilidad del sistema durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, debería asumirse un objetivo político más ambicioso: reforzar el blindaje constitucional del sistema público de pensiones mediante el reconocimiento del carácter público del sistema y de la suficiencia y actualización de las pensiones como derechos fundamentales. Garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles significa proteger la dignidad de quienes han trabajado toda una vida y asegurar que las nuevas generaciones puedan confiar también en ese mismo contrato social.
Toni Ferrer Sais
Ex secretario de Acción Sindical de UGT
Ex presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado
Tribuna Socialista 
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