Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.
En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.
Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.
Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.
El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.
Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.
Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.
Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).
Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.
La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.
Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.
La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.
El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.
Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.
Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.
Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.
Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.
En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.
La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».
Tribuna Socialista 