Una Tribuna para el debate

En las actuales circunstancias, es un hecho muy relevante y positivo que una revista digital (“Tribuna Socialista”) cumpla 15 años desde su  constitución.  Sobre todo si se dedica a analizar con rigor, desde posiciones de izquierda, la situación política, económica y social. Los acontecimientos más destacados en este dilatado periodo han sido muchos: crisis financiera global, políticas de austeridad, auge de la ultra derecha en el mundo, reformas laborales (PSOE y PP), drástica devaluación salarial, recortes brutales en los Servicios públicos (sanidad y enseñanza), movilizaciones sociales (sindicales, mareas, organizaciones sociales), corrupción escandalosa e intolerable del PP, grave crisis interna en el PSOE, triunfo esperanzador de la izquierda, Gobierno de coalición (PSOE y UP) y, últimamente, profunda crisis sanitaria (COVID-19) y sus brutales consecuencias económicas y sociales.

Ante acontecimientos de esta envergadura, la Revista ha analizado rigurosamente la situación y ofrecido alternativas- desde una visión amplia y pormenorizada- sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Los asuntos abordados han tenido relación directa con los efectos de la globalización, el desempleo, la intolerable precariedad de nuestro mercado de trabajo, el incremento del SMI, la protección social (pensiones, desempleo, dependencia e IMV), el deterioro de los servicios públicos (sanidad y educación) y el escandaloso desarme fiscal. Otras materias transversales, de indudable importancia, han tenido que ver con el cambio climático, la igualdad de género, la digitalización, las migraciones, la defensa de las libertades individuales y el debate territorial; en este caso, muy polarizado en torno a Cataluña y a los intentos de la Generalitat de celebrar una consulta  independentista.

No es extraño que la Revista se haya convertido en un referente de debate plural dentro de la izquierda y del socialismo democrático. A ello han contribuido la multiplicidad de colaboraciones rigurosas y comprometidas con la libertad y la democracia. A lo que hay que añadir el combate militante contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, así como la lucha contra el fascismo, el racismo y  la intolerancia. Particularmente interesantes han sido, en los últimos años, los textos remitidos a la Revista sobre la participación y la democracia interna de los partidos de izquierda (PSOE y UP). Eso explica que se haya fortalecido mucho el debate ético y democrático sobre asuntos muy relevantes: la limitación de mandatos, la incompatibilidad de cargos, las puertas giratorias, el respeto a las minorías…

Razones poderosas para felicitar a todos los que han participado en esta ilusionante tarea, particularmente al Consejo de Redacción y a  los colaboradores, que han hecho posible que se mantenga la Revista fiel a sus principios. Queda pendiente que su contenido llegue a todos los rincones de nuestro país- incluso a los centros de trabajo y a las organizaciones y redes sociales progresistas-, lo que nos remonta a los años gloriosos de la Prensa Obrera en su afán por formar a obreros conscientes y a militantes comprometidos con la causa obrera y el socialismo.

Enhorabuena  por vuestro brillante y comprometido trabajo.

Antón Saracíbar Sautúa.

Ex Secretario de Organización Confederal de la UGT

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TS, POR MUCHOS AÑOS

Tribuna Socialista (TS) cumple 15 años de vida, lo que no deja de ser una gran proeza en estos tiempos corren. La revista está impulsada y elaboraba por militantes socialistas de distintos puntos del país, se difunden los principios y valores del socialismo y las políticas de progreso y de izquierdas. Defienden y ejercen la libertad de expresión, y su línea editorial se caracteriza por el respeto con las decisiones de la dirección del PSOE, y una de sus grandes contribuciones en estos años es la dinamización del debate interno en las agrupaciones. En sus quince años de existencia no solo ha fomentado el análisis, la reflexión y el debate sino tambien se ha sumado a la acción, apoyando las movilizaciones y huelgas de las personas trabajadoras, luchando contra catástrofes ecológicas como la del Prestige, o impulsando la solidaridad con las víctimas como las del accidente del Metro de Valencia.

Para los socialistas en su acción política y organizativa la prensa, los medios de comunicación, siempre fueron una prioridad, como instrumento fundamental para la pedagogía política. TS se ha demostrado como un magnifico instrumento de confrontación intelectual contra los distintos proyectos de las clases dominantes. Para los clásicos del marxismo el combate en el ámbito de las ideas es tan relevante como en el político y en el económico, como señalaban Karl Marx y Friedrich Engels.

La función de los socialistas en el terreno político e intelectual no se puede constreñir formular “relatos” que se inscriben con mayor o menor entusiasmo a los proyectos de uno u otro signo impulsados por el capitalismo y sus múltiples grupos de interés. Por el contrario, la labor debe ser contribuir con fundamentos teóricos, programáticos y estratégicos sólidos a la acción de la clase trabajadora y de la mayoría social, y que profundicen en la defensa de una democracia avanzada tanto en lo político y económico como en lo social, y en impulsar el cambio del actual modelo económico por otro basado en la sostenibilidad, la igualdad y la justicia social.

En definitiva, TS se inscribe dentro del pensamiento del socialismo en sus raíces históricas y en la rebeldía y modernidad del siglo XXI. Se ocupa de todo lo relacionado con el partido y de lo que acontece en nuestro país, pero siempre está atenta a los principales líderes y movimientos europeos y globales. No rehúye ningún debate, como han sido: las políticas de austeridad y recortes en los servicios públicos, el conflicto catalán, la repetición de las elecciones en 2019, la Republica o ahora la crisis del coronavirus, por ello es una de las publicaciones clave para la difusión de las ideas socialistas.

 Toni Ferrer

Secretario de Empleo y RRLL del PSOE

Senador por Madrid 

 

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15 AÑOS…CASI NADA

Tribuna Socialista (TS) cumple 15 años de vida, nada más y nada menos y lo hace a pesar de las circunstancias, en plena libertad para abordar cualquier tema, algo que la convierte en rara avis en el mundo editorial español.

La revista, en formato mensual nació y está impulsada y elaboraba por militantes socialistas de todos los territorios de España y quince años después sigue con un modelo que permite la libertad de expresión y pensamientos; que permite el debate abierto en defensa de las políticas de progreso necesarias en este país y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Cada mes, desde el Comité de redacción damos traslado de aquellos temas de actualidad, bajo el prisma de un análisis sosegado y distendido, esto nos permite tratar los temas con cierta profundidad y no con los inconvenientes que tiene la inmediatez del periodismo y la comunicación en general actual.

Desde Tribuna Socialista somos respetuosos con las decisiones de la dirección del PSOE, lo que no significa que no analicemos en profundidad la conveniencia o no y lo que tampoco significa que rindamos pleitesía; hemos puesto nuestra aportación más en acercar a las agrupaciones el debate interno necesario en cualquier organización.

Durante estos quince años, Tribuna Socialista ha estado presente en los grandes eventos de nuestro país y ha aportado el análisis necesario a aquellos grandes acontecimientos que estaban teniendo un debate poco reflexivo como la guerra de Irak, los atentados del 11M, la reforma laboral, etc.…además de apoyar huelgas generales, movilizaciones…

En Tribuna Socialista, trabajamos día a día con una máxima de los ideales de nuestro fundador Pablo Iglesias Posse, la pedagogía como instrumento esencial para llevar el socialismo a todas y todos y para ello entendemos que son fundamental una prensa libre e independiente, algo claramente identificable en la línea editorial de nuestra publicación.

Desde el punto de vista ideológico, además, cada mes intentamos trasladar el debate y las soluciones más plausibles ante las distintas ideas de las clases dominantes, ante la aplicación de políticas neoliberales impuestas por dirigentes de nuestro país…

Desde hace algunos años, la política se ha visto en demasiadas ocasiones mediatizada por la necesidad de vender un relato que les permitiera no asumir las culpas de un fracaso, de ser los protagonistas de un éxito… en definitiva, se ha trabajado más pensando en lo que al día siguiente publicaría la prensa que lo verdaderamente importante, el proyecto; esta fórmula ha sido aplaudida de manera clara por una gran parte de la prensa española, la llamada derecha mediática de nuestro país, junto a la derecha política. Tribuna ha trabajado en la orilla  contraria  y así nos lo hemos marcado para el futuro queremos aportar ideas estratégicas que contribuyan a un mundo mejor para la clase trabajadora, a un mundo más igual para mujeres y hombres, un mundo más verde, más inclusivo y para ello es fundamental un cambio de modelo económico en el que ya trabaja nuestro gobierno, un modelo que ponga por delante a las personas y sus necesidades a los grandes grupos del IBEX, a los Bancos, etc.…Para Tribuna Socialista es fundamental la defensa de un modelo más social.

Comenzaba diciendo que quince años no son nada y son mucho porque si es importante felicitarnos por ellos, también es importante que sigamos adelante introduciendo todos los cambios que nos hagan llegar al mayor número de lectores posibles; significamos ese punto de reflexión imprescindible para trasladar las ideas del socialismo a toda la población por eso acercamos el punto de análisis a todos los acontecimientos como ha sucedido con la crisis sanitaria en la que aún estamos inmersos del Covid-19,  con el debate Europeo, el debate catalán, el avance imprescindible hacia unos servicios públicos de calidad y un larguísimo etcétera… Felicidades a todas y todos los que habéis contribuido para que esta celebración sea posible y vamos a por otros quince años más de Tribuna Socialista.

María Iglesias Domínguez- Tribuna Socialista

Periodista

Secretaria de Comunicación UGT Sevilla

Miembro Ejecutiva Federal de la Agrupación de Periodistas de UGT

Responsable Confederal de Dinamización y Estrategias Redes UGT

Miembro del Comité de Redacción Tribuna Socialista

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Situación política y perspectivas

Celebramos el 15º aniversario de la revista Tribuna Socialista, no hay mejor forma de hacerlo que contribuyendo a la discusión con nuestra visión de la situación política y las perspectivas que se abren a partir del análisis de la misma.

El gobierno de Sánchez se plantea la geometría variable como estrategia para aprobar los presupuestos de recuperación y conseguir la estabilidad necesaria que le permita acabar la legislatura

La patronal, en la reciente cumbre empresarial clausurada por Felipe VI, ha puesto sobre la mesa sus reivindicaciones, las de siempre. Recetas para salir de la crisis, basadas en teorías y paradigmas neoliberales: mantenimiento de la reforma del mercado laboral, rebajas en las cotizaciones sociales, modelos de gestión privada de los servicios públicos,  nada de reforma fiscal, apoyo al turismo de masas (….). Nos dicen que éstas son las condiciones para que se puedan mantener y crear empleos. A la vista de sus exigencias plantean puestos de trabajo precarios y con pocos derechos, que además de no proporcionar una vida digna a los trabajadores, no contienen los requisitos que son necesarios de cara al tránsito a una estructura productiva que aporte mayor valor añadido. No se puede abandonar al sector turístico, pero hay que exigirle salarios y condiciones de trabajo de calidad. Las estrategias de recuperación basadas en la especulación urbanística y el turismo de masas tienen poco recorrido.

El informe FEDEA del Grupo de Trabajo Mixto Covid -19 propone medidas de apoyo en ciertos sectores clave por sus componentes tecnológicos y capaces de generar empleo: El sector inmobiliario y la construcción, el sector de la automoción y las TIC. Medidas relacionadas con la transición energética a las renovables y el freno a las emisiones de dióxido de carbono, la movilidad sostenible, la inversión  viable en términos de ahorro energético en la reforma de viviendas,

Por su parte los sindicatos UGT y CCOO se han decantado por un cambio en el modelo de crecimiento y han apoyado la prórroga de los ERTE, pero todavía no conocemos con claridad ¿cuáles son sus planteamientos para defender un empleo estable con derechos?, ¿qué estatuto de los trabajadores quieren?, ¿qué plantean para las empresas en crisis y en que condiciones se les ayuda?,… ¿Cómo hacer frente a las consecuencias de la pandemia? Hay que decir, que ya se han producido las primeras movilizaciones de los trabajadores de NISAN y ALCOA para defender sus puestos de trabajo y buscando el apoyo del gobierno y de la población a sus demandas.

Ante la necesidad de conseguir apoyos para aprobar los presupuestos, pero sin un programa claro para la recuperación económica, el gobierno de Sánchez ha anunciado que pretende sostenerse utilizando la geometría variable. Todavía no sabemos cuáles van a ser los requisitos mínimos exigidos para mantener el programa de la coalición de gobierno. De momento, la vicepresidenta Calviño ha anunciado que se revocarán sólo los aspectos más lesivos de la reforma laboral, en aras de la seguridad jurídica en las relaciones laborales.  Ciertamente en un contexto de elevada incertidumbre y de globalización económica, los aspectos normativos o de regulación de la actividad económica y un marco político consistente contribuyen a aumentar la confianza en la recuperación e incentivan la inversión productiva. Pero los resultados de la reforma laboral de Rajoy son la precariedad, los bajos salarios y la falta de libertades y derechos en la negociación colectiva.

Lo que hemos vivido de legislatura demuestra que la estabilidad y el éxito del gobierno está condicionado a la habilidad que tenga el Partido Socialista,  para mantener los votos que le posibilitaron, primero, la moción de censura, apoyada por una amplia movilización sociopolítica contra los recortes sociales y las reformas autoritarias de Gobierno de Rajoy, – Moción de censura refrendada en los dos procesos electorales de 2019- y, después, la conformación del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS.

La fortaleza de este gobierno se encuentra en la firmeza de sus bases sociales que revindican invertir en sanidad, educación y prestaciones sociales públicas. Solicitan el blindaje  constitucional y la revalorización de las pensiones, garantías en el cuidado de nuestros mayores, un empleo digno, mejores condiciones de vida y trabajo,…, en definitiva, una salida progresista de la crisis que suponga una distribución justa y eficaz de los esfuerzos.

Así, el consenso de la ciudadanía en torno a una salida progresista y social de la crisis es elevado y   ha quedado plasmado en los resultados de las últimas encuestas del CIS: el 86% de la población desea un fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas y un 67% apoya la subida de impuestos a los ricos y las grandes empresas. También la renta mínima obtiene un amplio respaldo social del un 83% de los encuestados. Estos apoyos deben servir para resistir a la fuerte presión de la CEOE, los grandes medios informativos y personajes del régimen de la transición – incluido un sector de las cúpulas del PSOE- y la corona, ahora muy desprestigiada, para que Ciudadanos y el PP negocien con el gobierno una salida neoliberal a la crisis.

El gobierno no puede alimentar la desconfianza y el rechazo en el seno de los sectores sociales que son, de lejos su principal baluarte electoral, la socialdemocracia conoce de primera mano estas experiencias, sólo hay que recordar la caída de la República de Weimar y las consecuencias que trajo consigo. Lo ocurrido en Francia en las municipales es un aviso de posibles desastres futuros.

Con todo, el gobierno de coalición ha estado enfrentándose continuamente a una política de acoso por parte de las tres derechas españolistas, incluido Ciudadanos, que se ofrece a pactos de gobierno -dado el fraccionamiento de las derechas que no suman-, siempre condicionados a la introducción de recetas neoliberales y exigencias centralizadoras.

Para la estabilidad del gobierno el siguiente obstáculo a superar será la aprobación de los presupuestos de la recuperación, en un contexto en el que la grave crisis del sistema capitalista a nivel mundial se superpone a la crisis territorial en España.

El procés, tras la sentencia del tribunal constitucional contra el estatuto aprobado tanto en el Parlament Catalán como en Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos de Cataluña, puso de manifiesto que esta nacionalidad no cabe en la constitución monárquica del 78. La existencia de presos independentistas aviva el conflicto y obstaculiza una salida negociada y democrática a la crisis territorial. Las exigencias de un referéndum de autodeterminación pactado, por parte del nacionalismo catalán, no son pasajeras y tampoco caben en la constitución monárquica.

Por otra parte, las actuaciones del Coronel de la guardia civil Pérez de los Cobos, respecto al delegado del Gobierno en Madrid, ponen en evidencia la poca fiabilidad y objetividad de sus declaraciones en los juicios del procés y son un punto más de apoyo a las exigencias de libertad para los presos independentistas. En esta situación, es evidente que la mesa de negociación acordada para facilitar el gobierno de coalición progresista sigue teniendo un papel central para sacar adelante unos presupuestos. No se puede gobernar España contra o prescindiendo de Cataluña, donde los partidos nacionalistas son reiteradamente mayoritarios y en las próximas elecciones se prevé un refuerzo de la mayoría independentista, sea cual sea su composición.

Tampoco hay que olvidar la irritación que ha provocado el comportamiento del gobierno de coalición por la falta de coordinación y cooperación con los gobiernos de las CCAA y locales.

La Comunidad Valenciana sigue teniendo un grave problema de financiación, sigue reclamando el pago de la deuda histórica y una financiación justa, que tenga en cuenta la densidad de población. Asimismo, ha provocado una gran indignación la sentencia que nos obliga a expresarnos en castellano con Cataluña y Baleares.

La pandemia no ha terminado y los rebrotes están apareciendo en los sectores con contratación más precarizada: Los inmigrantes, contratados  como temporeros del campo, las empresas agropecuarias, las empresas de alimentación, allá donde se da hacinamiento y malas condiciones higiénicas. Tampoco se esta manteniendo el empleo de aquellos trabajadores que han sido esenciales para combatir la fase alta de la pandemia: Las limpiadoras,  las barrenderas y barrenderos, los trabajadores y trabajadoras de las residencias, los sanitarios, los basureros, los de correos, los del sector de comercio, los transportistas.  La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de estos sectores.

Por otro lado, lo ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid debe ser aclarado y las responsabilidades judiciales asumidas. La actuación de la oposición en la Asamblea no puede reducirse a la mera crítica. Debe exigirse la dimisión en bloque del gobierno mediante la presentación de una moción de censura.

No es posible servir a dos amos a la vez, los partidos nacionalistas periféricos y Ciudadanos son incompatibles. O se avanza hacia un Estado federal o hacia un estado autoritario centralista.

Se hace preciso abrir la discusión sobre el modelo de Estado. Los socialistas somos de tradición republicana desde nuestra fundación, que es la fórmula más racional y la que mejor se adapta a los principios democráticos. Estamos por un pacto federal de las distintas nacionalidades que conforman España, como la mejor manera de garantizar la solidaridad y la unidad de los trabajadores, el autogobierno y las libertades políticas y sindicales de los ciudadanos. Estamos a favor del reparto de la riqueza y por mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. Revindicamos el socialismo democrático como forma de acabar con las relaciones de explotación.

Con todo, hay que constatar que la crisis del sistema capitalista a nivel mundial es muy profunda. El empobrecimiento será generalizado y el Reino de España se sitúa entre los países del G20, que más pueden verse afectados por esta crisis. En consecuencia, vamos a necesitar más servicios públicos y de mayor calidad. Más educación, más sanidad, más empleo público, más cotizaciones y prestaciones sociales y una mejor distribución de la renta y la riqueza y, por descontado, una reforma fiscal progresista para que contribuyan más los que más tienen.

Estamos de acuerdo en que ayudar a nuestra industria automovilística, aeronáutica, de transportes, …, sí, pero la inversión pública debe traducirse en participaciones del estado en el capital de las empresas, para controlar las decisiones y debe estar condicionada al cumplimiento de los objetivos que marque la administración,  ser eficiente y garantizar empleos y salarios. Hay que sostener nuestro entramado productivo, apoyar a la pequeña empresa y fomentar la agricultura de proximidad, facilitar el acceso a la primera vivienda, aumentando el  parque público de viviendas en alquiler, dar impulso a la rehabilitación y mejora de los edificios, fomentar los planes de regeneración urbana, fomentar la colaboración interadministrativa, diseñar políticas verdes para el mantenimiento, extensión y protección de nuestra masa forestal, regular adecuadamente los monopolios energéticos,…,  la tarea es ardua y necesita una buena planificación y control de su ejecución y el apoyo  de la mayoría de la ciudadanía  progresista.

Pero para mantener y consolidar un pacto de legislatura es necesario un proyecto político, sólido y claro que refuerce la sanidad y la educación públicas, garantice la protección social y se implemente a través de la cooperación y la cogestión con los gobiernos autonómicos y locales, ampliando el marco de las libertades políticas y sindicales.

Marta Climent Viguer. 

Trinidad Piquer Campos

 

Tribuna Socialista Valencia

 

 

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Necesitamos otro método para salir de esta crisis económica

La pandemia de COVID-19 ha dejado un efecto colateral y transversal que, como si de una lupa se tratase, ha aumentado los problemas que ya teníamos. Ha puesto en evidencia algunos que se venían camuflando e hiperbolizando otros que eran evidentes. Esto afecta a todos los órdenes: las instituciones del Estado, la política, índices económicos, situación del Estado de Bienestar…

Evidentemente los efectos más graves, gravísimos, de la pandemia han sido, por este orden: las casi treinta mil muertes y las secuelas económicas, consecuencia de parón obligado de la economía. Necesitamos reparar los daños, sin duda. Pero muchas de las reparacions habría que haberlas realizado en todo caso e incluso antes. Sería un error interpretar que en lo económico todo es culpa del coronavirus. Diagnosticar erróneamente el problema nos llevarà a aplicar un tratamiento desacertado.

En materia de empleo, uno de los factores que más nos preocupa, no sería la primera vez que se comete el error de un mal diagnóstico. Prueba de ello es que siendo uno de los países de la UE que en los últimos cuarenta años más reformas laborales ha llevado a cabo, si no el que más, mantenemos unas tasas de paro y temporalidad absolutamente inaceptables:

  • España cerró 2019 con un 14,02% de desempleo -3.191.900 personas en paro, frente al 6,3% de media en la UE.
  • La tasa de paro entre los menores de 25 años, a cierre de 2019, era 30,5%, mientras la media en los países de nuestro entorno era del 5,8%.
  • La temporalidad, al cierre del cuanto trimestre de 2019, era del 26,1%. Casi el doble del 14,2 de tasa media en la UE.

Se atribuye a Einstein la frase «no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo». Parece lógico y razonable, pero no hacemos demasiado caso al genio de la física.

Es muy desesperanzador leer y escuchar las recetas que llegan desde los organismos internacionales como el FMI, la OCDE, entre otros. Se ve que los lobbies que trabajan para los

grupos de interés económico hacen bien su trabajo pues, como si de un coro se tratase, todos: el Gobernador del Banco de España, los portavoces de los partidos de la oposición, los empresarios en el cónclave que han tenido recientemente, etcétera, repiten las mismas consignas: reformar para flexibilizar, recortar el gasto social para equilibrar la cuentas…

Dicen flexibilizar como eufemismo para evitar decir: devaluar salarios, rebajar pensiones, precarizar condiciones de trabajo…Y así llevamos cuatro décadas.

Se afanan en presionar para que se mantenga la reforma laboral que impuso el Gobierno del señor Rajoy (PP) en 2012. Defienden que creó empleo, pero no explican que primero lo destruyó: la tasa de paro en España alcanzó el 26,94% -6,3 millones de desempleados y desempleadas- al cierre del primer trimestre de 2013, justo un año después de la entrada en vigor de la citada reforma. Se procedió a transformar empleo con derechos por empleo muy precario y se devaluaron los salarios un 7,1%; comparando el salario medio bruto anual de 2018 con el de 2008, tal como constataron los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figuras como el descuelgue del convenio: que permite al empresario desdecirse de lo firmado, la hegemonía del convenio de empresa sobre el convenio del sector o la derogación del principio de ultractividad del convenio, han sido las principales fuentes de devaluación salarial. Estos agresivos cambios que introdujo aquella reforma, y para los que allanó el camino en alguno de estos casos la reforma de 2010, han facilitado que la parte empresarial haya podido aplicar incrementos salariales por debajo de la inflación de forma sostenida durante esa década.

El efecto social y económico que este erróneo método produjo queda reflejado en un amplio “álbum de fotos” que está a disposición en multitud de publicaciones. Veamos solo tres fotos fijas para cuantificar mal resultado del método:

  • Según Eurostat, en el “Panel de Hogares de la Unión Europea”. Noviembre de 2003, señala que la tasa media de pobreza en España, entre 1998 y 2001, era del 18,5%. Y la misma fuente, Eurostat, a cierre de 2018 esa tasa había crecido 7,6 puntos, hasta alcanzar el 26,1%.
  • La misma fuente, Eurostat, en el periodo 2008 – 2017, 40.000 millones de euros pasaron de las rentas salariales al excedente bruto de explotación (EBE), lo que es lo mismo que decir que un 4% del PIB pasó de las rentas del trabajo a las rentas del capital.
  • Otra fuente, que tampoco es sospechosa de militar en el anticapitalismo, el Instituto de Investigación del banco suizo Credit Suisse, hizo público un estudio en octubre de 2019, según el cual entre 2010 y 2019, el número de millonarios en España pasó de 172.000 a 979.000, es decir su multiplicó por 5,69.

No podemos esperar que los representantes de las patronales o los líderes de los partidos conservadores, en cualquiera de sus versiones, pidan cambiar de método, pues es evidente que a sus representados les va bien. Pero si es de esperar que los representantes de: asalariados, desempleados, pensionistas, autónomos -los falsos y los reales-, tanto políticos como sindicales, exijan un cambio de método.

Otro de los aprendizajes que deberíamos extraer de la experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera iniciada en 2008, debería ser cómo evaluamos la respuesta y el grado de solidaridad del empresariado a las ayudas del Estado. Hay que velar porque el dinero público sea rentable económicamente, pero en circunstancias como las que hemos vivido en la historia reciente y las que estamos viviendo ahora y viviremos en el próximo futuro, también y por encima de todo, hay que buscar la rentabilidad social. Pongo un ejemplo de lo anterior, con datos ya confirmados:

En junio de 2012, el mismo Gobierno que impuso la reforma laboral más agresiva de nuestra historia reciente, nos endeudó en 100.000 millones de euros para sanear la banca, a la que, solo en efectivo, inyectó más de 60.000 millones de euros. Si evaluamos qué consecuencias sociales tuvo aquella inversión, veremos que el sector financiero ganó 100.604 millones de euros entre 2009 y 2019 y en el mismo periodo ha destruido en torno a 100.000 empleos y ha generado una nueva exclusión social, al dejar al 50% de los municipios de España sin servicios bancarios básicos.

Hay que decir que solo una entidad: Bankia, compuesta por el conglomerado de cajas que dio lugar a Bankia –entre otras Caja Madrid- más la suma Banco Mare Nostrum, hoy conforma la actual Bankia, en la que el erario público metió 24.000 millones de euros y que mantiene el 60% de la propiedad de las acciones a través del FROB. En este caso, cabría la posibilidad de sacar rentabilidad social, si el Estado utilizase el Instituto de Crédito Oficial + Bankia para dotarse de un polo de banca pública que actuase en positivo para la sociedad, por ejemplo: dando servicios básicos de banca en las poblaciones abandonadas por las entidades privadas, siendo entidad de depósito para pequeños ahorradores sin que además de no remunerarles sus depósitos –dado el precio oficial del dinero- no les castiguen con oneroses comisiones, incluso sirviendo de red de distribución del crédito oficial, para no dependen de los bancos privados o estableciendo líneas de crédito para vivienda para rentas bajas, entre otras muchas posibilidades.

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018.

El discurso de la intolerancia tiene su caldo de cultivo en el deterioro de la calidad de vida. No podemos continuar abordando crisis económicas cuyo resultado final sea el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de sociedad.

Roberto Tornamira Sánchez

Portavoz y Responsable Institucional de la

Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)

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Tribuna socialista y el derecho a decidir

Quince años de Tribuna Socialista en el periodo histórico actual ha supuesto un esfuerzo permanente por estar al día de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, para entender cada uno de los fenómenos que se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa, rupturista con cualquier situación de confort que indujera al conformismo, comprender, sintetizar y explicar los principales acontecimientos ha supuesto nadar, aparentemente, a contracorriente, sin embargo, el marxismo, su método de análisis, nos lo ha facilitado en cada momento, y podemos afirmar que los análisis, reflexiones, debates y formulaciones políticas de la línea editorial de Tribuna Socialista se han visto corroborados en estos quince años.

Quizás la iniciativa que imprimió y definió más a Tribuna Socialista, fue la decisión  tomada en el 2006, por buscar una solución política negociada a la violencia en el Pais Vasco dirigiéndonos a José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, defendíamos que el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y derogar la ley de partidos facilitaría los posibles acuerdos. Defender que los problemas políticos requieren soluciones políticas y no represivas define bien nuestro carácter socialista sin ambigüedad.

Recién se cumplen 10 años que el Tribunal Constitucional derogaba una cantidad de artículos importantes, del nuevo Estatuto catalán que previamente había sido aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Españolas y en un referéndum en Cataluña. Quizás de aquellas aguas vengan estos lodos. Participamos en la manifestación encabezada por Pepe Montilla presidente de la Generalitat en la época bajo el lema “som una nación, nosoltres decidim”, (somos una nación nosotros decidimos). La manifestación reunió a más de un millón de personas.

Entender y reconocer el carácter  nacional de Cataluña, Galicia y Euskadi supone de entrada reconocer el derecho a decidir de estos pueblos, tomar posición y situarnos al lado del 80% de la población catalana que lo reclama con insistencia, así lo reflejamos en carta dirigida a la dirección de PSC donde criticamos que el derecho a decidir fuese sacado del programa electoral porque suponía una ruptura con las bases fundacionales del mismo PSC. Así lo reflejaban los números de Tribuna Socialista especiales que sacamos en julio del 20015 y el 11 de septiembre  del mismo año donde defendíamos el derecho a decidir.

Criticamos con contundencia al PP y sus gobiernos por judicializar el llamado “problema catalán”, defendiendo la negociación y el dialogo, y nunca admitimos el enfrentamiento entre pueblos alentado por la derecha franquista.

Es por eso que defendimos un referéndum legal y vinculante en el que los socialistas defenderíamos la Republica federal en la que los diferentes pueblos del estado estuviesen libremente federados.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto rechacemos la actitud del Rey Felipe VI en octubre de 2017 ante el referéndum catalán.

Desde el Manifiesto de Silla, primer documento público que sacamos el grupo de Tribuna Socialista, defender derechos y libertades es la misma cosa. Hemos defendido que no hay derechos sin libertades ni libertades sin derechos.

José A Iniesta

Afiliado al PSC Sant Boi de Llobregat

 Miembro del Comité de Redacción T.S.

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15 años en defensa de los derechos de la clase trabajadora

Han pasado 15 años desde que el 16 de julio de 2005, un grupo de militantes socialistas, tomásemos la decisión de lanzar una revista para el debate político, recuperando la cabecera “TRIBUNA SOCIALISTA”. Eran tiempos de bonanza económica: bonanza que pocos años después comprobaríamos que era ficticia.

Las inquietudes y motivos que nos llevaron a iniciar esta andadura fueron varios:

 “…el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en un guerra genocida.”

“…la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004.”

“…las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible, de paz en Euskadi; el boicot al democrático proceso negociador de la reforma del Estatuto de Cataluña; o el frente común de la Iglesia, Patronal y elementos de la cúpula militar, capitaneados todos por su partido, el PP…”

Estos fragmentos forman parte del “Por qué y para qué”, documento de intenciones que está publicado en el Tribuna Socialista nº 1 (TS-nº1). Vemos que muchos de los motivos que nos animaron a esta tarea continúan en vigor. Tengo que decir que el mérito de Tribuna Socialista está haberlos puesto de manifiesto en 2005, cuando la mayoría de la sociedad vivía un ensueño económico que pronto tornaría en pesadilla.

A lo largo de estos tres lustros, hemos editado 115 números en los que hemos tomado posición activa sobre aquellos asuntos y sobre otros muchos derivados de la actividad política en nuestro país. Siempre desde una perspectiva de defensa de los intereses de la clase trabajadora.

“La primera constatación a hacer es que, desde el momento de la victoria electoral del PSOE en marzo de 2004, el PP y todos los nostálgicos del gobierno Aznar se emplean con dureza y a fondo para tratar de impedir y combatir cualquier medida adoptada por el Gobierno, atacando al Partido Socialista por cualquier motivo o excusa. En ningún momento han aceptado el triunfo socialista en las urnas; han cuestionado su legitimidad des de la misma noche electoral.”

El párrafo anterior, aunque pueda parecerlo, no está escrito la semana pasada. Es el primer párrafo del “Manifiesto de Silla”, también publicado en el TS-nº1. Manifiesto que profundizada y explicitaba las razones por las que considerábamos necesario lanzar una publicación que abordase los temas políticos más candentes.

Uno de los asuntos recurrentes ha sido la defensa de los derechos laborales, máxime en el periodo 2008/2018. Así, en el TS-nº14 (marzo de 2009), publicamos una carta que enviamos al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero –carta que invito a ser releída-, en la que le decíamos, entre otras muchas cosas:

 “Nos dirigimos a ti con motivo de la preocupación compartida entre muchos militantes socialistas sobre el desarrollo de la crisis internacional. Al comienzo de la misma, en el boletín Tribuna Socialista número 12, aplaudíamos tus comentarios del tipo “la crisis no la pagarán los más débiles”, pero ya entonces mostrábamos que los más débiles lo estaban pagando”.

Tribuna Socialista ha velado por su independencia –sólo dependemos de la voluntad de nuestros abonados y abonadas- y en coherencia con las posiciones mantenidas en los primeros cinco años de publicación, en los meses posteriores discrepamos con la posición que el Gobierno Socialista tomó a partir de mayo de 2010. Esa coherencia la plasmamos negro sobre blanco, en el TS-nº17 (septiembre de 2010), apoyando la huelga general convocada por UGT y CCOO para el 29 de ese mismo mes, y decíamos:

“La gran mayoría de los medios de comunicación se han erigido en portavoces de los mercados, es decir, de los bancos, de los especuladores bursátiles, y de sus herramientas -FMI, OCDE, BCE, el Gobernador del Banco de España…”

“Los socialistas sólo tenemos una salida: la defensa de la mayoría social y la defensa y mejora de lo público. Estas fueron algunas de las señas de identidad que los fundadores de nuestro partido, el PSOE, imprimieron en sus programas y declaraciones y por las que lucharon frente a quienes los denunciaban y calumniaban desde los medios de comunicación del momento.”

“El deterioro de las condiciones de trabajo, y una reforma laboral que lo único que garantiza es el despido fácil y barato, están creando las condiciones de una implosión social, de una crisis social, de la cual los únicos que serán responsables son los que gobiernan para los mercados, quienes les sustentan y jalean, y los mercados mismos.

Las consecuencias las vivimos meses después, las recetas que los organismos internacionales del capital “sugerían” son las mismas que dictan hoy. Han sido muchos los números de Tribuna Socialista en los que hemos reflejado la preocupación y el sufrimiento de la mayoría de la sociedad: en el TS-nº18 (diciembre 2010) “Huelga General y Socialdemocracia”, en el TS-nº19 (marzo de 2011) “El Gobierno continúa las contrareformas”, el TS-nº23, (marzo de 2012) fue una edición especial contra la reforma laboral del PP y en apoyo a la Huelga General convocada para el día 29 de ese mismo mes, y una larga lista de documentos que se pueden encontrar en los números de Tribuna Socialista, siempre en favor de los trabajadores y la trabajadoras y de sus organizaciones.

Han sido 15 años de trabajo y satisfacción. Creo que ha merecido la pena y la merece continuar con esta tarea de puesta en común, de debate entre socialistas, independientemente de los matices que pueda haber entre nosotros; esa es la riqueza de la izquierda, la pluralidad, los matices, producto de las diferentes experiencias. Tribuna Socialista se ha entregado a fondo en buscar la unidad de esa izquierda plural, reclamando el socialismo sin más apellidos.

No puedo terminar este encargo del Comité de Redacción, para nuestro 15º Aniversario, sin decir que es para mí un orgullo y un honor formar parte de aquel grupo fundador, que el 16 de julio de 2005 se reunió en la Agrupación Socialista de Silla (Valencia), para dar el primer paso de este ya largo recorrido.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM.

Miembro del Comité de Redacción TS.

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Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

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Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

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Tres lustros en el camino hacia la “REsPÚBLICA”

Desde el principio, número tras número, TS ha defendido la opción por la República como modelo de Estado y/o como forma de Gobierno. Y lo hemos hecho anteponiendo los valores que conservamos en nuestra memoria histórica, pero sin romanticismos simbólicos ni anclas en el pasado.  Con la consideración que otorgamos a esta forma de Estado: justicia, responsabilidad, libertad y democracia. Son valores que representan y encuadran la convivencia pacífica en sociedad. No son privativos de una forma de Estado, pero en nuestro imaginario los asociamos a la forma republicana.

-Un Estado en el que la Justicia sea igual para todos y todas, pero de verdad, y su prestigio no deje lugar a las dudas.

-Un Estado en el que la irresponsabilidad y la inviolabilidad sólo den cobertura a los actos de Estado y al desempeño democrático de las instituciones.

-Un Estado en el que las libertades no se vean condicionadas y los derechos fundamentales: huelga, expresión, manifestación…no se vean lesionados ni agredidos por visiones ideológicas de gobierno.

Esta concepción de la República es respetuosa con el marco jurídico de nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, nuestra posición se orienta a una reforma constitucional, no por imposición; la República sí ha de ser, será por la voluntad democrática libremente ejercida por el deseo mayoritario de los ciudadanos.

Este respeto a las normas de convivencia, a la voluntad de decidir, y a las instituciones democráticas de quienes nos reclamamos republicanos hace aún más extraño que quienes precisamente representan a una institución “fundamental”, se comporten con tal desprecio a los ciudadanos y a las leyes que nos hemos dado: la corrupción es incompatible con la democracia.

No sólo es falta de respeto, sino que, presuntamente, se cometen delitos amparándose en las garantías jurídicas que reservamos a altas instituciones para preservarlas, otorgándoles una protección que sorprendentemente se utiliza para eludir controles y no rendir cuentas ante el Parlamento, y la Justicia. Además, no sólo se eluden controles, también responsabilidades fiscales, y se utiliza la institución para conseguir trato de favor, contratos, comisiones…vil enriquecimiento como fin último.

Es decir, el absurdo es que quienes ostentan la institución monárquica se comporten sin ningún respeto para con ella ni para nuestro país, mientras que quienes queremos poder decidir libremente, mediante una reforma democrática, cambiar la Monarquía por una República, sustentamos con nuestro escrupuloso respeto a las normas aquello que deseamos cambiar.

La República es para Tribuna Socialista un motor de avance hacia el futuro, mientras que la Monarquía es un eslabón que aún mantenemos con nuestro más triste y lamentable pasado. Ha sido una herramienta subsumida por la democracia mediante la constitución de 1978. Han transcurrido cuarenta y dos años de aquello y es el momento de comenzar a madurar el derecho de los pueblos del Estado a su avance democrático, sin ligaduras a estamentos cuya función social no se corresponde con una verdadera democracia.

Nuestra actitud, a pesar de todo, es un acto de conciencia, de responsabilidad y de respeto a nuestra convivencia democrática. Y, lo es aún más ante la evidencia de que ya nada justifica su existencia, de que no hay ningún motivo para preservar una institución que actúa a espaldas de quien dice representar.

Ninguna institución sirve si no tiene absoluto respeto por aquellos y aquellas a quienes representa, y no puede mantenerse si, como consecuencia de su propio comportamiento, deja de tener la confianza de los ciudadanos para el cumplimiento de sus tareas.

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE PATIENTIA NOSTRA?

(¿cuánto tiempo abusarás de nuestra paciencia?)

En coherencia con todo lo anterior, en el Tribuna Socialista número 1, publicábamos un artículo, de la compañera Silvia Font, titulado “Propuesta por un Estado laico”. Las críticas de esta pasada semana, al Presidente del Gobierno, por no haber asistido a una misa, demuestran que el cambio constitucional no es solo la necesidad del cambio de un Rey por otra persona que encarne la cualidad de Presidente. El cambio obedece a la necesidad de dejar de ser un Estado cuyas leyes máximas aún miran hacia el pasado más lejano, cuasi medieval.

Esa coherencia nos ha llevado a colaborar con el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los pueblos (CATP) en el trabajo por la unidad para caminar hacia la República.

Por tanto, TRIBUNA SOCIALISTA, reitera su compromiso con una reforma constitucional, para que los ciudadanos decidan libremente sobre la forma del estado español, y manifiesta su inequívoca posición a favor de la  III REPÚBLICA.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista

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