La Sanidad en el Estado del Bienestar Andaluz, ¿un pilar de público a privado?

Una de las cosas de las que constantemente hacían gala con orgullo todos los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía era la Sanidad Andaluza. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) funcionaba aceptablemente bien, la atención ciudadana en los centros de salud era de una gran profesionalidad y afectividad, el ciudadano se sentía cercano a su médico de cabecera, la valoración de estos profesionales en todas las encuestas se acercaba al notable alto, la atención sanitaria primaria era estimada positivamente. Además la percepción de la ciudadanía sobre la valoración de la medicina que en Andalucía se realizaba era bastante alta, a la gran estima que sobre los avances científicos, médicos y quirúrgicos que en Andalucía se desarrollaban (el estudio con células madres, el desarrollo de la biomedicina, los líneas de estudio y avances que sobre el cáncer u otras dolencias se iniciaban o se alcanzaban desde Andalucía, entre otros logros) se unía la admiración por la profesionalidad y los hitos quirúrgicos y sanitarios que en Andalucía se realizaban en sus grandes centros de referencia tanto a nivel nacional como internacional (Hospital Reina Sofía en Córdoba referente en trasplante de órganos, el Hospital Universitario Regional de Málaga referente en trasplantes de páncreas y de médula ósea infantil, el Virgen de las Nieves en Granada referente en cirugía facial o el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, uno de los mayores complejos sanitarios de Europa y referente en biomedicina y en otras varias disciplinas). Cosa diferente era la percepción por parte de la ciudadanía de otros aspectos como las listas de espera para acceder a un especialista o para las intervenciones quirúrgicas programadas, asuntos que siempre fueron polémicos por su tardanza excesiva, a pesar de todos los Decretos y toda la legislación autonómica que se desarrolló para paliarlos. Así mismo, aunque también habría que señalar para hacer honor a la verdad, que en los últimos años los profesionales de la Salud venían reivindicando cambios y mejoras, que en Andalucía también fraguaron en forma de las llamadas ‘mareas sanitarias’. No obstante aquí las reivindicaciones tenían un carácter más laboral que asistencial que en otras Comunidades Autónomas, aunque sin duda también en última instancia todo repercute en lo asistencial.

Esta era groso modo la radiografía de la atención y la situación sanitaria en Andalucía.

Desde que la derecha alcanzó a gobernar Andalucía la degradación, tanto de la asistencia sanitaria, como del desarrollo en todo lo referente a la situación de la medicina en Andalucía ha venido degradándose a pasos agigantados. En uno de los últimos decretos de la Junta de Andalucía se ha cercenado el derecho de los profesionales sanitarios endureciendo las condiciones para el disfrute de sus vacaciones, para acogerse a las medidas de conciliación familiar, para los traslados, para la promoción o para los periodos de descanso entre guardias. Los recortes en personal sanitario, tanto de médicos, como del resto de profesionales han sido una constante que ha venido produciéndose desde que el PP junto con Ciudadanos y apoyados en Vox gobiernan en Andalucía. En este sentido fueron varias las movilizaciones, por parte de los profesionales sanitarios, reivindicando que se reforzara el Plan de Atención Primaria en los Ambulatorios y Centros de Salud. Reivindicaciones que fueron noticia junto con la denuncia en varias ocasiones de los colapsos de las urgencias hospitalarias en varias ocasiones durante el año 2019, antes de la llegada de la Pandemia Covid19, como se puede comprobar acudiendo a las hemerotecas. Junto a estas denuncias, otras de las cosas más evidenciadas por parte de los profesionales sanitarios han sido los recortes presupuestarios en partidas destinadas a la investigación y el ensayo clínico, especialmente de aquellas partidas dedicadas a todo lo relacionado con las células madres y su empleo en medicina.

A este deterioro de todo lo relacionado con la salud y la sanidad en Andalucía ha venido a sumarse el uso político de la Pandemia Covid19, la cual ha venido a servir de excusa para ahondar en medidas que benefician la sanidad privada y deterioran la calidad de la Sanidad pública andaluza. En Andalucía, los profesionales sanitarios que solo ejercían en el ámbito público, venían cobrando un plus como concepto de exclusividad; excusándose en la pandemia, el Gobierno Andaluz ha aprobado a partir de este mes el pago de este plus a todos los médicos aunque también trabajen en la sanidad privada, provocando así por tanto que los médicos no tengan ningún tipo de aliciente por dedicarse únicamente al servicio público y empujándolos a ofrecerse a las corporaciones privadas. No es muy difícil apreciar lo que esto supondrá en la bajada de la calidad y atención al ciudadano.

Pero así mismo, si empezábamos este artículo señalando la buena atención que sobre la atención primaria tenía el ciudadano en Andalucía, esta ha sido borrada de un plumazo como hace tan solo dos años nadie hubiera creído en Andalucía que ocurriría. Ya en Andalucía la atención primaria no se realiza en los Centros de Salud, al menos no presencialmente, ahora el Centro de Salud está cerrado para el usuario, hay que llamar por teléfono o mediante una aplicación informática para solicitar consulta telefónica, a menudo días después, el médico te llamará para valorar si te atiende personalmente o por el contrario puede solucionar tu consulta por teléfono. La pregunta que yo y millones de andaluces nos hacemos es ¿por qué los Centros de Salud públicos están cerrados a la atención primaria y a los privados se puede acudir a consulta personalmente?, la diferencia de trato para quien puede permitirse sanidad privada y para quien no puede o simplemente quiere que se le atienda en la pública es palpable.

Por tanto acabo denunciando que la Pandemia está siendo utilizada como agua de mayo para quienes tienen en su hoja de ruta recortar prestaciones sociales públicas y favorecer la proliferación de empresas privadas que ven en la realización de esos servicios públicos una cuantiosa posibilidad de negocio seguro.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla 

Agrupación municipal de Almensilla.

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Combatir la desigualdad social

No es el mejor momento para celebrar el añorado triunfo de Joe Biden, el avance de los PGE-2021 en el parlamento y tampoco  de recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales hace solamente un año. La COVID-19 sigue causando estragos en la salud y, particularmente, en la economía y en las personas más vulnerables. Entre sus efectos más corrosivos destaca de manera muy notable el aumento de las desigualdades, la ruptura de la cohesión social y el auge del fenómeno populista. Nos referimos en concreto al deterioro de los servicios públicos, al persistente desempleo, a la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, las severas carencias en protección social, la brecha digital y de género, la falta de igualdad de oportunidades…

Sin embargo, y a pesar de todo, el virus está poniendo de manifiesto la notable solidaridad en la Unión Europea y, sobre todo, en nuestra sociedad y familias, así como la decidida apuesta de muchos por las políticas redistributivas y, en concreto, por eliminar las brechas sociales de todo tipo, sobre todo las que sufren muchas mujeres, en coherencia con la lucha por la igualdad que presidieron las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

En el contexto internacional, las últimas elecciones en EEUU han estado también  muy marcadas por la lucha contra la violencia y la explotación ejercida sobre muchos inmigrantes (latinos y  personas de color). La política supremacista de Donald Trump no ha dudado en alentar los brotes de racismo y xenofobia, defender el proteccionismo comercial (“Ámerica lo primero”), la reducción de impuestos, la supeditación de la lucha contra el virus  a los negocios, así como la subordinación  de la economía y del empleo a las políticas neoliberales: la desregulación absoluta de la económica y el fuerte golpe a los derecho laborales y sociales. No resulta extraño que los electores hayan rechazado claramente esta actitud y apostado por una política más redistributiva que incluya aumentar los impuestos a los más ricos, respetar los derechos sociales, garantizar una mayor presencia del Estado en una economía social de mercado y apostar por el multilateralismo en un mundo globalizado. 

En todo caso, la Pandemia está demostrando que los países más avanzados en términos económicos, sociales y de salud pública disponen de más recursos y están superando mejor los terribles efectos de la crisis. Por eso se debe insistir en poner en valor la justicia social, la lucha por la igualdad, la protección social a los más débiles, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos (sanidad y enseñanza) y el compromiso activo por aumentar los ingresos fiscales, entre otras medidas.

Particularmente, los servicios públicos han sufrido los destrozos de las políticas de austeridad y, actualmente, de la Pandemia. De manera especial, el personal sanitario ha carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar unas penosas condiciones de trabajo: largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos, lo que ha representado una auténtica regresión comparativa con los países más avanzados de la UE. En estas circunstancias, la prioridad del Gobierno y de las CCAA debe ser reforzar la prevención y la salud pública. En concreto, proteger a los profesionales sanitarios, examinar a fondo el funcionamiento de las residencias de mayores (son intolerables los nuevos contagios), potenciar la atención primaria, incrementar las pruebas de diagnóstico, frenar el desvío interesado de enfermos a la sanidad privada, como está ocurriendo, con muy poca transparencia, en algunas CCAA, además de coordinar la distribución de las vacunas disponibles en el momento apropiado.

En todo caso, debemos recordar que el aumento de las desigualdades está muy marcado por el desempleo, la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza, junto a Grecia, de la UE). Efectivamente, el escaso empleo que se genera contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad sigue alcanzando porcentajes intolerables, el trabajo a tiempo parcial no deseado se consolida, la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo, los contratos a cero horas resultan abusivos y escandalosos y los falsos autónomos aumentan considerablemente… Sobre todo resulta intolerable el alto  desempleo de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 52 años, así como la baja cobertura de la prestación por desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente para paliar la dramática situación de muchos desempleados.

Hasta ahora, las derechas se han limitado a defender que el crecimiento de la economía impulsado por la iniciativa privada es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que ello resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas públicas de inversión capaces de avanzar en la resolución de los problemas que condicionan nuestro presente y futuro e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. En concreto, renegociar la prolongación de los ERTE y de los créditos ICO, aplicar con eficacia el IMV, así como apoyar al sector de hostelería y al pequeño comercio, en el marco del diálogo social reforzado en torno al Plan de Recuperación del Gobierno. 

Además, en estos momentos, el Gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo, como ha propuesto la ministra de trabajo a los interlocutores sociales para su consideración: la cuantía de la inversión, las bonificaciones a la contratación y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En segundo lugar, debe elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT), a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En tercer lugar debe abordar a medio plazo el cambio de nuestro modelo de crecimiento (que tenga en cuenta el cambio climático y el medio ambiente) y de nuestro modelo productivo (digitalización, conocimiento y valor añadido), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y de buscar nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, es imprescindible que la actividad industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, lo que evitará que el espacio rural se vacíe definitivamente.

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en abordar estos graves problemas y, en coherencia con ello,  exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después del desafortunado y rechazable Informe del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de La Moncloa: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico. Este Informe ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y UP e, incluso, puede  reproducir las diferencias históricas que se suscitan entre las áreas de trabajo y economía de cualquier gobierno. Debemos recordar los terribles efectos de la  reforma laboral impuesta por el PP: agresiva devaluación salarial, abaratamiento del despido, intolerable precariedad del empleo, deterioro de las condiciones de trabajo y sobre todo la apuesta por el convenio de empresa en detrimento del convenio de sector, lo que ha reforzado considerablemente la actual relación de fuerzas (muy favorable a los empresarios) y expulsado en la práctica a los sindicatos de la pequeña empresa.

Por eso, en la actualidad, muchos trabajadores exigen una explicación y se preguntan ¿A qué esperan el PSOE y UP para corregir esta dramática situación? ¿Espera el Gobierno a que se aprueben los PGE-2021? y ¿Qué harán con este Informe la CEOE y los sindicatos? No es fácil contestar a estas preguntas en medio de la Pandemia. Sin embargo, existe un consenso mayoritario en derogar cuanto antes las últimas reformas laborales y, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores. En este sentido, hay que dar prioridad a los convenios colectivos de sector (las empresas en dificultades  pueden defender y argumentar siempre su descuelgue) y a la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. En definitiva, potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En definitiva, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar de manera articulada en los ámbitos inferiores.

Por lo tanto, la revisión en profundidad de la legislación laboral y el reforzamiento de la negociación colectiva no solamente afecta al acuerdo programático del actual Gobierno. Afecta también al PSOE, UP, sindicatos, trabajadores e, incluso, a los empresarios. De acuerdo con ello, la CEOE debería tener una actitud más comprometida y menos cortoplacista y, como consecuencia,  defender sin reservas la “autonomía de las partes” y buscar un acuerdo que facilite la decisión final del Gobierno. Buenas razones para que la reiterada demanda sindical- de abordar  en profundizar la legislación laboral- sea asumida como uno de los ejes fundamentales de la llamada Agenda Social (un mercado de trabajo digno y con derechos), lo que además debería facilitar la salida progresista de la crisis en esta legislatura.

Finalmente, entre las medidas progresistas se debe incluir también la protección social y, sobre todo, la política fiscal como ejes vertebradores de una ilusionante política socialdemócrata que luche eficazmente por superar las desigualdades. Para aplicar estas alternativas siempre es un buen momento; por eso, la Pandemia y la crisis económica y social no pueden ser nunca utilizadas como coartada justificativa  para retrasar su aplicación en el tiempo, sobre todo cuando son perfectamente compatibles con los PGE-2021 y con la distribución de las ayudas acordadas por la UE.

Antón Saracíbar

Entrevista a Eva Sobrado Peláez

Eva Sobrado Peláez es Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en el servicio de limpieza del Hospital Ramón Cajal de Madrid, desde hace ocho años y, a pesar de juventud, nació en 1981, es miembro del Comité de Empresa desde hace quince años. Ha pasado por varios empleos, pero nunca ha podido ejercer de aquello para lo que se formó, es Técnico Superior de Laboratorio.

Le preguntamos sobre las condiciones de trabajo en estos meses de pandemia.

Pregunta: Las trabajadoras de la limpieza en los hospitales sois parte de la cadena sanitaria, teniendo en cuenta que sin higiene no hay salud: ¿os consideráis parte de esa cadena?

Respuesta: Sí, nos consideramos parte fundamental de la cadena sanitaria, pero nunca nos hemos sentido tratadas como tal.

P: Vosotras trabajáis también en los quirófanos, en las UCI y en las habitaciones, etc., junto a los pacientes: ¿Os sentís protegidas en igualdad de condiciones que el personal sanitario?

R: No. No estamos en igualdad de condiciones respecto a protección y realización de pruebas, en comparación al personal sanitario. La empresa que actualmente tiene el contrato de limpieza, al principio de la pandemia, nos dotó de los EPIS necesarios, hasta que comenzó el estado de alarma, momento en el que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio la orden de requisar todo el material. Y ahí empezó nuestra lucha por los EPIS: teníamos que vagar por las plantas del Hospital para que las supervisoras nos diesen equipos. Hay que recordar que la escasez de mascarillas, guantes, batas y monos… la sufría todo el personal sanitario. Como a las limpiadoras no nos consideran miembros de ese colectivo, estábamos a la cola del reparto; hubo momento en que estuvimos compartiendo batas, y a falta de monos, utilizábamos bolsas de basura. Como no nos consideran personal de riesgo, a pesar de realizar nuestro trabajo en los mismos espacios que el personal sanitario, teníamos que luchar cada mañana para conseguir unas protecciones mínimas.

P: Queda claro, por la experiencia vivida, que hay diferencias entre el personal sanitario y el del servicio de limpieza. En relación con la protección: ¿se han corregido esas diferencias?

R: En efecto, se han hecho claras diferencias. Se han ido corrigiendo por la presión que las secciones sindicales hemos realizado, siendo comprensivas con la cantidad de EPIS de los que se disponía en cada momento. Si no había EPIS suficientes, a pesar de que teníamos que entrar protegidas, cuandoi llegabas una mañana a tu puesto de trabajo y no había equipos de protección suficientes te decían que a ti no te hacía falta porque no tenías contacto directo con el paciente. Quiero recalcar que el riesgo de contagio que había en habitaciones, UCIS, Urgencias…. era brutal en pleno estado de alarma. No hacía falta tocar al paciente para contagiarte. Con entrar a la habitación sin la protección necesaria teniendo que retirar los residuos de comida y basura generada por de los pacientes y limpiar todo lo que ellos tocaban (la mayoría de las de las habitaciones tenían 3 camas ya que se triplicó la capacidad del hospital) ya teníamos un alto riesgo de contagio.

P: Parece evidente, a la luz de los datos que arrojan las organizaciones sindicales sanitarias, que se ha deteriorado la dotación de medios materiales y humanos: ¿en vuestro colectivo, estáis bien dotadas de plantilla y medios?

R: Las plantillas siempre están muy ajustadas y la carga de trabajo es tremenda. En los meses más duros de la primavera pasada fue brutal. En estos momentos de segunda ola, podemos decir que la situación es aceptable. La empresa ha vuelto a disponer de su propio material y nos da cada día lo que necesitamos. En relación al personal de limpieza, se alcanzó un acuerdo económico entre la CAM y la empresa para aumentar el número de plantilla con contratos COVID que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, con lo que se podría decir que hemos ido tirando. Nos preocupa gravemente el que este acuerdo no tenga continuidad a partir del 1 de enero.

La transparencia de las cuentas de la Seguridad social

LA TRASPARENCIA DE LAS CUENTAS DEL RÉGIMEN DE REPARTO DE NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL ES UNA EXIGENCIA DEMOCRÁTICA IRRENUNCIABLE

El único elemento clarificador sobre la existencia de déficits o superávits de la Seguridad Social basada en el régimen de reparto es el deducido de la fiabilidad de las cuentas públicas y de la opinión que se tenga sobre la representación e imagen fiel de la gestión en los estados financieros.

El Pacto de Toledo reconoce el efecto perverso de la política seguida por los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que el propio ministerio de Seguridad Social dice que no corresponden.

Gastos impropios lo llama. Y se reconoce de forma muy clara: “No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente” (Recomendación nº 1 del Pacto de Toledo). Una forma retorcida de reconocer que los estados financieros de la Seguridad Social oficiales se han dado por buenos sin depurar y separar el efecto de la indebida imputación de gastos que no eran de Seguridad Social.

Pues si esas cuentas se hubieran depurado para representar fielmente la situación económica y patrimonial de la Seguridad Social, en vez de déficits, habrían figurado superávits. Esto se llama manipulación financiera de las cuentas públicas.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones “gastos indebidos”, es decir, que no eran de la Seguridad Social. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

Por eso, lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos.

Un régimen de reparto que no constituye reservas en los periodos que genera superávits está abocado al fracaso. Y ese ha sido el programa de la banca, las compañías de seguros y el capital financiero, y el instrumento para ello ha sido el Pacto de Toledo. A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalá (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits”, se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a “la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”.

En cierta medida entre las recomendaciones propuestas se encuentran algunas que a medio y largo plazo conducirá a la dislocación el funcionamiento del régimen de reparto. Por ejemplo, la recomendación 16 que apuesta por los sistemas complementarios para “cubrir al menos las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento”, e imputando su implantación en las espaldas de la negociación colectiva.

Aplicando así le línea marcada desde la creación del Pacto de Toledo: cuestionar la solidez del régimen de reparto basado en las cotizaciones sociales, es decir, en una parte del salario, el salario diferido. El posicionamiento está en sintonía con el PDeCAT. Su representante en el Pacto de Toledo escribió que “la clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones”. En el mismo sentido se pronuncian reiteradamente CEOE y CEPYME, reclamando negociar con los sindicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y la eliminación de la cotización adicional por horas extraordinarias

No hay lugar para hablar de déficit. La causa de los “déficits” es el incumplimiento por los gobiernos de sus compromisos financieros con la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social han sido objeto de unas manipulaciones que se han prolongado hasta hoy, con el gobierno del PP, y que reclaman aclaración y superación. Sobre todo, se han registrado como préstamos lo que tenían que ser simples transferencias para cubrir las carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social

La Seguridad Social desde hace años arrastra una deuda de 17.168,65 millones de euros, causada por la concesión de once préstamos por parte de la Administración del Estado durante los años de 1992 a 1999. Se concedieron para hacer frente a gastos sanitarios del Estado y para financiar déficits de la Seguridad Social previstos en sus presupuestos iniciales, pero en ambos casos el gobierno de turno optó por financiarlos a través de préstamos, en lugar de hacerlo por transferencias corrientes.

El montante de la falsa deuda de la Seguridad Social va más allá de los 70.000 millones, y cosa curiosa, las recomendaciones del Pacto de Toledo proponen que se paguen. Para ello propone entregar los edificios del patrimonio de la Seguridad Social.

Desde un punto de vista técnico, el asunto ha sido reiteradamente abordado por el Tribunal de Cuentas, con propuestas concretas de resolución que no se atendieron. En 1996 el Tribunal dictamina que lo más adecuado es “la condonación de los préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían haber tenido desde el principio”. Desde entonces se ha reiterado la necesidad de la cancelación de la deuda, por condonación o por la concesión de transferencias a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos criterios no se aplicaron ni siquiera después de las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997, de 15 de julio, en la Ley General de Seguridad Social (LGSS) artículo 109.2, estableciendo la financiación de las prestaciones contributivas no solo con cotizaciones sociales, sino también mediante aportaciones del Estado.

El PP, ante las necesidades de complementar la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de disponer las transferencias oportunas desde el presupuesto del Estado, que es lo establecido en la LGSS, después de haber esquilmado el Fondo de Reserva, disponiendo de él en importes muy superiores al límite legal establecido, se empleó a fondo en ignorar la obligación que tenia de cumplir el articulo lo 109.2 de la LGSS y reanudó la práctica de los préstamos en julio de 2017, , que lamentablemente ha continuado hasta nuestros días, e incluso se continuará a lo largo de la actual legislatura.

Una muy importante consecuencia de esa manipulación contable es simple: lo que debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y haber sido soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como préstamo a la Seguridad Social. Es decir, no es computable como gasto no financiero del Estado, ni por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit de la Seguridad Social. Así, se ha creado un punto de apoyo  de todos los ataques de la derecha y el capital financiero para presionar al gobierno por el cambio de modelo de Seguridad Social y las propuestas de un modelo de Seguridad Social inspirado en el modelo del Reino Unido, que como es conocido se basa en tres pilares principales, uno  de carácter público y de reparto, reducido, con el fin de combatir la pobreza y un segundo pilar basado en la capitalización, colectivo,  promovido por las empresas y que aporta  la mayor parte de la pensión. El tercer pilar, también de capitalización, individual.

Con el marco de estas referencias parece razonable plantear la exigencia de una auditoria pública que ponga cada cosa en su sitio y limpie tanta mentira interesada sobre la fortaleza de nuestro sistema de reparto basado en la fuerza y organización de la clase obrera y los salarios dignos.

Juan Miguel Fernández

Madrid

Principios políticos, democracia, Bildu y PGE

El que Bildu se halla sumado a apoyar en principio la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado me parece una buena noticia en un doble sentido.

Por un lado me parece un triunfo de la democracia en mayúsculas y viene a dar la razón a todos aquellos que siempre mantuvimos que contra las bombas estaban los votos, que en democracia se puede defender cualquier cosa pero siempre y exclusivamente con la palabra, lo cual lleva implícito, al menos desde un punto de vista de aceptación de los valores democráticos, no solo la defensa parlamentaria de éstos, sino sobre todo su puesta en práctica mediante el ejercicio del pacto, el acuerdo y el consenso democrático. La alternativa a esto, o sea, el desprecio de esta manera de entender la vida democrática y su traslación parlamentaria supondría un cínico ejercicio de hipocresía política, ¿cómo defenderíamos el rechazo total a hablar con Bildu?, ¿qué le diríamos?: “os hemos estado engañando (…) cuando decíamos que dejarais las armas y  aceptarais la democracia os mentíamos a sabiendas (…)” ¿Ese debiera ser el valor de nuestra palabra política?

Sin duda el camino democrático, lo que se hace en los Estados de Derecho en donde la democracia está firmemente implantada, pongamos como ejemplo el caso del Reino Unido, Irlanda, los renombrados Acuerdos del Viernes Santo y el encaje del Sinn Fein en el parlamento, es precisamente mantener sobre cualquier otra cosa los principios democráticos: el valor de la palabra, la discusión dialéctica, la confrontación de ideas y de ideologías y la capacidad de, sustentados en estos, llegar  a acuerdos y consensos con el oponente.

Por si estos argumentos de por sí no fueran lo suficientemente contundentes, debemos señalar que ninguno de los parlamentarios de EH-Bildu tiene cuentas pendientes de ningún tipo con la Justicia, que han explicitado de forma contundente su renuncia a cualquier tipo de violencia y que en otro orden de cosas, los condenados por delitos terroristas siguen y seguirán hasta que decida la justicia en la cárcel, y que ETA fue vencida por el Estado, precisamente con un gobierno socialista presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, sin que se hiciera ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

Pero claro mantener este discurso y ‘hacer política’ defendiendo esta línea de actuación requiere el tedioso y lento esfuerzo de hacer pedagogía, de tener que explicar sin descanso porque uno actúa de este modo, porque es este el camino correcto y cuáles son los principios básicos y sagrados de la democracia, esto suele llevar tiempo, normalmente mucho tiempo, suele dar frutos a medio y largo plazo, nunca en el momento, y obviamente algunos prefieren alinearse con el impulso sentimental, además muy humano, de rechazo que provoca el recuerdo de la violencia terrorista que comprensiblemente otorga votos per se; y si además para ‘algunos y algunas’ les vale para criticar la política de pactos de la dirección del PSOE pues miel sobre hojuelas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la derecha, creo que se me entiende.

Y por otro lado me parece que en la situación de excepcionalidad en la que vivimos requiere que la reconstrucción del país, que sin duda será ardua, cuente con el mayor apoyo posible de voluntades; estas voluntades en política se reflejan, en primer lugar en la aprobación  de unos Presupuestos Generales del Estado que doten con respaldo económico las líneas políticas a seguir, y en segundo lugar en la discusión y el acuerdo de esas ‘políticas a seguir’, por lo que sería deseable el acuerdo de cuantos más mejor. Si en esos acuerdos caben Bildu, un partido de izquierdas y el PNV, un partido de derecha, tanto mejor, mostraríamos que seriamos capaces de pactar con la derecha moderada y de ayudar a Bildu hacia un camino de normalización democrática; pero por todas estas razones sería deseable contar finalmente también con el apoyo de Ciudadanos, deberíamos también ser capaces de ayudar, o al menos de intentar, que Ciudadanos se alejase de las posturas radicales de la derecha extrema y de la extrema derecha y se acercarse a la centralidad. Los mismos argumentos éticos que utilizamos para anteponer la grandeza de la democracia como sistema y que por tanto no es solo aconsejable sino necesario por higiene democrática atraer a todos al debate político valen en este sentido tanto para Bildu como para Ciudadanos o para cualquier otro partido político. Nosotros, los socialistas, a priori no debemos rechazar a nadie, que quienes quieran se autoexcluya ellos mismos por sus actos, no por nuestros apriorismos. No me gustaría pensar que quienes promueven la exclusión de otros lo hagan motivados por el afán de constituirse en los únicos válidos y necesarios y por tanto en imprescindibles.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla

Agrupación municipal de Almensilla.

Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción

No siempre tiene que seguir ganando la banca

Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.

Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.

No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.

Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.

El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.

Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual “los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla” que “suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias” y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, “contribuyen a aumentar la brecha digital”.

No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,

El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: “Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa“.

Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.

Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.

Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

El pueblo chileno derrota en las urnas a los defensores de la constitución Pinochetista

El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.

El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.

Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.

Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han

 mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.

Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.

José A Iniesta

Afiliado del PSC de la agrupación de Sant Boi.

Miembro del Comité de Redacción deTS.

El PP en una difícil encrucijada*

La COVI-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está causando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.

Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además,  se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.

Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.

Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).

Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado  en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.

Efectivamente, las derechas- con su estilo bronco y tabernario-  están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.

La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).  

La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero  y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.

Como es de sobra conocido, Largo Caballero es Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó  confinado en el campo de concentración Sachsenhausen – Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.

Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.

Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior.  Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley.

No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil  reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.

Antón Saracíbar

* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.