Una ventana abierta a la esperanza

El espectacular e inesperado éxito de Pedro Sánchez en la reciente moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy ha generado una fuerte ilusión y un renovado entusiasmo en muchos ciudadanos. La moción presentada por el PSOE respondió a un imperativo ético y moral y concitó un fuerte y radical rechazo a la impunidad y, sobre todo, a las mentiras absurdas y sin sentido vertidas por los responsables del PP y del gobierno anterior, incluso en sede judicial y parlamentaria. El éxito tuvo una relación directa con la determinación, valentía y audacia de Sánchez y con el comportamiento adecuado y responsable de Pablo Iglesias y de Unidos Podemos, junto a los partidos nacionalistas e, incluso, independentistas, que han tomado esta decisión sin exigir a cambio ninguna contrapartida.

Sin duda, lo que ha hecho posible la amplia confluencia de criterios (mayoría absoluta: 180 diputados) ha sido la imperiosa necesidad de echar al ya ex presidente Rajoy del gobierno, al negarse terminantemente a asumir su responsabilidad, como máximo dirigente político del PP (presidente), después de conocida la primera sentencia del caso Gürtel relacionada con la corrupción estructural y con la caja B del PP. Previamente, y antes de votarse la moción de censura, Sánchez había ofrecido a Rajoy la posibilidad de que dimitiera como presidente del gobierno, a lo que éste se negó terminantemente sin dar ninguna explicación sobre los motivos de su decisión.

Los grandes perdedores de la moción de censura han sido el PP y Ciudadanos víctimas de una corrupción sin escrúpulos (el primero) y de sus propios errores de cálculo (el segundo), de marcado carácter oportunista, al empeñarse en celebrar anticipadamente las elecciones generales. En todo caso, y al margen de la corrupción, Rajoy ha sido incapaz en su mandato de abordar en términos políticos el asunto de Catalunya (al judicializar como única solución el conflicto), ha disparado la deuda pública, vaciado de contenido el fondo de reserva de la Seguridad Social, precarizado la contratación, devaluado los salarios, eliminado la eficacia de los convenios colectivos de sector, transferido rentas del trabajo al capital, deteriorado los servicios públicos, reducido fuertemente la protección social y desarmado la política fiscal (fraude, amnistía fiscal y desplome del impuesto de sociedades). Lo que ha generado una mayor desigualdad y un aumento de la pobreza y de la exclusión social, como reconocen todos los expertos e, incluso, diversas instituciones y organismos internacionales.

Lo más grave de todo ello es que, en una fase de mayor crecimiento de la economía (en torno al 3%), Rajoy no ha corregido los brutales efectos de las políticas de ajuste, de marcada orientación neoliberal y, por lo tanto, tampoco ha compensado la deuda social generada en los momentos de crisis, a pesar de las fuertes movilizaciones de los colectivos más afectados por las medidas de ajuste. Por eso, y en estas circunstancias, Sánchez no lo tendrá nada fácil (con sólo 85 diputados), a pesar de contar de entrada con el potencial apoyo de Unidos Podemos y del PNV, ante el anuncio de una brutal y despiadada oposición del PP y de Ciudadanos (“Sánchez rompe España y pacta con los terroristas”). Esta previsible realidad conducirá, tarde o temprano, a unas elecciones generales anticipadas, al margen de que se intente gobernar, si es posible y cuando menos, hasta después de las elecciones en municipios, CCAA y parlamento europeo.

Mientras tanto, el nuevo gobierno debe comenzar a trabajar- sabiendo que no puede cometer errores- y, antes del verano, marcar sus prioridades junto a los nuevos ministros que, a su vez, deben de concretar sus primeras medidas. De entrada, el gobierno debe abordar la exigente Agenda Social: políticas activas de empleo; derogar las reformas laborales de 2010 y 2012; impulsar el diálogo y la negociación colectiva entre los interlocutores sociales; mejorar la protección social  (recuperar la dependencia, aumentar la cobertura del desempleo, revalorizar las pensiones- ligadas al IPC- y eliminar el factor de sostenibilidad); reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo; perseguir el abuso y el fraude en la contratación; garantizar la igualdad salarial de género; aprobar la ley de ingresos mínimos promovida por UGT y CCOO…

En segundo lugar, debe actuar ejemplarmente para moralizar la vida pública, regenerar la democracia y recuperar los  derechos perdidos. En este sentido es prioritaria la lucha contra la corrupción, asegurar la eficacia de la intervención del Estado (sobre todo a través de la Inspección fiscal y de la Seguridad Social); derogar la Ley Mordaza; así como el artículo 315.3 del código penal, que coarta el derecho de huelga y encausa a sindicalistas; y la disposición final de la Ley de Extranjería.

En tercer lugar, el gobierno debe redoblar su actividad en la UE, sobre todo cuando en estos momentos España ocupa un lugar irrelevante. Todo ello desde el respeto a los acuerdos con Bruselas y a los PGE-2018, que deben dar paso a la negociación del techo de gasto para 2019 y, posteriormente, de los propios PGE-2019, al margen de lo que deparen las conversaciones. En este sentido, el nombramiento de José Borrell como ministro de Asuntos Exteriores parece una decisión particularmente acertada.

En cuarto lugar se debe recuperar paulatinamente la calidad y la financiación de los servicios públicos; principalmente la educación, la sanidad y los servicios sociales con el propósito de mejorar la dotación económica vigente antes de la crisis.

En quinto lugar, poner en práctica medidas que nos garanticen superar la insuficiencia  fiscal y la progresividad. Comenzando por dimensionar los efectivos de la inspección para combatir el fraude fiscal, así como propiciar mayores ingresos a través del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas, junto a nuevos impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas tecnológicas. Y, desde luego, abordar a fondo la financiación territorial que incluiría lógicamente a Catalunya.

En sexto lugar, modernizar la economía,  impulsar el cambio de nuestro modelo productivo (muy dependiente del turismo, la agricultura y la construcción), trabajar para dimensionar las plantillas de las pequeñas y medianas empresas, impulsar una política industrial y apostar por la formación y la cualificación profesional, así como por la innovación, la investigación, la robótica y la inteligencia digital.

En séptimo lugar, el asunto catalán es un problema político y, por lo tanto, debe ser  tratado con mesura y eficacia. Sobran soflamas patrióticas, banderas y desafíos y falta diálogo y un talante distinto, a pesar del brutal desafío independentista. Ya sabemos que no será fácil y que se alzarán voces en contra, incluso, bien intencionadas. A pesar de estas serias dificultades, se debe dialogar desde el respeto a la Constitución, el Estatut de Catalunya y  las decisiones que tome el poder judicial (división de poderes).

Por último, el gobierno debe luchar contra el cambio climático y la contaminación del medio ambiente. Apostar por la igualdad de género en todas sus expresiones (la composición del gobierno es extremadamente significativa), sin olvidar la igualdad de clases. Garantizar, con todas las consecuencias, la independencia de Radio Televisión Española. Además de desarrollar en positivo el concepto de Memoria Histórica. Cuatro asuntos capitales que deben marcar la impronta del gobierno Sánchez y la diferencia entre gobiernos de distinto signo.

En todo caso, el gobierno socialista no debe olvidar la difícil situación económica y social de muchos ciudadanos. El paro sigue siendo nuestro principal problema; por eso llama profundamente la atención que no se contemple una Secretaría de Estado de Empleo en el organigrama del nuevo gobierno. Según UGT, lo padecen más de 3,7 millones de personas, de las que 2 millones son mujeres. El 50,4% de los desempleados llevan más de un año en el paro. La mitad de los jóvenes están desempleado y 1,2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Además, las personas en riesgo de pobreza siguen aumentando y el tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, como lo demuestra que el 14% de las personas con empleo son pobres. Por otra parte, la precariedad alcanza límites exagerados: nueve de cada diez contratos son temporales y uno de cada cuatro contratos dura menos de una semana, a lo que hay que añadir que la contratación a tiempo parcial aumenta y que el 74% de esos contratos lo sufren las mujeres. Finalmente, uno de cada tres ciudadanos tienen ingresos anuales inferiores al SMI y la mitad de los desempleados no tienen ningún tipo de cobertura por desempleo. Mientras esto está ocurriendo, la economía crece, los beneficios empresariales aumentan, las empresas reparten jugosos dividendos y suben las retribuciones de los consejeros y los sueldos de los altos directivos…

Para abordar esta gigantesca tarea el nuevo gobierno debe contar con los máximos apoyos y propiciar todos los acuerdos posibles, sobre todo después de la declaración lamentable del PP de que va a enmendar los PGE-2018 en el Senado. Efectivamente, el PP estará en la oposición (y en crisis de renovación por la dimisión de Rajoy) y, desde luego, Ciudadanos. Ambos partidos se disputarán ferozmente la hegemonía en el espacio de la derecha. A pesar de todo, el PSOE debe hablar con todos los partidos, incluidos el PP y Ciudadanos. Este último partido no es un socio privilegiado del PSOE (como algunos quisieran), ni muchísimo menos; sin embargo, hay que dialogar también con Ciudadanos, sin perder de vista que los apoyos fundamentales a la gestión del gobierno se deben buscar en Unidos Podemos, a pesar de su ausencia forzada en el nuevo gobierno por decisión expresa del presidente Sánchez.

En esta tarea ingente deben participar, respetando a su autonomía, los sindicatos y las nuevas organizaciones emergentes, a través de las redes sociales y de las movilizaciones que consideren oportunas. En todo caso, la experiencia del gobierno portugués y las ideas socialdemócratas, encabezadas por Jeremy Corbyn (Reino Unido), deben seguir siendo una referencia obligada e ilusionante en el presente y una plataforma imprescindible para construir  nuestro futuro sin traicionar las ideas y los valores del socialismo democrático.

Antón Saracíbar.

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Son necesarias políticas de izquierdas para seguir avanzando

Desde Tribuna Socialista animamos a la Moción de Censura y ahora celebramos que Pedro Sánchez la ganara. Hoy tenemos un Gobierno legítimo, por mucho que ladre la rabiosa derecha corrupta y quienes les daban sustento, es tan legítimo como cualquiera de los que han salido de los procesos de investidura. La situación era grotesca, insoportable, es por ello que ninguna formación, salvo Ciudadanos, se prestó a sostener al Gobierno de Rajoy.

Los medios de comunicación del capital, se han apresurado a tapar todas las fisuras que venían apareciendo en la judicatura. Hacen de la necesidad virtud y se apoyan en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel y en la del caso Noos, también del Tribunal Supremo, para intentar demostrar la independencia judicial, cuando es evidente que hay una división de la misma y su actuación un gesto necesario de auto salvación debido a la falta de credibilidad entre la mayoría social.

Los ataques a la libertad de expresión, con jueces secuestrando libros, encarcelando a cantantes, titiriteros. La censura en exposiciones artísticas. El encausamiento con saña de la fiscalía a más de 300 trabajadores y trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga, el abuso de la prisión preventiva para los políticos catalanes. A la par que han dictado sentencias machistas, retrógradas como en el caso “La Manada”.

Siempre recordaremos el papel del fiscal del caso Noos; más parecido a un abogado defensor que a un fiscal, atenuando las acusaciones contra los imputados e imputadas, con especial insistencia en favor de señora Cristina de Borbón. O el papel del Presidente de la sala del caso Gürtel en la vista en la que declaró Rajoy; leyendo su voto particular lo entendemos todo. Qué decir del que fue Presidente del Tribunal Constitucional y afiliado al PP, el Sr. Pérez de los Cobos. Así podríamos rememorar muchos casos de vínculos e indicios que ponen en cuestión la  independencia de la justicia.

Es la vía que había tomado el deterioro de la política y el autoritarismo del Partido Popular y que han puesto en evidencia en muchas ocasiones el deterioro de la separación de poderes.

La sentencia de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero han sido las movilizaciones de los pensionistas, la huelga y movilización del día 8 de marzo, el conflicto en Cataluña, los hechos que han jugado un papel fundamental para la caída de Rajoy y desde luego; la voluntad y determinación de Pedro Sánchez y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que han sabido recoger e interpretar que la situación requería un cambio inmediato de Gobierno.

La composición del Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños. Después de desalojar del Gobierno al PP, los medios de comunicación se apresuraban a marcar las pautas que debería seguir el nuevo Presidente de Gobierno. En líneas generales todos coincidían en que debería ser breve, de tránsito, para convocar nuevas elecciones y poco más. Algunos iban un poco más lejos y demandaban personas de probada solvencia para ocupar los principales ministerios; sobre todo, aquellos que tienen competencias en la aplicación de las políticas económicas que con tanta urgencia demanda aplicar la Unión Europea y los poderes financieros. Evidentemente la llamada cuestión territorial debería quedar en manos firmes, no fuese el caso de que cediese a las demandas planteadas por el independentismo catalán.

Todo parece indicar que el Gobierno finalmente constituido, ofrece la estabilidad requerida tanto a nivel nacional como internacional, no sucede lo mismo entre la mayoría social que ve en este Gobierno con esperanza y al tiempo que está expectante.

Los asalariados, los desempleados, los jóvenes, pensionistas y autónomos ven en este Gobierno la oportunidad para que la Reforma Laboral sea derogada, el derecho al estudio sea garantizado, la ley mordaza suprimida y el Sistema Público de Pensiones salvaguardado.

En relación con Catalunya, hay que hacer todo lo necesario para encontrar una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos.

Estamos de acuerdo Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, cuando decía en “El Economista” del 07/06/18: “La justicia sería más justicia si no hubiera consellers en prisión preventiva, porque no es necesario y no ayuda a mejorar las cosas“.

Y con la ministra Meritxell Batet, quien “no veía mal avanzar en el acercamiento de los presos a Cataluña” (eldiario.es en su publicación del día 9/6/18)

Cada vez se hace más urgente acometer con valentía una reforma de la Constitución; una reforma en profundidad, que resuelva políticamente y con garantías el encaje de las distintas nacionalidades, que el federalismo no sea un cambio semántico respecto al autonomismo. Es necesaria una reforma constitucional que supere rémoras del pasado; como lo es la interferencia de la Iglesia en los asuntos de Estado gracias al falso aconfesionalismo. Es necesario replantearse la propia jefatura del Estado; la Monarquía es un modelo de Estado anacrónico, vinculada a la jefatura del ejército por decisión del régimen que precisamente esta Constitución dejó atrás; ha cumplido el papel de Transición, ahora es preciso Evolucionar.

 Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

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TS 93. Junio 2018

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Hay que echar a Rajoy y sacar las políticas del PP del Gobierno

Hace un año, exactamente el 21 de mayo, Pedro Sánchez ganaba por mayoría absoluta las primarias que se desencadenaron tras ser derrocado por el viejo aparato en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016. En este aniversario, editoriales y articulistas se apresuraban en destacar la desaparición del líder socialista de la escena política; y las encuestas  situaban al PSOE en un cuarto puesto, detrás de C’s, PP y Podemos.

El apoyo que el PSOE ha dado al Gobierno de M. Rajoy en la aplicación del 155 ha situado nuestro partido, junto a C’S, como los partidos que sostenían al Gobierno del partido más corrupto de la historia de la democracia, al partido que sirve de cobijo a cientos de imputados por corrupción, al Partido que impone recortes y amenaza con anular las libertades  y los derechos conquistados por los trabajadores durante décadas.

A pesar de todo, la decisión unánime de la Comisión Ejecutiva Federal de presentar una Moción de Censura, en escasas horas, ha levantado nuevamente la ilusión de que es posible derrotar al PP. Es la constatación, una y otra vez, de cómo las bases, dentro y fuera del PSOE, se referencian con las políticas que les son favorables a sus intereses, políticas nítidamente de izquierdas.

El Gobierno, desacreditado y sin credibilidad alguna, ha sido derrotado  por las movilizaciones de los pensionistas en dos cuestiones fundamentales. Primero, cuando decidió subir un 1,6% las pensiones y no el 0,25% como pretendía. Segundo, al retrasar el Factor de Sostenibilidad hasta 2023. Ha sido criticado por las instituciones internacionales ante la cesión hecha en las negociaciones de los presupuestos Generales del Estado.

Tan solo 24 horas después de sacar adelante los Presupuestos, la Audiencia Nacional dió a conocer la primera sentencia del caso Gürtel. El impacto causado en la opinión pública por la sentencia se ha visto multiplicado al incluir en la condena al PP y una explícita desautorización a M. Rajoy al declararlo como persona no fiable, algo que ya le había dicho Pedro Sánchez en el debate televisado de las elecciones del 2015, y por lo que fue duramente criticado por buena parte de la vieja guardia del partido y por la caverna mediática.

Los próximos días, jueves y viernes: 31 de mayo y 1 de junio, se abre la posibilidad de derrotar a Rajoy. Sin ninguna duda ni fissura, todos debemos apoyar la Moción de Censura presentada por PSOE.

¿Qué esperan los militantes y votantes socialistas de la moción de censura?

Millones de votantes y militantes socialistas quieren ver fuera del Gobierno al PP.

Quieren una solución pactada y acordada con los representantes del pueblo catalán que permita recuperar las instituciones catalanas, dar una solución democrática a las demandas tantas veces expresadas mayoritariamente y evitar la división y el enfrentamiento entre pueblos hermanos y entre el propio pueblo catalán.

Desearían avanzar en una reforma constitucional que no fuera un maquillaje para perpetuar instituciones obsoletas y que se profundizara hasta poder decidir sobre la forma de estado.

Los mismos militantes y votantes socialistas/sindicalistas que, en el acto del 16 de mayo del 2017, de la Casa del Pueblo de la Avenida de América, sede de UGT en Madrid, donde se entregó a Pedro Sánchez un documento firmado por más de mil sindicalistas de todo el Estado dando apoyo a Pedro Sánchez y pidiendo un compromiso explícito para su cumplimiento.

En dicho documento se reclamaba la defensa del Sistema Público de Pensiones garantizando el poder adquisitivo de las mismas, la derogación de la reformas laborales, la derogación del Artº. 315.3 del Código Penal que restringe el derecho a huelga y que tiene encausados a más de 300 sindicalistas por ejercerlo.

Toni Ferrer, Raisa Calvo y Roberto Tornamira, colaborador habitual de TS el primero, y miembro del comité de redacción el tercero,  que hablaron en el acto como promotores de la recogida de firmas, resumían  su apoyo a Pedro Sánchez con un deseo: ” Queremos y necesitamos que gane Pedro para que eche a Rajoy y a las políticas del PP“.

Ese deseo es el que sienten hoy millones de votantes y militantes socialistas de todo el Estado español.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

29-mayo-2018

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En defensa del Sistema Público de Seguridad Social

El pasado 10 de marzo de 2018 tuvo lugar en Madrid una Conferencia Estatal convocada tras el llamamiento de la Plataforma de Sindicalistas al que Tribuna Socialista se adhiere y apoya, y cuyo contenido podeis consultar aquí. (http://plataformasindicalistas.blogspot.com.es/).

La conferencia contó con una amplia representación de sindicalistas y socialistas de todos los pueblos del Estado. Nuestro compañero José Antonio Iniesta, militante del PSC y miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista formó parte de la Mesa de la Conferencia y nos hace llegar la crónica y las resoluciones de la misma.

Para defender el sistema público de pensiones

HACE FALTA ORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN UNIDA

Miles de pensionistas han salido a las calles en protesta contra los recortes de pensiones aprobados por los sucesivos gobiernos. La subida del 0,25%, repetida año tras año, ha desencadenado la indignación social que ha llevado a esta gran movilización. Pero el 0,25% no es el único recorte ni el único peligro que amenaza al sistema público de Seguridad Social, garantía del derecho a una pensión de jubilación.

 Quieren acabar con el sistema público de Seguridad Social, conquista fundamental de la lucha de la clase trabajadora.

Un sistema contributivo de solidaridad entre generaciones, basado en las cotizaciones sociales (salario di- ferido), organizado en una Caja Única a escala de Estado y garantizado por el propio Estado, que debe, según la Ley, aportar los fondos necesarios para pagar las pensiones en caso de bajada de ingresos del sistema. Un sistema que cubre la subsistencia del trabajador en caso de jubilación o enfermedad y la de su familia en caso de fallecimiento.

Pretenden reducir la Seguridad Social a unas pensiones mínimas que no garanticen la subsistencia para obligar a quienes tengan medios a recurrir a los Fondos privados de Pensiones (poniendo su jubilación y sus ahorros en manos de banqueros y especuladores). Como impuso en Chile la dictadura de Pinochet, con el resultado de enriquecer a los administradores de los Fondos mientras las pensiones bajan a la mitad de su valor anterior.

Quieren romper la Caja Única de la S. Social, como propone el acuerdo de gobierno PNV-PSOE-PP en el  País Vasco.

Quieren sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema para reducirlas a pensiones o subsidios asistenciales, es decir, la mínima expresión.

Quieren eliminar las cotizaciones como forma de financiación del sistema y sustituirlas por impuestos (una operación que permitiría a los empresarios reducir las cotizaciones sociales y que pondría todo el sistema en manos del gobierno de turno y sometido a las prioridades de pago de la deuda).

La reforma de pensiones de Zapatero atrasó la edad de jubilación a los 67 años y aumentó el periodo de cómputo, para reducir las pensiones. La de Rajoy supone, según la OCDE, reducir las pensiones a medio plazo un 40%.

Pero la política del gobierno va más lejos en el proceso de voladura de la S. Social:

Cuando Rajoy llegó al gobierno, la Seguridad Social tenía un superávit anual y un Fondo de Reserva, la “hucha de las pensiones”, con más de 60.000 millones de euros. En 5 años, han vaciado la hucha, y dejado a la S. Social con una deuda de más de 20.000 millones (el gobierno, en lugar de aportar los fondos necesarios para cubrir el déficit como exige la ley, ha “prestado” dinero a la S. Social). En 2017 fueron casi 8.000 millones, este año se prevé que sean más de 15.000 millones.

La caída de ingresos de la Seguridad Social no es consecuencia de ningún envejecimiento demográfico, sino de las reformas laborales, y los recortes de los gobiernos, que han llevado a una bajada generalizada de salarios y, por tanto, de cotizaciones. Y el gobierno ha seguido subvencionando a los empresarios con bonificaciones y exenciones de cotizaciones, con cargo a la caja de la Seguridad Social. Más de 3000 millones cada año.

El sistema español de SS es sostenible, contrariamente a lo que dicen los que proponen cambiar el modelo. Nuestro modelo es sólido, quieren esconder que durante años los excedentes de cotizaciones (mas de medio billón de euros) no se utilizaron para reforzar las reservas del sistema con lo que ahora habría de sobre para afrontar el futuro.

Con esta política, preparan nuevos recortes de pensiones, para los cuales tienen un instrumento privilegiado:

La Comisión del Pacto de Toledo, lugar de “consenso” de la derecha económica del PP, Ciudadanos, PNV, CiU, etc con las organizaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora. Ese pacto de Toledo ha aprobado ya muchos recortes de pensiones.

Los pensionistas, con sus movilizaciones, han dicho ¡basta! a esta situación. El gobierno ha dado signos evidentes de su debilidad y del terror que le produce la movilización. Hay que seguir en esa vía, profundizar la lucha. No basta con una convocatoria tras otra que acaben por agotar al movimiento.

Hay que acabar con el enfrentamiento entre Plataformas y Organizaciones. Hay que preparar una gran movilización, una marcha a Madrid que reúna a cientos de miles, a un millón de trabajadores y pensionistas, con sus organizaciones. Hay que continuar la lucha hasta obligar al gobierno a ceder, sin descartar la convocatoria de una Huelga General si fuera preciso.

Organizar esta movilización exige la unidad de todas las organizaciones de la clase trabajadora. La Conferencia Estatal en Defensa del Sistema Público de Seguridad Social, que ha reunido en Madrid el 10 de marzo a 120 sindicalistas, trabajadores, trabajadoras y cargos electos, haciéndose eco de la aspiración a la UNIDAD de la inmensa mayoría de trabajadores, (ya sean activos, desocupados o pensionistas), ha acordado dirigirse a todas las organizaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora y los pensionistas, sindicatos, Plataformas, Asociaciones, Partidos… para exigir que hagan todos los esfuerzos para que se lleve a cabo la Unidad, sin imposiciones por ninguna parte, para convocar una gran movilización en Madrid y las movilizaciones que sean precisas en las distintas localidades y centros de trabajo, hasta obligar a al gobierno a retroceder, o, si es necesario, hasta echarlo, para recuperar la Caja de la Seguridad Social, para mantener el sistema solidario de reparto, para subir las pensiones según el IPC y recuperar las pérdidas de los últimos años, para derogar, en fin, las reformas laborales, los recortes de salarios y cotizaciones y los diversos recortes de pensiones impuestos por los gobiernos.

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La fuerza potencial de los jóvenes

Desde hace unos cuantos meses se está poniendo de manifiesto el gran poder de movilización y convocatoria de las mujeres (sobre todo en torno al pasado 8 de marzo) y de los pensionistas. Ambos colectivos están defendiendo con fuerza y convicción sus reivindicaciones en un contexto macro económico más favorable (crecimientos del PIB por encima del 3%). Las protestas tienen una lógica explicación, sobre todo si consideramos que las mujeres han sufrido especialmente los efectos de la crisis y los pensionistas han perdido poder adquisitivo (0,25%, copago farmacéutico y medicinas fuera del sistema), al margen de que muchos han tenido que ayudar a sus familiares más cercanos: hijos y nietos, ante la necesidad de frenar los destrozos causados por la deplorable gestión de la crisis económica.

En todo caso, los jóvenes han sido muy perjudicados por la crisis. Sin embargo, y al margen de las movilizaciones y de los efectos causados en su día por el movimiento 15-M, los jóvenes, a pesar de su fuerza potencial, no se han distinguido últimamente por su capacidad de movilización, ni están representados suficientemente en los partidos políticos y sindicatos. Estos precedentes no son un buen presagio, sobre todo cuando está a punto de cumplirse el 50º aniversario de las movilizaciones del Mayo francés del 68, particularmente en París.

El miedo, el desánimo y la migración de muchos jóvenes al extranjero, en busca de un empleo, justifican esta situación, Una generación calificada  como “perdida” por algunos y que, sin embargo, en buena medida, se viene refugiando en los últimos años en el voto anti sistema (voto de denuncia y protesta). No nos debe extrañar. El desempleo y la precariedad están causando destrozos sin precedentes en los jóvenes y en otro colectivo muy sensible: los mayores de 45 años. Según UGT, la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años se  sitúa en el 37,5% (558.200 personas). Además, el 57% de los jóvenes de 30 años tienen un contrato temporal  (1.347.100 personas), alcanzando el 72% en los menores de 25 años (631.200).  Una situación laboral agravada por la extensión de la precariedad producida por la reforma laboral de 2.012: contratos temporales y a tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales, becarios… A lo que hay que añadir la insuficiencia (y los recortes) de nuestro sistema de protección social: baja cobertura por desempleo, ínfimas ayudas sociales,  incertidumbre por las futuras pensiones. Esto ha hecho que las personas de 16 a 29 años sean el grupo de edad con una mayor tasa de pobreza o exclusión social, el 37,9%,

Además de esta extrema precariedad laboral y de la escasa protección social, los jóvenes sufren los bajos salarios y la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda. Con este panorama, es imposible vincular a los trabajadores jóvenes a las empresas; simplemente porque dificulta mucho su formación y su cualificación permanente y, desde luego, el desarrollo de un  proyecto familiar y con futuro. Por eso resulta provocador que la CEOE pretenda extender el contrato de formación y aprendizaje, no sólo a los jóvenes menores de 30 años, sino también a los mayores de 45 años despedidos en sectores en declive (estos contratos no tienen indemnización por despido), lo que en la práctica significa abaratar más el despido y consolidar aún más la precariedad de nuestro mercado de trabajo.

Como consecuencia, los jóvenes se ven obligados a convivir en una sociedad muy marcada por la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; que, no lo olvidemos, tiene rostro de joven, mujer e inmigrante. La situación se agrava porque la desigual protesta y  movilización social de los jóvenes no tiene cauces eficaces de participación en organizaciones sociales ¿Qué hacer ante semejante situación?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el desempleo no es un hecho fatal e irreversible. Por eso, hay que redoblar la iniciativa  política para luchar por el pleno empleo, como el eje fundamental del pretendido “Pacto (Plan de Choque) Inter Generacional con Perspectiva de Género”. En coherencia con ello, es prioritario trabajar para cambiar nuestro modelo productivo, dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y apostar decididamente por la industrialización; así como por una legislación laboral consensuada (derogación de la reforma laboral y autonomía de las partes), por políticas activas de empleo, cualificación profesional, oficinas públicas de empleo eficaces (recolocación) y por buscar nuevos yacimientos de empleo.

En segundo lugar, se deben reactivar los instrumentos clásicos de la socialdemocracia: aumentar la inversión pública (política social, medioambiente, infraestructuras…), constituir una banca pública (ICO, Bankia…) con capacidad de intervenir en la economía y consolidar un parque estratégico de empresas públicas. Además de abordar a fondo la reforma de la política fiscal encaminada a que paguen todos y, sobre todo, a que paguen más los que más tienen. En todo caso, la suficiencia, la progresividad y una mayor equidad del impuesto deben estar garantizados. El propósito final debe ser incrementar los ingresos del Estado y alcanzar la media de la presión fiscal europea: España está 7 puntos por debajo de la media de la zona euro, lo que supone un déficit de recaudación de unos 70.000 millones de euros. Por estas razones, tiene especial interés la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, recaudar más a través del impuesto de sociedades y recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones, entre otras medidas. Cuando Rajoy pregunta: ¿De dónde va a salir el dinero? Hay que decirle claramente que una financiación suficiente debe ser la consecuencia final de una política fiscal que nos equipare a la UE. Esta debería ser también la preocupación del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y no la de justificar el recorte a los pensionistas con argumentos absurdos e incalificables (escaso ahorro en fondos de pensiones, capitalizar la vivienda del pensionista, alargar la jubilación a los 70 años…).

En tercer lugar, hay que recuperar el ideal de lucha por una sociedad más justa y con valores: justicia, igualdad, honradez, solidaridad… Lo que nos exige a todos redoblar el trabajo con el propósito de que los jóvenes asuman los valores tradicionales de siempre, adaptados a una sociedad global, digital e intercomunicada. En clara contraposición con la ideología capitalista responsable de un consumo exacerbado, así como del control exclusivo y férreo de los medios de comunicación de masas, de la desregulación del sector financiero y de la penetración  y control de los sectores clave de la economía.

Por último, debemos impulsar la emancipación de los jóvenes por los propios jóvenes, con el propósito de que puedan organizar su fuerza potencial en los partidos políticos y en los sindicatos. No debemos olvidar que, en estos momentos, el problema de los jóvenes se confunde con el problema de nuestra sociedad y que el futuro del trabajo- seguramente digital y robotizado- dependerá exclusivamente de la capacidad y protagonismo de nuestros jóvenes. Esto sólo será posible si recuperamos las ideas socialdemócratas, superando todo tipo de nacionalismos e, incluso, de populismos extremos de izquierda y de derechas. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones comprometiendo y movilizando a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro, siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las aplique con convicción y entusiasmo a todos los niveles de nuestro tejido social. Desde el convencimiento de que son las ideas más apropiadas para responder a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad. Y, además, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos: jóvenes desempleados y en precario, mujeres e inmigrantes. A estos colectivos son, precisamente, a los que se debe dirigir una política de izquierdas claramente diferenciada de las rancias recetas (fracasadas) de la derecha conservadora.

Lo más grave de la presente situación es que no sólo estamos ante una crisis coyuntural. Existe una fuerte crisis estructural (y de ideas) relacionada con el empleo, la centralidad del trabajo, el desarme fiscal, el cambio climático, el drama que representan las migraciones y el desmantelamiento de la propia democracia. También una fuerte carencia de valores, cuya solución requiere un cambio radical en los modos de producir, de consumir, de vivir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de relación con los demás seres humanos y con la naturaleza. Por eso, es urgente ofrecer alternativas progresistas y creíbles que generen ilusión y esperanza en los más jóvenes, lo que nos ayudará a romper el hábito de vivir exclusivamente para trabajar y obtener dinero, con el agravante de que ese dinero se emplea para consumir mucho y mal (teoría del decrecimiento), lo que representa la principal causa de nuestra desmedida huella ecológica.

En estos debates la socialdemocracia europea y los jóvenes están muy poco presentes. Por eso, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Qué hacer para que los jóvenes participen activamente y con ilusión en aplicar las ideas socialdemócratas? No es fácil responder a esta pregunta, pero la palabra compromiso, en defensa del socialismo democrático, debe formar parte de la respuesta, lo que sin duda facilitará la necesaria convergencia estratégica entre las fuerzas progresistas y los jóvenes.

Por eso, los partidos y sindicatos no deben convertirse en superestructuras alejadas de la realidad social y, por su parte, los jóvenes deben reafirmar su compromiso político y sindical y exigir el funcionamiento plenamente democrático de las organizaciones políticas y sociales.

En todo caso, los jóvenes deben conocer y recordar nuestra historia reciente y la lucha de nuestros mayores y de los miles y miles de héroes anónimos, que han defendido desinteresadamente, desde hace más de cien años, las ideas progresistas; precisamente cuando en este año se celebra el 130º aniversario de la fundación de UGT. Una buena ocasión para preguntarnos de dónde venimos y a dónde queremos ir con el concurso y la participación activa de los jóvenes. Finalmente, en este viaje hacia el futuro, no debemos prescindir de una cierta utopía: nadie sin empleo, sin casa, sin abrigo, sin alimentos, y tampoco sin educación, sin asistencia sanitaria y, en coherencia con ello, sin una renta mínima de inserción, en una democracia más participativa, que haga posible una sociedad de hombres libres, iguales, honrados e inteligentes.

Antón Saracíbar

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Defendamos la libertad y la democracia

La libertad y la democracia en nuestro país no han sido gratuitas. Nuestra sociedad sufrió la intolerancia y el crimen de Estado durante 40 años: exilio, persecuciones, cárcel, clandestinidad, represión, tortura y muerte. No lo deberíamos de olvidar; no para mantener rencor, sí para evitar que vuelva a ocurrir.

La democracia y la libertad se defienden practicándolas. Por tanto, al menor síntoma de retroceso o intento de cuestionar su praxis debemos ponernos en alerta y no minusvalorar los efectos de los ataques que puedan recibir.

La música, la literatura, el cine, la pintura, cualquier manifestación artística ha de ser respetada, si bien no tiene porqué gustar a todos ni ser compartida por todos. Respetar la pluralidad social que se manifiesta a través del arte es respetar la democracia. Nadie puede poner en duda que son las manifestaciones artísticas “heredadas” de las grandes civilizaciones de la historia las que nos han permitido evolucionar como humanidad civilizada; si es que bajo el sistema capitalista y su barbarie merecemos tal calificación.

El acto de censura a una obra de arte, el secuestro de un libro o la condena a tres años de cárcel para un rapero, se suman a otros síntomas de ataques a la libertad y a la democracia.

Los ataques a la libertad y la democracia no son ajenos a la “Ley Mordaza” ni a quienes la promovieron; el Partido Popular, un Partido que hace uso y abuso constantemente de las prerrogativas que les da el poder, en particular poniendo la fiscalía al servicio de su interpretación ideológica de la sociedad. Una visión más cercana a los 40 años de franquismo que a una sociedad moderna y democrática.

Tan grave como los ataques a la libertad de expresión artística son los ataques al derecho constitucional de huelga: recordemos que son más de 300 los trabajadores y trabajadoras que han sido encausados, muchos de ellos aún continúan con causas abiertas, por haber ejercido su derecho a la huelga. Hoy, día 23 de febrero sin ir más lejos, en Valladolid, se ha retenido y llevado a Comisaría a tres compañeras por pegar carteles para promocionar la huelga del día 8 de marzo; en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

No es ajeno a esta deriva el hecho triste de que haya personas presas en la España de hoy, por hechos políticos; la privación de libertad es para el que roba, para el que mata, para el que viola, pero nunca para el que piensa de manera distinta, aunque legalmente no tenga la razón. Es producto una vez más de la interpretación que el PP tiene de la ley y la justicia, poderes cuya separación nos pone muy difícil de vislumbrar.

Es una deriva peligrosa que no podemos dejar pasar, no podemos ser cómplices ni con el silencio.

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio,porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a por mí,
no había nadie más que pudiera protestar.»

Poema “Cuando los nazis vinieron…”  Martín Niemöller

Roberto Tornamira

TS Madrid

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