Hacer de la necesidad virtud

El Preacuerdo firmado el pasado día 12 de noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue siendo valorado muy positivamente por las fuerzas progresistas. Entre otras razones porque ha tenido la virtud de recuperar la ilusión y la esperanza de mucha gente desencantada, además de sorprender a todos por la rapidez en perfilarlo después de más de seis meses de desconcierto, disputas y declaraciones acusatorias. Sin duda, resulta muy estimable que el PSOE y Unidas Podemos (UP) hayan actuado con rapidez, ante el severo y duro mensaje de los electores penalizando, entre otros asuntos, el no llegar a un acuerdo después del 28-A, sobre todo cuando además les permite mantener la iniciativa política.

En todo caso, el 10-N demostró con rotundidad que la repetición de las elecciones del 28-A constituyó un sonoro fracaso y confirmó el (previsible) cansancio de la ciudadanía y la falta de ilusión de muchos electores a la hora de acudir a las urnas. No es extraño que,  una vez conocidos los resultados, las previsiones para alcanzar un acuerdo de investidura fueran muy pesimistas. También será complicado y muy laborioso llegar finalmente a un Acuerdo Programático de legislatura (y mucho más aplicarlo), que nos garantice un gobierno fuerte, estable y duradero capaz de superar la actual incertidumbre política como reclama insistentemente Pedro Sánchez.

A estos resultados contribuyeron la violencia inducida y tolerada en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, la polarización de la campaña en torno a partidos extremos (independentistas y de ultraderecha), la presencia novedosa- y muy poco explicada- de Iñigo Errejón en el proceso electoral y la apuesta del PSOE- olvidado el incremento del SMI y las pensiones, el escaso eco electoral de la exhumación de los restos de Franco y los titubeos en derogar la reforma laboral- por conseguir el voto centrista en una campaña plana y sin alma (cartón piedra), donde no se abordaron en absoluto los problemas que más preocupan a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.

Sin duda, en la campaña tuvieron un mayor protagonismo los hipotéticos efectos favorables del marketing, el resultado de las encuestas publicadas, el contenido de los medios de comunicación y las maniobras tácticas, que el desglose y explicación de los programas y de las alternativas propuestas por los partidos políticos: empleo, mercado de trabajo (reformas laborales), protección social (pensiones, desempleo, dependencia y copagos), servicios públicos (educación, sanidad, vivienda…), libertades, debate territorial, migraciones, cambio climático, digitalización y robótica, fiscalidad…

En este sentido, los partidos políticos en general actuaron muy condicionados por sus asesores y expertos de imagen, al margen de sus estructuras partidarias y de la participación (escasa) de sus afiliados. Incluso, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, tuvo muchas dificultades para poner en valor las ideas socialdemócratas (concepto de clase) y convertirlas en el eje y fundamento de su campaña electoral. Tampoco tuvo la oportunidad de defenderlas a fondo en medio de la vorágine del proceso electoral, lo que confirma que un discurso de talante defensivo y con estas carencias no puede generar ilusión y esperanza en las personas más débiles y vulnerables.

Además, en la primera parte de la campaña, primó la conquista del voto de centro y los llamamientos al voto útil (“desbloqueo de la situación”) y, sólo en la parte final, y por consiguiente muy tarde,  el combate  contra el independentismo catalán y, sobre todo, contra la extrema derecha. Eso explica que los trabajadores, una vez terminada la campaña, no supieran a ciencia cierta lo que iba a pasar con las reformas laborales, las pensiones, los servicios públicos y la fiscalidad (impuestos y lucha contra el fraude fiscal), entre otros asuntos de capital importancia. Resultó evidente que el anuncio en campaña de Pedro Sánchez de que Nadia Calviño sería la vicepresidenta económica del gobierno- al margen de la oportunidad de dicha declaración- no garantizaba por si solo una política económica y social progresista.

En todo caso, los resultados fueron esclarecedores y van a configurar un parlamento sumamente fragmentado y territorializado, aunque, en todo caso, de mayoría progresista (“las derechas no suman”). El PSOE ganó claramente las elecciones, a pesar de perder tres diputados y la mayoría absoluta en el Senado; el PP incrementó de manera notable el número de escaños; UP perdió siete diputados; Ciudadanos se desplomó estrepitosamente y  perdió 47 diputados; Más País obtuvo un resultado irrelevante y fracasó en su intento de equipararse e, incluso, de sustituir a UP; Vox dobló sus escaños, a pesar del escaso número de votos alcanzado en las CCAA históricas; y, por último, los partidos nacionalistas e independentistas mejoraron muy ligeramente sus resultados movilizados por las propuestas radicales de VOX y las llamadas a su ilegalización.

¿Qué hacer en esta situación excepcional para ir superando las mencionadas dificultades y formar gobierno? En primer lugar se deben componer las mesas del Congreso (pendientes de la presencia de VOX) y del Senado de acuerdo con los resultados obtenidos y trabajar a fondo para investir a Pedro Sánchez, lo antes posible, en las actuales circunstancias (no lo olvidemos: es la única alternativa capaz de formar gobierno). En segundo lugar, consolidar (soldar) y desarrollar el Preacuerdo alcanzado entre el PSOE y UP, con la pretensión de comprometer también a Más País- Compromís, PNV, BNG, NC, CC, PRC y Teruel Existe en la votación de investidura, a la espera de la decisión que tomen el resto de los partidos del arco parlamentario.

En el supuesto de no salir investido Sánchez en una primera votación, es posible, en una segunda votación, obtener más votos afirmativos que negativos si se abstienen- para frenar a las derechas- los partidos de izquierda independentistas (particularmente Esquerra Republicana), lo que evitaría apelar, si fuera imprescindible, a la abstención de Ciudadanos y, finalmente, del PP para desbloquear el proceso de investidura y evitar unas nuevas elecciones. En tercer lugar, Sánchez e Iglesias deben abordar el gran problema de fondo: formalizar un Acuerdo Programático que facilite la gobernabilidad del país en la próxima legislatura y dé soporte competencial a los ministros que formen parte del previsto gobierno de coalición. Sin olvidar, a  corto plazo, la imperiosa necesidad de aprobar los próximos PGE-2020, lo que requiere también buscar la complicidad y el apoyo de otros grupos parlamentarios y el visto bueno de Bruselas en cuanto al incremento del gasto y la corrección del déficit.

Este Preacuerdo está siendo muy bien considerado por las bases del PSOE y de UP y, sin lugar a dudas, será ratificado próximamente en consulta a los afiliados. También recoge el sentir mayoritario de los electores, cuenta con el apoyo de los sindicatos y está bien orientado en el desarrollo de la Agenda Social encaminada a superar los destrozos causados por la gestión neoliberal de la crisis y, por lo tanto, con capacidad para  luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, no es extraño que, en coherencia con ello, los sindicatos, en campaña y después del 10-N, hicieran un llamamiento al PSOE y a UP para llegar a un Acuerdo de Legislatura de marcado carácter social, capaz de abordar también, desde el respeto a la Constitución y al Estatut, el problema de Cataluña, lo que frenaría el avance de la extrema derecha.

El hipotético acuerdo de gran coalición (PSOE-PP), que vienen defendiendo algunos analistas, desde hace meses, siempre ha sido problemático y, finalmente, ha sido rechazado por el PSOE, aunque en estas difíciles circunstancias sea más comprensible su planteamiento desde las derechas. Sin embargo, también es muy difícil de asumir  por el PP, a pesar de ser el preferido de los poderes fácticos y medios de comunicación afines y, más en concreto, del sector financiero y empresarial, que han recibido con mucho recelo el Preacuerdo, sin olvidar, lamentablemente, a ex dirigentes relevantes del PSOE manifestándose a favor de un acuerdo de estas características.

Debemos recordar que la experiencia participativa de la socialdemocracia en un gobierno de gran coalición, en el marco europeo, no ha sido precisamente positiva. En cuanto al PP, resulta muy complicado y poco previsible que, en estos momentos, dicho partido dejara a VOX (en el Parlamento) como el único representante de la oposición de derechas. En todo caso, la rapidez de movimientos de Sánchez y la decisión de no llamar a Pablo Casado, antes de la firma del Preacuerdo (“lo cortés no hubiera quitado lo valiente”), ha dejado en papel mojado esta (siempre) remota posibilidad y dificultará los acuerdos de Estado necesarios a lo largo de la legislatura.

En cualquier caso, a los partidos políticos, en esta coyuntura, se les debe exigir responsabilidad y altura de miras. Cabe por lo tanto esperar, con  redoblada ilusión, que todos sean capaces de actuar como lo demandan las excepcionales circunstancia que concurren en nuestro país. Al PSOE y UP hay que exigirles que se comprometan a defender las políticas progresistas y esperar lealtad y acierto en la gestión de la política acordada. Y a Sánchez e Iglesias, en particular, capacidad para resolver los litigios que se puedan suscitar- por diferentes sensibilidades políticas- en el ejercicio del previsto gobierno de coalición. También buscar complicidades con los sindicatos, redes sociales y organizaciones sectoriales representativas de la diversidad que preside nuestra convivencia. Finalmente, impulsar el trabajo militante en el tejido social para explicar y defender la política del gobierno y, paralelamente, recoger y trasladar a éste el pensamiento y la posición crítica (en positivo) del conjunto de la sociedad civil.

Una política de estas características será la mejor opción para consolidar un proyecto   progresista e ilusionante en un marco económico y social incierto y no exento de dificultades, lo que además frenará también las posiciones más reaccionarias e intolerantes.

Antón Saracíbar.

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La enseñanza privada y concertada Un artificio financiero para derivar fondos públicos a las empresas

El origen del modelo de enseñanza privada concertada está en la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, promulgada en 1985 por el primer gobierno socialista de Felipe González, cuyo objetivo era garantizar la existencia de una red suficiente, para la implantación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. El gobierno estimó que la red pública existente era incapaz de atender a todo ese alumnado y recurrió a la solución de transformar las antiguas subvenciones a la enseñanza privada en un régimen de concierto educativo y así complementar la red pública existente. Con ello se pretendía garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, como determina el Artículo 27.4 de la Constitución.

Es importante señalar que la Iglesia era el empresario mayoritario de esta enseñanza privada que pasó al régimen de conciertos. No en vano, salvo el paréntesis de la Segunda República, tanto los gobiernos de la Monarquía como, desde 1939, los de la Dictadura fascista dejaron la educación en manos de la Iglesia Católica.

La LODE establecía una serie de requerimientos para la prestación de este servicio en contrapartida a la aportación económica del Estado, los cuales afectaban a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, a la organización de los centros y al carácter altruista de la actividad, ya que representaba la garantía del ejercicio del derecho constitucional a la educación. No obstante, la contratación del profesorado quedó siempre en manos de los centros privados y la Administración simplemente pagaba sus nóminas.

Lógicamente, el sentido de la existencia de este modelo de centro debería haber tenido un final, si tras la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, se hubiera procedido al desarrollo activo de una red de centros públicos, comparable a la de los demás países europeos o a la de los más avanzados del resto del mundo. Pero eso no fue así y la red concertada no ha cesado de crecer desde entonces, ya que se ha transformado en un lucrativo negocio que transfiere activamente fondos públicos a intereses privados.

Paralelamente la enseñanza obligatoria deja de ser gratuita en estos centros, pues en su práctica diaria pasan a seleccionar al alumnado en función de los recursos económicos de la familias. Se da la paradoja de que toda la ciudadanía aporta recursos para los centros concertados, pero solo la parte de económicamente más acomodada de la misma puede formar parte de su alumnado; es decir, pagan los pobres para que lo disfruten los ricos.

En 2017 los centros concertados tuvieron una asignación presupuestaria pública de unos 6.179.000.000 €, de los que más de un 60% fueron a parar a la Iglesia Católica. Estos fondos van fundamentalmente a gastos de personal y de gestión de estos centros. No obstante, esta solo es la asignación presupuestaria directa y debemos señalar otras vías de derivación de recursos públicos que benefician a este empresariado.

La primera de ellas se da en los centros de nueva creación, a los que los ayuntamientos han cedido parcelas, cuyo tamaño medio en la Comunidad de Madrid es de unos 20.248 m2,  aunque alguna ha llegado a los 88.000 m2, a cambio de una contraprestación ridícula, que en promedio ronda 0,035 €/m2·mes, por periodos de 75 años normalmente. El valor de las parcelas varía bastante según municipios, pero en Madrid capital, en un barrio de la periferia, esa parcela media tiene un valor por encima de los 10.000.000 €. En la Comunidad de Madrid, desde las transferencias educativa en el año 2.000, se han cedido al menos 83 parcelas; es decir, alrededor de 1.700.000 m2. Esto supone muchos millones de euros de patrimonio municipal que solo deberían haberse utilizado en beneficio del conjunto de la ciudadanía a través de centros públicos y se han derivado a las cuentas de resultados de la iniciativa privada.

Como hemos podido saber, el mecanismo de cesión de suelo en la Comunidad de Madrid se ha visto salpicado además por la corrupción en un número de casos tan significativo como del 20%. El lucrativo negocio del colegio concertado se ponía en marcha con el pago de una mordida promedio de unos 900.000 €/centro al conseguidor intermediario en el proceso. Estos hechos están siendo investigados en el marco de la trama Púnica, que afecta a notables cargos del PP y a empresarios de la construcción.

La enseñanza en los niveles concertados debería ser gratuita, para eso se diseñó el concierto, pero en lo absoluto lo es. Es cierto que un número muy reducido de centros, fundamentalmente de la Iglesia, en la práctica no cobran nada, pero el 96% de ellos, independientemente de la empresa que los gestione, cobran lo que denominan aportaciones voluntarias de las familias. La cuantía de esa aportación es muy variable de un centro a otro y según las diferentes comunidades autónomas, pero la media puede estar alrededor de los 159 €/mes, pudiendo llegar a superar los 400€/mes en algunos casos. Dentro de estas cuotas mensuales se pueden incluir diferentes actividades complementarias y extraescolares, comedor escolar, seguro escolar, gasto de material, ruta escolar, orientación escolar, atención psicopedagógica, etc. Muchas de estas cuantías tienen deducción en la declaración de la renta de algunas comunidades autónomas como gastos educativos; es el caso de Madrid. Además, hasta ahora, todo aquello que no era imputable a vestuario escolar, enseñanza de idiomas o gastos de escolaridad, se deducía como si fuera un donativo. Por tanto, también las acabábamos pagando todos por vía indirecta, representando otra vía de financiación complementaria, que podría superar los 1.000.000.000 €/año.

Evidentemente solo las familias con suficientes recursos pueden acceder a este nivel de gastos mensuales. De hecho, en la Comunidad de Madrid, las deducciones se pueden aplicar hasta niveles de renta per cápita familiar de 30.000 €/año – ¡120.000 €/año para una familia de cuatro miembros! -, cuando el salario más frecuente es de solo 17.482 €/año.

De esta forma la enseñanza concertada ha evolucionado rápidamente de una red complementaria a una red alternativa, donde se segrega al alumnado por criterios económicos. Las “aportaciones voluntarias” excluyen a toda la ciudadanía incapaz de satisfacerlas y las subvenciones con fondos públicos: conciertos, cesiones de terreno y desgravaciones fiscales, facilitan el incremento de la posible clientela, ya que sin ellas, la cuota mensual por estudiante se dispararía por encima de los 1.000 €. Algo así sería insoportable para muchas de las familias que escogen esta red y muchas empresas educativas quebrarían.

La enseñanza concertada se ha desarrollado en las comunidades autónomas donde la derecha ha llevado una política neoliberal más radical y además existían núcleos urbanos importantes; el medio rural no es rentable para la empresa privada. En particular en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid es donde más ha crecido esta red. Por ello, la Comunidad de Madrid ha conseguido ser la campeona española y la subcampeona europea, detrás de Hungría, en segregación educativa. No en vano toda su gestión desde las transferencias se ha centrado activamente en la degradación de la red pública, para generar una necesidad artificial de la concertada. Si en 1999 el 34,52% del profesorado era de privada, en 2017 este ya representa el 45,12%, según datos del Consejo Escolar de la Comunidad.

La paradoja de todo este montaje programado en 1985 con la LODE es que pareciendo una decisión táctica impecable fue un planteamiento estratégico nefasto, que ha dinamitado en profundidad el Sistema Educativo español y representa la mayor traba para un posible pacto educativo, porque cuando en España la derecha habla de modelo educativo en realidad de lo que está hablando es de dinero, de ese con el que financiamos su industria educativa y en especial a la Iglesia Católica, en contra de los intereses de la clase trabajadora. La Educación en sí parece importarles bastante poco.

Eduardo Sabina Blasco

TS Madrid

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“Lo decimos una vez más: Necesitamos un Gobierno que gobierne para la mayoría”

Tras las elecciones del pasado día 10 de noviembre, los acontecimientos se suceden con rapidez. Unos resultados que Tribuna Socialista ya analizó en la edición Especial Elecciones 10-N, editada el 11 de noviembre: “Contra el ascenso del fascismo: políticas en favor de la mayoría”.

En menos de un mes se han puesto en marcha más iniciativas y se han dado más pasos que en seis meses tras el proceso electoral de abril. Acontecimientos que han tomado su forma más relevante en el pacto entre PSOE y UP, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez y la inmediatamente posterior formación de Gobierno de coalición. A pesar de la ambigüedad y falta de compromiso sobre las demandas planteadas por la mayoría social el acuerdo ha sido refrendado muy mayoritariamente por las bases en las consultas realizadas por ambos partidos.

Este acuerdo ha abierto la puerta a las negociaciones con ERC, quienes también han recibido el apoyo de sus bases para apoyar la investidura del líder socialista. Si bien el apoyo está condicionado a que se abra una mesa de diálogo. Esta condición ha sido interpretada por los agoreros de la derecha como un chantaje, como si cupiese esperar que ERC le fuese a entregar el apoyo a Pedro Sánchez sin ninguna condición, como si una mesa de diálogo no fuese lo mínimo, el primer paso, para buscar una salida a medio y largo plazo a la cuestión catalana, siendo lo más urgente la libertad de los presos. Como si todos los partidos, desde siempre, no hubiesen puesto condiciones a la investidura presidencial, a cambio de sus votos.

El camino iniciado debería permitir establecer una base firme para encontrar apoyos en el Parlamento entre las fuerzas que se reclaman de la izquierda, para que se forme Gobierno, para que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PP.GG.EE) que no sean los que elaboró Montoro (PP).  Somos conscientes de que el camino no será sencillo, pues la derecha: la extremada, la de siempre y de la que se hace pasar por otras cosas, trabajan para quién trabajan y harán todo lo posible y más para trabar la normalidad de la dinámica parlamentaria. Lo previsible es que la actual batalla por desbaratar la formación de un Gobierno que aplique políticas favorables a la mayoría de la sociedad se traslade a los PP.GG.EE.

La presión contra el pacto de PSOE y UP es tremenda. Una presión que se hubiese aguantado mejor con los resultados del 28 de abril. Una presión que a modo de campaña organizada llega desde los tradicionales flancos: mediático, político y económico. En este sentido, hay que reconocer la perseverancia de Felipe González y su coro, coincidiendo con los medios de comunicación más radicales en sus posiciones antiobreras y con las instituciones del capital: CEOE, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Círculo de Empresarios,… Incluso en el seno del PP, a la desesperada, Feijóo –el amigo de los narcos- entre otros, sugieren una gran coalición y ofrecen los votos del Partido más corrupto de nuestra historia, para condicionar la política del futuro Gobierno, para que se continúe gobernando en favor de la minoría.

Los representantes de los responsables de la crisis que se inició en 2007, los mismos que se han beneficiado de esa crisis, braman contra la necesaria derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aúllan contra la marcha atrás de la reforma de Pensiones de 2013, graznan contra la derogación de las leyes regresivas y represivas que impuso el PP: Ley Mordaza, Artº 315.3 del Código Penal, la LOMCE…

La pantalla de humo perfecta para la derecha es el lío y la confrontación; de ahí la hiperbólica actitud de los dirigentes de VOX. Por eso el PP alimenta los conflictos con represión y judicialización de la vida política, en connivencia con los jueces y fiscales que “trabajan a favor de obra y de la Obra”.

Nuestra historia está atravesada por conflictos territoriales, el más reciente y cruento es el sufrido en el País Vasco, con sus terribles consecuencias, a pesar de conseguirse una salida positiva y democrática; gracias al proceso de paz y negociación que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidamos la actitud de la derecha: el PP de Aznar, Mayor Oreja, y demás secuaces. Y ya vamos oyendo los mantras de PP, VOX y C’s en relación con el conflicto en Cataluña: “155, cárcel, represión”. Son capaces de tensar la convivencia hasta extremos inusitados de manera irresponsable y reiterada.

Los conflictos políticos se resuelven con política, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones como por ejemplo las apuntadas por el PSC, en la línea de una reforma constitucional, entre otras reformas urgentes que la Constitución necesita, que asiente la realidad de este país: un país plurinacional. Una reforma que supere la etapa de las autonomías, para avanzar por la vía del federalismo dejando atrás la “España una grande y libre” (libre para los abyectos afines al franquismo).

Los desafíos y las incertidumbres son importantes, complejos, pero si la izquierda se une tenemos la oportunidad de dar respuesta a una etapa en la historia caracterizada por crisis económicas recurrentes que la han hecho pagar a los más desfavorecidos con enormes retrocesos sociales y un profundo recorte del Estado de Bienestar, en España y en tantos y tantos países.

Esta es la situación política actual, de ahí la importancia de lo que desde Tribuna Socialista venimos pidiendo reiteradamente: un Gobierno que gobierne para la mayoría, con la agenda social necesaria. Sabemos de los obstáculos que las instituciones financieras, nacionales e internacionales pondrán, también somos conscientes de que los poderes  venidos del régimen anterior se opondrán a dar solución política a los problemas políticos y buscarán la confrontación permanente Es por ello que estamos expectantes y esperanzados en que los que teniendo representación parlamentaria, y reclamándose de la izquierda, tomen consciencia de la gran responsabilidad que tienen.

Hace unas pocas semanas hablábamos de incertidumbre, y ahora tenemos lo que deseábamos, pero sigue siendo una situación delicada, frágil, que requiere prudencia y generosidad. Al mismo tiempo que firmeza para recuperar todos los retrocesos que los Gobiernos de la derecha nos quitaron con sus medidas, sólo con más derechos y más democracia paremos los pies a los que nos quieren volvernos al pasado.

Desde Tribuna Socialista reiteramos ese deseo compartido, esperamos inteligencia y paciencia, para garantizar una legislatura estable, provechosa y progresista. Solo pedimos esto, un Gobierno que gobierne para la mayoría de la sociedad.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº 106. Octubre 2019

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Que no haya Gobierno es desoír el mandato de las urnas

El 28 de abril las urnas hablaron claro, pero tras más de 140 días no se ha entendido o no se quiere entender. Lo primero sería grave, pero lo segundo sería peor.

La mayoría de la sociedad se volcó en participar de las últimas elecciones legislativas; la mayor participación desde 2004. Más de 12,6 millones de votos fueron a los partidos políticos que se reclaman de izquierdas. El resultado, por si alguien aún no ha echado cuentas, es que hay 185 diputados (PSOE, UP, ERC, Bildu, Compromís) que pertenecen a ese conjunto de organizaciones políticas con presencia en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Recordando que la mayoría absoluta está en 176.

La respuesta de los votantes de izquierda no fue una contestación sólo ante la amenaza real de la llegada de la ultraderecha. Fue una reacción positiva para poner freno a las políticas del PP; tanto si las adopta en común con Ciudadanos o sin ellos, con VOX dentro o con VOX fuera del Partido que fundó el ex ministro de Franco, Manuel fraga.

Las urnas respondieron en sintonía con el «No es No» con el que las bases del PSOE apoyaron a Pedro Sánchez, frente a lo que suponía Susana Díaz y el «felipismo» del que ella se reclama, que pugnaba por dar continuidad a las políticas del PP absteniéndose en la investidura a Rajoy.

El 28 de abril, más de doce millones y medio de ciudadanos y ciudadanas votaron para que hubiese un Gobierno que defienda el actual Sistema Público de Pensiones derogando las reformas que lo condicionan y que sólo garantizan recortes y devaluación de las pensiones; como así ocurre con el mecanismo de revalorización introducido en 2013 por el PP, por el que sólo se revalorizan un miserable 0,25% anual. Es lo que ocurre con el «factor de sostenibilidad», que estira el importe de la pensión en función de la esperanza de vida; es decir que los pensionistas cotizaron en dinero real mientras trabajaban y ahora se les pretende pagar la pensión en base a artificios estadísticos.

Se votó para que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012; que son las vías abiertas en la legislación laboral que han facilitado el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. Esto explica cómo es posible que los trabajadores, a pesar de tener un puesto de trabajo, no tengan garantizado no vivir en la pobreza; lo que sufre casi un 15% de los asalariados y asalariadas. Por el contrario, el número de superricos se ha triplicado. Esto ha ocurrido en los años más duros de la crisis que provocaron los especuladores, pero que mientras las medidas legislativas que se tomaron sigan en vigor, contra las que hicimos tres huelgas generales, seremos los trabajadores los que pondremos el esfuerzo para que la minoría que provocó la crisis se siga viendo beneficiada.

Parar a la derecha no es cuestión de filias y fobias, es una cuestión práctica: la mayoría social (asalariados, pensionistas, desempleados, autónomos, estudiantes) necesita cambios legislativos valientes para defender un Sistema de Educación Público de calidad, en el que la religión no interfiera ni influya. Necesitamos que se legisle para potenciar económicamente a los centros públicos, con medios materiales y humanos, en lugar de primar la enseñanza privada; «casualmente» propiedad de las órdenes religiosas, en la mayoría de los casos.

Un Gobierno de la izquierda es una necesidad, para recuperar lo privatizado del Sistema Público Sanitario, pues es inadmisible e inaceptable la situación que se está viviendo en las urgencias hospitalarias, las listas de espera o la tercermundista situación que se vive en la Comunidad de Madrid con la lencería hospitalaria. Igual que en la Educación, en la Sanidad pública, hay que dotar de medios humanos y materiales a los centros hospitalarios públicos, en lugar de derivar a los pacientes a los centros privados; también muchos de ellos en manos de la Iglesia y de especuladores de la salud.

Son necesarias medidas medioambientales que pongan freno al «pirocrimen» al que asistimos todos los años en la etapa estival. Como son necesarias medidas medioambientales que combatan la contaminación atmosférica en las grandes urbes.

Para abordar estas necesidades, es preciso acometer una reforma fiscal que equilibre lo que hoy es exageradamente desequilibrado. El peso de los tributos por rentas del trabajo es, con diferencia, el mayor de los tres grandes bloques de ingresos vía impuestos, los otros dos son el IVA y el de sociedades o rentas del capital.

En nuestro país se recauda un 7% menos que la media de la zona euro, lo que equivale a unos 80.000 millones de euros cada año. No sólo se trata de ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en cuanto a presión fiscal; hay que luchar seriamente contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, pero no al estilo Montoro con amnistías para los defraudadores.

Todas estas políticas fueron introducidas por los gobiernos del PP a base de represión: haciendo un uso abusivo del artículo 315.3 del Código Penal, por parte de la fiscalía y de algunos jueces, y con la introducción de la Ley Morzada. Fue y es evidente que se legisló para criminalizar la legítima respuesta de los trabajadores, de la mayoría social; lesionando derechos fundamentales como la huelga, la libertad de expresión o el de movilización. Por eso necesitamos un Gobierno que derogue esta legislación atentatoria contra las libertades.

Necesitamos un Gobierno que dé una salida democrática, desde la política, al conflicto generado en Cataluña. Coincidimos con CCOO y UGT de Cataluña quienes, en su manifiesto unitario de este 11 de septiembre, reclaman la libertad para los presos, consideran abusivos el uso que se está haciendo de la prisión preventiva y manifiestan que con los presos en libertad sería más fácil de evitar la polarización de la sociedad catalana. La mayoría social del resto del Estado no nos podemos desentender de esta cuestión, que es central para la democracia y los derechos.

Los discursos de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, auguran sentencias ejemplares que caerán como una losa sobre la mayoría social de nuestro país y, sin ninguna duda, serán un verdadero obstáculo para una solución democrática, que deberá pasar necesariamente por que el pueblo catalán decida libremente su destino, en un referéndum negociado y legalmente reconocido. UGT y CCOO lo expresan de la siguiente forma en su manifiesto: «Nos declaramos  a favor del ejercicio del derecho a decidir entendiéndolo como un derecho democrático que incluye todas las cuestiones individuales y colectivas que nos afectan, sociales, laborales y políticas»

Que no haya un Gobierno, independientemente de quiénes lo conformen, y que no haya un acuerdo que lo sustente, es vulnerar el mandato de las urnas. Un mandato que fue nítido y mayoritariamente de izquierdas.

El escenario de unas nuevas elecciones es legítimo, claro que sí, y no nos da miedo, pero dejaría el mensaje de que no se quiere tener un Gobierno que tenga que afrontar las también legítimas aspiraciones de la mayoría de la sociedad.

No alcanzar un acuerdo y no poner en marcha la legislatura para abordar las cuestiones expuestas, entre otras muchas, es darle un balón de oxígeno a la derecha. Por eso los voceros de esa derecha: política, mediática y económica llevan semanas animando a que no haya acuerdo, diciendo “no pasa nada por volver a votar”. Desde Tribuna Socialista decimos que sí pasa: pasa la oportunidad de iniciar una senda distinta a la que venimos sufriendo la mayoría.

Comité de Redacción

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La mayoría de izquierdas derrota al bloque de derechas

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El PSOE ha ganado las elecciones con 2.056.046 de votos más que en las últimas elecciones. La voluntad de parar los recortes en derechos y libertades se impone en las urnas.

La campaña ha mostrado que existen intereses contrapuestos difícilmente conciliables. En el bloque de derechas están los mismos que se han enfrentado a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, al diálogo y a la negociación.

El artículo editorial de ABC del 4 de abril, después de los debates televisivos auguraba que “España entraría en una etapa de oscuridad política, inseguridad jurídica e inestabilidad económica si Pedro Sánchez vuelve a ganar”, y continuaba más adelante, “lo relevante es la evidencia de que la izquierda tiene un proyecto destructivo para la unidad de España”.

La estrepitosa derrota del PP es el rechazo a la corrupción, a las reformas laborales, a los recortes de las libertades, al intento de liquidar las pensiones y a las políticas antidemocráticas que rechazan las demandas de la mayoría social y provocan la hostilidad entre los pueblos. La pérdida de más de 3,5 millones de votos del PP es, prácticamente, igual a la suma de los 2,6 millones de Vox y el 1,012 millón que aumenta C’s.

En Euskadi, en Galicia y sobre todo en Cataluña ganan el socialismo y otras fuerzas de izquierda que propugnan el diálogo, la negociación y la convivencia entre los pueblos de todo el Estado, mientras en Euskadi desaparece el PP y en Cataluña se queda con una diputada marginal, que presume de no saber catalán.

La gran participación en estas elecciones también expresa la continuidad de las movilizaciones en defensa de las pensiones, las demandas reiteradas de la mayoría social para parar todos los retrocesos en derechos y libertades que las reformas del PP han supuesto para la mayoría social.

  • La defensa de la industria y de los puestos de trabajo es el primer paso para combatir el desempleo.
  • Romper con el Concordato es no dar privilegios ni dinero público a ninguna religión.

  • Sacar al dictador del Valle de los Caídos debe ser la señal para aplicar las propuestas del PSOE mediante una ley de la memoria histórica que haga justicia a todas las víctimas del franquismo.

Los votos entregados a la izquierda no son votos incondicionales, son votos para que el próximo gobierno garantice el sistema actual de pensiones y restablezca el mercado de trabajo derogando la reforma laboral, por la igualdad de derechos, igual trabajo igual salario, para acabar con el desempleo juvenil, acabar con los llamados “trabajadores pobres”, para derogar el 315.3 del Código Penal, para garantizar la convivencia democrática mediante el diálogo y la negociación; son votos para eliminar las desigualdades, para buscar soluciones políticas y no judiciales a las demandas del pueblo catalán.

Los militantes socialistas concentrados en la sede de Ferraz gritaban ¡CON RIVERA NO!, este es el renovado No es No; ningún pacto con la derecha;  gobierno de izquierdas para hacer políticas de izquierdas. El mandato es claro e inequívoco, queríamos la mayoría y la tenemos, no hay excusas ni tiempo que perder. La determinación en tomar estas medidas será, sin duda, de gran valor para asegurar el triunfo en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Los bancos que han financiado a las derechas no se ven reconocidos en el gobierno de Pedro Sánchez. Los poderes financieros presionarán para que el mandato indicado en las urnas no se cumpla. Los medios de comunicación se hacen eco de las recomendaciones internacionales para que aplique medidas dictadas por la banca que ha financiado a las derechas derrotadas.

Presionarán a Pedro Sánchez para que no haya un gobierno de izquierdas y pacte con C’S. Nos hemos de negar. Hemos de apoyar a Pedro Sánchez para equilibrar la balanza y que se forme un gobierno netamente de izquierdas que aplique políticas de izquierda.

Los militantes socialistas debemos defender al gobierno, hasta con la movilización si fuese necesario, para que aplique la política que reclama el pueblo.

 

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

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Para que ganen los derechos y libertades, que no gane la derecha

Las elecciones del 28 de abril son de una trascendencia fundamental. Hay que terminar con la derecha franquista de una vez por todas.

Después de 8 meses con Pedro Sánchez en el gobierno y sin que se hayan cubierto muchas de las expectativas que generó la moción de censura, nos encontramos, seguramente, ante la campaña electoral en la que los electores desconfían más de las instituciones del Estado y de las candidaturas que tienen opción de gobernar. El 41% del electorado no tiene definido su intención de voto.

Corresponde a toda la izquierda diferenciarse con propuestas claras y sin ambigüedades de las propuestas que representan a los intereses de los poderes financieros, de sus planes económicos y de sus políticas de recortes de libertades.

El PSOE es, una vez más, la fuerza política de referencia que concentra las expectativas de la mayoría social. Detener a los partidos de la derecha es defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Los intereses que PP, C’s y VOX representan, son contrarios al mantenimiento del Sistema de Pensiones públicas y son incompatibles con el mantenimiento de la Sanidad y la Educación públicas. Por ello, debemos volcarnos en la campaña electoral, para conseguir el máximo de votos; esta es la principal tarea que tenemos los militantes socialistas.

Desde Tribuna Socialista contribuiremos para conseguir el triunfo necesario.

La precampaña se está librando en paralelo a los juicios contra los políticos catalanes, por donde están desfilando, policías y guardias civiles con declaraciones que carecen de la veracidad requerida en cualquier juicio que se precie de democrático, contando además con la complicidad de la presidencia de la sala del Tribunal Supremo, quien, como si de un director de escena se tratase, dirige a los actores para que el juicio parezca justo.

La campaña también coincide con el escándalo de la “policía patriótica”, eufemismo de “policía franquista”, que no ha cambiado ni un ápice las formas y modos mafiosos y criminales de la dictadura de la que provienen; las escuchas y audios de las conversaciones grabadas, sobre los espionajes a partidos en los que aparecen implicados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el mismísimo Mariano Rajoy y su Gobierno.

Hay una necesidad perentoria de cerrar el paso a las posiciones extremistas de las tres opciones de la derecha que se disputan la representatividad de los franquistas y que quieren imponer verdaderos retrocesos en derechos y libertades.

Todos quieren acorralar al PSOE para que no ofrezca ninguna resistencia a los planes de los poderes financieros y mucho menos se pueda ofrecer una salida democrática al “problema de Cataluña”.

No podemos desentendernos de nuestra responsabilidad; derechos y libertades están siendo cuestionados continuamente por PP, C,s y Vox. Quieren hacer retroceder e incluso derogar todas las conquistas y libertades conseguidas. La realidad demuestra que la defensa de los derechos y de las libertades es inseparable.

En estas elecciones generales no cabe la ambigüedad, y es por ello que desde posiciones socialistas cualquier acercamiento a C,s  significará abrir la vía a la crispación y el enfrentamiento entre pueblos; además de generar dudas y quiebras de confianza entre los votantes socialistas.

Debemos defender con firmeza el diálogo y la negociación como la seña de identidad socialista frente a los que impulsan el enfrentamiento entre los pueblos y la judicialización de la política.

La mayoría social sigue esperando que se deroguen las reformas laborales, que tanto daño sigue haciendo, mientras tanto repuntan de nuevo los expedientes de regulación que provocan la destrucción de miles de empleos. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para recuperar y garantizar los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores tiene que ser un compromiso claro de los partidos de izquierda.

La defensa de la industria garantizando el empleo digno y con derechos, debe ser permanente para un gobierno socialista.

Establecer una política fiscal de forma progresiva que pague más el que más tiene y no exima a las grandes fortunas ni reduzca a su mínima expresión la presión fiscal sobre las empresas.

Es urgente la derogación del artículo 315.3 del código penal mediante el cual hay encausados más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga para defender los derechos colectivos.

La defensa de los servicios públicos pasa necesariamente por la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago a acreedores y entidades financieras que al mantenimiento de los servicios públicos. Hemos de volver a situar la economía al servicio de las personas y no al revés.

La derogación de la ley Mordaza debe ser un compromiso firme y sin ambigüedades, no hay país democrático que meta en la cárcel a raperos, artistas y titiriteros por expresarse libremente o aludir a la Casa Real, institución cada vez más desprestigiada al haberse hecho evidentes las corruptelas que todos sospechábamos. Una institución, La Corona, anacrónica, aparece cada vez más incomprensible ante las demandas de la mayoría social.

También ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso en la defensa un estado federal en que podamos proponer y defender nuestro modelo de Estado, en un referéndum en el que la mayoría pueda elegir libremente entre Monarquía o República..

Comité de Redacción

 

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