Basta de Negocios con la Sanidad

El pelotazo de la Sanidad privada en Catalunya y en todo el estado sigue haciendo su agosto en plena pandemia del COVID_19. La actual pesadilla que vivimos los catalanes y catalanas es consecuencia directa de años de recortes en sanidad y en servicios públicos.

El President Quim Torra, abonará a cargo de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya a los hospitales privados y concertados que funcionan fuera de la red sanitaria pública más de 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La cifra llama poderosamente la atención, ya que según la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) los costes de hospitalización por enfermo de coronavirus oscilan entre 250 euros diarios en caso de hospitalización normal y hasta 750 euros en caso de internamiento en UCI (unidades de cuidados intensivos).

Según el director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Lluís Monset, el tratamiento “son poco más de 1.000€ al día”. Haciendo las cuentas, el coste de atención a un enfermo que está 21 días internado en UCI podría alcanzar la cifra de 21.000 €, lejos de los 43000 €.

El modelo de salud catalán preveía hasta ahora un coste por enfermo de 23000 € cuando se derivaban pacientes de la sanidad pública a la concertada.  La crisis del Covid_19 en Catalunya quasi duplica esa cantidad. Un gran negocio para la sanidad privada por decisión directa del President de la Generalitat, que con una mano exige más dinero del Estado (es decir, del dinero de todos) y con la otra mano transfiere el dinero a la sanidad privada.  El zorro al cuidado de las gallinas.

Una aclaración posterior de los técnicos y asesores de Torra ha puesto de manifiesto que  “Únicamente se obligará a los hospitales privados a devolver dinero si han obtenido un beneficio excesivo (…) se devolverán si estos son superiores a lo razonable”. El cinismo es completo. ¿qué es un beneficio razonable?

La derecha catalana y la escabechina a la sanidad pública

Los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Govern del derechista Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

El Institut Català de la Salut (ICS) ha pasado de 6.600 facultativos a 5.700.  De 2010 a 2017, la derecha catalana ha recortado 1.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública.

A finales de enero de 2020, cuando todavía observábamos como algo ajeno a nosotros la pandemia, el “Círculo de Salud” publicó un estudio “la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza”. Dicho estudio concluye que el presupuesto para el gasto sanitario público en Catalunya se tendría que incrementar en más de 5.000 millones de euros cada año para equipararse al gasto de salud público de países con sistemas de salud homologables.

Aunque desde el gobierno de la Generalitat se anunció a bombo y platillo que los nuevos presupuestos de la Generalitat revertían los recortes en sanidad, desde el sindicato “Metges de Catalunya” se dice que “En el año 2010 teníamos un presupuesto para sanidad de 9.875 millones de euros, y en 2020, dispondremos de 86 millones menos. sin contar una inflación del 16,3% en Catalunya, que se debe restar a las cuentas, siendo que de esta manera el presupuesto real es de aproximadamente 8.190 millones de euros, es decir 1.685 millones de euros menos en 10 años.

Eso sí, la sanidad privada ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados:

  • El 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.
  • Catalunya se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privades.

La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados por JxCat y ERC con los Comuns, presentados como un gran avance, solo destinan 913 millones a incrementar la dotación de los hospitales públicos, lo cual, según Metges de Catalunya “no permite recuperar los niveles de gasto del ejercicio de 2010, previo a los recortes, y continúa alimentando la infrafinanciación crónica del sistema”.

¿Y el caso de las residencias de gente mayor?

Lo mismo ocurre con las plazas de residencia, que se han convertido en verdaderos “mortuorios” para nuestros abuelos.  En 2016, de 57.000 plazas de residencia en Catalunya, solo 5.000 (9%) eran gestionadas directamente por la Generalitat, según datos de la propia patronal del sector.

En muchos de estos centros los ancianos se contagian y no hay medios para atenderles, ni a ellos ni a sus cuidadores y cuidadoras. Faltan mascarillas, no se hacen test al personal ni a los demás ancianos salvo que muestren síntomas graves, permitiendo que siga el contagio.

Por poner solo un ejemplo. un conocido y prestigioso centro privado de la comarca del Baix Penedès, integrado en la ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española),  cuyo origen se remonta a 1941. Nace como centro de pacientes agudos, pero amplia su cobertura asistencial a los pacientes crónicos en el año 1983, con su incorporación al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya. Se convierte así en centro proveedor del CatSalut y es nombrado Centro Sociosanitario de referencia de la Comarca del Baix Penedès, con un pabellón y 120 camas sociosanitarias, además de las 24 camas de Residencia Asistida, también concertadas con el ICASS.

Durante el inicio de la crisis del COVID-19, la dirección del centro prohibió a algunos trabajadores llevar mascarilla para no crear alarma social. Más adelante, cuando las mascarillas se hicieron obligatorias, dan una mascarilla por semana al personal. Algún enfermero había comunicado que su pareja había dado positivo por COVID_19, pero sin embargo, la dirección obligó al trabajador a seguir trabajando, sin hacerle prueba alguna, y asumiendo el riesgo de contagio a compañeros y pacientes.  Según fuentes de trabajadores a los que hemos tenido acceso, la mayoría de personal sanitario ha sido contagiado, y del centro sociosanitario, en el que existen 120 camas, al menos 80 ancianos han sido contagiados, y han muerto, al menos, 60 personas entre los meses de marzo y abril, cifra muy superior a la de otros años por la misma fecha. No existent datos oficiales al respecto, o de existir están en un cajón del departamento de salud.

A gran parte del personal, sanitario y no sanitario, se les ha obligado a hacer uso de sus vacaciones para hacer rotar al personal, algo expresamente prohibido por la legislación laboral. Algunos de los trabajadores contagiados han retornado al trabajo activo después de superar los síntomas de la enfermedad, sin hacerles ninguna nueva prueba de detección del virus.

Según comentan algunos familiares en redes sociales, la mezquindad roza lo inimaginable, cuando se discrimina a los pacientes que son atendidos en virtud del régimen de concertación. A estos pacientes no se les da merienda, mientras que a los privados sí. ¡Negarle la merienda a un abuelo!.

El último gran escándalo ha saltado a los medios de comunicación estatales el 20 de abril, cuando una familiar de un abuelo hospitalizado fallece dos días después de habérsele dado el alta médica. El paciente en cuestión era residente de otra residencia de la comarca, se contagió por coronavirus, y fue llevado al hospital del Vendrell. Superada la enfermedad, el Hospital del vendrell deriva al paciente a este centro privado para pasar la cuarentena. Es ingresado en la sección de agudos (no de residencia). Según el familiar, el abuelo es ingresado el 2 de abril y desde entonces permaneció encamado hasta el alta de la policlínica el 17 de abril. En esa fecha, el paciente, ya con el alta médica, es derivado a su residencia de origen, quienes alertan a los familiares de las llagas y necrosis con que el paciente llega a la residencia, signo de no habérsele practicado los cambios posturales exigidos en estos casos. El paciente fallece 2 días después por una infección de orina. Fuentes profesionales a las que hemos accedido dicen que las llagas y necrosis pueden causar asepsis, infección en la sangre, y causar complicaciones como las que han acabado con la vida de este usuario. Venció el coronavirus pero no resistió la desatención sufrida en un centro privado.

Este es el tipo de centros privados con los que el Govern de Quim Torra hace negocios. Mientras tanto, la Consellera de Salut, Alba Vergés, ha recomendado limitar “el esfuerzo terapéutico” de los pacientes mayores de 80 años con coronavirus Covid-19 y proceder a tratamientos de confort (morfina). Si tienes más de 80 años, la sanidad no hará por ti más que sedarte. ¿Es esto lo que merecen todos esos abuelos que han sido el soporte económico de miles de familias durante la anterior crisis económica?.

Sin duda, la izquierda política y social tiene que reaccionar ante este atropello.

Tenemos que recuperar los hospitales y residencias para el sistema público.

La rápida propagación y las muertes causadas por el SARS-CoV2 en Catalunya son consecuencia directa de las privatizaciones y recortes masivos en la red pública de hospitales, centros de atención a mayores y otros servicios sociales realizados por los representantes políticos de la derecha catalana. La falta de voluntad de Torra y su Gobierno para dotar a la sanidad pública de recursos suficientes y enfrentarse a sus colegas empresarios de la privada es más que evidente.

No vale excusarse, como suele hacer el President Torra, en la falta de competencias de la Generalitat, ni en el “España nos roba”, ni la eterna promesa de que cuando alcancemos la independencia nos sobrarán hospitales. Ya está bien de mentiras. Para entregar todas esas clínicas, hospitales y residencias de ancianos a sus amigos de la burguesía catalana no le han faltado competencias.

Y cuando a finales de 2018 los médicos fueron a la huelga exigiendo más medios y personal, la respuesta de los gobiernos de CiU y JxCat-ERC fue enviar los Mossos d’Esquadra a reprimirles y negarse a tomar medidas que hoy habrían servido para afrontar la pandemia de otra manera.

Pero es que incluso el argumento de “falta de competencias” se deshace por sí solo. El pasado 15 de marzo Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma y entregaba a las Comunidades Autónomas el control de los centros privados y ponerlos al servicio de lo público.

De esta manera, la Generalitat podría haber controlado la sanidad privada, podía haberla expropiado sin indemnización, podía haber dotado la sanidad pública de los recursos humanos necesarios, abrir todas las plantas hospitalarias cerradas, comprar material médico, quirúrgico y de protección, pero nada de eso…..lo que hace en realidad es incrementar la cuenta de resultados de los empresarios del sector privado sanitario y sociosanitario, sus amigos y protegidos, entregándoles 43.000€ por cada paciente que pase por una UCI, independientemente del tiempo que permanezca ingresado en ella.

Para los pacientes menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500€ para hospitalizaciones inferiores a los 3 días, y  5.000€ a partir de los 4 días. La Generalitat también abonará 93€ por cada test PCR que realice la sanidad privada, y en centros privados como el del ejemplo, se comercializan estos tests, incluso para los trabajadores con mutua, por 150 €, eso sí, previamente tienen que pasar por consulta, y abonar la consulta médica para que el médico dictamine la necesidad de practicar la prueba. Claro que sí, negocio sin escrúpulos.

¡No, President Torra!. Así no. Deje de invertir en los negocios de sus amigos, e invierta en la sanidad pública que es de todos y todas las catalanas.

Baltasar Santos

TS Tarragona

 

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Reflexiones sobre un programa para la recuperación

Los socialistas necesitamos un proyecto, un programa de actuación para ofertar a la sociedad, que nos permita afrontar la crisis sanitaria, social y económica en las mejores condiciones posibles.

La crisis del COVID-19 puede prolongarse durante un período más o menos largo con importantes consecuencias  para los trabajadores, las empresas, las familias, los jóvenes y los mayores.  Se esperan caídas del PIB en todos los países, que pueden oscilar entre 7% y el 20% dependiendo de la duración de la pandemia. China ha sufrido una importante disminución en su producción;  EEUU ha perdido la mitad de su capitalización bursátil; en Europa las perdidas también son importantes. La crisis económica provocada por la pandemia, que los expertos denominan  shock  de  la oferta y la demanda a nivel global,   tendrá un efecto de  empobrecimiento en todos los países.

Se aprecia cierta desglobalización y contracción del comercio internacional y una demanda generalizada de mayor control nacional y europeo de las cadenas de suministros, que podría derivar a un mayor proteccionismo económico.

No se espera que el consumo tenga una pronta recuperación por el empobrecimiento de los trabajadores, las clases medias y los ciudadanos en general. Las economías van salir con un endeudamiento, inevitable, pero importante, al que habrá que hacer frente.

Se ha puesto en evidencia la necesidad de destinar un montante importante de recursos a políticas, sanitarias,  sociales y empresariales. Así mismo, se refuerza la importancia de lo público, del interés colectivo por las conquistas  del estado de bienestar y de las políticas públicas, tanto para luchar contra la enfermedad, como para ofrecer un colchón para aquellos que pierden la actividad y los ingresos. También para la viabilidad de las empresas y la actividad económica lo público se ha convertido en esencial.

Por otra parte, son necesarias reformas fiscales coordinadas a nivel europeo para que los costes de esta crisis se repartan de forma equitativa.

La solidaridad europea es decisiva para frenar los efectos de la crisis, pero esta por ver si caminamos hacia una Europa de más estados, como se ha puesto de manifiesto en la política de gestión de la fronteras internas y externas, o bien, de más Europa.

De momento, contamos con el programa del Banco Central Europeo de Emergencia pandémica y nos han quitado el corsé, temporalmente, de las normas del pacto de estabilidad. Pero habría que asegurar que Alemania y Holanda no impongan de nuevo un giro hacia la austeridad.

Harán falta muchas inversiones para la reactivación económica y caminar hacia propuestas que supongan de hecho la mutualización de la deuda en la Unión Europea.

Por lo que respecta al estado español, es evidente que el modelo de crecimiento basado en el turismo low-cost vinculado a la construcción y la especulación urbanística está hundido. La actividad turística, es previsible que tenga una recuperación muy lenta. Tenemos que aprovechar la coyuntura para rediseñar nuestro modelo de crecimiento, de forma realista y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Consideramos que las inversiones en la agricultura local, puesta en relación con la reforestación de nuestros bosques y el uso de los recursos hídricos, pueden ser una buena opción. Así mismo,  la apuesta por la digilitalización de la economía y el paso a la utilización de energías renovables no contaminantes se encuentran dentro de las políticas a incentivar por la Unión Europea, Y, en todo caso, son una necesidad para evitar la degradación de la vida en nuestro planeta.

La regulación de los sectores estratégicos como las eléctricas y demás empresas energéticas es otra de las tareas pendientes.

Igualmente, es necesario el mantenimiento  y mejora de las infraestructuras hidráulicas, el buen estado del cauce de los ríos y demás actividades e inversiones que prevengan las consecuencias de danas o gotas frías para prevenir inundaciones. Las inversiones en redes locales de transporte colectivo constituyen otra opción. Tenemos la oportunidad de modernizar nuestra red de trenes de cercanías y de hacer realidad el corredor del mediterraneo.

El apoyo al crédito y la financiación de las pequeñas y mediana empresas es un tema central en cualquier programa de reactivación económica. En este campo debería considerarse la posibilidad de mantener BANKIA como entidad pública.

En el caso de las grandes empresas, si necesitan fondos públicos la administración debería quedarse con una cuota del capital social de las mismas, que garantice nuestra participación en los beneficios futuros y la recuperación de la inversión. El gobierno Alemán, nada sospechoso de izquierdista, o el norteamericano ponen estas condiciones a la hora de apoyar a sus empresas.

Por otro lado, es imprescindible  invertir en sanidad y servicios sociales,  No puede ser que la sanidad  y las residencias de la tercera edad sean un negocio para los fondos de inversión de paraísos fiscales. Para aumentar sus beneficios ahorran en costes de personal y suministros. Esta tipo de negocios se han mostrado como un riesgo para la salud. Tampoco es defendible que los trabajos, que se han manifestado como esenciales, como son los que prestan los trabajadores de comercio, los de limpieza y la atención y cuidado de las personas, sean los peor pagados y trabajen en condiciones de precariedad.

La educación  y la formación es otra área necesitada de recursos y habría que hacer una apuesta seria por la economía del conocimiento y la investigación.

Todas estas inversiones crearían empleo y mitigarán el problema del paro cuyas cifras, según la EPA del primer trimestre de 2020, están subiendo de forma alarmante.

La cooperación y la colaboración entre nuestros territorios, municipios y CCAA se hacen indispensables para articular e implementar el programa de salida de la crisis, si lo que busca una salida participativa y democrática. Por su parte, las organizaciones empresariales y los sindicatos  acercarán al terreno práctico las propuestas. Pero para que esto sea efectivo es necesario derogar toda la legislación antidemocrática sobre la negociación colectiva, la ley mordaza, la reforma laboral, etc.

Hay que aprovechar para solucionar la financiación de la CCAA y caminar hacia un estado federal que articule la cooperación y solucione el conflicto territorial desde la libertad y el acuerdo,

Garantizar una renta a los que han perdido su empleo y a los más desfavorecidos es otra de las medidas necesarias para asegurar una vida digna y estimular el consumo.

Necesitamos un nuevo contrato social si, pero uno que abra la vía hacia una reforma constitucional federal y republicana de nuestra constitución que garantice la cooperación y las libertades políticas y sindicales y la cohesión política y social.

Marta Climent.  Trinidad Piquer.

 TS Valencia


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De esta crisis saldremos, pero no a costa de los de siempre

Los trabajadores y trabajadoras de: Ahorro, Banca, Consultoría, Contact Center, Cajas Rurales, Seguros, Servicios de Prevención, entre otros muchos de nuestro entorno sectorial, están sufriendo la pandemia de muchas maneras. La sufren como la población en general, confinados, pero también laboralmente. Unos, porque están siendo afectados por el desempleo, aunque sea temporal, y otros porque pertenecen a un sector de los considerados esenciales y tienen que continuar trabajando, muchas veces de cara al público; es el caso de los trabajadores y trabajadoras de la entidades financieras, prevención o seguros que realizan su labor de cara al cliente.

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, también se contagian y, lo peor de todo, también mueren; es el caso de dos trabajadores, de 49 y 52 años, del sector de Ahorro en Madrid.

Todas las estructuras sectoriales: las secciones sindicales de la UGT, los delegados y delegadas de los comités de empresa, los Sindicatos de Financiero, de Seguros y de Oficinas y todos los organismos de FeSMC-UGT, estamos trabajando a destajo desde que se decretó el Estado de Alarma. Nuestra mayor preocupación está siendo la protección de los trabajadores y que no se vulneren los derechos de los afectados por las medidas extraordinarias y de fuerza mayor. No faltan las empresas que pretenden aprovechar la situación, como si de una “barra libre” laboral se tratase.

Está siendo muy elevado el número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están presentando en sectores como el de ingenierías o Contact Center, en empresas en las que no hay representación sindical. Menos mal que la Ley obliga a informar y dar audiencia a los sindicatos más representativos –los que tenemos más de un 10% a nivel estatal: solo UGT y CCOO, y a los que tienen más del 15% en el ámbito autonómico-. De esta forma, desde el Sindicato de Oficinas de FeSMC-UGT, estamos dando cobertura a muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen comité de empresa ni delegado de personal y que no están afiliados a ningún sindicato. En el Sindicato de Oficinas, desde que se decretó el Estado de Alarma, hemos  atendido 90 comunicaciones de ERTEs, que han sido negociados por la Comisión Permanente y colaboradores de ese Sindicato federal De los llamados ERTEs de Fuerza Mayor se han hecho informes oponiéndonos a los mismos ante la Dirección  General de Trabajo, porque consideramos que la actividad que desarrollan no se ajusta a los motivos previstos por el Gobierno en su Real Decreto. Posteriormente y como consecuencia de ello, ya ha sido demandada ante la Audiencia Nacional (AN), la empresa de Contact Center, Konecta BTO.

Nos estamos encontrando con situaciones peculiares; es el caso de los trabajadores de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Algunas de estas empresas están despidiendo a los trabajadores puestos a disposición, cuando la empresa usuaria (la cliente de la ETT) presenta un ERTE para su plantilla. Mientras que los trabajadores de las empresas donde prestan servicio tienen las prestaciones reguladas en el Real Decreto 8/2020, los trabajadores en misión de la ETT no tienen esa cobertura –la más importante es la garantía de retorno al trabajo cuando el ERTE se extinga-, generándose una situación discriminatoria. A nuestro entender, deberían tener las mismas prestaciones, coberturas y garantías de empleo todos los trabajadores.

Otra vertiente laboral de esta pandemia es el teletrabajo. Muchísimos trabajadores y trabajadoras están realizando su labor desde su casa. Tenemos que decir que celebramos la medida, siempre pensando en la protección de la salud de los trabajadores y de la población en general, pues así se evitan riesgos. Del mismo modo que los ERTES son un mal menor frente la destrucción definitiva del empleo, el teletrabajo está bien siempre que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

En los sindicatos Federales de FeSMC-UGT de Financiero, Seguros y Oficinas, no menos del 50% de las plantillas están teletrabajando. Concretamente en las entidades financieras, un sector considerado esencial, la puesta en marcha de las campañas de créditos y avales ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha provocado un aluvión de trabajo que está llevando a trabajar muy por encima de la jornada laboral establecida en convenio. Algunas direcciones comerciales de bancos y cajas no se han debido enterar de que estamos afectados por una pandemia como jamás hemos vivido, y se empeñan en alcanzar los objetivos de venta que tenían fijados. El hecho de trabajar desde el domicilio particular no puede llevar a trabajar jornadas de diez o doce horas y a no respetar las fiestas y fines de semana.

Tenemos muy recientes nuevas legislaciones, como el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), por el que tanto hemos trabajado desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT, que establece el Registro de Jornada por el que se tiene que garantizar el pago o la compensación del exceso de horas trabajadas. También está el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, para la Protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales; en dicho Artº. 88 queda muy bien recogido el derecho a la desconexión.

En todo caso, la crisis vírica nos está dejando claro que hay que seguir avanzando en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay que regular, en los convenios colectivos, cómo y en qué condiciones se desempeña el teletrabajo, siempre mejorando lo que ya establece la ley. Por ejemplo, desde ya, reivindicamos que los suministros: wifi, luz, los metros cuadrados de la vivienda destinados a lugar de trabajo, etc., sean asumidos por la empresa, en la parte que corresponda, ya que son gastos que en este momento están siendo asumidos por los trabajadores. La tecnología aplicada a la producción no puede traducirse en ahorro de costes para las empresas y cargas para los trabajadores.

En este 1º de mayo virtual, que no por ello menos reivindicativo, tenemos que poner en común las reivindicaciones de los trabajadores y comprometernos a defender los derechos de nuestros representados. De esta crisis se saldrá, pero no puede ocurrir que, como en la anterior, sea a costa de ampliar la brecha salarial entre hombres y mujeres ni de los derechos de la mayoría social: asalariados, desempleados, pensionistas y jóvenes.

¡Viva el 1º de mayo 2020!

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal del Sector Financiero,

Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT

 

 

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Un 1º de Mayo virtual, pero no menos reivindicativo

Por vez primera en la historia, se va a celebrar el 1º de Mayo, “Día internacional del Trabajo”, virtualmente; solo con videos, manifiestos, entradas en páginas web, blog y redes sociales. Es el cóctel de la digitalización y la pandemia del COVID-19. Pero el hecho de que nos veamos obligados, por las circunstancias, a no poder manifestarnos en la calle, no significa que este 1º de Mayo no esté cargado de reivindicaciones.

Los trabajadores de todos los sectores de actividad, sin exclusión, están exigiendo protección para el desempeño de su trabajo. Es lo mismo que venimos exigiendo desde hace muchas décadas: inversión en prevención de riesgos laborales. En esta ocasión con un motivo añadido muy concreto, como es minimizar el riesgo de contagio. La prevención de los riesgos laborales no es una cuestión menor, en enero se produjeron 56 muertes en accidente laboral, un 27,3% más que en enero de 2019. Y el año 2019 se cerró con la muerte de 605 trabajadores y trabajadoras. Lo hemos visto con la explosión vírica del coronavirus. Uno de los grandes problemas ha sido el desabastecimiento de equipos de protección, incluídos los más básicos. No hay nada que inventar, lo que hay que hacer es invertir. Este 1º de Mayo reivindicamos protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Reivindicamos empleo para todos y todas, de calidad. La tasa de paro al cierre de 2019 fue del 13,78%, es decir que 3.200.000 de trabajadores carecían de puesto de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por un ERTE, a fecha de 14 de abril publicado en la revista digital “Mercado Libre”. En julio veremos la EPA del fatídico segundo trimestre. Recodemos que el primer trimestre de 2013 –justo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP- se alcanzó la espeluznante cifra histórica de 6,2 millones de desempleados en nuestro país. Estos datos justifican el temor al desempleo, generan incertidumbre en los trabajadores sobre el futuro inmediato.

La experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó en 2008, y de la que muchos y muchas de los de nuestra clase social aún no han salido, nos ha dejado la sospecha de que se pretenda que la reconstrucción económica sea pagada nuevamente por los más desfavorecidos. Aquella crisis sirvió para abaratar el despido, para devaluar los salarios y para deteriorar las condiciones de trabajo.

Esta crisis sanitaria nos está enseñando la cara más cruel del capital. Desde la derecha: política, económica y mediática, se ha presionado al Gobierno para que se reabra la actividad económica; y así se hizo desde el 13 de abril. A la vez, muchas comunidades autónomas han presionado para que las familias salgan con los niños menores de 14 años, en su afán por aparecer ante la ciudadanía como los que abren las puertas, dejando al Gobierno solo, ante el agotamiento de la ciudadanía tras siete semanas de confinamiento; así está ocurriendo desde el domingo 26 de abril. A fecha de redactar esta editorial ya se está produciendo un repunte en el número de muertos y afectados, que se mide comparando el bajón que iba produciéndose con las cifras actuales, según datos del Ministerio de Sanidad a 25 de abril. ¿Quién se hace responsable de ese plus de muertes y de esos contagios? ¿Son bajas asumibles, daños colaterales?

En la sesión de control al Gobierno, celebrada el 22 de abril, el PP pedía al Gobierno determinación. Desde Tribuna Socialista coincidimos en eso con el señor Casado, aunque solo sea en la formulación. Los trabajadores también le pedimos determinación al Gobierno. Pedimos determinación para intervenir en la sanidad privada y que se devuelva el dinero público que haya podido pagar el Govern del Sr. Torra a establecimientos privados sanitarios. Determinación para paralizar la privatización permanente que lleva a cabo la señora Ayuso en Madrid, utilizando infojob para gestionar empleo público o cadenas de comida basura para asistir a las familias en situación de pobreza. Determinación para exigir la devolución del dinero público con el que se sanearon entidades bancarias que al poco fueron entregadas a otras entidades privadas, máxime cuando nuestros bancos se dedican a sacar dinero de España en dirección a paraísos fiscales: es el caso de Caixabank que prepara la “apertura de un banco en Luxemburgo para ricos españoles”, según informa eldiario.es en su edición del 13 de abril. Determinación para dotarse de un polo de Banca Pública que canalice el crédito del ICO sin depender de las entidades financieras privadas, para que garantice los servicios bancarios básicos en todos los municipios del Estado. Determinación para depurar responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores. Determinación para municipalizar la gestión de los servicios funerarios y que la muerte deje de ser un negocio…Deternimación.

El compañero Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de no repetir lo que hizo el compañero José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Ha tomado una serie de medidas para proteger a los sectores más afectados… No es suficiente. Lo que la mayoría social reclama es un plan de emergencia que levante el país y genere masivamente empleo público, reforzando la sanidad y demás servicios públicos.  La reconstrucción no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas ni de los jóvenes de nuestro país.

La respuesta a aquellas medidas de mayo de 2010 ya la vimos en noviembre de 2011. Y lo peor es que las sufrimos en marzo de 2012 y en el mismo mes de 2013, con la violenta reforma laboral y la agresiva reforma de las pensiones, respectivamente. El Gobierno debe restaurar los derechos de los trabajadores que el PP lesionó. Derechos que son fundamentales para defendernos en esta crisis: restableciendo el principio de ultractividad de los convenios, anulando el despido barato, quitando el descuelgue empresarial en los convenios… que derogue la reforma laboral y garantice el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3 del Código Penal.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, apoyamos a los trabajadores de hospitales de Cataluña, de Madrid, de Galicia… que se movilizan diciendo que no son héroes sino trabajadores y que a los políticos que les llaman héroes les piden hechos: revertir los recortes de la sanidad desde 2010, de medios, de personal, y también el 5% del salario. Eso sería apoyarles y valorar su labor, lo demás son gestos y palabras huecas.

El pacto de reconstrucción debería ser posible con todas las fuerzas que representan a los trabajadores y a los pueblos del Estado español, para proteger a la mayoría, para corregir lo que se ha puesto en evidencia que no funciona, para llevar a cabo una reforma constitucional que aborde las prioridades de la mayoría. Lo que planteamos no es una quimera ni una utopía, es simplemente democracia.

¡Viva el 1º de Mayo!

Comité de Redacción de TS

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Personas en riesgo de exclusión: Horizontes posibles desde la Justicia Social

¿Qué ocurre si estás en Madrid y te encuentras en la calle debido a un desahucio? ¿Qué ocurre si tras huir de tu país de origen la Oficina de Asilo y Refugio (en adelante, OAR) no te da cita hasta dentro de meses para formalizar tu solicitud de protección internacional? En estos dos casos, deberás acudir a un mismo lugar: la central del Samur Social. En esta sede, es donde las personas en situación de calle y sin recursos acuden cuando se ven abocadas a pedir ayuda institucional para contar con un alojamiento.

En el último cómputo, realizado en 2018 por parte del Ayuntamiento de Madrid se detectaron 650 personas en situación de calle, siendo el 73% hombres, el 11,2% mujeres y el 15,8% sin determinar. Según el Ayuntamiento, el aumento de personas que no tienen un hogar tiene que ver fundamentalmente con un cambio en el perfil de las personas que residen en la calle. Hasta ahora, el modelo de intervención social en Madrid estaba especializado en diferentes recursos sociales y en los centros de personas sin hogar el perfil de persona que acudía era: “hombre, con alguna adicción y con deterioro físico o cognitivo” que necesitaba cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el perfil ha cambiado, hay un número importante de personas que esperan asilo y se encuentran en centros como “El Vivero” (ubicado en Vallecas, Madrid) diseñado especialmente para este tipo de situaciones.

Desde el Ayuntamiento de Madrid y más específicamente desde el Samur Social, se intenta acoger a solicitantes de asilo, debido a que los tiempos de espera para ser atendidos en la OAR son largos y pueden superar hasta los seis meses. De esta manera, en un centro de personas sin hogar podemos encontrar un perfil de personas muy diverso: víctimas de violencia de género, solicitantes de asilo o refugio, personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional, con problemas de salud mental, entre otras. Frecuentemente, los centros de la red de personas sin hogar no están especializados en la atención a personas con problemáticas concretas, debido a la falta de capacitación de los profesionales y las instalaciones con las que cuentan. 

Si nos centramos en las personas solicitantes de protección internacional, según el último informe “Más que cifras” de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) España ha recibido al menos 118.264 solicitudes durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse este máximo, en sistema de acogida  se encuentra colapsado en la actualidad, ya que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo. Esta situación se agrava particularmente en ciudades como la capital madrileña que alberga casi la mitad de las solicitudes nacionales (55.118). En base a la incapacidad del sistema de acogida para ayudar a todas estas personas solicitantes de asilo en Madrid, nace por tanto el sobrecargo del Samur Social y su atención a las personas sin hogar. 

¿Por qué es importante especializar la intervención social? Bajo nuestro punto de vista, mejoraría la atención que reciben los usuarios/as y podrían crearse centros de corta estancia, en vez de pensar en un modelo a largo plazo. Los centros de personas que no tienen un hogar no son sus casas, son temporales, y esto hace que no puedan tener una vida normalizada en ellos ni plantearse una vida autónoma. Los usuarios de la red de personas sin hogar en Madrid, pasan de un centro a otro dependiendo si cumplen los objetivos que les plantean los trabajadores sociales. Además, estas personas son dependientes de ayudas gubernamentales, no consiguen empleo y hay pocos planes de empleabilidad que les ayuden a superar las entrevistas. Añadido al hándicap que encuentran para la búsqueda de empleo, puesto que su formación es escasa.

Desde hace algunas semanas existe un nuevo motivo de agravamiento para todas estas personas vulnerables: la crisis del COVID-19. En este sentido, se han habilitado en la ciudad de Madrid 150 plazas en IFEMA y un centro deportivo con las mismas plazas en el distrito de Arganzuela. Además el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar el plazo de la Campaña contra el Frío (Ayuntamiento de Madrid) 24 horas al día hasta el 31 de mayo 2020. En el caso de las personas solicitantes de protección internacional, la situación se dificulta para el acceso al programa de acogida y ayudas económicas, ya que a nivel administrativo la OAR ha dejado de prestar la mayoría de sus servicios y citas. Por ello, en esta situación de estado de alarma se ve aumentada si cabe la vulnerabilidad que poseen estos colectivos. Así, se hace necesario que desde las instituciones políticas, se dote de apoyo a las organizaciones no gubernamentales y empresas que gestionan los recursos vinculados a la ayuda a todas las personas en exclusión social y en riesgo de caer en dicha situación. 

En base a la situación de emergencia social en Madrid y en otras ciudades españolas, se hace evidente la necesidad de intervenir desde un marco común de Justicia Social, tanto a nivel político como social. En este sentido, basándonos en la filosofa política y socióloga Nancy Fraser, la justicia social debe perseguirse desde tres grandes esferas: Redistribución o Justicia Económica, Reconocimiento o Justicia Cultural y Representación o Justicia Política. De esta forma, se plantea como imprescindible para el funcionamiento de una sociedad justa: una distribución equitativa de los bienes materiales y culturales, que vaya acompañada de un reconocimiento y respeto hacia todas las personas y grupos sociales, y que derive en una mayor capacidad de participación y representación sociopolítica para toda la ciudadanía. 

Por tanto, en una sociedad donde existen desigualdades, se debe llevar a cabo un abordaje que contemple la multitud de factores que generan dichos desequilibrios. Para ello, se deberá trabajar desde un marco común en la búsqueda de una mayor justicia social para todos y todas, analizando las injusticias en base a las raíces de su existencia. Una vez analizados todos los factores (económicos, culturales, políticos y sociales, entre otros) que pueden estar mediando en la presencia de injusticias se debe de intervenir sin contemplaciones, empleando la justicia social como principal herramienta para la transformación social.

Autores:

Alicia Hernández Coloma (Graduada en Sociología).

Miguel Ángel Albalá (Investigador en Psicología Social y de la Educación).

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Educación y Cultura en la España confinada

En estos días de confinamiento, donde tanta atención prestamos a las noticias y a los comentarios, videos y memes que nos llegan mediante los diferentes círculos de Redes Sociales en los que nos movemos, me llamó la atención uno que venía a decir algo así como que era curioso que las asignaturas y enseñanzas académicas más denostadas por la derecha y el mundo del pensamiento liberal y capitalista, eran precisamente las que nos podían salvar durante este confinamiento en el hogar; me estoy refiriendo, como ya se habrá intuido a las asignaturas y enseñanzas como el Dibujo, la Música, la Educación Física, las Artísticas, las Pretecnologías y Manualidades, e incluso la Filosofía, las Humanidades o la Historia. Ese tipo de asignaturas siempre fueron denostadas y despreciadas por el poder; en un estadio más primitivo por la autoridad y posteriormente por el capitalismo, ¿por qué? es obvio, son enseñanzas que nos permiten tener conciencia de lo individual a la vez que entronca nuestro papel y responsabilidad en lo colectivo; además para un pensamiento productivo ofrecen nula o poca rentabilidad teniendo en cuenta el coste en su enseñanza y el beneficio monetario que de ellas se obtiene bajo un paradigma capitalista.

De modo que etas asignaturas y enseñanzas solo han sido defendidas, protegidas y perpetuadas por aquellos pensamientos filosóficos o políticos que sitúan al ser humano como centro de todo y que defienden la educación y el enriquecimiento intelectual como camino hacia la realización personal y como herramienta para la transformación de la sociedad en una colectividad más humana, más justa y más igualitaria. Fue el pensamiento republicano el que obligó a los Estados a procurar una educación mínima en estos valores a todos sus ciudadanos; bajo el paraguas de la formación en valores republicanos se le dota así al ser humano de un conocimiento que le otorga la capacidad para reconocerse a sí mismo en igualdad con todos los demás,  a ser libre, con los mismos derechos civiles, con la misma capacidad que cualquier otro de actuar como actor político y frente a la política, con la misma fuerza, por tanto, y el mismo derecho para configurar la sociedad y aspirar a modelarla y cambiarla. Los pensadores republicanos, entiéndase República como concepto filosófico, lo comprendían bien, se entregaron en cuerpo y alma a difundir este pensamiento al mismo tiempo que intentaban proporcionar una educación para toda la ciudadanía, especialmente para aquellos que menos medios o posibilidad de acceder a ella tenían. La Institución Libre de Enseñanza  y la compañía de teatro La Barraca puesta en marcha por el mismo García Lorca (animo al lector a informarse y leer sobre ellas más detenidamente) son dos claros ejemplos de cómo durante la 2ª República se hicieron grandes esfuerzos no ya solo para educar, sino también para llevar el arte, la música, la poesía, la pintura, el teatro, etc… a aquellos sitios y lugares donde menos posibilidades tenían las personas de acceder a todo esto. En un país desestructurado y con un mala y deficiente  red de carreteras, caminos o de redes ferroviarias, de comunicación en definitiva, la España rural, aún hoy arrastramos este problema, pero no es el objeto de este artículo valorar eso ahora, como decía la España Rural que además representaba un alto porcentaje de toda la población en su conjunto, era una España aislada, confinada en sí misma.

La 2ª República intentó romper ese confinamiento llevando la Cultura y la Educación al mayor número de personas posibles, la figura del Maestro o Maestra, cobraron una relevancia tan inesperada como necesaria, fruto y prueba de ello fue la dura represión que sufrieron por los sublevados primero durante la guerra y después durante la dictadura.

Como decía al principio, en estos días de confinamiento que estamos sufriendo a causa del Covid 19 (y en los que la población muestra todos los días a las 20:00 horas su reconocimiento a todos los sanitarios) cuando leo que estas asignaturas pueden salvarnos de este tedio y sopor y observo como a mis hijos, ambos en edad escolar, los maestros y maestras que habitualmente les dan clase siguen con medios electrónicos e informáticos con su actividad, mandándoles tareas y explicándoles lecciones, corrigiéndoles ejercicios y esforzándose por continuar con la educación, no he podido dejar de hacer un ejercicio de paralelismo con aquellos maestros y maestras que durante la 2ª República intentaron, como he referido, romper con el confinamiento y el aislamiento de una gran parte de España.

Vaya para todos esos Maestros y Maestras, pasados, presentes y futuros mi reconocimiento mediante este artículo, muy especialmente para aquellos “maestros republicanos” que además por el simple hecho de procurar Educación y Cultura sufrieron persecución, fueron vejados, torturados y asesinados.

Jose Luis Bejarano Damas

Licenciado en Historia.

Secretario de Política Institucional de la Agrupación del PSOE de Almensilla-Sevilla.

Miembro de la Redacción Tribuna Socialista Andalucía 

 

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¡Santiago y cierra, España!

Es evidente que hoy por hoy, la actividad económica está absolutamente interconectada, y que para poder atender las necesidades más perentorias ha de funcionar, como un reloj, toda una cadena de actividades.

Esta mañana he ido a comprar pan, leche, fruta y algo de carne y pescado al modesto “super” que tengo cerca de mi domicilio. Sencillamente, como están las cosas, a proveerme de algún material para ir tirando.

Afortunadamente, no he tenido que hacer cola. Parece que ya nos vamos civilizando después de los primeros días de ‘sálvese quien pueda’. Y también, por qué no decirlo, siempre se nota un bajón en la compra cada fin de mes, cuando el dinero escaso, escasea.

Allí me he encontrado con sus empleados al frente de las diferentes secciones (panadería, frutería, carnicería y pescadería). Otros alimentos estaban en los lineales, surtidos convenientemente por los empleados reponedores (leche, zumo, laterío, productos de limpieza, etc.). Al salir, las empleadas de las cajas (todas chicas) hacían su labor, cobrando el producto en metálico o con tarjeta bancaria. Me dijeron que muchos de ellos se desplazaban al trabajo en su vehículo particular y tenían miedo de que su “troncomóvil”, ya con muchos años encima, les dejase tirados. Les daba miedo compartir, por ahora, el transporte público, que funciona con normalidad, me aseguraron, pero con limitaciones de ocupación para no acumular personas. Y hay que llegar bien y a la hora para abrir el super.

Por cierto, según volvía a mi domicilio, hube de pasar por un cajero automático a sacar dinero (espero que a alguien se le ocurra ir reponiendo lo que vamos extrayendo del cajero, porque si no…).

Sección de Actividad Económica ‘G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS’: 2.089.157 contratos realizados en 2019 (1.161.983 Mujeres y 927.917 Hombres). -VER NOTA en Anexo-

Sección de Actividad Económica ‘K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS’: 94.719 contratos realizados en 2019 (58.311 Mujeres y 36.408 Hombres).

Pero, caí en la cuenta, al salir del super, que el género (la mercancía) que había visto, de alguna manera, alguien, la habría acercado hasta allí. En ese momento llegaban dos pequeños camiones con productos que traían los del ‘super’ desde sus almacenes centrales (la famosa logística), en algún municipio de Madrid, hasta las tiendas del barrio.

Pero ¿cómo había llegado el producto a sus almacenes?, pregunté. Pues resulta, me contaron, que una red de transportes de mercancías por vía terrestre (carretera, ferroviario), marítima y aérea (portacontenedores, etc.) había recogido el producto en origen y lo habían conducido a sus almacenes. Por cierto, añadieron, era necesario no solo proveer de combustible a los vehículos de transporte sino atender a su mantenimiento y reparación (gasolineras, que a la vez necesitan reponer el producto que venden, talleres de reparación, etc.) y dotar a los trabajadores que manejan esos medios de transporte de una red de aprovisionamiento que les permita comer y dormir decentemente a lo largo de sus, muchas veces, largas rutas de carretera. Red viaria y ferroviaria, por cierto, que necesita ser, a su vez, mantenida en condiciones de seguridad.

Pero ¿y el producto?, pregunté, porque en algún sitio lo habrán cargado esos camiones para trasladarlo a los almacenes centrales de la cadena de supermercados. Me dijeron que las grandes empresas de transporte y muchos transportistas autónomos los recogían en la industria manufacturera de la alimentación que se dedica a recoger, limpiar, clasificar, transformar, envasar y embalar estos productos (cereales, leche, fruta, carnes, etc.). Eso sí, me advirtieron que en muchas ocasiones conducen estos productos (carnes, pescado, fruta, etc.) directamente desde la industria manufacturera o desde las lonjas de pescado, a los MercaMadrid, MercaSevilla, etc. desde donde se surte a su vez, especialmente, al comercio minorista de alimentación ajeno a las grandes cadenas de super e hipermercados.

Sección de Actividad Económica ‘H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO’: 1.352.077 contratos realizados en 2019 (312.327 Mujeres y 1.039.750 Hombres).

Pero ¿y de dónde procede el producto que trata y, a menudo, transforma la industria manufacturera de la alimentación? Pues es obvio, me contestaron, de los productores: agricultores, ganaderos, pescadores que de manera autónoma (pequeñas explotaciones familiares) u organizados en cooperativas, también pequeñas medianas y grandes empresas, producen o pescan los alimentos que comemos. La materia prima, trigo, cebada, uva, etc. que luego se transforma en pan, galletas, vino, piensos. Pero ¿y los piensos? Es que, me dijeron, para que una vaca, una cabra o una oveja den leche hay que alimentarlas y cuidarlas y, en la mayoría de las ocasiones, el pienso es fundamental…y no solo eso, la cabaña ganadera (vacuno, ovino, caprino, porcino) necesita de un cuidado diario (incluido el ordeño de los animales que dan leche) y de servicios especializados como veterinarios, etc. La actividad ganadera es muy esclava (uno no se puede ir de fin de semana, ni de vacaciones, y ya te veremos a la vuelta) y en ella “mandan” los animales. Así que cuando solo vemos la leche, el queso o el yogur, o el jamón, no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás.

Bueno, parece evidente que el sector ganadero necesita de esos servicios esenciales. ¿Pero la agricultura en sí?, pregunté. Pues lo mismo, me dijeron. Cultivar necesita de semillas, agua, fertilizantes, abonos, productos fitosanitarios…y cuando la cosecha está en su punto, hay que recogerla (cosecharla) para lo que muchas veces se necesita el personal adecuado y los medios técnicos (tractores, cosechadoras, etc.) que a su vez requieren combustible para su funcionamiento y un servicio especial de mantenimiento de la maquinaria agrícola, su reparación y repuestos. Lo mismo podríamos decir en el caso del sector pesquero que, en nuestro país, generalmente, no va a remos -los barcos requieren combustible y mantenimiento de motores y provisión de piezas para funcionar, además de tener a punto el material de pesca, redes etc.- y necesitan cumplir una serie de requisitos que les exige, para salir a faenar, la autoridad portuaria.

Yo asistía asombrado a lo que me contaban y, tengo que reconocerlo, nunca había imaginado las vueltas que hay que dar para tener un pedazo de pan, un vaso de leche y algo de proteína (en forma de carne o pescado) encima de la mesa.

Sección de Actividad Económica ‘A. AGRICULTURA, GANADERÍA SILVICULTURA Y PESCA’: 3.112.259 contratos realizados en 2019 (792.680 Mujeres y 2.319.579 Hombres).

Por eso no llegaba a entender lo que oía el pasado día en el Congreso de los Diputados donde algunos de éstos insistían, criticando al Gobierno, que “lo que tenía que haber hecho (o tiene que hacer) para detener el COVID-19, es cerrar el país”. Y pensé: sabrán éstos que así se manifiestan de lo que están hablando. ¡¡En fin!!

Pero, todavía hay más, hecha la compra esta mañana, al llegar a casa me di cuenta -he de reconocer que antes nunca había reparado en ello- que para preparar lo que había comprado (mi generación ya ha superado, creo, en su gran mayoría, la etapa del canibalismo) me hacía falta disponer de algunas cosas básicas: agua, electricidad, gas. Y, además tener los consabidos productos de limpieza para dejar el menaje básico al acabar la fritanga (sartenes, puchero, cuchara, cuchillo y tenedor), como los ‘chorros del oro’.

Y me percaté de que, una vez preparada la pitanza, y echada ésta al coleto, no estaría de más poder depositar los restos, la basura generada, en el lugar apropiado dispuesto por el Ayuntamiento, donde un esforzado servicio de limpieza lo retira todos los días para evitar suciedad, infecciones y epidemias. La alternativa podría ser dejarla en casa para hacer compost, aunque no todo el mundo puede y no es muy recomendable, a no ser que uno tenga un ‘casoplón’ con jardín espectacular incluido.

Y aquí, caí en la cuenta de lo necesaria que es la actividad de suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Sección de Actividad Económica ‘D. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO’: 5.540 contratos realizados en 2019 (1.550 Mujeres y 3.990 Hombres).

Sección de Actividad Económica ‘E. SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN’: 114.400 contratos realizados en 2019 (24.719 Mujeres y 89.671 Hombres).

Para ir concluyendo. Todos los días a las ocho de la tarde, salgo a la ventana para unirme al vecindario y homenajear a los profesionales de los servicios más expuestos a la pandemia, los que están al pie del cañón (personal de hospitales y residencias de mayores, servicios fúnebres, personal de ambulancias, bomberos, y fuerzas y cuerpos de seguridad). Ciudadanos hoy, y siempre, imprescindibles. Sin olvidarme claro está de los apoyos civiles y militares que les ayudan y de aquellas personas que, desde la Administración, mantienen viva la percepción de ayudas, complementos y pensiones.

Sección de Actividad Económica ‘Q. ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES’: 1.288.510 realizados en 2019 (1.009.928 Mujeres y 278.582 Hombres).

Sección de Actividad Económica ‘O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA. SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA’: 489.053 contratos realizados en 2019 (288.631 Mujeres y 200.422 Hombres).

Paro aquí esta concatenación de actividades. Pero he de reconocer que me consta que, dentro de la actividad de Hostelería, hay muchas empresas y establecimientos que están manteniendo los servicios de restauración de Hospitales y Residencias, y se afanan diariamente en preparar para su envío a domicilio comidas y también menús para los estudiantes con beca de comedor, al tener dificultades económicas su familia, que no pueden acceder al comedor escolar por el cierre de las escuelas.

Sección de Actividad Económica ‘I. HOSTELERÍA’: 4.304.495 contratos realizados en 2019 (2.354.173 Mujeres y 2.040.322 Hombres).

Así que, a la vista de lo anterior, modestamente, y partiendo, como no, del exigible y adecuado aseguramiento de la salud de las personas, me gustaría pedir a los que reclaman “el cierre total del país”, de su actividad económica, nos digan a los ciudadanos con precisión qué actividades pretenden clausurar y por cuanto tiempo. Porque igual podríamos estar de acuerdo, o no.

Señalar que las 1.340.415 empresas inscritas, a diciembre de 2019, en la Seguridad Social daban ocupación a 14.207.815 trabajadores.  Por Tipo de Contrato, el 69% (9.853.490) tenía un contrato Indefinido y el 31% (4.354.325) un contrato Temporal. Y por Tipo de Jornada, el 75% (10.630.373) tenía un contrato a Tiempo Completo y el 25% (3.577.442) un contrato a Tiempo Parcial.

(1) ¡Santiago y cierra, España! es un lema perteneciente a la tradición cultural española, inspirado en un grito de guerra pronunciado por las tropas cristianas durante la Reconquista, en batallas como la de Navas de Tolosa y las españolas del Imperio y de época moderna antes de cada carga en ofensiva. Wikipedia
(2) Para los datos de Ocupación y contratación. Fuentes: INE y MITRAMISS.
(3) NOTA: En 2019 se celebraron 21.676.700 Contratos Iniciales en España. La inmensa mayoría, el 94% (20.352.787) fueron contratos Temporales.

Alberto Pérez García

 

 

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¿Por qué aplaudimos?

Cada tarde, una gran mayoría de la ciudadanía, nos manifestamos aplaudiendo. Es un aplauso dirigido a: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y limpiadoras… de los hospitales; son los que están en primera línea parando la embestida del COVID 19.

Por qué aplaudimos, me preguntó una tarde de confinamiento mi hijo pequeño. Me paré a pensar, pues la respuesta inmediata se me hacía muy simple, y le contesté: para hacer evidente la importancia de los servicios públicos. En este momento concreto la Sanidad, sin duda alguna. Pero todos los servicios públicos son muy importantes, fundamentales.

La pregunta de un niño me ha hecho reflexionar y profundizar sobre la cuestión. Aplaudimos para manifestar la defensa de lo que anteriores generaciones nos han legado, algo que, los ancestros políticos los que hoy vociferan contra el Gobierno, no dieron con gusto ni regalaron. Hoy vemos la importancia del Estado de Bienestar con sus cuatro pilares básicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Anticipamos con un aplauso la predisposición mayoritaria a defender el estado de Bienestar cuando pase la pandemia, de la forma que haya que hacerlo.

El coronavirus nos está dejando una cifra escandalosa de muertes (en el momento de escribir este artículo ya son 15.000, sin que las comunidades autónomas hayan informado aún de las cifras totales). Pero también nos está dejando la claridad descarnada de cómo están esos servicios públicos, cómo los han dejado los recortes del reciente pasado.

Es difícil expresar con palabras el drama de las residencias de mayores. Ha quedado en evidencia la crudeza de la privatización de lo público. Vemos el resultado de la entrega de residencias públicas en gestión privada, donde lo que prevalece es el beneficio empresarial. El crimen va implícito en la forma en la que se otorgan los contratos: el que menos cobra al ayuntamiento o la comunidad de turno se adjudica el contrato. Es lo que se llama “subasta al peor postor”. La Administración abarata costes y el empresario abarata en personal y en medios para garantizarse el beneficio. Ese “juego” bárbaro es lo que explica que, en general, el virus se haya cebado con los ancianos de las residencias.

Es el mismo mecanismo que se utiliza en los hospitales públicos en gestión privada, donde el beneficio prevalece a la hora de recetar, a la de contratar profesionales, etc. El coronavirus está dejando en evidencia la criminalidad del austericidio al que hemos sido sometidos en el decenio 2008/2018, con recortes año tras año en sanidad, en educación, en pensiones y en todas las partidas de gasto social.

La única duda que tengo es ¿por qué aplauden los votantes de los partidos de la derecha? Deben pensar que esto de salir a la ventana a las ocho cada tarde es un sustitutivo de la misa del domingo; salen, aplauden, y su conciencia queda limpia, como cuando se confiesan ante el cura. Que hipócrita, cuánto cinismo, qué incongruencia.

En estos días de confinamiento, no solo queda en evidencia la necesidad del Estado de Bienestar y los destrozos en él han hecho los recortes. También ha quedo clara la necesidad de servicios que han desaparecido a lo largo del tiempo o se ha reducido. Se ha hecho palpable la necesidad de Banca Pública; estamos viendo como las entidades financieras privadas utilizan los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para colocar sus productos: seguros de vida, de hogar, entre otros. Es la consecuencia de que el Estado no cuente con una red propia de distribución del crédito.

El Estado se dota de material antidisturbios para defenderse, pero no se ha dotado de material sanitario para defender a la población de una expansión vírica. La desindustrialización nos llevó a ser un país de servicios, desindustrializando hasta negligencia; hoy tenemos empresas que podrían fabricar mascarillas, batas… pero la deslocalización ha hecho que los tengamos que importar de terceros países.

El aplauso de estos días debe servir como toque de atención de que esto no puede continuar por la senda que iba. Soy consciente de que el problema no es exclusivo de nuestro país, por ende la solución tampoco. Es el sistema económico imperante en el mundo el que impone su lógica, pero su lógica mata.

Se comienza a hablar de una reedición de los “Pactos de la Moncloa”; bienvenidos sean si es para revertir las catastróficas condiciones en las que el beneficio de unos pocos nos han situado a muchos. Ese sistema de avaros, de acaparadores y especuladores es el que está detrás de las consecuencias del virus. Es de justicia que sean los especuladores y acumuladores de dinero y propiedades quienes reconstruyan la economía. Evidentemente no albergo ninguna esperanza en que eso ocurra, si de la minoría privilegiada depende. Pero el Estado si tiene la capacidad de establecer las líneas defensivas de lo público. Lo tendrá que hacer con el apoyo de la mayoría de la sociedad, de esa inmensa mayoría que ahora salimos a aplaudir cada tarde.

Cuando la pandemia pase, que pasará, habrá que reconstruir la economía, cloro que sí, pero no desde la lógica del mercado; con espuertas de dinero para sanear empresas, como se hizo con los bancos en la anterior crisis. No vale que digan que el dinero público es para evitar despidos: a las entidades financieras se les entregó más de 60 mil millones y lo “agradecieron” despidiendo a más del 100 mil trabajadores y cerrando más de 20 mil sucursales, dejando al 50% de los municipios de España sin servicio bancario.

La experiencia la tenemos cercana, no cometamos los mismos errores.

 Roberto Tornamira Sánchez

Militante socialista  

 

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¿Cómo salir de esta crisis?

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia los desastrosos efectos en la salud y en el bienestar de la ciudadanía de las políticas de austeridad. En España los recortes del gasto público, que disminuyeron drásticamente los fondos destinados a la financiación de las CCAA,  tuvieron una repercusión nefasta en la sanidad, los servicios sociales y la educación. Estos recortes fueron el resultado de la aplicación de las recetas neoliberales propugnadas por la Unión Europea y aplicadas fundamentalmente por los gobiernos de la derecha. – La reforma de la Constitución para priorizar el pago de la deuda fue una cesión de Zapatero a las exigencias de la Troika y del Partido Popular que son los defensores del neoliberalismo-.  Parece que no se haya aprendido de los errores de la aplicación de las recetas neoliberales que retrasaron la salida de las economías europeas de la crisis de 2008, de la cual, todavía no nos hemos recuperado del todo.

La ideología pesa mucho en el diseño de las políticas para resolver los problemas que tiene planteados la sociedad. Ciertamente necesitamos una Europa que sea capaz de dar una respuesta efectiva y solidaria a la crisis.  No una Europa dividida y enfrentada, donde las economías con superávit- Alemania y Holanda- quieran desembarazarse de los países del sur, deficitarios y más débiles económicamente, aún a costa incluso de de comprometer su propia recuperación, ya que son los países del sur los consumidores de sus productos. Cabe recordar, que para entrar en la Unión, a los países mediterráneos del sur se les obligo a hacer reestructuraciones de sus sectores productivos, que en muchos casos, debilitaron su posición en la división internacional del trabajo, agrandando el peso de los servicios turísticos.

Fue la movilización de los trabajadores europeos junto a las organizaciones y militantes de la resistencia frente al nazismo la que impuso gobiernos de izquierda, principalmente de la socialdemocracia, en la mayoría de estados europeos. El miedo a la expansión del modelo soviético  y la nueva situación internacional, creada tras los pactos de Yalta y Postadam, dio lugar a la aprobación del Plan Marshall y con ello se pusieron los cimientos de una cooperación entre los distintos estados europeos que derivó en la construcción de la Unión Europea. Fueron principalmente los gobiernos socialdemócratas y de izquierda  los que impulsaron reformas fiscales para que las rentas altas paguen más impuestos sobre la renta y la riqueza y pudiera construirse un sistema público de sanidad, seguridad social, y demás derechos sociales de protección que conforman los sistemas de bienestar social europeos. Hoy los partidos de la derecha y los social liberales se disponen a desmantelarlo y reclaman rebajas de impuestos. Pero en estos momentos de crisis se requiere la presencia de un sistema público social en todas sus manifestaciones.

Hoy el proyecto  de construcción europeo puede retroceder si no se da una respuesta unida y solidaria de Unión Europea y no se procede a mutualizar la deuda y se abordan audaces políticas de gasto y rentas. Si, en vez de la solidaridad, se instala la confrontación y las exigencias de sacrificios y austeridad  para los países mediterráneos del sur, el rechazo al proyecto europeo y las opciones políticas ultraderechistas crecerán. Muchos economistas de reconocido prestigio reclaman un nuevo Plan Marshall para salvar a la Unión Europea.

Las que suscriben este documento pensamos que este paso solo se dará con una amplia mayoría de gobiernos de izquierdas en los países que componen la Unión Europea.

Mientras se escribe este artículo, se habla reeditar los Pactos de la Moncloa en España para garantizar la recuperación. Pero, la verdadera intención de la derecha española, como dice Pérez Royo, es dinamitar el gobierno de coalición de la izquierda y poner al Partido Socialista en manos de las tres derechas. 

Lo primero es utilizar todos los medios  para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud de todas  las personas, sin discriminación, jóvenes, mayores, más fuetes y más débiles.   Por lo que respecta a la recuperación económica es necesario un nuevo pacto constitucional federal que garantice las libertades políticas y sindicales; acometa las reformas necesarias con un potente programa social que de respuesta a los retos planteados por el cambio climático, la digitalización de la economía, fortalezca y garantice el sistema público de pensiones, refuerce la sanidad y la educación publicas, de respuesta a la robotización de la producción con el  reparto del trabajo sin disminución de salarios, respalde la prestación de servicios sociales, etc.  

En fechas cercanas a la conmemoración de la proclamación de la II Republica, reivindicamos una reforma constitucional republicana que termine con las rémoras franquistas de la transición.

Marta Climent y Trinidad Piquer

TS Valencia

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¿Pactos de la Moncloa o un gran pacto de los trabajadores y pueblos de España?

La reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa ha sido sin duda la noticia política de estos días, obviamente envuelta en la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. El presidente del Gobierno afirmó, con rotundidad, en su rueda de prensa del domingo día 5 de abril, la necesidad de unos nuevos pactos de la Moncloa. ¿Es posible? ¿De verdad, son necesarios? Intentaré dar respuesta a ello en este artículo, pero permítanme comenzar con un resumen y caracterización de lo que significaron los Pactos de la Moncloa.

¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa de 1977?

Los Pactos de la Moncloa fueron dos Acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977:

  • El Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía.
  • El Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política.

Los firmantes de dichos acuerdos fueron el Gobierno de España presidido por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados; y contó con el apoyo de las asociaciones empresariales, y con una gran resistencia de la clase trabajadora concretada en el rechazo a los mismos por parte de UGT, y el rechazo de muchas secciones sindicales de CCOO, que se oponían al apoyo que sus dirigentes habían mostrado a esos acuerdos. Finalmente, ambos sindicatos acabaron firmando y apoyando los acuerdos.

 El acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía

La situación social tras la muerte del dictador era de lucha. En el primer trimestre de 1976 hubo más de 17.000 huelgas que luchaban contra la continua pérdida de poder adquisitivo de los salarios insuficientes para que los trabajadores y trabajadoras pudieran adquirir alimentos, bienes y servicios de primera necesidad como consecuencia del encarecimiento de los productos tras la crisis del petróleo y el proyecto continuista con el franquismo que representaba Arias Navarro.

El acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, supuso el reconocimiento del despido libre del 5 por 100 de las plantillas de empresa, se tomaron medidas de contención salarial, se fijaron reducciones graduales de los aumentos salariales de convenio hasta 1987 (10 años), al mismo tiempo que se devaluó la peseta, y se adoptaron medidas para contener la inflación y el déficit público. Estas medidas se cumplieron todas.

Otras de las medidas aprobadas, que vista en perspectiva pueden causar estupor, fueron las medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior. Hoy día, a la vista de los papeles de Panamá, las cuentas en Suiza, y los sucesivos escándalos bancarios que nos han sacudido desde hace más de 1 de década, podemos afirmar que estas medidas no se aplicaron.

También se aprobó la contratación temporal sembrando la semilla de la precarización del mercado laboral actual.

En el lado positivo, se reconoció la libertad de asociación sindical. Se acordó redactar un Estatuto de los Trabajadores, que no pudo ver la luz hasta más de dos años después. Aún más, tardó la aplicación de la reforma tributaria que no se produjo hasta 1982, con Josep Borrell en la Secretaría de Estado de Hacienda.

Las reformas en seguridad social no se aplicarían hasta el gobierno de Felipe González que consiguió un sistema sanitario universal, y un sistema de seguridad social, principalmente un sistema de pensiones que los sucesivos gobiernos del PP han golpeado con dureza, en el intento último de ceder esos recursos al mercado que todo lo regula.

Las medidas en políticas agraria, industrial  y energética prepararían las bases para la posterior entrada en el mercado común europeo, y conllevaron limitaciones en la producción de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y energético y, posteriormente, la cesión de la soberanía monetaria a la actual Unión Europea, esa que solo piensa en estar unida para favorecer los intereses del comercio exterior, las multinacionales y el sector Financiero, y que se resquebraja cada vez que se apela a mecanismos de solidaridad interna o cada vez que se le insta a acordar una medida que pueda beneficiar a la clase trabajadora. De aquellos lodos estos barros.

El Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política.

El mayor acuerdo de los Pactos de la Moncloa de 1977 fue en el terreno político e institucional. La validación de la monarquía como jefatura del Estado heredera del franquismo era el acuerdo importante, para posteriormente plasmarlo en la Constitución Española. Franco no lo había dejado todo atado y bien atado, pero los pactos de la Moncloa sirvieron en buena medid para acabar de atar el nudo de la sucesión.

Junto a ello, se tomaron medidas sobre el derecho de las asociaciones políticas, sobre el derecho de reunión, sobre los secretos oficiales, y se acordaron algunas reformas en el código penal y en la ley de enjuciamiento criminal, entre otras.

¿Son Posibles y necesarios unos Nuevos pactos de la Moncloa?

Déjenme exponer tres cosas antes de dar respuesta a la pregunta del título:

1.- La actual Pandemia del virus que causa la COVID-19, no ha causado la necesidad de una reconstrucción nacional que requiera de unos Nuevos pactos de la Moncloa. La Pandemia del virus que causa la COVID-19 ha puesto al descubierto las vergüenzas del sistema económico actual. A saber:

  • Recortes en el sistema sanitario, que da lugar a falta de medios y profesionales para atender las necesidades sociales.

 

  • Un mercado de Trabajo en el que las rentas del Trabajo están cada vez más lejos de las rentas del capital Financiero, propietario de los medios de producción.

 

  • El imperio del Dios Mercado, y particularmente la propiedad privada de los medios de producción, que impide que los estados dispongan de una industria al servicio de las necesidades de las personas o de hoteles e instalaciones gratis para atender la emergencia social.

 

  • Una política tributaria injusta, no progresiva y desigual en la que las grandes fortunas quedan exoneradas de pagar impuestos en detrimento de la redistribución de rentas entre las clases populares, convertidos en los “miserables” de Victor Hugo.

 

  •  Un régimen monárquico que en aras de la unidad del Estado y del mantenimiento de las Instituciones heredadas del franquismo, muestra todas sus flaquezas para dar la respuesta que la Sociedad necesita, negando el derecho de los pueblos a decidir su futuro.

 

  • Una política económica y monetaria subyugada a los intereses del sector Financiero, y de la oligarquía económica que domina el mundo, representada por la Troika (FMI, OCDE, BCE), y que a su vez, subyugaba hasta ahora la posibilidad de romper el déficit 0, y por tanto, la posibilidad de aplicar políticas sociales.

 

  •  La ausencia de una Banca Pública autónoma y la falta de liquidez de empresas, autónomos, que a su vez unas tasas de desempleo sin precedentes.

2.- Durante los meses previos al Coronavirus, numerosos economistas predecían una nueva crisis económica, de escala aún mayor que la de 2009. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaba en su informe anual que la economía mundial se había ralentizado en un 3%, y que se estaba produciendo una contracción de la industria automovilística, manufacturera y del comercio mundial. La bajada del precio del barril de Petróleo también ha ayudado a esta ralentización.

En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha descendido un 70,32%, hundiendo la rentabilidad de otros productores y exportadores energéticos como EEUU, arrastrando en esta crisis de rentabilidad económica a los socios capitalistas que financian el sector.

Nuevamente, el sector Financiero en crisis, aún peor que la de 2009. ¿Los salvamos otra vez con dinero público?

3.- La reedición de unos Nuevos pactos de la Moncloa significaría someter el futuro de la economía al acuerdo a partidos como PP y VOX. Partidos que no destacan precisamente por la transparencia, y su defensa de la democracia y de los derechos sociales y de los pueblos, sino que , al contrario, estarían encantados de abolir los partidos políticos, procesar a todos los dirigentes,(tal y como quiere hacer VOX con Pedro Sánchez), acabar con las autonomías…todo ello para recuperar la línea franquista que Arias Navarro quería mantener cuando los Pactos de la Moncloa de 1977.

Como comprenderán, no parecen posibles unos Nuevos pactos de la Moncloa con estos compañeros de viaje, y tampoco creo que haya que reeditar las mismas fórmulas que en 1977, ni los mismos objetivos. Hoy no toca salvar ningún régimen, sino que hemos de aprovechar la lección que nos brinda la perspectiva del tiempo para aprender de los éxitos y de los errores.

Hoy lo que toca es salvar vidas y para ello necesitamos una economía al servicio de la Sociedad, y no una Sociedad al servicio de la economía. Hoy lo que toca es salvar lo público manteniéndolo libre de las garras de los mercados.

 

Es posible una mayor justicia social con una redistribución equitativa de la riqueza.

En la fecha en que escribo este articulo (9 de abril) y previsiblemente al cierre de la edición de este número de Tribuna Socialista (13 de abril), no se conoce el contenido de los presupuestos de reconstrucción social y económica que el gobierno comenzará a negociar en unos días.

Para mí, igual que para la inmensa mayoría de socialistas con los que he tenido ocasión de hablar y debatir sobre el tema, lo realmente esencial es que estos presupuestos incorporen mayor justicia social y una redistribución equitativa de la riqueza.

Hemos de proteger e invertir en nuestro particular tesoro nacional, nuestro sistema de sanidad pública y universal, tan recortado y maltrecho durante las últimas décadas en beneficio del sector privado y concertado.

Hemos de reforzar la protección y cuidado a nuestros mayores, acabando con esos morideros en los que se han convertido las residencias de ancianos, particularmente las privadas y concertadas, donde…parece mentira…el interés económico se sitúa por encima del interés social, de la salud de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio, y por encima de la salud de los residentes y usuarios, que en su inmensa mayoría son familias trabajadoras.

Hemos de buscar soluciones definitivas a la vivienda, Todo el mundo tiene derecho a un techo y a suministros energéticos, que , en la actualidad, amenazan con generar una nueva hornada de pobres energéticos.

Hemos de acabar con la brecha digital que supone que niños que no disponen de medios tecnológicos o de suministro de telecomunicaciones puedan quedar al margen del sistema educativo

Hemos de recuperar la propiedad pública de los medios de producción que sirven para abastecernos de productos, bienes y Servicios de primera necesidad.

Hemos de garantizar un precio justo a los agricultores, ganaderos y pesqueros y acabar con la especulación de los mercados de alimentación a la que juegan las grandes cadenas de distribución.

Hemos de acabar con la pobreza infantil.

Hemos de generar millones de puestos de Trabajo que garanticen que todo hombre y mujer en plena capacidad pueda aportar su fuerza de Trabajo y ser dignamente recompensados por ello.

Hemos de acabar con el problema ambiental, con el cambio climático, cuyas consecuencias también son vívidos de forma desigual en función de la renta de las personas.

En resumen: Fortalecer la sanidad pública, llenar de contenido económico la Ley de Dependencia, Sistema fiscal justo y eficiente, pobreza energética, frenar los desahucios, pobreza infantil

Y hemos de abordar tres aspectos que se me antojan claves: la monarquía, el federalismo y el futuro en la relación con los estados que hoy conforman la Unión Europea.

La cuestión es clara. Es necesario un gran acuerdo para revertir la situación actual. Espero que la recurrencia al termino “Pactos de la Moncloa” solo suponga una forma de referirse a que es necesario un gran acuerdo de Estado, pero ese gran acuerdo de Estado se tiene que hacer sobre una base bien distinta a la del 1977. La clase trabajadora no puéde volver a pagar la factura de una crisis económica que el COVID-19 nos está mostrando, pero que es causada por un virus mucho más letal, que es el sistema capitalista y el poder del sector Financiero sobre los medios de producción, y eso, es clave.

Por último, igual de importante es contar con un sistema tributario que sirva para redistribuir las rentas del capital para financiar nuestro ansiado estado de bienestar, ese que queremos reconstruir y que es la única garantía de vida para el conjunto de la clase trabajadora.

Desde aquí, todo el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos en esta línea.

Baltasar Santos

Primer Secretario PSC El Vendrell

TS Tarragona.

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