Entrevista a Luis Lombardo Plaza 

Presidente del Comité de Empresa de Telemadrid

Luis Miguel Lombardo Plaza nació en Madrid en 1972. Es titulado en Imagen y Sonido y ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado al sector audiovisual, trabajando en medios de comunicación como Radio Televisión Española y Telemadrid.

Cuenta con una amplia experiencia formativa de profesionales del campo audiovisual en Formación Profesional, Universidad, Centros de Formación para el Empleo y Escuelas de Arte. 

Afiliado a CCOO desde 1991, fue elegido delegado del comité de empresa de Telemadrid en 1999, y desde 2015 es presidente del mismo.

En 2017 pasó a formar parte de la Comisión ejecutiva Comisiones Obreras de Madrid, y en la actualidad es el responsable de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid.

Pregunta.- El próximo mes de enero se cumplirán nueve años desde la presentación del ERE, por el que el gobierno que presidía Ignacio González, a través de sus piezas en la dirección de Telemadrid, pretendieron despedir a 860 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué balance haces de aquel fiasco laboral?

Respuesta.- El balance no puede ser más negativo, a finales del 2003 el Partido Popular de Esperanza Aguirre se hizo con el control de una empresa pública. Por aquel entonces, Telemadrid, contaba con un gran prestigio social y elevados niveles de audiencia, una radiotelevisión exitosa, referente en el sector audiovisual, y la hundió económica y profesionalmente, culpabilizando a los 860 trabajadores a los que nos despidió. Sin piedad llevó a cabo un ERE sin precedentes en la comunidad Madrid. Casi nueve años más tarde, y después de haber conseguido iniciar un proceso de recuperación, vuelven las prácticas de entonces, vuelve a gobernar la radiotelevisión pública madrileña el mismo partido popular, sin complejos. Parece que no hemos aprendido la lección.

P.- ¿Cómo se ha transformado Telemadrid en estos nueve años?

R.- Estos nueve años han servido para conocer las dos caras del Partido Popular en la comunidad Madrid. Después de la pérdida de la mayoría absoluta en el 2015 surgió un partido popular “avergonzado” por los innumerables casos de corrupción relacionados con su etapa de gobiernos en la región. Todo parecía poco para desmarcarse del estigma que suponía haber estado cerca de quienes habían utilizado sus responsabilidades políticas para apropiarse de los recursos públicos de todos los madrileños, lo que se utilizó como justificación para iniciar un proceso de reforma legislativa para RTVM que habilitó mecanismos de transparencia y de control por parte de mayorías cualificadas que, al menos, dificultaba el control gubernamental de la radiotelevisión pública madrileña. Desde entonces hemos vivido un corto periodo de tiempo en el que hemos conseguido recuperar parte de la audiencia y credibilidad perdida con la ciudadanía. Ahora un nuevo golpe de timón del partido popular vuelve a poner en sus manos el control de la radiotelevisión pública, y comienzan a reaparecer las viejas formas de hacer las cosas. Es pronto aún, pero nos tememos que pueda reeditarse una etapa que considerábamos que había quedado atrás.

P.- En vuestra lucha contra el ERE no solo defendíais los puestos de trabajo, también defendíais el derecho de las madrileñas y madrileños a una información plural, veraz e independiente ¿Qué os llevó a poner al mismo nivel los derechos de la plantilla y los derechos del pueblo de Madrid?

  R.- Somos defensores convencidos de los servicios públicos en general y en particular del servicio público de comunicación. Una sociedad madura democráticamente no puede funcionar sin medios de comunicación públicos independientes y plurales..

La razón de ser de una radiotelevisión pública es el servicio público esencial al que la ley le encomienda, estar al servicio de la ciudadanía, ser cercanos y útiles, esto es lo que configura y permite dar viabilidad y futuro a nuestra empresa y, en consecuencia, a nuestro trabajo.

Quien no cree en los servicios públicos tiene como objetivo el deterioro de su calidad para justificar su privatización, lo vemos en la enseñanza, en la sanidad y en los servicios sociales entre otros servicios públicos. Para algunos son sencillamente una fuente de recursos públicos con la que hacer negocios.

P.- ¿Qué valoración haces de la independencia informativa tanto en Telemadrid como en el resto de medios de comunicación públicos en este país?

R.- Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver como natural que la llegada al gobierno supone tomar el control de la radio televisión pública de turno, lo que ha generado un deterioro en la percepción del papel que deben jugar para la sociedad. Hacen falta ejemplos como el que hemos conseguido dar en los últimos años desde RTVM para evidenciar que un modelo de radiotelevisión pública independiente y útil para la ciudadanía es posible, que otro modelo de gestión es posible, que con el compromiso del conjunto de las fuerzas políticas pueden y deben habilitarse mecanismos que impidan un control gubernamental de los medios de comunicación públicos.

P.- El que fue Director General del Ente Público Radio Telemadrid Madrid, José Antonio Sánchez, y hoy es Administrador provisional, ha dicho que reducirá un 10% el presupuesto de la compañía, pero que no afectará a la plantilla ¿Qué credibilidad tiene para la plantilla esta afirmación?

  R.- Estamos hablando del presupuesto más reducido del conjunto de las televisiones públicas del Estado con una programación basada en su mayoría en producción en directo que dificulta en gran medida aplicar ningún recorte. Estaremos alerta.

P.- La plantilla de Telemadrid, con su Comité de Empresa y sus secciones sindicales a la cabeza, es una referencia de resistencia y dignidad en la defensa de los puestos de trabajo ¿Veis a corto plazo una situación de lucha como la que llevasteis hace nueve años?

R.- La lucha en la defensa de la radio televisión pública no es algo que deba circunscribirse a una etapa concreta, que tenga una fecha de inicio y de fin es una situación de trabajo constante de denuncia, algo que nunca hemos dejado de hacer y que no vamos abandonar, es una carrera de larga distancia en la que pretenden agotarnos pero no vamos a rendirnos, hemos conseguido demostrar cuáles fueron las verdaderas causas del hundimiento y descrédito de nuestra cadena, ahora el conjunto de la sociedad madrileña debe impedir que se  les vuelva a arrebatar su radiotelevisión pública y que se vuelva a repetir la historia. El conjunto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y profesionales deben encabezar la defensa de un servicio público esencial con mayúsculas, nosotros vamos a estar ahí siempre, en la defensa de los servicios públicos, en la defensa del imprescindible papel que para la Comunidad de Madrid debe jugar Telemadrid y OndaMadrid

P.- Hace dos años Telemadrid celebró su 30 Aniversario ¿Qué parte de esa efeméride celebrasteis los trabajadores y trabajadoras?

R.- Poco podíamos celebrar con la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros despedidos en la calle. Pero después de una oscura etapa de participar y ver que su recuperación era posible.

Telemadrid y Ondamadrid sobrevivirán a quienes ahora vuelven a intentar aprovecharse de ellas. Nosotros vemos como una pesadilla la etapa que parece iniciarse de nuevo. Pero esto no debe ocultar todo lo bueno y positivo que ha habido y habrá en torno al logotipo de Telemadrid y el de OndaMadrid.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

Manifestación en Madrid, 16 de octubre

Defendemos las Pensiones Públicas

Auditoría pública y transparente a las cuentas de la

Seguridad Social

Bajo lemas similares a los del título de esta crónica, desfilaron con cientos de pancartas colectivas y carteles artesanales: por el paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, hasta llegar a la Puerta del Sol, no menos de 25.000 personas. Muchas de ellas llegadas desde diferentes puntos del Estado español.

No solo fue una Manifestación de jubilados, fue una Manifestación intergeneracional, en la que había familias enteras reivindicando que se realice una Auditoría, pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social; reivindicación que nace de la desconfianza de millones de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos… que desde hace mucho sospechaban que con el dinero de las pensiones se pagan otros gastos impropios a los fines de las cotizaciones. Esa sospecha pasó a ser una realidad cuando el Tribunal de Cuentas, una institución nada sospechosa de antisistema, revolucionaria o izquierdista, hizo público en 2020 un informe en el que exigía al Estado a resarcir a la Seguridad Social más de 100.000 millones de euros por gastos impropios. Ese dinero obedecería únicamente al periodo 1989-2013, y habría que actualizarlo (al menos con el IPC) además de ampliar el periodo de estudio. Al calor del informe del Tesoro Público, la Federación Pensionistas de CCOO estimó que, de no haberse pagado gastos indebidamente con el dinero de las pensiones, el Fondo de Reserva, coloquialmente conocido como la “hucha de las Pensiones”, tendrán un saldo superior al medio billón de euros.

Después han sido el Banco de España y el propio señor Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes han confirmado lo manifestado en dicho informe, si bien no se han puesto de acuerdo en la cuantía de lo “sangrado” a la Hucha de las Pensiones. Los manifestantes corearon lemas y cánticos contra la continua sucesión de reformas de la Seguridad Social -una más está en marcha-, siempre con el objetivo de ajustar y recortar el gasto en pensiones, a nombre de una supuesta quiebra nunca demostrada.

Entre la multitud de grupos, asociaciones, colectivos y organizaciones que convocaron y se dieron cita, estuvo el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP): Comité del que participa Tribuna Socialista.

Como en todas las Manifestaciones, se repartieron comunicados, folletos y se vendieron periódicos haciéndose eco de las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora: derogación de las reformas laborales, alto a los despidos en la industria, derogación de la “Ley Mordaza”, que el Emérito entregue la fortuna, acumulada delictivamente, a los pueblos del Estado español… Todo ello en un ambiente reivindicativo.

Una de las informaciones que se repartió, fue la campaña de “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones y por la Auditoría”, suscrita por cerca de 500 sindicalistas, principalmente de UGT y de CCOO, de todos los territorios del Estado y de distintos sectores de actividad.

El sentir de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita en la mañana del sábado 16 de octubre en Madrid era muy claro: “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Roberto Tornamira

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Impostores

Dice Puchito en una de sus canciones que ni afina, ni canta. Sería una de las definiciones que le delatarían como impostor ya que él destaca y se está convirtiendo en uno de los cantantes más en boga, como se decía antes, del último año. Yo le conozco desde hace varios, pero no es mérito mío. No he estado meses a la busca de nuevos talentos musicales en el desértico y desalentador panorama de la música nacional, si lo que escuchas es lo que ves por las cadenas de Tv, repletas de ‘Talent Shows’, además cuentas con la respetable cifra de 62 años y estás anclado en el rock de los 60 y 70, el pop británico de los 80 y en la Movida madrileña-viguesa-catalano-malagueña-levantina y los cantautores de las narices como decía el inigualable Aute, léase los Imperecederos e inmortales: Serrat, Sabina, Hilario, el propio Aute con los actuales Melendi y los hermanos Muñoz, que llevan años repartiendo estopa.
MI conocimiento viene gracias a dos factores, que de menor a mayor serían: los Javis, esos genios de la cinematografía y el serial televisivo con su estratosférica ‘Paquita Salas’, compendio, manual y guía de cómo hacer una serie; y en segundo, pero realmente primer plano, mi hija de 17 años, que conoce al tal Puchito de antes de su explosión con el último LP, como se decía AC (antes de Cristo), cuando aún firmaba como ‘Crema’ del que se declaraba fan. Jura y perjura, la mía hija, que me puso alguna de sus canciones, y jura y perjura que yo la escuche, lo que me hace conocedor de Puchito hace lo menos cuatro años, un universo en el calendario relativo de mi hija. Juro y perjuro que no lo recuerdo.
Sí recuerdo la sintonía de cierre de uno de los capítulos, el final de la grandiosa serie antes mencionada, en un principio un heterodoxo bolero llamado ‘Un Veneno’, terminada en una extraña ¿taranta? en la que colabora el Niño de Elche. Fue mi primer contacto con ‘El Madrileño’ que me parece el mejor CD, LP, Álbum, o como coño se llame, publicado en los últimos años en España y en parte del extranjero. Sorprende, su eclecticismo por la variedad de sones, estilos, en cada uno de los temas, que además desde la apertura de la obra ‘Demasiadas mujeres’ los va desarrollando con una unicidad diferente en cada uno de ellos, yendo desde el flamenco en alguna de sus variaciones a la bossa nova, los ritmos de todo el continente hispanoamericano, islas incluidas. Incontables colaboraciones y prestamos de letras y músicas, que desde una frase que suena apenas perceptible y que poco a poco va entrando hasta cobrar protagonismo (impresionante La Campanera), hasta palabras y fraseos musicales que de repente dan un paso al frente (Cómo quieres que te quiera…) (Quién me va a curar el corazón partio…).
Y una genialidad detrás de otra, hasta llegar al culmen con dos colaboraciones dignas de los maestros que las producen: Kiko Veneno con una de sus siempre sencillas y cotidianas maravillas, ‘Los Tontos’ y para cerrarlo con una crónica de Calamaro, ‘Hong Kong’, que podría retratar a cualquiera de los que rondamos los sesenta y hemos tenido la suerte de sobrevivir a las décadas prodigiosas, porque lo único que realmente hemos tenido ha sido una flor en el culo, aunque no hayamos tenido ni una geisha en Japón, ni un camello en Hong Kong. Madrid siempre ha estado bien surtido de todo.
Puchito, Antón, C. Tangana es un impostor. Nos da todo y no nos da nada. No solo es lo que dice, sino como lo dice, acompañado por una serie de video clips (¿se siguen llamando así?) que son primorosos cortos al más puro estilo conceptual, delicadas pastillas de sustancias sicotrópicas, sugerentes como las letras de sus canciones. Iba a hablar de otros impostores, empezando por mí mismo, pero lo dejaré para mejor ocasión. Escuchad y disfrutad esta pequeña maravilla que se llama ‘El Madrileño’ compuesto y escrito, entre otros, pero de forma completa por este impostor de músico, poeta, literato, criado en el San Viator y por tanto en el barrio de Usera, vivero de iconoclastas, que hace nada era un perfecto desconocido, pero ha dado un golpe en el grafeno de nuestras pantallas y se ha presentado con un grito susurrado.
Gracias por todo Maestro. Salud Compañeros.
Epílogo. Poseído por el espíritu de La Vuelta al Cole, puede que el anuncio más odiado por la población escolar del país, ni siquiera os he saludado al comienzo de esta crónica. Bienhallados.
Martín Lozano

Derogación reforma laboral: no hay más tiempo que perder

Fue el 30 de noviembre de 2019, cuando PSOE y UP firmaron el acuerdo de coalición que dio lugar a la constitución del Gobierno actual. Han pasado más de 600 días y la tan manoseada derogación de la reforma laboral de 2012 sigue aún vigente, prácticamente en todos sus términos.


Todo este tiempo transcurrido, ha dado para muchas declaraciones de ministras y ministros del Gobierno, incluido su presidente Pedro Sánchez. Además del acuerdo firmado por PSOE, UP y EH Bildu que se comprometían a “…. derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivada de la crisis originada por el Covid-19”, sobran comentarios para los intereses de la clase trabajadora sobre la nota aclaratoria enviada por Whasapp del PSOE ese mismo día por la noche.


La triste realidad a fecha de este artículo, es que la única medida efectiva es la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que regulaba el despido objetivo por acumulación de ausencias al trabajo justificadas, incluidas las bajas médicas de corta duración, si bien ya recordó el Ministerio de Trabajo, que las empresas pueden usar ahora la vía del despido disciplinario, indemnizado con 33 días en lugar de 20, para ausencias justificadas e injustificadas, por tanto el despido del trabajador por esta causa sigue vigente.
En el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con datos hasta el segundo trimestre del año 2021, apunta un incremento de los despidos del 41,3% y del 24,7% respecto a las reclamaciones de cantidad. (Periodo -2º trimestre 2020- 2º trimestre 2021. Covid-19.)


Los datos reflejan de manera clara y contundente que la pandemia ha puesto de manifiesto la crisis social y económica que ya se venía gestando, siendo una vez más los trabajadores quienes la estamos sufriendo.


Es evidente que se han llevado a cabo medidas para paliar esta crisis, si bien con la pequeña perspectiva que logramos alcanzar, como siempre se ha favorecido más a las empresas (excluyamos autónomos y micro-empresa) que a la clase trabajadora. A fin de cuentas, ¿De qué le sirve a un trabajador una mejora en su indemnización si lo importante es que se ha quedado sin su trabajo?
Desde la reforma laboral del año 1984 hasta la del año 2012 nos encontramos que en materia de contratación si bien el mercado de trabajo ha sido capaz de generar un gran volumen de empleos, este ha sido temporal y de muy baja calidad aún en los tiempos de bonanza económica, situándonos en fechas actuales en un 26,8% de trabajos temporales lo que representa casi el doble de la media de la Unión Europea que es del 14,2%. A esto hay que añadir la flexibilización en la contratación a tiempo parcial que ha dado lugar en los últimos tiempos a grandes nichos de contratos en fraude de ley con la consiguiente pérdida de ingresos en la caja de la Seguridad Social.


Si abordamos la “salida del mercado de trabajo”, es decir, los despidos de los trabadores en román paladino, la indemnización ha pasado de 45 a 33 días de salario por año de servicio para los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012. En los contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012 pero que se extingan tras dicha fecha, el importe de la indemnización no podrá ser superior a 720 días y se ha eliminado el pago de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. En concreto con las últimas reformas que han abaratado y facilitado el despido, ha conllevado un aumento de número de despidos al utilizarlo las empresas de manera excesiva y no utilizando como último recurso como ocurre en otros países de nuestro entorno.
Además, la reforma laboral del año 2012 facilita la modificación de las condiciones laborales de manera unilateral por las empresas, eliminaba la prórroga automática de los convenios transcurrido un año (la llamada ultraactividad) y establecía la primacía de los convenios de empresa frente a los de sector.


No nos podemos olvidar que, en total, los principales EREs presentados por grandes compañías (Endesa, El Corte Inglés, Caixabank-Bankia, BBVA, Sabadell, Norwegian, H&M, Naturgy, Seat, etc…) en los últimos meses cuentan con una cifra aproximada de 30.000 despedidos, y todo indica que no van a parar de despedir a trabajadoras y trabajadores.


Por tanto, pasado este tiempo y viendo los dimes y diretes de este Gobierno de coalición, claro incumplidor de sus propios compromisos y a la vista de la posición de este Gobierno y su política de marketing vacía de hechos en favor de los trabajadores, hace imprescindible que las dos direcciones de los sindicatos de clase (UGT-CCOO) lleven a término sus declaraciones en pos de la derogación de la reforma laboral del PP y no sólo de sus aspectos más lesivos y para ello convoquen a movilizarse a los trabajadores y así eliminar esta parálisis en la que estamos envueltos.

Jose Antonio Fdez. Guerras

TRANSICIÓN JUSTA… ¿Qué transición JUSTA?

Detrás de la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación para afrontar la reciente crisis económico – sanitaria, ¿hay una visión renovada de la Socialdemocracia internacional?


Los efectos de la crisis económica del 2008, más la crisis sanitaria del COVID han sido devastadores; se han visto acrecentados por las medidas tomadas desde las políticas neoliberales que se aplicaron para “salir” de la debacle económica. Los resultados son, por ejemplo: el estado lamentable de los servicios públicos, y más en concreto de la sanidad pública a la que esos postulados liberales han dejado sin medios suficientes ante cualquier situación de peligro y se ha deteriorado gravemente la atención sanitaria en general.
Son muchas las voces que han escrito y hablado con rigor sobre las causas y consecuencias de adoptar esas ideas dogmáticas, de sesgo neoliberal, y la catástrofe social a la que de manera reiterada conducen una y otra vez, J. Torres, M. Etxezarreta, T. Ferrer, J. L. Rodríguez Zapatero, P. Krugman, V. Navarro, y otros, venían alertando del error del austericidio provocado por las políticas económicas tras 2008, y de la catástrofe sanitaria ocasionada por el abandono de la prevención, la investigación y las políticas sanitarias públicas; de ahí la necesidad de un giro copernicano que establezca la primacía de lo SOCIAL como paradigma de la Economía, supeditando esta a las personas y no al revés.
Si tenemos como referencia esa visión de nuestra sociedad, los Fondos de Recuperación permitirán un relanzamiento político y económico europeo, a corto y medio plazo, pero no será sostenible en el tiempo; salvo que se reviertan las condiciones socio laborales que se aplicaron en su día bajo el pretexto de ser medidas “necesarias” para salir de la crisis: Reforma laboral de la Negociación Colectiva, deflación salarial y precariedad laboral como mantras del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España cuando actúa de vocero del BCE.


Es, en mi opinión, fundamental que los Fondos tengan las consecuencias que todos esperamos, paliar y recuperar los servicios públicos dotándoles de los presupuestos que fueron recortados. También, hay que recordar que ni las crisis ni sus causas son achacables a los trabajadores ni al modelo social Democrático de Derecho, sino al modelo económico imperante y que crisis tras crisis siempre es el Estado de Bienestar, el sector Público, quien acude al rescate de los sectores privados (Banca, Inmobiliario, etc.). Con un esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar lo que unos pocos, casi siempre los mismos, han dilapidado.


Si no corregimos en profundidad este modelo económico injusto e ineficiente; solo hay que ver los efectos medioambientales del modelo económico actual, volverá a ocurrir lo mismo inevitablemente, y no nos referimos sólo a las crisis sistémicas inherentes a él, también a las medidas que las derechas adoptan para lavar sus errores y culparnos a los demás. Los Fondos no pueden ser un simple cuidado paliativo de un enfermo crónico, deben ayudar, pero ellos solos no cambiaran, pasado el tiempo, las causas del problema.


El verdadero problema, el causante recurrente es el modelo económico neoliberal, una teoría económica que, de manera taimada, oculta que si es evaluada con los mismos criterios que ella exige y de los que presume, no cumpliría ninguno de ellos:

-Eficacia y eficiencia

-Creación constante de riqueza

-Progreso social

Este es el absurdo intelectual y económico del paradigma neoliberal, presumir crisis tras crisis de eficacia económica durante el bucle temporal del Día de la Marmota.

Eduardo Hernández Oñate
Presidente de ASTRADE

¿De verdad es necesario reformar las pensiones?

La necesidad de reforma de las pensiones se asienta sobre una falsedad: el sistema de la seguridad social es deficitario.


El movimiento de pensionistas lleva años denunciando que algunas políticas que debían financiarse con el Presupuesto del Estado, se estaban financiando indebidamente con cotizaciones sociales, esto es, con la caja de las pensiones.
El ministro lo reconoció en Cortes en julio cuando presentaba los Acuerdos del Diálogo Social. Dijo que, además de los gastos en pensiones, con “las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo largo de muchos años políticas de distinta naturaleza”. En el año 2020, suponían un total de 22.000 millones de euros. Escrivá reconoce que en el último ejercicio “los gastos impropios superan el nivel de déficit de la Seguridad Social”. Por tanto, si detraemos los gastos impropios, las cuentas de la Seguridad Social deberían mostrar superávit.


Conocer a cuánto asciende el saqueo que el propio Escrivá reconoce es una obligación, de ahí la exigencia de realización de una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Porque toda discusión sobre el futuro de la Seguridad Social exige partir de bases sólidas.


El déficit que justifica la reforma de las pensiones es un falso déficit. Son gastos dedicados a políticas de mejora de la contratación, políticas activas de empleo, subvenciones a determinados regímenes …, que no corresponde a la caja de las pensiones sino a PGE. .


El artículo 109.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Presupuesto del Estado (PGE) debe hacer las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones contributivas. En lugar de ello, Hacienda dio préstamos a la Seguridad Social. Una manipulación contable que permite que el gasto no figure en los PGE, aumentando el déficit del Estado, y, como contrapartida, en las cuentas de la S. Social aparece como gasto, creándole un déficit financiado con préstamos.


Con estas operaciones, la Seguridad Social aparece con una deuda de más de 85.000 millones de euros a 1 de diciembre de 2020.


Todas estos hechos invitan a pensar que el relato que justifica la reforma de las pensiones es una cortina de humo y por ello las organizaciones de pensionistas preparan una concentración el 16 de octubre ante las Cortes, exigiendo claridad.

Carlos Martínez
Militante UGT

Con las Pensiones, las cuentas claras

Desde la década de los 80 del pasado siglo, como mínimo, se viene poniendo a las Pensiones en el punto de mira de los recortes, además de ser el objeto del deseo del capital financiero; el gasto en pensiones está en torno a los 10.000 millones de euros mensuales, bancos y aseguradoras, nacionales e internacionales, “babean” por hincar el diente a estas macro cifras.
Los pronósticos, hipótesis y proyecciones de los economistas que trabajan para generar opinión favorable a los intereses del capital, vienen equivocándose desde hace cuatro décadas, pues, según sus predicciones, el sistema tendría que haber quebrado ya en varias ocasiones. Pero eso le ha dado lo mismo a los gobiernos.


En 1985 se llevó a cabo el primer rejón, cuando el periodo mínimo para tener acceso a la pensión pasó de 10 a 15 años y los años que se tenían en cuenta para hallar la base reguladora pasó de los 2 últimos años cotizados a los últimos 8. En 1997 se pasó de los 8 últimos años cotizados a 15. Desde la reforma de 2011, los años para hallar la base reguladora de la pensión ha ido creciendo y, a partir del próximo año 2022 será de los últimos 25 años cotizados. Cada año más de cotización que se toma para saber la base de nuestra futura Pensión, la cifra resultante decrece, pues cuanto más atrás en el tiempo el salario fue inferior. Este es solo uno de los factores que se ha utilizado para bajar la cuantía de las pensiones.


Con la reforma de 2011, se retrasó la edad de jubilación legal, de forma progresiva, de 65 a 67 (edad de jubilación que se alcanzará en 2027), y en la reforma que está en curso se alienta a que los trabajadores y trabajadoras continúen trabajando más allá de los 67. La reforma de 2013 introdujo el “factor de sostenibilidad”, que pone la pensión en relación con la esperanza de vida, y la revalorización al 0,25%, durante los años del Gobierno de Rajoy, devaluaron el poder de compra de los pensionistas al crecer las pensiones menos que los precios (IPC).


El caso es que cada vez que se reúne el Pacto de Toledo lo hace para rebajar la pensión por la que los trabajadores han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Argumentan que el sistema es insostenible porque comienzan a jubilarse los trabajadores y trabajadoras de la generación del “baby boom”, pero lo que no dicen es que esos trabajadores y trabajadoras, igual que son muchos para cobrar la pensión también fueron muchos y muchas para cotizar.
Como se ve, no han terminado los plazos introducidos por las reformas anteriores cuando ya está en curso una nueva reforma. Se sabe que se va a cambiar el eufemismo “factor de sostenibilidad (FS)” por otro, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)”. El primero ya sabemos que consiste en repartir una cantidad fija a lo largo de los años desde la jubilación hasta la media de edad de mortalidad, frente al establecimiento de una pensión indistintamente de los años a los que se produzca el fallecimiento. Aún no está claro en qué consiste el MEI, pero me atrevo a pronosticar que no va a ser para subir las pensiones. Por otra parte, se penaliza a los trabajadores que se jubilen anticipadamente, aunque hayan cotizado más de 40 años. Es una media muy injusta, pues se penaliza a la generación que más ha aportado. Y puede ser doblemente injusta si se aplica a los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo entorno a los 60 años por la aplicación de un ERE.


Lo que verdaderamente supone una hemorragia económica para el sistema público de pensiones no es si hay más pensionistas o si las pensiones suben más que los precios. El problema está en tres hechos irrefutables: las consecutivas reducciones y exenciones de las cotizaciones a las empresas, la devaluación salarial, y el pago, con dinero de las pensiones, de gastos, que correspondían al Estado.


En el primer aspecto, ningún gobierno debiera haber tocado las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, pues eso es lo mismo que tocar la nómina de los trabajadores, ya que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen carácter de salario diferido. Por tanto, lo que habría que hacer, en lugar de aplicar nuevos recortes a las pensiones, es revertir las bonificaciones y exenciones a las empresas.


El segundo factor, tiene que ver con la promesa del Gobierno de coalición, incumplida a fecha de hoy, de derogar íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012. La hegemonía del convenio de empresa sobre el sectorial, la posibilidad de los empresarios de descolgarse de la aplicación de convenio o la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios, son tan solo tres ejemplos de los mecanismos de devaluación salarial que han tenido lugar en nuestro país desde 2010 hasta hoy.


El tercer elemento lo aportan el Banco de España, el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, y el Tesoro Público; en relación con el dinero que debiéndose haber pagado por el Estado se pagó con el dinero de las cotizaciones. Las tres fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad ni en el periodo de años. Por tanto, tomo como referencia los datos del Tesoro Público, quien dice que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social pagó, con dinero de las Pensiones, partidas que correspondían al Estado. La cantidad estimada está entre 100.000 y 155.000 millones de euros. Si, además, esa cantidad se actualizase con la capitalización que podría haber obtenido, la cifra no bajaría de los 200.000 millones de euros.


Esto último, es lo que, con justicia, lleva al movimiento de pensionistas a exigir que se realice una Auditoría pública y transparente de las cuentas de la Seguridad Social. Esta reivindicación es el eje de la movilización que ha sido convocada para el 16 de octubre próximo. Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios.

Las cuentas claras.

Pascual Sánchez
Militante socialista

El SMI: Una palanca para la recuperación justa

Durante la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19 con sus pavorosos efectos económicos y sociales, se ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo consenso a nivel internacional: no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera. Como resultado de este cambio de orientación, la Unión Europea (UE) ha adoptado una decisión histórica con el Plan de Recuperación (Next Generation EU), pese las reservas de los sectores neoliberales a una acción económica y financiera común.


Cada vez hay más voces que defienden que la salida de esta pandemia y la recuperación de la economía y el empleo pasa por no repetir los recortes de los derechos laborales, en los servicios públicos y también en los sistemas públicos de pensiones impuestos por las políticas neoliberales en la crisis de 2008. En esa línea el Gobierno de PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas para proteger las rentas familiares y el tejido productivo, como las ayudas a las empresas, los ERTES, la prestación extraordinaria para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.


La pandemia ha agudizado las desigualdades y pobreza laboral que ya existían en nuestro país, como consecuencia de la reforma laboral y de los recortes sociales del Partido Popular. Así, la etapa de recuperación de la economía desde 2014 se sustentó en la precariedad y los bajos salarios, pero ese modelo sociolaboral produce que la redistribución de la renta sea profundamente injusta y que las prestaciones sociales no den cobertura a todas las personas vulnerables.


Según un informe recientemente publicado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los trabajadores pobres han aumentado un 12% en Europa y un 16% en España. El análisis de los datos refleja que, a pesar de la mejora de la coyuntura económica de 2010 a 2019, el porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza creció. Esto dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, incrementada con la llegada de la crisis del coronavirus. Una forma de abordar una recuperación justa es a través de la garantía de unos salarios dignos para las personas trabajadoras.


La economía a nivel global, europeo y de nuestro país ha iniciado una fase de recuperación, pero es aún insuficiente para superar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía y el empleo. La erradicación de las desigualdades sociales, que corren el riesgo de cronificarse como consecuencia del desempleo y del repunte de los precios que afecta a las rentas familiares, y en particular a los jóvenes y personas vulnerables, establecen un nuevo desafío: repartir la recuperación de forma justa. Y ello mediante el empleo con derechos y el crecimiento de los salarios impulsados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


La nueva frontera de la recuperación justa ha sido explicitada con contundencia por el presidente de EE.UU, Joe Biden, al responder a los empresarios a una pregunta sobre la escasez de trabajadores en el país, especialmente tras la pandemia de coronavirus pese a los millones que aún permanecen en el desempleo. El presidente contestó: “’¡Páguenles más!”. El presidente afirmó en mayo que la aceleración del ritmo de crecimiento de los salarios era una “característica” y “no un defecto” de la economía postpandemia; en abril había promulgado un decreto que establece que todas aquellas empresas “bajo contrato con el Gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora” a sus trabajadores, anteriormente fijado en 10,95 dólares la hora. La medida para incrementar el salario mínimo a los trabajadores que sean contratados por empresas o subcontratas federales empezará a aplicarse a finales de marzo de 2022. Los salarios se aumentarán después en función de la inflación anual.


La Comisión Europea presentó en el mes de febrero un proyecto de Directiva de salarios mínimos, para garantizar que estos no sean inferiores al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio de cada Estado miembro. La propuesta es un paso importante, pero adolece de naturaleza obligatoria, es decir, la Comisión Europea lo propone cono una guía indicativa para los Estados. Sin embargo la CES demanda que este “umbral de decencia” sea obligatorio, lo que permitiría que más de 24 millones de europeos pudieran beneficiarse de un aumento de sueldo.


La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), ha elaborado un informe sobre los 22 estados europeos que tienen regulado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): de los estados analizados -21 comunitarios más el Reino Unido que tienen regulado el SMI (faltan Dinamarca, Croacia, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia)- sólo España, Bélgica, Estonia y Grecia han congelado el SMI este año. Los otros 18 restantes lo elevaron en porcentajes que fluctúan desde el 1% de Irlanda, Francia y Malta hasta el 16,3% de subida de Letonia.


En 2019 el gobernador del Banco España, en una comparecencia en el Congreso, anunció los graves efectos negativos sobre la evolución del empleo que supondría la subida del SMI a 900 euros mensuales, ya que podría provocar pérdidas de empleo a los trabajadores jóvenes y los más mayores, llegando a cuantificar la destrucción de puestos de trabajo en unos 160.000 empleos (un 0,8% del total de los ocupados). Recientemente el Banco de España publicó un análisis sobre los impactos que tuvo en términos de empleo el alza del 22,3% en 2019, llegando a la misma y anticipada conclusión: la subida del SMI aprobada por el Gobierno pasó una elevada factura a los trabajadores que percibían esta remuneración. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los mayores de 45 años, mientras que la creación de empleo disminuyó entre los más jóvenes.
El Gobierno de Coalición adoptó en su programa el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura, en cumplimiento de la Carta Social Europea. Para ello se creó una comisión de personas expertas para definir cuál es el 60% del salario medio y la senda para alcanzarlo en 2023. La comisión ya ha hecho públicas sus conclusiones a partir de tres escenarios: Desde el SMI actual de los 950 euros mensuales en 14 pagas, el objetivo del 60% del salario medio en España llegaría a los 1.011 euros brutos al mes, considerando que no suben los salarios en España en 2020, y los 1.049 euros brutos al mes en el escenario de mayor aumento de los sueldos. Por lo tanto, en los próximos tres años se tendría que plasmar ese aumento del SMI de los 61 a 99 euros en términos absolutos.


A principios 2021 el Gobierno de Coalición aplazó la actualización del SMI con el argumento de no dañar la recuperación económica y la eventual generación de empleo, esperando revisar esta situación en esta mitad de año según la evolución de la pandemia y de la economía y el empleo. UGT y CCOO ya han advertido al Gobierno de que sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%. Esta reclamación sindical se ha encontrado con la oposición de las organizaciones patronales.


La comisión de expertos prevé, en los tres escenarios, una posible subida para este año entre 12 y 19 euros, que dejarían el SMI en 2021 entre los 962 y 969 euros, pero dejando claro que no les corresponde a ellos decidir, al igual que el propio gobernador del Banco de España, que con prudencia ha reconocido que la decisión corresponde a los ámbitos políticos. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está recogido en nuestra regulación, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía. También se establece que el Gobierno debe antes consultar a las organizaciones empresariales y sindicales a través del diálogo social.

Toni Ferrer

Los trabajadores esperan que el Gobierno actúe

Mientras que el Banco de España, organizaciones empresariales, Gobierno y medios de comunicación anuncian los porcentajes de recuperación económica previsibles no dejan de aparecer noticias que, en los hechos, contradicen lo anunciado por instituciones y entidades de alto nivel.


El Banco de España, el Gobierno, los economistas de la OCDE y otros organismos internacionales, prevén un crecimiento económico entre el 6,2% y el 6,5% para el presente año 2021, claro que, lo que no dicen o como mucho susurran es que ese crecimiento es sobre la caída del 11% de 2020. Ya sabemos con qué criterios actúan estos organismos, por lo que su fiabilidad es bien poca.
En paralelo a esta noticia de ámbito nacional, aparece la quiebra financiera de Evergrande, la mayor promotora inmobiliaria de China, que tiene una deuda de 260.000 millones de euros y que el pasivo de esta súper empresa involucra a 170 bancos chinos y 121 instituciones no bancarias. La inmobiliaria se ha entrampado con los bancos, con los acreedores y con sus clientes, pero, además, tiene que acabar un billón de pisos vendidos sobre planos, lo cual tendrá repercusión directa sobre todas las familias chinas que habían confiado su vivienda y ahorros a la mencionada inmobiliaria. ¿Alguien piensa que esta nueva crisis inmobiliaria, con posibles efectos financieros, no va a tener repercusiones en la economía internacional y por supuesto en la economía española?


Europa está en el ojo del huracán o al pie del volcán. La carencia de chips o semiconductores que tiene una afectación del 71% en la industria manufactureras alemana, motor de la industria europea, pone en peligro a todo el sector automilístico, destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo, como está previsto que suceda con NISSAN. En España, SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 11.348 trabajadores en turnos rotativos durante nueve meses, justificando el ERTE por la falta de semiconductores concentrados principalmente en Asia, donde se localizan la mayor parte de las empresas fabricantes de semiconductores. Es una situación equiparable a lo ocurrido hace unos meses, cuando en España no había mascarillas porque toda la producción llega de los países asiáticos. Pero el problema no es solo de microchips, afecta a toda la industria en general. Si tenemos en cuenta el Valor Añadido Bruto (VAB), que es un índice más preciso que el PIB, veremos que, en España, el VAB de la industria era del 25,9% en 1980, y en 2019, año no afectado por la pandemia, descendió al 14%. En función del PIB, el porcentaje del peso de la industria fue del 12,6%.


La caída del peso de la industria en la economía es un problema que afecta al conjunto de la UE. En un comunicado conjunto de UGT y CCOO en SEAT recuerdan que “en 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores a nivel mundial, cifra que se ha reducido al 10% actualmente, como consecuencia de la política de deslocalización de parte de la industria, buscando países con mano de obra más barata para maximizar beneficios”.


Más de 253.000 trabajadores están de ERTE en España, un dirigente sindical decía hace pocos días: “Algo huele mal”, decenas de empresas afectadas por ERTES en áreas que han recuperado buena parte de su actividad continúan de ERTE.


A la pérdida de poder adquisitivo que supone para un trabajador estar en ERTE (normalmente una bajada de 30% de su salario), se suma la incertidumbre de tener empleo o no, a lo que hay que añadir la pérdida de poder de compra de los salarios por las subidas de precios de forma desorbitada como es el caso del suministro eléctrico.


Mientras que las tres principales empresas eléctricas del país han ganado 26.000 millones de euros, suben el precio del Mg/h de forma descomunal e injustificada. Es el abuso sobre el abuso. Es urgente recuperar las empresas que fueron privatizadas sin demora.


Para evitar la oleada de despidos que se avecina, para que paren los abusos de las multinacionales y del sector financiero, para garantizar el suministro eléctrico necesario para vivir en un país desarrollado ¿no haría falta que el Gobierno recuperase las empresas que producen, distribuyen, y suministran esos productos a fín de garantizar que ninguna familia careciera de tal suministro?.


Comité de Redacción

Más allá de condenar a los talibanes¿Qué ha hecho occidente en Afganistán?

La retirada definitiva de los EEUU de Afganistán ha puesto fin a 20 años de ocupación occidental en el país, dando lugar a la caída del gobierno títere y corrupto, en beneficio de los talibanes que vuelven a ocupar el poder 20 años después.


Hoy todo occidente se hace eco de la pérdida de derechos humanos, especialmente para las mujeres y colectivos minoritarios. Es cierto, pero ¿para qué han servido los 20 años de ocupación?


Biden lo ha dejado bien claro “el objetivo de la presencia aliada en Afganistán nunca ha sido construir un estado democrático ni estructurado en el país, sino impedir que fuera una base para ataques terroristas”.


Como vemos, nunca hubo interés por reconstruir un estado democrático. El único objetivo después del atentado contra las Torres Gemelas en 2001, ha sido la lucha contra el terrorismo, y mientras tanto, se ha mantenido un gobierno corrupto formado por señores de la guerra de las minorías uzbekas, tayikas y hazara que controlaban una parte del país.


Ni los 20 años de presencia militar occidental ni los dos billones de dólares gastados han comportado cambios en Afganistán ya que no ha existido nunca una voluntad real de construir un estado democrático ni por parte de los gobernantes afganos ni de los occidentales.


Hemos de recordar que la historia de Afganistán no siempre estuvo marcada por la corrupción y la guerra. Desde 1964 con la instauración de la Monarquía Constitucional y posteriormente en 1973 con la declaración de la República y en 1978 con la proclamación de la República Democrática de Afganistán (RDA) hasta su desaparición a finales de los 80, se dio un periodo en el que existió un intento de construcción primero de un Estado y después de un Estado laico lo más parecido posible a un Estado moderno y que coincide con los mejores años en lo referente a los derechos de las mujeres.


Aquél intento de democratizar el país en un país pro-soviético, fue bombardeado por Estados Unidos con el fin de desgastar a la Unión Soviética, De esta manera, la administración Reagan apoyó y financió económica y militarmente a los opositores al régimen laico de Kabul, entre los que se encontraba Bin Laden y los sectores más reaccionarios de Afganistán.
Desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, y la caída del régimen pro-soviético afganés a principios de los noventa, Occidente no se preocupa por la situación del país, ni tan solo cuando los talibanes toman el poder en 1996.


Sólo después del atentado a los Torres Gemelas del 11S, en el 2001, es cuando Estados Unidos y Gran Bretaña y después el resto de las llamadas fuerzas aliadas intervienen como respuesta al ataque de Al-Qaeda del que responsabilizan al gobierno talibán que les daba refugio.


La intervención occidental dio caza a Bin Laden y desalojó a los talibanes del poder, dándoselo a una coalición de los diversos grupos afganos contrarios a los talibanes, básicamente señores de la guerra de las diversas minorías no pastunes, con una seña de identidad: el cultivo de opio (cultivo erradicado antes de 1987, el incremento de la prostitución y una corrupción generalizada.
Sin embargo, durante los 20 años de ocupación occidental, la mitad de la población continúa en índices de pobreza extrema.


La realidad es que Estados Unidos ha decidido dejar de ser el gendarme del mundo, porque la situación en su propio país está al borde del colapso. La deuda estadounidense, fundamentalmente en manos de China y Arabia Saudí, tiene a EEUU en la quiebra, y claro…ante este hecho, EEUU se replega sobre si misma para dedicar sus esfuerzos en salvarse a si mismos. De hecho, merece la pena recordar que el abandono de Afganistán es fruto de un acuerdo con Donald Trump, que Biden ha ejecutado, consistente en dejar el país, “olvidarse” un buen arsenal armamentístico para garantizar que no se vuelva a dar amparo a terroristas que pretendan atentar contra EEUU.


También China y Rusia se han apresurado a contactar con los talibanes para adquirir su compromiso de no intervenir en los países de la zona que son de interés estratégico para los intereses rusos y chinos respectivamente.
La lamentable situación de mujeres y niños en la Afganistán de los talibanes ha sido consecuencia del acuerdo con EEUU y el abandono del país por americanos y los aliados occidentales, que tampoco se preocuparon nunca de reconstruir un verdadero estado democrático y laico.
José Antonio Iniesta