Serpiente (neoliberal) de verano

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2.017 y del resto de esta legislatura. Este sorprendente e inesperado Acuerdo tiene relación directa con las contundentes declaraciones efectuadas hace meses, de Emiliano García-Page, contrarias a un hipotético acuerdo con Podemos. En su día, estas declaraciones contaron con el apoyo de los Barones del PSOE y, por otra parte, fueron el desencadenante de la dimisión de Pedro Sánchez en el fatídico Comité Federal de octubre del pasado año. El Acuerdo incluye también la participación de miembros de Podemos en el gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través de una vicepresidencia segunda y de una cartera a determinar, lo que consolidará aún más el compromiso entre ambas formaciones políticas.

En esta ocasión, el Acuerdo ha sido bien recibido por todos los dirigentes del PSOE ((incluso del PSOE de Andalucía y de Abel Caballero, presidente de la FEMP, alcalde de Vigo y activista declarado a favor de Susana Díaz en el proceso de Primarias) y, desde luego, por los responsables de Podemos y, finalmente, por los militantes de ambos partidos. De la misma manera, la acogida en los medios de comunicación y entre la ciudadanía ha sido muy favorable y demuestra que el camino emprendido por los dos partidos más importantes de la izquierda es el camino correcto, sobre todo cuando además carece de mejores alternativas. Esta experiencia servirá también como trampolín para considerar en su momento otros acuerdos a nivel autonómico e, incluso, un acuerdo similar a nivel de todo el Estado, sin que ello deba descartar necesariamente una hipotética participación de Ciudadanos. A pesar de esta valoración positiva, no debemos pasar por alto las diferencias suscitadas a última hora entre la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) y la dirección del PSOE en Castilla la Mancha relativas a la consulta a los militantes. En todo caso, esta polémica interna se debería de haber planteado antes de haberse hecho público el Acuerdo, y no después, para no dudar de su operatividad y menos menoscabar la autoridad del presidente de dicha CCAA.

En cualquier caso, todo ello ha confirmado la madurez de la militancia socialista y el giro del PSOE hacia posiciones más acordes con el sentir mayoritario de la ciudadanía, en coherencia con el camino emprendido para recuperar su credibilidad. Las recientes elecciones a Primarias celebradas en diversas CCAA lo confirman, a pesar de algunas contradicciones. Por ejemplo, es destacable que en el País Valenciano los militantes hayan votado a Ximo Puig en detrimento de Rafael García apoyado por la CEF del PSOE. Eso demuestra que los militantes han diferenciado claramente el voto en el ámbito federal del autonómico. Y también que el secretario de organización (José Luis Ábalos) no ha estado acertado en sus decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la política de organización debe pasar, en estos momentos, por propiciar la integración de todos los afiliados en defensa de un proyecto común. Por otra parte, el objetivo en la actualidad no debe ser otro que consolidar la unidad del partido después de la elección en el congreso de Pedro Sánchez como secretario general. En coherencia con esta afirmación, la CEF debe exigir lealtad al conjunto de las agrupaciones. Sin embargo, debe también acostumbrarse a convivir con una cierta oposición interna y no afanarse en el control total y absoluto del partido. Eso sería muy contraproducente para la convivencia partidaria y en concreto para la participación de todos los militantes en los debates a desarrollar en las agrupaciones socialistas a corto y medio plazo (democracia interna).

Por la misma razón, los contactos llevados a cabo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido valorados muy positivamente. Sobre todo, por el esfuerzo que representa la búsqueda de una alternativa de progreso al actual gobierno, lo que exigirá coordinar los trabajos de ambas formaciones políticas, particularmente en el ámbito parlamentario. En este sentido, lo prioritario y urgente es abordar en primer lugar las políticas económicas y sociales (empleo, precariedad, pensiones, renta mínima, fiscalidad…), siendo conscientes de que las dificultades se establecerán finalmente en torno al problema de Catalunya (donde las diferencias son notables) y que la hipotética moción de censura deberá esperar a tiempos mejores.

En todo caso, los primeros 90 días de cortesía después del congreso están discurriendo sin grandes problemas reseñables y con algunas señales positivas. Eso nos indica que, previsiblemente, después del verano, las actividades de la CEF comenzarán a adquirir velocidad de crucero y que será el momento de visualizar y fiscalizar los cambios prometidos por Pedro Sánchez. Debemos recordar que en el plano organizativo es necesario fomentar la participación y el debate de los militantes, así como abrir las Casas del Pueblo donde deben rendir cuentas los dirigentes del partido. Otros asuntos tienen relación directa con la recuperación de la formación de los afiliados y la presencia de los militantes del PSOE en el tejido social: sindicatos, ONG, redes sociales y movimientos sociales emergentes.

En el plano político sigue pendiente la aplicación de las ideas socialdemócratas aprobadas en el último congreso. Eso justifica plenamente que los ciudadanos exijan al PSOE responder al problema del desempleo, a las carencias que tiene nuestra protección social, al deterioro de los servicios públicos (enseñanza y sanidad), a la necesidad de modernizar la gestión de las empresas y del conjunto de nuestra economía, a la imperiosa reforma de la política fiscal y a responder al reto que representa el cambio climático. Por eso, resultan muy preocupantes las últimas recomendaciones del FMI (globo sonda y serpiente de verano neoliberal) sobre el mercado de trabajo y las pensiones, que han tenido la respuesta contundente (que merecen), tanto desde la izquierda como desde los sindicatos.

Resulta hipócrita que el FMI siga insistiendo en recetas fracasadas, que nos han conducido al deterioro de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y contrato a tiempo parcial involuntario), al desplome de los salarios, a los recortes sociales y al interesado e injusto desarme fiscal. A lo que hay que añadir la alarma social causada por las declaraciones específicas relacionadas con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y el retrasar nuevamente la edad de jubilación. Por eso, los sindicatos reclaman con insistencia reactivar el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones (de acuerdo con el IPC) y eliminar las bonificaciones a la contratación, sobre todo las tarifas planas de los autónomos. Al margen de que exigen abordar globalmente el capítulo de ingresos a la Seguridad Social y no el capítulo del gasto como pretende el FMI y el gobierno, dado que el gasto social en pensiones (en porcentajes del PIB) se encuentra muy por debajo de los países más avanzados de la UE.

La profundización de la reforma laboral, el incremento del IVA, el contrato único (lo que significa en la práctica igualar hacia abajo los derechos laborales y las condiciones de trabajo) y los fondos complementarios de pensiones, son alternativas del FMI dirigidas   a consolidar, aún más, el poder del sector financiero, de los fondos de inversión y de las grandes empresas multinacionales. Ante ello, la pretensión de la izquierda no puede ser otra que rechazar rotundamente esas medidas, sobre todo cuando todos sabemos que esa política se pretenderá aplicar después del verano y que, por lo tanto, asistiremos a una redoblada ofensiva neoliberal encaminada a mantener los beneficios empresariales y, desde luego, a convivir con las desigualdades, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Lo mismo se pretenderá hacer con las pensiones y la protección social en general (desempleo y dependencia) y con los servicios públicos que, una vez más, se supeditarán a la corrección del déficit y al pago de la deuda- si la izquierda no lo remedia-, como exigen las autoridades de la UE y del FMI y, lo que es más grave, se recoge en el artículo 135 CE. En definitiva, los beneficios, que ya se están generando por un mayor crecimiento de la economía, van a parar a los bolsillos de los de siempre (de los más ricos) y no, como es de justicia, a cubrir la cuantiosa deuda social contraída con los trabajadores desde el comienzo de la crisis. Por lo tanto, basta ya de tanto enredo y de tanta mentira para seguir defendiendo de manera interesada una política neoliberal que tiene como principal misión transferir rentas del trabajo al capital y frenar la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades. Con el agravante de que, además, esta política está siendo aplicada, en nuestro país, por un gobierno soportado por el partido (PP) más corrupto de nuestra democracia, como se ha demostrado de nuevo con la testificación judicial de su presidente Mariano Rajoy.

Razones poderosas para que (desde la unidad de la izquierda) se trabaje a fondo por mantener el Estado de Bienestar Social y para que los más necesitados encuentren alguna solución a sus graves y múltiples problemas. Esa es la única política posible al alcance de los ciudadanos, para certificar la recuperación de nuestra economía en términos reales.

Antón Saracíbar

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PENSIONES: EL GOBIERNO HACE TRAMPAS

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que “el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social“.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la “quiebra” de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal “hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

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Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

 

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El PSOE y los Sindicatos

El pasado 26 de junio se celebró una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas de las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con la participación de Ignacio Fernández Toxo, Josep María Álvarez y Pedro Sánchez, los sindicatos formularon sus propuestas en gran parte sustentadas en las “20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social” presentadas a los partidos  políticos ante las Elecciones de Generales de 2016  y el PSOE en las Resoluciones del 39 Congreso Federal Ordinario, constatando claras coincidencias en el diagnóstico de la situación socioeconómica, en las respuestas necesarias  y se estableció una agenda de materias para desarrollar un trabajo compartido. 

CC.OO, UGT y PSOE coinciden en la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad, recortes y reformas autoritarias aplicadas durante la crisis económica y financiera que han provocado, pese a la recuperación de la economía y la creación de empleo desde 2014, la persistencia de un altísimo volumen de desempleo y que el empleo creado sea de mala calidad. Se ha incrementado la precariedad laboral y también los bajos salarios; el trabajo temporal, los trabajadores a tiempo parcial y los autónomos involuntarios; la incertidumbre sobre el futuro del Sistema Público de Pensiones, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y la desprotección de las personas desempleadas. Lo que ha provocado el aumento de las desigualdades y de la pobreza laboral.

Todo ello incide negativamente sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, a lo que hay que añadir los recortes de los derechos sindicales, la Ley “Mordaza” y la criminalización del derecho de huelga impuestas por los gobiernos del Partido Popular. Junto con la vulneración del diálogo social que ha obligado a las Confederaciones Sindicales a denunciar estas medidas autoritarias y socialmente regresivas ante las instancias europeas e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PSOE, CC.OO., y UGT comparten la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico y social que sea alternativa la actual, más justo y sostenible. Para lo que se requiere incrementar la inversión en capital humano, capital físico y capital tecnológico para dotarnos de un patrón de crecimiento estable y duradero. En el que se establezca una transición justa ante el cambio climático; se desarrollen políticas públicas y se regule la implantación de la economía digital, para prever y proteger los impactos sobre futuro del empleo.

Se debe impulsar la reindustrialización de nuestra economía como una prioridad para aumentar la productividad y desarrollar políticas de redistribución de la riqueza. A través del reparto de las rentas, impulsando el crecimiento de los salarios y elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1000 euros al mes (equivalentes al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea). Desarrollar una reforma fiscal justa y suficiente que permita  revertir las crecientes desigualdades, garantizar el Estado del Bienestar y los servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc.

Para recuperación de los derechos laborales, sociales y sindicales es urgente y necesaria la derogación de la reforma laboral del PP para reequilibrar las relaciones laborales, abolir el artículo 315,3 del Código Penal que criminaliza el derecho de Huelga al igual que la “Ley Mordaza”. Desde ese reequilibrio se debe impulsar un nuevo modelo laboral participativo y democrático a través del dialogo social y de la negociación colectiva.

Los objetivos del empleo de la calidad y de empleo para todos, comenzando por los más jóvenes, se deben insertar en todas las políticas públicas, con la redistribución del empleo mediante el impulso de la reducción y la reorganización del tiempo de trabajo, en el horizonte de la implantación de las 35 horas semanales.

Hoy en día los trabajadores se enfrentan a nuevas realidades laborales, relacionadas con la flexibilización de la producción, nuevas formas de organización empresarial y con situaciones precarias (trabajadores a tiempo parcial y autónomos involuntarios, trabajadores independientes que realizan tareas para varias empresas, becarios, etc.) a los que hay proteger. Es necesario articular nuevas fórmulas de regulación que pueden beneficiar a un número creciente de trabajadores. Al igual que la lucha contra la economía sumergida por su afloramiento y el respeto de la legislación laboral, social y fiscal.

Para CC.OO., UGT y PSOE sus relaciones se basan en el reconocimiento mutuo de su independencia, junto con los principios y valores comunes: la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Desde el respeto a la plena autonomía de la acción sindical y de la acción política respectivamente, consideran de interés mutuo compartir, debatir y reflexionar de forma abierta y sostenida en el tiempo, sobre los temas antes citados, junto con otros que inciden sobre las condiciones de vida y trabajo de la sociedad española.

Se acordó trabajar de forma más concreta en el corto plazo sobre los siguientes ejes:

– Plan de Ayuda a los Jóvenes (Rescate Jóvenes): Impulsar un plan de empleo, reforzando las políticas activas de empleo (el sistema de Garantía Juvenil tiene un soporte económico   del entorno de 1800 millones de euros y su actual ejecución es muy baja); regular y dignificar las practicas no laborales y el trabajo de  los becarios; recuperación del talento: apoyar y favorecer el retorno de los jóvenes emigrantes y respecto a los  estudiantes la  reducción de las tasas universitarias y mejora del sistema de becas.

– Seguridad Social y Pacto de Toledo: Derogación de la reforma de pensiones de 2013, del Índice de Revalorización de las Pensiones, proteger el poder de compra de los pensionistas actuales y del Factor de Sostenibilidad, para evitar la reducción de las pensiones futuras. Garantizar el futuro de las pensiones vía nuevas fuentes de financiación.

 – Desbloquear las iniciativas parlamentarias para recuperar derechos laborales, sociales y sindicales y mejorar la protección de las personas. Como la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por UGT y CC.OO., para establecer una Prestación de Ingresos Mínimos.

– Empleo:  políticas activas de empleo, planes específicos para los parados de larga duración y mayores de 55 años. Mejora de la protección por desempleo, subsidio para mayores de 52 años, mejora de la cotización a la Seguridad Social, suprimir las restricciones de las pruebas de rentas y la jubilación forzosa a los 61 años, ente otras medidas regresivas impuestas por el PP. Potenciar la calidad del empleo y la reducción de la precariedad: temporalidad y parcialidad.

– Igualdad de oportunidades y de trato por razones de género, raza, orientación sexual, etc. En particular impulsar una Ley de Igualdad Laboral.

Para el PSOE las organizaciones sindicales, al igual que las organizaciones empresariales, desempeñan un papel fundamental dentro del sistema democrático, sus funciones son esenciales en nuestro modelo político e institucional y contribuyen a la eficacia y la eficiencia de nuestra economía. La Constitución Española, en su artículo 7, reconoce la relevancia de las funciones que ejercen en defensa y representación de los trabajadores y de los empresarios respectivamente.

Por ello es necesario dotar en el ámbito estatal a las funciones que ejercen   los interlocutores sociales en la participación institucional, en los procesos de diálogo social y en la negociación colectiva del reconocimiento social, la seguridad jurídica, la estabilidad y la transparencia con una Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Toni Ferrer

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EL SISTEMA DE PENSIONES ES NUESTRO, DEFENDÁMOSLO

Hay que insistir, por si alguien aún no lo sabe, en que el Sistema Público de Pensiones es de los trabajadores. Es un sistema de aportación solidaria, es decir, los trabajadores en activo de hoy cotizan para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, quienes  cuando estuvieron en activo cotizaron para que sus padres pudiesen jubilarse.

Es por tanto un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que los hijos cotizan para que sus padres puedan vivir dignamente una vez llegada una edad en la que ya no corresponde ser explotado por más tiempo.

Han sido las luchas de nuestros abuelos y padres y madres las que consiguieron que los empresarios también contribuyesen con cotizaciones, por ello decimos que las aportaciones a la Seguridad Social tienen el carácter de salario diferido, la pensión es parte de lo que producimos con nuestro trabajo, no son un regalo.

El Estado, a través de la Seguridad Social, es gestor y garante del funcionamiento del sistema. Y los sindicatos velan por su sostenibilidad. Hasta aquí una descripción muy básica de cómo es nuestro sistema de pensiones.

Los problemas llegan a partir de una mala, en el caso del PP muy mala, gestión del sistema. En honor a la verdad hay que decir que no solo los gobiernos del PP han gestionado el sistema desfavorablemente para los trabajadores. Desde hace mucho tiempo se han realizado reformas que han representado una contención de las prestaciones y un saqueo del dinero de las cotizaciones para cubrir gastos del Estado, subvenciones a los empresarios. Lo cual paulatinamente han ido dificultando el acceso a la pensión contributiva y minorando su cuantía. Pero hoy el Gobierno propone es un cambio de modelo para transformar el sistema público en un remedo asistencial.

La ley 26/1985 de acción protectora de la seguridad social, tal como la llamó el Gobierno de Felipe González, fue contestada por la dimisión de los diputados y senadores de UGT y por una gran movilización conjunta de UGT y CCOO. Amplió el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva de 10 a 15 años. Y la base de cálculo para hallar la pensión, pasaba de los 2 últimos años cotizados a 8.

El Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, por el que los derechos de protección social de los trabajadores se consensuaban con los partidos de la derecha para contener el gasto en pensiones y preparar la reducción de las cotizaciones patronales. Recomendaba entre otras cosas la separación de las fuentes de financiación (ya con anterioridad  se separó la sanidad, con el resultado de la  crisis actual de ese servicio público). Garantizaba durante 12 años más el saqueo de la seguridad social para pagar el complemento a mínimos y seguir subvencionando a los empresarios. Decide la creación del Fondo de Reserva (lo que vulgarmente hemos venido conociendo como “la hucha de las Pensiones”), que no se crea.

En 1996 se alcanzó el “Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social”, acuerdo pactado entre Gobierno y Sindicatos, aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de julio de 1997, por el que se volvió a retroceder en los derechos de los trabajadores, al pasar de 8 a 15 el periodo de cálculo para establecer la pensión futura.

Pero el Fondo de Reserva no sería constituido hasta cinco años después, en el año 2000, dotado con 601 millones de euros en su inicio, llegando a alcanzar los 66.815 en el ejercicio 2011, saldo que recibió el PP como herencia del PSOE y que ha caído en picado en estos últimos seis años, con lo cual es un factor marginal ante el descalabro que representa para la Seguridad Social la destrucción de empleo en nombre de la crisis.

Ha habido otras reformas, pero no trato aquí de reflejar los pormenores de los retrocesos sino sus grandes líneas conceptuales de cómo ha sido gestionado económica y políticamente el sistema público de pensiones.

Con la reforma de 2011, se elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67, de forma gradual desde 2013 a 2027, salvaguardando excepciones para algunas profesiones. También se establecía la excepción para las carreras largas de cotización, pudiéndose jubilar a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado 35 ½ años. Se calcula que su efecto a largo plazo supone un fuerte recorte de las pensiones, por lo que la dirección confederal de UGT considera que será necesario desmontar ese mecanismo.

Más radical aún fue la reforma de 2013, pues eliminó la referencia a la inflación para la revalorización de las pensiones en vigor, lo que está teniendo una desgarradora devaluación de las pensiones de los pensionistas actuales; por decreto del Gobierno de Rajoy las pensiones solo se revalorizan cada año un ridículo 0,25%, frente a incrementos del IPC, por ejemplo en 2016 del 1,6% o el 1,5% interanual que llevamos en 2017.

La otra novedad de la reforma de 2013 fue la introducción del “Factor de sostenibilidad”, que entrará en funcionamiento al calcular la pensión de los futuros pensionistas, introduciendo factores como el incremento de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida menor pensión.

El último ataque al sistema, tras haber esquilmado el Gobierno del PP los 66.815 millones de euros de que disponía el Fondo de Reserva en 2011, es la apertura de un proceso de endeudamiento de la Seguridad Social, al haber dispuesto el Gobierno de un préstamo a la Seguridad Social de 10.200 MM de euros con cargo  a los Presupuestos del Estado en vez de financiar con aportaciones, vulnerando así la Ley General de la Seguridad Social, tal como denuncia la UGT.

El devenir de nuestro sistema de Pensiones confirma que está en riesgo. Los ataques son constantes; la pasada semana, el 20 de julio, era el Fondo Monetario Internacional, el que instaba al Gobierno de España a continuar con la devaluación de las pensiones actuales, y limitar la subida de la pensiones solo un 0,25%, “invitando a que sean complementadas con planes privados”. No es la primera vez que manifiestan lo que realmente buscan, pero quizás si es la primera vez que lo dicen tan claramente.

La orientación que el capital financiero está promoviendo nos llevaría a un sistema de beneficencia, en lugar del actual sistema de solidaridad. Los efectos del eufemismo “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013 combinado con la devaluación por efecto de no revalorizarlas más que en un 0,25%, pueden llevar a una reducción de hasta el 40% de las pensiones futuras. Nos cuentan un camelo, cuando vinculan la esperanza de vida para hallar la pensión, pues como muy bien ha explicado el profesor Vicenç Navarro, la esperanza de vida es un índice engañoso, entre otras cosas porque se halla sobre toda la sociedad sin distinción de clase, obviando que los ricos tiene una esperanza de vida en torno a diez años más sobre los trabajadores, por ejemplo.

El problema de la sostenibilidad de las Pensiones es que se exonera cada día más a los empresarios de cotizar al sistema, a través de las múltiples tarifas planas y regalos fiscales que ha venido estableciendo el Gobierno de Rajoy en estos años.

Lo anterior, sumado a la caída de los salarios fomentada por la Reforma Laboral de 2012, es lo que ha provocado la aparición de la diferencio de cotizaciones y gastos jaleada por los medios, a lo que se añade la cínica atribución de carácter deudor a la Seguridad Social, cuando el Estado le ha detraído más de medio billón de euros. Se la declara deudora para poder desmantelarla, empezando por quitarle los edificios de los grandes hospitales de todo el país, patrimonio de los trabajadores; edificios que fueron cedidos a las comunidades autónomas.

Invitar a que las futuras pensiones se complementen con planes privados es de un cinismo criminal, pues ya hoy la inmensa mayoría de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro para dotar cantidades ni mensual ni anualmente a planes de pensiones. A futuro, las expectativas son aún peores.

Son muchos los motivos que me hacen decir que es urgente la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013 y la Reforma Laboral de 2012. Y derogar a continuación las precedentes de 2011 y 2010. Los trabajadores, con nuestras organizaciones sindicales y políticas al frente, tenemos que defender lo que es nuestro, el legado que nos dejaron nuestros padres. Debemos impedir el cambio de modelo de reparto que garantice pensiones dignas por un modelo asistencial sometido a la política de cada gobierno.

Roberto Tornamira


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Ninguna colaboración con este gobierno

Los pasados 16, 17 y 18 de junio más de mil delegados del PSOE se reunían en Madrid en el congreso más esperado de la historia reciente de nuestro partido.

Tras un año de rebeldía democrática de la militancia las primarias y el congreso eran un reto de supervivencia para los socialistas y para la mayoría social representaban la posibilidad de dar un vuelco a la situación y empezar a cubrir sus graves necesidades.

¿Qué rumbo vamos a emprender?

El Congreso se daba en un marco político internacional donde los valores de la socialdemocracia están fuertemente cuestionados y sumidos en una tremenda crisis, basta con mirar al partido socialista francés o al holandés que, tras haber puesto en práctica las políticas más agresivas y regresivas del liberalismos político y financiero, han sido reducidos a grupos testimoniales en sus respectivos parlamentos por una mayoría social que ya no ve en esos partidos una base en que apoyarse para defender libertades y derechos. Ninguna colaboración con este gobierno.

Por el contrario, la remontada del Partido Laborista británico refleja la afluencia de sectores de jóvenes y de trabajadores que han visto en las propuestas de Jeremy Corbyn puntos de apoyo para combatir y derrotar las políticas de austeridad impuestas por los conservadores de Theresa May y también por “la tercera vía” de Tony Blair y Gordon Brown, que pretenden destruir las conquistas que los trabajadores junto con sus sindicatos han conquistado.

Los militantes socialistas en nuestro país, con el lema NO es NO, no quisieron dar su apoyo al gobierno del PP ni en 2016 ni ahora; por eso han aupado a Pedro Sánchez a la secretaría general, para continuar diciendo NO es NO a las políticas económicas y sociales de la derecha; lema que se ha transformado en SI es SI a la recuperación de políticas favorables a la mayoría social, exigiendo la derogación de la Reforma Laboral, de la Ley Mordaza, de la Ley Wert y a todas aquellas leyes que han supuesto un retroceso en derechos y libertades. Pedro Sánchez ha contraído un compromiso con los militantes socialistas, pero también con la mayoría social que exige del Partido Socialista que ocupe el lugar que le corresponde, de verdadera alternativa, frente al gobierno del PP.

En el mes de julio se va a discutir el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2018, si estamos en contra de la continuidad del Gobierno de Rajoy, no podemos avalar los recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (2018), votando a favor del techo de gasto, como hizo la Gestora con los de este año. Debemos hacer público nuestro rechazo a que nueva izquierda Canarias apoye los PGE del 2017 y anunciar la ruptura del acuerdo con ellos, si votan los Presupuestos Generales del Estado de 2017 o el techo de gasto para los del 2018.

La Comisión Ejecutiva Federal elegida en el 39º Congreso debe negar cualquier colaboración con este Gobierno; hay que sacar al PP de la Moncloa. Para ello, habrá que buscar las alianzas suficientes, dentro del Parlamento, con las fuerzas de izquierda y de progreso, que dicen defender los intereses de la mayoría.

Pero también hay que buscar alianzas fuera con los movimientos sociales y principalmente con las organizaciones sindicales para, si hace falta con la movilización, impedir que se continúen aplicando políticas antisociales y negando derechos.

Especialmente claros debemos de ser con el llamado problema catalán; Rajoy y su inmovilismo niega toda salida democrática y busca el enfrentamiento, No merece el más mínimo apoyo de los socialistas ni de los pueblos en esa cruzada que no es solo anticatalana sino contraria a todos los pueblos y a su convivencia. Si el enfrentamiento se impusiese, mal lo tendríamos para defender ningún derecho social ni democrático.

Por su parte, Puigdemont, socio de los recortes de Rajoy, no garantiza un referéndum cuyos resultados sean aplicables en el actual marco constitucional, ni tiende la mano a los demás pueblos, única forma de garantizar la fraternidad entre los pueblos. No podemos alinearnos ni con uno ni con otro. Sin embargo, debemos dar respuesta a las demandas del pueblo catalán que quiere decidir su futuro. El PSOE es la solución al atolladero al que entre unos y otros nos han llevado, tienen que ser el eje vertebrador. El reconocimiento de España como nación de naciones apunta a la solución.

Esa solución pasa por nuestra propuesta de reforma constitucional, hacia un federalismo en el que las nacionalidades que nos conforman como Estado, suscriban un nuevo pacto de Estado que no sea un mero cambio semántico de “la España de las Autonomías” por “la España Federal” nuestro partido debe hacer confluir en una misma solución el restablecimiento de los derechos sociales y el reconocimiento de los derechos nacionales.

Comité de Redacción

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Tribuna Socialista nº 83. Junio 2017

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