Precariedad, gasto social, fiscalidad y modelo productivo

La reciente firma del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2.018, 2.019 y 2.020, junto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento de las retribuciones de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones- en base al Índice de Precios al Consumo (IPC)-, ponen fin, en principio, a un dilatado periodo de fuerte devaluación salarial en nuestro país, de acuerdo con la pretensión final de la perniciosa reforma laboral emprendida por el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no es extraño, a pesar de que el Acuerdo  no compensa, ni remotamente, el desplome salarial acumulado en los años de crisis (sobre todo de las rentas más bajas),  que haya sido muy bien valorado por los medios de comunicación e, incluso, por los poderes fácticos y por diversos organismos internacionales, además de ser aprobado ampliamente por los órganos de dirección de UGT y CCOO.

En todo caso, se trata de un Acuerdo de mínimos que, si bien llega tarde, será de obligado cumplimiento en la negociación de los convenios colectivos para este y los próximos dos años. En este sentido, los puntos más importantes del AENC: la concreción del incremento salarial, la redacción de la cláusula de revisión salarial y el salario mínimo de convenio deberán negociarse en los convenios sectoriales y de empresa de manera articulada con el Acuerdo firmado. Esta circunstancia debe ser aprovechada para potenciar la negociación colectiva sectorial- que debe primar siempre sobre la negociación en la empresa- y, desde luego, para poner de nuevo a prueba la capacidad de negociación y de movilización de los sindicatos en los sectores de producción y servicios, así como en la totalidad de los diversos centros de trabajo, sobre todo con fuerte presencia sindical.

Paralelamente a este hecho se han publicado los datos de paro registrado en las oficinas públicas de empleo, así como los de afiliación a la Seguridad Social (SS) del pasado mes de junio. Estos datos confirman, una vez más, el grave problema del desempleo (Jóvenes, parados de larga duración y mayores de 55 años), la precaria situación de nuestro mercado de trabajo, la baja protección social de los desempleados y la brecha salarial de género. Estos problemas, finalmente, consolidan un modelo productivo escasamente competitivo que, además, se ve muy afectado por los problemas derivados de la insuficiente recaudación de nuestro sistema fiscal.

En el mes de junio pasado los Servicios Públicos de Empleo han registrado 3.162.162 personas en paro (el 59% mujeres, aunque representan el 46% de la población activa), lo que implica un descenso de 89.968 personas sobre el mes pasado (menos 2,77%). Sin embargo, según CCOO, se trata de la menor bajada del paro en un mes de junio desde el año 2.011, con el agravante de que, en cómputo anual, el descenso también es menor: 200.649 desempleados en comparación con los 404.243 registrados en el mes de junio de 2.017. Por otra parte, la afiliación media de la Seguridad Social aumenta en junio en 91.322 personas (0,48%), debido al aumento del empleo (estacional) en la hostelería y el comercio, superando de nuevo los 19 millones de personas (en concreto 19.006.990). Como consecuencia, el crecimiento anual de la afiliación a la SS se sitúa en 573.884, lo que, a pesar de ser estimable, resulta inferior al del año pasado puesto que alcanzó a 672.835 nuevos afiliados.

Estos datos, moderadamente positivos, conviven muy mal con el aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, como se ha puesto de manifiesto anteriormente. El número de contratos registrados en el mes de junio fue de 2.055.762, un 0,13% menos que en el mes de mayo, debido a la reducción del número de contratos indefinidos (3,55% menos) y a pesar de que los contratos temporales suben un 0,24% en el mes. Si comparamos estos contratos con los registrados el año anterior, estos descienden un 1,62% a causa de la bajada de los contratos temporales (30.268 menos) y a pesar de que los contratos indefinidos aumentan  (más de 26.510).

En todo caso, se mantiene un excesivo recurso a la contratación temporal, de forma que 91 de cada 100 contratos son temporales. A esto hay que sumar  que el peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de los contratos se mantiene en un 35,5% y, lo que es más grave, sólo un 5,5% de los contratos que se firmaros en junio fueron indefinidos a  tiempo completo. A todo ello hay que añadir que el llamado contrato de emprendedores aumentó en junio en 26.671; un crecimiento cercano al 15% respecto a junio del año pasado, lo que incrementa también la precariedad, ya que este contrato se utiliza también por los empresarios como fórmula para burlar la contratación indefinida. Eso explica que el Ministerio de Trabajo, con buen criterio, se proponga eliminar definitivamente el contrato de emprendedores, además de revisar a fondo los contratos de formación y aprendizaje.

Lo más grave de todo es la fuerte rotación del empleo temporal que se produce en un número muy limitado de puestos de trabajo, que son los que concentran un gran volumen de contratos temporales (de apenas unas horas o días). Según datos de la EPA, recogidos por CCOO, en el primer trimestre de 2.018 había 165.500 personas con contratos temporales de una duración inferior a un mes.

En relación a la prestación por desempleo, el número de trabajadores  en paro con prestaciones alcanzó en el pasado mes de mayo la cifra de 1.716.471 (lo que representa el 56,03%: 25 puntos menos que en el año 2.010), de los que 1.058.365 cobraban un subsidio asistencial y sólo 658.106 la prestación contributiva. El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la SS, se situó en el mes de mayo pasado en sólo 805 euros mensuales. Y el gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado en nada menos que un 46% entre los años 2.010 y 2.017, bajando de 32.238 millones de euros (año 2.010) a 17.474 millones (año 2.017), según recoge la UGT.

Por otra parte, la brecha de género- un asunto de rabiosa actualidad-, se está  manifestando en todos los ámbitos del mercado laboral, reflejando en definitiva, con mucha claridad, la discriminación de la mujer en el empleo, en la contratación, en los salarios y en las  pensiones. Además, también resulta particularmente relevante en la prestación por desempleo, como lo determina que la protección de las mujeres, en el mes de mayo de 2.018 (52,6%), está 11 puntos por debajo de la prestación de los hombres (63,5%).

Por último, es necesario resaltar que estos datos tienen un impacto directo en nuestro modelo productivo, basado en actividades de poco valor añadido (agricultura, hostelería, comercio y servicios) y con importantes carencias y limitaciones en los sectores industriales de alto valor y contenido tecnológico. A lo que hay que añadir la escasa dimensión de las plantillas de las empresas consideradas como medianas y pequeñas,  la baja cualificación profesional de los trabajadores y el abuso sistemático del dumping social por muchas  empresas  para intentar ser más competitivas.

No es extraño que los sindicatos exijan al gobierno un cambio de nuestro modelo productivo, con el propósito de mejorar nuestra competitividad y de generar empleos de más calidad, estables y con derechos reconocidos. También exigen abordar los asuntos de relevancia señalados anteriormente, que tienen relación directa con la insostenible precariedad (temporalidad y contrato a tiempo parcial no deseado), la escasa prestación social por desempleo, la intolerable brecha de género y la regresiva política fiscal.

En coherencia con ello, el gobierno debe actuar con la mayor diligencia posible y asumir que ahora toca resolver prioritariamente estos problemas que, no lo olvidemos, afectan principalmente a los más desfavorecidos. A la superación paulatina de la fuerte devaluación salarial se debe añadir el imprescindible combate al abuso de la temporalidad, corregir la escasa protección social (desempleo, dependencia y pensiones), luchar por la igualdad de género (y también de clases), además de  superar el desarme fiscal con el propósito de recuperar la inversión productiva y los niveles de protección social, cosa que no será nada fácil ante la oposición de los poderes fácticos: el intolerable chantaje anunciado por la CEOE-CEPYME es todo un ejemplo. Abordar estos asuntos con las fuerzas progresistas y con los interlocutores sociales resulta imprescindible para repartir de una manera más justa los beneficios que se están generando por un mayor crecimiento de la economía, lo que requerirá concretar los pasos a dar para eliminar las últimas reformas laborales (muy a pesar de la relación de fuerzas en el Parlamento y del reciente Informe de la OCDE que propone profundizar en dichas reformas: llámense recortes) y potenciar la negociación colectiva sectorial. Todo ello no significa, en absoluto, minusvalorar los problemas relacionados con la regeneración democrática (profundizar en la democracia y en las libertades) y con el debate territorial (problema catalán, reforma de la Constitución, Estado Federal…).

No debemos olvidar que sigue pendiente la superación de las desigualdades (corregir el déficit social generado en los años de crisis), reducir la pobreza, eliminar la exclusión social y potenciar la igualdad de oportunidades, que son el  fundamento de las ideas socialdemócratas. Por eso el gobierno Sánchez debe responder de manera convincente a estos problemas. Y lo deberá hacer tanto dentro de nuestro país como  en el seno de la Unión Europea. Una Unión muy necesitada de políticas sociales audaces, además de  comprometidas con las libertades, con una mayor democracia y con medidas de integración de los inmigrantes- que acuden a nuestras costas huyendo del terror- y, lo que es más importante, con las ayudas necesarias a los países de donde proceden los inmigrantes. En este contexto, la política practicada recientemente por Sánchez en el ámbito europeo hará más fácil el alcanzar acuerdos en relación al techo de gasto y, sobre todo, a los PGE-2.019, dada la esperada actitud, previsiblemente más flexible (con el déficit), de la UE. Esperar y ver.

11. 07. 2.018. Antón Saracíbar  

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La derecha filofascista reacciona ante la pobreza

Una ola reaccionaria recorre el mundo contra la inmigración: desde la frontera de Méjico con los EE.UU, pasando por la de Birmania con Bangladesh, hasta el Mediterráneo; frontera natural para quienes migran desde África y Oriente próximo. Según datos de la ONU, entre 2000 y 2015, las migraciones han crecido un 46%, al pasar de 175 a 255 millones, las personas que abandonan sus casas y sus familias; que migran huyendo de la guerra el hambre y la violencia en todas sus formas. Entre 2014 y 2017, más de 14.000 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo, convirtiéndose así la “cuna de la civilización” en la “fosa común” de la migración.

Partidos políticos en Europa fomentan el rechazo contra los pobres (aporofobia), que no tanto el rechazo a los extranjeros; como el Partido Popular o Ciudadanos en España, la Liga Norte en Italia, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la “Libertad” en Holanda, Alternativa para Alemania, etc. Qué decir del Partido Republicano en los USA, con su ala extrema el Tea Party.

La respuesta de los estados, sea en el continente que sea, suele ser de poner trabas y abandonar a su suerte a cientos de miles de seres humanos; entre ellos y ellas centenares de niños y niñas que engrosan las cifras de ahogados en el Mediterráneo. Miran para otro lado y no respetan de hecho el derecho de asilo, de obligado cumplimiento, regulado en el Artº 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos y desarrollado por la Convención de Ginebra de 1951.

En no pocas ocasiones, la respuesta ha sido brutal, criminal. No vamos olvidar los 15 inmigrantes muertos en febrero de 2014 en la playa del Tarajal en Ceuta, cuando la Guardia Civil les disparó material anti disturbio, mientras se ahogaban en el agua, en lugar de prestarles ayuda para salvar la vida. El Ministro del Interior en aquel momento, Fernández Díaz (PP), nada tiene que envidiar en ideología fascista a Trump o a Salvini.

No olvidaremos el asesinato y persecución del Gobierno birmano, una autentica limpieza étnica, contra la minoría Rohigya. Entre 300.000 y 500.000 desplazados a Bangladesh; siendo responsable máxima la Presidenta del Gobierno birmano, Daw Aung San Suu Hyi, y “Premio Nobel de la Paz” (una dosis de prestigio para la institución que otorga esos premios). Al otro lado de la frontera reciben el rechazo violento de los cuerpos policiales de Bangladesh: el 3 de octubre de 2017, hundieron más de 20 barcos cargados de miembros de la etnia Roingya, muriendo decenas de ellos.

Del mismo modo, no vamos a olvidar en mucho tiempo la salvaje repuesta de Donald Trump, contra los inmigrantes centroamericanos que llegan a su frontera sur, enjaulando a niños y niñas tras separarlos de sus familias.

Los partidos de la derecha, y muchos medios de comunicación que se hacen eco de las posiciones de odio, han instalado un relato falso en la sociedad. Mienten cuando dicen hay efecto llamada si un Gobierno toma la digna decisión de acoger un barco rechazado en otros países, como ha sido el caso del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) con el “Aquarius”. Mienten cuando dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Mienten cuando relacionan intencionadamente la migración con la delincuencia.

Llegan a nuestras fronteras porque huyen de la situación que viven en sus países de origen; muchos de ellos en guerra. Conflictos en cuyos orígenes están implicados los países (los gobiernos) que rechazan y obstaculizan soluciones para la inmigración.

En el caso de Italia, podría retrotraerme a Eritrea, y la ocupación de la ciudad de Massawa, mediante la que el Gobierno italiano de Francesco Crispi, en 1885, pretendía dominar todo el “cuerno de África”. O de las injerencias y ocupaciones de la Italia fascista de Musolini en Etiopía. Pero no es mi intención en este breve artículo profundizar en la historia del imperialismo, eso ya está en los libros de historia, en los que se puede leer y conocer la historia del Imperio español en América latina, el Caribe o en África (Marruecos, Guienea). Se puede leer y conocer la historia esclavista y colonial de Francia e Inglaterra. Sin embargo, hay que mencionarlo, pues los hechos económicos recientes están ligados a los hechos del pasado.

En este sentido, citar algunos episodios económicos, como por ejemplo: la operación de compra de acciones por la que muchos empresarios italianos se hicieron de oro a costa del pueblo libio, cuando vendieron el 13% de las acciones de FIAT al Lybian Arab Foreing Bank en el año 76 del s. XX., al doble del valor de su cotización, eso que en España Carlos Solchaga bautizó como “un pelotazo”.

Los intereses del capital italiano en el gas y el petróleo libio son muy recientes, fue en 2004, cuando Berlusconi y Gadafi inauguraron el gasoducto submarino que une Libia y la isla de Sicilia construido por las empresas petroleras de Italia y Libia: el ENI italiano y la Western Lybian Gas Projet, y que sirve para distribuir el gas libio a toda Europa.

Más reciente aún, en enero de 2011, Libia adquirió una cuota accionarial en la empresa mixta italiana Finmeccanica; un poderoso conglomerado que produce armas, helicópteros, sistemas de defensa, sistemas para la producción de energía, etc., y de un 2% del accionario en la petrolera italiana ENI.

También es muy larga la historia colonial del Estado francés. Apuntar algunos casos recientes: fue en 2007, cuando Gadafi montó su Jaima en los jardines de Marigny. Sarkozy le recibió en el Elíseo con honores y suscribió contratos, especialmente militares, por valor de 10.000 millones de euros. Lo que no impidió que pocos meses después, el ejército francés participara militarmente en el derrocamiento del régimen libio y en la eliminación física del insigne invitado del Eliseo. Las motivaciones de Sarkozy fueron explicadas en un informe realizado por una Comisión de Investigación del Parlamento de Gran Bretaña, hecho público por el diario “Le Figaro”, el 14 de septiembre de 2016:

  1. Obtener una mayor participación en la producción del petróleo en Libia.
  2. Incrementar la influencia francesa en el norte de África.
  3. Mejorar la situación política-personal de Nicolas Sarkozy en Francia.
  4. Permitir que el ejército francés reafirmase su posición en el mundo.
  5. Hacer frente a las acciones que Gadafi venía desarrollando con Italia, en detrimento de la presencia económica de Francia en el norte de África.

El Parlamento Británico puso en marcha esta iniciativa de investigación, muy probablemente como herramienta de propaganda contra Francia, para tapar sus responsabilidades en Libia, que también las tiene.

Hay muchos informes sobre las “aventuras” económicas y venta de armas y/o extracción de materias primas francesas en África; como los hay sobre Reino Unido y otros países de nuestro entorno, incluida España.

Es esclarecedor el informe1 de Hubert Vedrine, exministro de Asuntos Exteriores con Lionel Jospin, que se hizo público en diciembre de 2013, bajo el título “15 propuestas para una nueva dinámica económica entre África y Francia”, en el cual dice:

“África es un continente de una creciente competencia global y Francia está pendiente de su cuota de mercado. La cuota de mercado de China en el continente africano aumentó de menos del 2% en 1990 a más del 16% en 2011 (…). En los 14 países que utilizan el franco francés, las empresas francesas están a la par con China, con una cuota de mercado hoy del 17,2% frente al 17,7% de 2011 (…). La posición de Francia (que en 2002 era aún el mayor exportador) en África subsahariana se ha desmoronado desde entonces. Francia es, en 2011, el quinto mayor exportador a esa zona, detrás de China, la India, los EE.UU., y Alemania. Su cuota de mercado ha disminuido constantemente desde principios de la década de 2000, del 10,1% en 2000 al 4,7% en 2011”.

El informe tiene más de 60 páginas con esclarecedores datos relativos a las preocupaciones económicas del Estado francés en esa zona de África. Lo más importante de este informe es que permite entender por qué Macron, en mayo de 2017, dedicó su primera visita al exterior a las tropas francesas en Mali: tropas del ejército francés que están desplegadas en Mali, Chad, Niger, Brukina Faso y Mauritania, a nombre de combatir el terrorismo. Nos ayuda a entender por qué Francia insta a Alemania a involucrarse en las operaciones militares en los países del centro de África. Incluso esclarece la bronca que tiene montada Trump con la cuestión del incremento de los presupuestos dedicados a defensa.

Son muchos los ejemplos más o menos cercanos en el tiempo que pueden dar una idea de por qué cientos de miles de ciudadanos abandonan todo en sus países de origen y se juegan su vida y la de sus hijos e hijas en una travesía de penuria, dolor y muerte en muchos casos.

Pero no puedo dejar de citar el mayor éxodo de los últimos años, éxodo que deja atrás cientos de miles de víctimas, aunque sea con unas brevísimas pinceladas; me refiero a Oriente Próximo, la Guerra en Siria y sus antecedentes.

La zona que nosotros conocemos como Oriente Próximo está desestabilizada desde la Guerra de Iran-Irak, en los 80 del siglo pasado, conflicto por el petróleo del subsuelo de esa zona, por mucho que nos lo vistan de conflicto teológico entre suníes y chiíes; vamos por tanto camino de los 40 años de conflictos consecutivos, animados, cuando no promovidos de forma directa o indirecta, consciente o inconscientemente por las potencia occidentales y Rusia; en función de intereses geoestratégicos y energéticos. Permítaseme fijar un esquema cronológico que visualice estos 38 años de guerras sucesivas, rememorando algunos hechos relevantes:

-En 1985, en el conflicto citado de la Guerra entre Irán e Irak, con la Administración de los USA con Ronald Reagan de Presidente, estalló el escándalo conocido como “irangate”; al hacerse público que la CIA había estado vendiendo armas a Irak, con cuyo beneficio (se estimaron una 47 millones de dólares) de ventas financiaba a la “Contra nicaguense”.

-Tan sólo 6 años después, el 16 de enero de 1991, una coalición liderada por los EE.UU., con la Administración presidida por George H.W. Busch, en plena etapa del “nuevo orden mundial”, tras la recientísima caída del Muro de Berlín (noviembre de 1989), se interviene en Irak; Estado al que se había financiado y vendido armas un lustro antes. Nuevo conflicto armado en base al petróleo, por la invasión de Kuwait por parte de Irak, en agosto de 1990, a quien acusaba de robarle petróleo de yacimientos limítrofes. La operación “Tormenta del Desierto” y el posterior bloqueo económico sumió a Irak en un retroceso de siglos en el plano médico, alimenticio,…

-Ya en el nuevo siglo, en marzo de 2003, a nombre de las inexistentes armas de destrucción masiva en poder de Irak, se lanza una nueva operación bélica; diseñada cuatro días antes en las Islas Azores, en una reunión apadrinada por Durao Barroso, en aquel momento Primer Ministro de Portugal. En aquella reunión, José Mª Aznar, Presidente del Gobierno español y Tony Blair del Reino Unido, se pusieron literalmente en manos de Estados Unidos, en la etapa de George W. Bush (junior), para iniciar otra guerra genocida que en el caso de nuestro país se llevó a cabo a espaldas del Parlamento y contra la voluntad de los pueblos del Estado español. El resultado de esta intervención, una de las más vergonzantes de la historia, fue la desestructuración de Irak como nación.

-A principios de 2011 estalla el conflicto social en Siria, a partir de la acción represiva del aparato del Estado sirio, contra las protestas por el desempleo galopante, la corrupción y la situación general de malestar social. Sin embargo, siendo cierto que Bashar al-Ásad es un tirano que tiene sometido a su pueblo, lo es menos tirano que la dinastía saudí a la que las mismas potencias occidentales rinden honores. Resulta difícil de creer que esta guerra estalle y que se involucren en ella dos bloques de potencias occidentales y no occidentales, por motivos sociales, por muy deteriorada que esté la situación del pueblo trabajador.

La realidad es que como consecuencia de las guerras anteriores en la zona, todo el territorio está desestabilizado y se está dirimiendo en territorio sirio e irakí quién controla la salida de hidrocarburos por el Mediterráneo por las costas sirias; interés particularmente de Rusia. Se está dirimiendo que el pueblo kurdo no tenga un territorio propio; interés particularmente de Turquía. Y, entre otros intereses, se está dirimiendo la hegemonía en favor de Arabia Saudí e Israel; interés de los Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, por motivos económicos y políticos.

Considero que los ejemplos y datos referidos son suficientes, para dar una idea precisa de los verdaderos motivos que están en el origen de la lamentable situación económica que se vive en esos países, de los que provienen las personas que llegan a nuestras costas. Sus calamidades no son ajenas a los movimientos económicos de las multinacionales públicas y privadas de los países europeos y norteamericanos y las relaciones políticas con los distintos estados.

No, no llegan por gusto ni para quitarnos el trabajo; llegan por desesperación. Los “afortunados”, serán sobre explotados, sin contrato, por empresarios sin escrúpulos, en: la construcción, la agricultura, en el servicio doméstico, etc. Muchos de esos empleadores miserables son los que claman contra la inmigración y votan a los partidos reaccionarios de la derecha. Es esa derecha filofascista que reacciona y a la par abusa de las situaciones de extrema pobreza.

Los y las menos “afortunados” caerán en manos de las mafias de la droga y/o la prostitución, eso cuando no llegarán ya secuestrados por dichas mafias.

Si las administraciones actuasen con contundencia contra la sobre explotación laboral, dado el decrecimiento y envejecimiento de la población en la sociedad europea, sería un alivio para nuestros sistemas de protección, como el de Pensiones públicas, que llegase mano de obra de otros países; eso sí, siempre que a esa mano de obra se la contratase y se respetasen las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

Si no queremos que vengan, no permitamos que nuestros estados ayuden a las multinacionales a esquilmar sus recursos previa cooptación de sus minorías privilegiadas predispuestas a la corrupción.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM-PSOE en la Agrupación de Arganzuela

Adherido a Izquierda Socialista

 

 

 

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Tiempos nuevos para el mundo del Trabajo

El pasado mes de junio se produjo un cambio determinante en nuestro país con la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno, al prosperar la moción de censura presentada al anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El cambio en el Ejecutivo ha abierto grandes expectativas en la mayoría de la sociedad. El nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha manifestado su compromiso con la recuperación de los derechos vulnerados por las medidas regresivas adoptadas por los Gobiernos del Partido Popular (PP), con la protección a las personas y el fortalecimiento del estado del bienestar.

 

El 13 de junio se celebró en Moncloa el  primer encuentro del presidente del Gobierno, junto a la ministra de Trabajo, con los interlocutores sociales, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, para analizar los principales problemas sociolaborales que sufre nuestro país: el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios y falta de protección de las personas desempleadas, que provocan la creciente desigualdad y pobreza junto con  los problemas que atraviesa el sistema público de pensiones. Se estableció el compromiso de impulsar el diálogo social para abordar estas cuestiones centrales para el empleo y la sociedad y tratar las materias relativas a la reforma laboral al igual que la de pensiones. En el trascurso de la reunión las patronales y los sindicatos informaron que estaban cerca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones en materia salarial.

Con posterioridad el presidente del Gobierno anunció un plan director contra la explotación laboral del que los interlocutores sociales fueron informados. Dicho plan se orientaría contra la precariedad laboral, los abusos en la contratación, los falsos autónomos y la economía sumergida y la garantía de la protección laboral a los trabajadores y trabajadoras. Se basaría en las experiencias puestas en práctica por los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas (CCAA), como la de Baleares con las campañas anuales contra el fraude en las contrataciones, que han obtenido unos buenos resultados en la lucha contra la explotación laboral. El plan director se desarrollaría con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la colaboración con las CCAA y con el desarrollo normativo necesario.

El 25 de junio se suscribió por las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos UGT y CCOO el preacuerdo del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de un dilatado proceso de negociación en el que las pautas para seguir la evolución de los salarios polarizaron y ralentizaron las discusiones. Las organizaciones sindicales han desarrollado un amplio proceso de movilizaciones en exigencia de la redistribución de los beneficios empresariales en este periodo de recuperación económica a través de incrementos importantes de los salarios e impulsar de forma más intensa el crecimiento de los salarios mínimos de convenio.

El preacuerdo del IV AENC, que será firmado definitivamente tras su ratificación por todas las partes, supone un avance en la necesaria recuperación de las rentas del trabajo en nuestro país tras la intensa devaluación salarial sufrida desde 2010. Los incrementos salariales previstos serán del orden del 3% durante los próximos tres años, con subidas fijas en el entorno del 2% más variables del 1% vinculadas a diferentes parámetros (productividad, beneficios, absentismo, etc.). Es de resaltar, por la trascendencia que puede adquirir en nuestro mercado laboral para mejorar a las rentas más bajas, la determinación de alcanzar en 2020, de forma progresiva, un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales (que supondrán una retribución de 14.000 euros anuales). Junto con estos compromisos adquiridos en materia de negociación salarial se han fijado otras estipulaciones entre los interlocutores sociales, siendo primordiales los criterios para impulsar el procedimiento negociador para la renovación de los convenios colectivos, la solución autónoma de conflictos y el mantenimiento de las condiciones pactadas mientras se está negociando.

Los interlocutores sociales también han acordado diferentes materias para ser tratadas de forma tripartita, con el Gobierno, para mejorar las condiciones de trabajo y la regulación laboral: las contratas y subcontratas; impulsar la transmisión del conocimiento y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante el contrato de relevo; medidas de protección social para mantener el empleo en las empresas con dificultades a través de la reducción de jornada; mejorar la regulación de la formación para el empleo; facultar a los convenios colectivos para determinar la jubilación cuando se cumpla la edad ordinaria; medidas para favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres; crear un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y facilitar las prestaciones a la finalización de los contratos.

Los socialistas valoramos positivamente el preacuerdo del IV AENC, resultado de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales, en su conjunto y en particular en materia salarial porque debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional y, a su vez, también debería beneficiar a la recaudación de la Seguridad Social, tal como propusimos en nuestro Acuerdo por un Trabajo Digno: el Pacto de Rentas.

La reforma laboral ha transferido 2,4 puntos de las rentas de los asalariados al excedente empresarial, la devaluación salarial ha supuesto la pérdida de peso de las rentas del trabajo a favor de las rentas empresariales en el reparto del PIB. No es esta la vía de competitividad que necesita nuestro país en el siglo XXI, nuestro sistema productivo debe competir en innovación, diseño y calidad de los bienes y servicios, con trabajo digno y mejoras en la productividad, para lo cual son necesarias inversiones públicas y privadas en educación, formación, ciencia y tecnología.

 

Restablecer el poder de negociación de los sindicatos, para que la negociación colectiva recupere la fuerza perdida es un objetivo clave para lograr incrementos salariales en la negociación de los convenios colectivos. Al igual que el respeto de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para estructurar el sistema de negociación colectiva, preservar su fuerza vinculante    y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la vertebración y la articulación sectorial, junto con restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos.

Hasta el pasado mes de mayo las exigencias de los sindicatos y de la izquierda sobre la necesaria derogación de la reforma laboral encontraban un rechazo absoluto por parte del Gobierno del PP argumentando que su reforma laboral era la causa principal de la recuperación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas, la disminución del desempleo y de la creación de empleo. El objetivo del Gobierno del PP era profundizar en las medidas regresivas de la reforma laboral de 2012, en base a los compromisos suscritos en agosto de 2016 entre el PP y Ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Ahora se abre una nueva etapa que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias. Este nuevo tiempo se asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas, para erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. Las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado en  junio de 2017, establecen el  compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma consensuada para dotarnos de un marco de relaciones laborales para el siglo XXI,  basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la globalización de la economía, a las nuevas realidades en el empleo y en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización..

Para ello, es necesario trabajar para alcanzar el respaldo de la mayoría social y ahora, con la actual relación de fuerzas, deberíamos avanzar con determinación con el diálogo social y articulando la necesaria mayoría parlamentaria que apoye las medidas que puedan contribuir a implantar un modelo laboral basado en el trabajo digno con buenos empleos y salarios decentes.

Toni Ferrer

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Para avanzar, caminemos hacia la República

Desde Tribuna Socialista, hacemos un llamamiento a los partidos, organizaciones y colectivos que componen el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), del que nosotros mismos venimos participando desde hace años.

Proponemos la apertura del necesario debate en pro de promover la idea de República como modelo de Estado en nuestro país. Una idea legítima.

Ha sido a partir de la reivindicación de un gran porcentaje de catalanes y catalanas en favor del derecho a decidir, el cual incluye el derecho a decidir que no desean separarse del Estado español, que se ha puesto de manifiesto la necesidad de una profunda reforma constitucional. Siendo el PSOE, el Partido que propuso una Comisión parlamentaria para abordar dicha reforma, antes incluso de la apertura de una nueva etapa esperanzadora; tras la exitosa Moción de Censura que ha sacado al insoportable PP del Gobierno.

El deseo de cambiar de modelo de Estado, es un sentir muy extendido; a pesar de ser ese sentir ninguneado por los partidos de la derecha y por sus medios de comunicación. Es por ello necesario hacer todos los esfuerzos para ayudar a despertar la toma de conciencia en la mayoría social de que blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia pasa por evolucionar de la Constitución de la Transición a la Constitución que dé solución a las necesidades actuales.

En las crisis económicas habidas en estos últimos 40 años, siempre se ha salido (hasta la siguiente crisis) a costa de la devaluación de los salarios y en detrimento de los derechos de la mayoría de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, desempleados y desempleadas, autónomos y los estudiantes hijos e hijas de dichos colectivos. La Constitución fue reformada, en su artículo 135.3, para blindar los intereses de los acreedores de la deuda del Estado; ¿cuándo vamos a blindar los intereses de la mayoría social?

Hace unas semanas, en el barrio de Vallecas, en Madrid, se producía un “referéndum” promovido por vecinos organizados en la “Plataforma Vallekas decide”; participaron 7270 vecinos, con un resultado del 89,27% a favor de la República. No es tanto el número de participantes ni el valor cuantitativo de la consulta, sino el hecho mismo de que se produzcan iniciativas de este tipo, como expresión necesaria ante un claro inmovilismo político en la cuestión del modelo de Estado.

En junio de 2014, hace solo 4 años, se procedió a la “abdicación express” de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe. Una abdicación rápida, urgente, ante el deterioro evidente de la institución. Los espectáculos públicos entre suegra y nuera, junto a otros escándalos familiares de mayor envergadura, no pasarían de un simple cotilleo si no pusiesen en evidencia que la crisis de la Corona es la crisis de un modelo de Estado que se resiste al cambio y que está frenando la necesaria evolución de nuestra sociedad.

Nos consideramos republicanos por convicción, más allá de reducir el concepto República a la mera celebración de actos conmemorativos cada 14 de abril.

Estamos convencidos de que la vía para los avances democráticos y sociales en nuestro país pasan por un modelo de Estado propio de una democracia plena: la República.

Seguros de que compartimos estas mismas inquietudes, es por lo que nos dirigimos a vosotros para iniciar los trabajos, encuentros y la búsqueda de acuerdos que nos permitan caminar juntos, y con otros más, hacia la III República de los pueblos de España.

Primeros firmantes

Roberto Tornamira Sánchez                       ​​​​Afiliado al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Mario Martín Arribas                                     Afiliado al PSMadrid-PSOE en Getafe.

Eduardo Hernández Oñate                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Barrio de Salamanca.

Gloria Mora Campos                                     Afiliada al PSMadrid-PSOE en Barrio de Salamanca.

José A. Fernández Guerras                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Luis Sastre Sanz                                               Afiliado al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Ángel Alonso Calvo                                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Ana Rubio Encinas                                          Afiliada al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Marta Isabel Rodríguez                                Afiliada al PSMadrid-PSOE en Coslada.

Pilar Fernández Rufo                                     Afiliada al PSOE-Andalucía en La Rinconada-Sevilla.

Manuel Arroyo Martín                                  Socialista no afiliado de Madrid.

Eva Sobrado Peláez                                        Afiliada al PSMadrid-PSOE en San Sebastián de los RR.

Vicente Sansegundo Congosto                 Afiliado al PSMadrid-PSOE en Puente de Vallecas.

José A. Iniesta Martín                                    Afiliado al PSC-PSOE en Sant Boi.

Iñaki Merino Montes                                    Afiliado al PSE-PSOE-Bizcaia en Barakaldo.

Santiago Reyes Ruiz                                       Afiliado al PSE-PSOE-Bizcaia en Durango.

Máximo Fernández Gómez                        Socialista no afiliado de Madrid.

Sergio Moya Hernández                              Afiliado al PSC-PSOE en Sant Boi.

Antonio Blasco Román                                  Afiliado al PSMadrid-PSOE en Fuenlabrada.

Silvia Font Jurado                                            Afiliada al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Baltasar Santos Fernández                         Afiliado al PSC en El Vendrell.

Ramon Rius                                                       Agrupación de Piera PSC

José Miguel Villa Antoñana.                       Afiliado al PSMadrid en Collado Villalba

Ignacio Bruna Sánchez                                  Afiliada al PSMadrid-PSOE en Villanueva del Pardillo.

Ángel Romero Triviño                                    Afiliada al PSE de Leioa

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Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   “El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

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El cinismo de sus deseos y recomendaciones…

Leemos el último informe de la OCDE sobre indicadores de empleo en 2018… ¡Y oh!  sorpresa…No aprendemos y tenemos lo que nos merecemos. Resulta que las circunstancias de precariedad, desempleo y pobreza laboral son consecuencia de las, cada vez, más ralas, escasas, y “excesivas” regulaciones laborales…

Vuelven a ignorar, de manera decidida, que sus políticas son las que nos han llevado a esta situación: su responsabilidad en la crisis, la elusión de esta responsabilidad, y las recomendaciones  del propio  ladrón de bancos…”pongan alarmas que no funcionan, y vigilantes sordos y ciegos”…, han sido las auténticas causas de nuestra miseria social.

Volvemos a hacer responsables de las crisis económicas y de sus consecuencias, a quienes las sufren, a sabiendas de que el mercado de trabajo no causa estos problemas.

Los economistas, algunos economistas, nos explican como “expertos” nuestra economía…

Lo hacen como si esta ciencia tan extraordinaria, tan importante y compleja, como la ciencia que es, tuviese dogmas de fe incuestionables donde conceptos como resignación y austeridad calan en las decisiones q se adoptan, como las propias creencias religiosas, siendo aceptadas como inevitables, como naturales.

Sin embargo, nosotros pensamos que nuestra economía es como nuestra política, democrática, y como nuestro sistema político, parlamentario no presidencialista, lo que quiere decir que necesita también acuerdos y pactos,  y entre todos, el Pacto Social.

La economía es posiblemente por sus consecuencias, la ciencia  más social, con permiso de otras,  y su determinación en origen, depende de la elección que los ciudadanos tomamos con la libertad que tenemos a bien darnos y disfrutar.

Esta característica hace que los socialistas no aceptemos más política económica que aquella que, lejos de ideas preconcebidas, considera a los ciudadanos como centro de la atención, y su situación y visicitudes el objetivo a mejorar.

En consecuencia el retroceso social  que vivimos, fruto de la política económica de los gobiernos del PP respecto a derechos civiles, sociales,  y laborales nos orienta a una política progresista de reconstrucción de nuestros derechos y libertades, y  nosotros mujeres y hombres  libres,  socialistas,  consideramos que podemos trascender esta situación de regresión social mediante la política entendida como el ejercicio de la justicia social, y de la economía como servidora de las personas y sus circunstancias.

Eduardo Hernández Oñate

Afilado al PSM-PSOE en la Agrupación de Barrio de Salamanca

Adherido a Izquierda Socialista

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Nº 94 de Tribuna Socialista. Julio 2018.

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