En España la monarquía y sus garantes, la oligarquía terrateniente, la Iglesia católica y el Ejército, siempre se han colocado enfrente de su pueblo, pero especialmente desde principios del siglo XIX. En los últimos dos siglos en contadas ocasiones hemos podido expresar nuestros deseos con respecto al tipo de Estado como queremos la mayoría trabajadora, y siempre nos hemos inclinado a favor de la república. Sin embargo, no es mi intención hacer un relato histórico para reivindicarla.
La república es una necesidad material más que un deseo nostálgico. Prácticamente todos los partidos de izquierda, parte de los nacionalistas, y gran parte de la ciudadanía se declaran fervientemente republicanos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es posible que, tras años de gobiernos de izquierda, tras años de un gobierno de coalición que se dice progresista y que integra en sus filas varios partidos de esos que se declaran fervientemente republicanos, cómo es posible que no se vislumbre en un horizonte lejano siquiera la posibilidad de que arribe la república? La respuesta parece fácil, todos se encuentran a gusto con el marco jurídico existente, y su vehículo necesario, la Monarquía.
El dictador dijo aquello de “todo queda atado y bien atado” en su discurso de navidad del año 1969, refiriéndose a la designación de Juan Carlos de Borbón como futuro rey de España. Pretendía la continuidad del régimen franquista y para ello nada mejor que una monarquía a la cabeza del aparato estatal y, por si algún nudo se desataba, como jefe de los tres ejércitos. Este episodio recuerda otro mucho más reciente y de plena actualidad. José María Aznar, líder espiritual de la derecha, hizo una llamada en noviembre de 2023, tras la formación del Gobierno de Sánchez: “el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte”. Curioso paralelismo, pues las instituciones existentes en el momento de la muerte del dictador y la consiguiente proclamación de Juan Carlos, a día de hoy son las principales encargadas de hacer lo que se pueda y aportar lo necesario.
Para qué hablar de las prevaricadoras sentencias de los jueces, condenando sin pruebas o llevando a cabo investigaciones prospectivas, o declaraciones de los dirigentes de la Conferencia Episcopal para que Sánchez convoque elecciones, o manifestaciones de jueces con su toga a la puerta de los juzgados para frenar decisiones políticas del Gobierno, o montajes policiales y tramas mafiosas para encausar a nacionalistas y partidos de izquierda, para reprimir a trabajadoras y trabajadores cuando ejercitan derechos sindicales, para acosar inmigrantes o jóvenes por su aspecto, o medios de comunicación regados con dinero público sin otro cometido que acosar al Gobierno de Sánchez, y así podría repetir hasta la saciedad lo que todos vemos y sabemos.
Al igual que la monarquía borbónica, el franquismo era corrupto por naturaleza; no solo había represión, el abuso y la impunidad estaban en la raíz del régimen. En 2014 Juan Carlos se vio obligado a abdicar al descubrirse que había amasado una enorme fortuna a base de negocios turbios y corruptelas y, como su abuelo, puso tierra de por medio para eludir, no la acción de la justicia que le es propia y ya lo ha exonerado, sino la indignación popular y la posibilidad de que se levantara un movimiento en contra de la monarquía; además de eludir el pago de impuestos correspondiente. Recientemente ha escrito un libro de memorias cargando contra Sánchez, en la línea de “el que pueda hacer que haga”.
Su hijo intenta dar continuidad a la cosa y a la Casa, apoyado en la limpieza de cara que le aporta el poder mediático, tan entregado y baboso como se comportó con su padre. Sin embargo, se le vio la patita cuando envió a jueces y policías para reprimir a los catalanes en el discurso de octubre de 2017; el que podía hacer, hizo. Por otro lado, estamos asistiendo a la formación “profesional” de Leonor de Borbón, heredera al trono, que se pasea por tierra, mar y aire, preparándose para ser la capitana general de los ejércitos. Nos han colocado una sucesora sin ninguna consulta, como es propio de la monarquía.
Desde la izquierda se hacen referencias permanentes a la 3.ª República, sin embargo, en la práctica nadie da pasos concretos ni en su programa, ni en sus propuestas. Podríamos hacer ciencia ficción y preguntarnos qué habría pasado si los dirigentes de Unidas Podemos, tras las elecciones de 2016 en las que obtuvieron 71 escaños, hubieran subido al estrado del Congreso y se hubieran mostrado decididos a cambiar de modelo de Estado, a organizar la lucha por la República, dando la espalda al régimen de la Monarquía y las instituciones que arrastra.
De vez en cuando la prensa recoge alguna encuesta que pone de manifiesto el elevado tanto por ciento que quiere la República, incluso se habla de sondeos tras la muerte del dictador que inclinaban las preferencias de la ciudadanía a la República. Nunca se ha preguntado a la población qué prefiere. Nunca se ha dado la oportunidad de transmitir la ilusión necesaria a la población, ni organizar la exigencia de un cambio de régimen. Por el contrario, los partidos de izquierda, cuando han tenido la oportunidad, se han lanzado a gobernar con los mimbres heredados del franquismo, se han esmerado en demostrar que son buenos gestores de la herencia del dictador. La Constitución se nos presentó como un paquete cerrado, producto de un pacto por arriba con los franquistas, que implicaba al PSOE, al PCE y a los partidos nacionalistas, sin ninguna posibilidad de enmienda, y del que hoy, –de aquellos polvos estos lodos–, recoge instituciones permeables al “el que pueda hacer que haga”.
Construir una república del pueblo y para el pueblo exige unas reivindicaciones claras salvaguardadas con garantías de que no van a ser arrasadas a las primeras de cambio. Hoy la lucha por la República significa “ruptura” apoyada en la mayoría social, que liquide el aparato judicial borbónico, que echa sus raíces, más allá del franquismo, en el siglo XIX. Una república que garantice la paz por encima de todo, negando apoyos a cualquier guerra, a la venta o compra de armas; que aparte a la Iglesia de la enseñanza pública, construyendo un Estado verdaderamente aconfesional; que garantice la sanidad universal para todos; que organice la industria, la agricultura y la ganadería basándose en las necesidades de la mayoría, no del beneficio; una república federal que escucha y defiende a los pueblos, no los enfrenta, que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos. La unidad de España defendida por la Monarquía es una unidad contra los pueblos que lejos de escucharles los somete a un nacionalismo español rancio, y excluyente.
Para convencer primero hay que ilusionar, explicar con paciencia, negarse a reconocer que hay reivindicaciones que no se pueden cumplir porque lo mande Bruselas, Trump o la geopolítica. En resumen, una República del pueblo para romper con la Monarquía corrupta y sus instituciones.
Enrique Dargallo
Tribuna Socialista 
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