Editorial: No somos neutrales

Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.

No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.

Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.

La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.

Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.

A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.

No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.

Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.

Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.

Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.

La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.

La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.

Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.

Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.

Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.

Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.

No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.

En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.

Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.

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