Hay que acabar con el virus y con los parásitos

No  hay duda, vivimos  la  peor  crisis  sanitaria  conocida  por  las actuales  generaciones. Hay  que  combatir  al  COVID  19:  primero  con  aislamiento  para  frenar  la  propagación-siguiendo  las  indicaciones  del  Gobierno  y  las  autoridades  sanitarias-y  después,  con  las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos. Hay   que   acabar   con   el   virus y   también   con   los   parásitos   que   llevan   muchas generaciones,  incluso  siglos,  instalados  en  la  sociedad.  Chupópteros  que viven  del esfuerzo  colectivo.  Cuando  esta  crisis  sanitaria  pase,  habrá  que  pedir  cuentas  y  hacer balance de la experiencia vivida. En  el  momento  de  redactar  esta  editorial,  estamos  confinados  en  nuestros  domicilios, pero  no  estamos amordazados. Mantenemos  nuestra libertad  y capacidad  para pensar, debatir  y expresarnos.  Vemos  con  claridad  que  el  coronavirus  pretende  aprovecharse como pantalla para  tapar los  problemas  políticos,  es  decir:  económicos,  sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una  prueba clara de  ello  es  la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano. Tenemos reciente la  experiencia  de  la  crisis  inmobiliaria  y financera de  2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El  eslabón  entre  la  dictadura  y  la  democracia: la  Corona,  no  ha  superado  la  crisis  que llevó  al  aparato  del  Estado  a  precipitar  la  “abdicación  exprés” de  Juan  Carlos  de Borbón, el  19  de  junio  de  2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en  extinción,  sus  juergas  de  toda  la  vida,  y  todo  con  dinero  público,  no  son nada   comparadas   con sus,   siempre   sospechados, y   ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son  la  punta  de  un iceberg  muy  profundo.  Su  fortuna  se  estima  en  2.000  millones  de euros  ¿de  dónde  han  salido,  de  qué  negocios?  Los  saudíes,  como  las  empresas  que pagaban  comisiones  a  la  CIU  de  Pujol  o  al  PP  de  Aznar,  Rajoy  y  Casado,  no  pagan comisión. Es  parte  del  negocio  que  le  cargan  en  la  factura  a  las  arcas  públicas:  los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español. En  su  momento, criticamos,  y  lo  seguimos  haciendo, la  reforma constitucional  que garantizaba  el  techo  de  gasto:  el  Artº  135,  el  que  garantiza  el  pago  de  la  deuda  y  sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán  siempre  incluidos  en  el  estado  de  gastos  de  sus  presupuestos  y su  pago  gozará  de prioridad  absoluta.  Estos  créditos  no  podrán  ser  objeto  de  enmienda  o  modificación  mientras  se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los  criminales  efectos  de  estas  políticas:  el pago  de  la  deuda  goza  de prioridad  absoluta.  ¿Cuál   es  la  prioridad  de   la  que  goza  la  vida  de  nuestros familiares?,  particularmente  de  los mayores,  quienes  han  sido  fundamentales  para  el avance  de  este  país. Los  recortes  en  Sanidad  se  han visto  muy  de  cerca  en  la  práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal  sanitario,  carencia  de  camas  y  unidades  de  cuidados  intensivos,  así  como  una absoluta  escasez  de  material  básico  de  protección  para el  personal  que  presta  sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias  de  los  recortes  en el  gasto  público;  ese  que  no  goza  de  ninguna prioridad.

Como la  Sanidad, todos  los servicios  públicos han soportado recortes desde 2008: Educación,  Pensiones,  Dependencia.  Con  la  LOMCE  llegó  el  incremento  de  las  ratios de  niños  por  aula;  consecuencia  directa  del  despido  de  miles  de  trabajadores  interinos.

Sin  embargo,  para  la  Iglesia  no  se  ha  escatimado. Se  le  ha  dado  rango  de  asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a  los  centros  públicos  para  incrementárselo   a  los  concertados. Es  sencillamente escandaloso,  y  aún  más,  si  se  añade a  esto  la  subvención  y  el  privilegio  que  supone  no pagar impuestos. El  sistema  público  de  Pensiones  sufrió  dos  reformas:  en  2011  y  en  2013,  siendo  la  de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con  el  ridículo  0,25%  de  incremento,  y  por  el  factor  de  sostenibilidad  que  estira  la pensión  a  percibir  en  función  de  la  esperanza  de  vida,  con  una  pérdida  estimada  del 40%. Solo  la presión  de  los  pensionistas,  que  se  han  mantenido  movilizados  durante estos  años,  ha  conseguido  que  la  revalorización  se  vincule  al  IPC;  algo  que  no  es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados. Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas  de  mayores:  otro  negocio  cedido  a  la  gestión  privada,  ofertado  por  el  método de la “subasta al peor postor”: quién  menos  dinero  cobra  se  lleva  el  contrato.  Después da  igual  (a  los gobiernos  autonómicos  les  debe  dar  igual,  ahora  dicen  que  no  sabían nada)  si  los  residentes  están  bien  o  mal  tratados.

Hemos  visto  los  estragos  que  el coronavirus  ha  hecho  en  residencias  de  Madrid,  Castilla  y  León, Euskadi,  Cataluña, y Castilla  La  Mancha,  entre  otras,  con  más  de  90  muertos solo  en las  residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar  en  la  situación  de  desequilibrio;  entre  trabajadores  y  empresarios,  en  la  que nos  dejó  particularmente  la  reforma  del  PP. Ahí  continúan la  Ley  Mordaza  y  el  Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La  dura  experiencia  nos  ha  enseñado  que  al  capital  le  da  lo  mismo  lo  que le  ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en  las bolsas; comprando barato y haciendo  beneficio  en  cuanto  han  podido.  Hemos  visto  el  permanente  lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer  minuto  del  estallido  vírico.  ¿Dónde  están,  en  qué  paraíso  fiscal,  los  beneficios que  han  venido obteniendo las  entidades  financieras  en  estos  últimos  cinco  años?  A  la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que   el   Gobierno   ha   dispuesto,   en   forma   de   créditos,   avales   y   otros   productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas  económicas  deberían  ir  vinculadas  a  compromisos  de  mantenimiento  del empleo,  incluso  se  debiera  establecer  la  prohibición  de  despedir.  Todo  este  esfuerzo, como  el  realizado  en  la  crisis  anterior,  se  acumulará  en  un  incremento  de  la  deuda  del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo  anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy  importante del pueblo de  Cataluña no  están  resueltas  (recordemos  que  el  80%  está  a  favor  de  poder decidir  su  futuro  en  las urnas  y  que  el  50%   votó  a  partidos  independentistas), independientemente  de  la  política  de  los  actuales  dirigentes;  podemos  afirmar  que  hoy es  más  evidente  que  nunca  la  obsolescencia  de  la  Constitución  de  1978.  La  pluralidad de  pueblos  que  componen  el  Estado  español  necesita  leyes  que  le  resuelvan  los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay  que  acabar  con  el  virus  y  con  los  parásitos  que  suponen  un  obstáculo  al  avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos;  justo  lo  contrario  a  lo  que  hizo  el  PP  y  a  lo  que  pretende  hacer,  según  lo manifestado  por  el  Sr.  Casado  el día  18  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades  de  la  mayoría  social.  No  abordar  dicha  reforma  solo  contribuirá  a  un  mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

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