En la perspectiva de hacer un primer balance sobre los 100 primeros días de la acción del Gobierno, Pedro Sánchez se ha visto inesperadamente forzado a asumir la gestión de una crisis sanitaria sobrevenida (Pandemia, según la OMS) y desconocida hasta ahora por su especial virulencia y efectos devastadores. Al margen de las consecuencias negativas para muchas personas (incluso con numerosas pérdidas de vidas humanas), el coronavirus está siendo desastroso para la economía y para el funcionamiento de sectores y empresas, además de condicionar fuertemente la libertad de movimientos de los ciudadanos. Ante esta gravísima situación, el Gobierno se vio obligado a decretar la emergencia sanitaria y la “Declaración de Alarma”.
Las previsiones de los expertos anuncian que la fuerte incertidumbre generada seguirá afectando al crecimiento de la economía mundial, cuando menos, a lo largo del presente año. O, lo que es lo mismo, si nadie lo remedia, afectará directamente al empleo (según la OIT se pueden perder 25 millones de empleos), a la protección social, a la oferta y la demanda, así como a la sostenibilidad del tejido empresarial (sobre todo en los sectores del turismo, comercio y transportes), al déficit y la deuda pública, a la cotización bursátil, al conjunto de los servicios públicos esenciales e, incluso, condicionará radicalmente en nuestro país el debate y el contenido de los PGE-2020.
También está influyendo considerablemente en la actividad política. Atrás han quedado medidas valoradas positivamente: el incremento del SMI, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la aprobación del techo de gasto, la apertura del diálogo con el Gobierno de la Generalitat… El resto de los compromisos políticos han quedado supeditados a la resolución de la crisis: entre ellos las elecciones en Galicia y el País Vasco, el debate de los PGE-2020, la sostenibilidad de las pensiones (Pacto de Toledo), la derogación de las reformas laborales, la financiación de las CCAA, la mejora de los servicios públicos… Al margen de relegar a un segundo lugar a otros asuntos de gran calado: la igualdad de género, el cambio climático, la digitalización de nuestra economía, la transición energética, el cambio de modelo productivo…
A pesar del reto que representan estos asuntos, algunos analistas y diversos medios de comunicación han hecho especial hincapié- sobreactuando de manera interesada- en las desavenencias suscitadas recientemente dentro del Gobierno y, en particular, entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el secretario general de Unidas Podemos (UP) y vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Esperemos que se trate de diferentes sensibilidades- comprensibles en un gobierno de coalición e, incluso, en un gobierno monocolor- a la hora de abordar asuntos de una gran complejidad: migraciones, igualdad de género, monarquía, gestión relacionada con la crisis…
En todo caso, las diferencias suscitadas demuestran la imperiosa necesidad de seguir apostando por la cultura del Pacto y el Acuerdo ante la emergencia sanitaria y la actual fragmentación partidaria (la realidad política hay que abordarla con altura de miras y no convertirla en un nuevo motivo de confrontación) y por fortalecer y poner en valor al actual Gobierno de coalición. Las ventajas de la Unidad de Acción entre el PSOE y UP son muchas para arriesgarnos a que fracase el actual Gobierno (sin alternativa) sobre todo en estos momentos. La actitud lamentable y demagógica del PP y de Vox, al comienzo de la crisis, descalifica a ambos partidos sin paliativos y demuestra que la alternativa que representan es muy nociva para el País y, en particular, para el desarrollo de las políticas progresistas empeñadas en superar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria que está afectando particularmente a los más vulnerables. A pesar de todo, es justo reconocer el pequeño cambio suscitado en los últimos días en el PP, ante la dramática gravedad de la emergencia sanitaria y el temor al rechazo ciudadano.
Hasta el momento, la atención del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las personas, de acuerdo escrupulosamente con los protocolos y el necesario rigor sanitario exigible en estos casos: con solvencia, transparencia y unidad de criterio con las diversas CCAA. A ello está contribuyendo de manera decisiva y ejemplar el comportamiento del conjunto de la sociedad civil, al imponerse el sentido común y la disciplina sobre la torpeza y el miedo, siempre condenable y fuera de lugar.
Ante la emergencia sanitaria, el Gobierno, de acuerdo con la UE, ha decidido paralizar las políticas de estabilidad fiscal comprometidas, mientras dure la emergencia, además de plantear a las instituciones europeas la puesta en práctica de políticas fiscales y de solidaridad comunes (la contundente decisión del BCE va en esta dirección: 750.000 millones de euros en deuda pública y privada), que recuperen el protagonismo que debe tener en estos casos la UE (su futuro pasa por su eficacia en esta crisis, lo que exige medidas excepcionales y urgentes: presupuestos mucho más expansivos, eurobonos, inversión pública…). También, en principio, adoptó una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias por importe de 18.225 millones de euros (cerca del 1,5% del PIB). Entre otras, ayudas a las CCAA para efectuar gastos sanitarios; también a las familias y afectados, moratorias al pago de impuestos, créditos a empresas, bonificaciones a las cotizaciones sociales para ayudar a empresas (sobre todo a PYMES) y autónomos y, finalmente, ayudas para evitar el cierre de los centros de trabajo más afectados por la crisis.
Con los interlocutores sociales se reforzó el diálogo social con el propósito de evitar el desplome de la economía y la destrucción de empleo, fortalecer la protección social de los desempleados por la crisis. En este sentido- a través de un Real Decreto-, el Gobierno aprobó el llamado “Escudo Social” por importe de 200.000 millones de euros (117.000 millones serán del sector público y 83.000 millones del sector privado) para responder a las nuevas exigencias de la Pandemia. La pretensión, entre otras medidas, es agilizar los ERTE por fuerza mayor; prohibir los despidos por el coronavirus; evitar sanciones por ausentarse del trabajo obligado por la crisis; cobrar la prestación por desempleo, aunque no tenga contabilizada la cotización necesaria; moratoria en el pago de hipotecas; garantizar los servicios públicos esenciales a los más débiles; avales para dar liquidez a las empresas; proteger a las empresas cotizadas del IBEX-35 contra OPAS hostiles presentadas desde fuera de la UE…
Las CCAA y Ayuntamientos de acuerdo con el Gobierno también tomaron medidas dolorosas pero comprensibles: supresión de las Fallas, Semana Santa, Feria de Abril, eventos culturales y deportivos… En este sentido, debemos afirmar- a pesar de las críticas (fuera de lugar) de los gobiernos de Catalunya y del País Vasco a la “Declaración de Alarma”- que no se puede combatir la Pandemia desde 17 entes territoriales. Es imprescindible, como se ha hecho, establecer un Mando Único ante un problema que afecta a todas las personas por igual y no a territorios por separado.
Lamentablemente- y a pesar de estas medidas-, en las últimas semanas no han faltado actitudes especulativas y propuestas oportunistas e interesadas en sacar partido de la crisis actual. El FMI, el pensamiento neoliberal conservador y algunos responsables empresariales, sin ir más lejos, han vuelto a pedir el recorte de derechos, la reducción de impuestos y el aplazamiento de la derogación de las medidas más lesivas de la reforma laboral. Incluso, Pablo Casado, líder del PP, actuó en principio de manera sectaria y a remolque de las circunstancias, intentando capitalizar demagógicamente la incertidumbre, el miedo y el desasosiego de los ciudadanos, cuando lo que procedía era apoyar sin reservas al Gobierno y ponerse a su disposición para abordar solidariamente la crisis. Ya habrá tiempo para analizar la gestión del Gobierno y el comportamiento de la oposición e, incluso, para la crítica si procede.
En este contexto, no es extraño que se valorara positivamente las declaraciones de Inés Arrimadas (Ciudadanos), favorables a colaborar con el Gobierno e, incluso, a participar de manera constructiva, después de la crisis, en el debate de los PGE-2020 con el propósito de facilitar su rápida tramitación en el Parlamento. A partir de una imperiosa necesidad: hay que revisar considerablemente al alza el techo de gasto aprobado y, en coherencia con ello, aprobar unos PGE-2020 más expansivos (en inversión), realistas y comprometidos con la nueva realidad social. Esto contará con el apoyo de la ciudadanía, de los interlocutores sociales y, esperemos, que sea asumida por las autoridades europeas, lo que ayudará considerablemente a salir de la crisis. No lo olvidemos, está en juego de nuevo la política y el modelo de salida de la crisis.
En cualquier caso, la crisis ha puesto una vez más de manifiesto las carencias y debilidades de la globalización y de la propia UE. En concreto, la UE se ha mostrado particularmente inoperante y a merced de un simple, pero agresivo virus, al no ser capaz de tomar medidas en tiempo real que evitaran el miedo y la propagación de la emergencia sanitaria. También ha demostrado la importancia de la unidad, la solidaridad y el compromiso político; además del valor del Estado (“Estado Providencia”), del sector público (sanidad pública) y de la investigación y la ciencia. Incluso, lo nefasto que han sido las políticas de recortes exacerbados, las privatizaciones interesadas y el desarme fiscal, al margen del sonoro fracaso de los demagogos, los populistas y los predicadores incapaces de ofrecer alternativas viables a los problemas complejos de una sociedad moderna.
A pesar de todo, no debe de cundir el pánico. Ante la emergencia sanitaria se ha demostrado en la práctica que el aislamiento, la prevención y la higiene consiguen resultados notables; además, los ciudadanos están aplicando coherentemente las directrices encaminadas a evitar el colapso del sistema sanitario. En todo caso, debemos persistir en superar la grave crisis vírica convertida en una auténtica pesadilla para todos. Por eso hay que recuperar los valores de siempre y mantener plenamente la confianza en nuestras autoridades: unidad, disciplina, solidaridad…
Antón Saracíbar
Tribuna Socialista 