Las conversaciones acaecidas en los últimos días en torno a la nominación de Pedro Sánchez, como candidato a formar gobierno, han suscitado fuertes expectativas y generado una gran repercusión en los medios de comunicación. Por otra parte, han tenido la virtud de acrecentar la ceremonia de la confusión instalada en el PP y de impulsar una nueva forma de hacer política, en coherencia con la nueva relación de fuerzas existente en el Parlamento, además de situar a Pedro Sánchez en el centro del tablero político. Como todo el mundo ha podido observar, la corrupta financiación del PP ha terminado, por el momento, con las escasas posibilidades de que Rajoy pueda gobernar de nuevo y ha convencido a la UE de la inviabilidad del proyecto del PP hipotecado por gravísimos escándalos no homologables por esas latitudes.
A pesar de todo ello, algunos todavía defienden la gran coalición (PP-PSOE-Ciudadanos) y otros se pronuncian por la abstención del PSOE para facilitar el gobierno del PP (con el apoyo de Ciudadanos), sin descartar ninguno de ellos la celebración de nuevas elecciones. Son pocos, pero muy poderosos, los que así opinan, y no dudan en utilizar los pronunciamientos de la UE, los resortes del poder político y económico, las estadísticas y encuestas (manipuladas) y el poder mediático afín para defender sus intereses ocultos. Sin embargo, que nadie se llame a engaño- como ya ocurre en algunas CCAA-, los ciudadanos más conscientes defienden un gobierno progresista con Podemos e IU (otras alternativas no son realistas) que, a su vez, trabajen para conseguir también el apoyo (o la abstención) del resto de los partidos (sobre todo de Ciudadanos) e, incluso, de los de marcado carácter nacionalista, tanto en el debate de investidura como, posteriormente, en el ejercicio de gobierno.
Todo ello resulta comprensible a estas alturas, sobre todo después de la renuncia de Rajoy y de que la gran mayoría de los politólogos, expertos y ciudadanos en general admiten que en el 20-D se votó al espacio de centro izquierda y no a pactos en abstracto sin ninguna base ni fundamento, como si fuera posible olvidar e “indultar” al PP ante hechos de corrupción verdaderamente escandalosos. Por otra parte, no debemos olvidar que el PSOE, Podemos e IU suman más de 11 millones de votos y que, por lo tanto, tienen la legitimidad que les han otorgado las urnas para intentar formar un gobierno de cambio que tenga en cuenta, sobre todo, a los más desfavorecidos por la crisis, al margen de las dificultades y de los inciertos resultados.
Son argumentos poderosos para intentar configurar un programa de gobierno progresista que responda a los problemas reales que más preocupan a los ciudadanos. Según la resolución del Comité Federal del PSOE, el posible Acuerdo debe ser votado por todos los afiliados y posteriormente ratificado por el Comité Federal. Nada que objetar a que voten los militantes y tampoco a que el Comité Federal ratifique el Acuerdo; una decisión que, en todo caso, resulta innecesaria después de que hayan hablado los militantes. Lo más llamativo de esta resolución es que se presentó al Comité Federal con el objeto de fortalecer a Pedro Sánchez en las conversaciones y frenar la contestación interna, cuando eso se podría haber evitado si el Comité Federal hubiera apoyado sin reservas a Pedro Sánchez en esta difícil coyuntura política, cosa que no ocurrió por la presión radical, bochornosa y estrafalaria- en contra de pactar con Podemos- de algunos ex dirigentes con experiencia institucional y de gobierno. Lo más grave de todo ello es que la fecha de convocatoria del Congreso del PSOE ha añadido incertidumbre a la compleja situación orgánica, cuando lo que este País necesita es garantizar la gobernabilidad y abordar los problemas económicos y sociales que preocupan a los ciudadanos sin tener que celebrar necesariamente unas nuevas elecciones generales. En todo caso, estas circunstancias obligarán a supeditar la celebración del Congreso al calendario de investidura- como ha venido proponiendo la comisión ejecutiva federal-, lo que debería consolidar a Pedro Sánchez como secretario general en su pugna con otras propuestas y posiciones, siempre y cuando aguante la fuerte presión, no defraude las expectativas y consiga lo que se propone: “formar un gobierno progresista y reformista, pero nunca a cualquier precio”.
En el marco de las múltiples conversaciones que se están celebrando, el PSOE está trasladando a todos los ciudadanos la certeza de que dentro de nuestra democracia es posible resolver sus problemas y que lo fundamental y prioritario es acordar un programa de gobierno que responda a la pregunta obligada de los ciudadanos: ¿Gobernar para qué? En este sentido, debemos recordar que los problemas que más preocupan a los ciudadanos son superar las secuelas que ha dejado la crisis (la desigualdad y pobreza), recuperar los derechos perdidos y en tercer lugar avanzar decididamente en la creación de empleo. La última Encuesta de Población Activa (EPA-2015-IV trimestre), así como los datos de paro registrado del mes de enero en las oficinas públicas de empleo y, sobre todo, la disminución de los afiliados a la Seguridad Social (308.966 menos, al pasar de una media de 17.326.280, en 2011, a 17.017.314 de media en 2015) confirman la gravedad del problema y demuestran que la legislatura del PP ha sido una legislatura perdida para el empleo (el número de trabajadores activos en la actualidad es menor que el existente al comienzo de la legislatura: concretamente 153.200 menos) y para resolver los problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (Alberto Pérez, Fundación Altedia Creade).
Efectivamente, La última EPA contempla casi 4,8 millones de trabajadores en paro (20,9%) y la contratación temporal alcanza el 25,66%, a lo que hay que añadir el aumento y consolidación del trabajo a tiempo parcial, que se sitúa en 2.843.700 personas (15,72%), de las cuales el 62% preferirían un empleo a jornada completa. La situación se agrava al aumentar el paro de larga duración (59,5% del total de los desempleados) y caer en picado la cobertura del desempleo (solamente cubre al 45% de los desempleados EPA), lo que conduce a que 1.556.600 hogares tengan todos sus miembros activos en paro, de los que, según CCOO, 712.000 hogares no tienen ningún ingreso laboral (ni salario, pensión, prestación o subsidio). Además, según UGT, los salarios se han reducido considerablemente (el 46,6% cobran menos de mil euros) y, como consecuencia, han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza y exclusión social, que se sitúa en casi el 30% de la población en nuestro país (“emergencia social”). Unos datos, en todo caso matizados por la población desanimada y por la emigración económica de nuestros jóvenes en busca de un empleo que nuestra sociedad les niega.
Por eso, y en coherencia con ello, en esta nueva etapa se debe impulsar el cambio de la política económica y social y de nuestro modelo productivo que son los principales causantes de la actual situación. En concreto, el principal reto de Pedro Sánchez debe ser abordar el problema del desempleo, la precariedad y los bajos salarios en su intento de formar gobierno. Para ello no podrá contar con el PP (el partido de la desregulación laboral, la devaluación salarial y las radicales políticas de austeridad), condenado a la oposición y a la reforma de sus estructuras financieras y organizativas (regeneración interna). Con Ciudadanos, el PSOE debe negociar, en el peor de los casos, la abstención, a cambio de participar con sus propuestas en la lucha contra la corrupción, la ley electoral y la reforma de la Constitución, entre otras políticas.
Finalmente, con Podemos e IU, el PSOE debe aspirar a llegar a un Acuerdo de progreso para la próxima legislatura, principalmente en torno a las políticas económicas y sociales. Ello requiere de entrada negociar con las autoridades europeas un déficit público razonable para los próximos años, aumentar los ingresos fiscales (progresividad y lucha contra el fraude) y acordar una política económica sostenible en términos sociales y medioambientales que tenga como prioridad el empleo de calidad y con derechos (“Plan de choque”), a la espera de que la UE se comporte con el nuevo gobierno como se ha comportado en el pasado año (electoral) con el gobierno Rajoy.
En el marco de ese Acuerdo, otros asuntos de máximo relieve se refieren en concreto: a derogar la reforma laboral, aumentar el SMI, impulsar el diálogo social, mejorar la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), eliminar el copago sanitario a los pensionistas, impulsar una renta mínima para las familias en dificultades, recuperar la financiación de los servicios públicos (sanidad y educación), apostar por una política industrial y energética…
En todo caso, el Acuerdo debe ser la base programática de un hipotético gobierno de coalición y, desde luego, debe nacer con la voluntad de aceptar las enmiendas razonables de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en el ejercicio de gobierno. La lealtad, el rigor de las propuestas, la generosidad y la altura de miras deben presidir las conversaciones. Por lo tanto, sobran los planteamientos maximalistas, las tácticas dilatorias encaminadas a celebrar unas nuevas elecciones generales y, por supuesto, sobreactuaciones irracionales. De esto último se ha hecho gala últimamente…
Esperemos que nadie se equivoque y que se cumplan las expectativas generadas para no rearmar todavía más a los que no quieren el Acuerdo. Los ciudadanos esperan con mucha ilusión y esperanza que todos antepongan el interés general a los intereses legítimos de partido…
Antón Saracíbar
Tribuna Socialista 
Todo lo expuesto esta muy bien y lo subscribo,pero me temo que una vez en el poder no se cumplen los acuerdos ni los programas por los que se les ha votado,y la ciudadanía estamos hartos de tanto mangoneo y acuerdos incumplidos.
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