Combatir la desigualdad social

No es el mejor momento para celebrar el añorado triunfo de Joe Biden, el avance de los PGE-2021 en el parlamento y tampoco  de recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales hace solamente un año. La COVID-19 sigue causando estragos en la salud y, particularmente, en la economía y en las personas más vulnerables. Entre sus efectos más corrosivos destaca de manera muy notable el aumento de las desigualdades, la ruptura de la cohesión social y el auge del fenómeno populista. Nos referimos en concreto al deterioro de los servicios públicos, al persistente desempleo, a la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, las severas carencias en protección social, la brecha digital y de género, la falta de igualdad de oportunidades…

Sin embargo, y a pesar de todo, el virus está poniendo de manifiesto la notable solidaridad en la Unión Europea y, sobre todo, en nuestra sociedad y familias, así como la decidida apuesta de muchos por las políticas redistributivas y, en concreto, por eliminar las brechas sociales de todo tipo, sobre todo las que sufren muchas mujeres, en coherencia con la lucha por la igualdad que presidieron las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

En el contexto internacional, las últimas elecciones en EEUU han estado también  muy marcadas por la lucha contra la violencia y la explotación ejercida sobre muchos inmigrantes (latinos y  personas de color). La política supremacista de Donald Trump no ha dudado en alentar los brotes de racismo y xenofobia, defender el proteccionismo comercial (“Ámerica lo primero”), la reducción de impuestos, la supeditación de la lucha contra el virus  a los negocios, así como la subordinación  de la economía y del empleo a las políticas neoliberales: la desregulación absoluta de la económica y el fuerte golpe a los derecho laborales y sociales. No resulta extraño que los electores hayan rechazado claramente esta actitud y apostado por una política más redistributiva que incluya aumentar los impuestos a los más ricos, respetar los derechos sociales, garantizar una mayor presencia del Estado en una economía social de mercado y apostar por el multilateralismo en un mundo globalizado. 

En todo caso, la Pandemia está demostrando que los países más avanzados en términos económicos, sociales y de salud pública disponen de más recursos y están superando mejor los terribles efectos de la crisis. Por eso se debe insistir en poner en valor la justicia social, la lucha por la igualdad, la protección social a los más débiles, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos (sanidad y enseñanza) y el compromiso activo por aumentar los ingresos fiscales, entre otras medidas.

Particularmente, los servicios públicos han sufrido los destrozos de las políticas de austeridad y, actualmente, de la Pandemia. De manera especial, el personal sanitario ha carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar unas penosas condiciones de trabajo: largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos, lo que ha representado una auténtica regresión comparativa con los países más avanzados de la UE. En estas circunstancias, la prioridad del Gobierno y de las CCAA debe ser reforzar la prevención y la salud pública. En concreto, proteger a los profesionales sanitarios, examinar a fondo el funcionamiento de las residencias de mayores (son intolerables los nuevos contagios), potenciar la atención primaria, incrementar las pruebas de diagnóstico, frenar el desvío interesado de enfermos a la sanidad privada, como está ocurriendo, con muy poca transparencia, en algunas CCAA, además de coordinar la distribución de las vacunas disponibles en el momento apropiado.

En todo caso, debemos recordar que el aumento de las desigualdades está muy marcado por el desempleo, la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza, junto a Grecia, de la UE). Efectivamente, el escaso empleo que se genera contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad sigue alcanzando porcentajes intolerables, el trabajo a tiempo parcial no deseado se consolida, la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo, los contratos a cero horas resultan abusivos y escandalosos y los falsos autónomos aumentan considerablemente… Sobre todo resulta intolerable el alto  desempleo de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 52 años, así como la baja cobertura de la prestación por desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente para paliar la dramática situación de muchos desempleados.

Hasta ahora, las derechas se han limitado a defender que el crecimiento de la economía impulsado por la iniciativa privada es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que ello resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas públicas de inversión capaces de avanzar en la resolución de los problemas que condicionan nuestro presente y futuro e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. En concreto, renegociar la prolongación de los ERTE y de los créditos ICO, aplicar con eficacia el IMV, así como apoyar al sector de hostelería y al pequeño comercio, en el marco del diálogo social reforzado en torno al Plan de Recuperación del Gobierno. 

Además, en estos momentos, el Gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo, como ha propuesto la ministra de trabajo a los interlocutores sociales para su consideración: la cuantía de la inversión, las bonificaciones a la contratación y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En segundo lugar, debe elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT), a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En tercer lugar debe abordar a medio plazo el cambio de nuestro modelo de crecimiento (que tenga en cuenta el cambio climático y el medio ambiente) y de nuestro modelo productivo (digitalización, conocimiento y valor añadido), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y de buscar nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, es imprescindible que la actividad industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, lo que evitará que el espacio rural se vacíe definitivamente.

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en abordar estos graves problemas y, en coherencia con ello,  exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después del desafortunado y rechazable Informe del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de La Moncloa: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico. Este Informe ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y UP e, incluso, puede  reproducir las diferencias históricas que se suscitan entre las áreas de trabajo y economía de cualquier gobierno. Debemos recordar los terribles efectos de la  reforma laboral impuesta por el PP: agresiva devaluación salarial, abaratamiento del despido, intolerable precariedad del empleo, deterioro de las condiciones de trabajo y sobre todo la apuesta por el convenio de empresa en detrimento del convenio de sector, lo que ha reforzado considerablemente la actual relación de fuerzas (muy favorable a los empresarios) y expulsado en la práctica a los sindicatos de la pequeña empresa.

Por eso, en la actualidad, muchos trabajadores exigen una explicación y se preguntan ¿A qué esperan el PSOE y UP para corregir esta dramática situación? ¿Espera el Gobierno a que se aprueben los PGE-2021? y ¿Qué harán con este Informe la CEOE y los sindicatos? No es fácil contestar a estas preguntas en medio de la Pandemia. Sin embargo, existe un consenso mayoritario en derogar cuanto antes las últimas reformas laborales y, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores. En este sentido, hay que dar prioridad a los convenios colectivos de sector (las empresas en dificultades  pueden defender y argumentar siempre su descuelgue) y a la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. En definitiva, potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En definitiva, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar de manera articulada en los ámbitos inferiores.

Por lo tanto, la revisión en profundidad de la legislación laboral y el reforzamiento de la negociación colectiva no solamente afecta al acuerdo programático del actual Gobierno. Afecta también al PSOE, UP, sindicatos, trabajadores e, incluso, a los empresarios. De acuerdo con ello, la CEOE debería tener una actitud más comprometida y menos cortoplacista y, como consecuencia,  defender sin reservas la “autonomía de las partes” y buscar un acuerdo que facilite la decisión final del Gobierno. Buenas razones para que la reiterada demanda sindical- de abordar  en profundizar la legislación laboral- sea asumida como uno de los ejes fundamentales de la llamada Agenda Social (un mercado de trabajo digno y con derechos), lo que además debería facilitar la salida progresista de la crisis en esta legislatura.

Finalmente, entre las medidas progresistas se debe incluir también la protección social y, sobre todo, la política fiscal como ejes vertebradores de una ilusionante política socialdemócrata que luche eficazmente por superar las desigualdades. Para aplicar estas alternativas siempre es un buen momento; por eso, la Pandemia y la crisis económica y social no pueden ser nunca utilizadas como coartada justificativa  para retrasar su aplicación en el tiempo, sobre todo cuando son perfectamente compatibles con los PGE-2021 y con la distribución de las ayudas acordadas por la UE.

Antón Saracíbar

La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tribuna socialista 116. septiembre 2020. La pandemia nos muestra lo antidemocrático del sistema. Comparte!

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Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

Huir como tradición familiar

 

El señor Borbón, el padre, le ha comunicado al señor Borbón, el hijo, que se marcha de España por la: “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.”

En primer lugar, a quien debería darle explicaciones es al pueblo que le ha estado manteniendo en el cargo desde hace 45 años. Explicaciones que entre otras vías deberá dar ante la Justicia. Es una nueva anomalía que alguien que está incurso en una investigación abandone el país, y nadie puede estar por encima de la ley y la Justicia. Por tanto, ni el Rey actual ni el Gobierno debieran dar cobertura a esta nueva actuación irregular de ese señor.

Cuando el señor Juan Carlos de Borbón habla de: “ciertos acontecimientos”, en realidad se refiere a la costumbre establecida en esa familia de pedir dinero a cambio de llevar al Estado al que representan hacía los intereses del pagador. Es lo que su hija, la señora Cristina de Borbón y su marido hicieron con la Fundación Noos.

No nos interesan en absoluto sus líos de faldas, sus juergas ni su vidorra. Las explicaciones que el pueblo merece son las de saber qué consecuencias económicas, para el erario público y para la política de nuestro Estado, han tendido sus “andanzas” a lo largo de estas cuatro décadas y media. Explicaciones que aclaren, de verdad, de dónde ha salido la fortuna estimada en más de dos mil millones de euros y a cambio de qué le han dado esos regalos dinerarios e inmobiliarios los jefes de Estado de otros países.

Tribuna Socialista siempre nos hemos declarado republicanos, por ende, no necesitábamos este espectáculo para declarar nuestra posición respecto a la forma de Estado. Venimos reflexionando, en común con muchos otros ciudadanos y ciudadanas, desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar. Consideramos que el avance es por la vía de la República, vemos que la Monarquía constituye un ancla en el pasado, a la par de incompatible con una verdadera Democracia.

Los pueblos que componen el Estado español no pueden avanzar si continúan lastrados por una institución que, para defenderse a sí misma, necesita confrontar a los ciudadanos unos contra otros. La unidad de los pueblos tiene que ser libre y voluntaria, no por la atadura a una institución simbólica que ha degenerado en una sanguijuela para el Estado.

No podemos seguir diciendo que vivimos en democracia si vivimos pendientes de un poder corporativo dentro del Estado que solo reconoce a su jefe de armas. Es la gorra de plato, más que la corona, el nudo “atado y bien atado” que nos quedó del régimen fascista.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que se reclaman de la izquierda, a reflexionar y a trabajar políticamente, para caminar hacia una mayoría que permita un cambio constitucional que aborde todos los asuntos que en la Constitución hacen aguas desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo.

No es por tanto un problema de este señor, ni de si lo que aparece ahora fue antes o después de 2014. Es un problema constitucional, de la institución: La Corona. No podemos tragar la rueda de molino de la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Es evidente que el Jefe del Estado ha sido un irresponsable, pero sus irresponsabilidades no pueden quedar impunes. Fue él quien dijo aquello de: “Todos somos iguales ante la ley”, pues que se cumpla.

De la misma manera, es un problema que el Estado siga ligado a la Iglesia por la “aséptica” palabra: aconfesional. Avancemos hacia la laicidad del Estado, donde cada cual pueda practicar libremente la fe que considere oportuna, pero en el que la fe no interfiera en la Educación pública, en los costes del Estado ni en los actos públicos. Necesitamos democratizar el Poder Judicial, para que esté despolitizado y además lo parezca; pues desde hace mucho ni lo uno ni lo otro.

 

Hay que avanzar hacia la España federal, superando el Estado de las autonomías de la Transición. Adecuando a la actualidad la relación entre los pueblos que nos configuran como Estado.

Son muchos los problemas pendientes de resolver. Por ello, no podemos estar de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando insiste en separar el problema entre Juan Calos I y Felipe VI, no es un problema de personas, el problema es intrínseco a la institución.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

7 de agosto de 2020