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Dice el artículo 16.3 de la Constitución que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, de lo que se desprende que España es un Estado aconfesional. Esto es igual de cierto que lo que dice el artículo 14 “Todos los españoles son iguales ante la ley,…”.

El Acuerdo entre el Estado y el Vaticano de 1979, firmado a la vez que la Constitución, es una continuidad del Concordato franquista de 1953, con la diferencia formal de que el nacionalcatolicismo se declaraba un Estado confesional y desde el 1978 decimos lo contrario, pero en los hechos el Estado continúa teniendo una relación con especial con la Iglesia.

Algunos ejemplos de privilegios para el catolicismo:

• El Estado da dinero a la Iglesia vía IRPF. En la campaña de la Renta de 2024 la Iglesia recibió 429 millones de euros.
• El Estado da dinero a los centros educativos concertados, de los que el 60% son propiedad de las distintas órdenes religiosas. En 2023, 7.745 millones se inyectaron por el Estado en los colegios concertados.
• El Estado es consentidor del adoctrinamiento de las niñas y niños en las aulas de los colegios concertados, en algunos incluso se segrega a las niñas y los niños.
• La Ley Orgánica 2/2006 (LOE) estableció la religión católica en la educación pública y la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) consolidó este anacronismo educativo.
• Los inmuebles de la Iglesia están exentos de pagar IBI, incluidos los centros educativos, que son un negocio con ánimo de lucro.
• Hacienda no grava con impuestos el cepillo de la Iglesia, por el que se estima se recauda más de 300 millones de euros anuales.

Estos son algunos ejemplos de las muchas ventajas que la Iglesia católica tiene en nuestro país, amparados en el ya citado Acuerdo de 1979.

Otra de las ventajas del Estado Vaticano en España es que la Iglesia tiene sus propios tribunales de justicia. Esto, junto con el poder que el franquismo otorgó a la Iglesia; es de suponer que en agradecimiento por su inestimable colaboración con el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.

Ese poder de los curas en el franquismo, les dio carta blanca para abusar de niñas y niños durante décadas, unos abusos cuantificados en el Informe encargado por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, que arrojó una estimación de 200.000 casos de abusos sexuales por parte de clérigos, cifra que asciende a 400.000 si se incluye los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos. La Conferencia Episcopal reconoce que, solo en el periodo 2020 a 2025, ha recibido denuncia de más de 1.000 casos. Cada día aparecen nuevas denuncias y va quedando acreditado que los dirigentes eclesiásticos ocultaron estos execrables delitos, moviendo de parroquia a los pederastas, colaborando de este modo en la comisión del delito.

Tanto la evidencia de que en realidad no somos un Estado aconfesional, el hecho de que la Hacienda Pública tiene una hemorragia de recaudación y la indecencia de que, como otros delincuentes, la Iglesia se vea exenta de responsabilidad por la prescripción legal de su complicidad con la multitud de pederastas que tiene en su seno, hace necesaria la ruptura del Acuerdo del Estado con el Vaticano y la derogación de todas las leyes y normas que otorgan un trato especial a la Iglesia católica, comenzando por derogar el precepto legal que establece la religión como una asignatura en la educación pública.

Son necesarias iniciativas como la que han 60 organizaciones y decenas de personalidades han puesto en marcha, con un manifiesto por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede (ver en laicismo.org)

No seremos un país moderno mientras no rompamos con el pasado.

Roberto Tornamira

Presidente de ASTRADE