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¿De verdad somos un Estado aconfesional?

Dice el artículo 16.3 de la Constitución que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, de lo que se desprende que España es un Estado aconfesional. Esto es igual de cierto que lo que dice el artículo 14 “Todos los españoles son iguales ante la ley,…”.

El Acuerdo entre el Estado y el Vaticano de 1979, firmado a la vez que la Constitución, es una continuidad del Concordato franquista de 1953, con la diferencia formal de que el nacionalcatolicismo se declaraba un Estado confesional y desde el 1978 decimos lo contrario, pero en los hechos el Estado continúa teniendo una relación con especial con la Iglesia.

Algunos ejemplos de privilegios para el catolicismo:

  • El Estado da dinero a la Iglesia vía IRPF. En la campaña de la Renta de 2024 la Iglesia recibió 429 millones de euros.
  • El Estado da dinero a los centros educativos concertados, de los que el 60% son propiedad de las distintas órdenes religiosas. En 2023, 7.745 millones se inyectaron por el Estado en los colegios concertados.
  • El Estado es consentidor del adoctrinamiento de las niñas y niños en las aulas de los colegios concertados, en algunos incluso se segrega a las niñas y los niños.
  • La Ley Orgánica 2/2006 (LOE) estableció la religión católica en la educación pública y la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) consolidó este anacronismo educativo.
  • Los inmuebles de la Iglesia están exentos de pagar IBI, incluidos los centros educativos, que son un negocio con ánimo de lucro.
  • Hacienda no grava con impuestos el cepillo de la Iglesia, por el que se estima se recauda más de 300 millones de euros anuales.

Estos son algunos ejemplos de las muchas ventajas que la Iglesia católica tiene en nuestro país, amparados en el ya citado Acuerdo de 1979.

Otra de las ventajas del Estado Vaticano en España es que la Iglesia tiene sus propios tribunales de justicia. Esto, junto con el poder que el franquismo otorgó a la Iglesia; es de suponer que en agradecimiento por su inestimable colaboración con el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936.

Ese poder de los curas en el franquismo, les dio carta blanca para abusar de niñas y niños durante décadas, unos abusos cuantificados en el Informe encargado por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, que arrojó una estimación de 200.000 casos de abusos sexuales por parte de clérigos, cifra que asciende a 400.000 si se incluye los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos. La Conferencia Episcopal reconoce que, solo en el periodo 2020 a 2025, ha recibido denuncia de más de 1.000 casos. Cada día aparecen nuevas denuncias y va quedando acreditado que los dirigentes eclesiásticos ocultaron estos execrables delitos, moviendo de parroquia a los pederastas, colaborando de este modo en la comisión del delito.

Tanto la evidencia de que en realidad no somos un Estado aconfesional, el hecho de que la Hacienda Pública tiene una hemorragia de recaudación y la indecencia de que, como otros delincuentes, la Iglesia se vea exenta de responsabilidad por la prescripción legal de su complicidad con la multitud de pederastas que tiene en su seno, hace necesaria la ruptura del Acuerdo del Estado con el Vaticano y la derogación de todas las leyes y normas que otorgan un trato especial a la Iglesia católica, comenzando por derogar el precepto legal que establece la religión como una asignatura en la educación pública.

Son necesarias iniciativas como la que han 60 organizaciones y decenas de personalidades han puesto en marcha, con un manifiesto por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede (ver en laicismo.org)

No seremos un país moderno mientras no rompamos con el pasado.

Roberto Tornamira

Presidente de ASTRADE

EUROPA LAICA SOBRE LOS ACUERDOS PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO GOBIERNO

Los líderes del PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, han firmado el 24 de octubre un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Se trata de un documento de 48 páginas que incorpora medidas que, según Yolanda Díaz (vicepresidenta del Gobierno en funciones), conforman un
“compromiso con las gentes trabajadoras, con las mujeres, con el planeta, con los jóvenes, con el futuro, con los mayores que nos enseñan cómo se conquistan derechos”.

Por su parte, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se manifestaba en la misma línea y añadía que “Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver”. Todo bajo el lema “España avanza”.

En Europa Laica lamentamos que entre las injusticias por resolver no aprecien las desigualdades y atropellos que se producen en España debido a los grandes privilegios que sigue detentando la Iglesia católica. Y que, en consecuencia, por respeto a los compromisos con los jóvenes, las mujeres, el futuro… no tomen medidas para conquistar derechos que pongan fin a los perjuicios que les ocasionan aquellos privilegios. La única mención que en el documento se hace a la laicidad es para anunciar que las notas de las asignaturas de religión seguirán sin computar para el acceso a otros estudios y para las becas, algo que no es novedad, pues ya está legislado en la LOMLOE. De modo que en asuntos cruciales España NO avanza: no se da ni un nuevo paso para poner fin al adoctrinamiento religioso infantil, con lo que millones de niñas y niños seguirán siendo víctimas de unas enseñanzas dictadas por el episcopado, con marcado carácter anticientífico, misógino y homófobo. El acuerdo de gobierno se olvida de impulsar la educación pública, de manera que se sigue favoreciendo la privatización y que vaya más dinero a la enseñanza concertada, con la
segregación que provoca.

Recordemos que, para que España SÍ avance hacia un Estado laico, plenamente democrático en este sentido, además de sacar la religión de la escuela y la Universidad, está pendiente la modificación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, la denuncia (no reforma) de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede (y la derogación de los existentes con las confesiones minoritarias), la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal, y la promulgación de una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia (derogando la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980). Ya hace décadas que se retrasa la supresión de la financiación pública a las confesiones religiosas y de sus beneficios fiscales, y el fin de otras prerrogativas confesionales, como
la asistencia de cargos públicos a actos religiosos, la retransmisión de estos actos en medios públicos o el trato privilegiado a las cofradías y ONGs confesionales. Sin olvidar, por supuesto, la imprescindible y urgente recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, reparando un escándalo patrimonial y económico que deja en mantillas otros que han llenado
muchas páginas y horas en los medios. (Véanse nuestras peticiones con mayor extensión en la Carta reivindicativa de Europa Laica de julio de 2023, ante las últimas elecciones generales).

Hacemos un llamamiento público al PSOE, Sumar, y resto de formaciones políticas involucradas, para que en el próximo gobierno asuman todas estas reivindicaciones, imprescindibles para acabar con los inaceptables residuos del nacional-catolicismo y avanzar hacia una democracia plena en un Estado laico, respetuoso con la igualdad, la libertad de conciencia y en definitiva los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

EUROPA LAICA
26 de octubre