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La principal amenaza para Putin no procede de la oposición abierta, sino del sabotaje y la deserción

Por Aleksei Sakhnin¹

«Evidentemente, no soy el primero en decírtelo. Pero está claro que algo está pasando en Rusia. Se nota en el ambiente. Caminas por la calle, coges el metro, te paras a tomar un café… y en todas partes oyes lo mismo». Este es el mensaje que me envió recientemente un camarada de Rusia. Este tipo de estados de ánimo son difíciles de medir mediante encuestas. Pero a menudo captan el inicio de los cambios con mayor precisión que los institutos de opinión.

El punto débil del régimen de Putin no está donde lo busca la prensa dominante occidental. No es ni la oposición liberal, ni las intrigas en la cúpula dirigente. La fisura ha aparecido más abajo: se manifiesta en el rechazo masivo, a menudo silencioso, de la sociedad a servir a la guerra.

Desde 2024, en el Kremlin estaban convencidos de que el triunfo en Ucrania era inevitable. Moscú había resistido las sanciones, dominaba en el frente y en la industria militar, disponía de una ventaja en recursos y parecía tener el tiempo de su parte. La coalición occidental se fragmentaba, Donald Trump manifestaba su voluntad de acercamiento al Kremlin, mientras que Ucrania carecía de dinero, armas y hombres.

Pero en la primavera de 2026, la expectativa de la victoria dio paso bruscamente al presentimiento de una crisis inminente.

LA ECONOMÍA ASFIXIADA POR LA GUERRA

Según las cifras oficiales, el déficit del presupuesto federal para el primer trimestre de 2026 alcanzó los 4,6 billones de rublos (unos 46 000 millones de euros, nota del editor), mientras que el plan anual preveía 3,7 billones. Es más que el total de las reservas de divisas líquidas restantes, cuando el año apenas acaba de empezar. Al mismo tiempo, el propio Vladímir Putin ha reconocido que la economía se ha contraído un 1,8% desde principios de año. El «milagro militar-keynesiano» de tres años, que había sostenido el crecimiento de 2023 a 2024, llega a su fin. A pesar de ello, el Estado sigue aumentando el gasto militar. La economía se ajusta cada vez más a una vieja fórmula: cañones en lugar de mantequilla.

Desde enero —por segunda vez desde el inicio de la guerra— se ha subido el IVA. Las tarifas de los servicios públicos se incrementarán dos veces en 2026. El Banco Central mantiene un tipo de interés de referencia prohibitivo: hace que el crédito sea casi inaccesible para las pequeñas y medianas empresas, pero sostiene un rublo fuerte, indispensable para comprar los componentes importados, sobre todo chinos, de los que depende la industria militar. La maquinaria bélica recibe los recursos a costa de asfixiar la economía civil.

Resultado: un número récord de quiebras y cierres de pequeñas empresas. Los trabajadores así liberados se dirigen hacia donde aún subsisten el dinero y los salarios estables: las empresas del complejo militar-industrial, financiadas directamente con cargo al presupuesto. El Estado está desviando, literalmente, los recursos humanos y financieros del consumo hacia la guerra. El catastrófico déficit presupuestario ha obligado al Gobierno a aplicar recortes. Se está reduciendo la plantilla de las administraciones, las escuelas y los hospitales. Los proyectos de construcción, infraestructuras y urbanismo se han ido al traste. Esto priva de ingresos no solo a los trabajadores, sino también a miles de funcionarios, subcontratistas, directores y empresarios dependientes del Estado. El descontento crece incluso entre las capas leales.

EL ESPECTRO DE 1917

El líder de los comunistas del sistema (del Partido Comunista de la Federación Rusa, nota del editor) ya ha advertido del peligro de una nueva revolución comparable a la de 1917. «¡No tenemos derecho a repetir eso!», ha declarado. Los ciudadanos y las pequeñas empresas intentan escapar de la presión fiscal entrando en la economía sumergida. En respuesta, el Estado endurece el control de las transferencias, limita las operaciones con criptomonedas y refuerza las sanciones por fraude fiscal. Independientemente de la eficacia real de estas medidas, amplían los poderes de las fuerzas de seguridad en el ámbito económico.

El régimen sigue una lógica simple: todo para el frente, todo para la victoria. Pero el mantenimiento de la maquinaria militar debilita su propia base social. Y en el frente también se acumulan los problemas.

El ritmo de la ofensiva rusa, que se mantenía desde hacía dos años y medio, se ha ralentizado considerablemente desde enero de 2026. En febrero, el ejército ucraniano liberó, por primera vez desde 2023, más territorio del que había perdido. Las bajas rusas, a juzgar por las publicaciones de los blogueros belicistas, aumentan. Se ha asestado un duro golpe con la desactivación, a petición de Ucrania, de los terminales rusos Starlink. Al mismo tiempo, Kiev ha reforzado sus posiciones en el ámbito de los drones con la ayuda de sus aliados europeos. La ampliación de la «zona muerta» en profundidad detrás del frente ha incrementado las bajas rusas y reducido sensiblemente la importancia de su ventaja numérica.

DECENAS DE MILES DE DESERTORES

Agotados por una guerra interminable, los soldados desertan cada vez más a menudo: simplemente no regresan de los permisos o del hospital. Investigadores independientes estiman

el número de desertores y de insumisos en al menos entre 100 000 y 120 000 en cuatro años de guerra, de los cuales más de la mitad solo en el último año. Todo indica que la dinámica sigue acelerándose: a finales de abril, las autoridades clasificaron las estadísticas judiciales relativas a los delitos militares.

Al mismo tiempo, el ejército compensa cada vez peor sus pérdidas. Según las estimaciones de Janis Kluge, basadas en los gastos de los presupuestos regionales destinados a las primas por la firma de contratos, el número de nuevos reclutas se ha reducido en aproximadamente un 20% durante los primeros meses de 2026. Es probable que los efectivos del ejército hayan comenzado a disminuir por primera vez desde el inicio de la guerra.

Hasta ahora, el Kremlin resolvía estos problemas mediante mecanismos de mercado: aumentaba las primas pagadas a la firma. Esto funcionaba para los habitantes de las regiones pobres

Pero la creciente crisis presupuestaria ya no permite reclutar indefinidamente a nuevos soldados. El poder recurre cada vez más a la coacción. Las administraciones regionales obligan a los directores de empresa —a veces bajo amenaza de acciones penales— a reclutar a sus asalariados para el frente. Las universidades convierten el alistamiento de los estudiantes en una prioridad central.

Pero la coacción no siempre funciona.

En una grabación filtrada en Internet en Buriatia, un responsable local reprocha a los directores de empresa que no cumplan las cuotas de envío de hombres al ejército. Estos responden: «No podemos obligarlos. Nadie quiere ir». Cuando exige a los empresarios que sean ellos mismos quienes vayan a combatir, le responden: «¿Y por qué no va usted?»

CONTROL DE INTERNET

En esta escena se concentra la esencia del problema del régimen. Formalmente, el poder ejecutivo es todopoderoso. En realidad, sus órdenes quedan cada vez más en el aire.

La falta de hombres y de material, las elevadas bajas, el flujo ininterrumpido de declaraciones mentirosas de los responsables militares y la desaparición de toda confianza en la victoria irritan no solo a los soldados y a los oficiales, sino también al influyente círculo de blogueros belicistas, corresponsales militares y activistas ultranacionalistas. Hasta hace poco, constituían un instrumento central de la movilización patriótica y militarista. Ahora, critican cada vez más abiertamente al poder. Por primera vez en años, algunos incluso se refieren al presidente en términos negativos. Cerca de un millón de soldados descontentos encuentran así una representación pública a través de estos ultranacionalistas cada vez más furiosos. El Kremlin ya vio adónde podía llevar esto en 2023, durante el motín de Yevgueni Prigozhin, que puso al régimen de Putin al borde del abismo. Por eso las autoridades han decidido reforzar brutalmente el control de Internet.

En primer lugar, las autoridades intentaron bloquear Telegram, la principal plataforma de comunicación del país, utilizada por los militares, las familias de los movilizados, los funcionarios, los empresarios y millones de usuarios comunes. El Kremlin esperaba empujar a esta audiencia hacia la aplicación de mensajería «nacional» Max, totalmente transparente para los servicios de seguridad.

En lugar de eso, decenas de millones de rusos descargaron VPN y siguieron utilizando Telegram. La regulación de Internet se confió entonces al Servicio de Protección del Orden Constitucional, una rama del FSB encargada de la lucha contra la disidencia. Las consecuencias no se hicieron esperar: en marzo, en numerosas regiones, incluida Moscú, el internet móvil simplemente se cortó.

Las aplicaciones bancarias dejaron de funcionar con normalidad, al igual que los taxis, los servicios de reparto y muchos servicios en línea. Millones de personas ya no podían ponerse en contacto con sus seres queridos. Miles de pequeñas empresas perdieron su volumen de negocio. Los bloqueos afectaron a la economía y perturbaron incluso el funcionamiento cotidiano de las estructuras del Estado. El descontento se generalizó. De enero a marzo, el número de búsquedas relacionadas con la emigración casi se cuadruplicó. Incluso figuras consideradas leales comenzaron a criticar al poder. El intento de sofocar el descontento no hizo más que ampliar su base social.

Muchos politólogos liberales vieron en estos escándalos los signos de una fractura en el seno de las élites. Pero la fuente de la crisis se encuentra probablemente más abajo: no en la cúspide, sino en la propia sociedad. James C. Scott, al estudiar a los campesinos malayos, demostró que cuando la gente no tiene la fuerza para rebelarse abiertamente, resiste de otra manera. Aceptan de palabra, pero sabotean con los hechos. Alargan las cosas, mienten a los superiores, ocultan recursos, fingen obediencia, eluden el control, desertan. Todo ello constituye las «armas de los débiles».

Es precisamente esto lo que se está haciendo cada vez más visible en Rusia.

LA RESISTENCIA PASIVA HACE QUE LAS ÓRDENES SEAN INAPLICABLES

Los soldados no regresan de permiso. Los obreros se niegan a enrolarse, incluso por mucho dinero y bajo presión. Los empresarios eluden las exigencias de movilización. Los funcionarios locales maquillan las cifras y envían a las altas esferas informes tranquilizadores. Los oficiales ocultan las pérdidas reales y la falta de efectivos.

La resistencia pasiva procedente de las bases hace que las órdenes resulten inaplicables. Una epidemia de sabotaje y evasión asciende entonces por la pirámide social, piso tras piso. Las clases de abajo transmiten sus «armas de los débiles» a quienes se encuentran por encima de ellas. El propio aparato del Estado se transforma poco a poco en una máquina de sabotaje.

Putin aún tiene la capacidad de encarcelar a tal o cual funcionario, oficial o empresario. Pero no tiene nada con qué sustituir a todo este sistema. La escalada de la violencia también conlleva sus riesgos: a la larga, puede transformar a los desertores en insurgentes y a los saboteadores en revolucionarios.

Paradójicamente, la confrontación exterior sigue siendo una de las principales fuentes de estabilidad del régimen. Es la guerra —presentada como una lucha en la que lo que está en juego es la derrota total del enemigo— la que cimenta el sistema político y mantiene a una parte importante de la población en la lealtad.

Los rusos recuerdan bien el precio social que se pagó por la derrota en la Guerra Fría. El triunfo geopolítico de Occidente se tradujo, para la mayoría de los antiguos ciudadanos soviéticos, en desindustrialización, pobreza, delincuencia y desigualdades. Tampoco trajo la democracia: las reformas impopulares se impusieron mediante métodos autoritarios. Con el pleno apoyo de los dirigentes occidentales, el presidente Boris Yeltsin ordenó que los tanques dispararan contra el Parlamento en 1993, amañó las decisivas elecciones de 1996 y luego cedió el poder a Vladimir Putin, sentando las bases del sistema actual. El miedo a revivir esa catástrofe sigue impidiendo hoy en día que millones de personas protesten abiertamente.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Si el punto débil del régimen reside en las personas que no quieren ni luchar ni obedecer, entonces una estrategia internacional racional debería precisamente profundizar esa fisura.

El golpe más duro asestado al régimen de Putin sería una oferta clara de paz, basada en la autodeterminación de los pueblos, en garantías de seguridad y en el rechazo tanto de la lógica de los bloques militares como de la hegemonía imperial. Una iniciativa de este tipo minaría la legitimidad interna de la guerra.

Pero, en lugar de eso, los gobiernos europeos se embarcan ellos mismos en una militarización acelerada. En lugar de apoyar a los desertores rusos, los países de la UE se preparan para imponerles una prohibición formal de entrada. Es difícil imaginar una medida más eficaz para apoyar la maquinaria bélica de Putin. Deriva directamente de la lógica de la escalada y de la estrategia de victoria en el campo de batalla: cada soldado enemigo debe ser considerado no como un aliado potencial de la paz, sino como un enemigo existencial al que hay que aplastar y castigar.

1 Aleksei Sakhnin es un militante ruso contra la guerra, miembro de la red «La Paz desde abajo» y participante en la campaña internacional contra la guerra (mitines internacionales en París, el 5 de octubre de 2025, y en Londres, el próximo 20 de junio).