Nota introductoria:
El pasado mes de Julio de 2022, el TS nº 136 publicaba una carta a Pedro Sánchez promovida por un grupo de sindicalistas, a partir del Llamamiento reivindicativo de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, secundado por hombres y mujeres militantes de distintas organizaciones sindicales de clase, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas. A mediados del mes de julio del presente año, se dirigieron al presidente del Gobierno, para trasladarle su compromiso con la defensa del Sistema Público de Pensiones y la petición de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que se convirtió en obligación legal desde la aprobación de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre.
Presidente:
Nos dirigimos a ti, militantes del PSOE y miembros de otras organizaciones y colectivos de los movimientos sociales, para expresarte nuestra preocupación por las reformas que, desde el Gobierno que presides, se están operando en la Ley de Seguridad Social y otras legislaciones que afectan al Sistema Público de Pensiones.
Hace ya décadas, desde el pasado siglo, que los lobbies, gabinetes de estudios y supuestos expertos al ser- vicio del mundo financiero se lanzaron a teorizar sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, en todo el mundo. Sin embargo, las fechas en las que profetizaban que los sistemas quebrarían han ido venciendo y los sistemas públicos de pensiones continúan siendo viables. Prueba de ello es el papel que los y las pensionistas del Estado español jugaron en la crisis de 2008 y años subsiguientes, siendo una autentica red de seguridad para las familias trabajadoras y para la sociedad en su conjunto, pues, muy probablemente, el esfuerzo de nuestros mayores evitó un estallido social:
“En el periodo que va del 2008 al 2016, los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años aumentaron su gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas un 36,9% mientras que en aquellas familias en que la persona de referencia tenía menos de 44 años se dio un descenso del 22,3%.” Datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, elaborado por Josep Oliver (UAB) y Ramon Roig y Xavier Segura (Tracis).
Nos preocupan las reformas que se están introduciendo en la Ley de Seguridad Social y las que se anuncian, como la que tu Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, anuncia que se aumentaría a 35 años el periodo de cotización para hallar la base reguladora.
Estas reformas, y las que se vienen haciendo desde 1985, están enfocadas a reducir la tasa de reposición, a endurecer el acceso a la pensión y a paliar las exenciones y bonificaciones que los distintos gobiernos venís haciendo a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son otra cosa que salario diferido de los trabajadores, debiendo ser un concepto intocable.
Esto no es una mera opinión, con datos de la Seguridad Social: en 1980, las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hasta el acuerdo de primeros de 2022, las empresas han estado cotizando el 23,60% y los trabajadores un 4,70%. Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, las empresas van a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas seguirán cotizando un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos.
A lo anterior, hay que añadir la utilización de los fon- dos de la Seguridad Social para realizar pagos indebidos y en todo caso ajenos a las pensiones; como así puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de 2020, por el que, solo en el periodo 1989-2013, el Estado ha generado una deuda en la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros en concepto de “pagos indebidos”.
A pesar de todos estos elementos, nuestro Sistema Público de Pensiones continúa siendo una herramienta fundamental de cohesión para el Estado y un instrumento que dignifica la vida de más de 9 millones de pensionistas en nuestro país.
Por todo lo expuesto, consideramos que, antes de acometer nuevas reformas que sigan en la senda de recorte de la las Pensiones, el Gobierno está obligado por la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, a encargar un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.” Pues, a fecha de hoy, se han incumplido los plazos señalados en dicha Ley. En este mismo sentido, entendemos que corresponde al Tribunal de Cuentas llevar a cabo el in- forme al que obliga la Ley, para el periodo 1967-2019.
Los abajo firmantes de esta carta, quedamos a tu entera disposición y de los miembros de tu equipo para abordar cualquier cuestión, relativa al Sistema Público de Pensiones, que estimes oportuna.
Atentamente.
Suscrito por 227 firmantes, a título individual.
Respuesta
La respuesta de Moncloa ha tardado 4 meses y no da respuesta a lo que se plantea en la carta. La respuesta de hecho, es un “banco de niebla”, en el que se entremezclan los acuerdos con los “agentes sociales”, en el marco del “Pacto de Toledo” y con el “apoyo de la UE”, pero no se pronuncia sobre el compromiso y la obligación legal de una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social. Vamos, lo que se dice “salirse por la tangente».
Tribuna Socialista 