RMB-UGT: Por una auditoría pública a la seguridad social

La UGT de Cataluña decidió hace dos congresos organizar una estructura territorial denominada, en su momento, Región Metropolitana de Barcelona (RMB) que integra las comarcas del Maresme, Vallés Oriental, Vallés Occidental, Baix Llobregat, Barcelonés Norte y Barcelonés Sur. En este territorio se concentra la mayor parte de la producción industrial, logística y de servicios de Cataluña. En el ámbito sindical representa el 78% de la afiliación de UGT.
La moción de urgencia, que reclama una auditoría pública a la seguridad social, entre otras cosas, fue presentada por todas las comarcas representadas en la RMB y defendida por el compañero Barrachina secretario de la Unión Comarcal de L’Hospitalet y recibió el apoyo unánime de los delegados y delegadas de la asamblea.

Los delegados y delegadas asistentes al congreso de la Región Metropolitana de Barcelona, después de conocer las recomendaciones surgidas de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, declaramos que:
-Desde hace muchos años la Seguridad Social ha tenido importantes superávits de cotizaciones sociales que, en vez de utilizarse como fondos de reserva, han sido utilizadas para financiar gastos ajenos a la Seguridad Social. En documentos de comparecientes en comisiones parlamentarias se ha llegado a afirmar que desde la década de los noventa del siglo pasado, si la utilización de las cotizaciones sociales se hubiera acumulado –en vez de utilizarlas en gastos impropios-, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros. Recientemente, la prensa se hacía eco de un informe del Tribunal de Cuentas en el cual se decía que el Estado tenía que resarcir con más de 100.000 millones las arcas de la Seguridad Social por la inadecuada utilización de las cotizaciones sociales. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales, si no se hubieran utilizado de manera incorrecta.
-Esta realidad, sobre la que no se han dado explicaciones, ni ha habido transparencia, es inadmisible e inaceptable. Y contrasta con el hecho de que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo no haya ninguna referencia a esta cuestión, cuando lo que se está discutiendo es la viabilidad de un sistema que ha demostrado sobradamente que el sistema de reparto en que se basa el sistema público de pensiones es perfectamente viable.
Del mismo modo que es inaceptable que se hable del déficit de la Seguridad Social, sin señalar de donde viene este déficit, o sin mencionar las causas del mismo:
Es por eso que:
-La Asamblea de la RMB denuncia la campaña que, desde determinados sectores interesados, quieren dar la imagen de una Seguridad Social en quiebra, razón por la cual necesitaría “reformas” con “urgencia”. Campaña que ha sido amplificada por todos aquellos que tienen interés en hablar del déficit de la Seguridad Social, y ponen el énfasis en la supuesta insostenibilidad del sistema público, desde el Banco de España, pasando por la AIREF, hasta llegar a la OCDE.
-La Asamblea de la RMB denuncia el mantenimiento de las reformas laborales que han provocado una rebaja de los salarios, y por tanto de las cotizaciones, que, junto con las exenciones patronales, suponen una reducción importante de las fuentes de ingresos. La derogación de las reformas laborales continúa siendo una exigencia elemental para defender las pensiones.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga en el Estado a hacer las aportaciones necesarias para el sostenimiento del sistema público, cuando sea necesario. Rechaza que, en vez de aportaciones, se haga préstamos. Política que ha provocado un endeudamiento artificial de la Seguridad Social, que ahora se pretende liquidar con la cesión de edificios que forman parte de su patrimonio.
-La Asamblea de la RMB afirma la necesidad de exigir una auditoría pública de la Seguridad Social. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a saber qué se ha hecho con sus cotizaciones después de años de trabajo.
-La Asamblea de la RMB acuerda igualmente trasladar esta petición a todos los órganos correspondientes para que el conjunto de la UGT haga suya esta exigencia.

José A. Iniesta
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

La transparencia de las cuentas de la Seguridad social

LA TRASPARENCIA DE LAS CUENTAS DEL RÉGIMEN DE REPARTO DE NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL ES UNA EXIGENCIA DEMOCRÁTICA IRRENUNCIABLE

El único elemento clarificador sobre la existencia de déficits o superávits de la Seguridad Social basada en el régimen de reparto es el deducido de la fiabilidad de las cuentas públicas y de la opinión que se tenga sobre la representación e imagen fiel de la gestión en los estados financieros.

El Pacto de Toledo reconoce el efecto perverso de la política seguida por los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que el propio ministerio de Seguridad Social dice que no corresponden.

Gastos impropios lo llama. Y se reconoce de forma muy clara: “No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente” (Recomendación nº 1 del Pacto de Toledo). Una forma retorcida de reconocer que los estados financieros de la Seguridad Social oficiales se han dado por buenos sin depurar y separar el efecto de la indebida imputación de gastos que no eran de Seguridad Social.

Pues si esas cuentas se hubieran depurado para representar fielmente la situación económica y patrimonial de la Seguridad Social, en vez de déficits, habrían figurado superávits. Esto se llama manipulación financiera de las cuentas públicas.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones “gastos indebidos”, es decir, que no eran de la Seguridad Social. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

Por eso, lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos.

Un régimen de reparto que no constituye reservas en los periodos que genera superávits está abocado al fracaso. Y ese ha sido el programa de la banca, las compañías de seguros y el capital financiero, y el instrumento para ello ha sido el Pacto de Toledo. A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalá (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits”, se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a “la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”.

En cierta medida entre las recomendaciones propuestas se encuentran algunas que a medio y largo plazo conducirá a la dislocación el funcionamiento del régimen de reparto. Por ejemplo, la recomendación 16 que apuesta por los sistemas complementarios para “cubrir al menos las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento”, e imputando su implantación en las espaldas de la negociación colectiva.

Aplicando así le línea marcada desde la creación del Pacto de Toledo: cuestionar la solidez del régimen de reparto basado en las cotizaciones sociales, es decir, en una parte del salario, el salario diferido. El posicionamiento está en sintonía con el PDeCAT. Su representante en el Pacto de Toledo escribió que “la clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones”. En el mismo sentido se pronuncian reiteradamente CEOE y CEPYME, reclamando negociar con los sindicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y la eliminación de la cotización adicional por horas extraordinarias

No hay lugar para hablar de déficit. La causa de los “déficits” es el incumplimiento por los gobiernos de sus compromisos financieros con la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social han sido objeto de unas manipulaciones que se han prolongado hasta hoy, con el gobierno del PP, y que reclaman aclaración y superación. Sobre todo, se han registrado como préstamos lo que tenían que ser simples transferencias para cubrir las carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social

La Seguridad Social desde hace años arrastra una deuda de 17.168,65 millones de euros, causada por la concesión de once préstamos por parte de la Administración del Estado durante los años de 1992 a 1999. Se concedieron para hacer frente a gastos sanitarios del Estado y para financiar déficits de la Seguridad Social previstos en sus presupuestos iniciales, pero en ambos casos el gobierno de turno optó por financiarlos a través de préstamos, en lugar de hacerlo por transferencias corrientes.

El montante de la falsa deuda de la Seguridad Social va más allá de los 70.000 millones, y cosa curiosa, las recomendaciones del Pacto de Toledo proponen que se paguen. Para ello propone entregar los edificios del patrimonio de la Seguridad Social.

Desde un punto de vista técnico, el asunto ha sido reiteradamente abordado por el Tribunal de Cuentas, con propuestas concretas de resolución que no se atendieron. En 1996 el Tribunal dictamina que lo más adecuado es “la condonación de los préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían haber tenido desde el principio”. Desde entonces se ha reiterado la necesidad de la cancelación de la deuda, por condonación o por la concesión de transferencias a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos criterios no se aplicaron ni siquiera después de las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997, de 15 de julio, en la Ley General de Seguridad Social (LGSS) artículo 109.2, estableciendo la financiación de las prestaciones contributivas no solo con cotizaciones sociales, sino también mediante aportaciones del Estado.

El PP, ante las necesidades de complementar la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de disponer las transferencias oportunas desde el presupuesto del Estado, que es lo establecido en la LGSS, después de haber esquilmado el Fondo de Reserva, disponiendo de él en importes muy superiores al límite legal establecido, se empleó a fondo en ignorar la obligación que tenia de cumplir el articulo lo 109.2 de la LGSS y reanudó la práctica de los préstamos en julio de 2017, , que lamentablemente ha continuado hasta nuestros días, e incluso se continuará a lo largo de la actual legislatura.

Una muy importante consecuencia de esa manipulación contable es simple: lo que debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y haber sido soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como préstamo a la Seguridad Social. Es decir, no es computable como gasto no financiero del Estado, ni por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit de la Seguridad Social. Así, se ha creado un punto de apoyo  de todos los ataques de la derecha y el capital financiero para presionar al gobierno por el cambio de modelo de Seguridad Social y las propuestas de un modelo de Seguridad Social inspirado en el modelo del Reino Unido, que como es conocido se basa en tres pilares principales, uno  de carácter público y de reparto, reducido, con el fin de combatir la pobreza y un segundo pilar basado en la capitalización, colectivo,  promovido por las empresas y que aporta  la mayor parte de la pensión. El tercer pilar, también de capitalización, individual.

Con el marco de estas referencias parece razonable plantear la exigencia de una auditoria pública que ponga cada cosa en su sitio y limpie tanta mentira interesada sobre la fortaleza de nuestro sistema de reparto basado en la fuerza y organización de la clase obrera y los salarios dignos.

Juan Miguel Fernández

Madrid