¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 ha sido del 24,2%, frente al 25,4 del 4º trimestre de 2021, es decir, que ha tenido un descenso del 1,2%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos doblando la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral reciente ha cancelado el “Contrato de Obra o Servicio” y que ha flexibilizado el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada, cuyos efectos desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 18,14% frente al 15,75% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 2,39%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5,08%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, dado que el IPC de abril se ha situado en el 8,4%, mientras el incremento de los salarios pactados en convenio hasta el mes de abril es del 2,4%.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registro una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año- con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmerso en proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas, se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con la ampliación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI del 31,8% realizadas por el Gobierno PSOE-UP entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la invasión de Ucrania el Gobierno de Coalición ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía la cobertura del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han manifestado su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

Según las estimaciones hechas públicas el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación de la Agencia Tributaria. Los salarios pactados en los convenios colectivos subieron de media un 2,36% hasta marzo, una décima más que en febrero y casi un punto por encima del promedio de 2021 (1,47%).

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos negativos que aumenten la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Podrían fijar unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente se repartiría el impacto de la inflación media de 2022 en los años 2023 y 2024, y en 2025 los sueldos subirían en función del IPC medio de 2024 más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una novedad, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los trabajadores incluidos en los convenios colectivos tenían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. En 2022 el porcentaje de trabajadores protegidos por las cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año, alcanzando en marzo un 29,1%. Además, los convenios colectivos ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Toni Ferrer, senador socialista por Madrid. 24/04/22

Origen, transformaciones y actualidad

A lo largo de la historia, uno de los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, desde que el trabajo empezó a ser reconocido y remunerado, ha sido la cantidad económica que se considerase suficiente para compensar su esfuerzo y el beneficio que produjese su productividad. La cantidad que se daba en dinero o especie era únicamente la que permitiese cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, y que del mismo modo no generase un peligro o amenaza para los burgueses propietarios de los medios de producción, y a las estructuras del Estado puesto en función de sus intereses económicos y sociales. En este recorrido histórico podemos recordar la ”Ley de bronce del salario” del siglo XVIII, expresada en la obra de David Ricardo, entre otros, lo que se podía considerar el sistema económico de un nuevo modelo liberal.

En la actualidad, los bajos salarios siguen siendo un problema social, político y económico. Los bajos salarios y el paro, dos variables de peso, que afectan a la sociedad actual y son la razón del crecimiento de la pobreza; tanto relativa como extrema, y exclusión social. Una pobreza que con el paso de los siglos ha cambiado sus formas. En las sociedades antiguas se revelaba como una situación de penuria extrema; en las sociedades modernas era considerada la sombra de la riqueza; y en la actualidad se considera como lo negativo al desarrollo. Del mismo modo que el concepto de pobreza se transforma con el paso de los siglos, las ayudas también han ido cambiando, desde las ayudas para alcanzar la mera supervivencia de las sociedades antiguas que ofrecía el orden económico establecido, a otras más actuales como el ingreso Mínimo Vital. Otras medidas de gobierno, como el incremento del salario mínimo interprofesional, ayudan a mejorar la situación económica de los más desfavorecidos, actualizando un salario que se entiende como “suficiente”, mínimo para cubrir las necesidades que una persona necesita dentro de los estándares de la vida actual. Estos cambios y medidas para paliar la pobreza son más bien parches para evitar un estallido social que rompa los diques de una democracia que, en realidad, está basada en la desigualdad de clases, con profundas brechas sociales.

Las diferentes crisis económicas, reformas laborales, la Covid-19 y el aumento escandaloso del coste del consumo eléctrico y energético, han sido un nuevo lastre para la mayoría social, la clase trabajadora, que ha sufrido las consecuencias una vez más ,de tal manera que el riesgo de pobreza ha aumentado notablemente, afectando a capas de la población que aún no estaban en esta situación, dejando en evidencia la legislación laboral que no es capaz de afrontar las problemáticas de los nuevos tiempos.

Una de las consecuencias que ha tenido de la desproporcionada subida de precio en el consumo de energía eléctrica ha hecho crecer el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, teniendo en cuenta que los salarios se mantienen o las subidas son muy inferiores, una media del 1,5% frente al 5,5% del actual IPC (al cierre de noviembre). Una de las razones más evidentes de la devaluación salarial, es sin duda, la pérdida de una herramienta fundamental para los intereses de la clase trabajadora, como es la negociación colectiva. No hace falta decir que, tan importante herramienta, se ha perdido a causa de una reforma laboral que lo impide, dando prioridad a los convenios de empresa, dejando en segundo plano los convenios sectoriales, lo que supone una indefensión en muchos de los casos para los trabajadores, ya que en muchos sectores donde la fuerza sindical no está presente o la afiliación es baja, la capacidad de negociación es mínima, lo que condiciona los resultados de los posibles acuerdos, beneficiando a las grandes empresas y haciendo pagar a los trabajadores, una vez más, las consecuencias de la inflación. Esperemos recuperar pronto esta herramienta.

Mientras tanto, la clase trabajadora espera con incertidumbre el resultado de la negociación para la modificación de la reforma laboral, que permita recuperar esa capacidad de diálogo para los sindicatos, arma básica en tiempos de democracia en un Estado social y de derecho.

El resultado de la negociación sobre la reforma de la reforma laboral va a ser fundamental para el futuro de la clase trabajadora, una clase trabajadora que se divide entre los que esperan que sea un éxito, recuperando derechos que no debieron de perderse en ningún momento y otros que esperan resignados, acostumbrados en los últimos tiempos, a ver como sus condiciones laborales se deterioran. Esa división es el fracaso mismo de la sociedad, la espera.

No nos engañemos, no será un éxito, y tampoco motivo de resignación, lo que si será es la hoja de ruta de las futuras reivindicaciones, motivos fundados en la razón para movilizarse y continuar la lucha, recuperar la conciencia de clases, recuperemos valores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Sindicalista de UGT en Madrid

Salarios dignos para una vida digna

El día 29 de septiembre salió publicado en el BOE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cualquier actividad: quedó fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes según sea el tipo de contrato por meses o por días. La duración de la subida, que ha sido pactada con CCOO y UGT, será hasta el 31 de diciembre, lo que es un indicativo de que es una subida provisional, dicho de otra forma las partes reconocen la insuficiencia de este acuerdo que supone, en la práctica, alargar la situación de insuficiencia a los miles de personas que solo tiernen ese ingreso y por tanto forman parte de los trabajadores pobres. 

El incremento de 15€, supone un 1,6% de aumento sobre el SMI anterior, sin embargo el IPC ha aumentado un 3,1% de media anual en el 2021, lo que supone una pérdida de más del 50% de capacidad de compra para los más de 196.000 personas que estarán afectadas en Cataluña.

A nadie se le escapa que no es posible llegar a final de mes con 965€, máximo cuando no hay ningún control sobre el aumento de precios y la mayoría social vemos y padecemos los aumentos desorbitados en los precios de la electricidad u otros suministros de primerísima necesidad. 

Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos el número de trabajadores pobres ha aumentado en Europa un 12%, en España 16%. Las cifras sobre la recuperación económica son optimistas, el Banco de España sitúa el aumento del PIB en el 6,3%, una pregunta es necesario contestar ¿será posible la recuperación económica sin que esa recuperación llegue a los hogares la mayoría social? El SMI no puede ser una limosna como demanda el Vaticano. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que la subida del SMI es insuficiente, que si el 1 de enero el SMI  no se sitúa en 100€ se acabaron los pactos y empezaran las movilizaciones,  seguramente que tendremos que ir por esa vía, pues a las clases más desposeídas jamás nos han regalado nada y será mediante la movilización que tendremos que conseguir salarios suficientes para cubrir todas las necesidades para tener una vida digna.

José A Iniesta 

Comité de redacción de Tribuna Socialista

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