Por una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

En defensa del régimen de reparto de la Seguridad Social se exige una auditoría pública a las cuentas de la seguridad social

El 16 de octubre la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, junto con las más importantes plataformas de pensionistas del país, convocan a una concentración ante las Cortes, por la defensa del sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, para determinar la magnitud de los saqueos sufridos por las cotizaciones sociales perpetrados por los diferentes gobiernos y su restitución a la caja única de la Seguridad Social.
Las organizaciones de pensionistas hacen un llamamiento a toda la clase obrera, a las trabajadoras y los trabajadores, activos y pensionistas, a los jóvenes, a los trabajadores en paro, a los estudiantes, para defender el futuro viable del sistema de reparto que fundamenta nuestra Seguridad Social, pues su futuro está cuestionado y en peligro por las propuestas de reformas y recortes del ministro Escrivá acordadas en el Pacto de Toledo.
Por eso, aunque los pensionistas se levantaron como rechazo a las reformas de pensiones de Rajoy, ante la continuidad de la política de recortes, manifiestan la independencia de su movimiento diciendo que ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! Y en ese marco de discusión democrática independiente han elaborado sus plataformas de reivindicaciones y exigencias: defensa del poder adquisitivo, derogar las reformas de pensiones, igualar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas a trabajadores con 40 años cotizados, subida de las pensiones de incapacidad permanente, la eliminación de la brecha de género, y rechazo a los planes privatizadores de Escrivá mediante planes de pensiones de empresa.
Las reivindicaciones no se atienden. A ellas se oponen tanto las autoridades, como los voceros de la banca y los partidarios de la privatización con fondos de pensiones. Contra las reivindicaciones se les ha dicho por activa y por pasiva que no hay recursos, que es imprescindible hacer recortes. Sin embargo los pensionistas, particularmente de la COESPE, han demostrado que toda esa argumentación era falsa. Han constatado que durante décadas, principalmente los anteriores gobiernos, han desviado las cotizaciones sociales para financiar otros gastos. Según CCOO el desvío de recursos en 2016 ascendía a 519.104 millones de euros y con posterioridad, “Economistas frente a la Crisis” los ha calculado en 843.000 millones de euros, el 72,3% del PIB. Una cuantía que, de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos, constituiría un importante Fondo de Reserva suficiente para hacer frente a las necesidades actuales.
Por eso los pensionistas exigen una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, para saber la verdad y conocer la magnitud del saqueo, pues si este no se hubiera producido habría suficiente dinero para atender todas las reivindicaciones y nuevas necesidades de las familias obreras. Es necesario conocer la verdad sobre lo saqueado y sentar las bases de su devolución y reposición a la caja única de la Seguridad Social.
Además, el inexcusable incumplimiento del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social por parte de los gobiernos, dando préstamos en vez de aportaciones, ha generado falsos déficits y una falsa deuda de la Seguridad Social al Estado de más de 85.000 millones de euros. La anulación de esta falsa deuda y el cese de las manipulaciones contables constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
La defensa de la Seguridad. Social compete a todos los trabajadores. Partiendo de la COESPE se han reunido muchos apoyos, con cientos de miles de firmas, cientos de mociones de Ayuntamientos, de secciones sindicales, la Federación de Jubilados y Pensionistas y el 43 Congreso Confederal de UGT, varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8 grupos políticos diferentes, asociaciones diversas y otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben sindicalistas europeos: la apoyan desde Alemania la comisión internacional del sindicato IG Metall de Berlín, responsables del sindicato de servicios VERDI de Berlín, de Austria, (los sindicalistas del movimiento «Rebelión de los mayores», el movimiento «Socialdemócratas y sindicalistas contra el estado de urgencia»), de Francia (la Unión de pensionistas del sindicato Fuerza Obrera de Paris).
Pero, además, el futuro del régimen de reparto de nuestra Seguridad Social no es solo un asunto de los pensionistas, pues al financiarse con las cotizaciones sociales, que son una parte del salario, su defensa está vinculada a la lucha por la subida del SMI, a la derogación de las reformas laborales que desvalorizan el empleo, a la defensa del poder adquisitivo frente a la inflación y a la necesidad urgente de una subida general de sueldos y salarios dados los aumentos de la inflación.
Por eso desde el CATP, insistimos que la defensa del futuro de la Seguridad Social corresponde a toda la clase obrera, a los sindicalistas, a las centrales sindicales, a los trabajadores activos.
Debe tenerse presente que los acuerdos del Diálogo Social plantean la creación de un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional” para reducir las pensiones de nuevos pensionistas; su nombre es engañoso pues la equidad entre las generaciones se conseguirá exigiendo el mantenimiento de la tasa de sustitución de la pensión inicial respecto al último salario, cercana en la actualidad a una media del 80%. El Dialogo Social deja para más adelante la implantación generalizada de los planes de empresa pensiones privadas, exigencia del capital financiero, los bancos por meter la mano en los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
Tampoco se deben olvidar las declaraciones del ministro Escrivá de hacer cargar sobre los trabajadores las consecuencias del saqueo que los distintos gobiernos han ocasionado a la Seguridad Social utilizando para otros gastos (reducciones en las cotizaciones empresariales, por ejemplo) los excedentes o superávits del sistema de reparto que ahora deberían aplicarse. Al futuro de las pensiones de la generación baby boom (que afecta a 11 millones de trabajadores actualmente activos) Escrivá les anunció que llegada la edad de jubilación deberán tener pensiones más reducidas o tendrán que trabajar más años.
La COESPE y buena parte del movimiento de pensionistas y algunos parlamentarios han rechazado los acuerdos del Dialogo Social, pues entre todas las propuestas del Pacto de Toledo, las ya acordadas y las anunciadas, supondrán un gran paso en la destrucción de los derechos futuros a la pensión respecto a los términos en que hoy los conocemos.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) llama a todos las organizaciones y colectivos asociados, a los amigos y simpatizantes, muy especialmente a los trabajadores activos y la juventud a participar en las movilizaciones del 16 frente a las Cortes convocadas por la Coespe y las principales coordinadoras de pensionistas por defensa de las reivindicaciones y el sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad.

¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

Resolución de la reunión de coordinadora de CATP

Llamamos a mantener y reforzar la resistencia y organizar la movilización en unidad

Reunidos el sábado 18 de septiembre de 2021 en Madrid, en la sede sindical de la calle Maldonado, organizaciones, colectivos, comités de Trabajadores y jóvenes de diferentes pueblos del Estado español.

CONSTATAMOS:
Que el momento político y social que atravesamos está repleto de agresiones para nuestros derechos, duramente conquistados, que vienen siendo amenazados y lesionados desde hace mucho tiempo. Son nuestros medios de subsistencia como trabajadores y pueblos los que están siendo atacados en favor de los intereses de una minoría privilegiada.
La oligarquía financiera exige que, en medio de la crisis del capital, los servicios públicos, los derechos laborales, los salarios y las pensiones sean devaluados para salvarse de su ocaso como sistema. Pretenden arrebatarnos nuestros derechos sociales y democráticos con el fin de imponer sus mecanismos de apropiación de lo público y continuar con el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital; buen ejemplo de ello es la devaluación de salarios y pensiones que se está llevando a cabo con el alza de los precios en general y la luz en particular.
Las instituciones del régimen que Franco nos dejó en herencia, con la monarquía y la justicia en cabeza, no solo defienden los intereses de esa minoría sino sus propios privilegios.
El Gobierno que fue elegido por la mayoría obrera y popular del país es incapaz de actuar en función de los intereses de la mayoría y es percibido cada vez más como un juguete en manos de las finanzas y de las instituciones de las multinacionales. Han pasado 39 meses desde la Moción de Censura que sacó al Gobierno mafioso del PP, el del caso “Kitchen”, de la Moncloa; pero las reformas laborales, contra las que los trabajadores hicieron tres huelgas generales, continúan intactas. El SMI sube el 1,5% (15€/mes) frente a las brutales subidas de la energía.

PERO LA RESISTENCIA EXISTE
La desconfianza ante las medidas del Gobierno crece, como también aumenta la indignación ante el poder de multinacionales y capitalistas en todas sus formas; los especuladores que dictan los precios de la luz, dónde hay vacunas o no y a cuánto… Mientras, tenemos que convivir con medidas represivas, como las contenidas en “Ley Mordaza” que impuso el PP para imponer sus reformas y políticas económicas contra los trabajadores y los pueblos. La actitud timorata del Gobierno, los partidos y las cúpulas sindicales a la hora de proteger los intereses de la mayoría, levanta cada día más la oposición tenaz entre los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los inmigrantes en todos los pueblos del Estado español, lo que los lleva a querer decidir sobre su futuro.

LA RESIGNACIÓN ABRE PASO A LA MOVILIZACIÓN
Desde el CATP brindamos todo nuestro apoyo y participación a:
• Los pensionistas que marcharán a las Cortes el 16 de octubre, para exigir una Auditoría a la Seguridad Social que establezca y aclare cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las Pensiones.
• Los jóvenes estudiantes que ven como se deteriora la Educación, por los recortes de profesorado, el hacinamiento en las aulas o porque no tienen plaza en la FP. En paralelo a esta situación, la Iglesia disfruta de un jugoso negocio, a través de la educación concertada, aprovechando que en este país no están separados: Estado e Iglesia. El CATP se compromete en la lucha por la Educación pública, laica, gratuita y de calidad.
• Los médicos y enfermeras que exigen un presupuesto consecuente para combatir la pandemia y atender a todas las necesidades médicas de la ciudadanía en un entorno seguro para los profesionales sanitarios. Un sector, el de la Sanidad Pública, en el que en estos meses SE HAN MULTIPLICADO LAS MOVILIZACIONES de todo tipo.
• Los trabajadores de la industria amenazados de despido, definitivos y temporales han tomado nota tras la experiencia de NISSAN; como los trabajadores de SEAT a quienes les van a aplicar un nuevo ERTE de casi un año de duración. O los de Alcoa que como otras empresas industriales del acero y aluminio se ven amenazadas de cierre en nombre de la transición ecológica. Quienes son despedidos no creen en promesas de supuesta recolocación.
• Los trabajadores de la Banca que una vez más se han enfrentado a la reducción de empleos y cierre de oficinas; ya son más de 115.000 los empleos destruidos y más de un 40% de la red de oficinas cerradas, desde 2010.
• Los pueblos, como el catalán que sigue exigiendo Amnistía y derecho a decidir.
• Los miles de interinos, que ven cómo pueden perder su empleo tras años trabajando con contratos fraudulentos para las administraciones.
• Los desempleados que llevan años en el paro de larga duración, sin oportunidades reales de acceder a un puesto de trabajo. Colectivo que padece un plus de sufrimiento por el incremento de los precios.
• Y a todos los despedidos como las compañeras de Lyma en Getafe, el compañero Juampa, presente en esta reunión y despedido estando de baja médica, y Ángeles Guindel trabajadora despedida y que por dos veces ha ganado el juicio y espera su readmisión en el Ayuntamiento de Getafe.

NO ESTAMOS SOLOS
El movimiento de resistencia que se agudiza en nuestro país está en consonancia con las movilizaciones en Francia, Italia, Grecia, y todos los países europeos, no por casualidad, enfrentados a los mismos ataques.

HACE FALTA LA UNIDAD
El mayor obstáculo para frenar los planes del capital está en la falta de unidad en torno a las reivindicaciones. Al contrario, vemos que en muchos casos nuestras organizaciones a nivel confederal aceptan la política del gobierno y sus argumentos en nombre del peligro de la extrema derecha. Se niegan a organizar una movilización de conjunto, como exigen la mayoría de militantes que, en las empresas, los servicios públicos y los barrios exigen la movilización unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.

EL CATP NO TIENE INTERESES DISTINTOS A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS
Sus partidarios, organizados en colectivos o comités, forman parte de estas organizaciones y militan en ellas para que la unidad se realice en favor de las reivindicaciones, en defensa de los derechos, para abrir la vía a la Democracia o sea a la República, para acabar con la corrupción de la Corte ejemplificada por el Emérito, para acabar con poderes como el Judicial; independientes, sí, de la soberanía popular.

EL CATP participa y apoya las movilizaciones que existen y promueve en unidad todas aquellas que sean necesarias. Para que ello sea una realidad invita a formar parte del CATP y de su Coordinadora Estatal a los colectivos en lucha por sus derechos y reivindicaciones; luchas y reivindicaciones que son comunes a todos los trabajadores y a todos los pueblos.

Conclusiones encuentro estatal CATP 7N

ENCUENTRO ESTATAL CATP 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.

El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.

En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.

Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:

  • Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
  • Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
  • Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
  • Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
  • Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
  • Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
  • Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
  • La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
  • Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
  • Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
  • Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.

Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

  • La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
  • La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
  • La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
  • La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
  • La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
  • La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
  • La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
  • La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
  • Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
  • La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
  • La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
  • La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
  • El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
  • La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y

de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:

  • La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
  • El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
  • El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
  • El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
  • Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino

para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:

  • Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
  • Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
  • Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.


El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

  1. Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
  2. Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
  3. Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
  4. ¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
  5. Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
  6. Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
  7. Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
  8. Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
  9. Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
  10. El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
  11. Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista