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La apuesta por la digitalización de la banca está dejando fuera del sistema financiero a las personas mayores, un colectivo excluido por sus limitaciones en el uso de la tecnología. El proceso va acompañado de un cierre progresivo de las sucursales bancarias, lo que ha dejado a la mitad de pueblos de Cataluña sin ninguna oficina. La situación se conoce ya con el concepto de exclusión financiera.

Entre 2008 y 2017, Cataluña pasó de 8004 oficinas a 3945. Este hundimiento del 50%, el mayor a nivel estatal, sitúa la concentración de número de sucursales por millón de habitantes en las 520, por debajo de las 595 de la media del Estado español. Cataluña, junto a Madrid y Valencia, acumula el 37% del total de puntos de atención bancaria y es la segunda comunidad con el recorte de sucursales.

De los 947 municipios catalanes, 467 (casi la mitad) no dispone de ninguna oficina bancaria, dejando un 3,2% de la población catalana sin algo tan esencial como el acceso a una entidad financiera por disponer de efectivo. Para el colectivo de personas mayores, las que tienen movilidad reducida o las que no cuenten con transporte privado, tener un cajero es un servicio básico, no un lujo.

Los municipios del Camp de Tarragona, el Baix Penedès y las Terres de l’Ebre ven con impotencia cómo el cierre de oficinas y la pérdida de servicios bancarios avanza sin freno. Desde 2008 han cerrado cerca del 70% de las sucursales bancarias de la demarcación, pasando de 800 oficinas a sólo 261 en el tercer trimestre de 2021. La mitad de los 184 municipios de Tarragona no tienen ni oficina ni cajero.

Paralelamente al desmantelamiento de los cajeros de las calles, la decisión de las entidades financieras está generando una brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores que tienen que asumir nuevas herramientas y sistemas digitales. De la vocación de servicio de las cajas de ahorro se ha pasado a la autogestión de las operaciones financieras habituales.

Esta reducción cuando no eliminación de sucursales y de cajeros automáticos, lleva a nuestros abuelos (y a todos nosotros) a tener que esperar en la calle a ser atendidos formando largas colas, y expuestos a las inclemencias del tiempo. En muchas entidades, además, el horario de atención presencial se ha reducido dramáticamente a horarios de 9 a 11h.

Con esta situación de déficit de atención presencial a las personas que necesitan hacer operaciones financieras sencillas, algunos ayuntamientos y movimientos vecinales han realizado acciones para luchar contra la exclusión financiera de nuestros mayores. En algunos ayuntamientos se han cedido espacios públicos para la instalación de cajeros, en otros se han organizado cursos de banca digital…incluso un referendum organizado en Cornudella para exigir un cajero público,

En el Vendrell, se ha acordado incrementar exponencialmente la tasa de ocupación de la vía pública, y bonificar a aquellas entidades que el “Consejo de la gente mayor” determine que realizan una gestión presencial adecuada (atención presencial durante toda la mañana, educación en el uso de las nuevas tecnologías…)

Una de las entidades financieras que han dado la cara, reconoce que la digitalización de los servicios ha ido demasiado rápido, y que de un modelo de caja de pensiones y ahorro, con vocación de servicio público, se ha pasado a un modelo bancario marcado por las cualificaciones de S&P y alejado del interés de los clientes mayores.

En Tarragona, tanto UGT como CCOO se han adherido a la Plataforma por una banca digna para las Personas Mayores y estarán presentes en la manifestación que tendrá lugar el próximo 6 de marzo frente al Banco de España, en Tarragona. El objetivo es conseguir el compromiso por parte de entidades bancarias y administraciones públicas de impulsar medidas que reduzcan la brecha digital.

Paco Orti, secretario general FeSMC-UGT de Tarragona y delegado de UGT en CaixaBank.señala que el cierre de oficinas tiene repercusiones para la ciudadanía, pero también para los trabajadores. “’El empleado se siente abandonado por parte de la entidad y esto está provocando muchas bajas”,

Siguiendo con el repaso a alternativas (infructuosas) que se han ido tomando desde los estamentos públicos, la Diputación de Tarragona, puso en marcha una prueba piloto para instalar cajeros automáticos en municipios pequeños que se habían quedado sin servicios bancarios.Un total de 12 ayuntamientos firmaron un convenio con una entidad bancaria, que se ha retirado del convenio 3 años después. En estos momentos se estudia la posibilidad de que Correos o Prosegur se hagan cargo del servicio.

Algunos ayuntamientos están pagando a los bancos para que mantengan sus cajeros.

Lo que tienen en común todas estas medidas y propuestas “bienintencionadas” es que no son suficientes, a veces, ni mínimamente efectivas.

En algunos casos,alguna entidad se ha comprometido a manterner un horario de atención que abarque todas las mañanas, y a potenciar la figura del gestor senior, para favorecer la eliminación de la brecha digital.

Sin embargo, parece claro que la única solución efectiva a corto plazo es que la banca sea un servicio público y que se reconozca el derecho subjetivo a disponer de dinero en efectivo, y a ser atendido presencialmente para realizar las tareas financieras habituales que todos necesitamos realizar.

Se puede decir de muchas maneras, pero el acceso al sistema financiero, a los ahorros de cada uno, es un servicio público que debe ser recuperado para beneficio de todos.

Banca pública YA!

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona