Categoría: #CATP

17 de Febrero. Alto a la masacre en Palestina

En unos días se cumplirán los 5 meses de la masacre sistemática que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, donde la cifra de muertos se acerca a los 30.000; de los cuales, el 70% son mujeres y niños.

                He escuchado bastante polémica en relación a que en los manifiestos y pancartas principales de la manifestación celebrada el sábado día 17 de febrero, no figuraba el término Genocidio. Solo cabe pensar que el hecho de no utilizar esta expresión, por parte de los convocantes, era para no molestar, ofender… al gobierno de Netanyahu, pues en castellano, según la RAE, Genocidio se define como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.”

                Lo cierto es que más que discutir sobre si la palabra genocidio aparece o no escrita, no puede caber duda de que lo que se está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre es un Genocidio.Considero que tiene más lógica polemizar sobre si es importante que Israel se moleste o no, cuando lo que las manifestaciones masivas que está habiendo en muchas ciudades del mundo están pidiendo a sus gobiernos es que rompan relaciones diplomáticas con el Estado sionista israelí; ojo, con el Estado sionista y con el Gobierno de Netanyahu, no así con el pueblo de Israel.

                No puedo dejar de pensar en por qué nuestro Gobierno de coalición de izquierdas no da el paso de romper relaciones con Israel, ni se ha sumado a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional, y me hago hipótesis en la cabeza a este respecto. La que más solidez toma es la de que más que preocuparles, a nuestro Gobierno de coalición de izquierdas, que se pueda molestar el Gobierno de Netanyahu, les preocupa que se moleste la Administración de Biben, pues desde que estalló oficialmente la guerra en Ucrania, tras la entrada de las tropas de Putin en territorio ucraniano, somos percibidos como el alumno aventajado de la OTAN; título por el que pugnan Sunak, Sochlz, Macrón y Sánchez, junto a los demás presidentes y presidentas de los países miembros de esa estructura militar.

                Cuando se critica a los sindicatos, por lo que hacen y también por lo que no hacen, se suele decir que si no existiesen habría que inventarlos. Pues bien, no existe un movimiento contra la guerra, ¡habrá que inventarlo!, ya que la única manera de que los gobiernos cambien de rumbo es con las masas en la calle exigiendo y reivindicando, y esto vale contra la guerra y contra las políticas contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad.

                Las críticas a las formas verbales de los convocantes eran legítimas, incluso las comparto, pero de ahí a no acudir a la manifestación y boicotearla, me parece que hay una gran diferencia. Supongo que a los y las gazatíes que están rodeados de muerte les parecerá bienvenida toda ayuda, incluso el apoyo abstracto de un manifiesto y/o una movilización, la convoque quien la convoque. En este sentido, valoro muy positivamente que las confederaciones sindicales UGT y CCOO hayan convocado la manifestación del día 17, así como que el PSOE haya convocado a sus bases y que haya desfilado con una pancarta propia en esta manifestación.

                Lo cierto es que hubo pancartas, como la del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que sí denunciaban el Genocidio que Israel está cometiendo, y a nadie le molestó, ni desde la organización de la manifestación se instó a que se retirasen estas pancartas.

                La manifestación que tuvo lugar el 27 de enero si que fue muy masiva, pero a aquella no se sumaron las grandes organizaciones sindicales y partidos. Es una pena que la izquierda ande como en la película “La vida de Brian”. Es tan grotesco como triste que ante un crimen de masas como el que se está cometiendo, un crimen que dura ya más de 77 años, que las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, las grandes, las medianas y las minúsculas, no sean capaces de buscar la unidad para rechazar semejante atrocidad.

                Rompamos relaciones con los países genocidas y con las satrapías. No podemos criticarles y acto seguido venderles armamento.

                Reconsideremos con quienes nos aliamos y a qué aventuras militares imperialistas nos llevan esos supuestos aliados, quienes en realidad buscan apoderarse de mercados y materias primas.

                Digamos no a la guerra, como lo dijimos en 2003 contra la guerra en la que nos metieron los criminales de las Azores.

                Unidad para parar el Genocidio, el Exterminio, la Matanza, el Crimen de lesa humanidad… Basta ya.

Rogelio Obrador
Socialista de Madrid no afiliado

¡La amnistía es necesaria para la mayoria social!

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados con el voto en contra a última hora de los 7 diputados de Junts. La Comisión de Justicia del Congreso decidirá cuando se volverá a presentar el Proyecto.

El riesgo de que no haya amnistía pondría en serio riesgo la legislatura, al romperse la mayoría que votó la investidura de Pedro Sánchez. Flaco favor se hacen a si mismos los diputados de Junts al votar lo mismo que PP y VOX y dar alas al franquismo político y judicial.

Por su parte, el juez García -Castellón – incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy en el caso Gurtel, incapaz de no ver nada de lo que sucede en Marbella, y que ha organizado más de 20 procesos e investigaciones contra Podemos (todos archivados), se ha dedicado las últimas semanas a intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y otros dirigentes.

Otro juez, Joaquín Aguirre acusó en la TV pública alemana, las presuntas conexiones rusas del Procés (operación Voloh) saltándose a la torera el secreto del sumario, dando argumentos y opiniones esperpénticas, y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición.

No son unos pocos jueces politizados. Es la cúpula judicial, el CGPJ que lleva 5 años caducado quien encabezan la ofensiva. No quieren que se hable de Lawfare, pero, la confabulación del aparato judicial más rancio y la política de PP y VOX no parece una casualidad. No es casual que en la manifestación del 28E, el PP ensalzara a estos jueces como héroes nacionales. No es casual tampoco que el PP exija que la elección del CGPJ corresponda a los propios jueces y no al parlamento votado por el pueblo. De esta forma, podrían bloquear todas las decisiones del Parlamento y del gobierno contrarias al ideario político de estos jueces.

El Rey, Felipe VI tampoco es neutral en este tema. Lejos de cumplir con su obligación de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”, el día 14F, en Barcelona, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha apelado al «respeto» a las resoluciones del Poder Judicial porque tiene atribuida, en exclusiva, la función de juzgar como poder «independiente y plenamente separado» de los demás. A pesar de que sus resoluciones excedan de las funciones democráticas que tienen atribuídas los jueces y a pesar de que la cúpula del CGPJ lleve más de cinco años usurpando el cargo. De hecho, en el mismo acto, el presidente del CGPJ elevó su voz para gritar a los políticos «dejennos en paz», ante la connivencia del monarca. Por tanto, el Rey, en nombre de quien se firman las sentencias, también forma parte del problema.

Es necesario restablecer la fraternidad entre los pueblos y su unidad ante un enemigo común, la herencia del franquismo que atenta contra la igualdad, contra el medio ambiente, contra la libertad y contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesaria la amnistía.

Espero que la amnistía sea aprobada. Espero que la apuesta por la convivencia, la política y los derechos de trabajadores y pueblos se abra camino. Que la política se normalice, y que podamos tener una legislatura de avances sociales, económicos y democráticos avalada por la mayoría parlamentaria que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Carles Arroyo
Militante PSC

¡Alto al Genocidio! ¡Alto el fuego inmediato!

Crónica de la movilización en Madrid, 27 de enero de 2024

A pesar del vergonzante silencio de los medios de comunicación, y de las trabas que la Manifestación del día 27 ha encontrado en su camino, ha sido un éxito rotundo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir que pare de una vez la matanza de palestinos en Gaza; se ha superado la cifra de 26.000 muertos, a los que en su momento habrá que añadir los miles de desaparecidos bajo los escombros.

Muchos y muchas manifestantes se han desplazado a Madrid desde Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Euskadi…, había gente de distintos territorios del Estado español.

Se han coreado lemas señalando a Netanyahu como criminal, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y Reino Unido con los crímenes de guerra que se comenten cada día en la Franja de Gaza, desde hace tres meses. También se ha aludido al Gobierno español, exigiendo que se ponga fin al mercado de armas entre España e Israel, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí por su acción asesina contra mujeres, niños y niñas y civiles en general, por la destrucción de la red hospitalaria que, aunque precaria, había en Gaza, por el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo al cercenar los suministros de alimentos, agua y medicamentos.

Este éxito de convocatoria se debe al esfuerzo que han puesto en la organización y difusión las 192 organizaciones convocantes, colectivos diversos como el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), el espacio Vecinas y Vecinos de Pueblos y Barrios de Madrid, colectivos en Defensa de la Sanidad Pública, partidos, sindicatos, etc. Todos han colaborado con las asociaciones y colectivos palestinos, verdadero motor de esta gran movilización y de otras que se han realizado desde el mes de octubre pasado.

Se ha echado de menos a las grandes organizaciones políticas y sindicales de nuestro país, sin que haya ningún género de duda de que entre los manifestantes había militantes sindicales y de partidos que no se han involucrado en la manifestación de hoy. Es necesario que, si la agresión continua, y nada apunta a que vaya a terminar en breve, las confederaciones sindicales mayoritarias y los partidos que componen el Gobierno, así como los que lo apoyan, llamen a una macro Manifestación estatal y unitaria. Son las organizaciones de referencia para millones de trabajadores y trabajadoras, para millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español.

En los distintos cortejos se ha comentado la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CI), máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, en la que la CI pide a Israel que evite los ”actos de genocidio”, como si no los hubiese cometido ya, y olvida, este alto tribunal, ordenar el alto el fuego. En positivo, la CI ordena a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El sentir percibido es que se queda corta la decisión de la Corte Internacional de Justicia, a la vista de las muertes, la destrucción y el desplazamiento masivo que la reacción de Israel está teniendo.

Lo más importante, políticamente, es que es la primera vez que un alto tribunal de justicia internacional llama la atención a Israel, Estado que lleva demasiado tiempo ejerciendo de Estado terrorista, en los hechos, gracias al apoyo incondicional que hasta ahora le han venido prestando las distintas administraciones estadounidenses y los gobiernos de su “graciosa” majestad británica.

Es inaceptable que un Estado cometa los crímenes que a todas luces está cometiendo Israel y que los gobiernos de la Unión Europea estén inactivos y en silencio, más allá de balbucear, de vez en cuando, palabras que apelan genéricamente al respeto de los Derechos Humanos.

Pascual Sánchez
Para Tribuna Socialista

Las mujeres somos víctimas de todo conflicto armado, y también las primeras en movilizarnos en contra.

Desde el Colectivo de Mujeres Republicanas hemos tenido conocimiento del comunicado hecho público por el Sindicato de Trabajadores Árabes de Nazareth, por el que informan de la petición dirigida al Tribunal Supremo israelí, en la que se pide que la policía, la administración penitenciaria y el ejército israelíes den cuentas de la suerte de miles de trabajadores de la franja de Gaza que trabajaban en Israel. Concretamente, piden saber dónde están unos 7.000 trabajadores que se encuentran en paradero desconocido. Se conoce que el ejército israelí ha construido campos de detención para estos trabajadores, pero a pesar de las peticiones del Sindicato y de otras organizaciones de derechos humanos para que se diga dónde están, hasta el momento presente, las autoridades israelíes se han negado a responder .

El Colectivo de Mujeres Republicanas:

1.- Expresa su apoyo a la iniciativa de este sindicato y traslada nuestra disposición a realizar las acciones que estén en nuestras manos para conseguir que la denuncia llegue a cuantas más instancias mejor.

2.- Se suma a la indignación general por los bombardeos de la población civil en Palestina, por parte del Estado de Israel y a denunciar el genocidio que se está produciendo. La situación de acoso, de hostigamiento contra el pueblo palestino no es nueva ni de ahora. Se ha prolongado en el tiempo, desde que en 1948 se produjo la “Nakba”, nombre con el que se conoce la expulsión de palestinos de sus hogares, después de que fuera aprobado el Plan de Partición de la ONU y de la creación del Estado de Israel, origen de un conflicto que ha llevado a lo largo de los años, a cientos de miles de refugiados, a miles y miles de víctimas entre la población civil. Ya es suficiente.

3.- Hacemos nuestro el clamor que pide PARAR LA GUERRA Y EL GENOCIDIO, conscientes de que la única salida es un único estado democrático y por tanto laico en todo el territorio histórico de Palestina, tal como exige, desde hace años, un importante sector de la ciudadanía tanto palestina como judía. Apoyamos todas las iniciativas y movilizaciones que tengan como propósito establecer vínculos de fraternidad entre la comunidad judía y la comunidad árabe, contra los intereses del Estado sionista y de los Gobiernos que están al servicio de los promotores de guerras.

¡Alto el fuego inmediato, levantamiento del bloqueo de Gaza!

Resolución del CATP desolidaridad y apoyo a los trabajadores y pueblos de Palestina

ras el ataque de milicianos de Hamas y otras organizaciones, lanzado desde Gaza el pasado 7 de octubre, que provocó la muerte de cientos de israelíes y numerosos heridos y rehenes, el Gobierno de Israel ha respondido con bombardeos indiscriminados, que han causado la muerte de miles de ciudadanos, incluyendo más de 800 niños. El Gobierno sionista ha declarado el Estado de guerra y anuncia una próxima ocupación militar de Gaza. Al mismo tiempo ha privado a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza de agua, luz, alimentos y combustible, una medida de represalia contra la población que es considerada como un crimen de guerra.

Esta declaración de guerra del Gobierno de Netanyahu, convertido en Gobierno de “unidad nacional” con la entrada de los que hasta ayer se oponían a él, forma parte, en realidad, de una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino que comenzó hace más de 75 años. El apartheid y la ocupación sionista, así como la complicidad de los Estados Unidos y con el apoyo o silencio cómplice de sus aliados europeos están en el base de esta escalada genocida, justificada en nombre de la supremacía judía y, posteriormente, de la lucha contra el terrorismo, y que emplea con total impunidad las expulsiones violentas, encarcelamientos, demoliciones de viviendas, asesinatos en masa, redadas militares en campos de refugiados, asedio implacable y humillaciones diarias a la población de toda Palestina.

Varios factores han conducido a esta situación, en particular la partición de Palestina decidida en 1948 por la ONU bajo la égida de Churchill, Stalin y Truman, justificada con la falsa suposición de que el establecimiento de un Estado sionista era la solución para no volver a ver nunca más los exterminios perpetrados bajo la égida del nazismo. La partición de 1948, seguida de la expulsión del territorio israelita de cientos de miles de árabes palestinos, fue continuada con una nueva expulsión masiva en 1967, tras la “guerra de los seis días”, y, en 1993, con los Acuerdos de Oslo, que proponen la creación de dos Estados, judío y palestino, sobre el territorio de Palestina, así como por numerosas resoluciones de la ONU que, en el mejor de los casos, nunca pasaron de ser “papel mojado”.

Pero, más allá de la impotencia (o de la hipocresía) de las resoluciones internacionales, los hechos se impone: la partición de Palestina de 1948 y el acuerdo de nueva partición de Oslo, no aportan, no pueden aportar, ninguna solución a la situación de Palestina. Los hechos, después de 70 años, demuestran que sólo pueden traer violencia y destrucción.

Porque, nadie puede ignorar que las amenazas y bombas del ejército israelí, que hoy siguen cayendo sobre Gaza y otros territorios cercanos, forman parte de una guerra más amplia entre la OTAN y los trabajadores y pueblos que resisten la dominación y el expolio imperialista. Una guerra, como sucede en Ucrania, que no es solo militar, es de rapiña de los recursos básicos y también social, de recortes presupuestarios y supresión de derechos a los trabajadores y pueblos de los propios países. Una guerra en la que están involucrados los Gobiernos europeos directamente, aunque haya diferencias entre ellos y, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Los trabajadores de Palestina y de Israel no quieren más crímenes, apartheid, ni explotación. No quieren más guerra genocida. Al igual que la gran mayoría de las poblaciones de ambos territorios, quieren unas condiciones dignas de vida y un futuro de paz y fraternidad.

Para ello no hay más salida que construir un estado único, libre y democrático, con igualdad de derechos para toda raza o religión, sin injerencias ni imposiciones externas.

De inmediato, hay que parar la escalada militar en curso, poner fin a los bombardeos, permitir el acceso de la población de Gaza a bienes de primera necesidad. Los trabajadores y los pueblos del Estado español llamamos a la movilización exigiendo el fin del bloqueo a Gaza y acabar con esta espiral de violencia mortífera en Palestina.

En esta difícil y sombría situación hay un destello de esperanza, la de esos palestinos y esos judíos israelíes que, juntos, lanzaron un llamamiento e impulsaron una «campaña por un solo Estado» en el que puedan vivir judíos y árabes en igualdad. Es el único camino para no caer definitivamente en el abismo de la barbarie.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
18deoctubrede2023
conferencia.catp@gmail.com

La Amnistía del procés: una necesidad histórica

La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.

Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.

Veamos.

Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.

Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.

Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.

El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.

De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.

De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.

Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.

Aviso a navegantes

Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.

Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023

Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.

La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.

La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que

podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.

El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.

18 de noviembre de 2023

La amnistía y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del Estado.

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1‐O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por
el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede
establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1‐O fue la población trabajadora catalana, y, en especial,
la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino.
Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras
reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la
inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase
trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.

Coordinadora Estatal
Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos
6 de octubre de 2023

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

Solidaridad con Palestina

Las imágenes hacen innecesarias demasiadas palabras, fueron decenas de miles las personas que se manifestaron el domingo 29 de octubre en Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, bastión de la derecha, ajenos al sentir mayoritario de la ciudadanía, el mismo lunes 30 y sin ningún pudor, con los votos de PP y VOX, concede la “Medalla de Honor” a Israel. Cabe preguntarse ¿cuál es el “honor” para los herederos del franquismo? Quizás el dudoso honor de que el Gobierno de Netanyahu haya sido capaz de emular los bombardeos fascistas
en Guernica, solo que el número de horas de bombardeo sobre gaza es 200 veces superior al que emplearon la “Legión Condor” alemana y la “Aviación Legionaria”.

Los manifestantes, entre los que había muchos jóvenes, coreaban “No es una guerra, es un genocidio”. Es una buena matización, pues en la Franja de Gaza no hay dos ejércitos combatiendo, lo que hay es un ejército demoliendo edificios, escuelas y hospitales, con sus ciudadanos dentro. Están machacando literalmente ese territorio, ejecutando una invasión. Los medios de comunicación
internacionales ya hablan de que, en Gaza, han muerto en estos 23 días de bombardeos más niños y niñas que en todos los conflictos bélicos del mundo, en lo que va de 2023. Pero aún se escucha decir a los gobiernos, en ese lenguaje cínico que utiliza la diplomacia, que “Israel tiene derecho a defenderse” y haciendo timoratos llamados a respetar los derechos humanos.

La indignación en los países occidentales está llevando a masas de ciudadanos y ciudadanas a salir a la calle para exigir el alto el fuego y señalar la acción criminal del Gobierno sionista de Netanyahu: Berlín, Bruselas, Londres, Viena, Roma, Sídney, Madrid y Barcelona, entre otras muchas.
También en los países del mundo árabe e islámico, como en Jordania, Egipto, Turkía, Bosnia y Herzegovina, Malasia… Pero en estos países el carácter no es solamente solidario con el pueblo palestino, es también de rabia contra sus gobernantes por no hacer nada, en su supeditación a los Estados Unidos, en muchos de los casos. Quizás esta situación derive en una nueva ola de alzamientos de los pueblos. En todo caso, dejar que Israel continúe con su política criminal de ocupación y muerte solo puede llevar a generar más odio y conflictos.
Alcemos nuestra voz contra las guerras, levantemos un movimiento contra la guerra en cada barrio, en cada pueblo, en cada país y continente, para pararle los pies a los intrigantes que se esconden tras los conflictos, con el único objetivo de la acumulación de capital.

Pascual Sánchez
Militantes socialista de Madrid (No afiliado al PSOE)

Movilización de pensionistas

Otro año más, el movimiento de Pensionistas se ha movilizado por el centro de Madrid, para exigir que el Gobierno encargue, de una vez por todas, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta, para que se garantice por Ley, y no por decreto año a año, que el incremento de las pensiones sea igual o superior al IPC, y para que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional.
Recodemos que el movimiento de pensionistas viene defendiendo el mantenimiento del poder de compra de las pensiones desde que el gobierno de Rajoy (PP), aplicase una ripia subida del 0,25% entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive, como puede verse en la siguiente tabla:

acumulado del índice general de precios al consumo (IPC), ha sido en estos 16 años de crisis concatenadas, del 26,9% mientras que las pensiones se han revalorizado 24,1%, por lo que la pérdida acumulada es del -2,8%.

Por otra parte, parece razonable que la pensión mínima se equipare con el SMI, establecido en 1.080 euros por 14 pagas A día de hoy, la pensión mínima para un o una pensionista, sin cónyuge a cargo, es de 783,10€ por 14 pagas, mientras que, si la pensión está destinada a una persona con cónyuge a cargo, la cuantía asciende a 966,20€ por 14 pagas. En cualquiera de los casos es insuficiente para vivir, si lo comparamos con los 1.584€ del precio medio en España para una vivienda en alquiler o con los incrementos de precio de los alimentos en los últimos 12 meses: +75% el aceite de oliva, el 44,9% del azúcar, el 21,9% del arroz o el incremento general del precio de los alimentos, que en los primeros
meses del año alcanzó un +16,7%.
Para Tribuna Socialista, la reivindicación con mayor contenido es la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una reivindicación que el movimiento de pensionistas sumó a su lucha a partir de los informes del Tribuna de Cuentas del Estado, en particular el de 2020, cuando se hizo público que todos los gobiernos han venido utilizando indebidamente decenas de miles de millones de euros de las pensiones para el pago de otras partidas, más de 103.000 millones de euros exactamente. Esta cifra corresponde tan solo al periodo 1989 a 2018.
En la Ley 21/2021 el gobierno se comprometió a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, algo que tendría que haber hecho en febrero de 2022. De la misma manera, esa misma Ley exige que el Gobierno presentase el informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, es decir, que tenía hasta mediados de 2022 para presentar dicho informe. A fecha de hoy no hay noticias
del encargo de esta Auditoría que debía abarcar el periodo 1967 a 2019.
La realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por un organismo oficial no dependiente del Gobierno, con los datos de los que ya se disponen, dejaría claro de una vez por todas que el Sistema Público de Pensiones, que se dota con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es perfectamente sostenible y que no precisa de reformas que lo ponen a los pies de bancos y aseguradoras con fórmulas variopintas, cuyo único objetivo es la privatización del Sistema Público.
En el Acuerdo para formar gobierno, PSOE y Sumar nada han dicho a este respecto, como nada han dicho de otras reivindicaciones sociales que piden la desprivatización de la Sanidad Pública o que se deje de financiar a la Iglesia, la católica y cualquiera otra.
Como dicen los pensionistas en sus movilizaciones, “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista