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En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.