“Ningún pacto con la derecha, se llame como se llame”.

Editorial Tribuna Socialista nº 60- Diciembre 2015

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La experiencia acumulada nos dice que los pactos con la derecha, se llame PP, CDC, PNV o Ciudadanos, siempre traen consecuencias negativas para la mayoría social.

Si miramos la situación del socialismo en Catalunya, vemos que nuestro partido se ha desdibujado producto de la alianza por la unidad de España, de la mano de PP, UPyD y Ciudadanos, al negar Rubalcaba, siendo Secretario General del PSOE, el derecho del pueblo de Catalunya a decidir su futuro, si quiera en un Referéndum. Está posición ha sido mantenida por el actual Secretario General, Pedro Sánchez, y ahí está en PSC en posiciones históricamente retrasadas en representatividad, tanto en las municipales de mayo como en la autonómicas pseudoplebiscitarias de septiembre.

Vamos de la mano en el pacto antiyihadista, entrando en la lógica de guerra de quienes por intereses espúreos a los pueblos, europeos y árabes, han desestabilizado esa zona del planeta. Nadie en su sano juicio puede justificar, avalar, comprender ni entender a los criminales que apoyados en el fundamentalismo religioso convencen a jóvenes desesperados a inmolarse y segar la vida de víctimas inocentes como ocurriera en Madrid en 2004, el 13 de noviembre en París, el 21 en Mali, el 24 en Túnez, y un triste largo etcétera. El común denominador es la muerte de víctimas inocentes.

Víctimas tan inocentes como los 30 muertos en el hospital de Afganistán bombardeado por la aviación estadounidense a finales de octubre, o como los civiles muertos por los bombardeos franceses y rusos sobre Siria.

La guerra no se puede combatir con guerra. La violencia solo genera más violencia. Nos hacemos eco del sentir de Pablo Iglesias, frente a la guerra de Cuba:

“Los trabajadores, sobre todo, deben hacer viva campaña para que termine la lucha de las armas, pues no solo evitarán así que se derrame a torrentes su preciosa sangre, sino que podrán consagrarse en cuerpo y alma a poner término a la causa de todas las guerras: al antagonismo de intereses”

(El Socialista 1 de enero de 1897).

Los partidos de la izquierda, y el PSOE lo es, no podemos avalar pactos que conlleven la limitación y el retroceso en las libertades. Cualquier pacto en este sentido con el PP y C´s es la antítesis de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando prometió en la campaña a las generales de 2004 que traería las tropas de Irak y así lo hizo en los primeros días de su llegada a la Moncloa. El rechazo a la guerra genocida en la que Aznar nos implicó, trajo consigo una rotunda victoria en las generales.

Nuestro partido, debería insistir con más fuerza en el respeto al derecho de asilo y la deplorable actitud de los gobiernos de la UE con los llegados de los países en conflicto. No podemos ir de la mano de quienes niegan los derechos; no podemos acompañar a quienes caminan por la senda de la barbarie, por mucho que esto no “venda” en la prensa lacaya del capital.

No queremos pactos con la derecha, se llame como se llame, tampoco en política económica.

La prensa generadora de opinión pública se empeña en “emparedar” al PSOE entre el PP y Ciudadanos. Quieren hacernos creer que no hay política posible más que la de hacer seguidismo de los mandatos de los organismos internacionales: FMI, OCDE, BCE, Comisión Europea, todos ellos ajenos a la democracia, dirigidos por agentes del capital.

El PP es una herramienta desgastada, con un profundo hedor a franquismo. Es el partido que ha disparatado la deuda, para nutrir las cuentas de resultados de las entidades financieras nacionales e internacionales, a costa de los tributos de quienes verdaderamente mantienen este país, los trabajadores.

El PP es el partido que ha dinamitado el derecho laboral, con una reforma en 2012 que desequilibra las relaciones entre trabajadores y empresarios, en favor de los empresarios, provocando con este cambio legal la destrucción de más de tres millones de empleos; generando de esta manera un ejército de reserva que en 2013 llegó a rozar los seis millones de desempleados.

Por eso, nuestro Secretario General no puede continuar titubeando y disfrazando sus propuestas con futuros nuevos estatutos. Hay que decir alto y claro que derogará íntegramente la Reforma Laboral.

El empleo no se genera con reformas y cambios legislativos lesivos para los trabajadores. El empleo se genera con inversión. De los especuladoras y salvapatrias no podemos esperar que inviertan; están muy ocupados llevándose el dinero a paraísos fiscales. Son capaces de pagar para que les guarden el dinero en Suiza, en Alemania y en otros mercados en los que se están produciendo intereses negativos.

En este sentido, España necesita disponer de los más de 31.000 millones € que antidemocráticamente ha proyectado el PP en los PP.GG.EE. para 2016, solo en concepto de intereses para el pago de la deuda. España necesita disponer de los 78.682 millones previstos en amortización de deuda. Pero solo podremos disponer de esa ingente cantidad de dinero si de deroga el artículo 135.3 de la Constitución que, con nocturnidad y alevosía, implementó Zapatero pactando con el PP. Este artículo, que en la práctica significa la constitucionalización del austericidio, impide la realización de políticas sociales dirigidas a cubrir las necesidades de la mayoría social, pero sin embargo, la UE no tiene ningún reparo en saltárselo para fabricar y tirar bombas. Hay dinero para la guerra pero no para la educación, la sanidad, o las pensiones.

La reforma laboral, junto a otros medidas que ha tomado el PP a golpe de decreto, ha tenido muchas consecuencias negativas para la mayoría social:

Para los asalariados y asalariadas, porque con la modificación del Artº 41 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) se han perdido casi 15 puntos de poder adquisitivo de los salarios, y se han mermado sustancialmente condiciones en materia de jornada, horario y se han incrementado las funciones.

Para los y las pensionistas del futuro, es decir los asalariados de hoy, ven peligrar sus pensiones por la caída de la recaudación, como efecto de la bajada de salarios y por los  “regalos fiscales” en forma de bonificaciones y exenciones en las cotizaciones de los empresarios que el PP ha venido introduciendo consejo de ministros tras consejo de ministros.

Para los desempleados y desempleadas, que han visto caer la cobertura en prestaciones y  ven cómo pasa el tiempo sin que puedan acceder a un contrato de trabajo en condiciones dignas, situación que se deriva directamente del incremento del paro.

Para los autónomos, a los que Rajoy y los suyos llaman emprendedores, cuando la realidad es que cientos de miles de ellos son trabajadores a los que en el colmo de la explotación les “obligan” a celebrar contrato mercantil en lugar de un contrato laboral.

Y para los estudiantes, hijos e hijas de la clase trabajadora, quienes sufren la situación de penuria y pobreza que en un 30% de la población se está viviendo, a los que se les han subido las tasas y los costes de sus estudios con el negocio de los masters. Futuros trabajadores y trabajadoras que bien han tenido que emigrar, bien se han visto obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

El PP ha instaurado esta política económica, dictada desde los foros económicos internacionales. Y lo ha hecho a golpe de legislar, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta, con leyes mordaza, retrocediendo las libertades de la mujer para abortar y de todos y todas a expresarnos con libertad. Ha hecho uso del artículo 315.3 del Código Penal, que como muy bien calificaba Manuel de la Rocha en el acto del pasado día 20, en defensa del derecho de Huelga y contra la actuación de jueces y fiscales contra más de 300 sindicalistas, “es un ataque sin precedentes al sindicalismo de clase”.

A primeros de este año que termina, Pedro Sánchez pactó con el PP la reforma del Código Penal, en la que se estableció el concepto de “prisión permanente revisable”, como eufemismo para no decir “cadena perpetua”. Pedro Sánchez se olvidó de introducir la derogación del Artº. 315.3 que criminaliza a los trabajadores por ejercer su derecho a la huelga.

No nos basta con una reforma de la Constitución de 1978. Su aprobación por el pueblo con ruido de sables de fondo, no fue una elección en libertad. Nadie nacido después de 1960 la ha aprobado, y su cometido, respecto a dar soluciones a las necesidades de la clase trabajadora y de los pueblos, ha quedado obsoleta, cuando no incapaz. El pueblo tiene derecho a recuperar la República al tiempo que se produce un nuevo proceso constituyente que de verdad aporte soluciones a los derechos de los trabajadores y los pueblos. Este horizonte constituyente, y no superficialidades y efectos de imagen y forma, si generaría ilusiones en la mayoría social.

Como hemos podido oír en el debate del pasado lunes día 30 de noviembre a lo más que aspiran los candidatos alternativos al PP es a remendar la Constitución del 78 para que aguante una década más. Triste bagaje el que nos ofrecen.

No en vano, en la edición de El País del día 2 de diciembre, en el artículo de Miquel Alberola “Incertidumbres y Esperanzas para el Rey en el 20-D”, se dice “La posición central de la formación naranja es una garantía para la Zarzuela en medio de un panorama de desconfianzas”.

Como puede verse, con fechas y datos, los pactos con la derecha siempre traen malas consecuencias para la mayoría de la sociedad. Por eso decimos que no se pacte con la derecha. A los socialistas, lo mismo nos da si es antigua o modernizada, si es españolista o nacionalista vasca o catalana.

Ante la situación de barbarie, en el más amplio sentido del término, la única solución es la unidad de las organizaciones de la clase trabajadora, los partidos y sindicatos que se reclamen de clase.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

9 Diciembre 2015