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TRANSICIÓN JUSTA… ¿Qué transición JUSTA?

Detrás de la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación para afrontar la reciente crisis económico – sanitaria, ¿hay una visión renovada de la Socialdemocracia internacional?


Los efectos de la crisis económica del 2008, más la crisis sanitaria del COVID han sido devastadores; se han visto acrecentados por las medidas tomadas desde las políticas neoliberales que se aplicaron para “salir” de la debacle económica. Los resultados son, por ejemplo: el estado lamentable de los servicios públicos, y más en concreto de la sanidad pública a la que esos postulados liberales han dejado sin medios suficientes ante cualquier situación de peligro y se ha deteriorado gravemente la atención sanitaria en general.
Son muchas las voces que han escrito y hablado con rigor sobre las causas y consecuencias de adoptar esas ideas dogmáticas, de sesgo neoliberal, y la catástrofe social a la que de manera reiterada conducen una y otra vez, J. Torres, M. Etxezarreta, T. Ferrer, J. L. Rodríguez Zapatero, P. Krugman, V. Navarro, y otros, venían alertando del error del austericidio provocado por las políticas económicas tras 2008, y de la catástrofe sanitaria ocasionada por el abandono de la prevención, la investigación y las políticas sanitarias públicas; de ahí la necesidad de un giro copernicano que establezca la primacía de lo SOCIAL como paradigma de la Economía, supeditando esta a las personas y no al revés.
Si tenemos como referencia esa visión de nuestra sociedad, los Fondos de Recuperación permitirán un relanzamiento político y económico europeo, a corto y medio plazo, pero no será sostenible en el tiempo; salvo que se reviertan las condiciones socio laborales que se aplicaron en su día bajo el pretexto de ser medidas “necesarias” para salir de la crisis: Reforma laboral de la Negociación Colectiva, deflación salarial y precariedad laboral como mantras del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España cuando actúa de vocero del BCE.


Es, en mi opinión, fundamental que los Fondos tengan las consecuencias que todos esperamos, paliar y recuperar los servicios públicos dotándoles de los presupuestos que fueron recortados. También, hay que recordar que ni las crisis ni sus causas son achacables a los trabajadores ni al modelo social Democrático de Derecho, sino al modelo económico imperante y que crisis tras crisis siempre es el Estado de Bienestar, el sector Público, quien acude al rescate de los sectores privados (Banca, Inmobiliario, etc.). Con un esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar lo que unos pocos, casi siempre los mismos, han dilapidado.


Si no corregimos en profundidad este modelo económico injusto e ineficiente; solo hay que ver los efectos medioambientales del modelo económico actual, volverá a ocurrir lo mismo inevitablemente, y no nos referimos sólo a las crisis sistémicas inherentes a él, también a las medidas que las derechas adoptan para lavar sus errores y culparnos a los demás. Los Fondos no pueden ser un simple cuidado paliativo de un enfermo crónico, deben ayudar, pero ellos solos no cambiaran, pasado el tiempo, las causas del problema.


El verdadero problema, el causante recurrente es el modelo económico neoliberal, una teoría económica que, de manera taimada, oculta que si es evaluada con los mismos criterios que ella exige y de los que presume, no cumpliría ninguno de ellos:

-Eficacia y eficiencia

-Creación constante de riqueza

-Progreso social

Este es el absurdo intelectual y económico del paradigma neoliberal, presumir crisis tras crisis de eficacia económica durante el bucle temporal del Día de la Marmota.

Eduardo Hernández Oñate
Presidente de ASTRADE

La agenda social para una recuperación justa

Han transcurrido cerca de dieciocho meses desde la declaración de la pandemia de la covid-19, por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la misma. Cuando el Gobierno anunció este objetivo, dentro de la lucha contra los efectos del coronavirus, las derechas y la ultraderecha, acompañadas por algunos medios de comunicación, pusieron en duda su cumplimiento. La realidad les ha desmentido, de hecho, las consecuencias de la quinta ola en cuanto a contagios son sensiblemente menores a las anteriores, por el grado de inmunidad alcanzado a nivel territorial y generacional.


La economía está recuperando los niveles previos a la crisis provocada por la covid-19, como resultado de las políticas puestas en marcha por el Gobierno para proteger la salud, el mantenimiento del sistema productivo y del empleo, garantizar las rentas y la protección social para trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas vulnerables. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la economía española crecerá un 2,4% en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que situaría el PIB en el 95% del que se alcanzó a finales de 2019.


En los meses de verano se ha visto consolidada la tendencia positiva de la evolución del empleo, recogida por la EPA del segundo trimestre de 2021, cuando el número de ocupados aumentó en 464.900 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 19.671.700. El empleo ha crecido en 1.064.400 en los 12 últimos meses, respecto al segundo trimestre de 2020, cuando se produjo el mínimo de ocupación desde el inicio de la pandemia. En referencia al segundo trimestre de 2019 la variación es de –133.300. En el mes de agosto el paro registrado contabilizó una reducción récord de más de 82.000 personas, dejando la cifra total de desempleados en 3,3 millones, mientras que en agosto de 2020 el total de personas desempleadas era de 3,8 millones. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 3,06 millones de desempleados registrados en agosto de 2019.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén que en 2022 España sea el país que más crezca y el Gobierno quiere que ese crecimiento económico impulse la creación de empleo y cohesión social, de modo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se acompañe de una agenda social para potenciar una recuperación justa, con el potente diálogo social que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura. Mediante políticas públicas que garanticen que el crecimiento y la riqueza se redistribuyan y se consoliden los derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía, de forma que la lucha contra el coronavirus se proyecte también en la recuperación, modernización y transformación económica y social, reduciendo las desigualdades y fomentando la solidaridad.


Gran parte de las medidas de la agenda social y económica se tratarán en la elaboración de los PGE-2022 y el Plan Anual Normativo 2021, que incluye las iniciativas de naturaleza normativa que tiene previsto aprobar el Consejo de ministros hasta el 31 de diciembre. Está compuesto por 144 iniciativas normativas: 6 leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias y 110 reales decretos. Una tercera parte de las mismas tienen que ver con los compromisos que España ha contraído con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses son las leyes de Formación Profesional, Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas, Vivienda, 5G, la reforma laboral, la reforma de pensiones o el desarrollo de la ley de Educación. La reforma fiscal se prevé para 2022.


En el último trimestre de 2021 el Gobierno debe afrontar compromisos centrales, como la derogación de la reforma laboral, cuyo objetivo, tal y como se recoge en el programa del Gobierno, es modernizar nuestro mercado de trabajo y desmontar la legislación laboral lesiva que impuso el Gobierno del Partido Popular. Actualmente se está abordando en el diálogo social, de forma tripartita por el Ejecutivo junto con los sindicatos y patronales. El primer bloque de la reforma de pensiones ya está en el Congreso; dicho bloque incorpora la garantía del poder adquisitivo para los pensionistas actuales y futuros, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad. También la Ley Estatal de Vivienda debería ver la luz antes de que finalice el año, además del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.


Uno de los principales problemas que actualmente enfrenta la economía española es el histórico incremento del precio de la luz, una cuestión compleja pero que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Uno de los puntos que viene monopolizando el debate económico y político tiene que ver con los márgenes de la normativa europea para reducir los precios, o la oportunidad de una empresa pública de energía. Mientras el PP critica el sistema de formación de precios que ellos mismos aprobaron en 2013, el objetivo del Plan del Gobierno es conseguir que al finalizar este año 2021 la ciudadanía haya pagado por su recibo de la luz una cantidad muy similar a la que pagó en un año como 2018.


El Gobierno pretende que la subida desmedida del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista tenga un impacto mínimo en el recibo que pagan los ciudadanos. Algunas medidas que ya se han puesto en funcionamiento para lograrlo son la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7%. A ello hay que añadir otras, como la protección a los hogares vulnerables, la ampliación de la prohibición del corte de suministro, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico, la creación de un bono social térmico o evitar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas. El Plan también se compone de medidas estructurales, como la apuesta por las energías renovables, las más baratas para generar electricidad. La pretensión es que las renovables dominen el mercado, precisamente la mayor penetración de renovables en los mercados de futuros de electricidad indican que España tendrá precios inferiores a Francia y a Alemania en 2022 y 2023.


La inflación se ha instalado en el actual proceso de recuperación. En el mes de agosto los precios subieron un 3,3% en nuestro país, situación común a otras muchas economías desarrolladas. El pasado julio en la zona euro la inflación alcanzó el 2,2%, el nivel más elevado desde octubre de 2018, y pese a que los precios no se han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene superando mes a mes el promedio de sus socios europeos. Son diversos los efectos colaterales de mantenerse en el tiempo, y aunque los bancos centrales tienen la esperanza que se superen, podrían lastrar la economía española al reducir el poder adquisitivo a los trabajadores públicos y privados, dañar el consumo, gravar la factura de las pensiones y erosionar la competitividad de las empresas.


La subida salarial pactada en los convenios colectivos de trabajo se situó en el 1,56% en julio, por debajo del IPC, según datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, pactado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que planteaba subidas salariales superiores al 2% y que aún no ha sido renovado para 2021. Ante el rebrote de la inflación se requiere tener claro que la recuperación no puede darse con una nueva devaluación salarial, por ello es necesario actualizar el SMI en 2021 y proteger la evolución de los salarios en las actividades públicas y privadas, junto con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Toni Ferrer

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