El pueblo boliviano ha tardado un año en deshacer el golpe de Estado que los poderes fácticos montaron, a partir de las elecciones del 20 de octubre del pasado año 2019.
No voy a entrar en las cuestiones técnicas que argumentó la Organización de Estados Americanos (OEA), pues las dudas sobre quién quiere que les gobiernes ya las ha resuelto el pueblo de Bolivia: con sus movilizaciones y con su voto en las urnas.
Los mismos organismos que cuestionaron el proceso de recuento de votos en 2019, dijeron respeto al atropello a la democracia que tuvo lugar en Brasil:
«Cada acto de corrupción corresponde a una violación de los derechos humanos y la gente es la que sufre las consecuencias de la corrupción«
Es lo que dijo en concreto la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, organismo dependiente de OEA.
No les debió parecer un ataque a los derechos humanos y a la democracia que fuese el jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el general Williams Kaliman quién “sugiriese” al presidente, Evo Morales, que renunciase al cargo.
Estos organismos burocráticos nada han dicho de las irregularidades de personajes al servicio del capital especulativo como Jeanine Áñez, que biblia en mano se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, ni de Juan Guaidó, también autoproclamado presidente interino, éste en Venezuela.
Jeeanine Áñez, ex presidenta interina autoproclamada
El cuestionamiento de los gobiernos, cuando tienen una tendencia a gobernar para la mayoría del pueblo, tiene coincidencias preocupantes en unos y otros países: ¿será que los “think tank” de la extrema derecha han dado la consigna de derrocar gobiernos por la vía de la presión mediática y judicial? No sabría responder a esta pregunta, pero los ataques a gobiernos de izquierda, con una misma línea argumental, un método muy parecido, incluso terminologías similares, hacen que me recuerde a mi mismo que es ingenuo creer en las casualidades.
En España llevamos tiempo escuchando el cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno y vemos con absoluta claridad la grosera conexión entre la derecha y destacados miembros del poder judicial: dos años fuera de mandato y sin visos de renovación, ¿qué diría la OEA?
Pero tras estos movimientos siempre se esconde el interés económico por explotar la riqueza natural de los países y a su clase trabajadora. De igual modo que tras el acoso y derribo al que desde hace años está sometido el gobierno venezolano, por el control de los yacimientos de petróleo, en Bolivia se esconde el interés por el control y explotación de las reservas de litio, mineral demandado para las baterías de la telefonía móvil y otras tecnologías.
El método para la defensa de los intereses de la mayoría social nos lo han enseñado los pueblos: el boliviano luchando contra el golpe y apoyando a su Partido de referencia y el chileno con su lucha contra la Constitución heredada del régimen pinochetista. En esa línea, un profesor de derecho constitucional dijo una vez en clase: “Las constituciones las cambian los pueblos”.
Roberto Tornamira SánchezComité de Redacción de Tribuna Socialista
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