La reciente firma del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2.018, 2.019 y 2.020, junto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento de las retribuciones de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones- en base al Índice de Precios al Consumo (IPC)-, ponen fin, en principio, a un dilatado periodo de fuerte devaluación salarial en nuestro país, de acuerdo con la pretensión final de la perniciosa reforma laboral emprendida por el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no es extraño, a pesar de que el Acuerdo no compensa, ni remotamente, el desplome salarial acumulado en los años de crisis (sobre todo de las rentas más bajas), que haya sido muy bien valorado por los medios de comunicación e, incluso, por los poderes fácticos y por diversos organismos internacionales, además de ser aprobado ampliamente por los órganos de dirección de UGT y CCOO.
En todo caso, se trata de un Acuerdo de mínimos que, si bien llega tarde, será de obligado cumplimiento en la negociación de los convenios colectivos para este y los próximos dos años. En este sentido, los puntos más importantes del AENC: la concreción del incremento salarial, la redacción de la cláusula de revisión salarial y el salario mínimo de convenio deberán negociarse en los convenios sectoriales y de empresa de manera articulada con el Acuerdo firmado. Esta circunstancia debe ser aprovechada para potenciar la negociación colectiva sectorial- que debe primar siempre sobre la negociación en la empresa- y, desde luego, para poner de nuevo a prueba la capacidad de negociación y de movilización de los sindicatos en los sectores de producción y servicios, así como en la totalidad de los diversos centros de trabajo, sobre todo con fuerte presencia sindical.
Paralelamente a este hecho se han publicado los datos de paro registrado en las oficinas públicas de empleo, así como los de afiliación a la Seguridad Social (SS) del pasado mes de junio. Estos datos confirman, una vez más, el grave problema del desempleo (Jóvenes, parados de larga duración y mayores de 55 años), la precaria situación de nuestro mercado de trabajo, la baja protección social de los desempleados y la brecha salarial de género. Estos problemas, finalmente, consolidan un modelo productivo escasamente competitivo que, además, se ve muy afectado por los problemas derivados de la insuficiente recaudación de nuestro sistema fiscal.
En el mes de junio pasado los Servicios Públicos de Empleo han registrado 3.162.162 personas en paro (el 59% mujeres, aunque representan el 46% de la población activa), lo que implica un descenso de 89.968 personas sobre el mes pasado (menos 2,77%). Sin embargo, según CCOO, se trata de la menor bajada del paro en un mes de junio desde el año 2.011, con el agravante de que, en cómputo anual, el descenso también es menor: 200.649 desempleados en comparación con los 404.243 registrados en el mes de junio de 2.017. Por otra parte, la afiliación media de la Seguridad Social aumenta en junio en 91.322 personas (0,48%), debido al aumento del empleo (estacional) en la hostelería y el comercio, superando de nuevo los 19 millones de personas (en concreto 19.006.990). Como consecuencia, el crecimiento anual de la afiliación a la SS se sitúa en 573.884, lo que, a pesar de ser estimable, resulta inferior al del año pasado puesto que alcanzó a 672.835 nuevos afiliados.
Estos datos, moderadamente positivos, conviven muy mal con el aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, como se ha puesto de manifiesto anteriormente. El número de contratos registrados en el mes de junio fue de 2.055.762, un 0,13% menos que en el mes de mayo, debido a la reducción del número de contratos indefinidos (3,55% menos) y a pesar de que los contratos temporales suben un 0,24% en el mes. Si comparamos estos contratos con los registrados el año anterior, estos descienden un 1,62% a causa de la bajada de los contratos temporales (30.268 menos) y a pesar de que los contratos indefinidos aumentan (más de 26.510).
En todo caso, se mantiene un excesivo recurso a la contratación temporal, de forma que 91 de cada 100 contratos son temporales. A esto hay que sumar que el peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de los contratos se mantiene en un 35,5% y, lo que es más grave, sólo un 5,5% de los contratos que se firmaros en junio fueron indefinidos a tiempo completo. A todo ello hay que añadir que el llamado contrato de emprendedores aumentó en junio en 26.671; un crecimiento cercano al 15% respecto a junio del año pasado, lo que incrementa también la precariedad, ya que este contrato se utiliza también por los empresarios como fórmula para burlar la contratación indefinida. Eso explica que el Ministerio de Trabajo, con buen criterio, se proponga eliminar definitivamente el contrato de emprendedores, además de revisar a fondo los contratos de formación y aprendizaje.
Lo más grave de todo es la fuerte rotación del empleo temporal que se produce en un número muy limitado de puestos de trabajo, que son los que concentran un gran volumen de contratos temporales (de apenas unas horas o días). Según datos de la EPA, recogidos por CCOO, en el primer trimestre de 2.018 había 165.500 personas con contratos temporales de una duración inferior a un mes.
En relación a la prestación por desempleo, el número de trabajadores en paro con prestaciones alcanzó en el pasado mes de mayo la cifra de 1.716.471 (lo que representa el 56,03%: 25 puntos menos que en el año 2.010), de los que 1.058.365 cobraban un subsidio asistencial y sólo 658.106 la prestación contributiva. El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la SS, se situó en el mes de mayo pasado en sólo 805 euros mensuales. Y el gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado en nada menos que un 46% entre los años 2.010 y 2.017, bajando de 32.238 millones de euros (año 2.010) a 17.474 millones (año 2.017), según recoge la UGT.
Por otra parte, la brecha de género- un asunto de rabiosa actualidad-, se está manifestando en todos los ámbitos del mercado laboral, reflejando en definitiva, con mucha claridad, la discriminación de la mujer en el empleo, en la contratación, en los salarios y en las pensiones. Además, también resulta particularmente relevante en la prestación por desempleo, como lo determina que la protección de las mujeres, en el mes de mayo de 2.018 (52,6%), está 11 puntos por debajo de la prestación de los hombres (63,5%).
Por último, es necesario resaltar que estos datos tienen un impacto directo en nuestro modelo productivo, basado en actividades de poco valor añadido (agricultura, hostelería, comercio y servicios) y con importantes carencias y limitaciones en los sectores industriales de alto valor y contenido tecnológico. A lo que hay que añadir la escasa dimensión de las plantillas de las empresas consideradas como medianas y pequeñas, la baja cualificación profesional de los trabajadores y el abuso sistemático del dumping social por muchas empresas para intentar ser más competitivas.
No es extraño que los sindicatos exijan al gobierno un cambio de nuestro modelo productivo, con el propósito de mejorar nuestra competitividad y de generar empleos de más calidad, estables y con derechos reconocidos. También exigen abordar los asuntos de relevancia señalados anteriormente, que tienen relación directa con la insostenible precariedad (temporalidad y contrato a tiempo parcial no deseado), la escasa prestación social por desempleo, la intolerable brecha de género y la regresiva política fiscal.
En coherencia con ello, el gobierno debe actuar con la mayor diligencia posible y asumir que ahora toca resolver prioritariamente estos problemas que, no lo olvidemos, afectan principalmente a los más desfavorecidos. A la superación paulatina de la fuerte devaluación salarial se debe añadir el imprescindible combate al abuso de la temporalidad, corregir la escasa protección social (desempleo, dependencia y pensiones), luchar por la igualdad de género (y también de clases), además de superar el desarme fiscal con el propósito de recuperar la inversión productiva y los niveles de protección social, cosa que no será nada fácil ante la oposición de los poderes fácticos: el intolerable chantaje anunciado por la CEOE-CEPYME es todo un ejemplo. Abordar estos asuntos con las fuerzas progresistas y con los interlocutores sociales resulta imprescindible para repartir de una manera más justa los beneficios que se están generando por un mayor crecimiento de la economía, lo que requerirá concretar los pasos a dar para eliminar las últimas reformas laborales (muy a pesar de la relación de fuerzas en el Parlamento y del reciente Informe de la OCDE que propone profundizar en dichas reformas: llámense recortes) y potenciar la negociación colectiva sectorial. Todo ello no significa, en absoluto, minusvalorar los problemas relacionados con la regeneración democrática (profundizar en la democracia y en las libertades) y con el debate territorial (problema catalán, reforma de la Constitución, Estado Federal…).
No debemos olvidar que sigue pendiente la superación de las desigualdades (corregir el déficit social generado en los años de crisis), reducir la pobreza, eliminar la exclusión social y potenciar la igualdad de oportunidades, que son el fundamento de las ideas socialdemócratas. Por eso el gobierno Sánchez debe responder de manera convincente a estos problemas. Y lo deberá hacer tanto dentro de nuestro país como en el seno de la Unión Europea. Una Unión muy necesitada de políticas sociales audaces, además de comprometidas con las libertades, con una mayor democracia y con medidas de integración de los inmigrantes- que acuden a nuestras costas huyendo del terror- y, lo que es más importante, con las ayudas necesarias a los países de donde proceden los inmigrantes. En este contexto, la política practicada recientemente por Sánchez en el ámbito europeo hará más fácil el alcanzar acuerdos en relación al techo de gasto y, sobre todo, a los PGE-2.019, dada la esperada actitud, previsiblemente más flexible (con el déficit), de la UE. Esperar y ver.
11. 07. 2.018. Antón Saracíbar
Tribuna Socialista 