La investidura de Rajoy como presidente del gobierno está dando paso a la discusión de los PGE-2017 y, más en concreto, a la discusión sobre las retribuciones de los empleados públicos, el incremento del SMI, la cuantía de las pensiones y por añadidura la sostenibilidad de la Seguridad Social. En este sentido, los sindicatos están exigiendo retomar la negociación colectiva en las administraciones públicas y reivindican un crecimiento de las retribuciones de los empleados públicos ligado a la inflación prevista; observan con interés la toma en consideración de la proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados (PSOE, Podemos, ERC, PNV y el PD catalán), con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instando al gobierno a subir el SMI de los 655 euros actuales a los 950 euros por 14 pagas a lo largo de la presente legislatura; y, finalmente, han aceptado comenzar las conversaciones con la ministra de trabajo Fátima Báñez con el propósito de recuperar el Pacto de Toledo y abordar la cuantía de las pensiones y el futuro del Sistema de la Seguridad Social, dando por hecho que la previsión del gobierno de incrementar en un 0,25% las pensiones significa, si nadie lo remedia, que los pensionistas perderán en torno al 1% de su poder adquisitivo en el próximo año.
Por otra parte, la UGT, CCOO y la CEOE- CEPYME se afán en la renovación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC, 2015-2017), que pasa por fijar los criterios que regulen los incrementos salariales en las empresas. De entrada, los sindicatos han acordado proponer a la CEOE una banda de incrementos salariales comprendidos entre el 1,8% y el 3% con cláusula de revisión incluida, con el argumento de que los salarios deben crecer por encima de la inflación y que ésta crecerá en torno al 1,3 % de media para el 2017. Argumentan también que los salarios deben aumentar su participación en el reparto de la renta nacional, lo que exige que los salarios crezcan más que la productividad del trabajo nominal prevista en el 1,6% para el año 2017.
En definitiva, se trata de que los trabajadores recuperen cuando menos una parte de las pérdidas acumuladas por la agresiva política de devaluación salarial practicada desde el año 2010, al amparo de la reforma laboral impuesta unilateralmente por el gobierno del PP, además de acelerar la redistribución de rentas a favor de los trabajadores.
Al margen de la justicia de estos incrementos salariales, puesto que éstos ayudan a superar la deuda salarial contraída con los trabajadores, los sindicatos aspiran a reforzar el crecimiento de la economía ayudando con ello a la creación de puestos de trabajo (jóvenes y parados de larga duración), en coherencia con las últimas recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), que reclama una política fiscal y salarial más expansiva y, por lo tanto, la superación de las políticas de austeridad más extremas, lo que ayudará a mantener el crecimiento de nuestra economía (actualmente está creciendo a ritmos superiores al 3%), evitando con ello una posible desaceleración por la evolución de los precios del petróleo, la posible caída de las exportaciones, el impacto del Brexit, la incertidumbre generada por el triunfo de Trump y la ausencia de una política fiscal expansiva (gasto público) en el conjunto de la UE.
Debemos recordar que el poder adquisitivo de los salarios ha perdido 4,8 puntos porcentuales desde 2009. Una pérdida salarial que ha castigado fuertemente al 30% de los trabajadores con menores salarios y peores condiciones de trabajo. De 2009 a 2015 los costos laborales unitarios cayeron en España 6,3 puntos porcentuales mientras que los salarios de la eurozona aumentaron en 4,8 puntos, lo que explica sobradamente el cuantioso trasvase de rentas del trabajo al capital que se ha producido en los últimos años, como lo demuestra, según UGT, que desde el año 2010 al 2015 la remuneración de los asalariados ha caído en 31.100 millones de euros y, por el contrario, las rentas empresariales y de la propiedad han aumentado en 7.100 millones. Dicho de otra manera, hace cuatro años el 52% de la riqueza de nuestro país se dirigía a salarios y el 48% a las rentas de capital y, en la actualidad, se produce todo lo contrario. Por otra parte, el INE ha publicado recientemente otros datos con metodología distinta que confirman la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y, en este caso, lo establece en el 9,2 % en el periodo 2008-2014.
Otro asunto altamente preocupante se refiere a la brecha salarial de género que hay que eliminar lo más rápidamente posible empujando el salario de las mujeres hacia arriba. Según Eurostat, la brecha salarial en España se sitúa en el 14, 9% y según la Encuesta de Estructura Salarial, que analiza los salarios brutos anuales, la diferencia en el año 2014 fue del 23,4%, lo que representa una diferencia salarial de 6.000 euros menos al año para las mujeres y una cotización a lo largo de la vida laboral considerablemente menor que los hombres. Además se produce una mínima presencia de la mujer en los salarios más altos y 1,5 millones de mujeres dependen exclusivamente del SMI, a lo que hay que añadir que sólo una de cada tres pensiones contributivas las percibe una mujer. Por último, la discriminación también se produce a la hora de que la mujer se incorpore al mercado de trabajo, al trabajar mayoritariamente a tiempo parcial. Efectivamente, una de cada cuatro mujeres lo hace con este tipo de contrato y 1,5 millones de mujeres se incorporaron al mercado de trabajo a través de contratos a tiempo parcial (muchos indeseados) como única forma de inserción en el mercado de trabajo.
Por otra parte, el desplome del poder adquisitivo de los asalariados ha contribuido decisivamente a que los niveles de desigualdad, pobreza (también energética) y exclusión social se sitúen lamentablemente a la cabeza de la UE y que los trabajadores en situación de riesgo de pobreza alcancen el 13,1% de la población trabajadora, el nivel más elevado de la UE, después de Rumanía y Grecia (sobre todo si dependen del SMI o tienen un contrato a tiempo parcial), lo que confirma que el salario por sí sólo no garantiza a un trabajador salir de la pobreza. De la misma manera, la caída de los salarios, junto a la mala calidad de los empleos, las tarifas planas y las bonificaciones a la contratación, han reducido considerablemente los ingresos de la Seguridad Social, vaciando las arcas de su Fondo de Reserva y aumentado el déficit, que se estima actualmente por encima de los 16.000 millones de euros al año.
Al margen de los salarios, los sindicatos deben seguir insistiendo en la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y tiempo parcial). Ello requiere eliminar la nefasta reforma laboral (a pesar de que muy pocos lo proponen con decisión y valentía), recuperar el protagonismo de la negociación colectiva (autonomía de las partes) y propiciar un mayor equilibrio de la relación de fuerzas.
Por eso, los sindicatos deben acrecentar su acción sindical en sectores y empresas, a través de la negociación colectiva, enriqueciendo el contenido de los convenios y fomentando que todos los trabajadores tengan la cobertura de un convenio que regule sus condiciones de trabajo. Ello sólo será posible si mejora la relación de fuerzas de los sindicatos y si éstos mantienen la unidad de acción y su capacidad de movilización y de huelga si fuera absolutamente necesario.
Por último, en la legislatura que comienza, y al margen de su duración, los interlocutores sociales deben trabajar a fondo por cambiar nuestro actual modelo productivo basado sobre todo en el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además de colaborar para que aumente el tamaño de las plantillas de las pequeñas empresas, con el propósito de dotarlas de los instrumentos necesarios para que sean más competitivas en un mundo tecnológico, digital y globalizado.
En este contexto, la oposición política (fundamentalmente de izquierdas) tiene una nueva oportunidad de apoyar las reivindicaciones de los sindicatos, como ha quedado demostrado en el reciente debate sobre el SMI. Efectivamente, los trabajadores no entenderían que todo siga igual en un parlamento fragmentado y con ausencia de mayoría absolutas, sobre todo cuando resulta aparentemente fácil acordar un verdadero Programa Social entre los partidos políticos de izquierda que, lógicamente, contarían con el decidido apoyo de los sindicatos en asuntos relacionados con el empleo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, los salarios, la protección social (pensiones, dependencia, desempleo, renta mínima…) y la fiscalidad. En la hipótesis de que no se llegara a un Acuerdo de Mínimos en esta legislatura estaríamos ante una política socialdemócrata fallida y desligada de los trabajadores y, por lo tanto, ante unos sindicatos sin una referencia socialdemócrata de apoyo, lo que nos situaría, como muchos temen, en un escenario desalentador y de claro predominio neoliberal o populista de duración indefinida. Este lamentable supuesto lo debemos desterrar en la práctica con decisión y contundencia… Simplemente porque de no hacerlo sería desastroso para la democracia y para millones de personas vulnerables y expuestas a la pobreza y a la exclusión social.
Antón Saracíbar
Tribuna Socialista 