Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

DECLARACIÓN: El 29N no es un plebiscito

La derecha catalana se pasó de frenada votando en contra de los decretos de vivienda. La derecha españolista (PP y VOX) llevan desbocados desde el 24 de julio de 2023; sin que esto signifique que alguna vez dejaron de ser filofranquistas. La consecuencia lógica es el adelanto electoral, si no han sido capaces de votar a favor de unos decretos de mínimos, era absurdo prolongar una legislatura boicoteada sistemáticamente.

Por su parte, la derecha mediática se empeña en presentar, desde ya, los comicios anunciados por el presidente del Gobierno como un plebiscito sobre Pedro Sánchez, y si eso no cuela intentan llevar la discusión al pucherazo. No son más que artimañas para intoxicar al electorado. Una de las toxinas que llevan mucho tiempo instaladas en la opinión publicada es la de que con cada candidato se olvida el pasado del Partido; es por esto que Feijóo siempre apela a que el caso Kitchen, Gürtel, Púnica, o sus relaciones con el narco gallego…son cosa del pasado. NO, las organizaciones, como las personas, han de apechugar con sus aciertos y sus errores, por muy pretéritos que sean.

Por tanto, no estamos a la vista de un plebiscito sobre tal o cual candidato, estamos ante dos formas de ver la vida, dos ideas diferentes condicionadas por la posición de clase de cada organización y sus dirigentes. Hay quienes tienen la firme determinación de favorecer al capital y quienes trabajan para intentar favorecer a la mayoría social: trabajadoras y trabajadores, pensionistas, autónomas y autónomos, desempleadas y desempleados y a las hijas e hijos de todos ellos cuando aún son estudiantes.

Pongamos un ejemplo de los beneficios que genera el voto negativo a los decretos del pasado viernes por parte de PP, VOX y Junts:

La mayor compañía inmobiliaria del IBEX-35 es Merlin Properties, poseedora de más de 4 millones de metros cuadrados en la Península ibérica. El CEO de esta compañía tiene una retribución que supera los 3 millones de euros anuales y esta empresa tiene un beneficio acumulado en lo que va de año del 13%. El lunes 5, primer día hábil de la bolsa española tras el viernes, ha comenzado subiendo un 3,30% en el mercado de valores.

A los “señoros” de Merlin no hace falta que nadie les diga a quién deben votar, su cuenta corriente se lo indica claramente.

La intoxicación social sostenida en el tiempo tiene por efecto que muchas personas que no llegan a fin de mes, que tienen que elegir entre poner la calefacción o comprar alimentos frescos, quienes llevan años perdiendo poder adquisitivo porque sus salarios o pensiones no crecen ni siquiera lo mismo que el IPC, quienes tras toda una vida de estudios y esfuerzos, suyos y de sus familias, a lo más que pueden optar es a un puesto de trabajo precario…a muchas de estas personas, la rabia las confunde y terminan votando a los mismos que los dirigentes de Merlin.

Por ende, el 29N no es un plebiscito sobre tal o cual persona, tal o cual partido, es la lucha de intereses entre la minoría privilegiada y la mayoría desfavorecida. Es continuar en la escalada especulativa que sufrimos la mayoría en: alimentos, en vivienda, en energía, en carburantes… o darnos la oportunidad de continuar intentando cambiar la situación aún con todas las carencias y sombras que podamos achacar al Gobierno de coalición. Quizá sea el momento de exigir que los programas electorales de los partidos de la izquierda sean auténticos contratos sociales, compromisos exigibles por el electorado.

El 29N también es la confrontación de intereses de quienes están privatizando y saqueando los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la dependencia y el cuidado de mayores, frente a quienes necesitamos esos servicios públicos porque nuestros salarios no nos permiten otra opción y porque creemos firmemente en lo público.

En noviembre se dirimirá seguir defendiendo el Sistema Público de Pensiones o que las pensiones públicas caigan en manos de los buitres económicos que se frotan las manos con su privatización: PP y VOX están dispuestos a ello, así lo explicitan sus dirigentes.

Claro que los partidos de la izquierda han cometido y cometen errores, por acción y por omisión, pero son la única opción que la mayoría social tiene en este momento para intervenir en el presente para modelar su futuro.

Por tanto, la rabia hay que canalizarla en forma de movilización en las calles, en todos y cada uno de los conflictos que se viven: en la huelga convocada por el profesorado en Madrid para el 14 de octubre y en la Huelga General que UGT y CCOO han previsto convocar para fecha próximas. La Huelga General no le gusta a la patronal, que argumenta que la vivienda no es una cuestión salarial, como si los salarios insuficientes no fuesen un factor determinante en la carestía de la vivienda.

Quedan más de 50 días hasta llegar a las urnas, si todas y todos remamos en una sola dirección, la izquierda, sin renunciar a la posición y trayectoria de cada cual, será posible una victoria de la mayoría social.

La Junta Directiva

6 de octubre de 2026


astrayde@gmail.com

Canciones con poder: The ballad of the soldier’s wife

Con letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill, “la mujer del soldado” es una canción antibelicista que de manera sencilla explica como las proclamas de los gobernantes a favor de la guerra esconden la muerte y la miseria para la clase obrera. Compuesta en 1942, durante la segunda guerra mundial, fue utilizada como propaganda de guerra contra la Alemania nazi. 

La canción relata como una mujer recibe regalos de su marido soldado a medida que los ejércitos avanzan en el combate por distintas ciudades europeas, hasta que finalmente el último regalo es un velo símbolo se su luto y la muerte del soldado. A medida que avanza la canción casi podemos ver el reguero de muerte y sufrimiento que va dejando la guerra en ciudades alejadas, con costumbres desconocidas, y con habitantes que, para sorpresa de la mujer y sus vecinos, aman los mismos objetos que ellos mismos. Con cada regalo el soldado envía fotos que reflejan el deterioro moral y físico que va sufriendo, hasta que no llega la esperada foto pero sí la noticia de su muerte. 

El mensaje es sencillo pero enormemente potente: en las guerras hay dos bandos pero no son los visibles, no son los países los que se enfrentan, no son los poderosos, no son los generales, no son los fabricantes de armas, son los ciudadanos de a pie. Las víctimas de los conflictos son las trabajadoras y trabajadores, los soldados y sus familias, los que van y los que se quedan. 

Una melodía deliciosa con una letra bonita y llena de poesía para explicar irónicamente la realidad de la guerra. Esta canción tiene poder: la simpatía y comprensión ante la negativa de miles de soldados rusos y ucranianos que se niegan a participar en una masacre a cuenta de intereses espurios. Mientras unos mueren en el frente o son bombardeados en sus casas, otros parlotean por el mundo fomentando el consumo y tráfico de armas con los que engordan ellos y sus amigotes. 

Bertolt Brecht y Kurt Weill colaboraron repetidamente. Son destacables “La ópera de tres centavos”, que está está siendo representada en la actualidad en nuestro país, o “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”. Versionados por muchos artistas, sirva de botón de muestra “Alabama Song”, conocida versión de The Doors, o la archiconocida “Mackie Messer” (“Maki Navaja”). 

Bertolt Brecht, nacido en Alemania en 1898, fue un dramaturgo y poeta, siendo recordado en la actualidad por sus obras y por hablar de temas como la pobreza, el hambre, la explotación o la guerra. Reconocido marxista, con referentes en Marx, Engel y Lenin, es un icono para la izquierda mundial. Con la llegada de los nazis escapó a Escandinavia y durante la guerra se trasladó a Estados Unidos donde fue perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, lo que provocó que regresara a Berlín donde murió en 1956. 

Kurt Weill, nació en Alemania en 1900. Músico de enorme talento tuvo enorme éxito en los años veinte del siglo pasado componiendo música para teatro. Muy moderno y alternativo para su tiempo, fue acosado por los nazis, que encontraban su música decadente y perjudicial para Alemania, organizaron disturbios en los locales donde se reproducían sus obras. En 1933 marchó a París y posteriormente a Estados Unidos, en donde vivió hasta su muerte en 1950. 

Letra:

“The ballad of the soldier’s wife” 

What was sent to the soldier`s wife, 
fron the ancient city of Prague ? 
From Prague came a pair of high heeled shoes, 
with a kiss or two, came the high heeled shoes, 
from the ancient city of Prague. 
What was sent to the soldier`s wife, 
from Oslo over the Sund ? 
From Oslo he sent her a collar of fur, 
how it pleases her, the little collar of fur, 
from Oslo over the Sund. 
What was sent to the soldier`s wife 
from the wealth of Amsterdam ? 
From Amsterdam, he got her a hat, 
she looked sweet in that, in the little dutch hat, 
from the wealth of Amsterdam. 
What was sent to the soldier`s wife, 
from Brussels in Belgium land ? 
From Brussels, he sent her the laces so rare, 
to have and to wear, those laces so rare, 
from Brussels in Belgium land. 
What was sent to the soldier`s wife, 
from Paris, city of light ? 
From Paris, he sent her a silken gown, 
it was ended in town, that silken gown, 
from Paris, city of light. 
What was sent, to the soldier`s wife 
from the south, from Bukarest ? 
From Bukarest, he got her a shirt, 
embroidered in purt, that rumanian shirt, 
from the south, from Bukarest. 
What was sent to the soldier`s wife, 
from the far off Russian land ? 
From Russia he sent her a widdows-veil, 
for a dead to be…. in her widdows-veil. 
From the far off Russian land, 
from the far off Russian land. 

letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill

«La mujer soldado»

La mujer del soldado recibió 
De la antigua ciudad de Praga 
Recibió unos zapatos de tacón 
Con un beso o dos, eso le mandó 
Desde Praga, la antigua ciudad 
La mujer del soldado recibió 
Desde Oslo, a través del canal 
De Oslo llegó un cuello de piel 
Cómo le gustó su cuello de piel 
Dese Oslo, a través del canal 
La mujer del soldado recibió 
De la gran riqueza de Ámsterdam 
De Ámsterdam un sombrero le envió 
Dulce ella se vio, con sombrero Holandés 
De la gran riqueza de Ámsterdam 
La mujer del soldado recibió 
De Bruselas, en Bélgica 
De Bruselas llegó un encaje fino 
Para lucir un encaje al fin 
De Bruselas, en Bélgica 
La mujer del soldado recibió 
De París, ciudad de luz 
En París le compró un vestido de seda 
Para que la envidien, toda envuelta en seda 
De París, ciudad de luz 
La mujer del soldado recibió 
Recibió del sur de Bucarest 
De Bucarest una blusa llegó 
Bordada a mano por los rumanos 
Del sur de Bucarest 
La mujer del soldado recibió 
De la Rusia lejana 
De Rusia llegó un velo de viuda 
Para bodas de muerte celebrar 
En su velo de viuda 
De la Rusia lejana 
La mujer del soldado recibió 
De la antigua ciudad de Praga 
Recibió unos zapatos de tacón 
Con un beso o dos, eso le mandó 
Desde Praga, la antigua ciudad 
La mujer del soldado recibió 
Desde Oslo, a través del canal 
De Oslo llegó un cuello de piel 
Cómo le gustó su cuello de piel 
Dese Oslo, a través del canal 
La mujer del soldado recibió 
De la gran riqueza de Ámsterdam 
De Ámsterdam un sombrero le envió 
Dulce ella se vio, con sombrero Holandés 
De la gran riqueza de Ámsterdam 
La mujer del soldado recibió 
De Bruselas, en Bélgica 
De Bruselas llegó un encaje fino 
Para lucir un encaje al fin 
De Bruselas, en Bélgica 
La mujer del soldado recibió 
De París, ciudad de luz 
En París le compró un vestido de seda 
Para que la envidien, toda envuelta en seda 
De París, ciudad de luz 
La mujer del soldado recibió 
Recibió del sur de Bucarest 
De Bucarest una blusa llegó 
Bordada a mano por los rumanos 
Del sur de Bucarest 
La mujer del soldado recibió 
De la Rusia lejana 
De Rusia llegó un velo de viuda 
Para bodas de muerte celebrar 
En su velo de viuda 
De la Rusia lejana 

letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill

Hay numerosas versiones de esta canción. Aquí os tenéis algunos de los enlaces de YouTube más interesantes: 

Miguel Ríos y Ana Belen (Cantan a Kurt Weill)

Marianne Faithfull

Lutte Lenya

A la mesa del Congreso de los Diputados, a la Comisión del Pacto de Toledo, a los grupos parlamentarios   

Dª. Leonor Mogio Gabardino, en su condición de Presidenta y en representación de la Asociación Nacional en Defensa del Sistema Público de Pensiones (ADEPPU), con CIF G88011234, junto con los representantes de La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y el Movimiento Pensionistas de Madrid (MPM), comparecen ante los órganos e instancias parlamentarias arriba dirigidas y

EXPONEN:      

Que la exigencia  de eliminar  los coeficientes reductores de la edad de jubilaciones voluntarias de mas de 40 años e involuntarias, es una reivindicación social e histórica que las organizaciones vienen defendiendo ininterrumpidamente desde el año 2016.      

Que esta demanda dio un paso decisivo el pasado 22 de septiembre de 2026, fecha en la que el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley. El pueblo soberano, a través de la mayoría de sus representantes electos, ya ha expresado su mandato de forma clara, favorable e inequívoca.      

Que, tras esta votación, resulta imprescindible evitar que la iniciativa se paralice mediante prórrogas reglamentarias que amenacen con agotar el tiempo de la presente legislatura, anulando en la práctica la voluntad popular expresada en el Congreso.      

Por todo ello, las entidades firmantes EXIGEN:      

  • La apertura y constitución inmediata de la Ponencia correspondiente en el seno de la Comisión, para que los grupos parlamentarios comiencen a trabajar de forma urgente, debatan las enmiendas y redacten el dictamen sin más dilaciones.      
  • La tramitación del texto por el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos reglamentarios a la mitad para garantizar la aprobación definitiva de la ley antes de la finalización de la presente legislatura.      

Se informa formalmente que, si no se procede de inmediato a la activación de la Ponencia y a la tramitación urgente de esta Proposición de Ley, las organizaciones convocantes tienen la firme determinación de emprender una campaña permanente de denuncias en los medios de comunicación y convocarán movilizaciones en las calles para exigir el cumplimiento del mandato votado por la Cámara.      

En Madrid, a 28 de septiembre de 2026.      

FIRMADO:      

  • Dª. Leonor Mogio Gabardino, Presidenta de ADEPPU (CIF: G88011234)     
  • D. Roberto Tornamira Sánchez, Presidente de ASTRADE (CIF: G88423488)    
  •  D. José  Sedano Ros DNI. 51854716-C en representación del Movimiento Pensionistas de Madrid (MPM)      
  • D. José Manuel Álvarez Morales  Representante G-88081297    
  • AVCV (Asociación Vecinal de Collado Villalba G-88081297    
  • D. Antonio  Martinero Labrid ASJUVI  ( Jubilación anticipada  sin penalizar ) CIF G52540622   

Reunión con la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo 

El día 23 de septiembre, representantes de las asociaciones ADEPPU, ASTRADE, el Movimiento de Pensionistas de Madrid y de la Asociación Vecinal de Collado Villalba, se reunieron con la presidenta de la Comisión en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Toledo, Mercè Perea. 

El objeto de la reunión, a solicitud de las organizaciones, era el de trasladar la exigencia de eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, en carreras de cotización de 40 años o más. En este sentido, se valoró positivamente que el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el martes 22 de septiembre, aprobase por mayoría: con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH, PNV y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores con largas carreras de cotización -40 años o más-. 

Así mismo, se planteó la exigencia de eliminar la regla por la que, para acceder a una pensión contributiva, además de haber cotizado 15 años como mínimo, haya que tener 2 de entre los 15 años previos a la petición de jubilación. 

Y se exigió el blindaje del derecho a la pensión, mediante el traslado de lo los artículos 41 y 50 de la Constitución al Capítulo segundo, Sección 1ª “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas, hoy ubicados en el Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica”. 

A estas exigencias de modificaciones legales se añadió en la reunión la necesidad de cumplir con la Disposición adicional sexta de la ley 21/2021, por la que el Gobierno debería haber encargado una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, para el periodo 1967 – 2019 -un periodo de 53 años-. Además de ser un mandato legal que ya debería de haberse cumplido, es necesario restituir la deuda del Estado con la Caja de las Pensiones, pues según el informe del 2020, emitido por el Tribunal de Cuentas, el Estado era deudor de más de 103.690 millones de euros a la Seguridad Social, por haber efectuado pagos indebidos con dinero de las pensiones; cantidad correspondiente al periodo 1989 – 2013. La cantidad señalada por el Tribunal de Cuentas creció hasta los 140.000 millones de euros -en los últimos 30 años, es decir en el periodo 2003 – 2023- según explicó en la prensa económica el hoy Gobernador del Banco de España, el 21 de abril de 2023, siendo Ministro de Seguridad Social. 

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo se comprometió a trasladar las peticiones y a continuar con el diálogo con las organizaciones. 

Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista. 

Frente al abuso económico, contundencia del Estado . Frente a los desahucios abusivos, expropiación sin paliativos 

El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una indignación que ha llevado a muchos miles de personas a salir a las calles en Madrid y en otras ciudades. Podría haber ocurrido con alguno de los 24.540 lanzamientos practicados en 2025 o alguno de los 4.005 que se llevaron a cabo en el primer trimestre del presente año. 

Ha sido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quién ha convocado, pues ninguna otra organización u organizaciones se han puesto al frente de organizar una respuesta que diese voz a la ciudadanía, cuyo sentir se representó muy bien en la manifestación de Madrid en el cántico “No tenemos miedo, si tenemos rabia”. 

Esta contundente respuesta de participación, en una movilización que se ha gestado en muy poco tiempo, es la demostración de que la clase trabajadora si está por la labor de movilizarse, como viene ocurriendo cada año, por ejemplo, con las convocatorias del Espacio de Vecinas y Vecinos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Y digo clase trabajadora pues debemos ir dejando los eufemismos que el capital nos impone, en tanto que las familias de clase adinerada no tienen problemas para disfrutar de su derecho a una vivienda digna, incluso de varias, ni sus hijas e hijos tienen negado su derecho a la emancipación. 

Hay algunos elementos básicos para acercarnos a entender cómo y por qué se ha generado el drama humano de no tener asegurado un techo para vivir: 

La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3 €/m2 en julio de 2014 a 15,3€ m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%. 

Los inversores han huido de las inversiones financieras tradicionales, pues a nivel agregado, la media ponderada del total de los fondos de inversión en España, han registrado una rentabilidad entre el 25% y el 32% en los últimos 10 años, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). 

La filosofía sin ética del capitalismo les lleva a pretender incrementar sus beneficios cada año, sobre los récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del año anterior, por lo que igual que juegan con el precio de los carburantes o la energía, arruinando a millones de personas en el mundo, juegan con la inversión en la industria del armamento, provocando la muerte en guerras como la de Ucrania o alimentando el genocidio en Gaza, del mismo modo que animan la voracidad de los fondos buitre inmobiliarios que echan a las personar a la calle sin ningún miramiento, como le ocurre a Teresa, a quien la propiedad de su vivienda quiso subirle el alquiler de 400 a 1.500 euros, a principios de este pasado verano, y hoy, a sus 72 años, se ve viviendo tirada en un banco de un parque. 

Estas barbaridades sociales solo son posibles porque las leyes les amparan y una mayoría de jueces y fiscales protegen a los especuladores y sus agentes colaboradores, como cuando, en 2020, el Tribunal Supremo absolvió a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de 1.860 viviendas públicas a Fidere Gestión y Fidere Vivienda, pertenecientes a Blackstone. 

El poder legislativo tampoco ha cumplido con el mandato que mayoritariamente le dio el pueblo soberano, cuya soberanía parece durar las horas en las que los colegios electorales están abiertos al voto. 

En este país se expropió RUMASA, un emporio empresarial descomunal, pero en favor de la expropiación estaban los 7 grandes bancos en 1983, indemnizando a los propietarios con 1 peseta por acción; en 2017 se expropió el Banco Popular, aunque lo vistieron como una intervención bancaria, con una indemnización de 1 euro par acción. Todos los días se expropian inmuebles y terrenos, para favorecer el bien general, cuando una gran empresa hace inversiones… Sin embargo, parece que no es hacer el bien general expropiar a propietarios que acumulan grandes cantidades de inmuebles, sean estos socimis, fondos o particulares, cuando pretenden aplicar incrementos astronómicos a sus inquilinas e inquilinos, a sabiendas de que les es imposible poder pagar. 

El Estado tiene la obligación de cumplir con su papel de equilibrio, pero parece que pueden más los intereses de la minoría poderosa que se organiza en lobbies/grupos de presión. 

Las instituciones del Estado tienen responsabilidad en este drama social, pues han convertido muchos artículos de la Constitución en papel mojado, según los que convienen a la minoría privilegiada o los que protegen a la mayoría desfavorecida. Prueba de esto es que la lectura del artículo 47 de la Constitución de 1978 comienza producir sonrojo: 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 

El Gobierno, debería aprobar el Real Decreto-Ley sobre Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 29, y ahorrarnos un bochorno de bronca entre los socios de gobierno. De la misma manera que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados deben convalidarlo, de lo contrario, la ira que se expresaba en las manifestaciones del sábado 26, deberá canalizarse hacia quienes lo impidan. 

El Decreto tiene que salir adelante, pero el problema social es tan grave que no basta con una ley, va a hacer falta bastante valentía política para abordarlo y atajarlo. De momento, la movilización es la solución. 

Roberto Tornamira 

Militante del PSOE en Madrid 

La IA: un peligro real para Sapiens 

Las abundantes noticias de las últimas semanas sobre los peligros de la IA constatan el hecho indubitable de que nos adentra en un territorio ignoto para la humanidad, porque las pruebas más avanzadas—los experimentos de frontera como los denominan los investigadores—, quiebran el axioma de que la tecnología no tiene vida propia como para actuar y tomar decisiones por su cuenta sin control humano. Éste salto tecno científico, que crea un nuevo paradigma, es lo que ha llevado, por primera vez, a los CEO de los cuatro gigantes del sector (OpenAI, Anthropic, SpaceX y Microsoft-Google), a expresar públicamente la necesidad de establecer controles a la investigación con IA. Propuesta que comparte China cuyo Ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, ha pedido construir una <<barrera de seguridad>> en torno a la inteligencia artificial (IA).  

Incipiente consenso del que se desmarca el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que rechaza frenar el desarrollo de la IA alineándose con el ególatra narcisista de Donald Trump: <<el único control o barrera de seguridad que la AI necesita es un presidente fuerte e inteligente, ¡con un alto cociente intelectual!>>, <<somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en AI, gana>>. Declaración que confirma, con tintes belicistas, una nueva pugna entre EEUU y China—   que mantienen de manera cada vez menos soterrada—por reafirmar su poder hegemónico, centrada en ser los primeros en el desarrollo de lo que, por ahora, es una herramienta, pero que está en el camino de ser el arma más poderosa para dominar el mundo: porque los experimentos de IA Generativa demuestran que puede generar pensamiento y tomar decisiones propias sin control humano.  

La espita que abrió el melón fue la confirmación por OpenAI de qué en un experimento interno de ciberseguridad, un prototipo de inteligencia artificial salió del entorno aislado del ensayo y accedió a internet sin autorización. Ha sido la primera vez que una IA ha actuado por su cuenta vulnerando las barreras establecidas por los ingenieros que le impedían acceder a la red para obtener más datos con los que resolver un reto de ciberseguridad, vulnerando la seguridad de la propia OpenAI autora del experimento.  

Éste es el punto en el que la IA se convierte en un peligro para Sapiens, como ha puesto de manifiesto el ingeniero, Jacob Coxon, que acaba de despedirse Anthropic—que también trabajó en OpenAI—, porque no quiere participar en la que califica de <<peligrosa>> estrategia con la que se desarrolla esta tecnología en ambas empresas. Coxon ha denunciado la competencia descarnada por el liderazgo mundial: <<están corriendo hacia una super inteligencia auto-mejorante apostando con nuestras vidas… porque son capaces de hackear cualquier cosa… y adquirir poder y recursos reales>>. Un peligro para la humanidad del que, según Coxon, <<las personas que están construyendo AI creen que podría matarnos a todos para finales de la década>>.  

Al día siguiente Anthropic anunció que había frustrado varios intentos de utilizar su IA, para desarrollar armas biológicas. Horas después la agencia de noticias Bloomberg informaba que el CEO de OpenAI, Sam Altman, había tenido una reunión con toda su plantilla, para comunicarles que planea ralentizar el desarrollo de la IA de vanguardia. 

Los otros dos gigantes del sector (SpaceX y Microsoft-Google) no tardaron  ni un día en respaldar el llamamiento del fundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para establecer controles al desarrollo de la IA: <<dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de AI, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo internet mediante una red de bots persistente causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares y que la magnitud del daño siga aumentando si la AI se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias>>. 

También se sumó a ese consenso incipiente el CEO de Google-Microsoft Satya Mandela, al reseñar la importancia del impacto en la educación y reclamar la necesidad del establecimiento de controles a la investigación en IA, en línea con lo expresado por Demis Hassabis —ganador del premio Nobel en química, cofundador y expresidente de Google DeepMind (Mente profunda)—quién afirmó que la propuesta del CEO de Anthropic <<señala el camino correcto a seguir. Hay que pulir los detalles, pero la dirección es la adecuada para afrontar este momento crítico>>. Necesidad de establecer controles a la que también se ha sumado el dueño de SpaceX, Elon Musk, con el argumento económico de que <<la investigación puntera no da dinero>>. Con menor influencia en este contexto, pero en la misma línea, la UE, aprobó hace dos años una norma integral sobre la IA, con el apoyo del Gobierno español, que propugna un acuerdo global de alineamiento ético para el desarrollo de la IA Generativa.  

La IA imita el funcionamiento de las redes neuronales, cerebrales, con el objetivo de desarrollar un sistema inteligente capaz de crear información nueva a partir de lo que va aprendiendo, con el modelo de acierto y error, mediante algoritmos que procesan e interpretan contextualmente las instrucciones que recibe del usuario, para lo que utiliza los almacenes de datos a los que el algoritmo le permite acceder. Un desarrollo tecnológico relativamente reciente, pues su uso masivo comenzó a finales de 2022, cuando la empresa OpenAI lanzó al mercado el ChatGPT, con un éxito fulgurante, pues responde a lo que se le pregunta, con más o menos coherencia, indexando datos de múltiples repositorios en cuestión de segundos con los que elabora respuestas textuales, con o sin imágenes, y extensión conforme a lo solicitado. 

El siguiente paso, en el que ya estamos, es la IA Generativa que permite crear máquinas que piensan por sí mismas, con capacidad para entender, leer y hablar en el idioma del usuario con el asistente PLN que procesa el habla del demandante. Que altera y crea imágenes que reproducen movimientos y comportamientos humanos, mediante el asistente Grok, a partir de un repositorio de datos de millones de textos e imágenes que procesa mediante las reglas y fórmulas matemáticas del algoritmo que la regula, con las que va tomando decisiones. Es el aprendizaje automático (Machine Learning) el que permite a una computadora o robot configurado con un sistema de IA Generativa, aprender de los datos que indexa sin recibir órdenes directas e ir mejorando con la práctica. Capacidades que convierten a las máquinas así configuradas, en <<seres>> capaces de desarrollar pensamiento propio, de comunicarse y de tomar decisiones en cualquier área de conocimiento o actividad humana. 

Seria paradójico y cruel para la especie humana que sea el dinero y el poder que otorga controlar la IA, el que prime sobre el impacto que entraña un mundo dominado por máquinas pensantes, capaces de desarrollar estrategias y alianzas con otras IA para conseguir sus objetivos, relegando a Sapiens al de mero servidor—sufridor de los designios de la IA. Estamos a tiempo de mantener el control, si la ONU es capaz de articular este consenso inicial, para restringir la investigación frontera con un código ético global, y evaluadores externos que vigilen su cumplimento por las empresas.  

La ciudad de los trabajadores: una distopía socialista 

¿Y si nuestras ciudades decidieran devolver poder a quienes las hacen funcionar? 

Imaginemos una distopía. Una ciudad española en la que el Ayuntamiento decidiera que los trabajadores no son únicamente contribuyentes, usuarios de los servicios públicos o mano de obra disponible para las empresas. Una ciudad en la que se reconociera algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente revolucionario: que quienes viven de su trabajo deben tener capacidad para decidir sobre la sociedad en la que trabajan y viven. 

Imaginemos que ese Ayuntamiento crease una oficina para la defensa de los derechos laborales, el fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores en la vida pública. 

Parece una fantasía, pero no lo es tanto. 

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto sobre la mesa precisamente esa posibilidad con la creación de una oficina municipal destinada a reforzar el poder de los trabajadores y su capacidad de organización. 

Y aquí comienza nuestra distopía. 

¿Qué ocurriría si Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o cualquier otra ciudad española decidieran hacer algo parecido? 

Probablemente sucedería algo incómodo: los trabajadores comenzarían a tener más poder. 

Y eso, para una sociedad que durante décadas ha aceptado como inevitable la subordinación del trabajo frente al capital, sería casi una anomalía. 

Porque hemos construido ciudades magníficas mientras normalizábamos empleos precarios. Hemos inaugurado grandes infraestructuras mientras miles de trabajadores no podían pagar el alquiler. Hemos hablado de innovación, competitividad y crecimiento mientras una parte de la población trabajadora encadenaba empleos inestables, jornadas interminables o salarios insuficientes para construir un proyecto de vida. 

La contradicción es evidente. 

No puede existir una ciudad verdaderamente próspera si quienes la hacen funcionar no pueden vivir dignamente en ella. 

Una política municipal socialista debería partir precisamente de ahí. 

Imaginemos un Ayuntamiento que entendiera que combatir la precariedad laboral también es política de vivienda; que mejorar los salarios también es política de igualdad; que garantizar horarios compatibles con la vida familiar también es política de bienestar. Un Ayuntamiento que protegiera a quienes trabajan en la hostelería, el comercio, los cuidados, el transporte, la limpieza o las nuevas plataformas digitales. 

Y que, por tanto, contemplara a los sindicatos no como un actor externo, sino como una expresión organizada de la ciudadanía trabajadora. 

Aquí está la cuestión fundamental. 

Durante demasiado tiempo se ha pretendido separar artificialmente la democracia política de la democracia económica. Como si la democracia comenzara en las urnas y terminara al entrar en el centro de trabajo. 

Pero un ciudadano que puede votar cada cuatro años y que durante el resto de su vida laboral carece de capacidad real para defender sus intereses frente al poder empresarial disfruta de una democracia incompleta. 

La democracia también debe entrar en las empresas. 

El sindicalismo es una de las grandes herramientas históricas para conseguirlo. Allí donde un trabajador aislado apenas tiene capacidad para negociar, la organización colectiva permite equilibrar, aunque sea parcialmente, una relación de poder profundamente desigual. 

Por eso la defensa de los derechos sindicales no es una cuestión corporativa. Es una cuestión democrática. 

Fortalecer al sindicato es fortalecer la capacidad de los trabajadores para intervenir en la sociedad. Y aquí reside la dimensión internacional de la experiencia de Nueva York. 

Desarrollar los derechos sindicales en cualquier parte del mundo significa ampliar la democracia. Significa trasladar una parte del poder desde quienes concentran la riqueza hacia quienes producen esa riqueza con su trabajo. 

No estamos hablando solamente de salarios. Estamos hablando de poder. 

Poder para negociar. Poder para organizarse. Poder para reclamar. Poder para decir no. Poder para participar. Poder, en definitiva, para no estar solo frente a quien dispone de más recursos y capacidad de decisión. Imaginemos el efecto de todo ello en nuestras ciudades. 

Trabajadores con mejores salarios tendrían más capacidad para acceder a una vivienda digna. Trabajadores con jornadas razonables dispondrían de más tiempo para sus familias y su comunidad. Trabajadores organizados podrían denunciar con mayor eficacia los abusos laborales. Jóvenes con empleos estables podrían construir proyectos de vida. 

Y una ciudadanía con mayor seguridad material tendría también mejores condiciones para participar en asociaciones, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas. 

Más derechos en el trabajo significarían más ciudadanía fuera del trabajo. Ese es, quizá, el aspecto más profundamente socialista de esta cuestión. 

El socialismo no debería limitarse a administrar mejor las consecuencias de las desigualdades. Su razón de ser histórica consiste en democratizar el poder económico y ampliar la capacidad de las mayorías para decidir sobre aquello que condiciona sus vidas. 

Por eso una ciudad gobernada desde una perspectiva socialista debería preguntarse no solamente cuánto recauda, cuánto construye o cuánto crece. Debería preguntarse también: 

¿Cuánto poder tienen sus trabajadores? 

La respuesta a esa pregunta sería un extraordinario indicador de calidad democrática. 

Nuestra distopía, por tanto, no consiste realmente en imaginar una ciudad así. La verdadera distopía sería aceptar como normal una ciudad en la que quienes la levantan, la limpian, la cuidan, la transportan, la enseñan y la mantienen funcionando carezcan de capacidad colectiva para decidir sobre sus condiciones de vida. La iniciativa de Mamdani nos ofrece una oportunidad para pensar en otra dirección. 

Una ciudad donde el trabajo tenga derechos. Donde los sindicatos tengan reconocimiento. Donde la participación de los trabajadores forme parte de la política municipal. Donde la contratación pública contribuya a extender los derechos laborales. Donde luchar contra la precariedad sea una prioridad política y donde la dignidad de quien trabaja sea considerada un patrimonio colectivo. 

Quizá entonces descubramos que una ciudad socialista no es necesariamente aquella que proclama más consignas. Es aquella que redistribuye poder. 

Y si hay una lección que podemos extraer de Nueva York es precisamente esa: que la democracia no se debilita cuando los trabajadores adquieren poder. Al contrario. Cuando el trabajador gana derechos, la democracia gana ciudadanos. Cuando el sindicato gana fuerza, la sociedad gana libertad. Y cuando las ciudades devuelven poder a quienes las hacen funcionar, las ciudades se vuelven más justas, más libres y más democráticas. 

Esa no debería ser nuestra distopía. Debería ser nuestro proyecto. 

Luis Ángel Ruiz Cardin 

fue Secretario General de UGT en Cantabria entre 1982 y 1998. 

Posteriormente desempeño el cargo de S° General de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria y de igual manera en la fusión que tuvo como consecución: FESMC-U.G.T. 

El Estrecho de Gibraltar 

La tragedia  

Es aterrador el odio, el miedo y la xenofobia que la extrema derecha internacional genera y propaga contra los migrantes. No podemos ignorar impunemente el sufrimiento y la desesperación de miles de seres humanos, pobres o perseguidos, que arriesgan todo en busca de un futuro mejor. 

Detrás de cada llegada, de cada salto a la valla o de cada rostro agotado, hay una historia de miedo, esperanza y supervivencia. Son vidas que han recorrido quizá miles de kilómetros, dejando atrás guerras, pobreza, persecuciones o, simplemente, la desesperación de no encontrar un futuro en su propia tierra. 

Muchos llegan exhaustos, heridos y confundidos, después de haber arriesgado sus vidas para alcanzar una oportunidad. Otros mueren ahogados en el mar sin llegar siquiera a la anhelada orilla, que se desvanece ante sus ojos esperanzados como un espejismo entre la bruma. 

Marruecos  

Marruecos ha ido adquiriendo durante las últimas décadas una posición particularmente fuerte dentro del sistema de alianzas occidental en África y el Mediterráneo. 

Su posición geográfica le permite funcionar como puente entre Europa, África occidental, el Atlántico y el Mediterráneo. A ello se añade su cooperación militar con Estados Unidos, sus relaciones con Israel y su creciente importancia económica en África. 

El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, pendiente de resolución por parte de Naciones Unidas, constituyó un salto cualitativo. La decisión unilateral del presidente USA fortaleció considerablemente la posición diplomática de Rabat y contribuyó a consolidar su posición como potencia regional. En paralelo, Marruecos ha reforzado sus vínculos militares con Estados Unidos, Israel y varias potencias europeas. 

Ceuta y Melilla 

Sería demasiado simple reducir la reivindicación marroquí a una mera maniobra de Mohamed VI, aunque también lo sea. Existe una cuestión nacional real y un sentimiento territorial ampliamente extendido en la sociedad marroquí. 

Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades disputadas. Son enclaves situados en una zona donde se cruzan varias estructuras de poder: la soberanía española, la frontera exterior de la Unión Europea, la política migratoria europea, la estrategia militar de la OTAN, la política magrebí de Estados Unidos y las aspiraciones regionales de Marruecos. 

La propia Unión Europea ha reafirmado que Ceuta y Melilla son territorio de la UE y forman parte de su frontera exterior. Al mismo tiempo, Bruselas ha mantenido la consideración de Marruecos como socio estratégico y ha procurado preservar la cooperación económica, migratoria y de seguridad con Rabat. 

La defensa de la frontera europea y la cooperación con el Estado marroquí no son necesariamente políticas incompatibles dentro de la lógica del capitalismo europeo. 

La UE necesita a Marruecos para controlar flujos migratorios, combatir determinadas formas de criminalidad transnacional, proteger intereses comerciales y proyectarse hacia África. Marruecos, por su parte, necesita el acceso al mercado europeo, las inversiones, la cooperación financiera y la legitimidad política que proporciona su relación con Bruselas. 

La Unión Europea 

Existe un elemento esencial que suele quedar oculto cuando el análisis se limita al enfrentamiento Madrid-Rabat: la Unión Europea tiene un interés estratégico propio en el Estrecho. 

La UE es una estructura supranacional mediante la cual las diferentes burguesías europeas articulan parcialmente sus intereses frente al mercado mundial. No constituye simplemente un instrumento estadounidense subordinado a la OTAN, aunque la dependencia militar europea respecto de Estados Unidos siga siendo, por ahora, inevitable. 

La Unión Europea necesita que el Estrecho permanezca abierto al comercio, que sus rutas energéticas estén aseguradas y que el Mediterráneo occidental permanezca relativamente estable. Necesita también controlar sus fronteras exteriores y evitar que Marruecos pueda convertir periódicamente los flujos migratorios en un mecanismo de presión política sobre un Estado miembro. 

Pero la UE necesita simultáneamente mantener una relación económica y política privilegiada con Marruecos. La estrategia europea, por tanto, no debería consistir en escoger entre España y Marruecos, sino en impedir que la relación entre ambos quede sometida a la lógica de una potencia exterior, es decir, de Estados Unidos. 

EEUU 

El interés de los USA no tiene por qué consistir en que Marruecos «conquiste» Ceuta y Melilla. Eso sería una afirmación demasiado simple. 

Su interés consiste más bien en preservar una correlación de fuerzas en el Mediterráneo occidental que garantice la circulación del capital, la superioridad militar estadounidense y la subordinación de los principales Estados de la región al sistema atlántico. Dentro de esa estrategia, un Marruecos fuerte le resulta sumamente útil. 

Mucho más útil, incluso, si puede aumentar su capacidad de presión sobre España sin llegar a una ruptura con ella. En otras palabras: Washington podría obtener ventajas del conflicto sin necesitar resolverlo a favor de Marruecos. 

Por eso resulta más adecuado hablar de una convergencia objetiva de intereses entre Washington y Rabat que de un supuesto plan estadounidense para entregar Ceuta y Melilla. 

Una estrategia europea 

España puede defender legítimamente su soberanía sobre las ciudades. Marruecos puede mantener sus reivindicaciones nacionales. Pero ninguna de estas posiciones existe en un vacío geopolítico. 

Por encima de la disputa territorial opera una estructura imperial en la que Estados Unidos conserva una posición dominante; debajo de ella operan los intereses de las burguesías españolas y marroquíes, las estrategias de sus respectivos Estados y las necesidades de reproducción del capitalismo regional. 

Pero la Unión Europea no debería aceptar que su posición estratégica quede determinada ni por Washington ni por Rabat. Su interés objetivo pasa por convertir el Estrecho en un espacio de seguridad y cooperación bajo control político europeo, garantizando la integridad territorial de sus Estados miembros, preservando la libertad de navegación y desarrollando una relación estable con Marruecos y el conjunto del Magreb. 

Esto exige superar simultáneamente dos posiciones igualmente adversas: el nacionalismo español, que reduce el problema a la defensa de una soberanía estatal, y el atlantismo, que acepta que sea Estados Unidos quien determine las prioridades estratégicas europeas. 

Una estrategia verdaderamente europea debería defender las fronteras de la Unión sin convertirlas en trincheras nacionalistas; cooperar con Marruecos sin aceptar relaciones de subordinación; y desarrollar autonomía estratégica sin reproducir dentro del Mediterráneo una nueva política imperial europea. 

El Estrecho seguirá siendo estratégico independientemente de quién ondee una bandera sobre Ceuta y Melilla. Y precisamente por eso, cualquier análisis debe distinguir entre la cuestión formal de la soberanía y la cuestión material del control de los flujos, las rutas, los puertos, las bases y las alianzas militares. 

El verdadero objetivo de una política europea no debería ser poseer cada enclave (Ceuta, Melilla, Gibraltar…). Debería consistir en garantizar que ninguna potencia exterior pueda utilizar el Estrecho contra los intereses europeos y que ningún Estado vecino pueda convertir las interdependencias económicas, migratorias o energéticas en instrumentos permanentes de coerción. 

Por tanto, la cuestión verdaderamente decisiva es: ¿quién dispone de los medios materiales necesarios para controlar el Estrecho? Porque detrás de la disputa por Ceuta y Melilla se encuentra una cuestión mucho más vital: la lucha por determinar quién tendrá la capacidad de organizar políticamente uno de los espacios estratégicos clave del capitalismo mundial: el Estrecho de Gibraltar. 

Manuel Ruiz Robles 

Capitán de Navío de la Armada (retirado), exmiembro de la UMD. 

Senadores por la Democracia. Manifiesto fundacional

El próximo martes 6 de octubre a las 12h en el Ateneo de Madrid (sala Pérez Galdós) presentaremos la iniciativa ciudadana Senadoras y senadores por la democracia. Más de 3.600 firmas apoyan el manifiesto que reclama listas conjuntas de toda la izquierda al Senado en las elecciones generales de 2027, como ocurrió en muchas provincias en 1977.  

Nuestro objetivo es que la Cámara Alta deje de ser un búnker de la derecha, pero además somos muy conscientes de que, si la izquierda presenta listas unitarias al Senado, donde el sistema de elección es mayoritario (el partido que gana se lleva el 75% de los senadores), ello podría tener un efecto dinamizador y movilizador en el electorado progresista también en el Congreso. Consideramos que las actuaciones conjuntas de la derecha y la ultraderecha, políticas, judiciales, incluso amparando episodios de movilización violenta, están poniendo en peligro nuestra democracia social y de derecho. 

El que haya listas unitarias de la izquierda en el Senado, y que incorporen a personas progresistas de reconocido prestigio social, podría dar la vuelta a los resultados de 2023 en el Senado en cerca de 30 provincias, lo que permitiría obtener una clara mayoría progresista.  

Conseguir este objetivo está en tus manos, ven al Ateneo el próximo 6 de octubre. Y no te olvides de firmar tu adhesión al manifiesto: https://senadoresporlademocracia.es/ 

Bruno Estrada López, miembro del grupo promotor. 

Manifiesto

El avance de las extremas derechas y el contagio de sus postulados en las derechas tradicionales suponen un peligro para la convivencia, los derechos y el bienestar de las grandes mayorías sociales. La democracia social y de derecho está en peligro. Lo está en EEUU, lo está en muchos países europeos y lo está en España. 

La iniciativa de Senadoræs por la Democracia convoca a la ciudadanía, las organizaciones sociales y los partidos políticos progresistas de todo el Estado español para que, de cara a las próximas elecciones generales, se involucren en la construcción de candidaturas conjuntas para el Senado en todas las circunscripciones provinciales.   

El sistema de elección de senadoras y senadores supone un premio desorbitado para la lista que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Lo habitual es que tres de los cuatro senadores provinciales elegidos directamente se asignen a la lista más votada, quedando el cuarto para el segundo partido. Los escaños del Senado se completan con los elegidos proporcionalmente por los parlamentos autonómicos, ahora mismo sometidos a las alianzas entre PP y VOX. 

La mayoría absoluta en el Senado se ha estado utilizando de forma filibustera por el PP para tratar de impedir y obstaculizar la gobernabilidad del país durante esta legislatura. Sin embargo, su control en la próxima será aún más determinante, pues la cámara deberá nombrar cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, con el mandato ya caducado, que el PP bloquea esperando “tiempos mejores” para la derecha. El Senado que salga de las próximas urnas deberá también afrontar, en el año 2029, la renovación de la mitad de los miembros del CGPJ. 

El PP aspira, con el apoyo de Vox y el desplome y la fragmentación de las fuerzas progresistas, a obtener un cuatro a cero en muchas provincias y alcanzar una mayoría de tres quintos en el Senado que les permita controlar esos órganos judiciales, que se han mostrado decisivos hasta ahora. En este contexto es esencial sacudirse cualquier derrotismo, recalcar que la suerte de las próximas elecciones generales aún no está echada y que la verdadera prioridad nacional es impedir que las circunstancias para el triunfo conservador se den. El futuro no está escrito ni decidido; depende de cada voto que se deposite en las urnas. 

Es esencial que el Senado sea una cámara que impida el control por las derechas de los órganos judiciales mencionados. La división y pugna electoral entre ellas nos concede una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista.   

Nuestro objetivo es que las próximas elecciones generales renueven la posibilidad de una coalición progresista y el Senado deje de ser una herramienta de crispación política que obstaculice la gobernabilidad del país. Hay tiempo para movilizar al electorado y reeditar una mayoría política y social capaz de sostener un nuevo acuerdo de gobierno progresista que continúe, mejore y profundice la labor desarrollada por los últimos gobiernos de coalición.   

Con esta iniciativa reclamamos también el carácter de cámara territorial del Senado, que en la actual realidad ecosocial adquiere una nueva dimensión política al dar un plus de poder electoral a las provincias vaciadas, las más castigadas por los incendios y la desertización asociadas al cambio climático. Aspiramos, por ello, a recoger las expresiones políticas ya existentes de la sociedad civil que apuestan por un nuevo equilibrio territorial del poder.   

Defendemos que la mayoría social y electoral de este país es demócrata, y que en este momento considera esencial anticiparse para impedir las regresiones legislativas marcadas por las pulsiones antisociales, xenófobas, machistas, racistas, autoritarias y excluyentes que impulsarían las derechas más reaccionarias nada más llegar al poder.   

En el Senado se eligen personas y los programas electorales tienen menos relevancia. Converger en torno a la defensa de la democracia no es tarea que se pueda circunscribir a los partidos políticos, pero es fundamental su generosidad para que fragüe una iniciativa en la que todos tenemos mucho que ganar, pues puede redundar en una mayoría en la Cámara Alta. Nuestra voluntad es empujar para que siga adelante y combatir cualquier actitud que la ignore o minimice.   

Somos plenamente conscientes de la diversidad territorial, social, ideológica y política existente en nuestro país. Por ello, debe ser en el ámbito descentralizado, de comunidades autónomas y provincias, donde se tengan que tomar las decisiones definitivas sobre esta iniciativa y las personas más adecuadas para representarla. 

Existen valores y objetivos compartidos que obligan a actuar conjuntamente, sin condicionamientos previos y con una clara perspectiva común de revertir la ola reaccionaria que nos asola. Ningún interés particular puede estar por encima de lo que como sociedad democrática necesitamos. Los matices y las diferencias no pueden desdeñarse ni ocultarse, pero no deben situarse por encima de los valores que todos decimos compartir. 

Llamamos a los colectivos sociales y territoriales existentes a que asuman esta iniciativa sin esperar al último momento preelectoral, y a que se coordinen con las fuerzas políticas locales para facilitar su éxito. Buscamos fortalecer una amplia confluencia de esfuerzos democráticos, sin ninguna perspectiva orgánica, en un momento trascendental para la democracia en España. 

Esta declaración no es ni pretende ser un llamamiento retórico a la unidad. Es una fórmula práctica para llamar a la participación social y empujar a la cooperación de las fuerzas progresistas con el objetivo de reforzar la calidad de nuestro sistema democrático. El objetivo final de la propuesta Senadoræs por la Democracia es ilusionar y activar a la ciudadanía para implicarla en las trascendentales decisiones democráticas que afectarán a su futuro y a la mejora de la vida de la mayoría. 

Todos los participantes en esta iniciativa y la mayoría democrática del país tendrían mucho que ganar con la concreción de esta propuesta.  

La crisis de SEAT. Por un modelo industrial público. 

Durante décadas, SEAT ha sido mucho más que una marca de automóviles, ha sido una pieza fundamental de la historia industrial española, una escuela de profesionales, un motor de innovación y, sobre todo, el sustento de miles de familias, no solo de los propios asalariados de SEAT, sino también del extenso parque de empresas proveedoras. Por eso, cualquier debate sobre el futuro de la marca no puede reducirse a una decisión comercial tomada en un despacho. Cuando hablamos de SEAT hablamos de empleo, de industria y de país. 

El sector del automóvil vive una transformación profunda. La electrificación, las nuevas plataformas tecnológicas, la competencia china y los cambios en los hábitos de movilidad están obligando a los grandes fabricantes europeos a redefinir sus estrategias. Negar esa realidad sería absurdo, pero aceptar la transformación tecnológica no significa aceptar que sus costes recaigan sobre los trabajadores. 

La posible pérdida progresiva de peso de SEAT como marca, mientras CUPRA adquiere un creciente protagonismo dentro de la estrategia del Grupo Volkswagen, plantea una cuestión fundamental: ¿qué ocurrirá con el empleo, la producción y el tejido industrial asociado a SEAT en España? 

Las empresas pueden reorganizar sus marcas, cambiar gamas de productos o modificar sus estrategias comerciales. Lo que no podemos permitir es que detrás de esas operaciones se esconda una reducción de capacidad productiva, una pérdida de puestos de trabajo o una progresiva desindustrialización. 

La planta de Martorell es uno de los principales complejos industriales de España y constituye el núcleo de un ecosistema formado por cientos de empresas proveedoras y auxiliares. Por cada puesto de trabajo directo existen otros muchos vinculados a componentes, logística, mantenimiento, ingeniería, servicios y transporte. 

Por eso, cuando se habla del futuro de SEAT, no estamos hablando únicamente de los trabajadores que cruzan cada mañana las puertas de SEAT Martorell. Estamos hablando de miles de familias repartidas por todo el territorio. Y precisamente por eso el futuro de la compañía no puede decidirse al margen de sus trabajadores. 

SEAT se crea en 1950 como una empresa pública del INI. Entre 1986 y 1990 el INI la privatizó (una de las contrapartidas para entrar en la entonces Comunidad Económica Europea) vendiendo las acciones al Grupo Volkswagen quien tomó el control total de SEAT en una operación por fases y que implicó un desembolso conjunto de 80.000 millones de pesetas de la época (el equivalente aproximado a unos 480 millones de euros). 

Aunque Volkswagen pagó esa cifra por las acciones, la privatización de SEAT requirió un rescate masivo previo por parte del Estado español. Para que la compañía fuera atractiva y los alemanes asumieran su control y sus deudas, el gobierno inyectó en la caja de SEAT cerca de 180.000 millones de pesetas de dinero público con el fin de sanear su situación financiera antes de formalizar la firma. 

Durante años, las administraciones españolas y europeas, han apoyado al sector del automóvil con importantes recursos públicos destinados a modernizar las fábricas, impulsar la electrificación y garantizar la competitividad industrial. Ese apoyo está justificado cuando contribuye a mantener empleo, generar innovación y reforzar nuestra capacidad productiva. Pero las ayudas públicas deben ir acompañadas también de compromisos. 

Si una multinacional recibe apoyo público para transformar sus plantas, resulta razonable exigir garantías verificables sobre mantenimiento del empleo, inversiones productivas, formación de las plantillas y continuidad industrial. Si la empresa no se compromete, el estado debe intervenir. 

Los trabajadores de SEAT han demostrado durante décadas su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos. Han vivido automatizaciones, reorganizaciones productivas, nuevas plataformas y sucesivas transformaciones del sector. Ahora afrontan una nueva revolución industrial vinculada al vehículo eléctrico: Electrificación, baterías, software, digitalización de procesos, inteligencia artificial, mantenimiento avanzado y nuevas tecnologías de fabricación van a requerir profesionales cualificados. España dispone de trabajadores con experiencia industrial y de centros productivos capaces de competir internacionalmente. Perder ese conocimiento sería un error económico difícilmente reversible. 

También debemos mirar más allá de la propia fábrica. Cuando desaparece una actividad industrial no desaparece únicamente una línea de producción. Se debilitan proveedores, pequeñas y medianas empresas, centros logísticos y economías locales enteras. Recuperar posteriormente ese tejido productivo resulta extraordinariamente difícil. 

Europa está descubriendo ahora las consecuencias de haber externalizado durante décadas parte de su producción industrial. Recuperar soberanía económica y tecnológica exige precisamente lo contrario: mantener y reforzar nuestra capacidad para fabricar. Por eso España necesita una política industrial ambiciosa. 

Una política que no se limite a competir ofreciendo subvenciones a las multinacionales, sino que vincule el apoyo público a proyectos industriales de largo recorrido, empleo estable, innovación y arraigo territorial. Y en ese proceso la participación sindical es imprescindible. 

Las transformaciones industriales funcionan mejor cuando se negocian con quienes conocen las fábricas y los procesos productivos. Los representantes de los trabajadores deben estar presentes en las decisiones que afecten al futuro del empleo, la organización del trabajo, la formación y las condiciones laborales. 

La transición hacia el vehículo eléctrico no puede convertirse en una excusa para precarizar el empleo o reducir derechos laborales. SEAT forma parte de nuestra historia industrial. Pero lo realmente importante ahora no es únicamente conservar un nombre en el frontal de un automóvil. Lo fundamental es garantizar que dentro de diez o veinte años continúen fabricándose vehículos en nuestras plantas y que miles de trabajadores puedan seguir construyendo allí su proyecto de vida. 

Las marcas pueden evolucionar, pero la industria debe permanecer y los puestos de trabajo se deben garantizar. La transición tecnológica es inevitable, pero que sea socialmente justa es una decisión política, empresarial y colectiva. Lo que España no puede permitirse es que la transición industrial deje a sus trabajadores atrás. 

Para garantizar el empleo de SEAT, en un modelo de electrificación de vehículos, es imprescindible la electrificación de las plantas que hoy se reducen a una sola línea y, ante la negativa de Volkswagen, las peticiones realizadas por el presidente del comité de empresa de SEAT y miembro del sindicato UGT, Matías Carnero, deberían ser atendidas. 

Carnero ha solicitado formalmente que el Gobierno de España entre en el accionariado y en el consejo de administración de la compañía, algo que parece lógico si se quiere influir en las decisiones, igual que el gobierno de la baja Sajonia hace en el grupo Volkswagen. 

Esta participación estatal no es meramente financiera; tiene un enorme peso político gracias a una normativa histórica conocida como la Ley Volkswagen (VW-Gesetz) de 1960, bajo la cual, cualquier decisión estructural de gran envergadura (como el cierre de fábricas, fusiones o ampliaciones de capital) requiere la aprobación de más del 80% de los votos en la junta de accionistas. Al poseer exactamente el 20%, el estado de Baja Sajonia cuenta con un derecho de veto permanente sobre el futuro estratégico de la automotriz, blindando los puestos de trabajo en el país frente a inversores puramente privado. ¿Por qué no replicar ese modelo en España como demanda Matías Carnero? Negarse, como está haciendo el Gobierno central de forma categórica, supone dejar en manos de terceros el futuro de la marca SEAT y de los puestos de trabajo que de ella dependen. 

España no puede perder una oportunidad de oro para garantizar los puestos de trabajo, sino que además recupere un modelo industrial público.  

Baltasar Santos 

Primer Secretario del PSC del Vendrell