Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Andalucía, 17 de mayo: ¿Resignación o reconquista?

Andalucía se aproxima a una encrucijada histórica. El 17 de mayo las urnas no solo decidirán la composición del Parlamento en San Telmo; pondrán a prueba la capacidad de supervivencia y rearticulación del bloque progresista frente a un modelo, el de Juanma Moreno, que ha logrado colonizar el centro político con una estrategia de “gestión amable en las formas” y marketing institucional para aplicar las políticas neoliberales más duras.

Detrás de una imagen amable, casi de “osito de peluche desgastado”, el PP ha ejecutado un modelo político reconocible: el progresivo debilitamiento de lo público: Sanidad, educación, servicios esenciales…piezas clave de un sistema que durante décadas representó un ideal de equidad social, donde el acceso universal a derechos básicos no son una opción, sino derechos irrenunciables, hoy parecen estar resquebrajándose.

No es una percepción aislada. Es la constatación de una lógica: cuando lo público se debilita, lo privado se fortalece. Y con ello, se consolida una idea peligrosa: si tienes recursos, te curas; si no, te resignas. Si tienes dinero estudias y si no eres explotado por quien si pudo estudiar.

La sanidad Andaluza es hoy uno de los ejemplos más evidentes. No se trata solo de edificios o infraestructuras. Se trata de profesionales que no son contratados, de médicos que emigran o se ven empujados al sector privado, de recursos públicos infrautilizados mientras se derivan pacientes a clínicas privadas para pruebas básicas. Todo ello configura un modelo que alimenta el negocio privado, erosionando lo que es de todas y todos.

Lo mismo ocurre con otros servicios privados que trabajan para Hospitales, instituciones públicas o colegios, etc. como: limpieza, seguridad, logística… externalizados, precarizados, ajustados a licitaciones que no cubren las necesidades reales y básicas. El resultado es un deterioro silencioso pero constante.

Para la izquierda, el escenario es complejo, pero no irreversible. El éxito dependerá de superar dos grandes lastres: la fragmentación orgánica y la desconexión emocional con su base.

El mapa de la izquierda: entre la unidad y el arraigo.

El tablero a la izquierda del PSOE presenta una bicefalia que ya conocemos, pero con matices renovados. Por un lado, la coalición “Por Andalucía” ha logrado una integración in extremis con Podemos, bajo el liderazgo de Antonio Maíllo. El regreso del coordinador federal de IU a la arena andaluza busca insuflar veteranía y rigor intelectual a un espacio castigado por las cuitas internas.

Por otro, Adelante Andalucía, se mantiene firme en su tesis de “obediencia andaluza”. Esta fragmentación no es baladí: en las provincias pequeñas, la Ley D´Hondt no perdona. Si el voto progresista se dispersa en tres o cuatro papeletas, el bloque progresista corre el riesgo de convertir miles de votos en escaños fantasma que terminen reforzando al bloque de derechas.

Por eso, más allá de siglas o corrientes —izquierda moderada, transformadora o más clásica—, la clave está en la unidad. En entender que solo a través de la participación colectiva se puede frenar este proceso de desmantelamiento.

El PSOE-A: El gigante que debe despertar

El socialismo andaluz, bajo la candidatura de María Jesús Montero, afronta su reto más difícil: recuperar el “voto prestado”. Los barómetros indican que un sector del electorado moderado, antaño fue el puño y la rosa, hoy se siente cómodo en la Andalucía de postal de Moreno Bonilla. Pero esa postal tiene reverso, como ya hemos explicado antes, y es ahí donde el PSOE debe reintroducir su discurso en defensa de lo público.

Necesitamos liderazgo, sí, pero también honestidad, trabajo, conocimiento de la tierra y empatía real. Más allá de promesas, más allá de discursos.

No es momento de lamentos. El PSOE-A necesita recordar que su ADN es el motor de la transformación de esta tierra. La verdadera política no se hace en los platós, sino en las Casas del Pueblo, en los mercados y en la movilización social que se expresa en las calles, explicando que el 17 de mayo quedarse en casa es, de facto, contribuir a otros cuatro años de recortes y destrucción de lo que es de todas y todos.

A quienes están decepcionados, a quienes piensan que “todos los políticos son iguales”, conviene recordarles que no lo son. No es lo mismo quién gobierna cuando hablamos de derechos, de condiciones laborales, de servicios públicos. No lo es, especialmente para quienes viven de su trabajo, para quienes sostienen el día a día de esta tierra.

Nuestros mayores lo sabían. Aquellos tiempos de alpargatas que duraban un mes, se rompían al siguiente y había que esperar otro para reemplazarlas no son solo una anécdota: son memoria. Y la memoria debe servirnos para no continuar retrocediendo.

Claves para una movilización real

Si la izquierda quiere evitar una mayoría absoluta del PP o asistir a la entrada de VOX en la ecuación de gobierno, debe pivotar sobre tres ejes:

1. Defensa de la Sanidad, la Educación, las Pensiones y la Dependencia, como señas de identidad: Convertir cada lista de espera y cada falta de especialistas en una razón de voto. No es gestión, es ideología.

2. Unidad de Acción: Superar el ruido de las siglas. Aunque en las mesas haya tres papeletas (PSOE, Por Andalucía y Adelante), el objetivo debe ser común: sumar para gobernar.

3. Vencer al fatalismo: Las encuestas no votan. El día 17 de mayo es la oportunidad de demostrar que Andalucía no se resigna a ser un monocultivo de la derecha.

La campaña que comienza el 30 de abril será el termómetro definitivo. La izquierda andaluza tiene poco tiempo para convencer a los suyos de que la esperanza es más movilizadora que el miedo. Andalucía necesita un gobierno progresista que piense en los jóvenes; es la hora de que el bloque progresista demuestre que todavía sabe hablarlos al oído y ganar su confianza.

El 17 de mayo, Andalucía decide si quiere seguir siendo una foto fija o volver a ser el motor de cambio de este país.

Como dice nuestro himno: “Andaluces, levantaos.”

Pilar Fernández Rufo

Nani Bernal Martelo

Militantes socialistas de Sevilla.

«¡No vamos a ir a la guerra!» Un llamamiento de más de 500 jóvenes

Estudiantes contra la Guerra

«Mientras la guerra en Ucrania se prolonga desde hace más de cuatro años, con su cortejo de millones de muertos y heridos; mientras se desarrollan guerras sangrientas en África; mientras el genocidio continúa en Palestina desde hace casi tres años; mientras Estados Unidos e Israel bombardean sin tregua Irán y el Líbano, mientras las tropas francesas están desplegadas en Oriente Medio, Macron acaba de anunciar 8.500 millones adicionales para financiar armamento a costa de los presupuestos de educación, salud, servicios públicos y, en particular, de la juventud.

Macron quiere la guerra, nosotros, los jóvenes, le respondemos: ¡no vamos a ir! Tras haber instaurado un servicio militar nacional; tras haber multiplicado las clases de defensa por todo el territorio; tras haber multiplicado las ofertas de empleo en el Ejército para los jóvenes en situación precaria. El 18 de marzo, Macron, durante su discurso de presentación del nuevo portaaviones, declaró que se apoyaría en las formaciones de los institutos profesionales y generales, las universidades, las escuelas de ingeniería, así como en los sectores de la investigación y la industria, con el fin de movilizar a toda la juventud, desde la secundaria hasta el doctorado, para su proyecto belicista. Desde que está en el poder, Macron no ha dejado de destruir nuestras condiciones de vida y de estudio.

Nosotros, estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes trabajadores, respondemos: ¡No al servicio militar! ¡Macron, no queremos tu guerra!

AHORA QUIERE ENVIARNOS A LA GUERRA. ¡NO VAMOS A IR!

República significa revolución y clase obrera

En España la monarquía y sus garantes, la oligarquía terrateniente, la Iglesia católica y el Ejército, siempre se han colocado enfrente de su pueblo, pero especialmente desde principios del siglo XIX. En los últimos dos siglos en contadas ocasiones hemos podido expresar nuestros deseos con respecto al tipo de Estado como queremos la mayoría trabajadora, y siempre nos hemos inclinado a favor de la república. Sin embargo, no es mi intención hacer un relato histórico para reivindicarla.

La república es una necesidad material más que un deseo nostálgico. Prácticamente todos los partidos de izquierda, parte de los nacionalistas, y gran parte de la ciudadanía se declaran fervientemente republicanos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es posible que, tras años de gobiernos de izquierda, tras años de un gobierno de coalición que se dice progresista y que integra en sus filas varios partidos de esos que se declaran fervientemente republicanos, cómo es posible que no se vislumbre en un horizonte lejano siquiera la posibilidad de que arribe la república? La respuesta parece fácil, todos se encuentran a gusto con el marco jurídico existente, y su vehículo necesario, la Monarquía.

El dictador dijo aquello de “todo queda atado y bien atado” en su discurso de navidad del año 1969, refiriéndose a la designación de Juan Carlos de Borbón como futuro rey de España. Pretendía la continuidad del régimen franquista y para ello nada mejor que una monarquía a la cabeza del aparato estatal y, por si algún nudo se desataba, como jefe de los tres ejércitos. Este episodio recuerda otro mucho más reciente y de plena actualidad. José María Aznar, líder espiritual de la derecha, hizo una llamada en noviembre de 2023, tras la formación del Gobierno de Sánchez: “el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte”. Curioso paralelismo, pues las instituciones existentes en el momento de la muerte del dictador y la consiguiente proclamación de Juan Carlos, a día de hoy son las principales encargadas de hacer lo que se pueda y aportar lo necesario.

Para qué hablar de las prevaricadoras sentencias de los jueces, condenando sin pruebas o llevando a cabo investigaciones prospectivas, o declaraciones de los dirigentes de la Conferencia Episcopal para que Sánchez convoque elecciones, o manifestaciones de jueces con su toga a la puerta de los juzgados para frenar decisiones políticas del Gobierno, o montajes policiales y tramas mafiosas para encausar a nacionalistas y partidos de izquierda, para reprimir a trabajadoras y trabajadores cuando ejercitan derechos sindicales, para acosar inmigrantes o jóvenes por su aspecto, o medios de comunicación regados con dinero público sin otro cometido que acosar al Gobierno de Sánchez, y así podría repetir hasta la saciedad lo que todos vemos y sabemos.

Al igual que la monarquía borbónica, el franquismo era corrupto por naturaleza; no solo había represión, el abuso y la impunidad estaban en la raíz del régimen. En 2014 Juan Carlos se vio obligado a abdicar al descubrirse que había amasado una enorme fortuna a base de negocios turbios y corruptelas y, como su abuelo, puso tierra de por medio para eludir, no la acción de la justicia que le es propia y ya lo ha exonerado, sino la indignación popular y la posibilidad de que se levantara un movimiento en contra de la monarquía; además de eludir el pago de impuestos correspondiente. Recientemente ha escrito un libro de memorias cargando contra Sánchez, en la línea de “el que pueda hacer que haga”.

Su hijo intenta dar continuidad a la cosa y a la Casa, apoyado en la limpieza de cara que le aporta el poder mediático, tan entregado y baboso como se comportó con su padre. Sin embargo, se le vio la patita cuando envió a jueces y policías para reprimir a los catalanes en el discurso de octubre de 2017; el que podía hacer, hizo. Por otro lado, estamos asistiendo a la formación “profesional” de Leonor de Borbón, heredera al trono, que se pasea por tierra, mar y aire, preparándose para ser la capitana general de los ejércitos. Nos han colocado una sucesora sin ninguna consulta, como es propio de la monarquía.

Desde la izquierda se hacen referencias permanentes a la 3.ª República, sin embargo, en la práctica nadie da pasos concretos ni en su programa, ni en sus propuestas. Podríamos hacer ciencia ficción y preguntarnos qué habría pasado si los dirigentes de Unidas Podemos, tras las elecciones de 2016 en las que obtuvieron 71 escaños, hubieran subido al estrado del Congreso y se hubieran mostrado decididos a cambiar de modelo de Estado, a organizar la lucha por la República, dando la espalda al régimen de la Monarquía y las instituciones que arrastra.

De vez en cuando la prensa recoge alguna encuesta que pone de manifiesto el elevado tanto por ciento que quiere la República, incluso se habla de sondeos tras la muerte del dictador que inclinaban las preferencias de la ciudadanía a la República. Nunca se ha preguntado a la población qué prefiere. Nunca se ha dado la oportunidad de transmitir la ilusión necesaria a la población, ni organizar la exigencia de un cambio de régimen. Por el contrario, los partidos de izquierda, cuando han tenido la oportunidad, se han lanzado a gobernar con los mimbres heredados del franquismo, se han esmerado en demostrar que son buenos gestores de la herencia del dictador. La Constitución se nos presentó como un paquete cerrado, producto de un pacto por arriba con los franquistas, que implicaba al PSOE, al PCE y a los partidos nacionalistas, sin ninguna posibilidad de enmienda, y del que hoy, –de aquellos polvos estos lodos–, recoge instituciones permeables al “el que pueda hacer que haga”.

Construir una república del pueblo y para el pueblo exige unas reivindicaciones claras salvaguardadas con garantías de que no van a ser arrasadas a las primeras de cambio. Hoy la lucha por la República significa “ruptura” apoyada en la mayoría social, que liquide el aparato judicial borbónico, que echa sus raíces, más allá del franquismo, en el siglo XIX. Una república que garantice la paz por encima de todo, negando apoyos a cualquier guerra, a la venta o compra de armas; que aparte a la Iglesia de la enseñanza pública, construyendo un Estado verdaderamente aconfesional; que garantice la sanidad universal para todos; que organice la industria, la agricultura y la ganadería basándose en las necesidades de la mayoría, no del beneficio; una república federal que escucha y defiende a los pueblos, no los enfrenta, que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos. La unidad de España defendida por la Monarquía es una unidad contra los pueblos que lejos de escucharles los somete a un nacionalismo español rancio, y excluyente.

Para convencer primero hay que ilusionar, explicar con paciencia, negarse a reconocer que hay reivindicaciones que no se pueden cumplir porque lo mande Bruselas, Trump o la geopolítica. En resumen, una República del pueblo para romper con la Monarquía corrupta y sus instituciones.

Enrique Dargallo

Editorial: Resistencia Vs Barbarie

En el momento de barbarie que vivimos, hay muchas personas que se movilizan y resisten, que no aceptan lo que es intolerable para la inmensa mayoría.

En el Eurobarómetro1 de otoño, publicado el 4 de febrero, el 72% de los encuestados expresó gran preocupación por las guerras activas cerca de las fronteras de la UE y el 69% dijo estar preocupado por la desinformación. En un sentido parecido, en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)2 de marzo, el 81,2% de los ciudadanos expresa miedo a que se desenlace una guerra mundial y el 78,9% considera posible la utilización de armas nucleares en los conflictos abiertos.

Las encuestas están bien, pero, como todo, depende para qué y cómo se utilicen: pueden servir como herramientas para medir las preocupaciones de la ciudadanía o para airearlas a modo de ventilador del miedo con el fin de justificar decisiones que profundizan en el problema. Nos quedamos con la primera opción y esperamos que los datos sirvan para tomar conciencia de hacia dónde nos llevan las decisiones e indecisiones de los dirigentes de las instituciones y gobiernos.

Lo positivo es que miles de personas con conciencia de clase: sindicalistas, cargos electos, militantes políticos, ciudadanas y ciudadanos, provenientes de, al menos, 24 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Noruega, Palestina, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, se van a dar cita el 20 de junio en Londres para celebrar un multitudinario Mitin Internacional, en el Central Hall Westminster, para manifestar su rechazo a la Guerra, a todas las guerras, y a los genocidios como el llevado a cabo en Gaza, y cómo organizase para sentar las bases que hagan posible que esa mayoría social preocupada y que rechaza los conflictos armados pueda hacer frente a esta situación insoportable.

En un anexo a la editorial que publicamos en el nº 173 de enero, publicamos un sumario de los 83 documentos que Tribuna Socialista ha publicado desde que estalló la guerra en Ucrania. En la presente editorial nos reafirmamos en que los Estados Unidos de América (EE.UU.) es el agente provocador que ejerce de común denominador en todos los conflictos, sin quitarle un ápice de responsabilidad a los Putin y Netanyahu por sus crímenes.

Cuando el 6 de abril el vicepresidente de los EE.UU. llegó a Budapest para injerir en las elecciones húngaras, en favor de Viktor Orban, a muchos nos recordó la intervención en Kiev del senador estadounidense John McCain en diciembre de 2013 insuflando la cizaña entre el pueblo ucraniano. Han pasado 13 años y aquella intromisión tuvo la reacción de Putin anexionándose la Península de Crimea, una guerra civil en Ucrania (2014 a 2022), con más de 14.000 muertos, según cifras oficiales, y una guerra abierta desde febrero de 2022 hasta hoy, que se ha cobrado cientos de miles de muertos y heridos y millones de exiliados y desplazados, tanto rusos como ucranianos.

EE.UU., consiguió arrebatarle a Rusia el negocio del suministro de Gas Licuado (GNL) y petróleo a Europa, un mercado que supera los 40.000 millones de euros anuales. En este contexto, cabe recordar el sabotaje a los gaseoductos Nord Steam 1 y 2, en septiembre de 2022. Los hechos, las motivaciones y la perspectiva del tiempo apuntan a que los autores fueron, directamente o por encargo, los EE.UU., siendo todavía Biden presidente. Trump dice desentenderse de este conflicto y pretende “compensar” a Putin forzando a Zelenski a que ceda el 20% de su territorio (El Dombás), y de paso, los USA, le impusieron a Ucrania un acuerdo3, hace justo un año, por el que la Administración Trump tiene preferencia en la explotación de minerales críticos ucranianos ¿Alguien aun duda de quién y por qué fomentó esta guerra?

Estados Unidos utilizó a la OTAN y embarcó a los países europeos, con la inestimable colaboración del señor Rutte, secretario general de la OTAN y la Comisión Europea, con la señora Von der Leyen desde diciembre de 2019 y su predecesor, el Sr. Jean-Claude Juncker (2014-2019).

En estos años de guerra, la Unión Europea ha desembolsado4 194.900 millones de euros en distintas partidas para la guerra, de los que nuestro país ha aportado el 9%:

  • 104.500 millones de euros en ayuda financiera, económica y humanitaria;
  • 69.700 millones de euros en ayuda militar;
  • 17.000 millones de euros en ayuda a refugiados en la UE;
  • 3.700 millones de euros en ingresos procedentes de activos rusos retenidos.

A esto habrá que sumar los 90.000 millones de euros con los que la UE aprobó financiar a Ucrania para los ejercicios 2026 y 20275, cuyo pago está condicionado a que, algún día, Rusia pague a Ucrania reparaciones de guerra ¿De verdad hay que asumir que todo esto, vidas humanas y empobrecimiento económico, era necesario para “diversificar la dependencia energética de Europa”? ¿Acaso no somos hoy más dependientes que nunca de los USA?

Al mismo tiempo que Europa alimenta la maquinaria de guerra, nos consta que el pueblo de Ucrania la rechaza, donde cerca de dos millones de jóvenes se esconden de los reclutadores, ya hay más de 200.000 desertores. Se multiplican las acciones de resistencia de los reclutas y las agresiones a los reclutadores que intentan capturar por la fuerza carne de cañón para el frente. También en Rusia hay miles de jóvenes que huyen para no ser llevados al frente a la fuerza. Declaramos nuestra solidaridad con los jóvenes de Ucrania y Rusia, cuyos desertores son los verdaderos héroes de esta guerra».

Tiene motivos justificados el 69% de las europeas y europeos en preocuparse por la desinformación.

De manera más nítida, los Estados Unidos de América vienen apoyando descaradamente al Estado sionista de Israel en su avance colonizador. Con la excusa de los ataques recibidos por Israel el 7 de octubre de 2023, Netanyahu ha destruido Gaza, ha asesinado a más de 70.000 gazatíes; a los que habrá que sumar los miles y miles de desaparecidos bajo las bombas y los escombros, los desplazados, los encarcelados, etc., a los que hay que añadir los asesinados y desplazados en Cisjordania, por la acción criminal de los colonos, con la colaboración del ejército israelí. Un genocidio por encima de la imposición del acuerdo para el alto el fuego en Gaza firmado en septiembre de 20256

El furor colonial del sionismo israelita, mediante la ocupación violenta del territorio, no ha parado en los últimos 78 años. Ahora Israel pretende usurpar a Líbano un trozo de su territorio, a nombre de la lucha contra Hezbolá. Trump se ha metido a guardarles las espaldas atacando a Irán. El caso es que, desde el 28 de febrero el mundo ve como otra guerra, que ha matado ya a más de 5.000 personas y herido a decenas de miles, en Líbano e Irán -desconocemos la realidad de los muertos entre la ciudadanía israelí y su ejército, así como entre los militares estadounidenses, pues declaran no superar la treintena entre ambas administraciones-.

La desinformación nos ha hablado de distintas versiones para esta agresión injustificable: capacidad militar atómica de Irán, a pesar de que la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) haya manifestado por activa y por pasiva que no le consta que Irán tenga un programa para la obtención de la bomba atómica. Y si esto no cuela, pues es para defender a las mujeres iraníes o los derechos humanos o que el pueblo iraní pide ser bombardeado para acabar con el indeseable régimen de los ayatolás. Ante las dudas, Trump ha valorado acabar con esta civilización al completo. En fin, es difícil ser más cretino y criminal.

En su locura, estos sátrapas han generado una crisis mundial que tendrá repercusiones durante meses y años con una nueva ola de hambre y empobrecimiento.

Bienvenido sea el alto el fuego. Es muy probable que Trump se haya visto obligado a buscar esa vía por las consecuencias del lío en el que ha metido a su país y al resto del mundo, por mucho que diga sandeces inverosímiles para imponer su relato fake de que ha ganado la guerra. Otra cosa distinta es la agresión de Israel a Líbano; el sionismo nos tiene acostumbrados a la quiebra del alto el fuego y al incumplimiento de los acuerdos, bien lo sabe Palestina.

Volvemos a reconocer positivamente que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, comenzó plantando cara a Trump en la cumbre de la OTAN de junio del año pasado y ha encabezado la restricción del espacio aéreo y que las bases militares de la OTAN sean utilizadas para atacar a Irán.

Lo coherente, por parte de la Comisión Europea, es la ruptura total del Acuerdo de Asociación UE-Israel, vigente desde el año 2000, tal como han propuesto los gobiernos de España, Eslovenia e Irlanda. El resto de países de la UE se han achantado ante la posición de Alemania e Italia y de las dos lideresas de la Comisión Europea: Úrsula Von der Leyen y Kaja Kallas. Resulta vergonzoso que a estas alturas no se haya roto ya toda relación europea con Israel. Nunca olvidaremos a las y los cómplices de estos crímenes.

El régimen teocrático de Teherán es, sin lugar a dudas, detestable y criminal, pero por estos mismos motivos habría que atacar Arabia Saudí o al propio Israel. Incluso los regímenes más detestables tienen su derecho a la soberanía. Un Estado es también un pueblo, mucho más importante que su gobierno y sus instituciones.

Del mismo modo que en la guerra en Ucrania el verdadero motivo tras el conflicto es el mercado del suministro de energía a Europa, en este caso está el control de los yacimientos de petróleo iraní y su extracción, así como el control del Estrecho de Ormuz, tal como explicaba ASTRADE en su declaración del 5 de marzo7

Ante la Guerra y la Barbarie no cabe el silencio ni las medias tintas. Los pueblos tienen que organizarse, resistir, y combatir a los que apoyan y fomentan las guerras en todos los frentes; también en el electoral, desde el ayuntamiento más pequeño hasta las elecciones al Parlamento europeo. Mientras tanto, la movilización y la actividad constante contra la guerra son el mejor y más claro mensaje a nuestros Gobiernos.

El Comité de Redacción

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), editora de esta revista política, estamos insertos en este movimiento de resistencia contra la Guerra, por lo que todo aquel o aquella que desee adherirse, como mínimo en apoyo a la celebración del Mitin Internacional, puede solicitar más información en astrayde@gmail.com.

  1. https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/04/eurobarometro-las-guerras-y-la-desinformacion-son-las-principales-preocupaciones-de-los-eu
  1. https://www.cis.es/documents/20117/13805127/es3546mar.pdf/4ab3563a-8c59-c380-d5b5-8276f1d53bee?version=1.0&t=1774617041263
  1. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2564257/ucrania_2025_dieeea37.pdf/2f9c0b13-3e04-588d-99d9-8582d2d7d42b?t=1748253307776
  1. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-solidarity-ukraine/#total
  1. https://www.rtve.es/noticias/20251219/ue-acuerda-financiar-a-ucrania-con-prestamo-90000-millones-euros-financiado-a-traves-deuda-conjunta-europea/16865760.shtml
  1. https://www.nytimes.com/es/2025/09/29/espanol/mundo/gaza-israel-cese-fuego-plan-texto.html
  1. https://tribunasocialista.com/2026/03/05/declaracion-de-astrade-nos-llevan-al-desastre-nos-llevan-a-la-iii-guerra-mundial/

Editorial: 1º de mayo 2026: Día Internacional de las y los Trabajadores

El manifiesto de los sindicatos de clase mayoritarios tiene por lema este año “Derechos, no trincheras”. Muy acertado, en un momento en el que los servicios públicos son codiciados por el mercado privado, en el que los salarios y pensiones pierden poder adquisitivo por efecto de la especulación apoyada en la guerra y en el que cientos de miles de hijos de la clase trabajadora mueren en frentes de guerra o están amenazados de ser reclutados forzosamente.

Hoy más que nunca el internacionalismo tiene que volver a ser una seña de identidad. Defensa de los derechos laborales y los servicios públicos es defender la democracia para la mayoría de la sociedad en todos los países sin excepción.

Están en juego las condiciones de vida y trabajo de millones de asalariadas y asalariados, así como la de millones de trabajadoras y trabajadores autónomos. La clase trabajadora mundial tiene que organizarse y unirse. El individualismo ha infectado y atomizado al movimiento obrero y es responsabilidad de quienes dirigen las grandes organizaciones sindicales y políticas revertir esa tendencia.

Defender los derechos y la democracia es tomar posición contra la guerra y quienes la justifican e incluso la apoyan, como es el caso de los partidos como PP y VOX; también de quienes no quieren hacer más allá de grandilocuentes declaraciones, como acaba de ocurrir en la Unión Europea ante la propuesta de España, Eslovenia e Irlanda de romper el Acuerdo de Asociación de la UE con el Estado genocida de Israel.

En el día internacional del trabajo de 2026, tenemos que poner en primera línea a las trabajadoras y trabajadores palestinos, a los que, tras haber destruido sus viviendas, sus escuelas y hospitales y asesinado a más de 70.000 de entre sus familiares, compañeros y vecinos, se les prohíbe acceder a sus puestos de trabajo en los territorios colonizados por Israel. Así como a las decenas de miles de trabajadores libaneses, a quienes el ejército sionista ha destruido sus hogares y sus formas básicas de vida.

Las víctimas de los crímenes de guerra cometidos por Israel y los Estados Unidos de América, en Gaza, en Cisjordania, en Irán y en Líbano, son principalmente la clase trabajadora de esas naciones: periodistas, médicos, enfermeras, conductores de ambulancias, obreros de la construcción, profesorado, etc.

En este 1.º de mayo también tenemos obligatoriamente que solidarizarnos con la clase trabajadora norteamericana, víctima en primera persona de los ataques del fascismo MAGA, apoyado por el gran capital financiero y empresarial de ese país. La agresión obsesiva de Trump contra las y los asalariados que habitan en los EE.UU., sean norteamericanos, latinos o afroamericanos, no es cuestión de raza, como se ha visto en Minneapolis, es cuestión de clase social.

El fascismo sea más o menos taimado, también persigue a la clase trabajadoras cuando niega la regularización de inmigrantes en nuestro país; no es que no quieran regularizarlos, es que quieren esclavas y esclavos sin derechos a los que sobreexplotar y utilizarlos como herramienta de presión para disminuir los salarios y precarizar las condiciones laborales de los trabajadores con derechos en España. Boicotear la regularización, como están haciendo el PP y VOX allá donde gobiernan, es negar que aflore una importante porción de mercado sumergido que ni cotiza ni tributa, por lo que es lo mismo que avalar el fraude laboral y fiscal y es ir contra la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, otro pilar del estado de bienestar en el punto de mira de la privatización y la destrucción de lo público, junto a la sanidad, la educación y la dependencia.

Son muchas las reivindicaciones pendientes de convertir en derechos, que no son otra cosa que necesidades de la mayoría de la sociedad, como el acceso a la vivienda para que nuestras hijas e hijos puedan emanciparse y construir su proyecto de vida digno. La defensa de servicios públicos de calidad como la sanidad y la educación, esos servicios a los que la minoría social, enriquecida a costa de la explotación de quienes vivimos de un sueldo o acosta de la especulación financiera, no les hacen falta porque pueden permitirse una póliza de salud privada y llevar a sus hijos a centros educativos y universidades privadas.

Reivindicaciones en el plano laboral, como la recuperación del poder de compra de los salarios, terminar con la lacra de los accidentes laborales -UGT denuncia 106 muertes en accidente laboral desde el 1 de enero del presente año. En 2025 murieron en nuestro país 735 trabajadoras y trabajadores en accidente laboral-.

Es preciso revertir todas las medidas lesivas que aun perviven en la legislación laboral procedentes de las reformas de 2010 y 2012, en materia de despidos, de temporalidad y de excesiva “flexibilidad”, siempre en favor del empresariado.

No hay otro método que la movilización, como lo están demostrando con su lucha las trabajadoras de Escuelas Infantiles (niñas y niños de 0 a 3 años), cuyo trabajo fundamental es remunerado con el SMI y condiciones de trabajo precarias.

Llamamos a participar en las manifestaciones del 1º de Mayo

No a la guerra, salarios dignos, vivienda y servicios públicos

Viva el día internacional de los trabajadores.

El Comité de Redacción

14 DE ABRIL, DÍA DE LA REPÚBLICAMEMORIA Y COMPROMISO DEMOCRÁTICO

La II República española fue proclamada el 14 de abril de 1931. Las elecciones municipales celebradas dos días antes, el 12 de abril, otorgaron a las candidaturas republicanas y socialistas una victoria decisiva, al imponerse en las grandes ciudades y capitales de provincia. Ante ese resultado, y tras constatar que ni el Ejército ni la Guardia Civil reprimirían las manifestaciones populares, el rey Alfonso XIII decidió abandonar el país.

La República impulsó un ambicioso proyecto de transformación profunda del sistema político, social, económico y cultural del Estado. Se abrió así un proceso —respaldado por una amplia mayoría social— orientado a construir un futuro de libertad, igualdad, democracia y justicia social. Sin embargo, no se le permitió el tiempo necesario para su plena implantación y desarrollo.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936, encabezado por un grupo de generales de ideología nacionalista y anticomunista, con el apoyo de sectores monárquicos, fascistas, carlistas y conservadores, desencadenó la Guerra de España, que se prolongó hasta 1939. Los sublevados contaron con la decisiva ayuda política, militar y financiera de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini.

El 1 de abril de 1939, tras la derrota militar de la II República, se instauró una dictadura que se prolongó hasta la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975. El exilio, la represión y la muerte marcaron este largo y oscuro periodo de nuestra historia, que no debe caer en el olvido.

Hoy, desde Izquierda Socialista Federal-PSOE, recordamos con emoción a todas las personas y fuerzas democráticas, republicanas, socialistas y antifascistas que lucharon —y, en muchos casos, dieron su vida— por la libertad, la democracia, la igualdad y el progreso. Reivindicamos la necesidad de honrar su memoria, recuperar los miles de cuerpos que aún permanecen en fosas comunes y ofrecer verdad, justicia y reparación a sus familias.

Saludamos la reciente constitución de la Comisión de la Verdad que, aunque con retraso, deberá esclarecer los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Confiamos en que se garantice el acceso pleno a todos los archivos y documentos oficiales —incluidos los clasificados—, para asegurar una investigación rigurosa y sin restricciones. Rechazamos, asimismo, los intentos de blanqueamiento de ese pasado por parte de las derechas autoritarias y neofascistas.

En este 14 de abril de 2026 miramos hacia atrás para orientar el futuro. Vivimos un momento en el que, a escala mundial y europea, se pretende imponer la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón; en el que las libertades son cuestionadas por fuerzas autoritarias y neofascistas que recortan derechos civiles, democráticos y humanos; y en el que se agravan las desigualdades sociales y económicas.

Desde Izquierda Socialista-PSOE defendemos la recuperación del espíritu de unidad, ilusión y esperanza que encarnó la II República en su lucha por la justicia social, la igualdad, la libertad y la democracia. Afirmamos que la forma de gobierno republicana es la más coherente con los principios democráticos. Por ello, planteamos la necesidad de abrir un amplio debate en la sociedad y reclamamos la celebración de un referéndum que permita a la ciudadanía decidir libremente entre monarquía y república.

¡NO A LA GUERRA!
¡¡A POR LA III REPÚBLICA!!

Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista – PSOE
14 de abril de 2026

Recordando las más de 7291 muertes en 2020

La angustia de las familias empezó un 9 de marzo de 2020 con el cierre de puertas en las residencias, 6 años después aún no se ha terminado porque no hemos obtenido justicia.

El 11 de marzo se creó el mando único de hospitales públicos y privados. A esa reunión asisten Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros: el de Sanidad y Hacienda.

Antonio Burgueño, asesor Sanitario de la Comunidad de Madrid, se reúne con Ayuso, Lasquetti y Ruiz Escudero para medicalizar las residencias, lo que nunca se hizo. Ayuso ha mentido a toda la población a este respecto, en varios comunicados.

El 18 de marzo de 2020 se firmó el primero de los 4 protocolos de discriminación sanitaria a usuarios de residencias en situación de dependencia; emitidos por parte de la Comunidad de Madrid. Esos protocolos les condenaron a miles de residentes una muerte segura y cruel.

Los protocolos fueron redactados por Peromingo y 22 Geriatras de enlace creados por Ruiz Escudero. Mur los coordina, revisa, firma y los remite a Ana Dávila.

Una decisión política que no tenía sentido, puesto que había medios materiales y humanos para poder atender a esas personas vulnerables.

Quiero recordar esos medios, más de 1500 sanitarios que se podían haber enviado a las residencias y así medicalizar, el IFEMA -al que solo se derivaron a 23 residentes leves-, hospitales privados que solo fueron derivados si tenías seguro médico privado y a los hoteles medicalizados. Ninguno de estos recursos se utilizaron mientras nuestros familiares morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos…miles de historias a cual más cruel y dolorosa para las familias.

Cuando llegaron a las residencias la UME, Bomberos y Policía Municipal, el panorama que allí se encontraron fue dantesco.

En las declaraciones que se hicieron en la Comisión Ciudadana, José Antonio Martín Pallín, Presidente de esa Comisión, en una entrevista, dijo que en los años que había asistido a Juicios nunca se encontró con tanto dolor.

Las familias interpusieron más de 700 querellas, algunas se han archivado, otras siguen a la espera de juicio y otras están en el Tribunal Constitucional con un Recurso de Amparo. Ha declarado Carlos Mur, el firmante de esos protocolos que avisó que podían ser ilegales, lo mismo que hizo Alberto Reyero. También ha declarado Francisco Javier Martínez Peromingo y en la actualidad se está a la espera de que declare Pablo Busca, Gerente del SUMMA 112 en Madrid.

Las familias no pedimos nada raro, solo JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN.

Hay muchas parejas de esos fallecidos que por edad han ido quedando en el camino y las que sobreviven no tienen esperanza de ver que se haya hecho JUSTICIA.

Es una pena que en pleno siglo XXI se esté dilatando en el tiempo la investigación del mayor HOMICIDIO de la Democracia, todo el mundo se quedó con la cifra de 7291, pero fueron más, incluidos los fallecidos en domicilio que eran dependientes, los cuales se les aplicaron los mismos protocolos discriminatorios.

En cada una de esas cifras hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto y el dolor, la rabia y la impotencia crece día a día ante el abandono de las instituciones. Nadie se ha preocupado de las familias ni de los daños colaterales que tanto dolor ha provocado.

Mercedes Huertas Aguilera

Hija de una víctima.

Pensiones Públicas: El gran pacto entre generaciones

Ultima reunión el Pacto de Toledo, 26 de Junio de 2025

Cada vez que se habla del futuro de las pensiones reaparece la misma pregunta: ¿será sostenible el sistema? Sin embargo, más allá de las cifras o de las previsiones demográficas, las pensiones públicas representan algo más profundo: uno de los grandes contratos sociales de nuestra democracia y el pacto entre generaciones que sostiene el Estado del bienestar. El sistema español se basa en un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya han concluido su vida laboral. Este mecanismo expresa el principio de solidaridad intergeneracional. Frente a este modelo, algunos proponen sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador ahorra para su propia jubilación. La experiencia internacional muestra que estos sistemas trasladan más riesgos a los ciudadanos y dependen de los mercados financieros, mientras que los sistemas públicos de reparto son más seguros, ofrecen mayor estabilidad en las prestaciones y refuerzan la cohesión social.

La solidaridad intergeneracional constituye uno de los pilares del Estado del bienestar europeo. En España cuenta además con una base jurídica clara: la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social que asegure prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Para preservar esa estabilidad nació en 1995 uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra historia reciente: el Pacto de Toledo. Tres décadas después sigue siendo el marco que ha permitido preservar el sistema público de pensiones mediante reformas graduales y consensos políticos y sociales. La principal fortaleza del sistema español ha sido precisamente ese método basado en el acuerdo institucional y el diálogo social, que ha adaptado progresivamente el sistema a los cambios económicos y demográficos sin poner en riesgo su estabilidad ni su legitimidad social.

Desde mediados de los años noventa se han sucedido diversas reformas de las pensiones. Durante el periodo de crecimiento económico entre 1995 y 2007 se adoptaron decisiones estructurales relevantes, como la separación de fuentes de financiación, que permitió que las cotizaciones sociales financiaran las prestaciones contributivas mientras el Estado asumía otros gastos del sistema. También se reforzó el carácter contributivo de las pensiones y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó cerca de 67.000 millones de euros. En plena crisis financiera se acordó la reforma de 2011, que aprobó la elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y medidas para las jubilaciones anticipadas y parciales, así como incentivos para prolongar la vida laboral. En 2013 se adoptó una nueva reforma sin acuerdo que introdujo el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % y un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, lo que generó un amplio rechazo social ante la perspectiva de pérdida de poder adquisitivo y la descapitalización del Fondo de Reserva.

Las reformas pactadas entre 2021 y 2025 han tratado de recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre ellas destacan la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, las medidas para reducir la brecha de género, el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la transferencia al Estado de determinados gastos impropios y el incremento de las cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aún siguen pendientes algunas medidas relevantes para completar este proceso de reforma, entre ellas la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.

La sostenibilidad del sistema depende en gran medida de la evolución del empleo. En los últimos años se han producido avances significativos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, mientras que la tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013. La reforma laboral de 2021 ha aumentado notablemente la contratación indefinida y ha reducido significativamente la temporalidad, que ha pasado de alrededor del 30 % a cerca del 15 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. A ello se suma la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en torno al 60 % del salario medio. La productividad también ha crecido en torno al 1,4 % anual desde la pandemia, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) ha avanzado por encima del promedio de la zona euro, reforzando la base económica del sistema de protección social.

El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas dentro del propio sistema. Depende también de las políticas económicas y sociales que determinan las oportunidades de las nuevas generaciones. Es necesario reforzar las condiciones que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida estables: empleo de calidad, salarios dignos, vivienda asequible, educación pública robusta y formación adaptada a los cambios tecnológicos. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble es imprescindible que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y desarrollar trayectorias profesionales estables que les permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida laboral.

Europa atraviesa un rápido envejecimiento demográfico. España combina una de las mayores esperanzas de vida con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. El sistema público supera hoy los 10,4 millones de pensiones y más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que podría acercarse a los 15 millones en 2050. En 2024 la ratio de cotizantes por pensionista alcanzó 2,44, el mejor dato en una década. Al mismo tiempo, la digitalización, la inteligencia artificial y la descarbonización están transformando el mercado laboral. Esto exige políticas de transición justa que eviten el aumento del desempleo y la precariedad. En este contexto, la inmigración puede contribuir a sostener la población activa y reforzar la base de cotizantes del sistema de pensiones.

A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto actual se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Las previsiones del Gobierno y de las instituciones europeas sitúan este gasto alrededor del 15 % del PIB hacia 2050, considerando sostenible el actual esquema de ingresos y gastos. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que, en las condiciones actuales, no son necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque estima que el gasto podría situarse en torno al 16 % del PIB en 2050. El organismo está preparando actualmente una nueva evaluación del sistema.

Treinta años después de su creación, el Pacto de Toledo sigue siendo una referencia esencial de la política social española. La renovación de sus recomendaciones, prevista para este año, constituye una oportunidad para actualizar los consensos que han permitido preservar la estabilidad del sistema durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, debería asumirse un objetivo político más ambicioso: reforzar el blindaje constitucional del sistema público de pensiones mediante el reconocimiento del carácter público del sistema y de la suficiencia y actualización de las pensiones como derechos fundamentales. Garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles significa proteger la dignidad de quienes han trabajado toda una vida y asegurar que las nuevas generaciones puedan confiar también en ese mismo contrato social.

Toni Ferrer Sais

Ex secretario de Acción Sindical de UGT

Ex presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado

Un Sistema Público de Pensiones válido hoy y en 2050

En los últimos meses venimos asistiendo a un constante ataque desde distintos medios de comunicación, y de todo tipo, poniendo en cuestión el actual Sistema Público de Pensiones, esto no sería ninguna novedad, ya que desde que accedí al mundo laboral hace ya 50 años ya sucedía, pero ahora ante el fracaso de todas las estrategias anteriores se trata de enfrentar a las nuevas generaciones de trabajadores jóvenes con los actuales pensionistas.

Parten los críticos de las pensiones públicas de la falsa premisa de que el sistema actual no es sostenible diciendo que para garantizar las prestaciones se tienen que destinar recursos públicos que sería necesario destinar a otros objetivos. Que el sistema Público actual no ingresa lo que gasta y, por tanto, su perspectiva si no acude el Estado en su rescate es la quiebra del Sistema.

Para poner en cuestión al Sistema se suele utilizar el argumento de que los pensionistas actuales cobran unas pensiones muy superiores a la media del salario actual de los trabajadores, y en particular de los jóvenes. Este postulado es radicalmente falso. El salario medio reconocido en el último informe del Ministerio de Trabajo es de 2.531 € mensuales, y la pensión media está situada en 1.320 € mensuales.

La realidad del contenido del Sistema Público de Pensiones nos lleva a comprobar que, en la actualidad, de los 10,5 millones de pensionista, sólo 6,5 millones pertenecen a jubilación, el resto son de viudedad (2,4 millones), orfandad (350 mil); invalidez (1,1 millones); y en favor de familiares (46 mil). Pues bien, de los 6,5 millones de pensiones de jubilación 2,5 millones no alcanzan los 1.000 € de pensión, y otros 1,5 millones no llegan a los 1.500 €; solo 1,2 millones tiene una pensión superior a los 2.500 €. Y todo a lo anterior hay que poner el detalle de que son cantidades brutas, es decir que un pensionista que percibe una pensión de 3.000 € se le aplica una retención de un 23/24%.

La segunda consideración sobre el actual Sistema Público de Pensiones viene dada por su naturaleza: un sistema de reparto que consiste en la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores de hoy con sus cotizaciones y las de los empresarios, pagan las pensiones de hoy; al igual que los pensionistas de hoy, cuando estábamos en activo, pagamos las jubilaciones de nuestros antepasados. Y este sistema solidario es el actual objeto de ataque y destrucción por parte de los “grandes intereses económicos del país”, bancos, aseguradoras, fondo de inversión, etc. Y, por supuesto de los empresarios.

El argumento que se han buscado es que los pensionistas viven muy bien a costa de las cotizaciones que realizan los jóvenes de hoy en día, y que esta situación dificulta que los actuales trabajadores tengan un nivel de vida adecuado. Entre estas carencias ponen el problema de la vivienda. En definitiva, como a lo largo de muchos años de crítica no han conseguido destruir el sistema, y que la mayoría de los trabajadores suscribieran planes de pensiones privados; la última estrategia es enfrentar a los jóvenes con sus mayores.

Tal como he señalado anteriormente, no es cierto que los pensionistas cobren esas cuantías que se exhiben por parte de la derecha mediática (sólo un porcentaje menor lo cobra), y lo que deben hacer los poderes mediáticos, y entre ellos los empresarios, es reconocer unos salarios dignos, y no someter a especulación bienes que son “vitales” en el devenir de las personas: sanidad, educación, vivienda, jubilación y dependencia, servicios que se deben garantizar si o si, por un Estado que, en el artículo 1 de su Constitución proclama “como un estado social y democrático de derecho.” Igual que en su artículo 43, se reconoce el derecho a la salud, y la obligación de los poderes públicos de llevarlo a cabo; en su artículo 47, se reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, y la obligación de promoverlas; del mismo modo el artículo 50, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

El problema de la vivienda, o de los bajos salarios de los trabajadores no son consecuencia del pago de las pensiones, como pretende hacer ver la patronal, dejando caer que si no tuvieran que pagar el 28% del salario (entre la cotización empresarial y la del trabajador), ese porcentaje podría ir al bolsillo de los trabajadores. La ventaja es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Solo basta tomar un ejemplo actual para ver cuál es la realidad de los trabajadores y desmontar esa “alegoría empresarial”. En estos últimos años en los que se ha subido un poco más dignamente el Salario Mínimo Interprofesional, hemos podido comprobar como la patronal, año tras año ha venido “compensando y absorbiendo” los pequeños incrementos, cuando el trabajador tenía cualquier complemento. Y eso que estamos hablando de salarios muy poco por encima de los 1.000.-€ ¿Sabéis al bolsillo de quién iba a ir ese 28% de las cotizaciones sociales?, ya os lo digo yo, al de los empresarios, por la vía de la compensación y absorción. En pocos años estaría totalmente neutralizado, y por contra los que no encontraríamos es que los jóvenes de hoy, sobre todo los de salarios más modestos, el día de mañana ni tendría un salario digno, ni una vivienda en condiciones, y tendrían un gran problema con su jubilación.

Para los más moderados, es decir, aquellos que no plantean la destrucción del sistema, sino que hay que llevar a cabo una reforma del Sistema, la consigna es que se establezca un sistema de capitalización en lugar de reparto, esto es, que cada trabajador cobre de pensión en función de lo que ahorre o aporte. Consagrando de esta manera todavía más la desigualdad social. Porque los salarios más bajos se verían abocados a pensiones todavía más bajas, y ello llevaría a que se fomentasen mucho más los fondos privados. “Como la Sanidad no funciona bien”, más Sanidad privada y concertada; como la “educación pública no funciona bien”, ídem de ídem. Y lo mismo se pretende con estas iniciativas.

Las pensiones públicas, al igual que el Sistema Público de Salud, o la Educación, no pueden estar sometidos al criterio “mercantilista” del beneficio. Son instrumentos que garantizan o deben garantizar la equidad entre los ciudadanos y, por tanto, si se necesitan más ingresos que se suban las cotizaciones sociales; y si el Estado tiene que aportar fondos para garantizar su funcionamiento debe formar parte de sus prioridades. Nadie se pregunta si las Empresas Municipales de Transportes, o las Compañías de Metro dan beneficios. Son un servicio público, y como tal deben funcionar. Los que cuestionan el ACTUAL Sistema Público de Pensiones debían cuestionar primero la especulación tan brutal que se produce con la vivienda, o la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. La Comunidad de Madrid desde el año 2024 ha subido el precio del módulo de la vivienda de protección pública un 30%, bajo el argumento de que si no lo subía las empresas no construía viviendas públicas. ¡SIN COMETARIOS!

José Antonio Serrano

Abogado laboralista y sindicalista

Defender la ética en política

Qué difícil es salir del marco que define un sátrapa, máxime cuando ese ser sin alma dirige los destinos de la, todavía, primera potencia mundial con una ejecutoria que se mueve en función de la última ocurrencia que se implanta en su mente, siempre con el objetivo de apoderarse de las fuentes de riqueza económica que esquilma a las naciones que poseen esos recursos, por la fuerza y al margen del derecho internacional y la carta de los derechos humanos, que para el dictador global no existen.

La aparición de un nuevo estilo en la gestión de las relaciones internacionales que ha implantado D. Trump, el matonismo, ha desbaratado el valor de la diplomacia como guía de conducta entre las naciones para atemperar las disputas y evitar que deriven en conflictos bélicos. Diplomacia que hoy está siendo sustituida por la ley del más fuerte que es lo que determina el modelo de relaciones entre los países, sobre todo sobre aquellos que tienen recursos naturales estratégicos, para apoderarse de ellos, que es lo que desea y busca el matón de la Casa Blanca.

Cambio de modelo que tiene múltiples efectos de envergadura planetaria. El primero, el caos y desconcierto que genera en las relaciones internacionales que ya no se rigen por el derecho, los convenios y acuerdos internacionales, sino que se mueven al albur de los deseos, de la apetencia con la que se levante cada mañana el rey felón en su guarida del despacho oval. El segundo, la aparente estrategia errática en la gestión del poder global es un trampantojo para ocultar que todo, hasta las patochadas, están orquestadas con el objetivo de despistar a los líderes internacionales sobre cómo deben relacionarse con el nuevo reyezuelo planetario. Tres: desconcierto con el que son recibidos cuando visitan la Casablanca, dónde les espera una encerrona rodeado de su guardia pretoriana que les acogota y los lleva a decir y aceptar todo lo que el rey de bastos quiere escuchar conforme a sus deseos, pues si se desmanda es rápidamente recriminado por los secuaces del sátrapa, como le pasó a Zelensky.

Cuatro: Estrategia para acogotar el interlocutor que retransmite al planeta a través de las múltiples cámaras de las televisiones, que contribuyen configurar un escenario que amedrenta al interpelado que no le queda más opción que declarar su pleitesía al sátrapa, para salir huyendo de ese plató televisivo planetario lo antes posible. Ninguno de los que líderes mundiales que por allí han pasado se han atrevido a contravenir al narcisista supremo, solo Macrón se atrevió a aclararle un dato, no para contravenirle, sino para marcar la diferencia que Francia siempre busca patentizar. Y quinto: el miedo que se configura como actor protagonista del nuevo guion diplomático. Miedo a ser sancionado económicamente en los intercambios comerciales, a que tu país sea bloqueado por la USA Navy o, en el peor de los casos, a que sea bombardeado e invadido si rechazas las pretensiones del sátrapa. Intenciones que ya no se ocultan, sino que se explicitan y propalan públicamente, sin vergüenza y con amenazas, dichas como si fueran ideas sueltas que pasean por la mente Trump, cuando en realidad anticipan lo ya planeado que está a punto de ocurrir. Lo último el bombardeo de Irán.

En este panorama, todo líder político, qué impelido por las circunstancias, le dice NO, Trump lo convierte en un apestado, en un socio no fiable, como antesala, como advertencia de lo que le podría pasar si no se aviene a sus deseos. De este modo, se genera una omertá, una ley del silencio planetaria, que solo admite la sumisión a los dictados del dictador, que solo son capaces de vulnerar los líderes que alzan la voz para defender la ética política que supone no dar el visto bueno, no aceptar, la vulneración de los derechos internacionales para justificar el bombardeo de un país y desatar con ello un conflicto armado de futuro impredecible.

Se dan aquí el cruce de dos principios que, por interés político se confunden y parangonan, forzando al ciudadano a tomar partido por uno u otro, cuando en realidad es un debate falaz. La historia está repleta de ejemplos en los que las naciones poderosas, los imperios, han querido imponer su organización y estructura social sobre otros, con el resultado de ser un fracaso que ha costado miles, millones, de vidas, porque no se puede imponer por la violencia de las armas un orden social, por muy beneficioso que pueda ser, porque eso supone negar el derecho de los pueblos a evolucionar por sí mismos. Máxime en zonas del planeta como es oriente medio, donde las potencias del siglo XIX, fundamentalmente el Reino Unido en esa zona del mundo, marcaron fronteras a su interés económico sin tener en cuenta los lazos religiosos y culturales de los pueblos afectados.

El derecho internacional nace, precisamente, para limar y negociar los conflictos mediante la guía de los derechos que asisten a los países, las personas y las relaciones internacionales, para que ninguna nación haga lo que quiera con otro país menos poderoso. Para eso nació la ONU, hoy devaluada por el derecho a veto de cinco países que lo han utilizado siempre para defender por sus intereses o los de sus aliados. Desigualdad infumable a estas alturas del siglo XXI que debe corregirse. Aun así, las Naciones Unidas han evitado conflictos y mediado en otros con los casos azules.

Que en su ejecutoria las organizaciones y el derecho internacional no haya funcionado con eficacia, y más cuando su objetivo es evitar la guerra, no quiere decir que haya que meterlos en un cajón y olvidarnos de ellos, sino que hay que defenderlos por una razón ética para evitar que la vida en el planeta se convierta en una jungla gobernada por el más fuerte, que es lo que busca Trump. Por eso la postura adoptada por el Gobierno de España de negarse a aumentar el gasto militar, porque lo quiere Trump —que podía haber elegido en lugar del 5 el 10 o el 15% del PIB—, como denunciar la vulneración del derecho internacional por el ataque deliberado sobre Irán, o negarse a que las bases USA en España sean utilizadas para una guerra injusta, nos sitúan como país en el lado correcto de la historia.

No hacerlo hubiera supuesto una decepción para los españoles que defendemos los derechos internacionales, que no queremos más guerras —no hay guerras justas—, y que aborrecemos el seguidismo baboso que hacen del sátrapa otros dirigentes políticos, que así se sitúan en el lado oscuro diciéndole amén a todo. Postura que siguen el PP y Vox, derecha extrema y ultra derecha, que una vez más dejan sus meninges a un lado—si las tienen—por la obsesión de acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anula en sus mentes cualquier tipo de consideración sobre la importancia de defender el derecho internacional. Defensa que no está en sus cabezas con lo que demuestran su nulo interés por las vidas humanas que, de manera abyecta, ocultan, lo que supone aceptar sin critica alguna los designios del dictador planetario, que confirma que en el fondo y en la forma son lo mismo.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.