A pesar de lo que la mayor parte de los profesionales sanitarios deseaban y de lo que la mayor parte de la población demandaba, la segunda ola de la pandemia de SARS-CoV2 ha vuelto a ser gestionada con improvisación y sin un plan real en el corto y en el medio plazo. Un síntoma más, y van unos cuantos, de que no existen soluciones buenas a los retos colectivos como especie bajo la óptica de la rentabilidad capitalista.
Y es que, aunque con la primera oleada era esperable cierta falta de organización y caos asistencial, lo razonable era tratar de encontrar todos los fallos del sistema sanitario durante el período crítico, analizar los problemas estructurales como país en una crisis de esta índole, establecer acuerdos entre administraciones para unificar criterios, mejorar la comunicación, compartir recursos y, por último, generar estructuras de prevención y vigilancia eficaces. Lejos de esto, y a pesar de los esfuerzos de miles de profesionales de diversas disciplinas, los hitos de la gestión política pasaron por fomentar el consumo y el turismo además de escenificar un homenaje a las víctimas, cuanto menos, carente de todo sentido.
Por tanto, antes de cuestionarnos por qué nos ha vuelto a pasar esto, debemos pararnos a pensar en cual era la posición estructural de partida y, con esta revisión, encarar el futuro con una mirada mucho más amplia.
Fallos del sistema sanitario
Nuestro sistema sanitario gozaba de un gran prestigio interno gracias a una importante calidad asistencial por parte de las profesionales de salud y a la extensión universal de sus servicios. Sin embargo, a pesar de lo que la gente supone, la sanidad pública nació ya seriamente dañada desde el principio.
Y es que, aunque el modelo español sitúa a su atención primaria como la base se su sistema, la realidad es que la atención especializada y hospitalaria centran la mayor inversión del sistema. Esta descapitalización de la atención primaria, unida a una progresiva medicalización de los procesos comunes de la vida y un aumento exponencial de la demanda por parte de la población, han convertido a la urgencia hospitalaria en una segunda puerta de entrada al sistema sanitario. Algo así como una extensión de la atención primaria. Un ejemplo claro de esto es la conversión de los antiguos cuartos de socorro, auténticas urgencias ambulatorias, en puntos de atención continuada. Es decir, en una consulta médica 24 horas, a demanda, sin cupo límite. El resultado de esto: encarecimiento innecesario de la asistencia, consumismo sanitario y desborde de la capacidad de absorción de la demanda sanitaria.
Aparejado a este problema tenemos el “hospital-centrismo” (muy conveniente para la política autonómica) que produce, a nivel funcional, que los hospitales y la medicina súper-especializada sea el centro sobre el que giran todos los demás elementos del sistema sanitario. De este modo, millones de euros que servirían para programas de prevención o mejora de la vida de toda la población se han destinado a tecnología sanitaria puntera que, aunque abra las portadas de la prensa, sirve a muy poca gente y no tiene trascendencia en la salud general de la población.
Del mismo modo, los profesionales sanitarios del país, a pesar de tener una formación excelente (fruto de una gran inversión estatal), tienen unas condiciones laborales y contractuales pésimas. De entrada, el volumen de trabajo diario sería imposible sin la mano de obra “esclavizada” del personal en formación.
El programa MIR-EIR, lejos de ser un programa de excelencia formativa, se ha convertido en un ejército de mano de obra barata con la que capear la presión asistencial. Una vez que se finaliza el período formativo, nuestra élite académica acaba durante muchos años soportando contratos temporales, precarios, mal pagados, con jornadas extenuantes y una carga de trabajo difícil de asumir. Todo ello con la paradoja de que, para salir de esa precariedad, hay que aprobar unas oposiciones donde quién más investiga, publica y experiencia clínica tiene dispone de menos tiempo para preparar el examen.
Además de ello, los ratios asistenciales son deplorables. Somos el país número 20 del mundo en médicos por cada 1.000 habitantes y el número 59 en enfermeras, siendo ellas el pilar fundamental de la atención sanitaria en la mayoría de países. En concreto, España ha caído trece puestos en el ranking mundial en tan solo diez años, fruto de los graves recortes soportados durante la crisis. Solo entre 2010 y 2014 se destruyeron 10.000 empleos sanitarios y se calcula que un número aproximado del 25% de los médicos y el 30% de las enfermeras formadas desde entonces han emigrado al extranjero.
Por último y no menos importante: la inversión. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos (léase infrafinanciados) de la Unión Europea. No solo es que invirtamos menos porcentaje del PIB que la media (un 1% menos), es que la sociedad española también es de las que más paga por servicios privados o seguros médicos (24% del gasto sanitario total, frente al 16% de media europea). El problema es que, además, una parte no pequeña de esa inversión pública se destina a concertaciones público-privadas, es decir, a privatizaciones encubiertas. Si a esto le unimos que los presupuestos que el gobierno central envía a las CCAA no tiene carácter finalista, es decir, que el gobierno autonómico puede gastar el dinero que recibe para sanidad en lo que considere oportuno (sea sanitario o no) sin rendir cuentas sobre ello, el cóctel resultante es la tormenta perfecta.
Problemas sociolaborales graves
Un elemento clave para entender la capacidad del país a la hora de aguantar durante los periodos de restricción de la movilidad eran todas aquellas cuestiones más relevantes para la población que la propia pandemia, entre ellas, el trabajo.
La economía sumergida supone el 24,6% del PIB nacional. Es decir, todo el trabajo que genera 1 de cada 4 euros del país se ha quedado sin amparo de subvenciones, ayudas, paro y demás formas de sobrevivir durante el forzoso parón económico impuesto durante las dos oleadas de COVID. Junto a ellos, el 16% de la masa laboral se encuentra en régimen de autónomos y dos tercios de ellos, unos dos millones, no tienen ningún empleado a su cargo. Junto a todo ello, y según la OCDE, el 32% de los españoles son incapaces de ahorrar a final de mes y solo el 10% sería capaz de sobrevivir seis meses sin ingresos. ¿Cómo va a mantener la población periodos de cuarentena o confinamientos cuando la pobreza es más urgente que el riesgo de un contagio?
Junto a este problema, y fruto de la desindustrialización ordenada por Maastrich, la terciarización económica española, ha secuestrado las decisiones en política sanitaria. Solo el turismo y la hostelería ocupan a 4 millones de personas lo que supone aproximadamente el 20% de la población activa. De hecho, si cogemos los datos de 2019, de los 70.000 millones que España ingresó por turismo extranjero, el 48% (33.600 millones) se obtuvieron entre junio y septiembre.
Problemas de perfil clínico y geográfico
Que la sociedad española está envejecida, no es ninguna novedad. En España, 8,7 millones de personas tiene más de 65 años, de los que unos 372.000 viven en residencias de mayores, el 72% en residencias privadas. Junto a ellos, como población de riesgo por perfil clínico se unen, 14 millones de hipertensos, 6 millones de diabéticos, 3 millones de enfermos pulmonares y más de 8 millones de obesos. Todo este conjunto es la población vulnerable por perfil clínico de nuestro país.
Además de ello, España tiene un gran problema de concentración poblacional. El total de la población española vive en el 13% del territorio. De hecho, de las 33 áreas de un kilómetro cuadrado con más de 400.000 habitantes de la Unión Europea, 22 están en territorio nacional. Esto significa que, en un contexto pandémico, las aglomeraciones son algo insalvable incluso para las cuestiones más sencillas como son pasear cerca del hogar. Un auténtico reto difícil de solventar sin una adecuada planificación urbana y de movilidad.
Problemas de credibilidad
La comunicación durante todo este periodo ha sido uno de los grandísimos problemas. Si bien durante el periodo inicial las instituciones parecían mantener un frente común sobre la gravedad de la situación, a medida que pasaba el tiempo, los intereses partidistas centraron la comunicación institucional en una carrera por ver quien tenía más razón. Las comunidades autónomas pelearon por desconfinar antes, por inaugurar playas y por llegar antes a una ansiada “nueva normalidad” que, más allá del nombre, prácticamente nadie alcanzó a entender en qué consistía. Esta tensión partidista ha minando un crédito institucional al que tampoco ha ayudado unos medios de comunicación que han encontrado en la pandemia un nuevo show sensacionalista del que sacar rentabilidad.
Por último, la nula ayuda de los países europeos en general y de la Unión Europea en particular, junto con las rivalidades empresariales entre farmacéuticas, están dejando un poso en el pensamiento colectivo difícil de dimensionar. Si bien la sociedad española ha demostrado enormes dosis de responsabilidad en toda la crisis, este caldo de cultivo puede hacer que en el corto plazo la población deje de obedecer las recomendaciones e inicie dinámicas de protesta y desacato que ya se han visto en otros países europeos.
Y ahora, ¿qué?
En la actualidad nos enfrentamos a una nueva desescalada con las urgencias económicas de un nuevo período clave para alguna industria: la navidad. Cabe esperar que si durante la segunda ola apenas se vieron aprendizajes de lo ocurrido en la primera, cometamos los mismos errores de la primera desescalada en la segunda. La falta de liderazgo político claro y la falta de una protección social suficiente, hace que no sea previsible otro escenario. Sin embargo, si se comienza la vacunación poblacional antes de la llegada de una tercera ola, es posible que podamos prever un escenario normalizado para la segunda mitad del 2021.
Por todo ello, lo que debemos sacar como conclusión de toda esta enorme crisis sanitaria es que sea hace urgente abordar los problemas estructurales de nuestro país en materia de salud. Más aún cuando por cuestiones climáticas se prevé la aparición de nuevas enfermedades infecto contagiosas en Europa y nuevas oleadas pandémicas a lo largo de la primera mitad de este siglo.
Los hechos y los datos científicos dan la razón a quienes abogamos por reforzamiento de los servicios públicos, una disminución de la desigualdad, un reparto del empleo y una extensión de las coberturas sociales. Pensar en salud no es sólo pensar en sanidad. Debemos combatir la pobreza, la precariedad, acometer el reto de la repoblación de la España vaciada, mejorar la composición orgánica del empleo, planificar adecuadamente infraestructuras, movilidad y transporte, reindustrializar el país y diversificar la economía por sectores sostenibles y estables. Pero también pensar en cómo cuidamos a nuestras personas vulnerables y quienes van a soportar esta tarea que debe ser remunerada y digna.
Debemos huir de mitos y glorificaciones propias de intereses espurios de los medios de comunicación. Un TAC de última generación no salva tantas vidas como un tiempo de consulta adecuado en el ambulatorio. Si esto no abre titulares en la prensa es porque no le interesa al capital que está detrás de ese medio de comunicación. Lo que no interesa a los grandes capitales es la necesidad de la gente común, esa que con su esfuerzo diario sostiene y paga sus servicios públicos.
Se abre por tanto un periodo convulso y difícil económicamente pero interesante a nivel político. Quien y cómo canalizará la agitación surgida de este periodo condicionará la política del corto y puede que del medio plazo. No permitamos que nos vuelvan robar la indignación.
Asier Muñoz González
Portavoz de la Red de Salud de Izquierda Unida
Tribuna Socialista 