Ha sido a partir de la propuesta de Ley de Amnistía para los encausados por el “procès” cuando hemos comenzado a manejar en nuestra sociedad el sajonismo “law fare”, que hay quien lo define como: «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente«.
Esta realidad ha tomado una nueva dimensión en España en el momento en que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha admitido a trámite una denuncia de “Manos Limpias” (organización de extrema derecha), contra la mujer del presidente del Gobierno; denuncia basada en especulaciones de algunos medios de comunicación del universo de la derecha, reconociendo los denunciantes que algunas de las informaciones contenidas en la denuncia pudieran ser falsas. Y es en estas condiciones en las que se admite a trámite una denuncia. Es evidente que se el juez, si no ha cometido prevaricación, se le parece mucho.
Esta práctica de utilizar la ley y el poder judicial, por parte de jueces, a partir de publicaciones mediáticas o sobredimensionando de hechos por un marcado sesgo ideológico, no es nueva en nuestro país:
-En 2016 tuvo lugar un altercado en un bar de Alsasua, entre un grupo de jóvenes y otros clientes no tan jóvenes. Hasta ahí nada que no pase cuando el alcohol está por medio. La diferencia estriba en que en ese pueblo de Navarra hay un profundo sentir independentista vasco y que los clientes no tan jóvenes era guardias civiles. Lo que normalmente se hubiese resuelto con una multa por agresiones en un juicio de faltas, se convirtió en una petición de entre 12 y 62 años de prisión, sumando un total de 375 años para los ocho jóvenes, por acto terrorista. Hasta la Audiencia Nacional tuvo que reconocer que no procedía el delito de terrorismo. Pero algunos de los encausados sufrieron privación de libertad durante dos o tres años.
-Alberto Rodríguez, diputado de Podemos en el Congreso, perdió su escaño en octubre de 2021, porque el Tribunal Supremo dio más valor al testimonio de un policía que al testimonio de un diputado electo. Lo que fue un forcejeo en una manifestación se convirtió en una agresión. En enero del presente año, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la condena fue desproporcionada y que Rodríguez no debió perder su escaño.
-Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, tuvo que dimitir en junio de 2022 ante las denuncias de la derecha valenciana, admitidas a trámite en los juzgados. El caso abrió las puertas al PP a volver al poder en esa Comunidad. Este mes de abril, el juzgado nº 15 de Valencia ha archivado la causa contra la ex vicepresidenta valenciana.
Podría relatar otros casos, como la campaña de acoso y derribo que el PP lanzó contra el juez Baltasar Garzón, por atreverse a abrir causa contra los crímenes del franquismo tras la guerra civil. En 2009, el Tribunal Supremo archivó la querella admitida contra el magistrado por la Audiencia Nacional. Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que “los juicios contra Garzón fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad”. El hecho es que Baltasar Garzón perdió su profesión de juez. Si esto se le puede hacer a un juez qué no se nos hace a lo demás.
No puedo dejar de citar lo grotesco de las actuaciones del juez de la Audiencia nacional, Manuel García Castellón, al imputar por terrorismo a Puigdemont y otros dirigentes independentistas, por el hecho de que una persona murió de un infarto mientras había una movilización en el Aeropuerto del Prat.
La desesperación del nacionalismo español, ese nacionalismo que no admite otros nacionalismos en la piel de toro, la que considera un cortijo de su propiedad privada, se ha elevado desde hace algunos años, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyos miembros, mayoritariamente “conservadores”, llevan 9 años en el cargo desde que fueron elegidos. Y ahora, la mayoría absoluta del PP en el Senado le permite utilizar esa cámara de las Cortes como arma arrojadiza con el Congreso de los Diputados.
En paralelo, y, de paso, para defender lo indefendible como es la corrupción en la que está sumido el Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid, han utilizado la misma táctica que la extrema derecha portuguesa para hacer dimitir a Antonio Costa, en noviembre de 2023. Han utilizado el nombre “Begoña Gómez” denunciando que había ocultado una subvención pública. Manos Limpias, quienes fueron condenados por extorsión y estafa, aunque oh Casualidad, fueron absueltos por el Tribunal Supremo, no explicaron en su denuncia ante el juzgado del juez Peinado que se trata de otra Begoña Gómez, una señora de Cantabria.
La forma, la persona de la esposa del presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno mismo, no son más que los instrumentos para desestabilizar al Gobierno, con el objetivo espurio de que el que navegaba con un narco en aguas gallegas, pueda hacerse con el poder por una vía antidemocrática, pisoteando la voluntad del pueblo soberano, ese al que se refiere el Artículo 1.2 del la Constitución de 1978.
Así de grave es la situación, ni más ni menos que un golpe de Estado, sin tanques por las calles. Basta la connivencia de un juez y unos mafiosos para desestabilizar un país.
El sábado día 27 estuve en Ferraz, para apoyar a mi partido y a la figura del Secretario General y presidente del Gobierno, y lo haré tantas veces como sea preciso. Pero pienso que la situación es tan grave y viene desde tan lejos, que no puede zanjarse con unos días de reflexión y una gran concentración de socialistas en apoyo a la persona. Los partidos antifascistas y los sindicatos de clase tienen que organizar una gran movilización de toda la sociedad contra los franquistas que llevan casi 50 años incrustados en las instituciones del Estado.
Roberto Tornamira
Militante Socialista de Madrid
Tribuna Socialista 